Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Voy a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, hoy se ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI, la convocatoria correspondiente al año 2016 de ayudas destinadas a la financiación del Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional, el denominado Programa CIEN. Esta nueva convocatoria del Programa está dotada de cien millones de euros para financiar grandes proyectos empresariales de investigación industrial y desarrollo experimental realizados en consorcios, básicamente para fomentar la participación de la pequeña y mediana empresa en estos consorcios y, por tanto, en tareas de investigación.

Los proyectos tienen que estar orientados a la realización de una investigación en áreas estratégicas de futuro, con proyección internacional y con una participación relevante de organismos de investigación en los proyectos, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como desde el punto de vista cualitativo. El objetivo de este Programa es promover la colaboración entre los agentes del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Cada consorcio participante deberá estar constituido por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas, mientras el 15 por 100 del presupuesto total de cada proyecto se destinará a subcontratar a organismos de investigación.

En segundo lugar, se ha autorizado la contribución voluntaria a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por un importe de un millón de euros. De este importe, setecientos mil se destinan a la financiación de proyectos realizados en áreas prioritarias para España y trescientos mil a la financiación de hasta dos puestos de jóvenes profesionales en la Oficina del Alto Comisionado.

También, se han aprobado dos Acuerdos por los que se solicita a Francia, aunque están cumpliendo condena en España porque fueron entregados anteriormente por la Justicia francesa, la extradición de dos miembros de la banda terrorista ETA, al objeto de que puedan ser juzgados en España por nuevos delitos de terrorismo. Tras haber sido entregados a España por la Justicia francesa, estas dos personas --luego diré quiénes son-- se encuentran actualmente en prisión en nuestro país cumpliendo condena por diferentes delitos. La Audiencia Nacional pretende enjuiciarlos por hechos diferentes a los que en su día motivaron la entrega por parte de las autoridades francesas, por lo que, de conformidad con la Ley, necesitamos una nueva solicitud de extradición. Esto es precisamente lo que, a petición de la Audiencia Nacional, hemos aprobado esta mañana.

La primera de las extradiciones es de Julián Atxurra Egurrola, alias "Pototo", entregado a España en 2013 y responsable, entre otros delitos, de ordenar el secuestro de Ortega Lara. En este caso se ha solicitado la extradición para su enjuiciamiento por delitos de terrorismo con resultado de muerte --en concreto, un policía nacional-- en los años 90, terrorismo con resultado de lesiones y estragos terroristas.

La segunda extradición es la de Gregorio Vicario Setién, entregado a España el pasado mes de febrero, antiguo miembro del "Comando Barcelona" y autor, entre otros delitos, de los secuestros del industrial vasco Cosme Delclaux y José María Aldaya, además de su colaboración en distintos atentados y asesinatos. Se solicita su extradición para su enjuiciamiento por los delitos de estragos terroristas en el Puerto Olímpico de Barcelona en 1993, pertenencia a banda terrorista, tenencia de explosivos y asesinato terrorista en grado de tentativa.

Con esta decisión se confirma, por tanto, uno de los elementos clave en la lucha contra el terrorismo, que es la labor incansable de la justicia y la colaboración con otros Estados y, en particular, con Francia.

También, hemos aprobado un Real Decreto muy amplio, muy complejo, que desarrolla la Ley de Metrología. Esta actividad garantiza a los ciudadanos y a las empresas que los instrumentos de medida son fiables y exactos, que cuando uno va al mercado y adquiere un producto un metro es un metro, un kilo es un kilo y un litro de gasolina es un litro de gasolina. Ni más ni menos que estamos hablando de eso. Este Real Decreto nos permite trasponer también varias Directivas comunitarias relativas a la comercialización de instrumentos de pesaje, de funcionamiento en automático y comercialización de instrumentos de medida, así como la relativa al intervalo de caudal en los contadores de agua. Lo que se busca es regular la trazabilidad, la exactitud y el grado de certidumbre de los patrones e instrumentos de medida y los materiales de referencia.

