Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha tenido lugar en el día de hoy, bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Agradezco la presencia de la señora vicepresidenta del Gobierno, que hablará de uno de los temas tratados en el Consejo de Ministros; concretamente, del recurso del Gobierno contra el acuerdo de la presentación, de la investidura, de don Carlos Puigdemont. Asimismo, el Consejo de Ministros también se ha reunido, posteriormente, en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordada por el Senado en su reunión del 27 de octubre.

Permítanme hacer un resumen político de lo acaecido esta semana.

Ayer, jueves, 25 de enero, conocimos la Encuesta de Población Activa correspondiente al conjunto del año 2017. En estos últimos doce meses el empleo en España se ha incrementado en 490.300 personas. Es una noticia que al portavoz del Gobierno le complace dar, porque son 490.300 personas que a lo largo del año 2017 han encontrado un puesto de trabajo; 471.000 han reducido el número de desempleados a lo largo también de este año. La mayor parte de este empleo es empleo indefinido, a tiempo completo, y la mayor parte del mismo ha sido creado por el sector privado: 401.700 nuevos empleos pertenecen o provienen del sector privado.

Estamos encadenando con estas cifras cuatro años consecutivos de creación de empleo; por tanto, de recuperación del empleo perdido en la crisis. El número de parados queda así en 3.766.700 personas, que es el segundo más bajo desde el primer trimestre de 2009, mientras que la ocupación se incrementa hasta rozar los diecinueve millones de personas. Por tanto, estamos hablando, con estos diecinueve millones de personas, de la posibilidad de cumplir con el objetivo que el Gobierno se marcó al inicio de esta Legislatura: veinte millones de personas trabajando en el año 2020. Con estas cifras, la tasa de desempleo se sitúa en el 16,55 por 100 y es la más baja desde del año 2008. Esto quiere decir que en los últimos cuatro años se han creado en España dos millones de puestos de trabajo.

Son datos de empleo que confirman, por tanto, los buenos resultados de una política económica llevada a cabo estos años, basada, fundamentalmente, en la agenda de reformas y en la consolidación presupuestaria y fiscal. Ha conducido, además, a un modelo de crecimiento económico sostenible, constante y lo que hemos denominado "crecimiento integrador": no solamente crecimiento económico continuado --estamos en este año 2017 en el cuarto año de crecimiento económico; el tercero seguido superior al 3 por 100 del PIB, con la creación de empleo a la que me referido anteriormente: hemos creado dos millones de puestos de trabajo en los últimos cuatro años--, sino también crecimiento con cohesión social.

Es decir, hemos combinado la disciplina presupuestaria, cumpliendo con los compromisos adquiridos con Bruselas de reducción del déficit público; pero hemos mantenido también y hemos mejorado las prestaciones sociales básicas. Más del 56 por 100 del Presupuesto se destina a gasto social, como he tenido ocasión de decirles a ustedes en numerosas ocasiones.

Las previsiones económicas que hemos conocido también van en esa buena dirección, siguen siendo buenas para el año 2018 en España. Ya saben ustedes las que hemos enviado a Bruselas y, como ha dicho el presidente del Gobierno en numerosas ocasiones, este año será el quinto año consecutivo de crecimiento en España, estamos en disposición de crear 450.000 empleos más y podemos aumentar las previsiones, siempre prudentes, que enviamos a Bruselas si eliminamos cualquier duda o cualquier incertidumbre de tipo político.

Esta semana también hemos conocido otras cifras que abundan y que van en la misma dirección: las que afectan a la solidez del sector de exportación o, por ejemplo --ustedes las conocen porque se las hemos dado a lo largo de esta semana--, también a las cifras de turismo. Hemos batido un record histórico de turismo y también en la feria de FITUR, la gran feria de turismo que se celebró el fin de semana pasado, se llegó a un récord histórico de 250.000 visitantes.

España, por tanto, ha recuperado crédito político, ha recuperado confianza, y eso también se ha puesto de relieve en la calificación de la agencia crediticia Fitch, que en estos días acaba de elevar la nota de solvencia a largo plazo de España, pasando desde BB+ a A. Estamos ya en la categoría A, que es la categoría de los países más solventes. Eso también ha traído una consecuencia importante en la prima de riesgo española: hace no mucho tiempo nos levantábamos todos los días preguntándonos dónde estaba la prima de riesgo, 639 puntos básicos de diferencia con el bono alemán, y ayer estaba en el entorno de los 77 puntos básicos; de 639 a 77.

Eso marca bien a las claras la confianza que hay en las políticas económicas del Gobierno y en su credibilidad, y eso es muy importante porque reduce los costes de financiación del Tesoro y del conjunto de la economía, que están ya en niveles históricamente bajos, y también porque los gastos por intereses que paga el Estado español por la deuda, que representan 31.000 millones de euros al año, evidentemente bajarán.

