Madrid
Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vengo a informarles de los principales asuntos que han sido abordados hoy en el Consejo de Ministros.
En primer lugar, hoy hay tres convocatorias importantes, de tres subvenciones, que suman en su conjunto más de mil millones de euros, para reindustrialización y apoyo a la I+D+i. Se trata de un paquete en ejecución de los Presupuestos Generales del Estado que supone un compromiso importante con la política de reindustrialización en nuestro país y con el apoyo a la investigación científica y técnica de excelencia.
Voy a empezar por este último punto. Hoy hemos dado luz verde a dos Acuerdos por los que se autoriza la convocatoria correspondiente al año 2016 de ayudas para proyectos de I+D+i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación, orientado a los retos de la sociedad, así como del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica de Excelencia en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación 2013-2016. Se trata de dos convocatorias, que suman 370 millones de euros, divididos en proyectos de excelencia y en proyectos orientados a los retos de la sociedad. Con ello, muchos científicos podrán desarrollar sus investigaciones en España y abordar trabajos cuyos resultados supongan un avance significativo del conocimiento. Estos avances supondrán también que logremos enfrentarnos con éxito a los retos que son comunes en esta globalización: la salud, la energía, el transporte, el cambio climático o la seguridad alimentaria.
En las convocatorias del conjunto de ayudas más importantes para el fomento de la investigación científica y técnica sus beneficiarios son: universidades, centros públicos de I+D+i, centros tecnológicos y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. El Gobierno concede, así, los recursos necesarios para que miles de investigadores puedan contratar personal, comprar material, pagar dietas y viajes asociados a sus proyectos o sufragar los gastos derivados de patentes y publicaciones. Por tanto, permitirá a los investigadores centrarse en proyectos de investigación durante los próximos años.
El segundo de estos Acuerdos, también en esta área subvencional, es un Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa la convocatoria de préstamos a la inversión industrial, correspondientes al Programa de la Política Pública de Reindustrialización y el Fortalecimiento de la Competitividad Industrial en el año 2016, por importe de 757 millones de euros.
La convocatoria agrupa en una única línea las tradicionales ayudas a la reindustrialización y las convocatorias sectoriales para fomento de la competitividad, y se enmarca dentro de la iniciativa Industria Conectada 4.0. Apoya cuatro tipos de actuaciones: creación de establecimientos industriales, cambio de localización dentro del territorio nacional, ampliación de la capacidad de producción y mejoras y/o modificaciones de líneas de producción previamente existentes. Los apoyos financieros se harán a través de préstamos, con un plazo de devolución de diez años, siendo tres de ellos de carencia y siete de amortización.
Efectos favorables de este Plan: se considera que puede provocar la creación de más de diez mil nuevos empleos entre directos e indirectos; también se espera un efecto indirecto apreciable en las mejoras productivas en otras empresas de la cadena de valor de estos productos, así como una notable contribución al incremento de la exportaciones industriales especialmente de aquellas que tienen un nivel tecnológico más elevado.
En otro orden de cosas, les informo de que se ha acordado la revisión y modificación de los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos, cualificados o convenidos, concedidos en el marco de los diferentes Planes de Vivienda. Lo que se ha hecho es revisar a la baja los tipos de interés que se aplican a distintos préstamos que presta el Estado en los planes de vivienda a compradores españoles y, desde luego, a las familias afectadas. Los Reales Decretos por los que se desarrollan los distintos Planes Estatales de Vivienda vigentes determinan la periodicidad con la que hay que revisar los tipos de interés y establecen que esta revisión se lleve a cabo mediante acuerdo del Consejo de Ministros en el primer trimestre del año. En concreto, en el primer trimestre del año 2016 es necesario revisar los tipos de interés de los préstamos convenidos correspondientes a cinco Planes de vivienda.
