Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenos días a todos. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, que ha presidido en el día de hoy el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy.

Como bien saben ustedes, la Legislatura del diálogo ha empezado a concretarse esta semana con fuerza: el pasado martes, 22 de noviembre, se reunió la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados; ayer, 24 de noviembre, tuvo lugar aquí una reunión presidida por el propio Presidente, con la presencia de la ministra de Empleo y los interlocutores sociales de la patronal y los sindicatos. El objetivo es dar un nuevo impulso al diálogo social, iniciando un camino que busca construir consensos sobre la recuperación económica con crecimiento y creación de empleo.

En este marco de diálogo, el Gobierno ha acordado hoy la remisión a las Cortes del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Sobre la remisión a las Cortes de esta Ley para su tramitación, quiero destacar que no es en sí misma sólo significativa, ya que introduce importantes modificaciones en los procedimientos de contratación con el sector público, y ello afecta de una manera sustancial a nuestro tejido productivo, sino que también forma parte del desarrollo de la agenda reformista que el Gobierno viene desplegando desde el año 2012 y que, en su vertiente de la reforma de la Administración, va a coadyuvar a una utilización más eficaz de los recursos públicos y a un mejor funcionamiento de la Administración al servicio de los intereses generales.

Son reformas estructurales éstas que han coadyuvado al control del gasto público y a la disminución del déficit, y nos han otorgado credibilidad en los mercados, lo que ha contribuido al afianzamiento de la recuperación económica, y todo ello ha contribuido también a afianzar la posición de España en el proyecto europeo.

En cuanto a los aspectos más destacados de estos Proyectos de Ley de contratación en el sector público, en primer lugar, quiero recordar que obedecen a la transposición de un paquete de tres Directivas que vienen de la Unión Europea, transposición de tres Directivas que se realiza a través de dos Proyectos de Ley: uno referido a la contratación del sector público en general y otro relativo a determinadas especialidades en materia de contratación de sectores específicos.

Los Anteproyectos han tenido una muy amplia tramitación, con más de 126 informes solicitados, además del trámite de información pública, y concluyeron también con la emisión de los dictámenes pertinentes del Consejo de Estado en marzo de 2016. Sin embargo, estas dos leyes que el Consejo de Ministros ha adoptado hoy no pudieron ser remitidas a las Cortes por un Gobierno en funciones y han tenido que esperar hasta ahora. Eso ha tenido una consecuencia y es que el plazo de transposición finalizó el pasado 18 de abril, y la Comisión Europea abrió inmediatamente un procedimiento de infracción por retraso en la transposición. Incluso, el Consejo de la Unión, el 2 de agosto del año 2016, donde se formulaban recomendaciones a España dirigidas, orientadas, a reducir el déficit excesivo, hacía referencia, esa decisión del Consejo de la Unión, a la conveniencia de adoptar medidas en materia de contratación. Y estos dos Proyectos de Ley obedecen precisamente al cumplimiento de esas exigencias comunitarias.

Dado el procedimiento de infracción en marcha y dado que hemos finalizado ya el plazo de transposición, es urgente la aprobación de ambos Proyectos y, por tanto, el Gobierno va a solicitar también la tramitación por el procedimiento de urgencia de los mismos.

Los objetivos esenciales y las principales novedades de ambas Leyes son los siguientes:

- En primer lugar, buscan reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos.

- Generalizan el uso de lo que se llama declaraciones responsables. Es decir, cuando alguien quiere contratar, no tiene ya que presentar toda la documentación, sino tendrá que presentarla sólo en el caso en que le haya sido concedida esa contratación. Aún más, si la empresa está inscrita en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas, ni tan siquiera habrá de presentar para los contratos a los que opte documentación adicional a la que aportó en su momento. Por tanto, con esto eliminamos muchas de esas trabas burocráticas o administrativas.

- Apuesta la Ley también por la utilización de medios electrónicos, incorporando la obligatoriedad de realizar comunicaciones y notificaciones a través de la contratación electrónica.

