Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a informarles de los principales asuntos que hemos adoptado hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, y tal y como ya les anticipábamos la semana pasada, hemos aprobado un Acuerdo por el que el Gobierno solicita a su Presidente que plantee ante el Tribunal Constitucional incidente de ejecución de sentencia en relación con la adopción de las medidas necesarias ante el incumplimiento de la sentencia 259/2015, y, en particular, que solicite la declaración de nulidad de determinadas resoluciones de las adoptadas por el Pleno del Parlamento de Cataluña el pasado 6 de octubre de 2016.

De acuerdo con los artículos 151 y 152 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, se ha celebrado el debate sobre política general que terminó con la votación de determinadas resoluciones. Algunas de las resoluciones aprobadas por dicho Pleno --luego expondré los números de las recurridas: son la 1, la 3, la 4, la 5 y la 6-- se han adoptado vulnerando específicamente lo resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2 de diciembre del año 2015. En todos los casos las resoluciones que se cuestionan se refieren al pretendido proceso constituyente en Cataluña. Por ello, se entiende procedente de nuevo instar el incidente de ejecución mediante un único Acuerdo de Consejo de Ministros, sin perjuicio de motivar separadamente en cada planteamiento del incidente cada una de las resoluciones en cuanto a las especificidades que le son propias.

De acuerdo con lo acordado, por otro lado, por el Tribunal Constitucional en el auto del 6 de octubre de 2016, que estima ya un incidente de ejecución respecto de la resolución 263/11, lo que pedimos es que el presidente del Gobierno plantee ante el Tribunal Constitucional este incidente de ejecución, solicite la nulidad de las resoluciones correspondientes en el Tribunal e invocamos el artículo 161.2 de la Constitución para que se suspendan.

Además, instamos al Tribunal para que requiera personalmente a la presidenta del Parlament, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, para que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a las resoluciones impugnadas, y que se deduzca testimonio de particulares para que el Ministerio Fiscal, si lo estima procedente, ejerza las acciones que correspondan ante el tribunal competente acerca de la eventual responsabilidad en que pudiera haber incurrido de nuevo la presidenta del Parlament de Cataluña, doña Carmen Forcadell i Luis, y, en su caso, cualesquiera otras personas que incumplan los mandatos previstos en el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Por tanto, estas resoluciones son un paso reiterativo por parte del Parlament de Cataluña, y muy similares en sus pronunciamientos, respecto de algunas otras decisiones que han adoptado con anterioridad; vuelven otra vez sobre la misma cuestión y las incorporamos al incidente de ejecución que en su día planteamos respecto de la sentencia que declaró tajantemente y por unanimidad la inconstitucionalidad de la primera de las resoluciones que plantearon en el proceso.

En segundo lugar, les informo de que hoy el Consejo de Ministros ha sido informado, aunque el trámite no es necesario, sobre el Informe del Plan Presupuestario en los horizontes 2016 y 2017 que tenemos que enviar en los próximos días a Bruselas. Como saben, la Comisión Europea recomendó el pasado mes de marzo que se adoptaran una serie de medidas para garantizar la corrección del déficit, haciendo un especial hincapié en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit también en las Administraciones Territoriales.

Pues bien, lo que hacemos es, en primer lugar, enviar esa parte más importante, la parte mollar de este envío: el Informe de Acción Efectiva. En el Informe de Acción Efectiva se contempla el resumen de las medidas que hemos adoptado para lograr el cumplimiento del 4,6 por 100 de déficit en el año 2016. En particular, exponemos las medidas que se han llevado a cabo en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de las Comunidades Autónomas; en segundo lugar, también en el terreno de los gastos en los Presupuestos Generales del Estado, que son tanto el Acuerdo de No Disponibilidad que se adoptó a mediados de año, como el cierre del ejercicio presupuestario adoptado en julio; y, por último, el Real Decreto Ley que contempla la medida de pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades, que ya está en vigor y que, de acuerdo con lo que hemos venido negociando, todo apunta a que se convalidará el próximo 20 de octubre en el Congreso de los Diputados, si ésa es la fecha que tiene a bien la Junta de Portavoces.

Además, informamos de la preparación de la transposición de las Directivas de contratación pública de la Unión Europea a la espera de un Gobierno para su aprobación como Proyecto de Ley. Es un Proyecto que tenemos muy ultimado y también lo haremos en un Consejo de Ministros para dar publicidad a determinados contratos negociados, que hasta la fecha no lo exigían, pero que ahora serán incluidos.