Por tanto, son buenas noticias que van en la línea de la confianza, de la credibilidad de España y de su economía.

Asimismo, en esta línea también ayer tuvimos una buena noticia y la ha resaltado durante el Consejo de Ministros el ministro de Energía: la Comisión Europea ha decidido destinar una subvención de 578 millones de euros, que es la más importante del programa "Connecting Europe", para la financiación del cable submarino que unirá España con Francia y que permitirá la interconexión de los sistemas eléctricos de ambos países.

Recordarán ustedes que este era uno de los objetivos de la Legislatura. El presidente del Gobierno ha puesto énfasis en todas las Cumbres en la necesidad de la interconexión eléctrica. Pues bien, este acuerdo de la Comisión Europea es enormemente importante porque estamos hablando de una subvención --la más alta, insisto, del programa "Connecting Europe"-- que permitirá, además, junto con las aportaciones española y francesa, una amortización rápida de la misma. Una central nuclear --nos ha contado el ministro de Energía-- cuesta siete mil millones de euros y estamos hablando de cifras muy inferiores, en torno a 1.300 millones de euros, y de una rápida amortización.

Déjenme decirles, simplemente, en relación con la situación en Cataluña, que estos días hemos seguido viendo vicisitudes del señor Puigdemont en el extranjero, donde se encuentra huido.

La situación en Cataluña y la situación de los independentistas han chocado con la realidad del Estado de Derecho; realidad del Estado de Derecho que tiene armas y que tiene capacidad para frenar cualquier violación del mismo. Ha chocado también con la realidad internacional: nadie en Europa, nadie, ningún Gobierno democrático, la ha apoyado ni la apoya, y hemos tenido algún episodio en Dinamarca que ha ocupado las primeras páginas de todos los periódicos. Ha chocado con la realidad económica: decían los independentistas, los secesionistas, que no tendría ninguna repercusión aquella declaración unilateral de independencia y la fuga de las empresas, el empobrecimiento, ha tenido lugar. Y ha tenido lugar lo más importante, lo que más le importa al Gobierno, que es la quiebra de la convivencia y la concordia en Cataluña.

El Gobierno, firme, aplica el 155 y utilizará todos los medios políticos y jurídicos a su alcance para impedir que se produzcan situaciones como las provocadas en los Plenos de los días 6 y 7 de septiembre.

En todo caso, la vicepresidenta del Gobierno, cuando yo termine, va a centrarse en la aprobación que ha tenido hoy del acuerdo del Consejo de Ministros para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Yo lo dejo aquí en este tema para recordarles también que tenemos por delante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Continúan las negociaciones y las conversaciones con los Grupos Parlamentarios. Es un objetivo del Gobierno aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y lo fue también para 2017, porque los Presupuestos benefician a todos los ciudadanos. Hay muchas medidas de alcance social en esos Presupuestos que son beneficiosas para la gente y por eso vamos a continuar en el empeño de aprobar esos Presupuestos Generales del Estado si, efectivamente, encontramos el apoyo parlamentario necesario. Todos ustedes saben, porque lo hemos dicho muchas veces, que estamos en la Legislatura del diálogo, en la Legislatura en que es necesario llegar a acuerdos para alcanzar pactos. El grupo parlamentario que apoya al Gobierno tiene 135 diputados y, por lo tanto, necesitamos alcanzar esa cifra de 176 para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Continuamos trabajando en ello.

Dentro de los retos que tenemos también, y que esta semana se han debatido, me refiero a dos: al importante del cambio energético, la llamada "transición energética", y a los cambios producidos por la digitalización, que va a transformar la economía y la sociedad en su conjunto.

En este último sentido, quiero destacar también cómo ayer miércoles, con la presencia también de la vicepresidenta del Gobierno y del presidente, asistimos al lanzamiento de una iniciativa global sobre la lengua española, que lo que pretende es que esa lengua española lleve a la universalización del conocimiento en español. Es un proyecto inclusivo, es un proyecto con la comunidad hispanohablante, es un proyecto de la cultura en español. Creemos que es el momento de poner a nuestra lengua en la primera línea, que es donde está; pero tenemos que hacer el esfuerzo, como he dicho antes, para que haya una universalización del conocimiento en español.

