Madrid
Vicepresidenta.- Muy buenos días. Me acompañan los ministros de Economía y Justicia para presentarles a ustedes algunos de los asuntos más importantes que han sido acordados en este Consejo de Ministros.
En primer lugar, me acompaña el ministro de Economía porque hoy se ha aprobado una importante iniciativa de cara a fortalecer la investigación y el desarrollo de la innovación en España. Hoy se aprueba una de las reformas más importantes de la Legislatura en este ámbito, como es la creación de la Agencia Estatal de Investigación. Éste era un compromiso del Gobierno que hemos llevado a cabo con el impulso del Ministerio de Economía y permitirá una financiación de la investigación más ágil y autónoma, y una mayor participación de todos los actores implicados en el desarrollo de nuestros programas de I+D+i.
También me acompaña el ministro de Justicia, porque de su Departamento ha dependido la aprobación de una de las materias más importantes de la ejecución del Informe de Reforma de las Administraciones Públicas, que hoy también les presentaré.
Hoy se ha aprobado un Real Decreto de comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia, en el ámbito territorial del Ministerio y por el que se regula el sistema LEXNET. Con esta iniciativa, que, como digo, forma parte de todo el programa de incremento de las comunicaciones electrónicas en la Administración, buscamos agilizar los plazos y los tiempos de respuesta; buscar una justicia que sea mucho más rápida y cómoda también para los operadores.
Como decía, esta segunda iniciativa forma parte de las medidas del Informe de Reforma de las Administraciones Públicas. Hoy hemos presentado el Informe trimestral, que también, aunque quedan algunos días, puede servirnos de Informe general y global del cumplimiento del Programa de la CORA. También se han hoy aprobado algunas otras medidas, que después destacaré.
Pero como datos importantes y como balance global, hasta la fecha, del Informe de la Reforma de las Administraciones Públicas, yo les voy a dar los siguientes datos:
- Dato de ahorro en las Administraciones Públicas: 30.341 millones; 3.069 millones, además, para los ciudadanos. Esto sin contar los ingresos públicos generados por enajenaciones de activos pertenecientes a la Administración en el ámbito empresarial, que no hemos incluido, pero que elevaría la cifra en 5.000 millones más. Es decir, quitando las ventas de acciones, serían 35.000 millones y lo que es mejora de ingresos y gastos, Informe de la Reforma de las Administraciones Públicas, 30.341 millones de euros para las Administraciones.
- Segundo dato importante: uno de los primeros objetivos de la reforma de las Administraciones Públicas era reducir el conjunto de empresas públicas y otros organismos que dependían de la Administración. Cuando llegamos a esta Legislatura, todo el mundo nos decía: hay que hacer un programa de reforma de las Administraciones Públicas porque hay unas Administraciones Públicas elefantiásicas --era el término-- y hay que suprimir empresas y organismos públicos. Balance: 2.305 menos entre empresas y organismos públicos; 2.305 menos: 115 en el Estado, 754 en Comunidades Autónomas y 1.436 en Entidades Locales. Ahora que se habla mucho de suprimir instituciones y Ayuntamientos y Diputaciones, el Gobierno se presenta con un balance: 2.305 empresas y organismos públicos menos; el último, se acordarán ustedes, la semana pasada: RUMASA. Hemos tenido que hacer la CORA para extinguir y liquidar RUMASA. ¡Fíjense de qué años venimos!
- Otro de los puntos que nos decían es "el Informe de la CORA es difícil porque las Comunidades Autónomas no se van a sumar y es una reforma global". Ahí va el dato: 379 convenios suscritos con Comunidades Autónomas; en doce de diecisiete Comunidades Autónomas la ejecución supera el 90 por 100 de las medidas que les afectan de la CORA, en doce de diecisiete. De esas doce, hay ocho que han cumplido más del 95 por 100; hay dos Comunidades Autónomas que están en el 85 por 100 y tres restantes, entre el 50 y el 65 por 100. Es decir, la que menos ha cumplido más de la mitad del Informe de la CORA y, las que más, ocho, el 95 por 100.