El cálculo de dichos tipos se realiza a través de fórmulas matemáticas --o hay ningún tipo de arbitrariedad, pero sí les diré que, al haberse incluido los correspondientes al mes de enero, hay una bajada; es decir, habiéndose incluido este mes de enero, son tipos más bajos que si no se hubiera incluido y nos hubiéramos quedado en el mes de diciembre, y se ha hecho este cálculo para favorecer a las familias-- y con total transparencia, ya que el tipo de referencia que se utiliza en estas fórmulas es publicado por el Banco de España mensualmente.
Tienen el listado de esas rebajas en la Referencia del Consejo de Ministros; pero sí les diré que se revisarán préstamos a la baja en el tipo de interés que afectan a más de 370.000 familias y que supondrá un ahorro estimado de hasta 220 euros anuales.
También damos contestación, por Acuerdo del Consejo de Ministros, a un requerimiento de incompetencia formulado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña sobre las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria, de acuerdo con la Ley 2/2006, de Educación. En dicho requerimiento la Generalitat considera que el Gobierno se excedió en la regulación básica que le corresponde al Estado, además de vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de lengua cooficial.
El Gobierno rechaza el requerimiento planteado, ya que en todo momento ha actuado dentro del margen que le permite el artículo 149.1.30 de la Constitución, que es el establecimiento de las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la educación, y con respeto a las previsiones de la Ley Orgánica, donde deja claro que el Gobierno, previa consulta con las Comunidades Autónomas, establece los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas.
Hay que recordar que la evaluación final de Educación Primaria, objeto de este recurso, da lugar a un informe que tiene carácter informativo y orientador, lo que le diferencia sustancialmente de la de Bachillerato y de la de Educación Secundaria Obligatoria, puesto que son pruebas que no son de meros diagnósticos, sino que también tienen efectos en el título con validez en toda España. En ellas, el Ministerio de Educación establece para todo el sistema educativo español criterios de evaluación, características de las pruebas, su diseño y el contenido.
En la contestación al requerimiento también se deja claro que no se afecta a las competencias que sobre lengua cooficial ostenta la Generalitat de Cataluña, ya que el modelo lingüístico implantado en la enseñanza en Cataluña no se ve afectado. En este sentido, el precepto reseñado se limita a permitir que los padres, madres o tutores opten entre las dos lenguas que han de ser vehiculares en la enseñanza en Cataluña y, por tanto, conocidas por el alumnado a la hora de realizar parte de las pruebas de evaluación externa reguladas, sin establecer una preferencia por ninguna de ellas; es decir, con pleno respeto a las propias sentencias del Tribunal Constitucional.
Por último, se ha elevado al Consejo de Ministros un Informe sobre la evolución del sector turístico. Es destacable que el pasado año 2015 se ha convertido en el mejor ejercicio turístico de la historia, con más de 68 millones de turistas internacionales, que gastaron más de 67.000 millones de euros. Después de haberse celebrado FITUR, se han analizado estos datos que determinan que España se consolida como el tercer país receptor de turistas internacionales del mundo y el segundo, en ingresos turísticos. Además, en 2015 el Foro Económico Mundial nos ha reconocido como el país más competitivo del mundo en turismo y el más atractivo para invertir en el sector.
Entre 2011 y 2015 creció en doce millones el número de turistas internacionales que visitaron nuestro país y en quince mil millones de euros su gasto en los viajes que realizan. Es especialmente reseñable la extraordinaria evolución de los mercados lejanos, como los asiáticos, los árabes y los sudamericanos. De hecho, los turistas procedentes de países como China, Corea del Sur o México han crecido un 114, un 242 y un 28 por 100, respectivamente.
Otro punto destacable es la evolución del empleo, con 92.000 afiliados más que hace un año. Se refleja, así, la creciente contribución del turismo a la recuperación de la economía española.
También, observamos una clara recuperación del turismo nacional, tanto el que hacen los españoles dentro de España, como el de salida, el exterior. Ambos crecen sostenidamente desde el tercer trimestre de 2013, gracias a la mejora de la economía, la mayor confianza y el alza del consumo.