- Se reducen, igualmente, los plazos de adjudicación.

- Aumenta también la competencia, al permitir un mayor acceso de las pequeñas y medianas empresas. Se incentiva el que los contratos se dividan en lotes, para permitir precisamente el acceso de pequeñas y medianas empresas a la contratación pública.

- Se introduce una nueva regulación, que restringe la utilización de los llamados "medios propios de la Administración", es decir, entidades que actúan por encargo directo del órgano de contratación, sin seguir un procedimiento contractual. Eso se va a limitar notablemente.

- También, figura la posibilidad de que se exija como criterio de solvencia del empresario que el período de pago de ese empresario a sus proveedores no supere determinados límites que se establecen; por tanto, que sea solvente.

- Se busca mejorar la publicidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se suprime un procedimiento muy habitual, que era el negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Esta modificación es muy relevante para aumentar la publicidad en toda la contratación pública. Se crea también un nuevo procedimiento abierto simplificado, con una duración de contratación mucho más breve, pero con publicidad y transparencia.

- Hay novedades en la regulación de las prohibiciones de contratar; por ejemplo, no podrán ser contratistas los condenados por corrupción entre particulares.

- Se incluyen también en el ámbito subjetivo de la ley a los partidos políticos, fundaciones vinculadas a éstos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando estén financiados mayoritariamente con fondos públicos.

- Se establece, además, una previsión de que los órganos de contratación están obligados a tomar medidas adecuadas para luchar contra el fraude y la corrupción, así como a prevenir, a detectar y solucionar los conflictos de intereses que puedan surgir en un contrato público.

- Asimismo, esta Ley acrecienta las políticas medioambientales, sociales y de innovación y desarrollo. En materia medioambiental, se exigen certificados de calidad a las empresas licitadores para acreditar su buen hacer en el ámbito de la protección del medio ambiente. En temas sociales, se podrá favorecer a las empresas que acrediten que cumplen con determinados estándares de igualdad entre hombres y mujeres, así como que tienen medidas de protección de personas con discapacidad; y en este ámbito, en particular, se prevé que puedan reservarse contratos públicos para centros especiales de empleo cuando, al menos, el 30 por 100 de sus empleados esté en situación de discapacidad. También se establece la prohibición de contratar con la Administración a las empresas con más cincuenta trabajadores que incumplan la obligación de tener en plantilla, al menos, al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad.

- En cuanto a innovación y desarrollo, es relevante la regulación de un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominados de "asociación para la innovación", encaminado a dar cobertura a necesidades públicas que no se pueden satisfacer con las soluciones existentes en el mercado y que, por tanto, exigen la realización de actividades de investigación o desarrollo de obras y servicios.

- Finalmente, dentro de lo que las Directivas europeas denominan "gobernanza" se refuerzan los mecanismos de supervisión y de cooperación con otras Administraciones Públicas, en la contratación pública, y se atribuyen a la Junta Consultiva de Contratación del Estado funciones de supervisión.

Por tanto, esto está en línea con lo que venimos haciendo de reforma de las Administraciones Públicas y también con lo que nos pide Bruselas en sus decisiones.

El Consejo de Ministros también ha tomado otra serie de Acuerdos que tienen que ver con la racionalización del gasto público y de la eficacia administrativa, y la búsqueda constante, en suma, de optimizar los recursos públicos. Se trata de tres contratos de compras centralizadas de las Administraciones Públicas.

Uno es el Acuerdo por el que se autorizan la celebración de un contrato centralizado de servicios postales de notificaciones administrativas y judiciales, con un valor estimado de 268 millones de euros. Como saben ustedes, los servicios de notificación son fundamentales para garantizar el buen fin de los procedimientos, para eliminar y disminuir los riesgos de impugnación ante los tribunales de justicia; y de lo que se trata es de mejorar la eficacia administrativa de los servicios de notificación para que se puedan realizar en jornadas de mañana y tarde los preceptivos dos intentos de notificación establecidos por la Ley. Por tanto, agilización y eficacia. Este contrato se celebra con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y se han sumado trece ministerios y 61 organismos públicos, a los que hay que añadir ahora la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El segundo Acuerdo es el que autoriza la celebración de un acuerdo para el suministro de material mobiliario de despacho y complementario de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínicas y geriátrico de laboratorio, por una cuantía máxima de 65 millones de euros. Con esta centralización --por tanto, en vez de ser cada ministerio el que hace las compras por su cuenta, se centraliza en una unidad de acción-- estamos estimando un ahorro para las Administraciones Públicas de doce millones de euros.

