Madrid
Portavoz.- Buenas tardes. Vamos a darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy bajo la presidencia de don Mariano Rajoy. Me acompaña la ministra de Defensa, a quien agradezco aquí su presencia, que hablará más en concreto del acuerdo que ha tomado el Consejo de Ministros relativo a la política de Seguridad y Defensa en Europa.
Antes, permítanme que haga unos comentarios sobre esta semana y empiece hablando de las previsiones económicas de la Comisión Europea que se dieron a conocer el pasado 8 de noviembre; previsiones de crecimiento para España: el 3,1 por 100 en 2017 y el 2,5 por 100 en 2018. Probablemente, lo más importante de esas previsiones es que España va a cumplir con el objetivo del déficit del 3,1 por 100 del PIB acordado con la Unión Europea. La Comisión Europea mejora en todos los aspectos las previsiones de hace unos meses: las mejora en crecimiento económico, en cifras fiscales y en creación de empleo.
Por tanto, esta es una buena noticia, aunque se haya convertido en una constante. Incluso, saben ustedes que el Gobierno que ha hecho unas previsiones para el año que viene que son incluso más prudentes que las de la propia Comisión Europea. Es verdad que el factor de la inestabilidad en Cataluña puede tener un efecto sobre el crecimiento en España y el Gobierno lo ha tenido en cuenta en sus previsiones para el año que viene, un impacto en torno a medio punto. Estamos hablando de una cifra muy importante, de cinco mil millones de euros.
Frente a esa previsión del 2,5 por 100 de crecimiento de la Comisión Europea para el año 2018, el Gobierno estableció la del 2,3 por 100. Está claro que ese elemento de incertidumbre es el que lastra el posible crecimiento de España y, si se disipara, como el Gobierno espera que se disipe el próximo 21 de diciembre, la economía española va a continuar con un ritmo de crecimiento fuerte y equilibrado, con una corrección muy importante de sus cuentas públicas y una creación de empleo intensa.
Ya saben ustedes que el objetivo del Gobierno es la creación de empleo. El objetivo de esta Legislatura son veinte millones de personas trabajando en España en el año 2020. Las cifras de este año, en términos interanuales --589.100 personas, repito, 589.100 personas, porque son personas, hombres y mujeres de carne y hueso, que han encontrado un empleo-- son muy esperanzadoras y ese objetivo, que a algunos les parecía quimérico al comenzar la Legislatura, está al alcance de nuestra mano.
Asimismo, esta semana, también el día 8, al mismo tiempo que la Comisión Europea hacía sus previsiones, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad, tanto la llamada Declaración Unilateral de Independencia, como también la propia Ley de Transitoriedad.
Ayer mismo, 9 de noviembre, el juez del Tribunal Supremo que conoce de este caso decretó prisión bajo fianza eludible a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña. El magistrado fundamentó su decisión en el papel medular y la intensa repercusión del liderazgo pero, a diferencia de lo que ocurrió con los consejeros, los que no están huidos eludiendo la acción de la Justicia, los investigados se comprometieron, o bien a renunciar a la política, o bien a acatar la legalidad, renunciando a cualquier acción unilateral.
Esto, sin duda, ha sido tomado en consideración por el juez a la hora de dictar medidas cautelares; pero está claro también que los delitos, los presuntos delitos, por los que están siendo investigados siguen ahí, porque lo que ha sucedido en Cataluña, como saben ustedes, por parte de los secesionistas ha sido la desobediencia consciente de las leyes, el no acatamiento de las resoluciones judiciales, la paralización de las instituciones democráticas, el intento de sustituir el orden constitucional por una nueva arquitectura institucional y el intento de liquidar el principio de soberanía nacional, iniciando una ruptura unilateral con España.
Queremos también señalar, ya saben ustedes, los hechos, los hitos, de este proceso desde aquella vergonzosa reunión en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre, aquella consulta ilegal y, luego, la declaración o no del ex presidente Puidgemont el 10 de octubre y todo lo sucedido en los días siguiente, que obligó al Gobierno a aplicar el artículo 155 tras recabar el apoyo, un apoyo muy mayoritario, del Senado.
Las consecuencias, sin embargo, siguen ahí: la división política y social en Cataluña, con una descomposición de la convivencia y una fragmentación de la sociedad; un resultado que también apunta a inestabilidad institucional, la falta de seguridad jurídica, la incertidumbre y la desconfianza, que se ha traducido también en una serie de preocupantes datos económicos. Ya la semana pasada les mencioné a ustedes cómo el paro registrado en Cataluña era superior al del resto de España, el abandono de más de 2.300 empresas que han desplazado, o bien su domicilio fiscal, o su sede social, fuera de Cataluña y la caída de la ocupación turística. Conocemos también datos de reducción del comercio minorista o las ventas de empresas del sector textil, que cayeron un 35 por 100. Además, la venta de vivienda se ha desacelerado y hay postergación de inversiones internacionales.