Saben que el Informe tenía 222 medidas, porque fuimos incorporando alguna más. Bien, 191 están cumplidas al 100 por 100, o sea, un 86 por 100 al 100 por 100, y las restantes tienen diversos grados de cumplimiento, pero están todas en ejecución. Pero 191, al 100 por 100.
Algunos datos importantes: uno de los problemas de las Administraciones Públicas cuando llegamos era la morosidad; de hecho, la morosidad pública se llevó por delante durante la crisis un montón de empresas, grandes, pequeñas y medianas. Después de sucesivos Planes de Proveedores y de pagar la deuda, pusimos un sistema de facturas electrónicas. La factura electrónica impide la factura en el cajón; factura en el ordenador por factura en el cajón. La factura electrónica ha permitido recibir ya cinco millones de facturas, por un importe superior a 24.000 millones de euros, y las han recibido ya 7.700 órganos administrativos; cinco millones de facturas y 24.000 millones de euros se han facturado electrónicamente.
Otro de los temas, el recurrente: "oiga, que la Administración me pide el mismo papel ochenta veces". Intercambio de información entre Administraciones: que no tenga que ir el usuario, el administrado, el ciudadano, a recoger certificados ventanilla en ventanilla. El intercambio de información, que es una plataforma para que todas las Administraciones puedan acceder, es el del tipo "necesito un certificado de que estoy al día de sus pagos a la Seguridad Social", por poner un ejemplo. Tasa anual de intercambios: 40 millones de intercambios y 45 tipos de certificados que ya no circulan; ya están en esa plataforma de intermediación de datos. Si la Administración, por ejemplo, está tramitando un expediente de subvenciones y necesita esto de pagos al corriente a la Seguridad Social, entra a la plataforma de intermediación, se saca el certificado y no se lo pide al usuario.
Compras centralizadas Como hacen las grandes empresas, compremos todos juntos. Yo les voy a dar el dato de ahorro en la Administración del Estado, al que sumamos el que la Administración del Estado ha generado en compras de medicamentos; es decir, sólo lo gestionado por la Administración del Estado: 771 millones de euros de ahorros. Esto han sido contratos de limpieza, contratos de la Administración electrónica, contratos de los servicios de telecomunicaciones, etc., etc.; todos los Ministerios juntos. A ello sumamos compras de medicamentos y vacunas en la plataforma de contratación del Ministerio de Sanidad. El mismo producto, 771 millones menos de gasto.
Venta de inmuebles. La venta de inmuebles ha generado 562 millones de euros de ingresos por ventas y 61 millones de euros de ahorro en alquileres, en la Administración General del Estado.
Ejemplos interesantes: cita previa. Saben que uno de los objetivos es la cita previa donde va más la gente, que es Tráfico y Empleo; aparte de las campañas de la Agencia Tributaria. Pero Tráfico y Empleo son los dos sitios que los ciudadanos visitan más para hacer trámites administrativos. Se ha desplegado totalmente la cita previa en los dos sitios: hasta el 31 de octubre, por cita previa en Tráfico se han atendido 1.899.000 ciudadanos y la cita previa en SEPE ha sido de 38.917.687 citas; es decir, casi 39 millones de citas en empleo gestionadas por la cita previa.
En el Portal Único de Empleo se han ofertado más de 1,8 millones de puestos agregados y en las subastas electrónicas, que el otro día las comentaba el ministro de Justicia, que se pusieron en marcha hace quince días, tres semanas, creo, actualmente ya hay 53 en marcha, que son 48 judiciales y 5 notariales; pero el número de usuarios registrados ya en el portal del BOE para poder entrar cuando quieran y pujar cuando quieran asciende a 1.473.
