Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Justicia porque hoy se ha adoptado el Acuerdo para plantear conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalitat de Cataluña sobre la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia.

Como ya saben, esta decisión se tomó hace dos Consejos de Ministros, donde se acordó pedir informe a la Abogacía del Estado sobre determinados asuntos y, en particular, sobre la impugnación de la creación de la Comisión de estudios del proceso constituyente, que fue recurrida la semana pasada mediante un incidente de ejecución de sentencias en la declaración de nulidad de la Resolución del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre de 2015, que fue anulada; con apercibimiento, además, expreso a los implicados de que no continuaran en actuaciones tendentes a su ejecución. Y hoy, previo informe del Consejo de Estado, que, como ustedes saben, pedimos en el pasado Consejo de Ministros, se plantea este Acuerdo sobre conflicto positivo de competencias en relación al Gobierno de la Generalitat, con expresa invocación del artículo 161.2, es decir, de suspensión de los preceptos impugnados.

Como saben, ambas cuestiones traen causa, por un lado, de la Ley de Relaciones Institucionales o de Acción Exterior de la Generalitat, que está impugnada ante el Tribunal Constitucional, y, de otro, de la apertura de un proceso del que el propio presidente de la Generalitat en su discurso de investidura nos explicó sus principales pasos, que comportaban, entre otros, la internacionalización de lo que él llamaba "el proceso".

Pues bien, tal y como el Consejo de Estado destaca en su informe, este decreto forma parte de ese proceso y, por tanto, también se impugna, haciendo expresa referencia a cómo continúa esos pasos en la infracción de la resolución del Tribunal Constitucional que declaró nula la resolución del Parlament de Cataluña del 9 de noviembre.

Ahora podrá informar el ministro de Justicia pormenorizadamente de los extremos de este Acuerdo.

Además, les informo de que se ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para otorgar avales, por medio del Instituto de Créditos y Finanzas, en el marco del Programa de Financiación BEI a ICO para empresas con criterios de regionalización, por un importe de veinticinco millones de euros. Se trata de beneficiar mediante avales a pequeñas y medianas empresas, empresas de mediana capitalización, que puedan ser beneficiarias del Programa de Financiación del Banco Europeo de Inversiones, que tengan domicilio social en la Región de Murcia y organicen proyectos de inversión dentro de esa Comunidad Autónoma en los términos previstos en el correspondiente convenio con el ICO y el contrato tipo a suscribir con las entidades financieras interesadas. Este tipo de operaciones son préstamos o "leasing", bajo líneas ICO, para la financiación de proyectos de inversión, con un plazo de financiación de diez años, hasta un máximo de un millón y medio de euros.

Además, se ha aprobado el Acuerdo por el que se avala la Declaración del Gobierno con motivo del Día Mundial de la tolerancia cero contra la mutilación genital femenina. Como saben, la Organización Mundial de la Salud declaró el día 6 de febrero Día de tolerancia cero contra la mutilación genital femenina, reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y un reflejo todavía de la desigualdad entre hombres y mujeres. Desde 2014 el Gobierno ha venido realizando una Declaración para conmemorar ese día.

Se estima que en Europa hay, al menos, medio millón de mujeres y niñas que corren el riesgo de sufrir este tipo de mutilación, lo que supone una violación de los derechos a su salud, a su seguridad, a su integridad física, a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y al derecho a la vida, porque muchas veces acaba, además, generando el resultado de la muerte.

En España, la mutilación genital femenina, en cualquiera de sus formas, es considerada delito de lesiones y tipificado y sancionado por el Código Penal, que incluso fue modificado posteriormente en su endurecimiento. En consonancia con las recomendaciones y obligaciones internacionales en esta materia, el Gobierno ha venido impulsando medidas y acciones necesarias, no sólo para perseguir esta práctica, sino para prevenir y atender a quien las sufre. En este sentido, en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el año 2014 se incluyó por primera vez en la agenda de trabajo común con las Comunidades Autónomas este asunto.