También, el Gobierno, esta misma semana, ha acudido a hablar con los organizadores del Mobile World Congress para asegurarles la importancia de la recuperación del orden constitucional para que ese importantísimo Congreso se siga celebrando en Barcelona.
Por lo tanto, todo esto apunta en esa dirección de inestabilidad, de inseguridad, creada por el secesionismo. La confianza del consumidor en octubre cayó en 3,6 puntos y hay una encuesta de un periódico catalán, con la empresa GAD3, que refleja que más del 67 por 100 de los ciudadanos de Cataluña creen que la economía catalana se ha resentido en las últimas semanas a raíz de la declaración, de la pretendida declaración, de independencia.
Sobre la huelga de esta semana, el Gobierno también quiere afirmar que la huelga ha tenido muy escaso seguimiento. Hay un factor clave a la hora del seguimiento, que es el consumo eléctrico: ha sido absolutamente normal. En el comercio minorista ha habido un seguimiento nulo de la huelga y solamente lo que ha habido son piquetes que han interrumpido el tráfico en la AP-7, por la mañana en una estación de tren en Girona y, por la tarde, en la estación de Sants, en Barcelona. Lo que han hecho ha sido, como siempre, perjudicar los intereses, los derechos y las libertades de los ciudadanos catalanes.
Dicho esto, el Gobierno hoy, en su reunión del Consejo de Ministros, ha tenido una parte de sesión ordinaria y otra dedicada a la aplicación del artículo 155; por tanto, temas catalanes. En la primera, el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, traído por el ministro de Justicia.
En los últimos años, como saben ustedes, en el ámbito de la Unión Europea y en la línea del artículo 18.4 de nuestra Constitución, se ha trabajado para lograr una regulación más uniforme del derecho de protección de datos de carácter personal. Fruto de ello es un Reglamento, el Reglamento 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos. El Reglamento, como saben ustedes, es de aplicación directa e inmediata; pero lo que ha pretendido el ministro de Justicia a través de esta Ley es ir acomodando la legislación española a muchas de las figuras y de los mandatos contenidos en ese Reglamento.
Entre los objetivos y novedades de este Proyecto destaca el aumento de la seguridad jurídica, conservando la posibilidad de que el tratamiento de datos se encuentre amparado en una ley que establezca la prevalencia de un interés legítimo de quien trata los datos; se permite a los herederos solicitar acceso a datos de personas fallecidas, así como su rectificación o supresión; desaparece el consentimiento tácito o por omisión, que implicaba que los datos serían usados salvo que se manifestase la negativa de forma expresa, y los menores podrán prestar consentimiento con trece años, asimilando en esto a España a lo que sucede en otros Estados de nuestro entorno. También se recoge la denominada "información por capas" y se regulan los sistemas de información crediticia, videovigilancia, sistemas de exclusión publicitaria, etc., etc.
Por tanto, es un Proyecto que nos equipara con Europa, que refuerza también la seguridad jurídica y la transparencia, y adapta ese artículo 18.4 de nuestra Constitución a la realidad actual de la protección de los datos personales.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha tomado un Acuerdo por el que se declara a las Comunidades Autónomas de Galicia y Asturias "zona afectada por una emergencia de protección civil", debido a los incendios que todos ustedes conocen del mes de octubre, en los que hubo que lamentar la pérdida de vidas humanas. Se han llevado, como saben ustedes, a cabo multitud de actuaciones de rescate y de evacuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se tiene constancia también de que hubo en su momento cortes de suministro de servicios públicos esenciales, daños en viviendas, establecimientos, etcétera.
El Consejo de Ministros ha adoptado medidas hoy para paliar esos daños. Mediante este Acuerdo, por un lado, se declaran ambas Comunidades Autónomas "zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" y hay una serie de ayudas que recoge el Acuerdo; ayudas que provienen, unas, del Ministerio del Interior; otras, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y, finalmente, otras a cargo del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda.
Igualmente, el Consejo de Ministros ha tomado Acuerdos de toma de razón de declaración de emergencia para paliar los daños de incendios que ocurrieron en las provincias de León, Albacete, Valencia y Huelva, por un valor de 2,8 millones de euros. Y, también, otro Acuerdo del Consejo de Ministros, a instancias de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, en el que se toma razón de la declaración de emergencia en el procedimiento de contratación de un servicio con diversos medios aéreos ante el riesgo de incendios, que es un contrato estimado de 704.800 euros.