Asimismo, hemos elevado, como corresponde en los plazos marcados por el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, los datos del último trimestre de cumplimiento del Informe de Reforma de las Administraciones. Lo más importante es que, a pesar de que estamos en funciones, el Informe y su cumplimiento han cogido ya velocidad de crucero y en tres meses, que son los que analiza este informe, de 2016 los ahorros se han incrementado en 452 millones para las Administraciones Públicas y en 584 millones de euros para los ciudadanos y las empresas; es decir, en tres meses se ha generado un ahorro de casi quinientos millones de euros. Las cifras resultantes de todo el cumplimiento, hasta el trimestre actual, son de 30.947 millones de euros para el conjunto de las Administraciones y 4.026 millones para ciudadanos y empresas.

Entre las últimas medidas que se han puesto en funcionamiento destaco dos; una especialmente, que es la Carpeta Ciudadana. La Carpeta Ciudadana permite a la persona que entre en esta plataforma y se registre con su clave tener un punto de acceso en el que podrá obtener la información que la Administración tiene de ella, obtener certificados, obtener notificaciones y, en general, tener una visión muy global de sus relaciones con la Administración.

También me gustaría señalarles algunos elementos que se han ido incrementando a lo largo de este tiempo, a título de ejemplo. Una de las tareas, que era la codificación del Derecho, muy unida al principio de seguridad jurídica, ha llevado a que en la actualidad la Agencia del BOE haya aprobado, haya elaborado, ya 124 códigos legislativos que han recibido 5,4 millones de descargas y que permiten, en lo que es la normativa más común utilizada por los ciudadanos en general, y por los usuarios del Derecho en particular, a través del Boletín Oficial del Estado tener códigos actualizados de los principales temas gratuitamente.

Además, quiero señalar que en la plataforma de contratación del sector público el número de licitadores ha pasado de once mil en 2012 a cuarenta mil en la actualidad; que en arrendamientos se han ahorrado 61,5 millones de euros y en ventas de inmuebles se han obtenido 637 millones de euros; y que los ahorros por contratación centralizada, que siguen creciendo, alcanzan la suma de 824 millones de euros; de ellos, casi doscientos millones son para Comunidades Autónomas por compra de medicamentos, vacunas y otro material sanitario.

La administración electrónica de nacimientos ya se ha extendido a 183 hospitales y se han dado de alta 44.000 nacimientos desde que se puso operativa en octubre de 2015.

El Informe de la Agencia Digital para 2016 posiciona a España en el segundo lugar, después del "cluster" de los países nórdicos, en prestación de servicios electrónicos y infraestructuras de comunicaciones, y, según el libro "European Data Portal", España se encuentra en el grupo líderes del marco europeo de datos abiertos.

Algún otro dato más: por ejemplo, 2,2 millones de certificados de cotización a la Seguridad Social han sido expedidos ya electrónicamente y también electrónicamente, con carácter mensual, las cotizaciones a 750.000 empresas, que afectan ya a 6.200.000 trabajadores.

Es decir, continuamos ejecutando el Informe que ha permitido en estos tres meses un ahorro para las Administraciones de 450 millones de euros; que nuestros avances en Administración electrónica nos están colocando en los primeros niveles en el conjunto de la Unión Europea y que estos objetivos constituyen uno de los elementos fundamentales de actuación del Gobierno a la hora de reformar y modernizar las Administraciones.

También brevemente quería informarles de que por parte de la ministra de Empleo se ha presentado un informe sobre los últimos datos de paro y afiliación; unos datos que certificaron el cambio estructural que se ha producido en el mercado español durante estos años. En lugar destacable, cabe señalar algunas cuestiones importantes: el paro se ha reducido, como bien saben, en el mes de mayo en casi 120.000 personas, el mejor dato del mes de mayo; el paro ha bajado, como ya conocen, de cuatro millones de personas; y, además, se han creado casi doscientos mil empleos en este mes.

