Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda y de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, hemos acordado la remisión a la Comisión Europea del Programa de Estabilidad y del Programa Nacional de Reformas del Reino de España. Ello se hace en cumplimiento de obligaciones europeas. Cada año en el mes de abril --decíamos hace un momento que ésta es la sexta vez que lo hacemos los aquí presentes-- todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión sus Programas Nacionales de Reformas y sus Planes de Estabilidad. El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos para la Unión en su conjunto.

Es un momento excepcional, el Gobierno está en funciones; pero esto no nos exime del cumplimiento de las obligaciones europeas de presentar estos documentos. En ellos el Gobierno explica la evolución reciente de la economía española y el grado de avance en su agenda de reformas, y el cumplimiento de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo en junio de 2015. Expone su escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.

Pues bien, queremos señalar que, en cuanto a las reformas futuras --y ahora explicaré yo el Programa Nacional de Reformas; mis compañeros, el Programa de Estabilidad--, el PNR esboza en términos generales cuáles deberían ser, en la opinión del Gobierno, las medidas necesarias para consolidar lo obtenido hasta ahora y mejorar el ritmo de la recuperación.

En los últimos cuatro años, como saben, este Gobierno ha puesto en marcha una ambiciosa agenda de reformas que ha transformado la economía española. Ello ha permitido que la economía española recuperara la confianza de los mercados internacionales y ganara en eficiencia, flexibilidad y capacidad de competir. Esto está dando resultados: en 2015, el Producto Interior Bruto español creció un 3,2 por 100 y en el primer trimestre de 2016, según los datos que acabamos de conocer hoy, la economía española creció un 3,4 por 100 en términos interanuales; el mejor dato de los últimos ocho años. Esto nos sitúa a la cabeza de las principales economías de la Unión Económica y Monetaria.

La mejora de la actividad económica se ha traducido, además, en una intensa creación de empleo. En los últimos doce meses, se han creado casi seiscientos mil nuevos puestos de trabajo, un 3,9 por 100 más que hace un año. Además, el empleo disminuyó en 653.000 personas, que es una reducción del 12 por 100; cifra muy similar al récord que se logró en el último trimestre de 2015. Por tanto, lideramos dentro de la Eurozona la reducción de desempleo y la creación de empleo. Hoy ha habido nuevos datos de paro de Eurostat: en el último año, casi una de cada dos personas que abandonan el desempleo en la zona euro lo hacen en España y España es el país en que más se ha reducido el desempleo en el último año.

Pero, además, el español es un crecimiento sano. Sus componentes más dinámicos son la inversión en bienes de equipo y las exportaciones en bienes y servicios. Ello da una base sólida al crecimiento del consumo de los hogares, que creció al 3,5 por 100 al cierre de 2015, un nivel similar al de antes de la crisis. Simultáneamente, en 2015 la evolución favorable de los precios ha permitido que la economía española continúe ganando competitividad; es el cuarto año consecutivo con superávit externo.

Por último, el crédito está mejorando, las empresas tienen acceso a préstamos a mejores tipos, los hogares tienen más financiación y sigue disminuyendo el coste de la financiación de la deuda pública.

Con el Programa de Estabilidad que hoy presentamos y con el Programa Nacional de Reformas, que establece nuestro cuadro macroeconómico para este año y los siguientes, hasta el año 2019, encontrarán ustedes un dato muy relevante: si las cosas se continúan haciendo de esta manera, si continuamos en la senda de reformas que caracterizó la pasada Legislatura, en el año 2019 puede haber en España prácticamente veinte millones de empleos, con una tasa de desempleo de poco más del 13 por 100. Ése es, quizá, uno de los principales resúmenes del Programa Nacional de Reformas y del Plan de Estabilidad que presentamos hoy: si se hacen las cosas bien, España tendrá veinte millones de empleos en el año 2019, al final de la siguiente Legislatura; una tasa de desempleo cercana al 13 por 100.

Muy brevemente, les voy a hacer --me voy a encargar yo de ello; del Programa de Estabilidad, mis compañeros-- un resumen de lo que planteamos en el Programa Nacional de Reformas. Damos cuenta del elevado grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por España en el marco del semestre europeo y del avance de los objetivos de la Estrategia Europea 2020.

La práctica totalidad de las medidas comprometidas en el año 2015 han sido puestas en marcha y lo que hacemos es señalar cuáles serían las principales medidas, a nuestro juicio, a adoptar --su adopción dependerá de gobiernos subsiguientes-- para mantener el crecimiento y el ritmo de creación de empleo: en primer lugar, reformas a nivel nacional; en segundo lugar, consolidación presupuestaria para favorecer el crecimiento, que explicará después, con el Programa de Estabilidad, el ministro de Hacienda; y, por último, reformas a nivel europeo.

En el ámbito nacional, el principal objetivo es la recuperación económica y la creación de empleo, juntamente con su calidad; empleo y calidad en el empleo. Para ello, se prevén cinco áreas de actuación importantes: la primera, creación de empleo e inclusión social; la segunda, avanzar en el aumento de la eficacia y la competencia en los mercados de bienes y servicios; la tercera, respaldo a la actividad emprendedora y el desarrollo empresariales, especialmente medidas que ayuden a autónomos y a Pymes; la cuarta, el impulso al crecimiento sostenible, centrado en la I+D y en el medio ambiente; y, por último, la eficiencia en la Administración Pública, que además, como explicará el Ministro, será uno de los elementos determinantes para seguir avanzando en la consolidación fiscal.

En el ámbito fiscal, seguiremos la senda de la consolidación en los términos que explicará el ministro de Hacienda. Tenemos el objetivo el reformar el sistema de financiación autonómica para asegurar un nivel mínimo de servicios en todos los territorios, definiendo una cartera común en áreas fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), y una financiación estable y suficiente, independientemente de la coyuntura económica.

Por último, seguiremos con prioridades como la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Hasta esta fecha, y les doy un dato, se han conseguido importantes resultados: entre 2012 y 2016 se ha recaudado, por actuaciones de lucha contra el fraude, 50.449 millones de euros, que es el histórico mejor de la Agencia Tributaria.

Finalmente, y en el ámbito europeo, seguiremos esforzándonos y colaborando en el diseño de la nueva gobernanza económica, en particular de la zona euro, que asegure una coordinación eficiente en las políticas económica, prevenga la acumulación de desequilibrios y permita consolidar la recuperación europea. Y, en el ámbito de la Unión Económica y Monetaria, impulsaremos una reforma ambiciosa de acuerdo con el papel activo que hemos venido desempeñando en los últimos debates sobre el futuro de la Unión.

Después sobre estos temas se extenderán más mis compañeros; yo voy a informarles de algunos otros asuntos adoptados en el Consejo de Ministros.

En el capítulo de recursos respecto a decisiones de Comunidades Autónomas, les informo de que, por un lado, se plantean dos recursos de inconstitucional contra algunos artículos de dos leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña --esto por el lado, digamos, de España respecto a decisiones del Parlament catalán-- y, por otro lado, damos contestación al requerimiento de incompetencia que nos formula la Generalitat de Cataluña en un asunto como el de las audiencias energéticas. Nos han requerido de incompetencia y antes de enviarnos al Tribunal Constitucional le damos respuesta, y éste es uno de los temas que yo planteé ayer al señor Junqueras, para, de acuerdo con las explicaciones que damos en el requerimiento, a ver si evitamos que nos lleven al Tribunal Constitucional por este asunto.

Sobre las otras dos cuestiones, fundamentalmente son dos leyes: una es la conocida como Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida como la Ley contra la pobreza energética, la Ley 24/2015, y la otra es otra Ley más limitada, que es una ley de incorporación de la propiedad temporal y de la propiedad compartida; es un aspecto más civil. Me voy a centrar fundamentalmente en la primera, que era la que me preguntaban ayer.

Pues bien, es una ley que tiene distintos artículos y dos partes fundamentales: una parte, que es la pobreza energética, que da título o que le ha dado título a la Ley; y la otra parte, relativa al ámbito de la vivienda. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, porque, como ayer les decía, estos recursos se basan fundamentalmente y exclusivamente en criterios jurídicos, en criterios competenciales, y en la búsqueda del respeto al principio de igualdad entre todos los españoles porque, como verán, algunos afectan a legislación procesal; recurrimos aquellos elementos que el Consejo de Estado ha considerado y ha avalado la consideración del Gobierno de que son inconstitucionales.

En primer lugar, les voy a decir lo que no es objeto de recurso. No es objeto de recurso ninguna de las medidas relativas a pobreza energética. El Consejo de Estado ha dictaminado que estas medidas, tal y como han sido concebidas en su redacción final, no son contrarias a la Constitución. Les diré que el informe del Consejo de Estado no se cerró esta semana, es de la semana anterior; también que lo tengan en consideración.

Pues bien, el principal artículo que regulaba estos aspectos de pobreza energética es el artículo 6 y ese artículo contempla una serie de medidas que no son impugnadas: el establecimiento por las Administraciones Públicas de acuerdos o convenios con las compañías administradoras para garantizar que conceden ayudas a fondo perdido a las personas o unidades familiares --este asunto de los fondos le preocupaba al señor Junqueras; podrán seguir haciendo sus fondos sin ningún problema--; el principio de precaución, de manera que antes de realizar un corte de suministro se avise o se tenga un informe de los servicios sociales municipales para ver si esa persona o esa unidad familiar está en riesgo de exclusión residencial, o la información por parte del suministrador de los derechos relativos a pobreza energética que contempla la Ley.