Además, el 15 de octubre pusimos en marcha la medida que nos sirvió un poco al inicio de la Legislatura, ¿se acuerdan?, para poner el ejemplo de facilitarle la vida al ciudadano, que era ni más ni menos que las inscripciones de los nacimientos --también de las defunciones, pero a mí me gusta más usar el ejemplo de los nacimientos-- desde el hospital, sin que los padres, generalmente el padre, tengan que desplazarse con el Libro de Familia al Registro. Ya hemos inscrito 3.000 niños.
Sigo, porque en este tema, como no me corte yo a mí misma, les tengo aquí un buen rato.
Cuando bajaba para acá me ha dado la Secretaría de Estado de Comunicación una buena noticia. Hay un medio de comunicación, profesional, global, en Francia que se llama "Acteurs Publics", que valora iniciativas de modernización de las Administraciones Públicas a nivel europeo y también a nivel internacional, contando además con la experiencia que la Administración francesa tiene en estos puntos. Pues bien, este año nos han dado la denominada "Victoria de Acteurs Publics", que se entrega cada año por la Asamblea Nacional Francesa a quienes trabajan para asegurar un servicio público de calidad. Se dan a las mejores iniciativas en materia de modernización de acción pública. Pues bien, este año el premio es a la reforma de la Administración y a la Ley de Transparencia. No siempre tenemos buenas noticias; hoy la tenemos.
Entre otros temas de reforma de las Administraciones Públicas quiero destacarles los siguientes:
Hoy se ha aprobado el décimo Acuerdo de reducción de cargas administrativas y mejora de la regulación. Saben que éste es el décimo. Periódicamente, Administraciones Públicas y todos los Ministerios analizan los procedimientos que han puesto en marcha a ver si los pueden mejorar; esto es periódico. Pues aprovechamos este informe para poner en marcha el décimo. Son 44 medidas correspondientes a siete Ministerios y van desde simplificación de trámites burocráticos, por ejemplo, la Oficina Española de Patentes, como tramitación electrónica en distintos ámbitos, como el transporte animal, el juego o en materia registral. También facilidades de pago con la Administración, como el pago con tarjeta de deudas de gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria en condiciones de comercio electrónico; o, por ejemplo, la puesta a disposición a los ciudadanos de aplicaciones móviles, de Apps, para búsqueda de información sobre empleo público y de becas; es decir, vamos a sacar una App para que desde el móvil la gente pueda consultar oferta de empleo público y becas.
Además, se impulsa la carpeta ciudadana. Esto es uno de los objetivos que tenemos: que, al final, los ciudadanos tengan en su ordenador, igual que lo tienen con su banco, una carpeta de todas sus relaciones con la Administración, de manera que tú entras con tu clave y ahí puedes acceder a tu información o al cumplimiento de las obligaciones tributarias, Seguridad Social; los empleados públicos, a los aspectos relativos a la función pública, etc., etc. Esta medida recibe un impulso muy decidido en este plan.
También CORA. Hoy se ratifican distintos convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, red.es y distintas Comunidades Autónomas para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida en centros docentes españoles. Como ustedes saben, ésta era una medida de coordinación para lograr que llegue la banda ancha ultrarrápida a centros escolares. Se firman con cinco Comunidades Autónomas cinco convenios: Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja y Galicia; el resto están ya ultimándose. Va a suponer 67,1 millón de euros, beneficia a tres mil centros y a ochocientos mil alumnos. El presupuesto total, cuando lo vayamos firmando con todas las Comunidades Autónomas, son 330 millones de euros, se extenderá a 6,5 millones de alumnos y a 16.500 centros docentes.
Esta es una de las grandes medidas en materia de educación y también de reforma de la Administración.
