Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Se notan ausencias hoy. Berlín está hoy más transitado que Madrid.

Comparezco ante ustedes para transmitirles los acuerdos adoptados en la sesión de esta mañana del Consejo de Ministros, que ha sido presidido por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales en ausencia del presidente del Gobierno, que, como saben ustedes, se encuentra en Berlín, junto al presidente de la República Francesa, la primera ministra de Gran Bretaña y el primer ministro italiano, en la Cumbre convocada por la canciller alemana, la señora Merkel, para despedir al presidente de los Estados Unidos.

Respecto a los temas tratados por el Consejo, en primer lugar, debo informarles de que el Consejo ha tomado conocimiento del informe favorable del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de fecha del 17 de noviembre, acerca del nombramiento de don José Manuel Maza Martín como fiscal general del Estado. En dicho informe, el Consejo General del Poder Judicial señala expresamente que el señor Maza reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado. Y, siguiendo el procedimiento que establece la Ley, ahora será, en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Justicia la que va a evaluar los méritos e idoneidad del señor Maza como candidato.

En segundo lugar, quiero informarles de que el Gobierno ha aprobado el envío a las Cortes, y también ha aprobado su tramitación por el trámite de urgencia, del Proyecto de Ley referido a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro. Se trata de una Ley que promueve el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se trata de un Proyecto de Ley que va a sustituir a una Ley anterior de 1994, que afecta, como ustedes saben, a la restitución de aquellos bienes del patrimonio histórico y cultural de un país que haya salido ilegalmente de ese país y se encuentren en el territorio de otro Estado miembro.

En los años 90 ya hubo una Directiva sobre este particular; veinte años después, la evaluación que hace la Unión Europea es que esa Directiva no ha sido lo suficientemente eficaz, por diferentes razones. Hubo una nueva Directiva en el año 2014, que nos comprometimos todos los Estados miembros a trasponer antes de finalizar el año 2015. En el caso español, no ha podido ser; una vez más, el coste del no Gobierno, precisamente por tener un Gobierno en funciones y no poder presentar Proyectos de Ley, como el que ahora presentamos. Por tanto, de ahí la tramitación por el procedimiento de urgencia.

Esta Ley, respecto a la anterior, intenta solventar aquellas causas que provocaron su poca utilización; abre el ámbito de aplicación; establece en la Secretaría de Estado de Cultura una cooperación administrativa, como autoridad central, que la llevará a cabo; incrementa el sistema de información del mercado interior y establece también unos plazos más amplios para poder solicitar esa restitución.

Por tanto, es un Proyecto de Ley que va a enviar el Gobierno a las Cámaras para su tramitación.

En tercer lugar, quiero informarles del Acuerdo del Consejo de Ministros para requerir al Congreso de los Diputados la revocación de los Acuerdos de la Mesa de la Cámara cuando admitió a trámite la toma en consideración de dos Proposiciones de Ley del Grupo Socialistas: uno, sobre la suspensión del calendario de la LOMCE, cuyo debate y votación tuvo lugar el pasado martes; y, otro, sobre la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar las condiciones laborales de los subcontratados.

Este es un tema importante porque, como saben ustedes, la Constitución establece, en el artículo 134.6, que es una competencia exclusiva e indelegable del Poder Ejecutivo el poder oponerse a toda proposición o enmienda que suponga aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Todo ello requiere la aprobación del Gobierno para su tramitación. ¿Por qué? Porque el marco presupuestario ha sido aprobado por las Cortes y la alteración del mismo que suponga disminución de ingresos o aumento de créditos altera el marco presupuestario.

Por tanto, éste es un derecho constitucional reconocido a Gobierno. El Gobierno, en su momento, ante esas dos Proposiciones de Ley, se opuso por entender que suponían una disminución de ingresos, en el primer caso, en el de la LOMCE, seiscientos millones de euros provenientes de fondos europeos; igualmente en el segundo. No lo entendió así la Mesa del Congreso de los Diputados, a través de una votación. Como he dicho antes, se celebró el primer debate; pero el Gobierno lo que ha acordado hacer esta mañana es notificar al Congreso de los Diputados y solicitarle que revoque esos acuerdos, por entender que no ha apreciado correctamente ese derecho constitucional que le otorga el párrafo sexto del artículo 134 de la Constitución.