Tampoco está impugnado el punto 5.5, relativo a algunos aspectos de exclusión social en materia de disfrute de ayudas para evitar lanzamiento --esto ya entra en otro terreno, pero ese artículo ha sido también preservado--, o el apartado 6 del mismo artículo, que permite la garantía del adecuado realojamiento de personas y unidades familiares en situaciones de riesgo de exclusión social; tampoco el artículo 8 de la Ley, que establece el umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual o a suministros básicos en supuestos de vulnerabilidad; y tampoco la disposición transitoria primera, que establece garantías para la aplicación de tales umbrales.

Es decir, ni los ámbitos de la pobreza energética ni alguno de los ámbitos relativos a los lanzamientos son recurridos, porque se entiende que puede adoptarlos el Parlamento de Cataluña de acuerdo con su ámbito competencial y que no perjudican el derecho de igualdad.

Esto es lo que nos ha dicho el Consejo de Estado. Como digo, nosotros aquí no nos apartamos del criterio del Consejo de Estado. No solemos hacerlo, por otro lado, en el ámbito de los recursos.

¿Qué recurrimos? Se recurren algunos aspectos procesales y que afectan a la igualdad de los españoles ante la Ley: el procedimiento de mediación, porque excede de su función; el requisito previo a las interposiciones de demanda y aspectos civiles, como la transferencia coactiva de la titularidad de la vivienda, porque afectan al contenido esencial del derecho de propiedad, que debe ser igual para todos los españoles. Esto se recurre y se recurre pidiendo la suspensión.

Nosotros tenemos que garantizar el principio de igualdad y garantizamos la igualdad de trato entre todos los ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas. Hay leyes de objeto similar de distintas Comunidades Autónomas, entre ellas, Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco. En tres de ellas el Tribunal Constitucional ha acordado su suspensión por entender que pudiera causar perjuicios de carácter irreparable. Por tanto, lo que no podemos es aplicar un criterio político y no jurídico a este tipo de asuntos. Puede perjudicar el interés general, así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y se pide su suspensión.

He sido un poco extensa. Después, si quieren preguntarme más, hablo de los extremos que consideren oportunos; pero sí tener presente, en primer lugar, que contestamos a ese requerimiento de competencia de la Generalitat, y yo espero que en los términos de esa contestación con la Generalitat de Cataluña podamos llegar a un acuerdo en un asunto tan importante como la eficiencia energética de cara al cumplimiento de los objetivos de cambio climático; y, en segundo lugar, respecto a la Ley de Pobreza Energética, se recurren aquellos aspectos que jurídicamente y constitucionalmente exceden de las propias competencias de la Generalitat y pueden perjudicar la igualdad entre españoles, de acuerdo con el criterio del Consejo de Estado y pidiendo de esos preceptos la suspensión, de igual manera que se hizo con leyes similares de otras Comunidades Autónomas. Ese puede ser el resumen.

Hoy se aprueban, además, tres acuerdos por los que se establecen diferentes convenios de colaboración con la Sociedad Pública ENISA para la financiación de emprendedores y Pymes en 2016. Se trata de 98 millones de euros de límite máximo en tres líneas de financiación, mediante préstamos participativos que ENISA ofrecerá a Pymes, jóvenes emprendedores y empresas de base tecnológica.

Otro asunto, del que después puede informar, si quiere, el Ministro con mayor amplitud, es el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea para otorgar ayudas adicionales al sector del carbón, de acuerdo con la normativa europea. Este acuerdo preliminar incluye también la autorización del Plan de la Minería del Carbón 2013-2018.

Tras un largo proceso de intensas negociaciones que llevó a cabo el anterior ministro de Industria, y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil dados los compromisos medioambientales, el acuerdo logrado con la Dirección General de Competencia ha de ser ratificado en las próximas semanas por el resto de los servicios de la Comisión. Pero sí quiero decirles que en el último mes el precio del carbón en los mercados internacionales ha seguido una tendencia decreciente que ha provocado una pérdida de competitividad del carbón nacional frente al carbón importado, y que ha agravado la situación del sector nacional de la minería del carbón. El incentivo adicional se establecerá anualmente en función de la diferencia entre el precio internacional y el precio que había en 2013, cuando el plan de cierre fue acordado. De esta manera, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista en el comercio internacional.

¿Cuáles son los términos del acuerdo? La validación del Plan de la Minería y, por tanto, la validación de todas las ayudas dadas desde 2011 a ese plan; pero, además, nos permite una ayuda adicional a la producción que puede suponer un incremento de diez euros por tonelada, con lo que se duplicarían las ayudas previstas con la normativa actual.

En otro orden de cosas, brevemente, hoy el ministro de Hacienda también ha autorizado límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para posibilitar la participación de España en la financiación del fondo de refugiados para Turquía. Como saben, en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 29 de noviembre de 2015 con Turquía se abordó la creación de un fondo de refugiados para Turquía dotado de un importe inicial de tres mil millones de euros. De éstos, mil millones se financian con cargo al presupuesto UE y los otros dos mil restantes, con aportaciones de los Estados miembros en función de su participación relativa en el conjunto de la renta nacional bruta de la Unión Europea.

La contribución que corresponde a España es superior a los 152 millones de euros, según se establece en el anexo de ese mandato del Instrumento que regula las contribuciones de los Estados miembros al fondo de refugiados, adoptado por el COREPER, por el Comité Representantes Permanentes del Consejo de la Unión Europea. El calendario que hemos autorizado en este Consejo de Ministros es --tienen las cifras detalladas en la Referencia--: para el año 2016, 45 millones de euros; para 2017, 62 millones; para 2018, 33 millones y para 2019, 6,5 millones. Al no existir crédito inicial en 2016 --sí había un fondo importante, una partida importante, para refugiados, pero no concretamente ésta--, estamos ya tramitando una modificación presupuestaria.

También quiero señalar brevemente dos cuestiones importantes: se ha autorizado una encomienda de gestión a la empresa Tragsa para la prestación del servicio de funcionamiento del dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para los años 2016 a 2020, por un importe máximo de 114 millones de euros; y también se ha tomado razón de las obras de emergencia para la recuperación de los desagües de fondo de la presa del Grado, en el término municipal del mismo nombre, provincia de Huesca, por un importe de hasta 5,1 millones de euros. Se trata de una presa de enorme importancia, de más de 130 metros de altura sobre cimientos, y que además es fundamental para garantizar el suministro en la zona.

Por último, y brevemente, hoy, previo al 1 de Mayo, el Gobierno concede las Medallas de Mérito del Trabajo en su categoría de oro. Se trata de reconocer el mérito de conductas socialmente útiles y ejemplares en el desempeño de los deberes que impone el ejercicio de cualquier trabajo, profesión y oficio. Los condecorados en esta ocasión serán:

- Federico Beltrán Galindo, que es presidente de Famadesa (Fábrica, Matadero y Despiece, SA.), que surgió en 1970 a partir de un pequeño matadero ubicado en Campanillas (Málaga) Es un grupo empresarial que hoy sostiene mil empleos directos, con clara vocación exportadora: el 40 por 100 de sus ventas.

- María Benjumea, que creó en 1994 el que hoy es uno de los portales de empleo más importantes de España, con cuatro millones de usuarios registrados y sesenta mil empresas clientes. También está impulsando redes que actúen como punto de encuentro entre empresas e inversores.

- La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, con un volumen global de empleos directos e indirectos de 2.219.000. Engloba entidades de las que forman parte veintiocho organizaciones.

- José María Fidalgo Velilla, que, como saben ustedes, es especialista en cirugía ortopédica, pero conocemos su trayectoria por su dedicación a la actividad sindical en Comisiones Obreras, de la que llegó a ser secretario general desde 2000 hasta 2008.

- La Federación Gallega de Redeiras "O Peirao", que es una federación creada en 2004, que agrupa a ocho asociaciones de redeiras en otros tantos puertos de Galicia, con el objeto de recabar el reconocimiento de la igualdad de derechos en una labor que, además, contribuye a la preservación del patrimonio cultural, en este caso de Galicia.

- Soledad Lorenzo, que, como saben, se inició en el mundo del arte en 1974, abriendo su propia galería en 1986, y su visión del arte se basa en un compromiso social, que se ha traducido en la cesión de su patrimonio y su colección privada de arte al Museo Reina Sofía en 2014.

- Francisco Martínez-Cosentino Justo, que heredó la empresa de su padre hasta convertirla en una de las empresas familiares más importantes de Andalucía y de España. Su producto estrella, el Silestone, se vende en más de noventa países, dando trabajo a más de tres mil personas en tres fábricas situadas en Macael, y exporta el 90 por 100 de su producción.

- Cándido Méndez Rodríguez, que se inició como obrero metalúrgico, que fue afiliado a UGT desde 1970, que ha sido diputado en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía y que ha sido secretario general de UGT desde 1994 hasta marzo de 2016.

- Alfredo Montoya Melgar, inspector de Trabajo pero conocido fundamentalmente como catedrático del Derecho del Trabajo, miembro del Consejo Económico y Social, director de la Revista Española de Derecho del Trabajo y miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fue elegido el mejor laboralista español en el año 2014 por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas.

- Alberto Palatchi Ribera, que empezó con una pequeña tienda de bordados de su padre en Barcelona en el año 1922 y que hoy dirige uno de los proyectos familiares de moda más importantes de España, que es el Grupo Pronovias, con ventas en más de noventa países y un volumen de empleo cercano a las mil personas.

- Mariano Puig. Creado como una empresa familiar de perfumería en 1914, hoy el Grupo Puig tiene una dimensión internacional con ventas en más de 140 países y más de cuatro mil personas empleadas. Es un ejemplo de transformación de una empresa familiar a un proyecto fiel a su origen.

- María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas. En la misma línea, Galletas Gullón es una empresa familiar fundada en 1892, pero que ha hecho una importante apuesta por la I+D y por la internacionalización, y que está siendo la base de su desarrollo empresarial. Con base en Aguilar de Campóo, genera un volumen de empleo, además con importante responsabilidad social, en más de novecientas personas.