Por su parte, enviaremos también lo que se conoce como el Plan Presupuestario, que, ante la ausencia de un Gobierno con plena capacidad, que no puede enviar los Presupuestos Generales del Estado, enviará un presupuesto prorrogado, sin cambios de política, que supone la continuación del Presupuesto y de las medidas adoptadas en 2016, previa advertencia de que será el nuevo Gobierno, en su caso, el que tenga que aprobar los Presupuestos y llevar a cabo los cumplimientos correspondientes al año 2017.

Por último, hay un tema importante: se ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros, que se llevará a cabo el 27 de octubre en la Cumbre entre ambos interlocutores.

Hasta la fecha, las relaciones comerciales de la Unión Europea con Canadá se articulaban principalmente en torno al Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Comercial de 1976, el primer acuerdo de carácter no preferencial que la Unión Europea firmó con un país industrializado. El nuevo Acuerdo, además de fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y Canadá, busca incrementar el comercio bilateral y los flujos de inversión entre la Unión y Canadá para que, de esta manera, contribuyan al crecimiento económico y a la creación de empleo. Se trata de un acuerdo comercial preferencial que prevé la supresión del 99 por 100 de las líneas arancelarias en la práctica totalidad de las mercancías intercambiadas entre la Unión Europea y Canadá, y la liberalización de servicios, además de capítulos sobre inversiones y compras públicas

Supone un hito en la política comercial comunitaria al ser el primer acuerdo de la Unión Europea con un país desarrollado del G-8, un amplio, ambicioso y novedoso. El acuerdo beneficiará particularmente a las exportaciones españolas en sectores como alimentos procesados, vinos y licores, así como al sector del automóvil, donde España cuenta con un gran potencial exportador. En lo que se refiere al comercio de servicios e inversiones, cubre sectores potencialmente importantes e interesantes para España, como banca, auditoría o seguros. También nos permitirá un mejor acceso a las compras públicas y a las licitaciones a todos los niveles de Gobierno en Canadá, abriendo nuevas oportunidades de negocio a empresas españolas, especialmente en el ámbito de la construcción o gestión de infraestructuras, donde saben que además nuestro prestigio es elevado.

Junto a este Acuerdo Comercial, se firmará también un Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, que persigue estrechar los lazos políticos y la cooperación en materia de política exterior, seguridad y ámbitos anexos a estos planteados.

Estoy a su disposición para cualquier cuestión sobre este tema o cualquier otro.

P.- Respecto a la Proposición de Ley que apoya la mayoría del Congreso para subir las pensiones con el IPC, que ayer se registró, no sé qué planes tienen: si la vetarían con estos artículos, tanto del Reglamento del Congreso, como de la Constitución, que permiten el veto de iniciativas de la oposición que impliquen un incremento del gasto. ¿Éstos son los planes que manejan? ¿Les ha sorprendido el apoyo del PSOE a esta medida? ¿Auguran que en la próxima Legislatura podría haber conflictos en el Congreso con otros asuntos relacionados con Presupuestos, posible derogación de la reforma laboral, etcétera?

También parece ser que ahora nos encaminamos hacia una formación de Gobierno. ¿Qué calendario manejan de empezar a tramitar ya los Presupuestos de 2017 y un Real Decreto de urgencia en plenos poderes ejecutivos del Gobierno? ¿Cuándo se aprobaría ese Real Decreto? ¿Se incluirían todos estos asuntos que habrían que sacar antes de final de año: pensiones, funcionarios y demás?

Por último, respecto al Programa presupuestario que han mandado hoy, y demás, la Comisión ha pedido al próximo Gobierno más ajustes, unos cinco mil millones. ¿Esto se articularía, a lo mejor, en este Real Decreto de urgencia de final de año o iría ya en los Presupuestos de 2017? Y no sé si manejan algún tipo de ajuste con algún alza en impuestos o en qué partidas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, yo creo que tenemos que hacer un repaso a cuál ha sido la política de pensiones que se ha venido llevando a cabo.

Yo quiero recordar que la primera Ley de Revalorización de Pensiones se aprobó en el año 2002 por un Gobierno del Partido Popular y desde esa fecha, siempre que ha habido un Gobierno del Partido Popular, ha habido revalorización de pensiones. Los dos únicos años en los que no ha habido revalorización y ha habido congelación de las pensiones fueron, como recuerdan ustedes bien, los años 2010 y 2011.