El tercer Acuerdo --éste es un Acuerdo también muy importante-- es el que autoriza la conclusión de un Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas y otras para determinados órganos de contratación por parte de la Administración General del Estado. Es decir, es la Administración General del Estado la que contrata con las empresas farmacéuticas estas vacunas, vacunas que se centran, fundamentalmente, en vacunas infantiles, en aquellas vacunas que necesitan los viajeros, en personas con riesgo, principalmente hepatitis, y, finalmente, también en vacunas a futuro.

Catorce Comunidades participan en este Acuerdo Marco, que ya ha estado vigente desde el año 2011. Desde el año 2011 hasta ahora ha propiciado un ahorro de 159 millones de euros, y contemplamos, en estos dos años de vigencia que va a tener, 2017 a 2019, de 58 millones de euros. Por tanto, también va en esta línea de optimizar recursos.

Eso es algo que el Gobierno lleva haciendo desde octubre del año 2012, en que se constituyó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la llamada CORA, que ha llevado a cabo, como ustedes saben, un profundo análisis de cuáles eran las duplicidades que había en la Administración, en las Administraciones del Estado, y las ineficiencias existentes en los tres niveles: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

A día de hoy, el cumplimiento de este Programa CORA alcanza el 87 por 100, habiéndose ejecutado 193 medidas, con un ahorro estimado de treinta mil millones en la Administración y cinco mil millones en lo que respecta a las relaciones con particulares. Y ha llevado también a un adelgazamiento de las Administraciones, que se sustancia en la supresión de 2.364 entes. Por tanto, un trabajo importante realizado en la pasada Legislatura, que va a continuar en ésta.

Otro Acuerdo que el Gobierno quiere destacar, porque cree que es un ejemplo de cooperación institucional, es el que autoriza a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por importe de doscientos millones de euros. La Comunidad Autónoma de Baleares no cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto del ejercicio 2015, ha solicitado autorización a la Agencia Tributaria de las Illes Balears para cubrir necesidades transitorias de tesorería y este acuerdo se lo concede, porque la cooperación institucional es fundamental. El diálogo franco y fructífero entre administraciones públicas sobre cuestiones que afectan a los ciudadanos es el camino adecuado para resolver estos problemas.

También, el Gobierno ha aprobado la Declaración con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy conmemoramos ese día. Ayer mismo tuvimos que lamentar otra víctima: una mujer joven, de 26 años, fue asesinada por su pareja; otra nueva víctima de esta cobarde violencia que constituye una lacra social, que entre todos queremos erradicar. Han estado ustedes hace unos minutos en el acto que ha tenido lugar aquí, en el Palacio de La Moncloa, con el presidente del Gobierno.

Por tanto, esta Declaración, que va en la línea de lo que ha dicho en la intervención el presidente del Gobierno, es un compromiso para fomentar la concienciación ciudadana, para ahondar en el conocimiento y estudio del problema y de que la violencia de género constituye una cuestión de Estado, que reclama la unidad de todas las fuerzas políticas. Hace poco, la ministra de Sanidad tuvo una intervención en el Congreso, se ha constituido una subcomisión para ello en el propio Congreso de los Diputados y yo espero que tengamos también un acuerdo de Estado en esta materia, tal y como preconizó el presidente del Gobierno en su pleno de investidura.