- Juan Roig Alfonso. Creado en 1977, en Valencia, a partir de un negocio familiar cárnico, Mercadona se ha convertido en un referente en la distribución en España por su compromiso en la orientación al cliente, la gestión basada en modelos de calidad y su progresiva expansión por España. Mantiene 75.000 puestos de trabajo.

- Por último --esto, como verán, va por orden alfabético--, Víctor Ullate, Premio Nacional de Danza y Medalla de Oro de las Bellas Artes. Es considerado como uno de los bailarines más importantes, ya lo saben, en danza clásica. Formó parte del Ballet Nacional de España, creó después su propio ballet, ha dedicado un importante esfuerzo en la formación y le llevó a crear, además, la Fundación para la Danza Víctor Ullate.

En otro orden de cosas, el ministro de Economía.

Sr. De Guindos.- Yo, como es habitual, les voy a comentar las proyecciones macroeconómicas incluidas en el Programa de Estabilidad hasta el año 2019; saben ustedes que el horizonte es de cuatro ejercicios. Sigue, fundamentalmente, lo que yo ya presenté en la Comisión de Economía hace unos días, el día 19, a los diferentes Grupos Parlamentarios y es, como comentaba antes la Vicepresidenta, una obligación derivada de nuestra pertenencia a la zona euro. Tenemos que remitirlo antes de que finalice el mes de abril.

El cuadro macroeconómico siempre se inicia con unas proyecciones basadas en unas hipótesis. Las hipótesis son hipótesis prudentes, hipótesis cautas. Hacen referencia a tipos a corto, tipos a medio, crecimiento de la economía mundial, crecimiento de la economía europea, tipos de interés, tipos de cambio, precio del petróleo… Las tienen ustedes ahí y pueden ver que, efectivamente --yo no me voy a extender en las mismas--, son hipótesis prudentes. Hemos recogido lo que también han sido las proyecciones que sobre estas variables han hecho el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, y son en las que nosotros nos fundamentamos. Lo importante aquí, vuelvo a repetirles, es que sean cautas para que después las proyecciones macroeconómicas tengan muchísima credibilidad.

Entrando en el escenario macroeconómico. En el escenario macroeconómico, sobre lo que son las variables más importantes del cuadro macroeconómico, como yo ya avancé en el Parlamento, el crecimiento económico en el año 2016 va a ser del 2,7 por 100; el de 2017, el 2,4 por 100 y para los dos años restantes vamos a un crecimiento económico del 2,5 por 100, que es una cifra prudente que estaría próxima a lo que es el crecimiento potencial de la economía española.

La prudencia de la proyección se puede especialmente constatar si tenemos en cuenta que hoy hemos conocido el crecimiento del primer trimestre de este año, que es un crecimiento del 0,8 por 100 idéntico al que tuvimos en el último semestre del año anterior y que supone un crecimiento interanual del 3,4 por 100; es decir, ya hemos entrado este año con un crecimiento en los últimos doce meses del 3,4 por 100 y para que estuviéramos por debajo del 2,7 por 100 se tiene que producir una desaceleración no probable, que salvo debacle no va a ocurrir, de la economía española. Esto es algo simplemente para recalcar la prudencia del dato del 2,7 por 100 que, además, yo creo que de alguna forma informa lo que es el resto del cuadro macroeconómico.

Este crecimiento económico es, fundamentalmente, consecuencia de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y hay una cuestión que sí me gustaría resaltar, y es que, si se cumple este 2,7 por 100 de crecimiento en este ejercicio, prácticamente ya a principios del año próximo tendríamos los niveles de renta y los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos antes del inicio de la crisis.

Como saben ustedes, una de las cuestiones más dolorosas, la forma de medir la crisis que hemos vivido desde el año 2008, es la caída del PIB. La caída del PIB, desde el inicio de la crisis hasta mediados del año 2013, que es cuando se inició la recuperación, fue prácticamente el 8,6 por 100. Desde mediados del año 2013 empezamos a crecer y el año 2014, el año 2015, el año 2016 y, por lo tanto, ya a finales de este año y principios del año próximo estaríamos en los niveles de renta que teníamos antes del inicio de la crisis el año 2008.

Eso lo que pone de manifiesto es que prácticamente hemos tardado seis años, incluso un poquito más, siete años, en recuperar lo que eran los niveles que teníamos antes del inicio de la crisis y eso, de alguna forma, es el indicador más evidente, aparte del del mercado laboral, sobre el impacto de una crisis ha que consistido, además, en dos recesiones prácticamente sin recuperación, cuando el resto de los países de la zona euro la tuvieron en el año 2010, y que empezamos a recuperarnos únicamente a partir de mediados del año 2013.

Si ven las diferentes variables macroeconómicas, lo que les destacaría de este cuadro macroeconómico es que es, fundamentalmente, un cuadro prudente: en el consumo privado, las cifras son cifras de crecimiento por debajo prácticamente del 3 por 100 a lo largo de todo el escenario; es consecuencia de la evolución del empleo; es consecuencia también de que suponemos que hay un incremento de capacidad adquisitiva por una inflación muy reducida; mejora de confianza de los consumidores… Destaca especialmente lo que es la evolución de la inversión, tanto inversión en equipo, como inversión en construcción --ésta es la variable más dinámica, aunque todavía la ponemos y la mantenemos en niveles moderados--, y, fundamentalmente, la evolución de las exportaciones de bienes y servicios por encima del 5 por 100 en términos reales.

Yo creo que aquí es donde se marca, fundamentalmente, el cambio que se ha dado en el comportamiento estructural de la economía española. Antes del inicio de la crisis, la construcción suponía aproximadamente el 20 por 100 del PIB; se ha reducido dicho peso prácticamente a la mitad y esos diez puntos son lo que han sido cubiertos por la exportación de bienes y servicios. En estos momentos España, dejando aparte el turismo, exporta de media, mensualmente, veinticinco mil millones de euros en bienes y servicios.

Ese es el cambio fundamental de modelo de comportamiento que se ha dado en la economía española: hemos dejado de ser una economía que dependía fundamentalmente del crédito al sector inmobiliario y de la construcción a ser una economía que depende de las exportaciones de bienes y servicios, que, además, es un modelo mucho más sostenible en el tiempo y que está mucho menos sujeto a los vaivenes de las crisis financieras internacionales. Ese es el gran cambio que ya se ha venido produciendo y que, además aquí, en este cuadro macroeconómico, que, vuelvo a repetirles, es un cuadro macroeconómico prudente, de alguna forma se instaura en los próximos años.

En cuanto a la evolución de --les pongo aquí en contexto-- del Producto Interior Bruto, prácticamente desde el año 2008, desde el inicio de la crisis, y en relación con el saldo exterior, una cuestión que es fundamental y que enlaza con lo que les comentaba yo anteriormente de las exportaciones es que, si este cuadro macroeconómico se cumple, España habrá tenido prácticamente siete años de superávit de la cuenta corriente de balanza de pagos. En España tener un superávit de la cuenta corriente de balance de pagos anteriormente era prácticamente misión imposible y en estos momentos, sin embargo, podemos acumular siete años con un superávit de la balanza de pagos. Eso también es otro índice de la modificación que se ha producido.

Nuestra economía era una economía en la que inmediatamente, en cuanto crecíamos dos o tres años, surgía el estrangulamiento de la inflación y surgía inmediatamente también el estrangulamiento del sector exterior. Eso no ocurre en estos momentos. Es la gran transformación que ha sufrido la economía española y, además, tiene otra implicación y es que el superávit externo lo que implica, a su vez, y lo que conlleva es que estamos devolviendo deuda externa, y lo que estamos suponiendo aquí es que en este Programa de Estabilidad somos capaces de reducir nuestro endeudamiento externo en cerca de 110.000 millones de euros. Esta es una de las principales vulnerabilidades que tenía la economía española y que se ve perfectamente como se está corrigiendo.

El cuadro macroeconómico y el Programa de Estabilidad, igual que ha ocurrido en el Programa de Estabilidad del año pasado y en el del año anterior, indican que la corrección del desequilibrio externo y este nuevo modelo basado, fundamentalmente, en la exportación y en la inversión en bienes de equipo son mucho más sostenibles en el tiempo y, por lo tanto, generan muchas más posibilidades de prosperidad sin generar, como ocurría habitualmente en nuestro país, burbujas de crédito y burbujas inmobiliarias.

Por último, me voy a centrar un poquito más en lo que son las proyecciones implícitas en términos de empleo en términos EPA. Es decir, en el cuadro macroeconómico los datos que se dan de empleo, tanto de evolución de ocupación, como de evolución de paro, son en términos de Contabilidad Nacional; pero creo que se ven mucho más claro en términos de la EPA.

En las proyecciones implícitas se ve como a finales del año 2015 el empleo, según la EPA en el cuarto trimestre, era de prácticamente 18.100.000 puestos de trabajo y a finales de este año, según nuestra proyección, que es prudente, porque la EPA de ayer ponía de manifiesto un incremento de la ocupación interanual de 575.000 puestos de trabajo, nos vamos a prácticamente 18.550.000 y a finales de 2019 prácticamente estamos en los veinte millones de puestos de trabajo. Es decir, durante estos cuatro años España puede crear, si se cumplen estas hipótesis que, vuelvo a repetir, son cautas y son prudentes, 1.850.000 puestos de trabajo o, lo que es lo mismo, una media de 470.000 puestos de trabajo al año; es decir, una creación de empleo intensa.