Por último, y dado que algunos de ustedes han venido preguntando estos días, y también a la Secretaría de Estado de Comunicación, el ministro les informará, a petición, como digo, de ustedes, porque han sido varios los que han ido contactando con nosotros estos días, sobre la concesión de indulto parcial a doña María Salmerón Parrilla. Es un asunto que ha suscitado muchísimo interés por parte de ustedes y les daremos cuenta de la decisión de concesión de un indulto parcial para ella, que ha sido acordado hoy en el Consejo de Ministros.

Sr. Catalá.- En relación con este segundo asunto que comenta la vicepresidenta, doña María Salmerón, y es una cuestión muy conocida por todos los medios --ha sido tratada por la opinión pública en estos días--, está condenada por un delito de desobediencia por cuanto que, y como consecuencia de su proceso de divorcio, los derechos de guarda y custodia fueron atribuidas a ella, a la madre de la menor, y el padre tenía un régimen de visitas, siendo así que el padre había sido condenado, por un delito de malos tratos, a una pena de un año y nueve meses de prisión, y a una pena de alejamiento.

La señora Salmerón ha negado reiteradamente los derechos de visita del padre, que derivan de una sentencia de divorcio y, por lo tanto, tienen un fundamento jurídico. Y nos encontramos en una situación en la cual podría contraponerse la tutela del menor, la protección frente a una persona condenada por violencia de género, frente a unos derechos de visita del padre con ocasión del divorcio.

La señora Salmerón, como digo, reiteradamente ha negado esos derechos, protegiendo y tutelando ella, en su concepción, el interés del menor, y ha tenido, como consecuencia de ello, una serie de sentencias por desobediencia, para y una de ellas estaba en estos días solicitado el indulto, porque podría llevar consigo la entrada en prisión.

El Gobierno ha considerado, como pasa siempre con el derecho de indulto… El derecho de indulto permite analizar circunstancias sociales subjetivas, particulares, de los casos en los que hay sentencias firmes y, en este caso, la consideración tiene que ver con la realidad social en la cual la madre, que ha pretendido defender los derechos de su hija menor frente a otros derechos que le corresponden al padre, que había sido condenado pero que también tenía unos derechos de visita… En este caso el Gobierno ha considerado que era conveniente proceder al indulto parcial de esa condena por desobediencia, desobediencia que ciertamente se ha producido; pero, en todo caso, el interés de la protección del menor nos lleva a la consideración de promover ese indulto parcial, sustituyendo la pena privativa de libertad por un pena de trabajos en beneficio de la comunidad que permitirá que, lógicamente, la señora Salmerón, a través de este indulto y por esta condena, no entre en prisión.

Es verdad que la señora Salmerón tiene todavía otras condenas pendientes de ejecución, respecto de las cuales nos consta que también sus abogados han solicitado los indultos, que se estarán tramitando. O sea, es un proceso no terminado pero, al menos, respecto del indulto que teníamos en trámite, respecto de lo que podíamos hacer, respecto de ése, se ha concedido por parte del Gobierno ese indulto parcial.

En lo que se refiere a la otra cuestión que tiene que ver con la impugnación por parte del Gobierno de determinadas disposición del decreto de la Generalitat del 13 de enero, el decreto 2/16, el Gobierno, después de la obtención del informe emitido ayer por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, ha promovido, por lo tanto, su impugnación por cuanto que, aun considerando las competencias que tiene cualquier Gobierno autonómico, en este caso el de la Generalitat de Cataluña, para organizar su Ejecutivo, su Gobierno, lo cierto es que la competencia para las relaciones internacionales es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.3 de nuestra Constitución. Hay reiterada jurisprudencia constitucional sobre la materia y así lo avala el informe del Consejo de Estado.