Asimismo, se han tomado sendos acuerdos en el ámbito del Ministerio de Educación por los que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para el año 2017 de créditos de implantación de nuevos itinerarios en la ESO y nuevos ciclos de FP básica. Estamos hablando de un total de 321 millones de euros, que se han distribuido con las Comunidades Autónomas y con el acuerdo de estas Comunidades Autónomas.
Los objetivos de las trayectorias en ESO y FP básica son: ofrecer a los alumnos nuevas posibilidades adaptadas a sus capacidades, intereses y aspiraciones, e incrementar su motivación; erradicar el abandono educativo temprano, donde la Comisión Europea acaba de hacer público un informe en el que constata cómo en España este era un gran problema: llegó a alcanzar el 31,2 por 100 de nuestros alumnos y hoy estamos en el 18,6 por 100 y bajando; mejorar la empleabilidad y lograr el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha tomado el acuerdo de solicitar al señor presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con determinados preceptos de la Ley de Illes Balears de 3 de agosto del año 2017, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales, puesto que, primero, el Estatuto de esta Comunidad Autónoma no tiene competencias específicas para protección de animales y, además, la regulación del Parlamento balear incumple determinados preceptos de leyes estatales, tanto las referidas al patrimonio inmaterial, como las referidas a la tauromaquia. El Acuerdo incluye, asimismo, la solicitud de suspensión cautelar de esta ley autonómica.
Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado el nombramiento de don Francisco Bernabé Pérez como nuevo delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Consejo de Ministros, tras celebrar esta sesión ordinaria, ha celebrado un Consejo de Ministros convocado con arreglo al Acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. El Acuerdo que ha tomado es la aprobación del Manuel de Instrucciones para los miembros de las mesas electorales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Cataluña el próximo 21 de diciembre. La semana pasada se tomaron una serie de medidas también orientadas a la jornada electoral del 21 de diciembre y esta es una más, por tanto, dentro de la más absoluta normalidad en la celebración de esas elecciones.
Asimismo, el Consejo de Ministros, en este Consejo dedicado a la aplicación del artículo 155, ha acordado el nombramiento como directora general de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya de doña Rosa Anna Castillo i Picas.
Esto es lo que yo tenía que contarles, pero la ministra de Defensa va a hablarles a ustedes ahora de un Acuerdo muy importante, que se refiere a Europa y a la seguridad y defensa europeas.
Sra. Cospedal.- El Consejo de Ministros, como muy bien ha señalado el ministro portavoz, ha dado un paso muy importante, un paso histórico, en la construcción de la Unión Europea. Como europeístas convencidos y plenamente conscientes de que la integración europea tiene un recorrido ambicioso en materia de seguridad y de defensa, hoy ha aprobado una herramienta que encarna la ambición actual de la Unión Europea; la muestra definitiva de que el modelo de defensa europeo ha pasado de ser un simple proyecto para comenzar a ser una realidad.
Me estoy refiriendo a la autorización del Consejo de Ministros para que España participe en la Cooperación Estructurada Permanente, lo que se conoce comúnmente con el nombre de PESCO, su acrónimo en inglés, para que se pueda firmar la notificación de la Cooperación Estructurada Permanente y para el voto favorable para la adhesión de nuestro país a esta Cooperación Estructurada Permanente, es decir, la PESCO, a la cual me voy a referir ahora. Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa a la cual hoy el Consejo de Ministros aprueba que España se adhiera y cuya firma se lleve a cabo en breve fechas.
La Cooperación Estructurada Permanente, la PESCO, es un marco jurídico europeo muy ambicioso, vinculante para los países que lo firmen, para invertir en la seguridad y en la defensa de la Unión Europea y de sus ciudadanos. La PESCO proporciona un marco político para que los Estados miembros mejoren sus capacidades de defensa y la disponibilidad para las operaciones militares mediante proyectos concretos; unas capacidades de defensas mejoradas de todos y cada uno de los Estados miembros, que también van a beneficiar a la OTAN y que van a reforzar el pilar europeo de la Alianza Atlántica.
En suma, supone, en lo que a nosotros nos afecta, una mayor seguridad para las familias españolas. Toda vez que una parte muy importante de los países que formamos parte de la Unión Europa también somos miembros de la Alianza Atlántica, es un acuerdo que trata de reforzar la seguridad y la postura de los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad colectiva y, de esta manera, también reforzar la Alianza Atlántica. Una Europa más segura colabora a una Alianza Atlántica, a una OTAN, más segura.
En definitiva, podríamos decir que la PESCO es algo así como el rubicón de lo que entendemos que debe ser la política de defensa común, a aquello a lo que debemos aspirar. Es mucho más que una "hoja de ruta" o que un proyecto o que una serie de intenciones; se trata de un mecanismo de tal calado que bien podríamos calificarlo como el euro de la seguridad en materia de Unión Europea. Es un paso sustancial hacia nuestra seguridad y defensa común.