Asimismo, el Gobierno ha procedido a una serie de nombramientos, que tienen ustedes en la Referencia; me voy a referir sólo a algunos de ellos. Tres nombramientos requerían un procedimiento previo, que se ha cumplido. Uno es el del fiscal general del Estado. El Gobierno ha nombrado fiscal general del Estado a don José Manuel Maza Martín, después de haber terminado el procedimiento: Consejo General del Poder Judicial y Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Además, el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Sebastián Albella Amigo y doña Ana María Martínez-Pina.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha acordado, insisto, una serie de nombramientos; voy a mencionar el del abogado general del Estado-director del Servicio Jurídico del Estado, en el Ministerio de Justicia, para el que ha sido nombrado don Eugenio López Álvarez. En el Ministerio de Hacienda, doña María Luisa Lamela Díaz es la nueva interventora general de la Administración del Estado; y don Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda y Función Pública. En un Ministerio que conozco bien, el nuevo director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales es don Óscar Graefenhain de Codes. Y n el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el nuevo secretario general de Ciencia e Innovación es don Juan María Vázquez Rojas, que fue secretario general de Universidades en el Ministerio de Educación.

Finalmente, dos comentarios. El ministro de Economía nos ha informado de las consecuencias del "Brexit" y del compromiso del Gobierno de convertir a nuestro país en una plaza atractiva para la reubicación que puede traer consecuencia de este "Brexit". Y el ministro del Interior ha informado de una demanda del Estado de Israel para prestar ayuda para sofocar unos incendios que se están produciendo en este país; inmediatamente esa demanda ha sido atendida con el envío de cuatro aviones, lo que ha motivado un agradecimiento caluroso por parte del embajador de ese país.

Éstos son, en suma, los acuerdos a los que quería hacerles parte y, por supuesto, estoy a su disposición para cualquier aclaración que quieran.

P.- Quería preguntarle por unas informaciones que ha hecho el portavoz del Partido Popular en el Congreso afirmando, tras la desgraciada muerte de doña Rita Barberá, que había que revisar el acuerdo con Ciudadanos en cuanto a la corrupción. Quería saber si el Gobierno opina lo mismo.

Siguiendo con el mismo tema, quería preguntarle si el Gobierno estaba informado de que el Tribunal Supremo iba a archivar la causa contra la señora Barberá.

Cambiando radicalmente de tema, los mismos sindicatos que estuvieron aquí ayer, en el Palacio de la Moncloa, acaban de informar y acaban de hacer público un calendario de movilizaciones debido a los dos límites que les puso el presidente del Gobierno.

Portavoz.- Respecto al primer tema, la posición que ha tenido el Partido Popular siempre ha sido la de mantener un equilibrio entre la presentación de una demanda o de una querella y otro principio constitucional, que es el de la presunción de inocencia. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre ellos y la tesis que ha mantenido el Partido Popular ha sido siempre la de esperar al procesamiento, a la apertura del juicio oral; es decir, que se sustanciara algo y que no fuera simplemente una presentación de una querella que no tenía o que podía no tener recorrido judicial alguno. Todos sabemos que ha habido muchos casos históricamente donde se ha producido esa presentación y luego, al final, ha habido un desistimiento, un archivo de las causas.

En el caso del acuerdo con Ciudadanos, como usted sabe, en efecto, Ciudadanos en su momento, para sentarse con el Partido Popular, exigió el que cualquiera que fuera acusado tuviera que dejar su escaño o tuviera que dejar su posición. Yo creo que el fallecimiento penoso, doloroso, de Rita Barberá lo que debe hacernos es reflexionar sobre ello. Insisto, yo creo que es bueno intentar conjugar ambas cosas y pensar que las personas tienen derecho a esa presunción de inocencia. Sin embargo, éste es un debate que está en estos momentos en la sociedad, yo oigo hablar mucho de ello en estos días y creo que este hecho triste, insisto, doloroso, nos debe hacer reflexionar sobre estas cosas; pero a la hora de ponerlo en práctica tenemos que ver y tenemos que hablar con todo el mundo. Yo creo que ésta es una decisión en la que sería bueno que todos los partidos también se pusieran de acuerdo.