Por lo tanto, con el informe de la Abogacía del Estado y con el dictamen del Consejo de Estado emitido ayer por la Comisión Permanente, se procede a llevar a cabo esta impugnación a través del cauce de conflicto de competencias y solicitando, además, la suspensión de la norma, por cuanto que la mera constitución de ese Departamento, la atribución de competencias de política internacional y en asuntos exteriores a la Generalitat de Cataluña, es contraria al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Además, también tiene que ver en un contexto donde por parte de determinados ámbitos políticos en Cataluña se ha puesto de manifiesto la voluntad de llevar a cabo una internacionalización de su proceso en busca de la independencia, y de resoluciones distintas del Parlamento o del Gobierno que están caminando en esa dirección. Por eso nos parece, como ya hemos puesto de manifiesto reiteradamente, que el Gobierno está en funciones como consecuencia de los mandatos constitucionales; pero el Estado de Derecho nunca está en funciones y, por lo tanto, la tutela, la vigilancia y la garantía del cumplimiento de la Constitución, del orden constitucional y de las competencias que cada Administración pública tiene atribuidas tienen que estar permanentemente vigilantes por parte del Gobierno y por parte de la Abogaría General del Estado, y es lo que procedemos a hacer.

Una vez más, yo también quisiera poner de manifiesto la normalidad de este proceso de conflictos de competencias. En esta Legislatura el Gobierno ha acudido ante el Tribunal Constitucional para impugnar determinadas disposiciones o normas del Parlamento o del Gobierno de Cataluña, creo que en más de veinte ocasiones; pero es que el Gobierno de Cataluña también ha recurrido al Tribunal Constitucional en más de treinta ocasiones. Por lo tanto, es la forma habitual de resolver discrepancias atendiendo y acudiendo al Tribunal Constitucional, que tiene atribuida esa competencia.

Por lo tanto, no es más que un ejercicio más de una discrepancia que se solventa mediante los cauces ordinarios, que es que quien tiene competencia para ello, nuestro Tribunal Constitucional, atribuya y establezca con claridad si lo que ha hecho en este caso el Gobierno de la Generalitat, aprobando un decreto creando un Departamento de Asuntos Exteriores, está dentro de su ámbito de competencia. Nosotros creemos que no y tenemos los informes que avalan que no debería ser así. Y ésa es la decisión que se ha adoptado hoy en Consejo de Ministros.

P.- Vicepresidenta, respecto a este último tema de Cataluña, el señor Sánchez viene quejándose en los últimos días de que el señor Rajoy, que pertenece a un Gobierno que está en funciones, y, además, el propio señor Sánchez es el candidato a la Presidencia del Gobierno, no ha consensuado y no le ha llamado para consensuar esta acción que acaba de tomar el Gobierno contra la Generalitat de Cataluña. Me gustaría saber si el señor Rajoy le debería haber llamado o, en su defecto, si le va a llamar en los próximos días.

En cuanto al Consejo Europeo que tenemos los días 18 y 19 de febrero, quería saber si un Gobierno en funciones puede tomar una postura para España o si lo va a consensuar con el resto de Grupos Parlamentarios. Y, en el caso de que esto sea así, ¿en qué forma se va a consensuar?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las cuestiones en relación con Cataluña, permítame que me extienda un poco, pero me gustaría hacer un relato de cómo hemos venido actuando en todo este tiempo y de cuál ha sido la posición de cada uno.

Hace tres semanas, yo les expuse a ustedes que habíamos encargado un informe a los Servicios Jurídicos del Estado sobre distintas actuaciones de la Generalitat de distinto ámbito. Después --eso era la previa, el informe del Servicio Jurídico del Estado--, les informé de que íbamos a proceder, por la ejecución de sentencias, a la impugnación de la creación de la Comisión de Estudios del Proceso Constituyente y que, a su vez, pedíamos informe al Consejo de Estado para este decreto; y, a su vez, hoy lo recurrimos.

En todo este tiempo nadie del Partido Socialista, y en particular el señor Pedro Sánchez, se ha dirigido al Gobierno para pedir información ninguna sobre este extremo; no así el señor Rivera. El señor Rivera se puso en contacto con el presidente del Gobierno y le señaló su interés en conocer qué estábamos haciendo dentro del marco que el presidente del Gobierno, después de haber hablado con todos ellos el día del discurso del señor Puigdemont, dijo que no iba a dejar pasar ni una.