Quiero resaltar alguna cuestión que me parece importante de cara a ese análisis de los datos y a la necesidad de seguir trabajando: España ha recuperado más de la mitad de los autónomos, el 51 por 100. Éste es un dato que ayer pudo pasar más desapercibido, pero es un elemento importante. Además, conecta, por ejemplo, con el dato, que hemos sabido hoy, de que en mayo de 2016 ha crecido un 10 por 100 el número de empresas, de sociedades, de nueva creación, de nuevo cuño. España ha recuperado todo el empleo femenino que se perdió durante la crisis: ya hay 110.000 afiliadas más trabajando que al inicio. Y un elemento importante en el que tenemos que seguir todos trabajando es el empleo joven: entre los jóvenes el empleo crece a más del doble que la media nacional. Es un dato muy importante: si la afiliación media ha crecido un 2,56 por 100, la afiliación de menores de veinticinco años ha crecido un 6,26 por 100.

También en el capítulo de informes figura un informe que suele hacerse, además, siempre por estas fechas: es la evolución de los datos del sector del automóvil. Voy a hacer referencia a algunos aspectos puntuales que nos parecen importantes y, luego, una proyección de la inversión en el capítulo del sector del automóvil pro futuro, que hay que tener muy en cuenta.

La fabricación de vehículos en este primer trimestre de 2016 está creciendo un 7,6 por 100, con un total de 778.000 unidades. Este año se espera alcanzar la fabricación de 2,8 millones de vehículos y el año próximo, alcanzar los tres millones de vehículos. Además, hay que tener muy presente que España produce componentes mecánicos de gran valor añadido. El año pasado se fabricaron más de dos millones de motores y un millón de cajas de cambios.

El mercado de turismos está creciendo en los cuatro primeros meses del año un 10,3 por 100, las ventas de vehículos comerciales han crecido en lo que llevamos de año un 11,3 por 100 y las de vehículos industriales, un 24,6 por 100.

La balanza comercial del automóvil ha pasado en los últimos diez años de un superávit comercial de apenas 1.500 millones de euros ahora a un superávit comercial de 17.000 millones de euros. La exportación de vehículos ha crecido un 9,1 por 100 en el primer trimestre del año.

Además, quiero señalar que en 2011 se fabricaban 35 modelos en las factorías españolas y en 2015 se ha pasado ya a 44 modelos, algunos de gran avance tecnológico, porque son vehículos de alternativa tecnológica, especialmente medioambiental: cinco modelos de vehículos eléctricos, ocho modelos de vehículos de gas y un modelo híbrido. Y, lo que es más importante, en estos últimos cuatro años se han anunciado inversiones de los fabricantes de vehículos por valor de diez mil millones de euros, de los cuales, según el Informe presentado hoy, ya se han ejecutado seis mil millones y el resto se prevé que se hagan en los próximos dos años.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este u otros temas.

P.- Vicepresidenta, tras las dudas legales expresadas por el Consejo Europeo, ¿el Gobierno teme que finalmente Bruselas no le conceda ese año extra para ajustar o cumplir con los objetivos de déficit? Quería saber, si es así, si se acelerarían los recortes en España. También quería preguntarle si esto añade más presión al Gobierno a la hora de cumplir con esa promesa electoral del Partido Popular para bajar los impuestos.

Sobre las declaraciones que hizo ayer el ex presidente José María Aznar, que vino a sugerir que Rajoy no fuera un obstáculo para la formación de un futuro Gobierno, ¿cree usted que Rajoy debería hacer un sacrificio personal --fueron, en concreto, las palabras que él utilizó ayer-- en el caso de que finalmente sea un obstáculo para ese Gobierno?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, el Gobierno no tiene ninguna duda de que Bruselas nos ha concedido la senda de cumplimiento de déficit que ustedes conocen y tampoco sobre el procedimiento y la inexistencia de la multa.

Voy a explicárselo muy claramente: lo que hacen los servicios jurídicos, en este caso del Consejo, es manifestar unas dudas de mero procedimiento, unas dudas procedimentales. No ponen en cuestión ni la senda ni los aspectos que les hemos comentado a ustedes sobre la multa. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que esa senda se ha incluido en las recomendaciones específicas de país, en las denominadas CSRs, y, sin embargo, deberían ir especificadas en la vía del procedimiento decisivo, que es la que se producirá dentro de unas semanas. Es decir, es una cuestión de mero procedimiento y que no pone en cuestión ni en duda ni la senda ni los aspectos que ya conocen relativos a la multa.