Desde el punto de vista de lo que es la variable complementaria que es el desempleo, lo que proyectamos es una caída del paro de 1.800.000 personas, hasta algo por debajo, un nivel ligeramente por debajo, de los tres millones de parados, lo que supone que, en términos de tasa, pasaríamos de un nivel de paro que en estos momentos, según la EPA que tuvimos ayer, está en el 21 por 100, hasta el 13 por 100. Es una caída de ocho puntos. Y aquí lo importante es que lo comparemos con el momento más doloroso de la crisis, en el cual nuestra tasa de paro según la EPA estuvo próxima al 27 por 100.

En definitiva, y con esto ya acabo, yo lo que les resaltaría, fundamentalmente, es que, como siempre ha sido habitual en las proyecciones del Gobierno, las mismas se basan en hipótesis prudentes y cautas. Creemos que el escenario es muy realista. Por otro lado, ese realismo hemos visto como hoy se ve de una forma especialmente fundamentado con la tasa de crecimiento del primer trimestre, ese 0,8 por 100 que es idéntico al de la segunda parte del año pasado, y con una tasa de crecimiento interanual del 3,4 por 100. Vemos visto hoy los datos de Europa. En Europa la tasa de crecimiento del primer trimestre de la zona euro ha sido del 0,6 por 100, mejor de lo esperado, pero en términos interanuales es del 1,6 por 100; es decir, España está creciendo más del doble de lo que crece la zona euro y eso, lógicamente, es una cuestión que hay que mantener.

Por otro lado, también creo que es importante destacar que recuperamos el nivel de prosperidad, el nivel de renta, que teníamos antes del inicio de la crisis dentro de un año, es decir, a finales de este año o principios del año próximo; y que, además, el crecimiento es equilibrado. El crecimiento es equilibrado, fundamentalmente, porque el superávit de la cuenta corriente, de la balanza de pagos, se hace estructural y en España lo que teníamos anteriormente eran déficits estructurales de la balanza de pagos año tras año. Ello es un cambio fundamental del modelo de comportamiento que, a su vez, se ve acompañado de una reducción muy intensa del endeudamiento externo, unos 110.000 millones de euros que comentaba anteriormente, con una inflación muy, muy, reducida.

Después, por último, tal vez lo más importante es que es posible, es perfectamente factible, con la política económica adecuada, si efectivamente no cometemos errores de política económica, llegar a los veinte millones de empleos en nuestro país. El nivel de renta lo recuperamos a finales de este año o principios del año próximo; el nivel de empleo, si efectivamente continuamos haciendo las cosas correctas, se conseguirá en el año 2019.

Sr. Montoro.- El proyecto o la propuesta del Gobierno en materia de reducción del déficit público se orienta precisamente a favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Eso es lo que queda resumido antes de acometer la senda nueva del objetivo de estabilidad.

En la historia reciente de España, desde que comenzamos a hacer los deberes para fundar el euro, para entrar en el compromiso de Maastricht, realmente España es un ejemplo de que, cuando vamos reduciendo el déficit público, crecemos y creamos empleo. La crisis de España también es una crisis de déficit público y, por tanto, ahora, en este Programa, en la nueva revisión del Programa de Estabilidad, lo que hacemos es renovar nuestro compromiso con la reducción del déficit de nuestras Administraciones Públicas, y lo que hacemos es consolidar el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo. Insisto en la idea de esta visión histórica derivada de nuestra historia reciente y también del gravísimo error de política presupuestaria y de política fiscal, que es lo que nos lleva a la crisis y a la crisis de empleo que todavía hoy padecemos en nuestro país.

La senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno es una senda que, a partir del cierre del 5 por 100 de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas, que hoy provisionalmente tenemos como registro…Yo confío en que, cuando tengamos también el cierre ya más avanzado, más definitivo, a finales de septiembre, quedaremos por debajo del 5 por 100, seguramente. Como nos ha ocurrido cada año, a medida que íbamos teniendo el cierre, siempre ha sido hacia menor déficit público.

Pero la cuestión es que cerramos en ese 5 por 100 y que ahora lo que programamos para el año 2016, la propuesta del Gobierno, es que registremos un 3,6 por 100 en el ejercicio 2016 de déficit total de las Administraciones Públicas. Respecto al compromiso inicial de España con la Unión Europea, que era el 2,8 por 100, significa que son ocho décimas de Producto Interior Bruto, que lo que hacemos es distribuir entre los componentes de nuestras Administraciones Públicas.

En primer lugar, para la Seguridad Social, que cerró el año pasado en el 1,26 por 100, programamos un cierre para el año 2017 del -1,1 por 100. Es también un cierre, por tanto, más realista, conforme están yendo las cosas en estos primeros meses del año 2016; pero también muy alejado de lo que eran los objetivos iniciales programados, que recuerdan que estaban en el 0,3 por 100. Por tanto, estamos dando el margen mayor a la Seguridad Social y al cierre de la Seguridad Social.

En Corporaciones Locales insistimos en el cero, en el equilibrio presupuestario; también sobre eso ya tuvimos ocasión de informar en la Comisión Nacional de Administración Local. Entonces, es el cero, aunque sea también previsible que registremos un saldo positivo en este ejercicio; pero vamos a cerrar, digamos, realmente con unos compromisos de déficit prudentes.

Para las Comunidades Autónomas, como también conocen, puesto que ayer celebramos el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la programación establecería para ellas un -0,7 por 100 de déficit en vez del -0,3 por 100 inicial; por tanto, son cuatro décimas.

Y la Administración Central es la que lleva la mayor exigencia de reducción de déficit, puesto que sobre la programación inicial, que era del -2,2 por 100 --recuerdo--, nos vamos, al -2 por 100, sino al -1,8 por 100. Por tanto, estamos siendo muy exigentes en términos de la Administración Central.

A partir de ahí, el Programa de Estabilidad Presupuestaria propone que en el conjunto de las Administraciones Públicas quede por debajo del 3 por 100 en el año 2017. Es decir, lo que España está programando y solicitando es un año respecto de la situación anterior en cuanto a quedar por debajo su déficit del 3 por 100 y, por tanto, salir del procedimiento de déficit excesivo.

Los ajustes quedan programados en los diferentes subsectores del sector público de acuerdo también con una evolución bastante realista. Se trata de que la Seguridad Social vaya reduciendo su déficit, pero no esperamos que lo cierre si no se toman medidas relativas, sobre todo, a aportación de nuevos recursos. La intención del Gobierno es, por supuesto, atender como prioridad absoluta las pensione; eso es para nosotros indiscutible y, por tanto, no hay que planteárselo de otra manera. Ese es el gasto social por excelencia, la protección social, como ahora veremos. Para el Gobierno está fuera de lugar plantearlo y, en todo caso, sobre el futuro del sistema lo que cabe es revisar la financiación, los recursos, de ese sistema.

En Corporaciones Locales insistir en el cero, que queda ahí permanentemente. Les recuerdo que la Ley de Estabilidad española lo que establece es la obligación del equilibrio presupuestario o del superávit. Entonces, estando en superávit se está dentro de nuestra Ley de Estabilidad. En Comunidades Autónomas vemos también cómo hay una reducción suave, realista, de dos décimas anuales, hasta llegar al cero, que es lo que vimos ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y establecimos. Y para la Administración Central lo que estamos programando es una reducción más intensa desde el 2,5 por 100 con que hemos cerrado en el año 2015, a quedar por debajo del -1 por 100, de -0,9 por 100, en el año 2019.

Tenemos también, a modo de recordatorio, algunas de las principales medidas o actuaciones que no se repetirían en los años siguientes, al menos con la misma intensidad. Por ejemplo, la reclasificación de operaciones de APPs, que se identificaron durante el año 2015 y que, por tanto, están computadas en el año 2015, que son más de dos mil millones de euros. También la gran operación, muy positiva, de financiación de los fármacos de la hepatitis que ciertamente, como se ha demostrado, tienen una gran eficacia y, por tanto, también hemos facilitado la financiación de un recurso extraordinario para nuestras Comunidades Autónomas en el año 2015. Y luego ya otro tipo de gastos, ahí referidos.

Para las medidas de 2016 un resumen de las principales actuaciones sería la primera la adopción de un Acuerdo de no disponibilidad por parte del Estado, que es lo que hoy hemos adoptado en el Consejo de Ministros, que es del que ya tuvimos ocasión la Vicepresidenta y yo de informarles en una rueda de prensa después del anterior Consejo de Ministros. Es el mismo Acuerdo de no disponibilidad de dos mil millones de euros; Acuerdo de no disponibilidad que no afecta al gasto social que es financiado por el Presupuesto del Estado ni a la financiación de la seguridad; por tanto, afecta a otro tipo de componentes de los Ministerios en proporción al volumen de esos Ministerios.

También esperamos un ahorro como consecuencia de las medidas CORA, de las medidas de la reforma de las Administraciones Públicas, de 729 millones de euros para el año 2016 y de las medidas en relación con las Comunidades Autónomas, que también supondrán un ahorro del orden de 2.037 millones de euros. En lucha contra el fraude, que también ha sido uno de nuestras principales banderas, baluartes, desde luego, de recaudación tributaria en esta Legislatura, también esperamos mil millones de euros más. Y, eso sí, el efecto de la reforma tributaria: estamos bajando impuestos --ahora lo vamos a ver-- en el año 2016 y, por tanto, en ese sentido hay que computar como una menor recaudación la bajada, tanto del IRPF, como del Impuesto sobre Sociedades, que ahora les voy a detallar, en el año 2016.

En términos de ingresos --está todo el detalle, como corresponde al Programa de Estabilidad--, en primer lugar quería insistirles en el impacto de la reforma tributaria. El Gobierno ha bajado impuestos de una manera bastante profunda en el año 2015 en el IRPF. Las cifras son las mediciones ex ante y ex post del impacto de la reforma tributaria y las cifras son importantes en términos ex ante, la bajada de impuestos en el año 2015, 5.900 millones de euros, y, en el año 2016 ya programábamos 1.600 millones; pero está desplazada y, por tanto, va a ser bastante más importante ex post la bajada de impuestos en el año 2016. En el IRPF en el año 2016 tendremos una bajada de 2.577 millones de euros y, por parte del Impuesto sobre Sociedades, al menos, de 1.500 millones de euros.