Entonces, si la Abogacía del Estado, que es el máximo órgano consultivo del Gobierno después del Consejo de Estado, nos señala que estas disposiciones son inconstitucionales y el Consejo de Estado así lo avala, lo lógico es proceder al recurso, y quien tiene interés en conocer de este asunto lo normal es que se dirija al presidente del Gobierno --tiene 90 escaños; el presidente del Gobierno, 123-- a preguntarle a este respecto. Ninguna manifestación ni ningún interés sobre ese tema, a diferencia del señor Rivera al que sí quiero reconocerle su interés en este asunto, porque se puso en contacto con el presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno se lo explicó.

También me gustaría poner sobre la mesa una serie de cuestiones: ¿ha consultado el señor Sánchez al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, que tiene 123 escaños y mayoría en el Senado, en este proceso sobre Cataluña sobre la cesión de senadores a los grupos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Convergència, que promueven este tipo de declaraciones, sobre si era bueno, para fortalecer la posición de quienes no están a favor de la secesión, de la independencia, el fortalecimiento de sus Grupos Parlamentarios? Porque él dice que va a la investidura y tiene noventa escaños, y el presidente del Gobierno y presidente del PP tiene 123 escaños en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. ¿Por qué no le preguntó si consideraba que era oportuno, en un proceso de declaración de independencia, en este proceso si era bueno o malo dar más fortaleza a los grupos parlamentarios que en el Congreso promueven ese tipo de declaraciones y ese tipo de actuaciones? No lo hizo.

El señor Pedro Sánchez está intentando formar Gobierno y nosotros lo respetamos; pero tiene que explicar a la opinión pública, que si pacta con Podemos y no tiene el apoyo de Ciudadanos con la abstención en ese punto, tiene que pactar con los independentistas. Entonces, ¿qué criterio seguimos? ¿El del señor Pedro Sánchez o el de aquellos con los que va a tener que hablar para que le voten a favor, se abstengan o no estén presentes si de ellos necesita la investidura si pacta con Podemos?

Nosotros estamos actuando con arreglo a la Ley. Estamos en funciones, efectivamente; pero por motivos de urgencia podemos adoptar determinadas actuaciones. El Partido Socialista no nos ha preguntado y tampoco nos ha preguntado cuando ha tomado decisiones que son importantes de cara al proceso en estos meses, como la del Senado. Y nosotros no estamos haciendo ni más ni menos que impugnar lo que los Servicios Jurídicos del Estado y el Consejo de Estado consideran que es inconstitucional. Y yo, desde luego, creo que uno tiene que ser coherente a la hora de sus actuaciones políticas.

Sobre el siguiente de los puntos, me gustaría informarles de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes está manteniendo --hoy ha hecho alguna de ellas y continúa en esa ronda-- conversaciones con los portavoces de los principales grupos políticos, de los más grandes en la Cámara, para transmitirles la intención del Gobierno de abordar con esos grupos la evolución de las conversaciones y de los trabajos que en el seno de la Unión Europea se van a producir como consecuencia del asunto de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.

Desde luego, nuestra voluntad es mantener reuniones, si así lo desean o con quienes de ellos lo deseen, para irles informando puntualmente de las decisiones y de la evolución que se tenga sobre ese asunto. Indudablemente, estamos, en los términos del Consejo de Estado, ante un asunto de urgencia, por cuanto los plazos no los marcamos nosotros, los marca la Unión Europea; pero somos conscientes de la transcendencia de este asunto. Por tanto, nosotros queremos que haya paso a paso conversaciones e información en este punto con los principales grupos políticos, y también que pueda celebrarse en la Comisión correspondiente la comparecencia del secretario de Estado para la Unión Europea para que explique este asunto.