Entrando en los acuerdos del Consejo de Ministros de hoy, el Consejo ha examinado un Anteproyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados, presentado por el ministro de Economía --Anteproyecto; por tanto, primera lectura--, que se refiere al cumplimiento de la transposición de la Directiva 97/2016 y que supondrá una modificación de la Ley del año 2006. Va en la línea de facilitar el acceso y el ejercicio de las actividades de distribución de seguros y reaseguros. Establece unas condiciones de competencia competitiva; garantiza un nivel de protección a los usuarios de seguros privados, independientemente del operador al que se dirijan; garantiza la transparencia, la profesionalidad y la competencia, y establece un régimen nuevo de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado disponer la remisión a las Cortes Generales del Protocolo 15 de enmienda al Convenio de Protección de los Derechos Fundamentales del Consejo de Europa donde se recogen, fundamentalmente, medidas procedimentales que permiten mejorar la eficacia del sistema europeo de garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales. Refuerza la vigencia del principio de subsidiariedad; fija un plazo menor para la presentación de demandas --hasta ahora era de seis meses y ahora lo será, cuando entre en vigor, pues tienen que aprobarlo todos los miembros del Consejo de Europa, solo de cuatro meses; y descarga --sobre todo, esto es una petición del Tribunal-- al Tribunal de asuntos menos sustantivos, de asuntos en los que el demandante no haya sufrido un daño significativo, porque es verdad que el Tribunal de Derechos Humanos está colapsado por la gran cantidad de asuntos que tiene.

Igualmente, el Consejo de Ministros tomó el acuerdo de aprobar el Plan de Acción de la revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las Administraciones Públicas elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es un compromiso que estaba en el Programa de Estabilidad 2017-2020.

Se trata de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal haga una auditoría de cómo se ha gastado el dinero de todos los españoles. Por tanto, lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros es cuáles son las condiciones en la cuales la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal va a realizar esta auditoría que se refiere a estrategias, a procedimientos, a la eficiencia y a la eficacia, y las siete grandes áreas en las que va a concentrar este primer estudio, por un valor de más de dos millones de euros. Afectarán a la evaluación, a la estrategia y procedimientos de la Administración Central; a medicamentos dispensados a través de receta médica; a políticas activas de empleo; a becas de educación universitaria; a promoción, talento y empleabilidad en I+D+i; al fortalecimiento de la competitividad empresarial y a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo de autorizar la transmisión de acciones de Abertis Infraestructuras a favor de Atlantia S.p.A., que se produciría tras la liquidación de su Oferta Pública de Adquisición de acciones voluntaria y competidora a la presentada por Hochtief Ktiengesellschaft. Es decir, esto permite a la sociedad Atlantia entrar en la competición en esa OPA que ha hecho sobre Abertis. Hay una presentada por Hochtief y ahora está la OPA presentada por Atlantia. Esto es un requisito reglado y, por tanto, cumpliéndose las condiciones de la misma, y las condiciones se cumplen, el Gobierno ha acordado que cumple los requisitos para acudir a esa Oferta Pública.

Asimismo, el Gobierno ha escuchado un informe del ministro de Asuntos Exteriores. El Gobierno lamenta la decisión del Gobierno de Venezuela de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. Ante una medida de este calado, el Gobierno responde de forma proporcional y, por ello, ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España.

El Gobierno desea mantener con Venezuela relaciones basadas en el respeto, la amistad y la cooperación. Las acciones del Gobierno de Venezuela hacen difícil que se verifique este deseo. El Gobierno siempre ha dicho que quería para los venezolanos lo mismo que para todos los españoles: que pudieran vivir en libertad, en democracia y en prosperidad. Por tanto, el Gobierno seguirá trabajando para que esto sea así y lo seguirá haciendo en el marco de la Unión Europea y en el marco de las relaciones bilaterales.

Creemos también que las continuas declaraciones del presidente de la República hacia el presidente del Gobierno son inaceptables, están fuera de tono e, insisto, esto no nos hará, en ningún caso, dejar de cejar en nuestra voluntad de cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, de la democracia y de la prosperidad para todos los venezolanos.

Igualmente, el Gobierno ha tomado el acuerdo de nombrar director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a don José Luis Ayllón Manso, a quien ustedes conocen bien. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha tenido distintos empleos en el sector privado; llegó a ser presidente de Nuevas Generaciones de Cataluña; fue coordinador del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona; asesor del Gabinete del Presidente del Gobierno en el año 2001; secretario nacional de Comunicación del Partido Popular; secretario del Grupo Parlamentario Popular y era, hasta la fecha, secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes.

El Consejo de Ministros también ha nombrado directora adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno a doña Cristina Ysasi-Isasmendi. Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y hasta hoy era la directora del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Yo creo que con ello he dado un repaso a los acuerdos del Consejo de Ministros, pero me he dejado el acuerdo de presentación de un recurso de inconstitucionalidad que les va a contar la vicepresidenta del Gobierno.