Creemos que nos avalan los dictámenes jurídicos y, por tanto, ahora se abre un plazo para que la Mesa del Congreso de los Diputados, en plena autonomía, reconsidere o no reconsidere la decisión a la que me he referido anteriormente.

Eso es por lo que se refiere al punto del requerimiento a la Mesa del Congreso de los Diputados en relación con esos acuerdos que el Gobierno quiere ver revocados.

En cuarto lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica un Real Decreto de 2014, en donde se establecía la metodología del cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. De lo que se trataba aquí es de dar cumplimiento a unas sentencias del Tribunal Supremo que declaró nulo un Real Decreto de 2014, donde el Gobierno había establecido unos costes de la comercialización de la energía que eran netamente favorables para el consumidor. El Tribunal Supremo anuló ese cálculo que hacía el Gobierno y el Gobierno presenta, en cumplimiento de esas sentencias, en el Tribunal Supremo, otra metodología de los mismos, que al final va a representar para el consumidor una subida mínima del 0,04 por 100 al final de año, y que estimamos por ello cumplir con el requerimiento --en este caso, la sentencia del Tribunal Supremo--, pero también con algo que preocupa al Gobierno, algo de lo que se ocupa el Gobierno, y es evitar que los costes de la comercialización de la energía recaigan sobre los consumidores.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado exceptuar de la orden de cierre presupuestario toda una serie de operaciones. En primer lugar, aquella que se refiere a las ayudas al cine, a los largometrajes en el cine. Como saben ustedes, en el año 2015 se produjo un cambio en el régimen de ayudas de subvenciones al cine; ahora se hacen en concurrencia competitiva, se hacen antes de que se produzca la filmación, se entregan antes e, incluso, se pueden llegar a reembolsar si la película ha tenido éxito, a diferencia del régimen anterior, denominado "de arrastre", y que provocó algún caso aislado --aislado, quiero repetir-- de fraude, detectado por el Ministerio y que se mandó a los Tribunales. Pero ese régimen de subvenciones requería también la aprobación de las mismas; el cierre, como ustedes saben, ocurrió a finales de julio y hoy se han exceptuado de ese cierre, insisto, las subvenciones a los largometrajes.

Como también se han exceptuado de la orden de cierre, a través de un Acuerdo, las subvenciones a las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias, que venimos impulsando desde el año 2013.

Como también ha habido una excepción a la línea de crédito en determinados temas que provienen del Ministerio de Empleo y que se refieren, fundamentalmente, a ayudas a las organizaciones sindicales y también ayudas a mayores necesitados que viven en el extranjero.

Igualmente, otra excepción importante ha afectado a I+D+i en una apuesta que hace el Gobierno por el talento y por la creatividad. Concretamente, se han exceptuado de la línea de cierre, y, por tanto, se producirá esa ayuda, esa subvención, "Proyectos de I+D de Excelencia 2016", con un presupuesto total de 125 millones de euros, dirigidos a proyectos experimentales capaces de generar conocimiento; igualmente, "Proyectos de I+D+i Retos" --así se llaman los proyectos-- que cuentan con 244 millones de la sociedad para promover conocimientos científicos, orientado a afrontar los retos en campos de salud, energía, transporte y alimentación; y, finalmente, el proyecto "Infraestructuras y equipamiento científico-técnico", que cuenta con una dotación de 117 millones de euros.

Se estima que estos programas de I+D pueden generar cinco mil puestos de trabajo de alta cualificación y están en la línea --decía-- del programa europeo Europa 2020. Por tanto, apuesta por la investigación, apuesta por el talento y apuesta por la cultura que hace el Gobierno.