Dada su importancia y dado que, además, el Consejo de Asuntos Generales es muy importante en este tema --ahora está en COREPER y tiene que pasar a Consejo de Asuntos Generales en los próximos días--, incluso les hemos ofrecido que esa comparecencia pueda ser antes de la Comisión de Asuntos Generales para que pueda haber ese debate y esa información en la Comisión correspondiente antes de que se fije una postura, que luego ya vincula mucho de cara a los ulteriores pasos, en el Congreso de los Diputados.

Se están celebrando ahora estas llamadas y les iremos informando de las cuestiones de unos y otros; pero nuestra intención es que, o bien el Ministerio de Asuntos Exteriores, o bien lo que se llaman los "sherpas" del equipo del presidente del Gobierno, es decir, los técnicos que van a la negociación, puedan informar de primera mano a los principales grupos sobre este asunto.

P.- Una pregunta para el ministro de Justicia. Perdone mi ignorancia, Ministro. Normalmente, cuando el Constitucional admite a trámite un recurso se paraliza el sujeto recurrido. En el caso de la Consejería de Relaciones Externas de la Generalitat, si lo admite a trámite, ¿la Consejería dejaría de tener actividad alguna?

Después, ¿por qué se recurre en este momento? Lo digo porque la Generalitat tenía hasta ahora una Secretaría General y ahora es una Consejería. ¿Es quizás por el rango?

Sr. Catalá.- Las impugnaciones que puedan hacerse ante el Tribunal Constitucional llevan implícitas en algunos casos la suspensión; en otros casos hay que pedirla, y se puede pedir o no pedir; y, en este caso, como decíamos, se lleva a cabo el conflicto de competencias con solicitud expresa de la suspensión, porque consideramos, con todo el aval, lógicamente, jurídico, que esto no es una cuestión de oportunidad; es una cuestión de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas porque, lógicamente, el hecho de que no se llevase a cabo la suspensión podría generar consecuencias contrarias a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se solicita esa suspensión.

Si el Tribunal Constitucional, admitido a trámite el conflicto, otorga la suspensión, esas consecuencias del decreto de la Generalitat por el que se crea una consejería con una denominación, con unos contenidos y con unas funciones, quedan suspendidas, lógicamente. Por lo tanto, razonablemente, me parece que lo que debería hacer el Gobierno de la Generalitat es reajustar sus… Pero es una decisión que les corresponde a ellos, en todo caso. Sin duda, si el Tribunal Constitucional, al admitir a trámite, suspende, evidentemente, ese Departamento, esa Consejería, pierde su virtualidad, su fundamento jurídico, y, por lo tanto, toda su organización, competencias, etcétera, dejan de existir.

La decisión tiene que ver con el análisis, como hemos dicho, llevado a cabo desde la Abogacía del Estado, con el aval del dictamen del Consejo de Estado, en el que se están atribuyendo competencias… La denominación y las competencias que se atribuyen a este Departamento van más allá de las que tiene atribuidas la Generalitat de Cataluña en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es que, al final, la norma que articula las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas es la Constitución y es el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña el que no le permite hacer lo que están haciendo.

Por eso, ése es el fundamento por el cual se lleva a cabo la impugnación: la propia normativa actual, tanto constitucional (149.1.3, al que me refería), como alguna sentencia del Tribunal Constitucional, que ya ha avanzado en esta dirección, y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que le atribuye unas competencias de las cuales nosotros consideramos que este decreto va más allá, y por eso se lleva a cabo la impugnación.

P.- Vicepresidenta, vuelvo a una pregunta anterior, porque no me ha quedado claro, a pesar de su argumentación, si finalmente el presidente va a llamar a Pedro Sánchez, sobre todo teniendo en cuenta que creo entender que hubo un compromiso, cuando se reunieron, de informar a los líderes de la oposición sobre los pasos que se iban a dar y todas las iniciativas que se iban a hacer respecto a Cataluña.

En otro orden de cosas, en esa ronda de contactos que ha anunciado Pedro Sánchez de cara a su investidura incluye al presidente Rajoy. Quería saber si Sánchez llama al Presidente, ¿se va a reunir el Presidente con él o va a preferir hacerlo a otro nivel?