Vicepresidenta.- Voy a informarles del acuerdo por el que el Gobierno ha decidido la impugnación de la resolución que el presidente del Parlament de Cataluña dictó el 22 de enero de este año y en la que propone al Parlament, a la Cámara, que el diputado Carles Puigdemont i Casamajó sea candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Como bien saben, el Gobierno tiene entre sus obligaciones defender España y el Estado de Derecho, y tiene un absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. Es lo que hemos hecho hasta la fecha, lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a hacer con la decisión de hoy y en todo momento.

Tenemos, no solo el compromiso político, que también, sino el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible que esté en nuestra mano para evitar que la legalidad se vulnere, con todas las herramientas que nos ofrece la Ley y con todo el respeto a los procedimientos que la misma Ley establece; con todo el respeto al parecer del Consejo de Estado, pero con el máximo compromiso en la defensa del Estado de Derecho.

Como Gobierno, tenemos que utilizar todos los instrumentos que la Ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la Justicia, que se ha sustraído a la Ley y a los Tribunales, pueda, de forma ilegítima, ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico.

El señor Puigdemont, como ustedes saben, está en busca y captura en territorio nacional, y lo está, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia; delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo y delitos que son delitos muy graves contra la propia democracia y contra el conjunto de las instituciones del Estado, y aquí también incluyo las autonómicas.

Entendemos que esta circunstancia, en la que se ha colocado voluntariamente el señor Puigdemont, le impide ser investido presidente de la Generalitat y, por tanto, impide al presidente del Parlament presentarlo como candidato.

Por eso ayer les anunciamos que formularíamos dos consultas, que pediríamos dos informes, al Consejo de Estado: una de ellas, que es preceptiva, es decir, que es obligado pedir, sobre la impugnación de la resolución del presidente del Parlament de Cataluña, por la que propone al señor Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat; y la otra, que es potestativa, para consultarle su opinión sobre diferentes asuntos como la posibilidad de delegación de voto de los diputados que están ausentes y fuera de territorio nacional, o la posibilidad de investiduras no presenciales o telemáticas, o bien por delegación, de aquellos que no se encuentren en el hemiciclo.

En la tarde de ayer el Gobierno recibió los dos informes: la consulta potestativa, que era favorable, y la preceptiva, pero no vinculante, que comparte los argumentos jurídicos, pero discrepa del Gobierno sobre el momento temporal.

Quiero decirles que nosotros respetamos los criterios jurídicos que nos da el Consejo de Estado; pero su dictamen, estudiándolo y analizándolo con mucho interés, no es vinculante para el Gobierno. El Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales, respetando los procedimientos, para evitar que el señor Puigdemont, que se encuentra en España con una orden de busca y captura por rebelión, por sedición y por malversación, entre otros delitos, pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad.

Por tanto, nuestra obligación es defender la legalidad y la democracia. La Constitución y las leyes nos ofrecen un marco jurídico para hacerlo. El Gobierno ha cumplido el procedimiento y entendemos que, con esas leyes en la mano, podemos cumplir el compromiso que asumimos con todos los españoles de utilizar todos los instrumentos que están a nuestro alcance para evitar que el señor Puigdemont vuelva a desafiar al Estado de Derecho, vuelva a incumplir la Ley y vuelva a sustraerse a la acción de la Justicia, porque el señor Puigdemont, primero, tiene que rendir cuentas ante la Justicia.

Del señor Puigdemont, una vez que llegue a España, su primera obligación, salvo que siga incumpliendo la Ley, es ponerse a disposición del Tribunal Supremo y, si no, lo harán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, no está en condiciones de ser presentado como candidato y, por tanto, este Gobierno asume el compromiso legal y político de evitar que esa candidatura pueda volver a vulnerar nuestros principios democráticos. Como digo, lo hacemos en defensa de la legalidad y la Constitución, como siempre lo hemos hecho, respetando los criterios de las distintas instituciones del Estado, pero asumiendo nuestra obligación legal, porque entendemos que una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves no puede tratar de ser investido presidente de la Generalitat sin asumir sus responsabilidades con la Justicia.

P.- Teresa Fernández-Cuesta, de Informativos Tele 5. Mi pregunta va dirigida a la vicepresidenta del Gobierno. Quería preguntar si es posible o el Gobierno cree que, con ese recurso al Tribunal Constitucional, que va acompañado de un informe desfavorable del Consejo de Estado, podría caber la posibilidad de que el Tribunal Constitucional no lo admitiera a trámite.

En segundo lugar, tengo una duda. En el caso de que fuera admitido a trámite, ¿sería suspendida inmediatamente esa candidatura? Si se continúa con esa candidatura, ¿se suspende también el pleno que conlleva esa candidatura?