Déjenme decirles también, y me pongo ahora el sombrero de ministro de Cultura, que ese régimen de ayudas de subvención al cine es un régimen que ha sido muy bien recibido por el sector y que va a ayudar a que la industria cinematográfica española continúe progresando, como de hecho lo ha hecho en estos últimos años. Yo creo que vamos a cerrar este año con una cuota de pantalla de películas españolas del 20 por 100, que es muy alta, y con un número de espectadores en torno a los diecisiete millones, lo que prueba el talento y la capacidad innovadora de nuestras producciones del cine.

Finalmente, hay otro capítulo al que me quiero referir también, que es el capítulo de nombramientos en este Consejo de Ministros, donde el Gobierno ha ido cubriendo los distintos escalones de los Departamentos ministeriales. Sin perjuicio de que encontrarán en la Referencia una pormenorización de los currícula de las personas a las que voy a referirme, voy a hacerles un rápido repaso de las mismas.

El Consejo de Ministros ha acordado nombrar, en Presidencia del Gobierno, a doña Eva Valle Maestro como directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

En el Ministerio de Defensa ha nombrado a don Agustín Conde como secretario de Estado de Defensa; a don Arturo Romaní como subsecretario y al almirante don Juan Francisco Martínez Núñez como secretario general de Política de Defensa.

En el Ministerio del Interior se han producido los siguientes nombramientos: don José Antonio Nieto Ballesteros será secretario de Estado de Seguridad; don Germán López Iglesias será el nuevo director general de la Policía; don José Manuel Holgado Merino será el director general de la Guardia Civil y don Gregorio Serrano López será el director general de Tráfico.

En cuanto al Ministerio de Fomento, en este Departamento han sido nombrados hoy en el Consejo de Ministros doña Rosana Navarro, nueva subsecretaria del Ministerio, y don Juan Bravo Rivera, presidente de ADIF.

En el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, junto al secretario de Estado de Educación, que nos acompaña, que ya lo estaba, el nuevo secretario de Estado de Cultura será don Fernando Benzo; el nuevo presidente del Conejo Superior de Deportes será don José Ramón Lete Lasa y el nuevo subsecretario del Ministerio será don José Canal.

En el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha sido nombrado, como secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, don José María Lassalle y don Daniel Navia Simón será el nuevo secretario de Estado de Energía.

En el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, don Roberto Bermúez de Castro Mur ha sido nombrado secretario de Estado para las Administraciones Territoriales.

En el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y a propuesta del señor ministro, doña María Luisa Poncela García ha sido nombrada secretaria de Estado de Comercio y don Pablo Zalba Bidegain, presidente del ICO.

En el Ministerio de Sanidad don Mario Garcés será el nuevo secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Y también el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento como presidente del Consejo Escolar del Estado, que lo teníamos sin presidente por la jubilación del presidente y la vicepresidenta, y el fallecimiento del secretario general, de don Ángel De Miguel.

Por tanto, esto es lo que puedo decirles de los acuerdos del Consejo de Ministros y, por supuesto, estoy a su disposición para aquellas preguntas que quieran hacerme.

P.- Ministro, quería preguntarle por esa noticia que ha adelantado Onda Cero esta mañana sobre ese borrador del Real Decreto Ley que aborda las evaluaciones finales de ESO y de Bachillerato. Quería preguntarle cómo quedan finalmente las evaluaciones de ESO y de Bachillerato.

Luego, además, si no tengo entendido mal, el Gobierno quiere fijar un plazo, que sea prudencial, para alcanzar ese Pacto de Estado por la Educación. ¿Qué entiende usted por prudencial?

Portavoz.- En relación con el Pacto Nacional por la Educación, quiero recalcar como ésa es una de las prioridades que el presidente del Gobierno señaló en la sesión de Investidura: siete grandes acuerdos de Estado y uno de ellos era el Pacto Nacional por la Educación. Creo que durante las dos campañas últimas la mayor parte de los partidos han estado a favor; por tanto, es una idea que ha calado. Una idea que ha calado, en parte, porque la gente lo pide: quiere tener una estabilidad en el sistema educativo, una estabilidad consensuada en el sistema educativo, y yo creo que también porque la revolución tecnológica digital lo impone. Por tanto, estamos ante una necesidad sentida y una vocación y una voluntad expresada por los partidos políticos.