Vicepresidenta.- Yo creo que la primera de las cuestiones ha quedado bien clara en la pregunta inicial, pero no tengo ningún inconveniente en volver a transmitírselo. El señor Rivera ayer llamó al señor Rajoy porque tenía interés en este asunto y el presidente del Gobierno está, desde luego, muy dispuesto a dar cuanta información se le solicite sobre este punto.

Pero, como digo, a lo largo de este tiempo y desde el 23 de diciembre --y enlazo con la segunda de sus preguntas--, el secretario general del Partido Socialista no ha tenido la más mínima voluntad de reunirse ni de conversar con el presidente del Gobierno. Yo no sé si ahora considera que tiene otro interés pero, desde luego, no lo mostró en ese momento y la voluntad del presidente del Gobierno, desde luego, está ahí, encima de la mesa. Pero es que las circunstancias sobre el punto de Cataluña han cambiado, y mucho. Las únicas decisiones del Partido Socialista, y muy particularmente del señor Pedro Sánchez, han sido, en primer lugar, apoyar la creación de grupos de quienes están planteando iniciativas como las que tenemos que recurrir.

En segundo lugar, si se plantea el Gobierno, al que dice que no tiene miedo --esto no es una cuestión de miedo; es una cuestión de responsabilidad--, que es un Gobierno con Podemos, desde luego, nosotros ya hemos dicho que le vamos a votar que no. Yo no entro en lo que vaya a votar Ciudadanos, que es muy libre para tomar las decisiones que considere oportuno, ¡hasta ahí podría yo llegar!; pero sabe que necesita el voto positivo de algunos y la abstención o la ausencia de otros, de quienes precisamente sus actuaciones tenemos que estar recurriendo.

Entonces, yo creo que sería muy bueno que el señor Pedro Sánchez manifestara cuál es su interés en este punto, porque los ciudadanos, y me consta que muchos socialistas votantes y dirigentes también lo están… Porque no es lo mismo gobernar con el apoyo activo, pasivo o ausencia de los partidos que gobiernan en Cataluña y que están promoviendo este tipo de iniciativas, que no serlo. Entonces, eso influye mucho. A nosotros nos está influyendo exclusivamente que hay una serie de decisiones que son contrarias a la Constitución y a las leyes, y lo han dicho los supremos órganos consultivos del Gobierno. Que además puede hacerse en funciones, porque puede hacerse en funciones, igual que un Gobierno entrante puede retirarlo. Por eso también me gustaría que manifestara su opinión al respecto el señor Pedro Sánchez por si tuviera la investidura con los votos de aquellos.

Pero nosotros estamos cumpliendo la Ley y, desde luego, encantados de manifestarle y de explicarle las dudas que tenga por conveniente; pero quien desde el 23 de diciembre no ha querido reunirse con el presidente del Gobierno y ha tomado actuaciones que son bastante contrarias a esta línea en relación con los partidos que defienden la independencia de Cataluña, creo que debería ser él quien manifieste esa voluntad de querer informarse y esa voluntad de apoyar, más que tratar de tomarle la lección a nadie.

P. Vicepresidenta, tenía dos cuestiones; una sobre las comparecencias, tanto del presidente del Gobierno, como de los ministros, si es que se llegan a formalizar. También es costumbre que el presidente del Gobierno comparezca después del Consejo Europeo. Si el calendario lo permite, ¿estaría dispuesto a comparecer en el Congreso para dar explicaciones de ese Consejo? Además, ¿el Gobierno en funciones puede enviar a ministros al Congreso de los Diputados para comparecer, si se pide desde el Congreso?