No tenía el Gobierno, como es lógico, ni podía, ni debía tener, ninguna noción ni ninguna noticia sobre el archivo de ninguna causa.

En cuanto a este anuncio de las centrales sindicales, evidentemente, es un derecho el de reunión y manifestación un derecho constitucional. Yo creo que en estos momentos por parte del Gobierno hay una mano tendida, las reuniones que estamos viendo lo demuestran. Respeto, por supuesto, al derecho constitucional de las asociaciones; pero yo creo que es mejor esperar, ver, que dan las conversaciones, que da el diálogo, antes de utilizar ese tipo de medidas.

Yo he tenido ahora mismo algo similar en el ámbito de la Educación. Ayer hubo una convocatoria de una huelga general en la Educación, que fue totalmente irrelevante, porque en algunos de los temas que planteaban estamos en vías de solución.

Por tanto, yo creo que hay que dejar espacio al diálogo y posibilidad a encontrar soluciones. Me parece que las movilizaciones son un instrumento de última instancia. En estos momentos hay buena voluntad, hay ganas y creo que eso es lo que en esa situación, anímica también, es en la que debemos encontrarnos todos.

P.- Quería preguntarle cómo avanzan las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y si el Presidente tiene previsto reunirse con alguno de los líderes políticos en breve.

Portavoz.- Como usted sabe, porque lo he dicho yo aquí, la voluntad del Gobierno es poder presentar lo antes posible eso que se llama el techo de gasto, es decir, el límite de gasto, y también, y muy importante, los objetivos de déficit. Pero eso requiere, evidentemente, una negociación, la que en estos momentos está llevándose a cabo. Y el presidente del Gobierno, claro está, habla, está en contacto permanente, con todos los líderes políticos.

La voluntad del Gobierno es hacerlo lo antes posible, porque además los plazos y los compromisos con Bruselas apremian, y creo que también sería una buena muestra de que esta legislatura del diálogo va por buen camino, de que empezamos a andar. Llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto, que, insisto, son dos cosas, límite de gastos pero también los objetivos de déficit, me parece que sería una buena señal la que daríamos a la ciudadanía.

P.- Respecto a la negociación de los Presupuestos, ¿el Gobierno asume que puede estar habiendo una diferencia de criterio entre el ministro de Economía y el ministro de Hacienda que puede dificultar precisamente esa negociación, tal y como ha denunciado Ciudadanos?

Por otro lado, si me permite una cuestión relativa a su Departamento, ¿ve que puede haber algún riesgo presupuestario en el proyecto de ampliación del Prado, que ayer se anunció? También, en relación con este mismo tema, ¿hay algún indicio de qué podría albergar esa ampliación?

Portavoz .- Respecto a su primera pregunta, yo creo que los señores De Guindos y Montoro han colaborado a lo largo de los años, ya en los Gobiernos del presidente Aznar y ahora, y creo que lo han hecho muy bien, desde Economía y Hacienda, además. El señor Guindos fue secretario de Estado de Economía y el señor Montoro fue, primero, secretario de Estado de Hacienda y luego ministro de Hacienda en aquellos Gobiernos.

Y hoy, si uno ve los resultados de la pasada Legislatura, la verdad es que son impresionantes: en déficit público estábamos en el 9,3 por 100 del PIB, estamos en el 4,6 por 100. Acuérdese de dónde estaba la prima de riesgo; acuérdese de dónde estaba el PIB: el PIB cayó un 5 por 100 en el período 2008-2011, y estamos hoy en el 3,2 por 100 por encima de la media comunitaria, que está en el 1,7 por 100; las cifras de paro también son muy elocuentes; los problemas de financiación que tenía la economía española, de financiación del Estado, por supuesto de las Comunidades Autónomas, pero también de las empresas; de las dudas sobre el sector bancario: una parte importante del sector bancario estaba en una situación muy difícil.