Vicepresidenta.- Como ustedes saben, el Gobierno hace uso de la facultad que le concede el artículo 161 de la Constitución para solicitar la suspensión de esa candidatura y, tal y como establecen la propia Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pedida esa suspensión, si el recurso es admitido a trámite, será suspendido ese acto.

Creemos que en este momento tenemos que utilizar esa prerrogativa, que, por otro lado, el Gobierno utiliza con carácter habitual cuando impugna decisiones de esta naturaleza, para evitar que el continuar adelante con esa candidatura pueda vulnerar el ordenamiento jurídico y se produzca un daño muy importante al Estado de Derecho que después no puede ser solventado. Por tanto, la Ley establece que, si se cumplen los requisitos legales, este recurso está admitido a trámite y nosotros hemos trabajado para que pueda ser admitido. La decisión, no obstante, corresponde al Tribunal Constitucional y, como en todos los casos, nosotros somos respetuosos con las tareas de cada cual.

¿Qué hemos impugnado, que es su segunda pregunta? Hemos impugnado la propuesta de candidato que hace el señor Torrent. El señor Torrent podía haber propuesto --creo que hay cinco huidos de la Justicia-- a muchos otros, a más de cien, diputados de esa Cámara como candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Nosotros entendemos que no puede proponer al señor Puigdemont y que tampoco puede celebrar un Pleno con el candidato del señor Puigdemont. Si el señor Torrent decidiera designar otra persona que no esté sustraído a la acción de la Justicia y que no esté en busca y captura, indudablemente entendemos que la sesión de investidura pudiera celebrarse, siempre y cuando no sean casos que también puedan depender de decisiones de los Tribunales.

Por tanto, nosotros hemos planteado, como digo, ese recurso, como hacemos en numerosísimas ocasiones, sobre todo cuando continuar adelante con una tramitación puede causar un grave daño a las instituciones españolas y su democracia, como es este caso.

P.-José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Para la vicepresidenta. Quisiera saber si para el Gobierno ha sido una sorpresa el informe del Consejo de Estado o era consciente de que corría un riesgo, pero ha preferido seguir adelante para evitar esa investidura.

Por otro lado, después de haber recibido el informe, ¿se ha puesto el Gobierno en contacto con otros partidos y les han avalado para dar ese paso, porque ha habido algunas declaraciones de la portavoz del PSOE en el Congreso en las que ha expresado sus reticencias al respecto?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, nosotros ejercemos las labores de Gobierno desde la máxima lealtad institucional con el resto de instituciones del Estado. El Consejo de Estado nos da sus opiniones a nuestras consultas, no se trata de instrucciones y nosotros tenemos el máximo respeto porque, además, el Consejo de Estado es un órgano que tiene precisamente esas funciones de asesoramiento pero, y ligo con su segunda pregunta, en nuestra obligación está impedir que se consumen y lleguen hasta el final actos que sean contrarios a la Constitución y a la democracia.

A nosotros nos toca gobernar y gobernar es elegir, y gobernar es decidir. Creemos que, teniendo argumentos legales, nuestra decisión es continuar adelante con un acuerdo que impediría que se consumara algo que entendemos que es un mal mayor, que es que se consume una nueva afrenta a nuestra democracia y a los derechos de todos los catalanes si se produce la investidura de una persona que está en una orden de busca y captura, es decir, que tiene que ser puesto a disposición de los Tribunales tan pronto como ponga el pie en España, por delitos que son delitos contra las instituciones de este país, como son la rebelión, la sedición o la malversación de caudales públicos.

Sobre la siguiente de sus preguntas, hemos visto distintas posiciones de los partidos. Nosotros, como ayer les comunicamos y ayer manifestaron su opinión, hemos hablado con algunos partido políticos que avalaron que continuáramos, que lleváramos a cabo este recurso. Entendemos que con ese aval, y desde luego esa es nuestra intención porque forma parte de nuestra responsabilidad constitucional, continuaremos adelante porque entendemos que es mejor para nuestra democracia y para el respeto a la Ley que tomemos la decisión de impedir esa investidura, más que ir sobre hechos consumados que pudieran ser mucho más perjudiciales para lo que es la indemnidad y el respeto a nuestras leyes y a nuestra democracia.

P.- Carina Verdú, de Antena 3. Quería preguntarle a la vicepresidenta. Si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso y ese Pleno queda suspendido, ¿qué pasa entonces? ¿Hay que nombrar otro candidato o esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre Carles Puigdemont?