Para ello, hubo un debate, como recordará usted, recientemente en el Congreso de los Diputados. Este ministro intervino al final del debate, lo que no suele ser habitual, para explicar que la toma en consideración de una proposición no era el trámite adecuado y que el Gobierno se había comprometido, a través del Presidente, a través de los acuerdos firmados del Partido Popular con Ciudadanos, a llevarlo a cabo. Por ello, las fases, que yo expresé entonces pero que voy a repetir ahora, son las siguientes:

En primer lugar, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados se va a proceder a la creación de una subcomisión, que es la que va a establecer las líneas básicas de ese pacto. Tendrá un plazo de seis meses para hacerlo y, a partir de esas líneas básicas que se consensuen ahí, el Gobierno presentará un Proyecto de Ley. Primera fase, en la que yo creo que hay un acuerdo muy mayoritario para hacerlo.

El segundo aspecto de la misma es qué sucede este curso. En este curso la LOMCE no se va a derogar ni a paralizar; sería causar un perjuicio enorme a 8.240.000 chicos y chicas que están estudiando en estos momentos. Lo que vamos a hacer, en consonancia con los acuerdos firmados y con lo expresado por el presidente del Gobierno, y lo que yo expresé ante la Cámara, es presentar un Real Decreto Ley en la primera semana de diciembre. Yo quiero hablarlo antes con las Comunidades Autónomas, que son las que tienen que ejecutarlo; por ello, he convocado una Conferencia Sectorial el próximo 28 de este mes de noviembre.

Pero le puedo adelantar también, porque también lo hice en el Pleno del Congreso de los Diputados, que las características de ese Real Decreto Ley, en lo que respeta a las evaluaciones, serán las siguientes: respecto a la evaluación de Bachillerato, sólo tendrán que hacerla aquellos alumnos que deseen acceder a la Universidad, porque esa evaluación no tiene efectos académicos, como dijo el presidente del Gobierno, y se examinarán de las materias troncales exclusivamente de segundo de Bachillerato. Hemos pactado con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas cuál es el modelo y yo creo poder decir que se va a parecer mucho a la anterior PAU. Pero es evidente que la anterior PAU no sirve, puesto que no se adecúa a los currículums de la LOMCE, y que hay que hacer esa evaluación para poder acceder a la Universidad.

Pero tranquilidad, certeza, a los alumnos. Éstas son las características que acabo de decir y en esa línea vamos a ir.

En relación con la evaluación de cuarto de la ESO, ésta será muestral --va a ser la propuesta que va a hacer el Ministerio de Educación-- y los alumnos se van a examinar de las materias troncales exclusivamente. Por tanto, creo que con ello cumplimos el objetivo de evaluar, que siempre es bueno porque aquello que no se evalúa se devalúa; pero también manifestamos, en la línea con lo que nos han pedido la comunidad educativa y muchos grupos parlamentarios, que es un gesto que tiene el Gobierno, un paso que da el Gobierno, hacia ese camino al que yo me refería antes que nos debe conducir al Pacto Nacional por la Educación.

La gente en la calle lo pide. Hay muchos que dicen que es difícil, pero también era muy difícil hacer la Constitución en el año 1978. Rompía con una larga tradición constitucional en la cual el partido que llegaba al poder ponía su propia Constitución, que el siguiente, una vez que ganaba las elecciones, derogaba. Yo creo que tenemos que sentarnos, que tenemos que hablar. Como he dicho antes, eso es lo que nos piden y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer, y espero que consigamos. Éste es un primer paso, insisto, para abrir la puerta; creo que es positivo y espero que así lo hagamos.

P.- Portavoz, quería preguntarle si nos puede confirmar el posible o nuevo nombramiento del diputado catalán Enric Millo como delegado del Gobierno en Cataluña. En ese caso, ¿cómo valora el Gobierno la gestión de Llanos de Luna? ¿El cambio respondería a algún intento de suavizar las relaciones con Cataluña?