Como recuerdan, estamos bajando el Impuesto sobre Sociedades en términos nominales; está entrando en vigor un nuevo Impuesto sobre Sociedades en España en su segunda fase, en el ejercicio 2016. Pues todo ello lleva a los acumulados: en el acumulado final ex post en el IRPF la bajada sería de 6.449 millones de euros y en el Impuesto sobre Sociedades, de 2.385 millones de euros. Es decir, total, 8.834 millones de euros.

El Gobierno está bajando los impuestos en nuestro país, los estamos bajando y en unas cifras realmente importantes, muy importantes.

Hay muchas personas, muchos contribuyentes, millones de contribuyentes, que están pagando menos Impuesto sobre la Renta en el año 2015 que en el año 2011. Por tanto, estamos más que devolviendo la parte de subidas que tuvimos que hacer en la primera mitad de Legislatura.

¿Cómo afecta esto a la recaudación de los impuestos en nuestro país? Como siempre, conviene advertirlo, no para abrir los informativos de televisión, espero; pero es importante para manejarlo, para estudiarlo y para ver si efectivamente estamos teniendo más recaudación o menos recaudación. Entonces, las cifras de la totalidad de los impuestos en España se cerraron en el año 2014 en 230.000 millones de euros y en el año 2015 en 242.000 millones, con la bajada. Hemos recaudado más. Luego dirán "es que no funciona". Nosotros hemos recaudado más. Luego se valora, se critica y lo que se entienda, pero las cifras hay que utilizarlas.

En el año 2016 la previsión es que de esos 242.000 millones de euros pasemos en impuestos a 250.000 millones de euros, teniendo en cuenta los impactos que he relatado en la primera parte. Por tanto, los crecimientos, los previstos, los programados para el año 2016 o el año 2015, son crecimientos moderados y perfectamente alcanzables a partir del cuadro del escenario económico que ha descrito el ministro Guindos. Como ven, realmente se corresponde con ello.

A partir de ahí, tienen todo el desglose de impuestos --esta calificación es ya de Contabilidad Nacional, la que tienen ahí-- y luego las cotizaciones sociales, también. Esperamos un mejor comportamiento en este ejercicio, a partir también de la acumulación de nuevos empleos y de la evolución de la masa salarial del 3 por 100 frente al 1,7 por 100. Pero, aun así, como bien recuerdan, le damos un déficit todavía alto, superior al 1 por 100, a la Seguridad Social.

La presión fiscal es importante también, porque es una de nuestras grandes señas de identidad. La presión fiscal en España supera en algunas décimas el 38 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto y la propuesta del Gobierno es que se mantenga en esos niveles de presión fiscal o aumente algunas décimas. Pero el proyecto que estamos presentando no es que suba la presión fiscal, como otros en nuestro país, legítimamente, están proponiendo; pero no es el nuestro, nuestro proyecto. Nuestro proyecto es que nos quedemos en ese rango, que, por cierto, es el rango que tenía España en el año 2007, que estaba ahí, pues nunca superamos el 39 por 100. Es el rango que tenía cuando fuimos anteriormente Gobierno y, por tanto, dentro de ello están los huecos para bajar impuestos el día de mañana. No digo en 2016; el día de mañana, donde cabe bajar impuestos a partir de que tengamos esos escenarios de crecimiento y estemos comprometidos con mantener esos niveles de recaudación.

También es muy importante la lectura del gasto público sobre el Producto Interior Bruto y verán lo que ha sido esta Legislatura y lo que pretendemos es que sea este Programa de Estabilidad. Este Programa de Estabilidad lo que está planteando es que el gasto público vaya perdiendo participación en el Producto Interior Bruto. Eso es lo que está programando y eso es lo que se corresponde con el mantenimiento de la presión fiscal. Mantenemos presión fiscal, baja el gasto público sobre el Producto Interior Bruto y se reduce el déficit público; de esta manera estamos impulsando recuperación económica y creación de empleo. Éste es el planteamiento.

En cuanto al detalle de los grandes gastos públicos, ¿cuál es el gasto público, no en PIB, sino por excelencia? La protección social: pensiones, desempleo, dependencia…, todo lo que es la protección social. En el año 2015 gastamos las Administraciones en protección social 184.227 millones de euros que, en comparación con el año 2007, fíjense, son cerca de 50.000 millones de euros más. Por tanto, hay mucha más protección social en España, dígase otra vez lo que se diga. Dígase lo que se quiera o hacer eslóganes, pero las cifras son contundentes respecto de ello.

No ha habido recorte alguno en protección social, ninguno; ni respecto del año 2007 ni de ninguno --eso es tendencialmente--, y de acuerdo con el programa del Gobierno no lo va a haber. Lo que estamos ahí programando es que, a finales, en el año 2019, gastemos 200.000 millones de euros en protección social; Capítulo 10. Esto significará que habrá otros capítulos que no crecerán; pero cada Gobierno tiene sus prioridades y para nosotros la protección social es una prioridad completamente absoluta.

A partir de ahí, tienen también los grandes gastos del Estado de Bienestar: salud, capítulo 07, donde ven que en el año 2015 gastaron en este caso las Administraciones territoriales, las Comunidades Autónomas, 66.744 millones de euros; sobre el año 2007, 5.000 millones de euros más. Por tanto, ésta es la realidad de nuestro gasto público.

Y en términos de educación, el otro gran pilar del Estado del Bienestar, hemos gastado 43.000 millones de euros, que también se comparan bien con el año 2007, donde efectivamente se gastaba esa misma cifra en nuestro país.

Me parece que es importante, aparte de para evitar demagogias también… Es fácil sembrar y sentar demagogias en nuestro país, pero no se sostiene cuando se están leyendo las grandes cifras de gasto y, por tanto, donde estamos empleando los impuestos que pagamos los españoles.

En relación con el Presupuesto del Estado, también tienen ahí este gajo desglosado, que lo que viene es a insistirles en una doble idea: el Presupuesto del Estado en España tiene un marcado carácter financiador de otras Administraciones. Más del 60 por 100 del gasto del Presupuesto del Estado se dedica a financiar a otras Administraciones Públicas: a las Comunidades Autónomas, a las Corporaciones Locales y a la Unión Europea. Por tanto, lo que es el gasto de los Ministerios en nuestro país es, de una financiación de 157.000 millones de euros, más de 99.000 millones son transferencias y el resto son los gastos de los Ministerios. Es decir, los gastos de los Ministerios son 66.000 millones de euros en España, que viene a ser el doble de la Generalitat de Cataluña, para entendernos. Eso es lo que es el Consejo de Ministros en nuestro país, lo que tenemos de presupuesto directo.

Somos la primera Administración, pero de ese tamaño. Lo digo porque siempre se mira al Estado como si realmente el Estado fuera capaz de cubrir todas las insuficiencias de las otras Administraciones; pero verán ustedes que ésas son nuestras cifras y sobre esas cifras hemos decidido hoy el Acuerdo de no disponibilidad, esos dos mil millones menos sobre esas cifras.

A partir de ahí, tenemos que salvaguardar, como les decía… Por supuesto, tenemos los intereses de la deuda, que en el proceso de mutualización que hemos hecho están en el presupuesto del Estado en esta Legislatura, y tienen ahí todas las otras partidas de carácter obligatorio.

La reducción del déficit público tiene su sentido en la reducción de la deuda pública. Eso es fundamental. Lo hemos dicho en esta presentación, reiteradamente, la vicepresidenta, el ministro de Economía y yo mismo: España, para asentar su recuperación, tiene que seguir desapalancando y es el momento de desapalancar al sector público, porque el desapalancamiento del sector privado ya está muy avanzado, y tenemos que mantener esa capacidad de financiación de España frente al resto del mundo. Ése es el auténtico nuevo modelo de evolución de nuestra economía y para eso es fundamental bajar el nivel de deuda pública. Bajarlo ¿a qué ritmo? Al ritmo que es compatible con el crecimiento económico o, incluso, es motor de ese crecimiento económico; al ritmo en el que la reducción del déficit público se convierte en motor de crecimiento económico.

Cuando recordaba el ministro de Economía que España es el país que más crece de los grandes países de la zona euro, eso tiene que ver todo con las reformas estructurales que hemos hecho y tiene que ver todo con la política presupuestaria que hemos hecho y que tratamos de proyectar hacia el futuro. Tiene todo que ver. Si no hubiéramos hecho esta política presupuestaria, a buen seguro que no estaríamos creciendo a la cabeza de los países europeos.

Por cierto, España necesita crecer más que ninguno por la tasa de paro que sigue teniendo. Por tanto, para nosotros no es sólo una aspiración; es una obligación, como país, crecer para crear empleo y para eso estas políticas se han mostrado eficaces, como se desprende claramente de sus cifras. Por tanto, a España le conviene reducir el déficit público y le conviene, sobre todo, también para que baje ese nivel de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto y podamos financiar el crecimiento de nuestra economía.

Aquí les recuerdo qué parte de las Administraciones son las que…, cómo repartimos lo que llamamos el esfuerzo de consolidación en términos de lo que ha sido el período de la Legislatura y lo que estamos programando de una nueva Legislatura, 2016-2019, y cómo se reparte entre nuestras Administraciones. Casi es lo de menos. Yo comprendo que estamos todo el día en estos debates entre unos y otros; pero lo importante no es esto. Lo importante es que, en un país descentralizado política y administrativamente como es España, el total resulte. No la comparación entre nosotros, que sean debates y debates, lógicamente, entre Administraciones territoriales tan grandes como tenemos y administraciones territoriales tan grandes y numerosas como son las Corporaciones Locales. Está siempre lo de "tú haces el esfuerzo, el otro hace..."; pero es lo de menos, les decía.