Nosotros hemos aprobado una ley para la sostenibilidad de las pensiones, que contempla una fórmula que lleva, en todo caso, una revalorización que hemos venido manteniendo a lo largo de todo este tiempo. Yo quiero decir que desde el año 2013, año en que se aplica el actual índice de revalorización de las pensiones, las pensiones se han revalorizado en 2.077 millones de euros. Si se hubiera aplicado el IPC, dada la circunstancia de que ese IPC ha sido negativo, podíamos estar hablando de una bajada del presupuesto en pensiones de 1.240 millones de euros. Éste es el primer dato, que creo que es importante tener en cuenta.

En segundo lugar, para nosotros y para el Gobierno la política de pensiones, más allá de los discursos políticos, es una política en la que todos tenemos que trabajar por la sostenibilidad de las pensiones. Esto es muy importante porque en España hemos vivido momentos a lo largo de la crisis, a finales del año 2010 y el año 2011, precisamente cuando se congelaron, en que por cada nuevo pensionista que entraba en el sistema se iban al paro tres trabajadores. Hoy, cifras del año 2016, por cada nuevo pensionista que entra en el sistema encuentran empleo siete trabajadores; por tanto, por cada nuevo pensionista, ingresan siete cotizantes. Ésa es la manera de lograr la sostenibilidad de las pensiones y es, sobre todo, una importante política económica.

Lograremos mantener la sostenibilidad de las pensiones, y hemos logrado, y además lo ha hecho este Gobierno, actualizarlas siempre, y con mayor holgura cuanto mayor sea la creación de empleo y, por tanto, el ingreso en el sistema de nuevos cotizantes, que son nuevos trabajadores.

El tercer elemento es un elemento de naturaleza política. El presidente del Gobierno en su Debate de Investidura, la que no resultó en agosto, uno de los pactos que ofreció y uno de los pactos que es un asunto de Estado clave en un sistema como el nuestro en el que tenemos que trabajar para crear empleo, pero en el que también tenemos importantes problemas, como el envejecimiento, fue la sostenibilidad de las pensiones. Y dijo que una de las primeras medidas que iba a adoptar era la convocatoria del Pacto de Toledo.

Yo creo que esto es uno de los grandes asuntos de Estado y yo creo que lo oportuno hubiera sido esperar a la convocatoria de ese Pacto de Toledo y abordar en el seno del Pacto de Toledo cuántas medidas los Grupos quieran plantear. Nosotros pensamos que ése es el esquema. Si hay un gran asunto de Estado, y un asunto de Estado que además es la solidaridad intergeneracional --es un esquema en el que tenemos que trabajar por los pensionistas actuales pero también por los que están a punto de serlo, pero también por la seguridad de los que algún día aspiramos a cobrar la pensión porque la hemos cotizado--, es este asunto y debe analizarse desde un punto de vista más amplio.

Sobre el asunto de los vetos, lo acaban de registrar. Se analizará. Aquí el esquema es muy claro: lo analizan los distintos departamentos afectados, elevan su informe y, como ya hay doctrina sobre hasta dónde puede ser el veto y por qué motivos tiene que ser este veto, porque en su día se planteó ante los Tribunales, lo analizaremos y procederemos de la manera en que, con arreglo a los informes de incrementos de gastos o disminución de ingresos, hagan los distintos centros dependientes del Gobierno.

Sobre los calendarios, vuelvo a los orígenes, a lo que he venido exponiendo aquí, en todas estas comparecencias, porque el doble escenario lo tenemos que seguir manejando hasta que se produzca la investidura.

Tenemos un escenario que es que no haya investidura. Para eso, que se tramitará, en todo caso, porque parece ser que la aprobación va a ser anterior a un supuesto debate, si lo hay, se está tramitando el Proyecto de Ley de cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Si mis cálculos no fallan, los de Relaciones con las Cortes, incluso podría estar aprobada en torno al 25 o 26 de octubre. Depende de si hay enmiendas en el Senado y tiene que volver a las Cortes para una nueva votación de conjunto, porque saben que es una ley orgánica y el texto final, el texto resultante, requiere una votación de conjunto en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.

Entonces, con arreglo a ese esquema, antes de elaborar los Presupuestos saben que tenemos un paso previo y, si no hay investidura, lo que haríamos sería aprobar el Acuerdo del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública de las Administraciones territoriales, sin techo de gasto, porque no podemos hacerlo al ser un Gobierno en funciones; y, luego, se prorrogarían automáticamente los Presupuestos del año 2016 para 2017. Pero, como será un Gobierno en funciones, con una capacidad presupuestaria limitada, tendríamos que ver de qué manera podríamos tomar determinadas decisiones, porque lo que ya es más difícil es aprobar con carácter general y sin límites un Real Decreto Ley de actualización presupuestaria.