En segundo término, querría saber qué opina también el Gobierno acerca de las palabras de ayer del presidente Puigdemont delante del Rey, cuando se quejó de la gestión de la Administración Central en lo que refiere a la financiación y otras cuestiones de judicialización de la política.

Portavoz.- En primer lugar, efectivamente, es así. El nuevo delegado del Gobierno en Cataluña será don Enric Millo y a la anterior delegada se le han agradecido el trabajo realizado y la gestión realizada.

En relación con las palabras del presidente de la Generalitat, no son nada nuevas. Ha dicho lo que le hemos escuchado otras veces. Probablemente, como ya las había dicho, no era necesario decirlas ayer.

P.- Me gustaría, señor ministro, pedirle su opinión por lo ocurrido ayer en la inauguración de una exposición en San Sebastián, donde se decidió que no se presentaran las obras de dos presos etarras, y hay críticas por la organizadora de la exposición.

Portavoz.- La decisión a la que usted alude, la decisión en una exposición donde había obras que habían sido realizadas por reclusos de ETA, fue tomada por la dirección de la Fundación de la Capital Europea de la Cultura Donostia-San Sebastián. Nosotros la apoyamos. Nos parece bien, porque podría herir la sensibilidad de las víctimas, y este Gobierno estará siempre al lado de las víctimas. Por tanto, la apoyamos.

P.- Ministro, yo quería saber de qué manera el Gobierno español está haciendo seguimiento a la intervención de la empresa Electricaribe en Colombia, que es filial de Gas Natural aquí, en España, porque eso, de alguna manera, ha creado sensaciones de inseguridad jurídica, que ayer ha sido desmentido por el Gobierno colombiano a través de un comunicado de prensa.

Portavoz.- El Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo ese seguimiento y desde el primer momento ha auspiciado el que hubiera un acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la empresa española, y yo creo que eso va en la buena dirección. Por tanto, yo creo que inseguridad, falta de certeza e incertidumbre, vamos a evitarlo. Pero, insisto, hacemos un seguimiento del mismo, aunque éste es un tema que no se ha tratado hoy en el Consejo de Ministros, precisamente porque no creemos que suscite ninguna dificultad.

P.- Yo quería preguntarle por la renovación en la cúpula del Ministerio del Interior. Si en ocasiones diferentes hemos visto a gente quizá más vinculada al Ministerio del Interior, a Tráfico, etc., etc., ¿cómo explicaría usted que tengamos ahora en la cúpula del Ministerio del Interior a un ex alcalde de Córdoba, a un magistrado de la Audiencia de Sevilla y a un primer teniente alcalde de Badajoz, además de un profesor de Derecho Financiero, que va a ser ahora el director de Tráfico? ¿Qué nos podía comentar sobre la idoneidad de estos cargos? ¿No hubiera sido preferible gente más vinculada al Ministerio del Interior, a las funciones que van a desempeñar a partir de ahora?

Portavoz.- Espero que no tenga usted nada en contra de Badajoz.

Yo creo que compete a todo ministro buscar la idoneidad de su equipo. Esas personas que usted ha mencionado han ocupado cargos públicos, pero también tienen detrás una trayectoria profesional importante. El nuevo secretario de Estado, el señor Nieto, es un abogado en ejercicio, y estamos hablando de un magistrado también. Son personas que tienen idoneidad, mérito y capacidad, que son las condiciones que exige el cargo; y, luego, evidentemente, la confianza del ministro, porque formarán parte del equipo del mismo.

P.- Tenía dos preguntas. Primera, esta semana el presidente del Gobierno se ha referido a la política impositiva y ha dicho que no iba a tocar los grandes impuestos, y hemos interpretado que ni IVA ni IRPF, con lo cual la pregunta es si el Gobierno tiene en cartera tocar otros impuestos, como Sociedades o Especiales, y en qué sentido.