Por último, una previsión: la Organización Mundial del Turismo espera un crecimiento del turismo español en 2016 por encima de la media internacional, que se sitúa en el 4 por 100, gracias a la fortaleza del sector.
P.- Vicepresidenta, tenía una pregunta. Me gustaría saber si usted cree que hay gente dentro del partido del Gobierno que está a que Rajoy no sea el candidato. Ayer el propio Presidente decía que, aunque a él no se lo cuenten, sí cree que hay gente que está en eso.
Vicepresidenta.- Yo siento disentir del presidente del Gobierno, porque todos los que conozco y con los que yo me relaciono, que son fundamentalmente mis compañeros ministros y secretarios de Estado, apostamos por Mariano Rajoy y porque siga trabajando para que este país afiance la recuperación y el crecimiento.
Mire, nunca pensé yo que iba a llevarle la contraria, pero hoy lo hago.
P.- Tras el cruce de cartas entre el presidente del Gobierno y el líder de Ciudadanos, y dada la disposición del Presidente a intentar un acuerdo con él próximamente, ¿el Gobierno cree que serían superables escollos de algunas propuestas que ha realizado, como el tema de la supresión de las Diputaciones?
Por otro lado, ¿realmente el Gobierno cree o tiene esperanza en que el PSOE cambiara de actitud si Pedro Sánchez fracasara en su intento de investidura?
Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas es si vemos escollos -me ha parecido entender-- de fondo en relación con el acuerdo que han presentado el Partido Socialista y Ciudadanos. Me permito decirle al señor Rivera que para mí no es un acuerdo constitucionalista; es un acuerdo socialista. Respetable, por supuestísimo; pero los acuerdos constitucionalistas son otra cosa, al menos desde la Transición.
Sobre las dificultades que para nosotros comporta, en primer lugar, una muy importante y es que ese acuerdo, y más claramente con la interpretación que del mismo ha dado uno de sus autores, que es el señor Pedro Sánchez, conlleva la derogación de las más importantes reformas que ha llevado a cabo este Gobierno; que nosotros defendemos, no sólo porque las haya llevado a cabo el Gobierno, sino porque han colocado a España en la senda de la recuperación y del crecimiento. Entonces, como comprenderá, pedirle al Partido Popular que estampe su firma en un contrato de adhesión que supone derogar todo lo que ha hecho, cuando además ha dado resultados, es difícil de digerir.
La segunda de las cuestiones es la relativa a los impuestos, que es uno de los elementos del acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo con la política impositiva, con la subida de impuestos, que contempla ese documento. Nosotros creemos que las subidas de impuestos hay que hacerlas exclusivamente cuando no hay otro remedio y, en cuanto se revierta esa situación, porque España vuelve a crecer en el ritmo que lo hace ahora, hay que tratar de devolverles los esfuerzos a todos los ciudadanos.
A mí especialmente lo que me preocupa es que entre esas subidas de impuestos lo está la del Impuesto de Sociedades, que va a afectar a las pequeñas y medianas empresas. A mí ese es un tema que me preocupa especialmente, porque son esencialmente el tejido productivo de nuestro país y quienes más ayudan a la contratación. Creo, sencillamente, que, si queremos apoyar su fortaleza y si queremos apoyar el crecimiento de las empresas, yo creo que la política impositiva en ese ámbito es muy importante.
También me preocupa la subida de impuestos en Sucesiones y Donaciones. Sabe que nosotros somos muy partidarios en esos temas de reducir en todo lo posible la tributación, por cuanto responde a un esfuerzo que hace el ciudadano a lo largo de su vida, por el que ya ha tributado; y volver a tributar después, cuando hereda su familia, al menos en los elementos más cercanos, yo creo que hay que hacerlo con determinado cuidado.