No sé si eso contesta a su pregunta. Eso es en el escenario de no investidura. Si hay un escenario de investidura, lo que haríamos primero es aprobar un Acuerdo de No Disponibilidad. La Ley Orgánica no sería necesaria, porque está prevista para un Gobierno en funciones; quedarían incorporadas las adicionales de la Ley Orgánica, pero no sería de aplicación. Se aprobaría, probablemente, en el mes de noviembre, porque saben que tiene que pasar por Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por la CNAL, la Comisión Nacional de Administración Local; después, Consejo de Ministros y se aprobarían los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, los límites de todas las Administraciones y el límite de gasto no financiero del Estado, el conocido como "techo de gasto".

Ése es el primer paso para la elaboración de los Presupuestos, que, como ya hemos venido diciendo, lleva su tiempo. Lógicamente, no estarían aprobados el 1 de octubre y habría prórroga inmediata; pero ya ese Gobierno tendría mucha capacidad para aprobar un Real Decreto Ley con medidas de naturaleza presupuestaria, porque estaría en pleno rendimiento. Todo ello sin perjuicio de los pactos correspondientes, porque los decretos leyes se aprueban por el Gobierno, pero se convalidan por la Cámara.

Respecto de la última cuestión, va muy unida a ésta. Indudablemente, las medidas presupuestarias lo lógico es que se adopten en los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, hay que tener presente una serie de cuestiones: lo que se presenta en Bruselas es un Presupuesto sin cambios de política pero, además, las actualizaciones que vamos a remitir van a ser, por un lado, prudentes. Por tanto, la previsión --porque en los Presupuestos los ingresos es una previsión, lo que es estimación son los gastos-- que hacemos de ingresos en este Plan es una previsión muy prudente y muy conservadora, por cuanto lo único que se hace es aplicar sin más la proyección del cuadro macroeconómico.

Entonces, las medidas a adoptar dependerían mucho de cómo quedase en los Presupuestos esa previsión de ingresos y de cómo las distintas medidas de cumplimiento del déficit público se repartieran entre las distintas Administraciones territoriales, de acuerdo a cómo quede el déficit del año 2016, que puede ser la cifra mandada o puede ser otra.

Por tanto, yo creo que es muy precipitado hablar de cifras y de medidas, por cuanto lo único que hacemos es mandar un Presupuesto en el sentido que reclama Bruselas, sin cambios de política y con una previsión bastante prudente sobre los ingresos; además, siendo conscientes de una cosa: que hay un crecimiento económico. Por lo tanto, en ocasiones, con ese crecimiento económico, aun pudiendo haber determinados incrementos de gasto --podrán verlos cuando se presente el Plan--, al ser menores que el crecimiento económico también suponen una capacidad de cumplimiento de ese déficit público.

P.- Yo quería saber si el Gobierno confía en que la de hoy haya sido una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros en funciones o teme aún que el PSOE pueda impedir la investidura del Presidente.

En relación con Cataluña, querría saber la opinión del Gobierno en torno a todo lo sucedido esta semana en Badalona con la celebración del 12 de Octubre y la posibilidad de la presentación de una moción de censura al Ayuntamiento.

Vicepresidenta.- Sobre la primera cuestión, mi posición y la posición del Gobierno es la misma que la de la semana pasada. Nosotros estamos siendo prudentes. Debemos serlo, no podemos interferir en los procesos ni en las reuniones de otro partido, de quien depende esa decisión.

Y, tanto sean las últimas o no, el Gobierno en funciones está cumpliendo con un objetivo que es el de minimizar daños, lo que algunos de ustedes bautizaron como "operación minimización de daños".

Hoy lo que hemos hecho es analizar este Informe de Acción Efectiva, porque es importante de cara al proceso sobre fondos estructurales, por ejemplo, en el conjunto de la Unión Europea. Sin perjuicio de que la medida fuera efectiva en una senda muy amplia, hemos procurado que ese Informe de Acción Efectiva sea lo más completo posible y las medidas que hemos adoptado en funciones, dentro de lo que podíamos hacer, por ejemplo, para evitar ese daño, que es también de corte reputacional, aparte de económico, en el momento en que corresponda. Es decir, estando en funciones o estando en pleno rendimiento, hay que servir al interés general, y estando en funciones utilizando todas las medidas, y a veces una cierta imaginación jurídica, para evitar daños a los españoles.