La PESCO se encuentra en el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que señala lo siguiente: "Los Estados miembros que cumplan criterios más elevados de capacidades militares y que hayan suscrito compromisos más vinculantes en materia para realizar las misiones más exigentes establecerán una cooperación estructurada permanente en el marco de la Unión".
Con este marco normativo, los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Bratislava, en el año 2016, decidieron que la defensa se convirtiera en un nuevo eje vertebrador de la construcción europea. Hasta ahora, como saben ustedes, el eje ha sido un eje económico, financiero, agrícola, de manera muy importante; ahora, la defensa y la seguridad pasan a ser un eje vertebrador de la Unión Europea.
Fue el Consejo Europeo de junio del año 2017, de junio de este año, el que dio la bienvenida a la iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente, además de solicitar a los Estados miembros que redactaran en un plazo de tres meses --este plazo ya ha vencido-- una lista, en primer lugar, de compromisos detallados; en segundo lugar, de calendario preciso y, en tercer lugar, de los mecanismos de evaluación específicos para permitir que los Estados miembros que estén en situación de hacerlo, como es España, puedan cumplir las misiones más exigentes.
Con este mandato, el Ministerio de Defensa de España, que, sin lugar a dudas, se ha situado al frente de las naciones que con mayor determinación han impulsado la defensa común, ha sido también uno de los principales impulsores de la PESCO, junto con los Ministerios de Defensa de Francia, Alemania e Italia. Así, el pasado 21 de julio, los cuatro países firmamos una carta conjunta que enviamos a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y para Política de Seguridad, y también al resto de los ministros de la Unión Europea, que contemplaba los principios y los compromisos de la PESCO.
Esta carta ha sido la base de trabajo para la redacción de un texto definitivo de notificación, que es el que vamos a firmar el próximo lunes 13 de noviembre los ministros europeos en Bruselas, con el fin de que, antes de que termine este año, la PESCO, el nuevo impulso a la política europea de defensa, se pueda lanzar. En ese momento, los países que hayamos constituido ese grupo acordaremos la primera lista de proyectos concretos a desarrollar.
Con la incorporación de España a la PESCO, los principales compromisos que asumimos como país son los siguientes:
- En primer lugar, aumentar regularmente los presupuestos de defensa, en términos reales, para alcanzar los objetivos acordados.
- En segundo lugar, aumentar de forma sucesiva, a medio plazo, el gasto de inversión en defensa hasta el 20 por 100 del gasto total en defensa; es decir, que del gasto total de defensa, al menos, un 20 por 100 sea para inversiones estructurales y, por ejemplo, no sea para el pago de salarios u otro tipo de actividades como puedan ser las pensiones; que sean inversiones en materia de defensa del total de los gastos.
- En tercer lugar, incrementar los proyectos de capacidades estratégicas de defensa conjuntos y colaborativos; es decir, proyectos de defensa que pueden ser proyectos industriales o de otro tipo que llevemos a cabo más de dos países.
- En cuarto lugar, aumentar la proporción de gastos dedicados a la investigación y a la tecnología en materia de defensa para aproximarlos al 2 por 100 del gasto total en defensa. Los proyectos en investigación y en innovación tecnológica en el ámbito de defensa tienen un valor cualitativo enorme, porque la inmensa mayoría de ellos después tienen múltiples aplicaciones en el ámbito de la industria y la tecnología civil, y disfrutamos de ellos todos los ciudadanos, no solo en el ámbito de defensa, todos los días de nuestra vida.
- En quinto lugar, establecer una revisión periódica de todos estos compromisos.
- En sexto lugar, y por último, desempeñar un papel sustancial en el desarrollo de las capacidades de defensa dentro de la Unión Europea, incluido en el marco de revisión anual coordinada de defensa, con el fin de garantizar la disponibilidad de las capacidades necesarias para alcanzar el nivel de ambición que nos hemos impuesto entre todos.
Con todos estos compromisos como telón de fondo, el objetivo último de la PESCO es doble: por una parte, garantizar que la Unión Europea pueda lanzar y sostener las operaciones de defensa y de paz que sean necesarias; en segundo lugar, dotarnos entre los europeos de las capacidades suficientes que nos permitan actuar en los escenarios que la protección de nuestros ciudadanos nos exija, sean escenarios interiores o exteriores a la Unión Europea, y todo ello en el bien entendido de que nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, a la OTAN, hace ambos objetivos perfectamente compatibles y coherentes, y se retroalimentan mutuamente.