Por último, en reforma de la Administración, y muy importante, hoy se aprueba un Real Decreto que permite que sea el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el único que ejerza funciones de protectorado en las fundaciones de competencia estatal. Hasta ahora, para las fundaciones que hay, más de cuatro mil de competencia estatal, estaba repartido el protectorado entre distintos ministerios. De hecho, creo que los señores que me acompañan tenían el protectorado de varias, de distintas. Lo que hacemos es que, en lugar de que haya una pluralidad de ministerios que ejerzan el protectorado, el protectorado lo ejerce el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y el Registro Único, que se va a implantar inmediatamente después, el Ministerio de Justicia. De manera que todas las fundaciones tienen centralizado ese protectorado en uno solo.
Medidas en materia medioambiental, pero también de renovación de nuestro parque móvil. Se han aprobado dos: un Real Decreto que regula la concesión directa de ayudas para adquisición de vehículos de energías alternativas y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2016. MOVEA se va a llamar. Antes eran los PIMAS y lo hemos rebautizado como MOVEA. El importe total de estas ayudas será 16,6 millones de euros en el Presupuesto de 2016, con el fin de fomentar la sostenibilidad, disminuir emisiones y diversificar las fuentes energéticas en el sector del transporte, reduciendo así la dependencia del petróleo.
Las ayudas se destinarán a la adquisición directa, o a través de leasing o renting, de un vehículo nuevo o de seis meses de antigüedad, si es eléctrico, que utilice para su propulsión electricidad, gas licuado del petróleo, gas natural comprimido o licuado, o pila combustible de hidrógeno. También se subvencionan instalaciones, cableados y dispositivos necesarios para la puesta en servicio de un sistema de recarga rápida o semirrápida de baterías de vehículos eléctricos en zonas de acceso público. La cuantía de la ayuda, en este caso, variará por la categoría del vehículo, tipo de combustible y masa máxima autorizada, o de su autonomía, en el caso del funcionamiento exclusivamente eléctrico, en un rango que va desde doscientos euros para las bicicletas hasta veinte mil euros.
Además, se obligará al achatarramiento de vehículos en el caso de la categoría de furgones y camiones, así como de autobuses o autocares anteriores a 2009. En el caso de los turismos y furgonetas, se incentivará su achatarramiento con 750 euros, pero no es obligatorio.
También prorrogamos el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, el PIVE 8, que podrá estar vigente hasta que se agoten los fondos o hasta el 31 de julio de 2016. La convocatoria del PIVE 8 preveía que fuera hasta el 31 de diciembre de 2015; sin embargo, como va a haber fondos para que pueda prolongarse, se establece su posibilidad de utilización hasta que se acaben los fondos o, en todo caso, hasta el 31 de julio. Con esta medida se estima una ahorro de más de 100 millones de litros de combustible al año, reduciendo la importación de 635.000 barriles, también al año, y nuestra dependencia energética exterior. Pero lo que es más importante: al cierre del PIVE 8 se habrá conseguido una reducción de 216.000 toneladas de C02 de emisiones al año.
Capítulo de inversiones. En el capítulo de inversiones hay varias, pero les destaco fundamentalmente una: la autorización para celebrar el contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción para la integración del ferrocarril en León, la fase I. Las principales actuaciones de este proyecto, que es muy importante para la ciudad, son la ejecución de 1.636 metros de vía doble de ancho ibérico; el cubrimiento de la línea en unos 950 metros, desde la Avenida de Palencia hasta la Avenida del Doctor Fleming; o la reconfiguración del viario de acceso a la estación, además de la creación de nuevas plazas de aparcamiento.
En cuanto a los beneficios de esta obra y, en consecuencia, de la línea Venta de Baños (León)-Asturias, se encuentran favorecer las comunicaciones de León con el norte peninsular, especialmente en Asturias y Galicia, reduciendo los tiempos de recorrido; mejorar la integración del ferrocarril en el entorno urbano, con ampliación del edificio actual de la estación; redistribución de espacios existentes; mejora de la accesibilidad a los andenes y a zonas comerciales, y, luego, el incremento de la capacidad y de la regularidad, porque mejora las condiciones de la doble vía en todo el trayecto.