Yo creo que, tanto el señor Montoro, como el señor De Guindos, han llevado a cabo una labor muy encomiable en todos estos años. Han conseguido una cosa también fundamental para poner en marcha la economía y es que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pudieran funcionar. Por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómico ha sido capital y el Fondo de Pago a Proveedores también lo ha sido.

Yo creo que, cuando uno ve y examina a distancia lo que han hecho en estos años, la labor es magnífica y creo que el que ambos estén en los cargos que ocupaban la pasada Legislatura es, primero, síntoma de una buena sintonía y, segundo, síntoma de un buen resultado. Por tanto, yo estoy completamente convencido y espero que esos buenos resultados continúen en esta Legislatura.

En lo que se refiere al proyecto de ampliación del Museo del Prado al Salón de Reinos, es un proyecto ambicioso y es un proyecto que ilusiona. Ayer la alcaldesa de Madrid vino al Patronato de la Fundación del Prado y también mostró esa disponibilidad a ayudar porque, después del proyecto del Claustro de los Jerónimos y después de incorporar el Casón del Buen Retiro, éste es el gran proyecto del Campus del Prado, del Campus Museístico de Madrid. La verdad es que va a hacer de Madrid la primera plaza europea, probablemente, en ese eje de Recoletos.

Yo creo que parte del éxito del Museo del Prado se debió al pacto parlamentario de los años 90 --creo que el año 95-- de sacar al Prado de la lucha partidista y de los vaivenes políticos, y que hubiera un consenso muy amplio en todo lo que afecta al Museo del Prado. Creo que ha dado muy buenos resultados y estoy seguro de que va a darlos.

Nos hemos planteado esa ampliación yo creo que con un horizonte del Bicentenario de la creación del Museo del Prado en el año 1819. Creo que tiene bastante sentido iniciarlo o ejecutarlo ahí. De los 47 arquitectos de renombre mundial que se presentaron quedaron ocho finalistas y ayer desvelamos quién fue el seleccionado por el jurado, y además por unanimidad, Norman Foster, con quien además tuve una conversación por la tarde y me dijo que estaba entusiasmado, que le parecía que era la gran oportunidad de su vida. Yo creo y estoy convencido… Si ven ustedes la maqueta, las fotos --no es una maqueta--, verán ustedes que es un proyecto realmente extraordinario.

Por lo tanto, yo espero que ese pacto parlamentario, ese acuerdo, ese consenso, en torno al Prado continúe vigente y nos permita afrontar esa renovación que, insisto, va a ser realmente magnífica y va a convertir al Prado en un grandísimo museo. Yo espero que continúe y permita también buscar fondos para llevarlo a cabo.

P.- ¿Cómo cree el Gobierno que afecta al diálogo con la Generalitat el hecho de que haya salido para adelante el suplicatorio del diputado Francesc Homs con los votos del Partido Popular, después de que el propio presidente Puigdemont haya afirmado que él cree que esto pone más piedras en la maleta del diálogo?

Portavoz.- La votación fue secreta, con lo cual no sabemos quién ha votado a favor o en contra. Pero creo que con algunos votos más que los del Partido Popular porque, si no, eso significaría que el Partido Popular tiene más votos de los que contamos. Ya le gustaría al Gobierno.

Yo creo que la cuestión del suplicatorio es simplemente una autorización de las Cortes a que un tribunal que conoce de un caso pueda investigar ese caso de una persona que tiene un mandato parlamentario. Lo que resulta chocante es que algunos, que durante las campañas electorales han pedido que no hubiera esos privilegios, que consideran exorbitantes, para diputados y senadores, ahora se nieguen a conceder el suplicatorio, porque lo han hecho a través de declaraciones públicas.

A mí me parece que es una demostración de que nadie, ni un diputado ni un senador, está por encima de la Ley y está sometido como todos, a la Ley. Esto es algo que nosotros venimos diciendo siempre: la Ley es igual para todos y debe ser cumplida por todos.