Luego, hay otras cuestiones, y podríamos hablar de muchas, que a mí me preocupan: en materia energética, también en algunos aspectos relativos a las cotizaciones o, por ejemplo, la eliminación del mínimo exento de quinientos euros a la hora de contratar. Yo creo que es una buena medida que permite fomentar la contratación de indefinidos. Hay muchos elementos de calado y de filosofía política y económica que nos hacen no poder secundar esa medida.
Sobre las Diputaciones Provinciales, que es, digamos, de las medidas de reforma de las Administraciones, la única que yo he visto novedosa en ese programa. Yo le voy a decir mi opinión, que creo que es general en mi partido y también en el Gobierno.
En el documento que nos presentan se contempla la creación de nuevos organismos públicos. Yo ya tengo, digamos, mi rechazo inicial. Esta legislatura ha sido la de la reforma de las Administraciones Públicas, hemos eliminado 2.300 organismos públicos, y yo ya veo una pléyade de agencias, organismos especializados, etc., etc., que creo que no conviene duplicar. Si la doctrina es no caer en duplicidades, en este documento hay muchas duplicidades, porque esa actividad la llevan haciendo otro tipo de organismos, también independientes.
Entonces, me parece incongruente crear nuevos organismos y, a su vez, plantear la supresión de las Diputaciones Provinciales. Y yo estoy en contra, y lo están el Partido Popular y el Gobierno, por distintas cuestiones: en primer lugar, porque es desconocer la realidad del municipalismo español. Yo provengo de una Comunidad Autónoma; es más, provengo de un pueblo --mi familia-- de novecientos habitantes y, si no existiera la Diputación Provincial, esos ciudadanos tendrían dificultades en sus servicios públicos esenciales. Y, si no les preguntamos dónde viven para que paguen sus impuestos, no les podemos preguntar dónde viven a la hora de recibir los mismos servicios públicos. Las Diputaciones Provinciales prestan esos servicios. Cuando dicen "vamos a ahorrar todo este dinero", oiga, pero si es que ése es el dinero que se utiliza para mantener las carreteras, para mantener los servicios de prevención de incendios o para mantener toda la cooperación administrativa que se hace en los pequeños municipios por parte de las Diputaciones Provinciales.
Segundo, en este tema, y le estoy hablando ya de la época de la discusión del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de las famosas veguerías --en que, por cierto, y esto en primera persona, diputados socialistas ayer mismo pensaban como yo--, al final, eliminas las Diputaciones provinciales de una manera asimétrica, porque las Diputaciones Forales siguen perviviendo en ese texto; pero eliminas las Diputaciones Provinciales y acabas multiplicándolas por comarcas, mancomunidades, veguerías, etc., etc.
En tercer lugar, y se lo he oído a algún presidente socialista, ésta es una vieja reivindicación de los nacionalistas. Se lo digo porque yo estaba en la ponencia de ese Estatuto de Autonomía y era lo que más reclamaban: la eliminación de las Diputaciones Provinciales.
Por último, no sé si son conscientes de que, eliminando el entramado, digamos la organización institucional, de las Diputaciones Provinciales, se está dando un paso, digamos, a su debilidad a la hora de seguir siendo demarcación electoral. Quizá esto también es lo que subyace.
Entonces, por la prestación de servicios públicos que hacen, por los precedentes de quienes son los más insistentes en la eliminación de las Diputaciones, por evitar duplicidades, porque donde hay una Diputación Provincial puede acabar habiendo varias comarcas, varias mancomunidades, etc., etc., nosotros somos partidarios de mantener las Diputaciones Provinciales, dándoles, indudablemente, absoluta transparencia y buena gestión. Es más, si yo no recuerdo mal, salvo una Diputación Provincial, el resto de las Diputaciones Provinciales en España están o en superávit o en equilibrio presupuestario. Entonces, no me pueden decir que gestionan mal.