Luego, ya también el recordatorio, que ya es bien conocido y que se incorpora al Programa de Estabilidad, de las medidas aplicadas de la Ley de Estabilidad a las regiones. También esto es lo que estamos haciendo, la aplicación de esa Ley de Estabilidad, estando en funciones, Y quiero decirles, como estoy seguro que me lo van a preguntar, que, a las cartas que emití en su momento en aplicación del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las Comunidades Autónomas, espero, tengo la confianza, y así se me ha advertido, que hoy tendremos, hoy viernes, que es el plazo máximo, respuesta a todas ellas.

P.- Vicepresidenta, tenía dos preguntas. La primera, en cuanto a Eurovisión y la ikurriña. Me gustaría saber si el Gobierno va a hacer algo para defender la bandera de todos los vascos y que no aparezca como ejemplo de banderas prohibidas en una lista junto a la bandera del ISIS.

La segunda pregunta se refiere a las cláusulas abusivas de los contratos y el procedimiento abierto a España por parte de la Comisión Europea. Quería preguntar si van a adaptar la Ley, si un Gobierno en funciones tiene capacidad para adaptar la Ley y qué impacto puede tener esto en un sector como el bancario, que ha sido rescatado.

Sr. De Guindos.- Lo que ha hecho la Comisión Europea es mandarnos una carta de emplazamiento. Tenemos un período de dos meses para contestar y ya habíamos estado hablando con ellos anteriormente. Nosotros hemos ido modificando en el tiempo nuestra legislación hipotecaria, no solamente a través de medidas de protección para aquellos deudores hipotecarios que tenían problemas como consecuencia de las posibilidades del desahucio: todo lo que ha sido el Fondo Social de Viviendas, lo que fue el Código de Buenas Prácticas… Prácticamente más de 60.000 familias se han visto favorecidas por este tipo de actuaciones.

Lo iremos viendo. Aquí hay cuestiones muy, muy, técnicas de relación entre un procedimiento declarativo y un procedimiento ejecutivo. Lo tenemos que analizar. Yo creo que las modificaciones que se harán serán, lógicamente, acordadas con la Comisión Europea y lo haremos de tal forma siempre teniendo en cuenta que hay que cumplir y hay que mantener un principio fundamental, y es que las cláusulas de los contratos hipotecarios no pueden ser abusivas. Ese ha sido siempre el principio que nos ha guiado.

La implicación que esto pueda tener desde el punto de vista del sistema bancario español yo creo que no es relevante.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, la ikurriña es una bandera constitucional, legal y legítima, y, como tal, el Gobierno de España la defenderá donde haga falta. Es una bandera que representa a los españoles que residen en una Comunidad Autónoma y que merecen un respeto, y nosotros vamos a hacer valer ese respeto.

¿Qué hemos hecho? El Consejo de Ministros ha encargado al ministro de Asuntos Exteriores que se ponga en contacto con las autoridades suecas para hacerles notar este hecho, y también hemos sido informados de que el director de Radiotelevisión Española se ha puesto en contacto, a través de la UER, que es la Unión Europea de Radiodifusión, con los organizadores del evento para explicarles que no pueden tratar a la ikurriña, que es una bandera constitucional dentro de España y de una Comunidad Autónoma, de este modo.

P.- Al ministro de Economía quería preguntarle si considera que es realista presentar un escenario de crecimiento positivo, partiendo de la base, como nos han explicado, de mantener la presión fiscal o la reducción del gasto público, cuando hemos visto el fracaso político para formar Gobierno y que no está claro que estas medidas vayan a mantenerse. ¿Es más un plan electoral con muy buenas intenciones que un plan de estabilidad?

A la Vicepresidenta también quería preguntarle si considera lógico o tienen el mismo mérito en las Medallas al Mérito al Trabajo algunos emprendedores que nos han mencionado, como Juan Roig, que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, porque durante su gestión el sindicato ha tenido que gestionar el tema de los ERE en Andalucía y hay cargos suyos que están implicados en las "tarjetas black". ¿Tienen el mismo mérito para recibir una Medalla al Mérito al Trabajo?

Por último, al ministro de Hacienda. Me gustaría saber qué opina de que Cataluña haya contratado en el primer trimestre a veinte mil empleados públicos más, a pesar de que tiene el déficit desbocado.

Sr. De Guindos.- En el Programa de Estabilidad el cuadro macroeconómico es un cuadro macroeconómico realista --hay un crecimiento medio durante los cuatro años prácticamente del 2,5 por 100; y una creación de empleo, además, que se puede considerar como cauta-- y que se basa en un principio fundamental, y es, no solamente en hipótesis conservadoras de evolución de tipos de interés, tipos de cambio, precio del petróleo, etc., etc., sino también, lógicamente, en que España ha ganado muchísima competitividad, que tiene un sistema financiero saneado, que en estos momentos se confía en nosotros, que tenemos credibilidad, etc., etc.

Lo que supone es que se mantienen, de alguna forma, las señas de identidad de la política económica que ha permitido a España salir de la crisis desde mediados del año 2013, o, mejor dicho, salir de la recesión desde mediados del año 2013, y que, tal como se pinta en el cuadro macroeconómico, implica, fundamentalmente, que a finales de este año o principios del próximo ya recuperaremos los niveles de renta que teníamos anteriormente.

Yo creo que un dato muy claro y muy significativo de lo que es la prudencia es que en el primer trimestre la tasa de crecimiento interanual es del 3,4 por 100 y hemos puesto para el conjunto de este año el 2,7 por 100. Se tiene que dar, como decía anteriormente, una desaceleración muy intensa, que nadie en estos momentos proyecta ni prevé, de la economía española para que nos vayamos a ese 2,7 por 100.

Pero tiene que primar, como siempre ha ocurrido, lo que es la prudencia. Yo simplemente le diría un ejercicio: coja usted las proyecciones que nosotros hemos presentado en los últimos años y después cotéjelas con la realidad, y lo que verá es que siempre las revisiones, la gran mayoría de las revisiones, han sido siempre al alza.

Sr. Montoro.- El dato al que se refiere a empleo en Cataluña es el de EPA y, entonces, ese dato no se corresponde a plantillas públicas en términos exactos. Son dos orígenes y dos identificaciones diferentes, pero claramente distintas. Todas las Administraciones Públicas, a la hora de cambiar su plantilla, están sujetas a regulación básica y no cabe una Administración, digamos, que, por ejemplo, decida en un momento determinado elevar su plantilla un 20 por 100. Eso va contra la Ley y, entonces, sería inmediatamente recurrida por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. y lo llevaría al contencioso-administrativo, impidiendo ese incremento de plantilla.

Entonces, las mediciones es que son diferentes en términos de lo que está ocurriendo. Insisto en la diferencia. EPA es una encuesta, una encuesta tendencial, que está marcando y que, como ustedes saben también, si ven la evolución del empleo público en términos EPA, desde el año 2012 ha habido una reducción muy importante del empleo público en términos EPA: 400.000 empleos públicos. Pero eso no se corresponde exactamente con las plantillas de las propias Administraciones; son dos fuentes diferentes. Por ejemplo, con la contratación de un servicio externo para estar realizando un trabajo para una Administración en términos EPA puede responder que se está trabajando para el sector público, y se está trabajando para el sector público, pero a través de una contratación, por ejemplo. Por eso decía que esto hay que tenerlo en cuenta. Son mediciones diferentes.

Ninguna Administración puede incumplir la Ley y esa Ley es la tasa de reposición, que recuerdan que para el año 2016 para los servicios públicos básicos establecimos en el cien por cien por primera vez en la Legislatura. Pero, a partir de ahí, no cabe ningún tipo de movimiento, puesto que automáticamente es recurrido por el Ministerio.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda de sus preguntas, como verán en el listado de los condecorados, hay personas con muy diferentes perfiles y muy distinta trayectoria, y cada uno aporta un mérito diferente para ser adjudicatarios de esta condecoración.

Yo quiero reconocer y recordarles a ustedes que los sindicatos en nuestro país tienen un encargo constitucional importante. Aquí también se reconoce ese encargo en las figuras de quienes han tenido puestos de ex secretarios generales, por un lado, de UGT y, por otro lado, de Comisiones Obreras, que el diálogo social es importante en nuestro país; que a lo largo de esta Legislatura se ha hecho un gran esfuerzo en ese diálogo social y se ha llegado a acuerdos importantes. El otro día presentábamos un Real Decreto Ley, la ministra de Empleo y yo, sobre la prórroga del Programa de Activación, que fue, por ejemplo, pactado con los sindicatos. Y la tarea de muchos años es la que se reconoce, tanto en el señor Cándido Méndez, como en el señor Fidalgo, al servicio de los sindicatos, que, como digo, junto a los partidos políticos, son instituciones constitucionales a los que nuestra Constitución les da una especial relevancia.

P.- Sobre la presentación del recurso que ha decidido poner el Gobierno, me gustaría saber si sin la reunión del señor Puigdemont y el señor Rajoy, y sin el encuentro que mantuvo ayer usted con el señor Oriol Junqueras, se hubiera recurrido lo mismo o si supone un síntoma de distensión entre las dos Administraciones.

Por otro lado, me gustaría que nos pudiera aclarar qué puntos de la parte de vivienda de la Ley son recurridos, si lo que hace referencia a la segunda oportunidad para los hogares o a los pisos vacíos, a la obligación de los tenedores de prestar los pisos vacíos.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, yo ayer, en la comparecencia que tuvimos, lo explicaba con amplitud. Cuando uno plantea un recurso de inconstitucionalidad respecto a Cataluña o a cualquier otra Comunidad Autónoma, incluso a cualquier otra Administración, lo hace fundamentándose en criterios constitucionales, en criterios de orden competencial y de carácter jurídico, y eso no está a la libre disposición, entiendo, de un Gobierno.