Desde su concepción, la política europea de defensa ha querido ser una política abierta e integradora: que cada Estado pueda avanzar en función de su capacidad y de su grado de ambición. No se ha cerrado la puerta a nadie. Esa es una de las apuestas importantes que en la redacción básica del proyecto incorporó España: que la Política Europea de Seguridad y Defensa fuera inclusiva, es decir, que aquellos Estados que inicialmente se pudieran encontrar en fases más atrasadas pudieran ir incorporándose poco a poco, según fueran cumpliendo los compromisos y los niveles de existencia.
Hasta el momento, veintiún países ya han mostrado su disposición a participar en la PESCO; pero no hay ninguna duda de que tanta participación no puede ser contradictoria con el nivel de ambición. Hay que equilibrar la participación de muchos países también con el cumplimiento de los niveles de ambición en la seguridad y la defensa, puesto que pasa a ser, repito, una parte fundamental del esqueleto de la Unión Europea, junto con la integración económica, social y política.
En definitiva, la libertad y la igualdad de los ciudadanos de nuestro continente dependen ahora de lo que seamos capaces de erigir también en materia de seguridad y de defensa. La integridad de nuestros hogares y la defensa de nuestras familias nos obligan a construir un futuro de Europa seguro e integrado, y el Gobierno de España está convencido de que ha llegado el momento ya de la seguridad y la defensa de la Unión Europea, de una Europa más unida, más fuerte y más segura.
Portavoz.- Gracias, señora ministra. La he escuchado con atención y con gusto, porque yo era un joven y modesto diputado europeo hace veinticinco años que estimaba que, ultimado el Mercado Interior Común, la defensa podía ser el eje vertebrador de la Unión Europea. Y me equivoqué, claro; nadie me hizo ni caso. Pero escuchándola a usted hoy he recordado aquello que decía Alphonse de Lamartine que "la utopía en ocasiones no es más que una verdad prematura". Y me encantará ver como a partir del próximo día 13 la defensa, la política de seguridad, sea un eje vertebrador también de la Unión Europea.
P.- Teresa Fernández-Cuesta, de Informativos Telecinco. Quería pedirle al ministro portavoz si nos puede hacer una valoración política del hecho de que ayer, tanto Carme Forcadell, como el resto de miembros de la Mesa se retractaran de la declaración unilateral de independencia.
Portavoz.- Yo creo que quienes están como investigados por presuntos delitos tienen el deber de acudir al juez, el juez que les llama, y responder a sus preguntas. Yo creo que es lo que hicieron ayer, a diferencia de lo que no han hecho quienes están huidos de España eludiendo la acción de la Justicia y los ex consejeros que no quisieron responder a las preguntas de la Fiscalía. Creo que lo que hay que hacer es acudir a la Justicia y responder a ella, y me parece muy bien esa declaración de que no van a hacer nada, ni en el presente ni en el futuro, que suponga una violación del orden constitucional.
La aplicación por parte del Gobierno, que tuvo una mayoría amplísima en el Senado, con el apoyo de los Grupos de PSOE y C's, del artículo 155 tenía como primer objetivo la restauración del orden constitucional, y estamos viendo en la cotidianidad, en la normalidad, de la situación en Cataluña, y también en las declaraciones de dirigentes secesionistas, como la vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad.
P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. ¿El Gobierno considera que la decisión del Tribunal Supremo en relación con la presidenta del Parlament puede contribuir a que haya una campaña menos tensa en Cataluña?
Por otro lado, ¿el Gobierno da ya por perdida la candidatura de Barcelona para la Agencia Europea del Medicamento, como dan por hecho ya medios internacionales? ¿Cree que ha sido determinante para ello la situación política en Cataluña?
Portavoz.- El Gobierno no da por perdido nada. El Gobierno va a batirse hasta el final porque la Agencia Europea del Medicamento esté en Barcelona. Y precisamente quiero decir, con toda claridad, que es un empeño de las instituciones catalanas y muy especialmente de la ministra de Sanidad, que es catalana, doña Dolores Montserrat, que hoy mismo ha seguido pugnando por ello. Hasta el final lo haremos. No es sencillo y, evidentemente, lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos tiempos no ayuda; pero el Gobierno no la da por perdida y va a seguir trabajando por ello.
Yo creo que la decisión de aplicación del artículo 155 de recuperación del orden constitucional, de la normalidad de la convivencia, también llevaba aparejada una decisión política de primer orden, la convocatoria de elecciones; que los catalanes se expresaran y tuvieran también ocasión de expresarse sobre lo que ha pasado en estos últimos cinco años en Cataluña y la deriva radical y de pérdida en bienestar económico y social a la que les ha llevado el secesionismo.
Por tanto, el Gobierno lo que espera es que las elecciones permitan expresar cuáles son los proyectos de futuro para Cataluña. Creo que tenemos que cerrar una época negativa para Cataluña por radicalismo secesionista y empezar una época de prosperidad, de bienestar y de tranquilidad para Cataluña a partir del 21 de diciembre.