La segunda pregunta es una insistencia a la que le han hecho antes. El nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y quizá volviendo a esto de que interpretamos las cosas, ¿significa nuevos tiempos? ¿Quizá más negociación con Cataluña?

Portavoz.- En relación con el primer asunto, en estos momentos el punto clave del quehacer del Gobierno es la negociación, primero, del techo de gasto y, luego, de los Presupuestos Generales del Estado. Es evidente que esa negociación, abierta con todas las fuerzas políticas, nos llevará, por un lado, a ver cuál es el techo de gasto y, en segundo lugar, adecuarlo a los compromisos que el Gobierno ha contraído con Bruselas. Y es evidente que de esa decisión, que el Gobierno quiere consensuar y que el Gobierno quiere acordar, derivarán todas las demás.

En España, en el año 2007, la cifra de ingresos fue, si no recuerdo mal, de 424.000 millones de euros. Este año todavía estamos por debajo de esa cifra; por lo tanto, tenemos que ver cómo adecuamos aquellos gastos que queremos hacer con la reducción de la senda del déficit de Bruselas y, por tanto, solamente cuando tengamos ese acuerdo de techo de gasto, plasmado más adelante en el cuadro macroeconómico y en los Presupuestos Generales del Estado, podremos ver de dónde proceden los ingresos. Por lo tanto, me parece que es todavía muy pronto hacer ninguna especulación sobre los mismos.

Y déjeme decirle una cosa: yo creo que es en estos momentos el punto político clave, porque se entendería mal que a un Gobierno recién investido se le privara del arma política que tiene, el arma parlamentaria que tiene, que son los Presupuestos Generales del Estado. Y yo quiero hacer una apelación a todas las fuerzas políticas para que seamos responsables, para conjugar la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, que alguna vez oigo hablar de esa disyuntiva "weberiana". Hay que unirlas, porque nadie entendería en Europa que a un Gobierno recién investido se le negara la capacidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. Eso sería yo creo que muy mala noticia.

Por tanto, vamos, insisto, a conjugar lo que debemos hacer, las políticas que debemos hacer para seguir manteniendo esta sociedad del bienestar de la que disfrutamos en España, con las obligaciones con las que nos hemos comprometido desde que pertenecemos a la moneda común.

En cuanto a su segunda pregunta, yo creo que hay tiempos nuevos para todo. Hay tiempos nuevos porque los españoles nos han exigido tiempos nuevos, tenemos unas Cortes más plurales, con otros actores, y ahora tenemos un Gobierno investido. Pero también yo creo que lo que se le pide al Gobierno, y el Gobierno lo está haciendo, y la prueba de ello es lo que acabo de anunciarles respecto al contenido del futuro Real Decreto Ley --que, insisto, voy a hablar con las Comunidades Autónomas-- sobre la LOMCE va en esa dirección. Por tanto, yo creo que las personas son importantes; pero el talante y la voluntad lo son más, y todas las piezas que el Gobierno está moviendo van a encajar en esa voluntad negociadora, en esa voluntad de escuchar al otro, en esa voluntad de encontrar acuerdos que este Gobierno se propone llevar a la práctica.

P.- Quería, por un lado, que me evaluara un poco qué opinión le merece la sesión parlamentaria de ayer, con la actuación de determinados grupos políticos que optaron, en muchos casos, por no aplaudir e, incluso, no levantarse en presencia del jefe del Estado.

Y hablando de Presupuestos, ¿en qué medida está avanzada la negociación con el PNV, una vez que parece que el PSOE no se va a mover del "no"?

Portavoz.- En relación con la primera pregunta, yo creo que lo que intentamos inculcar desde la educación es el respeto. Yo creo que el respeto es muy importante en la vida, en las relaciones humanas, en las relaciones sociales; y, por tanto, yo creo que respetar a las instituciones, a la Jefatura del Estado, a las Cortes, es una cosa enormemente importante y me gustaría que ése fuera también el tono y el talante de esta Legislatura. Debo decirle que en algunas intervenciones a las que he asistido me ha parecido que no iba por ahí; pero creo que podemos cambiar y debemos cambiar porque, al final, el Parlamento tiene que ser el espejo de la gente, donde se mira la gente, y creo que hay muchas cosas que se dicen en determinados debates que deberíamos intentar bajar el tono de las mismas.