Todo es mejorable y pueden reducirse muchas cosas; pero hablemos de hacerlas más eficaces, como hizo la Ley de Racionalización del Sector Local, que, por cierto, también piden derogarla en el texto. Seamos más eficaces; pero ojo a ver si vamos a acabar sustituyendo las Diputaciones Provinciales por cinco comarcas, no sé cuántas mancomunidades, etc., etc., porque eso es también multiplicar el personal. Si es lo que preocupa, oiga, hagamos una racionalidad, como se ha hecho en esta Legislatura.
Y a la siguiente pregunta que me había formulado,, todo depende de la voluntad que tenga el Partido Socialista de evitar unas nuevas elecciones generales. Aquí sólo hay dos posibilidades: que el Partido Socialista apoye un gobierno con el Partido Popular, presidido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un gobierno de amplia mayoría, de coalición o llámese cómo se quiera; o que el Partido Socialista obtenga y logre el apoyo de Podemos. ¿El resto? Da para escribir mucho, como estamos viendo, pero no da para ganar una investidura y menos para formar un Gobierno. Entonces, indudablemente, si el Partido Socialista no quiere verse abocado ni abocar al país a unas nuevas elecciones generales, debe plantearse las dos opciones y ésta, desde luego, por nuestra parte, la de formar un gobierno llamémosle de coalición, para simplificar, la tiene abierta.
P.- Vicepresidenta, yo quería saber si el pacto o el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos daña la relación de Ciudadanos con el Partido Popular y, en concreto, si dificulta un posible entendimiento futuro entre el señor Rajoy y el señor Rivera. Eso por una parte.
También, quería saber, sobre el discurso en el Debate de Investidura que va a tener el presidente del Gobierno en funciones, si nos puede adelantar por dónde van a ir los tiros en ese discurso y si va a hacer algún ofrecimiento, ya mirando más allá del 5 de marzo.
Vicepresidenta.- Yo creo que los partidos políticos nos hacemos crítica política dentro del respeto a la democracia. Yo respeto la decisión que han tomado el señor Rivera y el partido Ciudadanos de apoyar, básicamente, el documento socialista. Yo lo entiendo y lo respeto; pero también tiene que entender el líder de Ciudadanos que nosotros no podamos secundarlo, primero, porque el llamado a la candidatura --porque hay un llamado a la candidatura; el resto lo pueden…, pero hay un llamado a la candidatura-- no ha querido, ni ha pedido y ha rechazado con gran solemnidad, por llamarlo de alguna manera, el apoyo del Partido Popular.
En segundo lugar, porque el objetivo del candidato socialista es --literalmente y textual de ayer-- echar al Partido Popular del Gobierno. ¡Hombre!, pedir el apoyo al Partido Popular para auto-echarse del Gobierno habiendo ganado las elecciones, es difícil de explicar a los votantes.
En tercer lugar, porque el programa que nos presentan como contrato de adhesión es básicamente una derogación de lo que hemos hecho. ¡Oiga, y si hubiéramos llevado a este país a una ruina más grande de la que estaba, hasta yo me lo plantearía! Pero es que resulta que esas reformas han logrado que España pasara de la recesión al crecimiento, de la destrucción de empleo a la creación de empleo, de la falta de confianza a que distintos organismos internacionales nos digan: "seguid en este camino de reformas".
Entonces, sencillamente, no lo podemos apoyar. Y yo creo que, igual que nosotros respetamos que el señor Rivera haya decidido votar que sí y llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, tiene que respetar también la posición del Partido Popular de no hacerlo. Ésta es la democracia.
¿Pasa la investidura? Cuando habló con Rajoy del Gobierno de coalición. no le sonó mal, entre otras cosas, porque sería un Gobierno del más votado con el segundo y el cuarto. Yo no creo que por no… Yo puedo no compartir posiciones con mucha gente; pero eso no me impide después, porque la vida es muy larga, entenderme si lo que me plantean es razonable. Además, el Partido Popular, al menos, se debe a sus votantes y yo creo que a los votantes del Partido Popular explicarles que votamos para salir del Gobierno y para que nos rectifiquen y nos deroguen todas las reformas, es muy difícil.