Vicepresidenta.- Lo que nosotros reclamamos con esa petición de suspensión es que no se produzca una investidura en la que el candidato sea el señor Puigdemont. Habida cuenta que hay otros diputados, ya le corresponde al presidente del Parlament tomar la decisión de continuar adelante con la investidura, proponiendo a una persona que cumpla el conjunto de los requisitos y esté en las plenas libertades que exigen la Constitución, las leyes y el Reglamento para ser investido. Pero ya sobre quien pueda ser esa persona y la decisión del señor Torrent me imagino que lo tendrá que decir el señor Torrent.

P.- Anabel Díaz, de "El País". A la señora vicepresidenta. Le quería preguntar si ustedes tienen claro que la admisión por parte del Tribunal Constitucional es automática, si sobre esto no habrá ningún problema ni ninguna sorpresa en las próximas horas; que el Tribunal Constitucional, en la línea del Consejo de Estado, decidiera que no es acorde o que no hay fundamentos jurídicos suficientes para admitir a trámite. ¿Albergan ustedes ese temor?

Y una precisión, señora vicepresidenta. Ha dicho usted que el señor Torrent, el presidente del Parlamento de Cataluña, tiene muchos diputados entre los que elegir para nombrar, pero que no tengan ninguna cuenta pendiente con la Justicia. ¿Usted incluiría al señor Oriol Junqueras, que está en prisión? ¿Usted cree que tampoco sería aceptable que propusiera al señor Junqueras?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, así es como es siempre. Con esta petición nosotros utilizamos un instrumento que la Constitución pone a disposición del Gobierno cuando se trata de leyes o de actos de las Comunidades Autónomas que pueden ser contrarios a la Constitución y a las leyes, y la Constitución le da al Gobierno la posibilidad de pedir esa suspensión, que es acordada si es admitida a trámite. El resto de decisiones, como comprenderá, corresponde al Tribunal Constitucional; pero el procedimiento es así: si es admitido a trámite, es suspendido; es decir, si cumple los requisitos formales para ser admitido a trámite se produce la suspensión.

Sobre la segunda de sus preguntas, hay una cuestión importante, y esto también va ligado al informe de los letrados, pero también a esa consulta potestativa que le hemos hecho al Consejo de Estado, que también, por cierto, en el informe preceptivo se señala, que es la necesaria presencia del que es sometido a la investidura para llevar a cabo esos debates. Pero ya sobre las decisiones de los que hay puestos a disposición de la Justicia están en situación de prisión le corresponde decidir al tribunal y no al Gobierno.

P.-Mariano Calleja del diario "ABC". Para la vicepresidenta. El Gobierno siempre había advertido de que era muy importante no dar pasos en falso, no cometer errores. ¿Considera que lo de ayer, con el informe en contra del Consejo de Estado, es un paso en falso dado por el Gobierno? ¿Le preocupa, en ese sentido, al Gobierno que los independentistas lo estén aprovechando y les haya dado aire a su discurso político?

Vicepresidenta.- Le diría que gobernar es tomar decisiones y, generalmente, es tomar decisiones en momentos no fáciles y tomar decisiones que, en el caso que nos ocupa, son, además, decisiones novedosas. Estamos viviendo un momento inédito en nuestra democracia. Ha habido otros desafíos desde el nacionalismo; pero no nos habíamos encontrado nunca con la circunstancia de que pretenda ser investido presidente de la Generalitat un señor, un diputado, que está con una orden de busca y captura.

Yo sé que esto puede ser que se haya dicho muchas veces, pero es que yo creo que esto es el quid de la cuestión. El señor Puigdemont está en busca y captura en el territorio nacional, y, aunque con algunos responsables o ex responsables políticos ya hayamos perdido la capacidad de asombro, yo llevo a su ánimo eso: que está pretendiendo ser investido presidente de la Generalitat una persona… O sea, quiere volver a ser responsable político una persona que no se somete a la Justicia y que, por tanto, sigue vulnerando la Ley en tanto en cuanto no se pone a disposición del Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo pueda decidir sobre su futuro judicial. Yo creo que esta circunstancia no se ha producido nunca en nuestro país, que yo recuerde; es inédita y no hay precedente.

Entonces, respetando la decisión del Consejo de Estado y analizando sus argumentos, nosotros entendemos que hay argumentos también para defender que no puede realizarse la investidura. Y, como Gobierno, tenemos la obligación, si existe esa posibilidad y alguna razón legal, que nosotros entendemos que la hay, para poder lograr que se suspenda esa investidura el martes --porque estamos hablando del próximo martes y hoy es viernes--; si podemos evitar que se vaya a producir ese Pleno y que un señor que está en orden de busca y captura, y que, por tanto, se ha saltado otra vez las resoluciones de los Tribunales, se someta a una investidura, tenemos que utilizarla.