Por tanto, la segunda de sus cuestiones también se la acabo de responder; pero, además, yo creo que hay una cuestión que tenemos que tener muy presente y es que España ha trabajado en la senda de consolidación fiscal de dos modos diferentes: uno, en recesión, muy complicado, en los años 2012 y 2013, y otro en crecimiento: hemos logrado reducir el déficit a la mitad, nosotros y las Administraciones autonómicas, y hemos conseguido, además, crecer y crear empleo.

Esto es una doble faceta porque, por un lado, como hemos crecido y creado empleo, hemos podido bajar los impuestos y, manteniendo las reformas y manteniendo la estabilidad política y económica, esa senda, podremos seguir creciendo. Ese crecimiento nos permitirá seguir bajando los impuestos pero, lo que es más importante, esas bajadas de impuestos nos permitirán, a su vez, retroalimentar el crecimiento, porque la propia OCDE ha puesto de manifiesto cómo esa política fiscal y presupuestaria llevada a cabo en España lo que ha hecho es incentivar una mayor inversión y, por tanto, un mayor crecimiento y una mayor creación de empleo.

Y sobre su tercera pregunta, yo no voy a hacer interpretaciones de interpretaciones.

P.- El Congreso presentó ayer ante el Tribunal Constitucional el conflicto de atribuciones contra el Gobierno por no acudir al control parlamentario. Quería saber si el Gobierno prepara las alegaciones y, en cualquier caso, si confía en que el Alto Tribunal le dará finalmente la razón.

Por otro lado, respecto al procesamiento de los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, quería saber si el Gobierno teme que otra vez la corrupción vaya a estar en primera línea durante la campaña y, en todo caso también, cómo considera que ha sido la respuesta de la dirección socialista ante este procesamiento.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones, el Gobierno estará pendiente de que el Tribunal Constitucional nos dé traslado para nuestras alegaciones, para nuestra contestación al conflicto. Les informaremos de ello cuando, una vez notificados --todavía no hemos sido notificados--, nos informen al respecto.

Yo creo que es una resolución que todos esperamos porque, sencillamente, ha sido un período de Gobierno en funciones en el que distintos Grupos Parlamentarios han pretendido someter al Gobierno a un control, incluso, mucho más exhaustivo de un Gobierno que tiene investida la confianza de la Cámara; y que lo ha sido en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Cámara, porque en sus informes lo que preveían era un control excepcional. Yo quiero recordarles que el Gobierno, cuando se ha tratado de asuntos excepcionales, ha ido a informar a las Cámaras, tanto en los temas europeos, como en el asunto del "Brexit" o en el Programa de Estabilidad, y ése es también nuestro criterio.

Pero nosotros entendemos que pretender controlar a un Gobierno de una manera ordinaria, con sesiones de control, con reparto de preguntas e, incluso, con comparecencias relativas a asuntos del Gobierno anterior, en esa interpretación maximalista del presidente del Congreso de los Diputados, no se aviene con lo que es un Gobierno en funciones; Gobierno en funciones que cumple con su obligación de seguir llevando el aparato administrativo hasta que se constituya un nuevo Gobierno, que no tiene capacidad legislativa, que tiene totalmente eliminada su capacidad política y que, sin embargo, quiere ser controlado políticamente por unas Cámaras que no le han dado su confianza.

Como además --yo eso también lo pongo de manifiesto, porque aquí se va a plantear lo siguiente-- hay Cámaras, como la Junta de Andalucía, que abiertamente dijo que no cabía ningún tipo de control, y hay Reglamentos de Parlamentos, como el Reglamento del Parlamento vasco, que prohíbe expresamente el control en su Cámara; creo que es bueno que a todos se nos apliquen los mismos criterios, porque estamos hablando con diferentes competencias. Desde luego, no es lo mismo las Cortes Generales que los Parlamentos autonómicos, pero estamos hablando de relaciones entre el Gobierno y los Parlamentos.