Sí dije que creo que es importante, y es una de las cosas que yo le transmití al señor Junqueras, que hiciéramos un esfuerzo en los órganos previos a la interposición de esos recursos. Por ejemplo, nosotros tenemos una comisión bilateral Estado-Generalitat, en la que hay una comisión técnica que depende de funcionarios y del equipo del señor Cristóbal Montoro, que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puede durante un periodo de seis meses sentarse a hablar con los representantes correspondientes de la Comunidad Autónoma y analizar qué preceptos entiende que son inconstitucionales o que vulneran competencias de una u otra Administración, y ver la manera de resolver el conflicto.

Es la senda que creo que se utiliza, porque acabamos de cerrar cinco acuerdos en temas tan relevantes como el Instituto Catalán de Finanzas o la Ley de Protección a la Infancia, en los que se han llegado a acuerdos. Y esa es la vía que creo que tenemos que utilizar.

Una vez que esa vía no tuvo éxito, y no tuvo éxito en esta Ley, la 24/2015, el Gobierno la eleva al Consejo de Estado sobre una serie de artículos sobre los que entiende que puede haber dudas de inconstitucionalidad. El Consejo de Estado emite dictamen --para que ya ustedes no tengan ningún género de duda, tengo aquí la fecha-- el 21 de abril de 2016 y señala qué preceptos considera que pueden entrar dentro del reparto constitucional y que no vulneran la igualdad entre españoles, y qué preceptos sí.

Pero sí hay una cosa en la que yo le insistí el señor Junqueras, que creo que es buena, que es que utilicemos los mecanismos llámense de mediación, porque realmente es lo que es, o de negociación previo a la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional. Del mismo modo que le dije que nosotros vamos a hacer un esfuerzo en la contestación al requerimiento de las auditorías medioambientales para ver si con ese requerimiento la Generalitat de Cataluña entiende que se respetan sus competencias y lo evitamos en un tema tan importante como el medioambiental.

En segundo lugar, hay un tema que yo señalaba ayer y que es importante, y es el enfoque de estas cuestiones. No es que el Gobierno vaya en contra de las leyes de carácter social de ninguna Comunidad Autónoma; es como si yo dijera que la Generalitat va en contra de las normas de lucha contra el cambio climático que aprueba el Gobierno. No lo voy a decir porque no es verdad. Entiendo que la Generalitat está tan preocupada por el cambio climático como nosotros, como nosotros a lo largo de esta Legislatura hemos estado preocupados, y mucho, y aquí está uno de los ministros que ha trabajado más en ese tema, el ministro de Hacienda también, y el ministro de Asuntos Sociales en materia de exclusión social y lucha contra los desahucios. De hecho, se ha reducido, y mucho, la cifra de desahucios en nuestro país.

Es decir, pongamos las cosas en su justo término, porque ni yo puedo decir, porque no atiendan al requerimiento del Gobierno de la nación, que la Generalitat no está por luchar contra el cambio climático porque recurre las auditorías energéticas, como la Generalitat no puede mantener y sostener que nosotros no estamos a favor de darle una protección social a las personas que están en riesgo de exclusión social, porque no es verdad. Ellos defienden sus competencias y nosotros defendemos las del Estado y otra obligación que tenemos a mayores, que es la igualdad de todos los españoles, para que todos puedan disfrutar de los mismos derechos y tener las mismas obligaciones en cualquier lugar del territorio español donde vivan.

Dicho lo cual, me pregunta usted qué recurrimos y qué no recurrimos. Sin perjuicio de que se lo puedo dar extensamente detallado, esa Ley tiene nueve artículos, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y siete disposiciones finales; es decir, es una ley amplia. Se recurre por infracción de la legislación procesal y de la legislación civil. La legislación procesal es competencia exclusiva del Estado. El Poder Judicial es un poder único y las leyes procesales son iguales en todo el territorio nacional. Fíjese si fueran diferentes cómo arreglábamos el sistema de recursos ante el Tribunal Supremo, por poner un ejemplo. Es decir, las leyes procesales son iguales para todos.

Se recurre el aspecto del artículo dos relativo a las comisiones de valoración, porque se les da naturaleza decisoria. Esto es una mediación y la mediación no puede tener naturaleza decisoria, no se puede imponer como un arbitraje.

En segundo lugar, el procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, porque crea un proceso judicial distinto del proceso judicial concursal general. Entonces, no puede ser que los concursos se resuelvan ante los Tribunales de manera diferente según el domicilio del sobre-endeudado o según el domicilio de la empresa. Es legislación concursal. ¡Fíjese de lo que estamos hablando! No estamos hablando del fondo del asunto.

Por ejemplo, los contratos… Sobre el artículo cuatro, que es el asunto del contrato de fianza, el contrato de fianza es un contrato que tiene que ser único en su tratamiento, tal y como se recoge en el Código Civil.

Del artículo 5 no se recurre todo, sólo los puntos 1, 2, 3, 4 y 9, porque introducen un requisito previo a la interposición de una demanda judicial de ejecución hipotecaria, es decir, es un proceso judicial, y los requisitos previos a la interposición de las demandas tienen que ser los mismos en todo el territorio nacional y los mismos porque el procedimiento judicial tiene que ser único.

Por otro lado, se recurre el artículo 7 de la norma porque vulnera el principio de igualdad y la regulación del derecho de la propiedad. El derecho de propiedad tiene que tener una regulación de carácter general en toda España. Téngase en cuenta que el derecho de propiedad es uno de los fundamentos básicos del régimen de derechos y libertades del sistema de derechos civiles en cualquier país. Entonces, no es posible que haya regulaciones asimétricas del derecho de propiedad en todo el territorio nacional y que los propietarios tengan más o menos derechos, más o menos obligaciones, según donde tengan radicados sus bienes.

Por último, la disposición adicional primera de la norma, en el sentido de que es contraria, como señala el Consejo de Estado, porque tiene una serie de lagunas en la regulación de esas cesiones, de esas obligaciones de cesión, y lo que ello comporta, con la regulación civil dada por el Estado.

Es decir, lo que estamos recurriendo es, fundamentalmente, las normas que son de naturaleza procesal, porque la Ley Concursal es única para todos los jueces de nuestro país. Ésta es una de las normas más claras en el régimen de distribución competencial del artículo 149 de la Constitución, que es la legislación procesal. Y, en segundo lugar, algunos aspectos de la legislación civil, que no caen dentro de la órbita de la legislación foral. Ustedes saben que algunas Comunidades Autónomas de régimen foral pueden actualizar su régimen de foralidad, pero hay una serie de instituciones básicas, entre ellas el derecho a la propiedad, en que ha de garantizarse un régimen jurídico único.

Pero, no obstante, tengo todo esto detallado y en el propio texto del Acuerdo se detalla lo que se recurre; si bien es cierto que yo también les he señalado lo que no se recurre.

P.- Vicepresidenta, sobre este mismo asunto, quería aclarar si el Gobierno…, Me imagino que pediría antes un informe a la Abogacía del Estado, ¿o no?, sobre esta misma Ley, que es donde se vio la posible inconstitucionalidad de la parte de la pobreza energética, y, a partir de ahí, después se pidió el informe del Consejo de Estado. No sé si ha sido así. Entonces, quería saber si esa interpretación que ha hecho el Consejo de Estado, al considerar que no es inconstitucional la parte de pobreza energética, al menos es un mensaje positivo que se envía a la Generalitat. ¿Lo considera así el Gobierno y favorece ese diálogo que se ha abierto en esta nueva etapa?

Vicepresidenta.- Previo a la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, debemos recabar informe preceptivo del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Estado, la Abogacía del Estado es un órgano consultivo y, de hecho, quien se encarga de la gestión de la interposición de estos recursos en cuestión, que está en el Ministerio de Hacienda, trabaja, indudablemente, de acuerdo con criterios jurídicos. Pero el supremo órgano consultivo del Estado es el Consejo de Estado y siempre, previamente a la interposición del recurso de inconstitucionalidad, es preceptivo pedirle su informe.

Es decir, aquí el Gobierno puede dudar de la constitucionalidad o no de una serie de preceptos, se abre la comisión de negociación y se eleva diciendo: "consideramos que éstos pueden o no ser inconstitucionales". El Consejo de Estado señala cuáles considera, cuáles no considera, y los somete al criterio del Gobierno. Éste es el funcionamiento normal. Si me equivoco, el Ministro, que es el competente… Yo tiro de oficio, que se me está olvidando, pero el Ministro, que es el competente, lo puede aclarar.

Sobre la segunda de sus cuestiones, ¿qué mensaje se envía? Yo creo que un mensaje muy claro, que es importante. Mandarle el mensaje a la Generalitat de que este Gobierno no manda los asuntos al Tribunal Constitucional porque considere que el Gobierno de la Generalitat es de mejor o peor condición que otros. Llevamos los asuntos al Tribunal Constitucional de acuerdo con criterios constitucionales y jurídicos. Y yo creo que eso es importante: sobre todo, dejar claro y transmitirle a la Generalitat que nosotros no tenemos ninguna intención de plantear recursos de inconstitucionalidad más allá de los que suponen nuestra obligación de defender el orden constitucional y el principio de igualdad ante todos los españoles, de los que derivan, por cierto, todo lo demás.

Yo creo que ése es un mensaje muy positivo, porque nadie puede pretender… "Es que el Gobierno de España parece ser que a nosotros…". No, porque, si fuera el caso, ergo, si la Generalitat nos ha planteado a nosotros 51 recursos, entre recursos y cuestiones de competencia, y nosotros 32, diríamos: "es que…". No, yo entiendo que ellos plantean sus recursos amparándose en que creen que hay una vulneración de sus competencias y nosotros planteamos los nuestros para defender la igualdad de todos los españoles y el orden constitucional.