Se trata, por tanto, cuando se gobierna, de decidir entre distintas posiciones. Indudablemente, cada uno puede tener su opinión; pero nosotros, como Gobierno, tenemos una responsabilidad y tenemos que ejercerla. Nuestra responsabilidad es que, si hay esa posibilidad, que consiste en esa suspensión de esa decisión por la situación en la que se encuentra, utilizarla.

Sobre el argumento del independentismo, nosotros asumimos un compromiso político, que es la defensa de la unidad de España y la defensa del Estado de Derecho. Ellos pueden usar los argumentos que estimen oportunos. Yo, desde luego, no los voy a jalear desde esta mesa. Lo que sí digo es que la principal obligación de un Gobierno, política y en respuesta a los principios y valores que le guían, es utilizar todos los instrumentos que estén en su mano para evitar que eso se produzca, porque le hago la pregunta a la inversa: ¿Cuál sería la posición del independentismo y la situación de nuestro país y el vuelo que cogería si no utilizáramos esos instrumentos y se produce este debate el martes, porque estamos hablando del martes, día 30?

P.-Cristina de la Hoz, de "El Independiente". Es una pregunta, lógicamente, para la vicepresidenta, porque es sobre el tema de Cataluña y el recurso. Quería saber exactamente qué argumentos da el Consejo de Estado porque hubo una resolución el día 22? Es decir, damos por hecho que hay un acto jurídico y que, por tanto, si hay acto jurídico, no hay un problema de tiempo, sería impugnable. Yo, personalmente, no conozco la argumentación que da el Consejo de Estado y no entiendo porque entiende que este no es el momento procesal.

Luego, si finalmente no hay debate de investidura, puesto que la Ley obliga a que se celebre un debate diez días después de la constitución del Parlamento ¿no empiezan a correr los plazos? ¿En qué situación quedamos? Es decir, ¿no empiezan a correr los plazos de los dos meses y se genera ahí una especie de impasse, de limbo? ¿Qué puede pasar exactamente?

Vicepresidenta.- Yo creo que el informe del Consejo de Estado estará a su disposición, como suele hacer el Consejo de Estado, en su página web, donde pueden leer los argumentos, tanto del informe, como de la consulta potestativa. Más o menos, lo que se viene a decir es que el Consejo de Estado parte de que no se puede ir con hipótesis y utiliza el argumento de que hay que esperar a que veamos si está o no está presente. El argumento, sin embargo, que utiliza el Gobierno es que no se trata de tener en cuenta una situación hipotética, no se trata de hacerlo depender de que esté o no presente, sino que en el momento temporal actual, y desde que se fugó de la Justicia, está en situación de búsqueda y captura. Por tanto, no tiene libertad para ir al Parlament, salvo que vuelva a vulnerar la Ley, y tiene que ponerse a disposición del Tribunal Supremo.

Sobre la segunda de las cuestiones, la interpretación del Reglamento le corresponde al Parlament, a su Mesa y a su president. Creo que ha convocado ahora una rueda de prensa y creo es el más idóneo para que explique la interpretación del Reglamento de su propia Cámara.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Tengo una pregunta para cada uno.

Empiezo por la vicepresidenta, primero. De Cataluña ya le han preguntado a usted por el miedo a que el Tribunal Constitucional no acepte el recurso y es que hay un precedente que vivió el señor Aznar con el "plan Ibarretxe". Yo quiero saber por qué se arriesgan ustedes. ¿Qué información han recabado estos últimos días porque, como decía la compañera, podrían haberlo recurrido el lunes, para dar este paso sin el apoyo del Consejo de Estado, sobre todo, teniendo el antecedente de Ibarretxe? Querría esa relación.

Y al ministro. Ha dicho que el Gobierno ha declarado persona non grata al embajador venezolano, y quería saber qué significa: si también lo expulsamos, si le damos un margen de 72 horas. ¿En qué se concreta esta reciprocidad?

Vicepresidenta.- Usted da por hecho que el Parlament de Cataluña puede tomar una nueva decisión el lunes pero, hasta donde nosotros sabemos, el president Torrent propuso de candidato a Puigdemont y ayer, a media tarde, sacó la convocatoria con la fecha del martes para, a la tres de la tarde, celebrarse el Pleno. Creo que la Mesa se constituirá poco tiempo antes.

Por tanto, yo no sé a qué decisión se refiere usted del lunes; pero sí le voy a decir una cuestión: la obligación del Gobierno, como en su día lo aplicaron Gobiernos anteriores, es utilizar todos los instrumentos legales que están a su alcance en una situación, como digo, inédita y excepcional en nuestro país: que, ni más ni menos, pretende ser presidente de la Generalitat una persona a la que se le han imputado delitos tan graves y que ha decidido sustraerse a la acción de la Justicia, y, por tanto, de la acción del Tribunal Supremo, y, por tanto, de la Ley.