Sobre la segunda de sus preguntas, ayer oyeron al presidente del Gobierno, lo cual no obsta para que, al margen de una campaña electoral… Porque éste es un asunto que viene de lejos, es un asunto sobre el que el Partido Socialista reiteradamente ha manifestado su apoyo a dos personas que finalmente han resultado acusadas --que no procesadas, acusadas--, con apertura de juicio oral, y le corresponde a él dar y a los ciudadanos juzgar cómo responder ante casos de esta naturaleza; pero, ya digo, más allá del inicio de la campaña electoral.

P.- Quería preguntarle acerca de si el Consejo de Ministros de hoy ha tomado alguna decisión con respecto a esa subvención de unos veinticinco millones de euros para el plan de cierre de las minas, como anunciaba usted ayer en su visita a Teruel.

También, ¿qué opina de esa gran cumbre que han anunciado para el próximo martes los sindicatos y la patronal, a la que de momento, a fecha de ayer, sólo ha confirmado su asistencia entre los partidos políticos nacionales el Partido Socialista?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, sí, y lo tendrán en la Referencia del Consejo de Ministros. Hemos autorizado un Acuerdo por el que, en cumplimiento del Plan de Reestructuración de las Comarcas Mineras, se ha aprobado la convocatoria de 25,3 millones de euros correspondientes a las ayudas de este año.

Sobre la segunda de las cuestiones, le voy a reconocer que no tengo información al respecto sobre la presencia de unos o de otros partidos; pero, desde luego, les transmitiremos que, respecto del Partido Popular, les den oportuna información al respecto.

P.- Volviendo, Vicepresidenta, sobre dos asuntos ya abordados, pero con otro ángulo, sobre el tema de Bruselas, que llevamos varias semanas con esta polémica, ¿es el mejor momento para, desde el Ministerio de Hacienda, en plena campaña electoral, anunciar que incluso sería posible la bajada de impuestos desde enero de 2017, como hicieron ayer desde el Ministerio de Hacienda? Teniendo en cuenta que, por lo menos, usted misma admite que hay determinados asuntos que están en controversia administrativa o procedimental, o lo que sea, ¿no?

Sobre el tema de fondo de lo de ayer, yo no quería tanto centrarme en si el ex presidente Aznar considera un obstáculo o no, sino sobre el tema de fondo: ¿usted considera que es importante o ve importante que el PP polarice la campaña fundamentalmente en su relación con Podemos y los riesgos, las advertencias y los miedos que pueda significar una vuelta atrás con las políticas de Podemos, teniendo en cuenta lo que pasó y la experiencia que ustedes mismos vivieron en algunos Ayuntamientos y Comunidades en las pasadas elecciones autonómicas y municipales?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, entiendo su enfoque, pero yo creo que el punto de partida es muy importante. Como yo decía, lo que ponen de manifiesto los servicios jurídicos del Consejo es el procedimiento por el que debe, digamos, concretarse esa senda. Eso no es una cuestión de senda sí o senda no, porque es senda sí y año sí, sino en qué instrumento administrativo debe establecerse al respecto, con lo que eso afecta a todo lo demás.

Mire, nuestro objetivo es seguir generando crecimiento y creación de empleo, y la política tributaria y la política presupuestaria son de los elementos que todavía están a disposición de los Estados, siempre dentro de los márgenes que marca la Unión Europea, para poder crear empleo y dinamizar el crecimiento.

Entonces, nosotros lo que haremos es, a través de ese tipo de medidas, que, como digo, es de los instrumentos de política económica que les restan a los Estados, cumplir, por un lado, los objetivos de déficit fiscal e ir acompasando con rebajas de impuestos que han puesto de manifiesto que se dinamiza la economía y se recauda más. Le recuerdo que estamos creciendo al 3,5 por 100 interanual, después de haber realizado una rebaja de impuestos importante el año 2015 y después de haber cumplido el Estado con sus objetivos de déficit; sobrecumplido, porque era un 0,2 por 100 más.