En cuanto, en concreto, al acto de ayer, yo le voy a contestar con dos dichos: uno es francés, "los ausentes se equivocan siempre", y otro es español, "lo cortés no quita lo valiente". Me parece que eso es sabiduría popular y a mí me gustaría que nos aplicáramos la sabiduría popular.

Respecto a los Presupuestos, las negociaciones, los contactos, los primeros contactos, se han llevado a cabo por la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Hacienda, y yo creo que están todavía en un espacio muy preliminar.

Yo comprendo que ustedes quieran conocer al detalle todo lo que pasa, pero creo que ahora es urgente darle tiempo al tiempo. Y estos acuerdos, esta confianza, tienen que cristalizar. Yo creo que tenemos que tener un tiempo de búsqueda de confianza y de cristalización de acuerdos, y en eso estamos. Va a haber que hablar mucho y dialogar mucho. Hay muchos actores en estos momentos y yo lo único que pido desde el Gobierno es que no haya condiciones apriorísticas, que nos olvidemos del "no es no", porque eso al final no sirve para nada. Y es muy raro decir que no a algo que todavía no se conoce, porque no existe. En la vida cualquiera de nosotros no solemos decir "no" a algo que todavía no nos han propuesto. Yo pediría también en eso apertura de miras.

P.- Yo quería hacerle dos preguntas, también en relación con el tema, más que del Presupuesto, del techo de gasto. Los plazos para presentar a Bruselas corren y, entonces, yo quería saber si el Gobierno mantiene la intención de presentar o aprobar el techo de gasto en el próximo Consejo de Ministros y si va a convocar antes al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Una segunda pregunta. La ministra de Empleo comparece la próxima semana en la Comisión del Pacto de Toledo, y el Gobierno, el Presidente y la Ministra, reciben a los agentes sociales. Quería saber si el Gobierno está pensando, por el tema de las pensiones, alargar la edad de jubilación o crear algún impuesto específico, como pide el Partido Socialista.

Portavoz.- Respecto al primer punto, yo creo que es bueno en la vida fijarse plazos para cumplirlos, si se pueden cumplir. Por tanto, seguimos…, pretendemos hacerlo pero en Europa ahora se utiliza mucho una frase que se dice: "para bailar un tango se necesitan dos". En este caso, aquí necesitamos muchos más; por tanto, para fijar el techo de gasto y llegar a un acuerdo necesitamos el concurso de otras. Tenemos intención de hacerlo, porque nos parece que cuanto antes lo hagamos antes podremos avanzar en la confección del Presupuesto, pero eso no depende sólo del Gobierno; pone de manifiesto la voluntad del Gobierno respecto al mismo.

En efecto, ha recordado usted las reuniones que van a tener en el marco del diálogo social y del Pacto de Toledo el presidente del Gobierno en esta casa y la ministra de Empleo; pero yo creo que todavía es muy pronto para avanzar de qué van a tratarse en esas reuniones. Además, insisto, el Gobierno tiene una agenda abierta; el Gobierno entiende que los diálogos son para que todas las partes pongan sobre la mesa aquello que les interesa. Por tanto, no hay que ir con un orden del día preconcebido. Eso, al final, lleva a pocos resultados.

P.- Quería preguntarle, en ese ánimo de consenso, de acuerdo, esa voluntad que está usted diciendo que tiene que impulsar esta Legislatura, ¿cómo casa esa petición que hacen al Congreso, a la Cámara, para que se revoque una decisión que ha tomado la mayoría de la Cámara para frenar la LOMCE? ¿Entiende que ese ánimo de consenso puede ponerse en duda?