Portavoz.- El principio de reciprocidad en el ámbito diplomático implica darle el mismo tiempo que se le ha dado al embajador de España; es decir, nombrarle persona non grata y darle 72 horas para que abandone el país, aunque el embajador de Venezuela había sido llamado a consultas por su Gobierno y no está en España.

P.- Estefanía Molina, de "El Nacional". Vicepresidenta, ha hablado usted hace un momento del vuelo que podría tomar el independentismo si finalmente se celebra ese Pleno el martes. Yo lo que quisiera saber es si no está el Gobierno generando el efecto contrario, que es agravar la crisis con Cataluña. Y esto lo digo por tres motivos: ha insistido usted en que la persona está fugada, pero el hecho es que la legalidad le permitió presentarse a las elecciones; el Consejo de Estado ha desaconsejado que ustedes presenten el recurso y, en último lugar, hipotético, si se suspende esa investidura, aún cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional le acabe quitando la razón al Gobierno. Por tanto, quisiera saber si no está agravando todavía más el problema con el independentismo.

Vicepresidenta.- El Gobierno toma decisiones en defensa de los derechos de todos los ciudadanos y también de los catalanes. Hay muchos ciudadanos en Cataluña, y también lo han dicho dirigentes políticos, que consideran que en Cataluña debe volverse a la normalidad institucional y a la convivencia. Hemos visto que a esas razones de normalidad no obedece el señor Puigdemont, que parece poner por encima su propia candidatura.

Yo no voy a entrar en las decisiones personales del señor Puigdemont o del señor Torrent. Yo lo que le digo es que la recuperación de la normalidad institucional, que yo creo que es deseable, y es deseable para muchísima gente en Cataluña, nace del respeto a la Ley. Entonces, primero hagamos respetar la Ley porque el respeto es ya el inicio de la normalidad.

P.- Ángel Collado, de "El Confidencial". A la vicepresidenta. Solo quería saber qué hechos hicieron al Gobierno cambiar de criterio de opinión entre el miércoles y el jueves. Tenemos entendido que también el Gobierno esperaba que se sustanciara de alguna forma, en algún documento, algún paso. ¿Fue el hecho de que Torrent insistiera en convocar ya, efectivamente, la sesión, el Pleno, y con esa candidatura, o fue el temor a un movimiento de los independentistas para traerlo a España? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar al Gobierno en veinticuatro horas?

Vicepresidenta.- Se produjo la decisión el 22 y se publicó el 23. El señor Torrent, también en una circunstancia que nunca se había producido, se desplazó a Bruselas a evacuar consultas con el señor Puigdemont, lo que es un elemento también a tener en cuenta y que forma parte del recurso. Es decir, que obligó al presidente del Parlamento de Cataluña a que, fuera de España, tratara de constituirse en una reunión institucional para esta candidatura. Además, y este es un argumento a mayor abundamiento, y para explicarlo, el señor Torrent ayer reunió a distintos representantes de los partidos políticos y, a pesar de las peticiones de todos ellos de que explicase cómo se iban a producir las cosas, no lo hizo.

Nosotros lo hacemos por vulneración de la legalidad, porque pensamos que no está en condiciones de volver a nuestro país sin ser puesto a disposición judicial; pero además, también, por respeto a los derechos del resto de los diputados que tienen derecho a conocer cómo se llevan a cabo esas pretensiones y a que se les nombre como presidente para ser votado una persona que esté en condiciones de serlo. Al proponer a una persona que no está en condiciones de ser presidente de la Generalitat, también se está vulnerando el derecho de esos diputados, que también han sido elegidos, de poder votar o no a una persona que cumplan la totalidad de las condiciones.

Portavoz .- Esta noche, en Valdepeñas los protagonistas van a ser un gran poeta, Miguel Hernández, y un maestro de la radio, don Luis del Olmo, con un recital de la obra del poeta en Orihuela.

En Zamora, hay una exposición fotográfica, que no se deben perder, relativa al mundo rural; lo retrata. Se llama "Tierra de nadie" y, si vamos muchos, la convertiremos en tierra de todos.

Esta tarde juegan en balonmano España y Francia. Vamos a ver si asistimos a un triunfo de los Hispanos.

Y, finalmente, les recomiendo un libro de poesía. La poesía es un arma cargada de futuro y, también, es un buen recordatorio en tiempos agitados. "Asuntos Propios", de Mercedes Carrión, que ha ganado el primer Premio Internacional Jorque Manrique.

Muchas gracias. Disfruten todos del fin de semana.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)