P.- Siguiendo con este mismo tema de Cataluña, dos aspectos: uno, el Partido Socialista cree que, después de la reunión que se produjo ayer entre Susana Díaz y el señor Miquel Iceta, del PSC, puede ser el interlocutor para proponer y para explorar otras vías que no sean sólo la judicial, y para insistir en la vía de Granada, la reforma de la Constitución y el federalismo; y por parte de Cataluña se está planteando que, a lo mejor, era buen< la posibilidad de una negociación bilateral en el tema económico, fundamentalmente, y otras propuestas pendientes. ¿Habría alguna posibilidad de esa negociación bilateral?

Y, si me permite, antes yo creo que no ha contestado en el tema de lo que le planteaba de Rafael Hernando. Esta misma mañana él ha sostenido, como posición y como dirigente del Partido Popular, que, a lo mejor, era bueno darle una vuelta al pacto firmado con Ciudadanos. Yo quería saber si es una posición sólo de sondeo por parte del portavoz del Partido Popular en el Congreso o es una posición formal, en la que el Gobierno pretende revisar ese pacto.

Portavoz.- Respecto a una posible reforma constitucional o el establecimiento de vías de negociación bilateral, a mí lo que me parece importante es que se empiece a hablar de diálogo, que se empiecen a explorar vías que no sean "o esto o nada". Me parece bien.

El Gobierno sobre la reforma constitucional dice lo siguiente: sólo la Biblia fue redactada o escrita para durar miles de años, todo lo demás se puede revisar y reformar. La propia Constitución establece unos procedimientos de revisión constitucional, que ahí están, que es verdad que son rígidos, pero son rígidos porque los constituyentes en 1978 estimaron, conociendo la historia constitucional española, que para reformarla era necesario encontrar un consenso similar a aquel logrado para redactarla.

Por tanto, la reforma constitucional es posible. Ahora bien, yo creo que, cuando uno entra en esa vía, lo que tiene que saber es qué quiere reformar. Se habla de reforma pero, cuando se intenta concreta en qué consiste, y hay un consenso suficiente en que eso es lo que conviene hacer, lo que conviene a los españoles, eso es lo que todavía echo en falta.

La idea de la reforma constitucional parece que es como esas ideas mantra que tienen efecto por sí mismas, pero luego hay que traducirlas. Por tanto, ésa es una vía que está ahí, sobre la mesa; pero al Gobierno le gustaría saber de aquel que propone una reforma constitucional qué es exactamente lo que propone. Y, evidentemente, eso se debatirá.

Respecto a lo que ha dicho don Rafael Hernando, usted mismo ha dicho "a lo mejor sería bueno". Eso es hipotético. A lo mejor sería bueno, pues muy bien. Cada uno se expresa o expresa las cosas de la manera que quiere. Yo creo que es bueno que todos reflexionemos, cuando sucede un hecho, insisto, doloroso, sobre las consecuencias que han podido motivarlo, que han podido llevar a ello; pero eso no significa nada más que eso: significa una reflexión que todos debemos hacer, porque eso es lo que hacen las personas inteligentes: reflexionar ante los acontecimientos.

P.- Quería saber cómo valora su Gobierno el nuevo recién formado Gobierno vasco, por una parte.

Por otra parte, hoy hemos sabido que el PP, PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para empezar a sustituir la LOMCE y que iban a crear una subcomisión en el Congreso para hablar de ello. Me gustaría saber cuál va a ser la "hoja de ruta" a partir de ahora que se va a seguir y qué se va a hacer en los seis meses de plazo que se dan.

Portavoz.- Respecto a la formación del nuevo Gobierno vasco, el Gobierno lo que les desea es suerte, que acierten y que resuelvan los problemas de la ciudadanía vasca.

Sobre la segunda cuestión que usted me pregunta, en efecto, es verdad; he visto que se ha adelantado usted al Registro, porque creo que lo iban a registrar a las dos y media. Pero ha habido un acuerdo entre los Grupos Parlamentarios del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos para presentar en el Registro --lo han dicho esta mañana-- una petición de una subcomisión en el marco de la Comisión de Educación, yo no diría que para sustituir a la LOMCE. De lo que hablan es de la celebración de un "Acuerdo de Estado político y social para la Educación en España", creo que lo llaman así; lo que hemos llamado nosotros en las campañas electorales el Pacto Nacional por la Educación.