En cuanto a las decisiones de los Tribunales, ya saben ustedes que el Gobierno las respeta y las acata. La separación de poderes implica también la separación de responsabilidades y el Gobierno sobre eso no tiene nada que opinar.
P.- Pablo Montesinos, de Libertad Digital. Ministro portavoz, el ministro Dastis ha dicho esta semana en la BBC que la reforma constitucional podría ser para acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes. Me gustaría saber si el Gobierno ya está trabajando en esa reforma de la Constitución y si está habiendo contactos con el Partido Socialista. ¿Nos puede decir algo en ese sentido?
Con respecto a la jornada de huelga que se vivió en Cataluña, me gustaría saber si el Gobierno hace algún tipo de autocrítica ante el colapso que se vivió en algunas carreteras y en las estaciones de tren de Cataluña, como usted mismo ha subrayado en su comparecencia.
Y aprovechando la presencia de la ministra de Defensa, me gustaría saber, ministra, cómo se está viviendo toda la situación de Cataluña en el Ejército y si se está viviendo de alguna manera especial o no.
Portavoz.- Cuatro preguntas, don Pablo, ¡eh! No viene usted mucho por aquí pero, cuando viene, se lanza. Perfecto.
Respecto al primer tema, creo que el próximo 15 de diciembre se va a constituir formalmente en el Congreso de los Diputados esa comisión sobre la organización territorial de España. La posición del Gobierno siempre ha sido la misma: cualquier iniciativa de reforma constitucional debe residenciarse en el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que se va a hacer. Ahí vamos a estudiar, vamos a analizar, vamos a ver qué propuestas hay, y vamos a ver también qué apoyo tienen las propuestas, porque muchas veces se hacen propuestas y, al final, para modificar, como usted sabe, la Constitución, hay una serie de procedimientos de reforma que tienen unas exigencias importantes.
Por lo tanto, vamos a estudiarlo con calma y con tranquilidad. Reformar la Constitución es importante, y más una Constitución como la de 1978, que ha sido la garante de los mejores cuarenta años de la historia de España. Pero eso lo vamos a hacer y vamos a participar en ella, y nos gustaría que todos participaran en ella, porque hemos visto a algunos adalides del diálogo que ya han dicho que no van a participar, y me refiero a Esquerra Republicana de Cataluña. Yo creo que lo que hay que hacer es hablar, dialogar, insisto, donde está residenciada la soberanía nacional, y esa es la comisión. Y es muy raro que ahora quienes han dicho todo este tiempo que no había diálogo, cuando hay un foro de diálogo para hablar de un tema real, que es esa posible reforma de la Constitución, se nieguen a participar en la misma. Por tanto, me parece que eso es un tema importante.
En relación con el segundo tema, antes he dicho que la huelga tuvo muy poco seguimiento; pero hubo unos grupos radicalizados, autodenominados "Comités en Defensa de la República", que en sitios muy determinados pudieron cortar carreteras y dos estaciones. Pues bien, yo creo que a quien perjudicaron, sobre todo, fue a los catalanes, a los que no pudieron desplazarse, que vieron sus libertades menoscabadas. Esos son los que tienen derecho a quejarse.
Yo creo que los Mossos, al mando del ministro del Interior, actuaron, como hacemos siempre, con inteligencia y con proporcionalidad. Pero yo estoy seguro de que a los catalanes, a la inmensa mayoría de catalanes, no les gustó la actuación de ese tipo de piquetes. Y estoy seguro también de que algunas prácticas que hemos visto, que hemos conocido y que el Gobierno va a investigar, como la utilización de niños para impedir el paso de coches en la autopista, también es una práctica deleznable que investigaremos.
Sra. Cospedal.- En relación a la cuestión que ha formulado, como es lógico y normal, las Fuerzas Armadas don unas Fuerzas Armadas constitucionales, que tienen una misión encomendada en nuestra Constitución, que están perfectamente tranquilas, que saben que tienen la obligación de estar preparadas siempre para defender sus funciones constitucionales, que lo están, y que asumirán lo que el Gobierno determine que tengan que hacer. No hay ningún tipo de preocupación, más allá de su obligación de estar preparadas para lo que sea menester. Pero no hay absolutamente ninguna inquietud porque, además, y esto también es muy importante, siempre están puntualmente informadas de lo que está haciendo el Gobierno y el Gobierno está actuando con firmeza, con determinación y también con prudencia, que son cualidades también propias de las Fuerzas Armadas y de los militares.