El importe de la obra son 41 millones de euros y quiero decirles que, hasta la fecha, han utilizado el ferrocarril, lo que es hasta la estación de León, 130.000 personas, y la línea, 600.000. Se inauguró hace poco más de un mes.
El campo también ha recibido una atención especial en este Consejo de Ministros con distintas medidas. En primer lugar, hemos aprobado los criterios para llevar a cabo la distribución de los planes de desarrollo rural. Fue un asunto que se aprobó en Conferencia Sectorial a finales del mes de septiembre y determinará, entre otras cuestiones, el reparto de 110 millones de euros para la financiación de nuevos programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020.
La cantidad aprobada corresponde a la cofinanciación de la Administración General del Estado para las medidas del Programa de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas. Se aplica la política de desarrollo de la Unión Europea, que implica la contribución con fondos nacionales para cofinanciar la aportación con fondos FEADER. Esta aportación nacional es sufragada por Administración del Estado y Comunidades Autónomas.
Tal y como se acordó: será un total de 102 millones de euros de aportación estatal para el período de programación 2007-2013, cuya aplicación finaliza en 2015, y se suman nueve millones de euros más en poder de Andalucía, ya de la Comunidad Autónoma. Con esta distribución, todas las Comunidades Autónomas alcanzarán el 100 por 100 del gasto de financiación hasta el ejercicio 2015. Los 17 millones de euros restante forman parte de la aportación del 30 por 100 de financiación estatal a los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas durante el período 2014-2020; una aportación que se aprobó en la Sectorial de enero de 2014.
Se distribuyen, así, los fondos a todas las Comunidades Autónomas que han realizado provisiones de gastos hasta el próximo 31 de diciembre y serán transferidos por el FEGA a los organismos pagadores.
También se ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la concesión directa de una ayuda temporal excepcional para compensar las dificultades económicas en el sector productor vacuno de leche. Este Real Decreto forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por el Gobierno para paliar las dificultades por las que atraviesan en España los ganaderos de vacuno de leche como consecuencia del desequilibrio mundial en el sector de la leche y de los productos lácteos. El objetivo es proporcionar liquidez a corto plazo, de manera que sus explotaciones puedan continuar su actividad, en tanto que el resto de medidas, a medio y largo plazo, surtan efectos y los precios en los mercados internacionales se recuperen.
España va a destinar de manera íntegra al sector lácteo dos partes: por un lado, 25,5 millones de euros por reparto de fondos de la Comisión Europea para este objetivo, y los 20 millones de euros destinados a los ganaderos que más intensamente han sufrido los efectos adversos de la crisis y que, además, ya no tendrán la consideración de "mínimis", al entrar dentro de este programa, que les dimos con anterioridad.
Por tanto, la ayuda se articula en dos tramos: un tramo básico, que percibirán todas las explotaciones, una ayuda por kilo, igual para todos los productores, y un tramo adicional complementario para los productores en situación más precaria.
También hemos aprobado la celebración del contrato por el Fondo Español de Garantía Agraria del suministro de alimentos en el marco del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas 2016. Tiene un importe de cien millones de euros. Los alimentos que configuran la cesta de este Programa 2016 de Ayuda Alimentaria son: arroz, lentejas, leche entera UHT, aceite de oliva, conservas de atún, frutas en conserva y alimentos infantiles, entre otros. Está previsto que estos alimentos se distribuyan en dos fases en el año 2016: en mayo y en septiembre; previsiblemente, una proporción aproximada del 65 por 100 de su total y el 35 por 100 restante en una tercera fase, en el primer trimestre del 2017, para que no haya ningún período de descubierto.
Por último, y también correspondiente al Ministerio de Economía, se autoriza la convocatoria de ayudas, por importe de dieciocho millones de euros, de actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de formación y de incorporación del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación. Son las ayudas para contratos Torres Quevedo y las ayudas para doctorados industriales.