Y sobre la previa, que suele llamarse, del discurso de investidura, yo creo que ayer el presidente del Gobierno tuvo una intervención en la que apuntó sus principales líneas, que, por otro lado, han sido las que hemos venido manteniendo desde el 20 de diciembre. Sobre esto, a riesgo de no ser tan entretenidos pero sí mantener nuestra seriedad, seguiremos pensando en lo mismo que pensábamos el 21.
P.- ¿El Gobierno cree que sería inconstitucional, como apuntó ayer el portavoz del Grupo Popular, realizar la segunda votación el sábado? Y hoy, que ha venido usted acompañada por el experto en la materia de números y cálculos…
Vicepresidenta.- e eché de menos la semana pasada en los corrillos.
P.- Por eso se lo pregunto, por si hay alguna duda. Por una parte, ¿cuál es la opinión del Gobierno sobre esta cuestión y si habría alguna posibilidad de cambiarlo, porque el Pleno está convocado ya?
En segundo lugar, después de la enmienda a la totalidad que ha hecho usted al documento socialista, como usted le llama, y el día 6 el señor Rajoy va a tomar la iniciativa de intentar volver a hacer el Gobierno de coalición, del que usted nos ha hablado, ¿este documento sirve ya algo de base o hay que empezar de cero, o tienen ustedes otra propuesta sobre la mesa?
Sobre una de sus afirmaciones para rechazar las Diputaciones, me ha parecido entender que contiene un guiño a los nacionalistas o a los independentistas.
Vicepresidenta.- Digo que coinciden. Ha sido una… No lo digo yo, ¡eh!, porque creo que también lo dicen, si no me equivoco, el señor Emiliano García-Page o el señor Lambán. Creo que es el señor Emiliano García-Page y cree que es una vieja reivindicación nacionalista, y lo es. Yo les invito --sé que es muy farragoso-- a ver los debates o a leer los Diarios de Sesiones de los debates sobre la creación de las veguerías. Es más, yo, si no recuerdo mal, yo creo que incluso hubo alguna ley del Parlament de Cataluña que vino a cuestionarlas e, incluso, acabó en el Tribunal Constitucional. Pero ya de esto le estoy hablando más de oídas, porque creo que estaba yo todavía en tiempos de la Facultad. Pero las discusiones sobre las veguerías y la desaparición de las Diputaciones son una vieja reivindicación, como usted conoce muy bien. Y ahí hemos coincidido algunos socialistas y todos los populares.
P.- Sobre el Tribunal Constitucional quería preguntarle: después del rechazo del recurso de incompetencia, la vía que queda ¿cuál es? ¿Acudir al Tribunal Constitucional? ¿Ahí se acaba la vía conciliadora, digamos?
Vicepresidenta.- Como siempre, sí. Esas cuestiones, como siempre: recurso a los Tribunales.
Sobre la primera de sus cuestiones, y aquí, con el debido respeto, porque esto es una cuestión de la Cámara y son los Grupos los que lo tienen que plantear, yo la semana pasada, con el mismo respeto, planteaba, con una cierta importancia también para el Ministerio que yo dirijo, porque de nosotros depende el Boletín Oficial del Estado y nosotros, lógicamente, estamos pendientes de cuándo se publican las cosas que a nosotros nos corresponde publicar para evitar cualquier error. Entonces, los responsables del Secretariado del Gobierno, muy diligentemente, empezaron a trabajar para ver --las cosas hay que hacerlas con mucho tiempo-- cuándo sería la publicación y se dieron cuenta de que faltaba un día, y que se iba al 27 de junio. Yo se lo dije aquí el pasado viernes, "a nosotros no nos salen los cálculos", pero sin ánimo de interferir. Pero sí en la parte que nos corresponde, que es la publicación o la dirección del Boletín Oficial del Estado, somos bastante rigurosos --al menos procuramos serlo, no siempre lo logramos-- en estas cuestiones.