Yendo más allá, y lo preguntaba su compañera, en relación con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la modificación que nos permite estando en funciones no podemos hacerla nosotros; pero los Grupos parece que van adelante con una Ley Orgánica que permitirá, si se sigue en funciones, que se puedan dar las nuevas cifras en la senda aprobada por Bruselas; que también en funciones conseguimos un plazo más amplio de cumplimiento de los objetivos de déficit público y que, indudablemente, afecta a las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar o diseñar su actuación y, por tanto, en servicios públicos esenciales que gestionan las Comunidades Autónomas, como es la educación, la sanidad o los servicios sociales.

Es decir, pase lo que pase, se trata de servir al interés general; si es en funciones, minimizar daños y, si es en pleno rendimiento, adoptando todas las medidas que nos permitan seguir impulsando y mantener la recuperación, que yo creo que es algo que tenemos que tener todos muy presente a la hora de tomar decisiones en el Congreso de los Diputados con sus mayorías, en el Senado con las suyas o en el Gobierno.

Sobre la segunda de las cuestiones, si yo no recuerdo mal, no es la primera vez que un Ayuntamiento, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, adopta una medida como ésa, que yo quiero recordar que lo que se opone precisamente es al Estatuto de los Trabajadores, que, como todos ustedes saben, es la Ley que regula los derechos de los trabajadores en nuestro país, y es al derecho a tener determinadas jornadas festivas. Además, hay una resolución de los Tribunales y son los Tribunales quienes están también encargando de velar porque se respeten sus propias decisiones.

Por tanto, aquí la desobediencia la van a juzgar, en su caso, los Tribunales; pero, sobre todo, yo lo que llevo al ánimo es que a veces en estos procesos lo que se acaba perjudicando --en general, pero en este caso concretamente-- son los derechos de los trabajadores, que tienen derecho a su día festivo por el Estatuto de los Trabajadores.

En cuanto a la tercera de las cuestiones, yo respeto la autonomía local y de los grupos allí, pero no deja de sorprenderme que, cuando se plantea un problema por quien ha contribuido a plantearlo, ahora se ponga a la cabeza de la solución. Yo hasta ahí digo, pero yo lo que pediría a todo el mundo es que sea muy consciente de que, a veces, uno toma decisiones al calor político y luego tienen estas consecuencias; pero serán los grupos en ese Ayuntamiento quienes tengan que tomar la decisión oportuna.

P.- Vicepresidenta, ayer y hoy está declarando Francisco Correa en la Audiencia Nacional, y yo quería preguntarle si esto complica el escenario de una posible investidura de Mariano Rajoy y si el Gobierno teme que estas declaraciones de Francisco Correa le pongan más cuesta arriba al Partido Socialista el viraje del no a la abstención.

Vicepresidenta.- Yo creo que en este punto hay que tener presente de lo que estamos hablando en uno u otro caso. Hay un proceso judicial abierto donde se están enjuiciando unos hechos que ocurrieron hace bastantes años --estamos hablando de los años 90-- y habrá que esperar a que los Tribunales tomen la decisión oportuna, que es a quienes les corresponde juzgar. Por otro lado, estamos en España ante la decisión de formar un Gobierno que rija nuestros destinos a partir de los años 2016 y 2017 en adelante.

Yo creo que estamos hablando de dar estabilidad a los españoles, de darles gobernabilidad, y que creo que eso está por encima de los procesos que, por cierto, distintos partidos políticos tienen abiertos en distintos tribunales en nuestro país. Yo creo que hay que dejar a los Tribunales que juzguen; hay que adoptar medidas, a ser posible, conjuntamente contra la corrupción; hay que defender, sostener y mantener que en España no hay impunidad, porque no la hay, pero yo creo que estamos hablando de dar un Gobierno para el futuro y aquí se están juzgando unos hechos del pasado, que los Tribunales tienen que juzgar con el rigor que les compete. Pero no creo que los distintos procesos judiciales que tenemos abiertos los partidos, porque, por desgracia, la corrupción es una preocupación en nuestro país por numerosos casos que ha habido y que afectan a varios, puedan inmiscuirse en un proceso en el que estamos decidiendo cómo le damos estabilidad al futuro de los españoles.

P.- Vicepresidenta, yo quería ver si nos podía adelantar un poco el calendario político de estas dos semanas, de aquí a que se celebre esa sesión de investidura, y si nos puede contar si el presidente del Gobierno tiene previsto llevar a cabo una ronda de entrevistas con los principales líderes de los partidos, como en otras ocasiones, para conocer de primera mano qué posición van a llevar ante el Rey. En ese caso, si se fuera a producir esa ronda, ¿cómo se encajaría una reunión entre el señor Rajoy y el señor Fernández, habida cuenta que el Comité Federal del PSOE se puede celebrar horas antes de que el día 24 inicie el Rey la ronda de consultas?