Sr. De Guindos.- Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la Agencia Estatal de Investigación y su estatuto de funcionamiento. Creemos que es un hito fundamental en la ciencia en España. Estaba recogido en la Ley de la Ciencia que se aprobó en el año 2011 con un amplio consenso y también formaba parte de nuestro Plan Nacional de Reformas y de todas las recomendaciones que continuamente nos hacía la Unión Europea. Incluso saben ustedes que hubo una misión específica para analizar el sistema de ciencia en España y ésta fue una de las recomendaciones fundamentales, la creación de la Agencia.
El objetivo fundamental de la Agencia de Investigación es conseguir una financiación más eficiente y más flexible de la investigación y, al mismo tiempo, garantizar el control y que haya un sistema estricto de rendición de cuentas.
Para ello, se basa o tiene una serie de ventajas con respecto a la situación que teníamos actualmente. En primer lugar, tenemos la posibilidad de una planificación plurianual. Como saben ustedes, hay muchos proyectos de investigación que van más allá de un año y esto, a veces, dificultaba lo que era la financiación año a año de los mismos y cómo se ajustaba a lo que era el planteamiento de la contabilidad presupuestaria estatal.
Por otro lado, también tendremos un sistema de evaluación independiente, que se ajustará a las mejores prácticas internacionales y, además, esta valoración se hará teniendo en cuenta cuáles son los resultados obtenidos desde el punto de vista de lo que son los resultados efectivos de este dinero, de esta financiación, otorgado a los diferentes planes de investigación. Supone una reducción de la carga administrativa y, a su vez, creemos que va a permitir una interacción mucho más ágil con los investigadores.
Por otro lado, también la existencia de la Agencia tiene una ventaja muy importante, que es la obtención de recursos del sector privado. Ya no solamente serán recursos de los Presupuestos Generales del Estado, sino que también se podrán aunar con recursos que se obtengan del sector privado. Su estructura va a ser muy simple --se la comentaré posteriormente-- y a coste cero; es decir, no tienen ningún coste adicional desde el punto de vista presupuestario la generación y la creación de la Agencia.
Y conjuntamente con el CDTI, van a ser los dos instrumentos, desde el punto de vista de financiación, con que va a contar la Secretaría de Estado de I+D+i: el CDTI para la innovación y la Agencia estrictamente para la investigación científica y técnica.
La estructura de la Agencia es relativamente simple: tendrá una presidenta, que es la secretaria de Estado de I+D+i; un consejo rector, en el cual están representados los Ministerios, los agentes del sistema de ciencia, investigadores, tecnólogos…, y habrá un representante de los sindicatos. También va a haber un comité científico-técnico, formado por personal y por científicos de reconocido prestigio, que asesorará en la planificación de la actuación de la Agencia. El director o directora de la Agencia tendrá carácter ejecutivo y lo ocupará un científico o tecnólogo con amplia experiencia en gestión.
Como consecuencia del trasvase de los recursos que se hacen desde la Secretaría de Estado a la Agencia Estatal, ésta dispondrá de trescientos profesionales que, como decía anteriormente, proceden de la estructura de la Secretaría de Estado. Y va a gestionar, aproximadamente, un 75 por 100 del total de recursos de créditos no financieros que tenía anteriormente la Secretaría de Estado. Esto, teniendo en cuenta el presupuesto del año que viene, son aproximadamente unos setecientos millones de euros, Y, vuelvo a repetirles, todo esto con un coste cero.
La Agencia es seguramente el penúltimo hito desde el punto de vista de la actuación en materia de política científica por parte del Gobierno. Hemos aprobado a lo largo de esta Legislatura la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que lo que ha hecho, fundamentalmente, ha sido establecer las orientaciones de la política de I+D+i, en función de unos grandes retos sociales; hemos rediseñado la carrera científica para hacerlo mucho más sostenible, estable y en las mejores condiciones laborales; hemos convertido las becas en contratos; hemos puesto en marcha los nuevos doctorados industriales y hemos creado instrumentos para contratar en universidades y OPIs. Por otro lado, saben ustedes que en los dos últimos años la tasa de reposición de investigadores se ha elevado al 100 por 100.