Sobre la siguiente, yo creo que lo que tiene que analizar el presidente de la Cámara, que ya ha tenido que efectuar una primera rectificación sobre el desarrollo de la jornada, es qué se entiende por cuarenta y ocho horas después. Hay un precedente: en el año 2008, si no me equivoco, el presidente de la Cámara era el señor Bono y el señor Bono hizo la votación exactamente a las cuarenta y ocho horas. ¿Por qué? Porque el plazo de los dos meses ya ha empezado a correr, primero, porque el artículo 99 te dice "cuarenta y ocho horas después", no te dice "y deberán transcurrir, al menos, cuarenta y ocho horas para que…". No, te dice "cuarenta y ocho horas después". ¿Por qué? Porque el día de la primera votación fallida, el miércoles 3, empiezan a contar los dos meses; pero no se puede presentar otra candidatura hasta que no se vota la segunda del primero.
Yo les coloco… En Derecho también funciona muchas veces la reducción al absurdo: si no funcionara como un reloj el término de las cuarenta y ocho horas y fuera potestativo, y fuera "a partir de las cuarenta y ocho horas", tú podrías demorar esa segunda votación, porque esto es como lo que se dice del montón: ¿dónde tenemos un montón? ¿Cuándo tenemos mil o cuando tenemos tres? No, vamos achicando. ¿Cuándo se considera un plazo razonable transcurridas cuarenta y ocho horas? No, cuarenta y ocho horas son cuarenta y ocho horas, porque el tiempo que te tomes de más es tiempo que quitas a los siguientes posibles candidatos. Reducimos al absurdo: ¿y si se decidiera que ese tiempo de cuarenta y ocho horas después es la hora 23 del último día del plazo? Dirían ustedes: "¡no! ¡Hombre!". ¿Reducimos?
Es decir, para resumir, porque me estoy extendiendo, el plazo del artículo 99 son cuarenta y ocho horas. Todo tiempo que exceda a esas cuarenta y ocho horas se reduce a los siguientes candidatos. Además, donde no hay problemas de interpretación no se debe interpretar. Eso es un principio básico de la interpretación de las normas: si una cosa es clara, no entremos en interpretaciones. Cuarenta y ocho horas después de la primera votación son cuarenta y ocho horas después, no pueden ser… Probablemente me dirán: "Si sirven sesenta, pero no sirven dos días". Entonces, ¿dónde fijamos el límite? El límite no lo puede fijar nadie, el límite lo fija la Constitución: cuarenta y ocho horas.
Dirán ustedes: "es que es una hora extraña". Es la derivada de haber establecido ese esquema del Debate de Investidura; pero eso no tiene que ser excusa para decir: "es que como cae un poco ya de noche, mejor al día siguiente". No, es que las horas de la noche también son hábiles y siguen contando las cuarenta y ocho.
El cómputo de los plazos es muy importante en toda el área de la Administración y el Derecho. ¡Anda que no se han perdido cosas por no saber contar bien!
P.- Varias cuestiones, para ver si podía aclarar. Volviendo al tema del pacto, que usted estaba diciendo y que estaba haciendo esa enmienda que decía otra pregunta, ¿usted me podría aclarar de dónde sale la cifra de los cincuenta mil millones de euros que ustedes dicen que supondría para España? ¿Alguna pista en este sentido?
Luego, sobre el tema de horas que estaba usted diciendo, que es muy interesante, porque está lleno de incógnitas, ¿qué va a pasar a partir del momento ese en que empieza a correr el plazo? Ustedes han dicho que quieren convocar para entonces…, dejarán para entonces la entrevista que Rivera y Rajoy han pedido. Entonces, a partir del día 7, por ejemplo, por si me lo puede aclarar, ¿el presidente en funciones y candidato del PP le dirá ese día a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, "cuento con tu apoyo para decirle al Rey que quiero ser candidato, esta vez sí, y que me proponga?