Por otra parte, al hilo de lo que comentaba antes sobre Cataluña y los acuerdos que está buscando Pedro Sánchez, si finalmente se produce una abstención o una ausencia de los independentistas que permitiera la investidura de Pedro Sánchez, ¿eso supondría el final de la unidad que ha habido hasta ahora en los constitucionalistas frente al desafío de los independentistas?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, un gobierno en funciones no tiene la confianza parlamentaria de la Cámara. Yo creo que eso es un elemento a tener muy presente a la hora de establecer qué tipo de actuaciones se pueden llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. En un sistema de separación de poderes como el nuestro, el Congreso de los Diputados --en este caso es el Congreso de los Diputados-- le otorga la confianza al presidente del Gobierno, que a su vez nombra a los ministros, y estamos en ese momento los ministros sometidos al control parlamentario, porque tenemos un mandato parlamentario y la confianza de la Cámara.

En consecuencia, un gobierno que no tiene la confianza parlamentaria de la Cámara y que sólo puede hacer las funciones que le atribuye la propia Ley no puede ser controlado desde un punto de vista político, porque no tiene esa confianza política y porque no puede llevar a cabo actuaciones de esta naturaleza.

¿El control? No es que no lo tenga un gobierno en funciones; lo tiene, pero el control no le corresponde a la Cámara. Le corresponde, en su caso, a la jurisdicción contenciosa-administrativa si considerara que se ha excedido de las funciones de un gobierno en funciones. ¿Por qué? Porque éste es un sistema de separación de poderes y el Congreso de los Diputados controla la acción del Gobierno al que ha dado la confianza.

Ciertamente, estamos ante un caso inédito y por eso nosotros somos de los que consideramos que no deben demorarse las votaciones de investidura. Porque, además, es muy curioso: hablan de celebrar plenos cuando siempre el primer pleno ha sido el pleno de investidura.

Entonces, ¿por qué estamos hablando de una comparecencia del secretario de Estado ante la Unión Europea para este asunto? Porque es un caso absolutamente excepcional, porque es un caso importante en el seno de la Unión Europea y porque puede implicar determinado tipo de actuaciones, obligaciones después. Y nosotros consideramos que, si ése era el esquema con carácter ordinario y hubiera sido el esquema normal de un Gobierno que está investido, podemos tratar de ahormar esto en el bien entendido de que estamos ante una circunstancia excepcional en que se presta determinada --por llamarla de alguna manera-- actuación por parte del Estado, y, desde luego, hablar con los Grupos.

Pero el Gobierno está en funciones, no tiene la confianza de la Cámara. Este Gobierno tenía la confianza de la Cámara anterior, no de ésta, y ésta no puede controlarlo, del mismo modo que este Gobierno no puede exceder de lo que en funciones se le atribuye y, si se excede, desde luego, tiene el control de los Tribunales.

Como me he extendido tanto en ésta, y espero no haberles metido mucho "ladrillo", sobre la segunda de las cuestiones es que ésa sería la otra gran debilidad de ese Gobierno si, al final, el señor Pedro Sánchez decide pactar con Podemos y tiene que contar con la aprobación, abstención o ausencia, que es una manera de abstenerse, de los independistas. Además, pasa una cosa: hablamos mucho de la votación de investidura, pero ustedes saben mejor que yo que ése es un discurso y una votación; después empieza la tarea de un Gobierno y tiene noventa diputados el Partido Socialista, con lo que cualquier actuación de naturaleza legal pasa por esa Cámara. Entonces, desde luego, en un momento en que encima de la mesa está una cuestión como ésta, que son los intereses generales de España y que España siga siendo lo que es, indudablemente tiene una trascendencia esencial sobre la actitud de futuros gobiernos.

P.- En este mismo sentido, me gustaría saber si el Gobierno da por roto ese acuerdo con el Partido Socialista en lo que se refiere a las actuaciones en Cataluña; si en el Gobierno su actitud de no informar, como habían quedado, entre otros, al Partido Socialista, se debe a la negativa del señor Sánchez a hablar con el presidente del Gobierno, y si hubiera sido al revés, o sea, si hubieran hablando aunque no hubieran llegado a acuerdos, ¿hubiera informado de estas iniciativas que iba a tomar el Gobierno?