Vicepresidenta.- Nosotros, en primer lugar, vamos a esperar y vamos a respetar el calendario del Partido Socialista. A partir de ahí, se tomarán las decisiones oportunas en coherencia con las decisiones que finalmente adopte el Partido Socialista.

Ya saben ustedes cuál es nuestra posición sobre las reuniones: esto es a gusto del consumidor. Si las hay, les informaremos en la medida en que acordemos con los distintos Grupos. Hay un trabajo hecho, que estamos trabajando por preservar; pero yo no le puedo adelantar un calendario que no depende del Gobierno ni del Partido Popular, sino de las decisiones que adopte, entre otros, el Partido Socialista, cuyo calendario respetamos. Si hay voluntad política, siempre se encajan las cosas. Yo creo que eso funciona así habitualmente.

P.- Vicepresidenta, efectivamente, en el caso que está tratando la Audiencia Nacional se juzgan hechos del pasado, pero los años de los que se están juzgando los hechos coinciden con una época en que Mariano Rajoy tenía responsabilidades en el Partido Popular, tanto a nivel organizativo, como en tema de organización de campañas electorales. Entonces, insistiendo en la pregunta anterior, me gustaría plantearle si el Gobierno considera que, sobre todo por la declaración de Correa ayer y esta mañana, que ha tenido una pequeña variación, considera que el presidente del Gobierno sale mal parado o mejor parado después de lo que se está escuchando en la Audiencia.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta, en primer lugar, nosotros respetamos los procesos judiciales. Es nuestra obligación y, además, lo hacemos porque así entendemos la separación de poderes.

En segundo lugar, yo desde esta mesa, en declaraciones que pudiera entender uno en un determinado momento que van en un sentido o en el otro, siempre he mantenido la misma postura. Nosotros no comentamos la estrategia de defensa ni la estrategia de acusación de quienes forman parte en un proceso. No es nuestra tarea y no debemos hacerla porque, además, son los jueces quienes tienen que determinar qué valor y qué credibilidad les dan a las declaraciones y a las intervenciones de unos y de otros.

Como comprenderá, ni en un sentido ni en otro yo haré valoración desde esta mesa de la estrategia de defensa de ningún acusado en ningún proceso. No me corresponde; le corresponde al juez cuando determine los hechos probados que fundamenten su fallo.

P.- En este mismo sentido, pero voy a darle la vuelta a la pregunta que tenía pensada, en cualquier caso lo que sí está reflejándose en el juicio y en las declaraciones es que el Partido Popular se benefició de esta trama, se benefició para organizar actos electorales, y que, además, uno de los principales implicados en esta trama, aparte de Francisco Correa como jefe de esa trama, era Luis Bárcenas, que era tesorero nacional del Partido Popular, al que Mariano Rajoy envió incluso mensajes de aliento muchos años después de que supuestamente se hubiera cortado esa relación con la trama. Entonces, yo querría saber qué tipo de implicación creen que tiene Mariano Rajoy como presidente ahora y como responsable entonces en el Partido Popular y en el Gobierno, y si creen que está exonerado después de las confesiones y de las revelaciones de Francisco Correa.

Vicepresidenta.- Como le decía a su compañero, estamos oyendo las declaraciones de los acusados. Entonces, es al juez, al Tribunal, mejor dicho, al que le corresponde determinar de esas declaraciones, de otras muchas que se produzcan y de otro tipo de pruebas que forman parte del proceso, cuáles son los hechos probados en esa sentencia. A nosotros no nos corresponde aquí afirmar o no la veracidad o la credibilidad de unas y de otras, pero sí mantener lo que, por ejemplo, el presidente del Gobierno dejó muy claro y muy sentado en algunas de las comparecencias parlamentarias que ha tenido sobre este asunto, que han sido muchas.

P.- A iniciativa del presidente del Gobierno de Canarias, se va a convocar una especie de conferencia de presidentes autonómicos, creo que el día 24, y hay una preocupación especial sobre el tema de la senda presupuestaria, deuda y déficit. En concreto, hay una reivindicación casi general de ampliar ese tope del 0,7 por 100 de déficit que se ha impuesto a las Comunidades Autónomas. Me gustaría saber si el Gobierno se ha planteado la posibilidad de modificar este tope.