Después, otra pregunta. Hoy el INE publica una estadística en la que señala que desde el inicio de la crisis los salarios han perdido un 10 por 100 del poder adquisitivo. Me gustaría saber si para el Gobierno es una de las prioridades recuperar esa pérdida de los sueldos.

Portavoz.- En relación con el primer punto, de lo que se trata es, esencialmente, de un debate constitucional, es decir, si una proposición de ley puede implicar aumento de gastos o disminución de ingresos. Ahí hay una controversia jurídica entre la mayoría de la Mesa de la Cámara --no fue el Pleno, fue la Mesa de la Cámara-- que tomó una decisión y el Gobierno que estima que sus argumentos deberían haberse impuesto.

El procedimiento que se establece cuando existe un conflicto de estas característica es un procedimiento tasado y el Gobierno lo que va a pedir a la Cámara es que reconsidere, que revoque, esa decisión. Por tanto, es una cuestión de apreciación, pero que es muy importante. No crean ustedes que esto es simplemente por una cuestión de que el Gobierno quiere imponer su tesis, no; es que en el ámbito constitucional presupuestario ése es un principio capital porque, si no, los Presupuestos Generales del Estado no se convierten en el marco de referencia de la Legislatura, porque podrían en cualquier momento ser desvirtuados por una decisión mayoritaria del Parlamento.

Por tanto, cuando se aprueban los Presupuestos, hay que acomodarse a esos Presupuestos y hay unos procedimientos para modificarlos, pero no se pueden alterar por una decisión de determinados Grupos Parlamentarios. Para eso existe esa calificación de la Mesa que, insisto, tiene un anclaje constitucional en el artículo 134.6 de la Constitución. Se trata de una cuestión de trasfondo político, que esperamos que la Mesa de la Cámara la reconsidere.

A efectos prácticos, ya le he dicho antes, y lo reitero ahora, que el objetivo que persigue la proposición de ley el Gobierno, y yo lo dije en el Pleno del Congreso de los Diputados, lo va a cumplir y lo va a hacer con vistas a ese Pacto Nacional por la Educación que nos parece enormemente importante.

En segundo lugar, sobre lo que usted me pregunta, yo creo que hemos vivido tiempos complicados. Hemos tenido una crisis, probablemente, cuando lo veamos en perspectiva, la crisis más profunda económica y financiera de la historia de España. Yo creo que estamos recuperando notablemente, tanto el crecimiento económico, como la creación de empleo, y, sobre todo, en estos años hemos mantenido algo muy importante, que son las bases esenciales de la sociedad del bienestar: la educación sigue siendo obligatoria y gratuita, la sanidad sigue siendo universal y gratuita, las pensiones se han mantenido; la cobertura de desempleo, también… El 63 por 100 del Presupuesto va dedicado a gastos sociales. Quiero decirle que eso es enormemente importante para la cohesión de una sociedad. Nosotros esperamos que con el crecimiento económico vayamos también saliendo, como estamos saliendo, de la crisis y podamos también contribuir a un mayor crecimiento económico de todos los españoles.

P.- Me gustaría saber la valoración del Gobierno a las palabras que ayer pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acerca de que los madrileños pagan la sanidad y la educación de los andaluces.

Portavoz.- El Gobierno no va a comentar ni a opinar sobre declaraciones que se hagan en un debate en una Cámara autonómica, ni en este caso ni en ninguno. Creo que no es nuestra obligación y creo que ha dado la presidenta de la Comunidad hoy explicaciones sobre el tema.

Me verán ustedes mirar el reloj. La razón es que el presidente del Gobierno va a dar una rueda de prensa dentro de tres minutos y ya comprenderán ustedes que el portavoz va detrás del presidente del Gobierno.

Les recuerdo que el domingo es el Día Internacional de la Infancia y que es verdad que este fin de semana hay muchos acontecimientos de todo tipo, desde Paul Simon esta tarde, a eso que llaman el derbi entre el Atlético y el Real Madrid --miro al secretario de Estado de Educación--; pero piensen, por favor, en que el domingo es el Día Internacional de la Infancia y que eso también es muy importante.

Muchas gracias.