En cuanto a la segunda de sus preguntas, desde el partido que sustenta al Gobierno --y yo, una vez que se inicie la campaña, también tendré que ser bastante prudente en esta mesa, pero me podrán preguntar ustedes fuera, porque estoy todo el día por ahí hablando, o sea que simplemente será una cuestión de sitio--, sí me gustaría señalar una cuestión: yo creo que a cada uno de los partidos le corresponde explicar lo que va a hacer y poner de manifiesto los riesgos que considera que pueden pasar en España si se cambian las políticas económicas. Yo creo que una campaña es, fundamentalmente, explicación y luego hagan ustedes las interpretaciones que estimen oportunas; pero a mí me parece muy relevante, para que los ciudadanos conozcan cuáles son los aspectos en los que unos y otros aplicamos una u otra política, que nos expliquemos. Y yo creo que ése es el punto en el que tenemos que trabajar.

P.- Vicepresidenta, esta semana el Tribunal Constitucional admitió a trámite los artículos que el Gobierno recurrió sobre la Ley de Desahucios catalana, de modo que quedó suspendida. Pedro Sánchez, en uno de sus documentos de propuesta de programa, propuso una serie de leyes para combatir el hecho de que estas leyes puedan ser recurridas, porque la idea es adoptar unas leyes en el marco del Estado, de rango superior, relacionadas con el tema de la emergencia social para que no se puedan recurrir estas leyes. Me guastaría preguntar si usted ve esta medida adecuada para que las autonomías sí puedan legislar a partir de esa ley de rango superior y, si es así, si el Gobierno se plantea hacerlo en la próxima Legislatura, habida cuenta que la Unión Europea muestra cierto descontento con cómo se está gestionando el tema de los desahucios en España.

Vicepresidenta.- Permítame que explique algunas cuestiones, porque creo que aquí hay que ser muy rigurosos. Tal y como me ha planteado el tema, que no sé cómo lo habrá resuelto, porque aquí veo negro sobre blanco, el Partido Socialista, creo que está un poco confuso.

En primer lugar, el Gobierno no ha recurrido y, por ende, el Tribunal Constitucional no ha suspendido la Ley llamada de "pobreza energética". El Gobierno ha recurrido algunos preceptos, por cierto, no relativos a pobreza energética, de esa Ley.

Cuando el señor Puigdemont vino a Moncloa, dijo que le preocupaba, fundamentalmente, la parte de pobreza energética de la Ley. De acuerdo con el informe que nosotros pedimos al Consejo de Estado, el Consejo de Estado dijo que la parte de pobreza energética era plenamente constitucional y, como nuestra posición es jurídica, que no política, porque nuestra obligación como Gobierno es defender el marco constitucional, nosotros recurrimos los preceptos que el Consejo de Estado había entendido que no se ajustaban a los aspectos de reparto constitucional entre el Estado y las Comunidades autónomas, que no hacían referencia a los tema de pobreza energética.

Por tanto, ni la Generalitat ni el Partido Socialista pueden escudarse en las suspensión de la Ley para no cumplir la parte de la Ley que no está suspendida y que es, básicamente, toda aquella que permite poner en marcha mecanismos y fondos --dinero de la Generalitat, que es lo que ahora están reclamando los Ayuntamientos-- para ponerla en marcha. Porque básicamente lo que el Estado ha recurrido son aspectos procedimentales, el procedimiento judicial, porque, claro, no puede ser que en Tortosa haya un procedimiento judicial diferente que el que haya en Baracaldo o el que pueda haber en Medina del Campo, porque, al fin y al cabo, todo el mundo que se vea en un proceso de desahucio tiene que tener los mismos derechos y las mismas garantías.

Dicho lo cual, yo no sé en qué leyes está pensando el Partido Socialista, pero esto no funciona así; esto funciona en que el Estado tiene unas competencias y las Comunidades Autónomas tienen otras competencias. Entonces, yo no sé de qué manera el señor Sánchez quiere por una ley ampliar las competencias de las Comunidades Autónomas, porque otra cosa es… No sé las leyes que piensa hacer desde su mandato; yo sólo sé que el mayor número de desahucios se inició bajo mandato socialista y que con muchísimo esfuerzo y mucha cooperación esas cifras, y conocen ustedes los últimos datos del Consejo del Poder Judicial, se van reduciendo, también, en cierta medida, como consecuencia de la mejora de la crisis económica y de la creación de empleo.