P.- Anabel Díez, de "El País". A los dos ministros. No sé si el Gobierno tiene previsto tomar alguna iniciativa --cada uno en su Departamento, pero sí me gustaría escuchar su opinión-- sobre las ya parece probadas, o por lo menos no desmentidas, injerencias de Rusia en la preparación de mensajes que pueden alterar el funcionamiento interno de algunos países o intervenir en algunos de sus procesos. Fue en Francia, fue en Alemania; antes, fuera de Europa, en Estados Unidos, y también en España, en el proceso catalán, como están poniendo de manifiesto eurodiputados españoles y también grupos de especialistas que están bajo las órdenes de la Alta Comisionada, de la señora Mogherini. No sé si el Gobierno español tiene previsto tomar alguna iniciativa al respecto y se lo pregunto, por favor, a los dos.
Sra. Cospedal.- Lo que sí tiene contrastado el Gobierno es que muchos mensajes y muchas intervenciones que se han producido a través de las redes sociales vienen de territorio ruso, y utilizo la expresión exacta de "territorio ruso". Esto no quiere decir necesariamente que tengamos constatado que es el Gobierno ruso y, por lo tanto, aquí hay que actuar con la máxima prudencia, más allá de lo que uno se puede imaginar. Porque se puede usted imaginar que aquí hay que actuar con prudencia y con determinación; pero hay que tener bien claro cuáles son los orígenes.
Los orígenes sabemos que parte vienen de territorio ruso y parte de otros territorios, también ajenos incluso a la Unión Europea; pero se está en ese momento de investigación y de asegurar exactamente cuáles son los orígenes, más allá de la zona territorial de donde vengan. Eso es lo que yo le puedo aportar, que creo que será…
Portavoz.- Sin duda. Pero yo añadiré otra cosa: añada a esos países que usted ha mencionado también las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Este es un tema grave, es un tema donde la democracia tiene que hacer frente a los retos de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías constituyen un avance muy considerable para la vida de los ciudadanos, pero pueden tener también un uso negativo. Como se trata de un posible ataque a los fundamentos a la democracia en Europa, creemos que la respuesta fundamentalmente también debe ser europea y, por tanto, este es un tema que estará en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Exteriores, el próximo lunes en Bruselas, y ahí el ministro de Asuntos Exteriores va a intervenir también en esta materia, porque creemos --usted ha recordado la declaración de la señor Mogherini y también hay de varios eurodiputados-- que Europa tiene que tomarse este tema muy en serio.
Lo que hemos visto en estos últimos tiempos es una fundamentación de la Unión Europea como comunidad de derecho, como orden constitucional, y, por tanto, no es posible que fuerzas extrañas, ajenas, que no sabemos quiénes son, quieran alterar ese orden constitucional. Por lo tanto, como creemos que la tecnología no tiene fronteras, creemos que el ámbito en el que debe resolverse es en el ámbito de la Unión Europea y eso es lo que hará también España el próximo lunes.
P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Mi pregunta es para el portavoz. Siguiendo con las declaraciones de ayer de la señora Forcadell y del resto de los miembros de la Mesa del Parlament, yo quería saber si esto para el Gobierno es un punto de inflexión; es decir, si invita al optimismo al Gobierno ante ese escenario de normalidad que ha pedido o que ha reclamado el presidente del Gobierno durante toda esta semana. ¿En qué medida cree que esto puede afectar a la posición del señor Puigdemont?
Portavoz.- Cuando el Gobierno, y el presidente del Gobierno, que fue quien tomó la iniciativa, convocó elecciones el 21 de diciembre lo hizo con el objetivo de cerrar una etapa muy negativa para Cataluña y para el resto de España, y para abrir una puerta a la esperanza. Para que los catalanes votaran, pero votaran de verdad: votaran con censo, votaran con listas electorales, con proclamación de resultados, con todos los partidos políticos en el marco de la legalidad… Por tanto, ese es el objetivo que tiene el Gobierno y ese es un objetivo que sigue teniendo y que va a seguir teniendo, y confía en que se produzca el 21 de diciembre esa esperanza, esa puerta abierta a la realidad.
Lo que estamos viendo estos días, y yo creo que algunos con estupefacción, son la cantidad de mentiras que tenía ese llamado proceso secesionista; mentiras no solamente referidas al pasado, sino referidas a la realidad. Mentiras, por ejemplo, relativas al apoyo que iban a tener en el mundo. Yo recuerdo el vídeo de un antiguo senador de Esquerra Republicana de Catalunya donde contaba, en una reunión pública, que había 31 Estados que iban a reconocer al día siguiente la república catalana. ¿Resultado? Cero, ninguno, nada; al revés, apoyo sin fisuras a España.
Porque, mire, la Unión Europea se hizo precisamente para combatir los nacionalismos excluyentes, aquellos que llevaron a Europa a dos guerras mundiales. Y Europa es una comunidad de derecho; ayer lo dijo admirablemente bien el presidente Juncker al recoger el doctorado honoris causa en la Universidad de Salamanca.