Vicepresidenta.- Precisamente conociendo la preocupación de los presidentes autonómicos y la dificultad que tenía el Gobierno en funciones de aprobar una nueva senda, porque era un elemento, tal y como está diseñada la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, previo a la elaboración de los Presupuestos…, para precisamente atender a las necesidades de las Comunidades Autónomas y para poder ajustar su senda a la mayor amplitud temporal dada por Bruselas nosotros estamos cambiando, ni más ni menos, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, porque sin eso, si no hay investidura, no lo podíamos hacer.

El Gobierno ya se ha anticipado, y además yo quiero agradecer la colaboración de los Grupos, a permitir ese cambio legal que nos permitiría, aunque no haya investidura ni un nuevo Gobierno, en funciones aprobar la nueva senda para las Comunidades Autónomas, tal y como reclamaban, porque, claro, el problema era que no podíamos aprobar una nueva senda. Como además el Tribunal Supremo había señalado que los cambios de déficit en el año vigente, que es el 0,7 por 100 que usted planteaba, deberían pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado, por tanto, formando parte del mecanismo del "techo de gasto", no podíamos hacerlo como en otras ocasiones, en que lo remitía el Gobierno.

Es decir, hemos logrado con este cambio legal… Si hay Gobierno, va de suyo, como suele decirse; pero, si no hay Gobierno, está en marcha un cambio legal para permitir lo primero que reclaman las Comunidades Autónomas, que es permitirles darle la nueva senda que ha determinado Bruselas. A partir de ahí, las Comunidades Autónomas tienen que estar presentes, porque es que es un paso obligatorio, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde se determina la senda y la distribución de la misma.

Por tanto, ese miedo o esa preocupación que tenían las Comunidades Autónomas respecto de la nueva senda queda paliado porque, haya o no haya Gobierno, podremos aprobar un acuerdo de estabilidad presupuestaria y de límite de deuda pública para las Comunidades Autónomas, y discutir cuál es esa distribución y ajustarla a mayor tiempo, dado… Es decir, nos hemos anticipado. Como yo decía, hemos tenido que hacer esa ingeniería jurídica que permita desgajar el límite de gasto no financiero, porque eso está absolutamente vetado para un Gobierno en funciones porque es el primer paso de Presupuestos, y poder aprobar independientemente esta senda, haya o no Gobierno en funciones.

P.- Sobre el incidente de ejecución de sentencia, quería una precisión o aclaración…

Vicepresidenta.- O el testimonio de particulares, que es lo que a usted en otro tiempo le llamaba la atención.

P.- Quería saber si son las resoluciones, digamos, pactadas entre Junts pel Sí y la CUP. Deduzco que sí, por la numeración que usted ha dicho.

Después, si, visto que intervienen también los presidentes de esos Grupos Parlamentarios, también se pide al Tribunal que se aperciba al presidente, no sé si es el señor Turull, y a la señora Gabriel.

Además, ha dicho usted que esto se puede ampliar. Ahora es un incidente de ejecución, pero verá la Abogacía del Estado si se puede ampliar a un nuevo recurso. Esto me ha parecido entender.

Vicepresidenta.- No. Es un incidente de ejecución. Ahora se lo explico.

P.- Después, dado que usted dice que son reiterados los incumplimientos de la señora Forcadell y de otros miembros de la Mesa, ¿creen que ya es el momento en que actuara la Fiscalía General del Estado contra la Presidenta o contra otras personas?

Sobre el mismo tema de Cataluña, esta semana ha estado en Madrid el presidente de la Generalitat y ha hecho una propuesta al Gobierno de negociación de fecha, de pregunta para ese posible referéndum, incluso para que se incluya la pregunta que decida incluir el Estado, de moratoria, de tanto por ciento… ¿Hay alguna respuesta a esa formulación que hizo el señor Puigdemont esta semana en Madrid?

Vicepresidenta.- Respecto de la primera, sí, son las pactadas por Junts pel Sí y por la CUP.

Sobre la segunda, el requerimiento es a la presidenta del Parlamento, a los miembros de la Mesa, al secretario general y al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

En tercer lugar, va el incidente de ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque trae causa de la nulidad declarada en enero del año 2015 en una declaración en similares términos que lo que estamos viviendo.