En relación con otra pregunta que le han hecho, para aclararme: ¿se trata de que la Consejería cambie de nombre y quite las funciones o si el señor Romeva, aunque cambien el nombre de la Consejería, hace esas actuaciones, estaría incumpliendo, digamos, la suspensión que hubiera decretado el Tribunal Constitucional?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, desde luego, nosotros no tenemos ningún inconveniente, todo lo contrario, en informar al Partido Socialista de cuanto tenga interés. Cuando hubo el discurso del señor Puigdemont en su investidura, ese domingo fue el presidente del Gobierno el que llamó al señor Pedro Sánchez y al señor Rivera para seguir trabajando.

Yo lo que llamo a su atención es que desde hace tres semanas venimos informando, a ustedes los primeros, de cuáles iban a ser las actuaciones del Gobierno: el informe de la Abogacía del Estado, que sí, que había que hacerlo; el incidente de ejecución de sentencias; el informe de… Llevamos tres semanas y, si me permite decirlo, hasta que el señor Rivera no se puso en contacto con el señor Rajoy, no le he visto yo demostrar ningún interés al señor Pedro Sánchez sobre este asunto.

Si el señor Pedro Sánchez desea información sobre este tema, desde luego, ningún inconveniente, si el Partido Socialista se pone en contacto en nosotros, en explicarle cómo se han tomado estas decisiones en funciones. Pero también le digo que ese interés se ha puesto de manifiesto… Podía haberse hecho mucho antes, porque es que públicamente estamos diciendo lo que vamos a hacer; públicamente, lo saben ustedes. Si se lo hemos ido contando, si he traído aquí… Cada paso se lo he ido contando. No ha habido ningún interés.

¿Quiere el Partido Socialista que les informemos? Sin ningún problema, pero también digo: también el Partido Socialista está tomando actuaciones en relación a los Grupos que están promoviendo este tipo de iniciativas que a nosotros no nos las ha puesto de manifiesto y también son muy importantes, porque que en el Senado determinadas personas tengan o no Grupo Parlamentario tiene una trascendencia importantísima y, además, pone de manifiesto que hay determinadas cuestiones… Yo espero que para el Partido Socialista en este punto, porque me consta, además, que la inmensa mayoría de los socialistas están de acuerdo en esta cuestión, esto no quede supeditado a posibles pactos, o acuerdos, o entendimientos.

Si el Partido Socialista quiere información, y nos la pide, se la daremos; pero yo creo que el que su interés sea sobrevenido a que el señor Rivera haya mostrado interés me parece llamativo, cuando menos.

Sr. Catalá.- Una vez más, sí el Tribunal Constitucional, en la admisión a trámite del conflicto, considera adecuado conceder la suspensión solicitada, sin duda tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque ese Departamento, tal como ha sido configurado, deja de tener amparo normativo, desaparece como tal y, por lo tanto, será la Generalitat la que tenga que decidir qué es lo que hace: si modifica su decreto de estructuras o suprime ese Departamento… En fin, eso, lógicamente, les corresponderá a ellos.

Las acciones concretas, cotidianas, que puedan hacerse en el ejercicio de la actividad política por parte de los consejeros, o de quien sea por parte de la Generalitat, también tienen un marco normativo. La Ley de Servicio y de Acción Exterior establece que tiene que haber necesariamente una coordinación entre las actividades que desarrollen los representantes de las Comunidades Autónomas que, dentro de su ámbito de competencias, puedan llevar a cabo alguna actividad internacional. En el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, tienen que ser objeto de información, de coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Eso es lo que establece la Ley del Servicio Exterior y, por lo tanto, al margen de la impugnación de la organización que ha hecho la Generalitat, la Ley del Servicio Exterior está vigente y está en vigor y, por lo tanto, todos los miembros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas que pretendan llevar a cabo alguna acción en el ámbito internacional tienen que someterse a coordinación por el Ministerio de Asuntos Exteriores, como establece la Ley del Servicio Exterior.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.