Por tanto, esa es otra de las mentiras que han acompañado a todo este proceso secesionista y, por lo tanto, es hora de que los catalanes el 21 de diciembre piensen quién ha actuado con inteligencia, con prudencia, con respeto al orden constitucional, con voluntad de mantener la convivencia, y quiénes han construido toda una quimera sobre mentiras.
El ex presidente Puigdemont yo cada vez encuentro que habla con un tono más agrio y más alto, y cada vez con menor eco. Y creo que también, a la hora de depositar el voto en la urna el 21 de diciembre, los catalanes tienen que tener eso muy en cuenta.
Este Gobierno, en el ejercicio del artículo 155, es el Gobierno de todos los catalanes, el que vela por las libertades y el respeto a la Ley de todos los catalanes, y no solo de unos catalanes, de determinados catalanes, como era el Gobierno anterior.
P.- Paula de las Heras, de "Colpisa". Para el ministro portavoz. Esta semana, el lunes, en Bilbao, el ministro de Justicia participó en un desayuno en el que se le preguntó por la transferencia de prisiones y él, no solo puso en duda que sea el momento de ampliar el marco competencial, sino que alegó que en la opinión pública existe una cierta pulsión para que --y cito-- "el Gobierno central vuelva a asumir algunas políticas que tuvieron sentido, quizá, en un momento inicial de consolidación del Estado de las Autonomías, pero la sociedad detecta alguna disfuncionalidad". También dijo que, en todo caso, su opinión era que había que reforzar los instrumentos de cooperación.
Quería saber, al hilo de la comisión territorial que se abrirá en el Congreso, si el Gobierno se plantea en algún caso una recentralización de alguna competencia o qué mecanismos de refuerzo de la cooperación interterritorial contempla.
Portavoz.- Yo creo que en esa comisión, como en cualquier otra comisión, quienes acudan a ella, que serán miembros del Congreso de los Diputados, tienen que ir con una mirada abierta. Se trata de una comisión que va a estudiar una posible, o puede acabar en una posible, reforma constitucional.
Hay que analizar con mirada abierta los cuarenta años de régimen constitucional en España, el funcionamiento del Estado de las Autonomías, como se hace en cualquier país. Yo tengo que recordar aquí los ejemplos del federalismo cooperativo en Alemania, por ejemplo. Hay que analizarlos. Yo mismo, en la Comisión de Educación --si me permite que me cite-- hace poco he comparecido y he dicho que tendríamos que plantearnos todos sobre las transferencias que se han producido, el uso que se ha hecho de las mismas, cómo ha funcionado, etc., etc. Me parece que ese es un ejercicio loable y que todo el mundo debe hacer.
Por tanto, yo creo que no hay que ir con ideas preconcebidas, sino que hay que ir a participar, y llamo nuevamente a la participación de todos, de esos que nos dicen que no hay diálogo. Aquí hay ocasión de dialogar y ocasión de ver qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que hay funcionado mal, siempre con el objetivo de mejorar, porque lo que debe guiarnos es poner al día la Constitución, siempre si es para mejorar, si es para garantizar más derechos, más libertades a los ciudadanos, y acrecentar su prosperidad y su bienestar.
Si hay algo que yo creo que convendría incorporar a la Constitución, pero esto se lo digo a título personal, es un principio similar al que hay en otras Constituciones de corte federal, que es el principio de lealtad constitucional, de lealtad federal, la "Bundestreue" del Derecho alemán, porque me parece que es muy importante, con la distribución de competencias, que todos las asumamos, pero todos también asumamos el cumplimiento de las mismas. Y, probablemente, ese es un tema de posible reflexión en esa comisión del Congreso de los Diputados.
Déjenme que les diga que este fin de semana estamos en la recta final del Festival de Cine Europeo de Sevilla, con más de doscientas películas y, entre ellas, "Oro", el esperado regreso de Agustín Díaz Yanes, sobre una novela histórica, "España en América", una novela de Pérez-Reverte. Alguna ventaja tiene que tener ser ministro de Cultura, yo ya la he visto y se la recomiendo.
En Zaragoza está abierta la exposición "Goya y la corte ilustrada". En Guadalajara, no dejen de ver la exposición "Cela, literatura y arte", que reúne obras de Picasso y de Miró, a través de la revista "Papeles de Son Armadans", fundada por el Premio Nobel. En Almería actúa el polifacético Pablo Carbonell, con "El mundo de la tarántula", que yo también he visto, porque ha estado en Madrid y que también les recomiendo.
Por tanto, que tengan un buen fin de semana, con mucha cultura. Por cierto, Día del Librero, rebajas en la compra de libros: aprovechen para armarse de buena literatura.
Muchas gracias. Hasta el viernes.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)