Yo soy muy favorable, no en este cuarto de hora, sino desde hace bastante tiempo. Creo que esto es necesario y, como recordarán ustedes, en el debate que tuvo lugar durante la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, yo intervine --no es habitual que el ministro del ramo intervenga-- y dije que yo me proponía resolver cuestiones que planteaba esa proposición de ley. Estamos hablando con las Comunidades autónomas, tenemos una Conferencia Sectorial el Ministerio de Educación con las Comunidades Autónomas el próximo lunes y yo espero que la propuesta que ha hecho el Ministerio sea aceptable. Estamos hablando de ello.

Si eso lo conseguimos, si conseguimos un acuerdo, en primer lugar, y, en segundo lugar, conseguimos también dos días después la constitución de la subcomisión, yo creo que daremos una señal política clara, buena, positiva, de que ese Pacto Nacional por la Educación, que tiene muchos escépticos en que se pueda hacer, porque a mí siempre me dicen "eso no se ha hecho en cuarenta años de democracia"… Creo que es un buen comienzo y espero que así se haga.

P.- Voy a insistir con el tema, si no le importa. ¿Hay que cambiar el pacto con Ciudadanos en lo que se refiere a las medidas anticorrupción? Porque no termino de entender… Cuando usted habla de que "hay que abrir un período de reflexión entre todos los partidos políticos", ¿a qué se refiere?

También le quería preguntar si usted, que conocía bien a Rita Barberá, cree que en algún momento se le dio la espalda desde el Gobierno y desde el Partido Popular.

Portavoz.- He dicho lo que quería decir y no voy a decir una cosa distinta a lo que he dicho antes. He dicho que los pactos están para cumplirse y los pactos están ahí. Lo que digo es que todos, todos --estoy viendo declaraciones de mucha gente preguntándose "¿esto es lo correcto?, ¿qué se debe hacer?, ¿cómo se deben tratar estos temas?"--, tenemos que plantearnos esa cuestión. Simplemente eso. Los acuerdos están para cumplirse y lo que creo es que sería bueno que entre todos los partidos políticos, porque éstos son temas que afectan a todos los partidos políticos, tomáramos una posición común. Creo que, cuando sucede un hecho triste como éste, penoso como éste, nos obliga a eso a lo que me he referido antes: a la necesidad de conjugar una demanda, una querella, con la presunción de inocencia.

En relación con el segundo tema, Rita Barberá era una persona queridísima dentro del partido, apreciadísima dentro del partido, y por eso su muerte nos ha producido una hondísima impresión. Ella sabía, estoy completamente seguro, que en el partido la querían y apreciaban lo que había hecho a lo largo de veinticuatro años por Valencia. Yo recuerdo cómo, si uno mira en perspectiva la labor de esos veinticuatro años, Valencia es hoy un referente del Arco Mediterráneo en el ámbito económico, social, cultural y turístico. Y eso se debe, sin duda, a la participación de mucha gente, pero sin duda también a la alcaldesa de Valencia.

P.- Vuelvo a Cataluña un momento, porque esta semana recibió el Gobierno una carta del vicepresidente Oriol Junqueras pidiendo formalmente reunión con la Vicepresidenta. No sé si han llegado o tienen fecha. ¿Han hablado con la Generalitat? Y respecto al contenido, también el Gobierno se había abierto a hablar de los 46 puntos que trajo el presidente Puigdemont. No sé si hay algún avance o alguna concreción en este aspecto.

Portavoz.- Seguro que, si hay una carta --yo desconozco que haya una carta, lo conozco por las informaciones--; pero seguro que hay contestación y, además, según he leído, porque éste es un tema que no se ha tratado en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta va a tener un despacho en la Delegación del Gobierno en Barcelona, con lo cual van a tener ocasión de verse muchas veces, se lo aseguro.

Muchísimas gracias.