Yo creo que ese mensaje es muy importante pero, sobre todo, también otro que yo le transmití al señor Junqueras: tenemos una institución previa de negociación, la Comisión Bilateral. Allí se abre un período en que puede negociar las Administraciones, la catalana o cualquier otra Administraciones; se ponen los argumentos encima de la mesa; los técnicos, los expertos, lo estudian y dicen: "si tú modificas este artículo, o si tú interpretas este artículo de esta manera, o si el desarrollo --eso también se pacta en otras ocasiones-- de esta Ley la haces en esta línea, para que quede bien claro que ésta es la situación…". Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del Instituto Catalán de Finanzas. ¿Preocupación, ministro de Economía? Que fuera considerado como una entidad de crédito. No lo es. Lo dejaron claro y llegamos a un acuerdo.

Esa es la vía que yo creo, y tanto para Cataluña como para el resto de las Comunidades Autónomas en España fue introducida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es una vía de negociación, es una vía de resolución de conflictos y, del mismo modo que a los particulares les estamos diciendo que la mediación es un buen sistema, que se buscan mecanismos alternativos de resolución extrajudicial de conflictos, yo lo que pido y lo que digo es que lo utilicemos también todas las Administraciones, porque, además, se llega a acuerdos.

Como yo decía el martes pasado, porque presido la Comisión Bilateral, la grande, después del señor Romeva, que firmó, firmé yo lo que los expertos del señor Montoro y de la Generalitat de Cataluña habían dictaminado como constitucional.

Sr. Montoro.- Sólo una consideración, lo más breve y lo más directo posible, porque es interesante que a estas alturas de nuestra democracia algún responsable político entienda que un miembro del Gobierno es el que decide lo que se recurre o no. Eso es no entender absolutamente nada de lo que es la Administración Pública, de quiénes son los que están haciendo esas evaluaciones; quiero decir, la cantidad de funcionarios y de altos funcionarios que intervienen en ese proceso.

Por tanto, el Gobierno, y con los contrastes además después del Consejo de Estado, es que no tiene…. Imagínese que llegara al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, a propuesta de uno de sus miembros, de mí mismo, dijera: creemos que políticamente no interesa presentar esto. Pero ¿en qué país vivimos? Es que realmente a mí me resulta asombroso el tener que escuchar estas cosas y que vengan otros representantes políticos a pedírtelo. Pero, ¿qué me está usted diciendo? ¿Qué incumplamos la Ley? ¿Qué prevariquemos respecto de lo que te están diciendo y advirtiendo todos tus servicios?

La verdad es que este lenguaje es interesante: "deja de presentarme tantos recursos…". Pero es que se presentan automáticamente en función de lo que se entiende que técnicamente, en técnica jurídica, es incompatible con la ley estatal. Tan sencillo como esto.

Por lo demás, son, precisamente quienes tienen esa iniciativa legislativa, los que deben adecuarse a las normas, igual que hemos hecho nosotros en el día de hoy. ¿No nos estamos adecuando a la norma europea, cuando presentamos este Programa de Estabilidad? ¿Acaso no estamos haciendo esto? Es una propuesta para adecuarse a esa norma europea. Por tanto, todos estamos limitados por la Ley en ese terreno. Es que para ustedes ninguna duda de que el Gobierno no tiene ningún margen en ningún tipo de actuación de ello; pero, claro, el lenguaje este de "oye, déjame de presentarme tantos recurso", claro, induce a una confusión y a un debate social que está fuera de lugar, sencillamente. Es que eso es imposible en un Estado de Derecho y con Administraciones serias y rigurosas, como afortunadamente tenemos en España.

P.- Tenía una pregunta para cada uno de los dos ministros sobre el Programa de Estabilidad.

Al ministro de Economía le quería preguntar por los datos de empleo. Nos ha dicho que en el período de 2015 a 2019 se podrían crear, según este cuadro macroeconómico, 1.847.000 empleos, en términos de EPA. Me gustaría, por favor, que nos hiciera el mimo cálculo en términos de Contabilidad Nacional para saber cuántos empleos, equivalentes a jornada completa, piensa que se van a crear en este período.

Al ministro de Hacienda. Cuando se han expuesto las medidas que se van a facilitar en 2016 y el logro del objetivo de estabilidad, ha hecho referencia al acuerdo de no disponibilidad de dos mil millones, que no sé si nos puede concretar un poquito más en cómo se va a materializar, y habla de medidas, por 2.037 millones en las Comunidades Autónomas. Me gustaría saber, por favor, cómo se reparten estas medidas, en qué consisten, y, en particular, cómo contribuye Cataluña a este --no sé si llamarlo-- acuerdo de no disponibilidad autonómico, o usted le podrá el nombre, por 2.037 millones.

Vicepresidenta.- Pero ése es el del Estado.

P.- No, 2.000 millones, el Estado y Comunidades Autónomas, 2.037 millones.

Sr. De Guindos.- Nosotros lo que hacemos siempre es el estudio inicial y el análisis inicial en términos de Encuesta de Población Activa. La Encuesta de Población Activa lo que tiene, fundamentalmente, es que no distingue entre empleos a tiempo completo y empleos a tiempo parcial. Después, cuando se pasa a Contabilidad Nacional, siempre son puestos de trabajo equivalente a tiempo completo y hay unas tablas de conversión que, lógicamente, lo reducen por la propia metodología de la Contabilidad Nacional.

Tiene usted los datos de la evolución de las tasas de crecimiento de empleo en términos de Contabilidad Nacional. Si después le interesa, yo creo que le podemos dar perfectamente lo que sería esa conversión del crecimiento del empleo en términos EPA a términos de Contabilidad Nacional. Y también tiene usted la tasa de paro.

Los datos de Contabilidad Nacional siempre son medias anuales y, por lo tanto, coge lo que es cada uno de los cuatro trimestres. Si usted se va, por ejemplo, a lo que es la tasa de paro en términos de EPA en el último trimestre del año 2019, ve que sale el 13 por 100; sin embargo, en términos de Contabilidad Nacional es el 14 por 100. ¿Por qué? Porque vamos proyectando la reducción de la tasa de paro, que acaba en el 13 por 100, pero la del primer trimestre es un poquito más elevada. Y, evidentemente, la media es al 14 por 100.

Son diferentes metodologías pero, desde el punto de vista de lo que es la dinámica real del mercado de trabajo, te la da siempre la Encuesta de Población Activa.

Sr. Montoro.- En primer lugar, en lo que se refiere al Acuerdo de no disponibilidad de la Administración General del Estado, es una reducción sobre el Presupuesto. El Presupuesto es un programa de gasto con un techo, eso es lo que es un Presupuesto, y lo que hacemos, por tanto, es una reprogramación interna de los Departamentos para reducir nuestro gasto comprometido a realizar. ¿En función de qué? En función del volumen de nuestro Presupuesto. Y nos damos un plazo, que es que hasta el 13 de mayo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja con cada Departamento para identificar en el Departamento la reducción pertinente. A partir de ello, para entendernos, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas le supone, de acuerdo con su Presupuesto, una cifra en torno a los 60 millones de euros de reducción. Entonces, nosotros identificamos internamente y hacemos la colaboración a ello.

Obviamente, los Ministerios inversores tienen, a mayor volumen, mayor reducción. ¿Qué ocurre? Que, como tenemos una buena situación de mercado, también trabajamos con ellos para elevar techos de endeudamiento y poder hacer inversiones a través de APPs y a través de programas que no frenen la obra pública en nuestro país. Pero sí, digamos, lo que se está haciendo es renunciar a la parte inversora directa a cambio de otras fórmulas. Es lo mismo que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer: también en ese Consejo abordamos precisamente las fórmulas relativas a la mayor utilización de APPs por parte de las Comunidades Autónomas, para que realmente las restricciones presupuestarias afecten lo menos posible a la capacidad de inversión en un momento como el que estamos viviendo, donde tenemos un buen acceso a los mercados.

Ahora preguntaba por una Comunidad Autónoma, pero a cualquiera de ellas, ¿no? En Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la carta que yo emito lo que hace es instar al Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña a que lleve adelante un acuerdo de no disponibilidad. ¿Y en función de qué? En función de lo que ya es su gasto programado.

Cataluña no tiene nuevo Presupuesto todavía, pero tiene un Presupuesto prorrogado, para entendernos, en el año 2016 y es sobre ese Presupuesto. ¿En qué cuantía? En la cuantía que Cataluña, como dispone de nuevos recursos este año, como son los procedentes de la liquidación a su favor del año 2014, más los nuevos recursos del sistema de financiación y más los ahorros de intereses al estar también en esta fórmula pues, en concreto, Cataluña es Fondo de Liquidez Autonómica, no tiene acceso directo a los mercados. Por tanto, todo ello que lo hacemos es conformar… El Gobierno de Cataluña, digamos, toma una decisión y nosotros comprobamos que la decisión sobre esa cifra se adecúa y es coherente también con los siguientes planes que tiene una Comunidad Autónoma como la catalana, que es el Plan de Ajuste, que también se está negociando con el Ministerio, y ahora se le va a recabar un Plan Económico- Financiero en razón de que ha quedado desviada del objetivo de año 2015.

Todo esto es un programa que lo que hace es que las cifras se van acomodando y se van ajustando, y por eso son tan diferentes entre Comunidades Autónomas. No tiene sentido que el acuerdo de no disponibilidad sea un porcentaje de su Presupuesto, ni nada de esto. En el caso del Gobierno de España, insisto, son dos mil millones de euros, que lo que hacemos es repartirlos entre los diferentes Ministerios.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.