Cuando hablaba de si he reiterado, es que la reiteración se produce de nuevo en el contenido. ¿Por qué? Porque, aunque lo hagan muchas veces, ahí están, en la misma dinámica y aprobando lo mismo. Por tanto, como ya el Tribunal lo ha declarado nulo, y además de una manera unánime y muy tajante, no es necesario abrir, a juicio de la Abogacía del Estado, nuevos expedientes, porque vuelven reiteradamente a lo mismo. No hay ninguna novedad, es volver otra vez a lo mismo. Puede ser que los aprueben otros distintos o que los promuevan otros distintos, en este caso la CUP, pero es lo mismo.

Sobre la Fiscalía, en el anterior incidente de ejecución, que fue resuelto el 6 de octubre, ya el Tribunal Constitucional indica que se le va a remitir a la Fiscalía para que deduzca en su caso el tanto de culpa. En este caso es el mismo supuesto: el Tribunal se lo remite a la Fiscalía y ahí están esos procesos.

Y sobre la última, tampoco es nuevo. Una cosa es que el señor Puigdemont lo haya venido a contar en Madrid, pero vuelve a ser el mismo planteamiento, por un lado, similar al del señor Artur Mas, porque aquí estamos… Por mucho que lo cuentes, es que no tiene novedad; al contrario, vuelve a ser otra vez lo mismo que me preguntaba usted la semana pasada, porque también lo había dicho la semana pasada y ahora lo ha dicho aquí, en Madrid.

El señor Puigdemont y la Generalitat ellos pueden hablar con nosotros de lo que son competencias y nosotros, de lo que tenemos competencia, y hemos hablado, y mucho, porque cincuenta mil millones de euros en materia de financiación dan para mucho que hablar. Entonces, hemos hecho, como decía la semana pasada, mucha política en materia de financiación, en materia de pago a proveedores, en materia de pago de nóminas a los funcionarios públicos, en materia de infraestructuras, en materia industrial, etc., etc.

Pero ni el señor Puigdemont, ni el señor Rajoy, y, si me permiten ampliarlo, ni los señores del Partido Socialista, ni los de Esquerra Republicana de Catalunya, son propietarios ni pueden negociar nada que corresponde al conjunto de los españoles, porque no están legitimados para ello, porque decidir qué es España y cómo se organiza lo decidieron los españoles en un instrumento que se llama Constitución, y fueron a votar el conjunto de los españoles. Y ni el señor Puigdemont, lo diga en Barcelona o lo diga en Madrid, es quien para negociar con el Gobierno, ni el Gobierno, ni en Madrid ni en Barcelona, quien para negociar algo que no le corresponde.

Yo es que pido respeto para los derechos de los españoles, porque la Constitución y las leyes en general protegen; están hechas y nacieron para proteger los derechos de los españoles, y un derecho básico de los españoles es su alícuota parte de la soberanía, y ésa no la podemos tocar. Nos han dado un mandato, a cada uno en su Parlamento, y al Gobierno, derivado del Parlamento, y podemos llevar leyes con un límite: que no contravengan la Constitución. Porque ya, si contravienen la Constitución, entra en juego otro Poder distinto y, si ya es en los términos en los que plantea el señor Puigdemont, el Poder Constituyente, que es el conjunto del pueblo español.

Por tanto, puede decir "quiero negociar", pero es que se tendría que sentar el señor Puigdemont con 47 millones de españoles, al menos los que tienen capacidad de votar, porque es quienes tienen capacidad de negociación; ni él, ni el Gobierno, ni el Parlamento de la nación, porque nuestro poder es derivado. En esto somos unos mandatarios.

El señor Puigdemont sabe que hay unos procedimientos y esto no es: "oiga, es que son temas jurídicos…". No, perdone; es que la Ley está hecha para proteger derechos y, si damos a entender que esa Ley que protege derechos, por mor a determinadas negociaciones y para que algunos no estén todo el rato diciendo lo mismo, nos la podemos saltar, aquí cada uno puede elegir qué Ley se salta. Si a este señor no le gusta esta parte y quiere privar a los españoles de decir…, los españoles pueden decir: "a mí no me gusta la Ley General Tributaria, a mí no me gusta el Código de la Circulación y a mí no me gusta…". Las leyes están hechas para proteger derechos, dan derechos y le fijan obligaciones; la primera de un gobernante, respetar el derecho de los demás, respetar el derecho de los ciudadanos.

Yo entiendo que el señor Puigdemont tiene un problema, que es que lo que propone se parece bastante a lo que ya hemos visto; pero eso, ni le autoriza, ni legitima a ningún Gobierno, ni a ningún Parlamento derivado, a negociar sobre lo que corresponde a 47 millones de españoles, porque nuestro poder es derivado.

Muchísimas gracias.