Vicepresidenta.- Sobre el cálculo de las cifras, entre otras cuestiones, los asuntos relativos al complemento salarial estaban ya cuantificados, y creo que admitidos incluso por la otra parte, durante el desarrollo de la campaña electoral. Ya solo eso supone buena parte de esos cincuenta mil millones. Pero sobre esto no hace falta tener mucha… En los cálculos sobre esas cantidades, a cualquiera que esté acostumbrado a la redacción de unos Presupuestos y a la ejecución presupuestaria, no hay tampoco que inventar mucho.
Sobre la segunda de sus cuestiones, ayer el propio señor Rivera, en su carta, ponía de manifiesto que había leído el documento que le había dado Mariano Rajoy y que coincidía en muchos puntos, que le parecía un documento bueno para trabajar. Entonces, nosotros… Ahí está nuestra oferta.
Después del día 7, indudablemente, si el señor Rivera le ha dicho al señor Rajoy que ese documento le parece una interesante base de trabajo, por trabajar no va a quedar. Pero nosotros también tenemos una cosa muy clara: es que el Partido Socialista es imprescindible para que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, pueda formar Gobierno.
Entonces, aquí no se trata de decirle a la gente… A la gente hay que decirle las cosas claras: sólo hay dos opciones: PP-PSOE y Ciudadanos o PSOE-Podemos-Ciudadanos o PSOE-Podemos y abstención y apoyo de distintos grupos nacionalistas, porque 176 siguen siendo 176 y esto da para lo que da.
P.- El presidente del Gobierno nos ha dicho durante todo este tiempo que él quería un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, porque coincidían en varias cosas; entre otras, en la recuperación económica, en la creación de empleo, en mantener el objetivo de déficit, etc., etc., y que lo demás eran matices, aunque luego… ¿Usted hoy se ha fijado en los matices? Es decir, ¿es salvable lo que le separa, que ha dicho hoy, al Partido Popular del Partido Socialista, o con el documento que se ha aprobado ya considera que es absolutamente imposible? ¿A qué estarían dispuestos a renunciar de eso que dice que no concuerda con ellos?
Vicepresidenta.- Le voy a contestar a una cosa que yo creo que no es de matiz y es que en su comparecencia pública, después de firmar el pacto, el señor Sánchez dijo que había que derogar las principales reformas que había llevado a cabo el Partido Popular. Ésa no es una diferencia de matiz, es una diferencia de decir: la reforma laboral, la reforma del sector energético, la modificación del artículo 135 de la Constitución… Aquí el señor Sánchez se deroga a sí mismo y a nosotros, lo cual es ciertamente notable, ¿no? Pero no es un tema menor. Viene a decirle, porque yo lo he leído. Fui ponente de esa reforma constitucional y no sé exactamente lo que pretende la reforma; pero espero que nos lo explique el señor Sánchez en el debate del martes. Yo ahí estaré muy atenta, porque me interesa mucho.
Entonces, derogar todo el programa económico del Partido Popular no es una diferencia de matiz; pero, indudablemente, en defender la unidad de España yo creo que podemos encontrarnos y en la lucha contra el terrorismo nos hemos encontrado quizás mejor nosotros tres que con otros. Pero, lógicamente, en ese Gobierno de coalición nosotros lo que no pasamos, porque no podríamos pasar, es decir: "sí gobernamos, derogamos todo". Hay que hacer las cosas para el crecimiento y para el empleo.
Estas reformas han creado crecimiento y empleo. Si el señor Sánchez pudiera demostrarnos que las reformas del Partido Popular no sirven al crecimiento y al empleo… Pero es que no puede hacerlo, porque ahí están los datos, sobre todo si los comparamos con los de la Legislatura pasada. Entonces, con el bienestar de los españoles creo que hay que ser muy rigurosos.
Muchísimas gracias.