Pero yo lo que le diría al Partido Socialista es que menos demagogia y más rigor en un asunto tan grave como ha sido, especialmente en momentos pasados, este asunto y, sobre todo, no confundiendo a la opinión pública. La Generalitat puede ejecutar buen aparte de esa Ley de "pobreza energética", porque no está suspendida, y toda la parte de pobreza energética puede hacerla completamente.

P.- Vicepresidenta, sobre la situación política en Cataluña me gustaría saber si el Gobierno está preocupado por esta falta de acuerdo para la aprobación de Presupuestos y si teme que esta falta de acuerdo pueda desembocar en la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña.

Vicepresidenta.- Indudablemente, cuando se formó Gobierno o se hizo la investidura del señor Puigdemont de la manera que aconteció, yo creo que no hacía falta tener mucha imaginación para darse cuenta de la inestabilidad de dicho Gobierno y hoy estamos viendo cómo esos supuestos acuerdos han durado lo que han durado.

Yo creo que la inestabilidad siempre es mala. En la Generalitat, esta vez por la inestabilidad y otras veces por intereses de quienes estaban al frente de esa institución, se han ido acumulando las elecciones y en muy poquitos años hemos tenido muchísimas elecciones. Eso no es bueno para ninguna Administración y lo que se ha demostrado es que, sobre todo, no ha sido bueno para los catalanes, que a lo largo de esta crisis han visto su situación económica y social todavía más deteriorada como consecuencia de la inestabilidad económica y la falta de políticas centradas en los servicios públicos y en el bienestar social en Cataluña.

Yo no sé, porque no tengo capacidad de adivinar, qué puede pasar o a qué pueden estar dispuestos a ceder, porque están dispuestos a ceder mucho; pero esto es consecuencia de una inestabilidad anunciada y de un Gobierno o de pasados Gobiernos de la Generalitat que han estado mucho más preocupados por buscar elecciones en las que pudieran afianzarse, que sólo ha supuesto un deterioro de su propia situación y de sus propios programas, y de la situación en Cataluña.

P.- Vicepresidenta, yo quería insistir en el tema de la rebaja de impuestos. En primer lugar, ¿el ministro de Hacienda les ha detallado cómo se puede concretar o cómo se va a concretar esa reforma?

En segundo, ¿es posible esa bajada de impuestos cuando los últimos datos que hemos conocido muestran una fuerte caída de la recaudación en IRPF y, sobre todo, en Sociedades?

Vicepresidenta.- Como saben, sobre la rebaja de impuestos hay un importante detalle en el programa electoral de las elecciones del 20 de diciembre, que se actualizará precisamente en el día de mañana, con lo que allí están detalladas algunas de las medidas que se van a adoptar y algunas de las primeras, como es la extensión de los quinientos euros para esos primeros contratos, que son también medidas de naturaleza fiscal y medidas de naturaleza tributaria, en cierto sentido.

Sobre la segunda de las cuestiones, como saben, el aspecto de Sociedades obedece al derecho transitorio en materia de bases imponibles de naturaleza negativa. Es decir, hay una explicación más allá de cuál es el ciclo económico, que está siendo muy positivo; que los crecimientos son muy elevados y que se están traduciendo en los impuestos que están más ligados a ese crecimiento, como es el Impuesto sobre el Valor Añadido, en un crecimiento importante.

Por tanto, en lo que hay que trabajar es para lograr mantener ese crecimiento, cumplir con la senda de consolidación fiscal y, como digo, ver esas reformas tributarias en su doble vertiente: de un lado, que es lo que me parece muy importante, la clave para poder hacerlo es tener estabilidad política y estabilidad económica; mantener el crecimiento te permite bajar impuestos; pero, además, saber que esa política tributaria y esas bajadas de impuestos son, a su vez, y se ha demostrado en España en el año 2015, un elemento clave de dinamización económica.

Muchísimas gracias.