También nos hemos puesto al día en deudas que teníamos con organismos tan importantes como el CERN y hemos intentado, sobre todo, también fomentar aquel aspecto en el cual estamos más retrasados en España en ciencia y en tecnología, que es la contribución del sector privado. Ahí es donde, efectivamente, tenemos un "decalage" importante, tenemos una diferencia importante, con los países de nuestro entorno.
Y también hemos creado instrumentos novedosos, como es, por ejemplo, la creación recientemente de un fondo de capital privado que va a movilizar entre cuatrocientos y seiscientos millones de euros para invertir en empresas con un perfil tecnológico de tamaño medio y pequeño.
Nos queda un último hito en el ámbito de la política de I+D+i a lo largo de esta Legislatura, que es la aprobación del programa de gestión del CSIC; programa de gestión del CSIC que, en última instancia, es el Plan Estratégico del CSIC. El CSIC, como saben ustedes, es el gran buque insignia de la investigación que existe en nuestro país. Nunca ha tenido un plan estratégico, lo cual es sorprendente; y, por lo tanto, ésta sería la primera vez que un Gobierno aprobara un plan estratégico para el CSIC.
¿Qué es un plan estratégico? En última instancia, es una definición de los objetivos que se pretenden, tanto en términos de retornos, como en términos de generación de recursos privados, en términos de publicaciones y en términos de patentes, y los recursos y la financiación del CSIC se hacen en función del cumplimiento de estos objetivos. Es una modificación sustancial y creemos con esto que, tras unos inicios difíciles que estaban, lógicamente, afectados por las disponibilidades presupuestarias, en estos momentos la ciencia en España, con estos nuevos instrumentos, cuando se aprueben el contrato programa y este Plan Estratégico del CSIC, está en condiciones de hacer una aportación fundamental al crecimiento futuro de la economía española.
Sr. Catalá.- Durante toda la Legislatura hemos abordado diversos proyectos que tienen que ver con la mejora de la Justicia, la modernización, la agilización, la simplificación de una Administración muy burocrática, muy tradicional, y hoy el Consejo de Ministros, como ha informado la Vicepresidenta, ha aprobado un Real Decreto que da un paso más en esa dirección, básicamente para establecer los procedimientos que permitan que a partir del próximo día 1 de enero --por lo tanto, dentro de poco más de un mes--, todas las comunicaciones que se lleven a cabo por los profesionales de la Justicia (abogados, procuradores o graduados sociales) sean exclusivamente electrónicas, como establecía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se aprobó recientemente por el Parlamento.
Por tanto, este Real Decreto lo que crea son todos los procedimientos, los sistemas, para que, en el ámbito de la Administración de Justicia de las competencias del Ministerio de Justicia, que seguimos todavía gestionando en seis Comunidades Autónomas, se articulen los sistemas que permitan hacer realidad este mandato de la Ley, como también el resto de Comunidades Autónomas lo están haciendo en su propio ámbito.
Si ustedes conocen un poco cómo funciona la Administración de Justicia, hoy en día cualquier documento, cualquier que presentan, como digo, abogados, procuradores o graduados sociales, ha de presentarse físicamente, en horario de oficina --los días laborales, por lo tanto--, ante el órgano jurisdiccional que corresponde. A partir del 1 de enero habrá un sistema electrónico. Por lo tanto, 24 horas al día, 365 días al año, siete días a la semana, desde su oficina cualquiera de estos profesionales enviará una comunicación acompañando el documento --la demanda, la contestación, la aportación de prueba…-- y, por lo tanto, habrá un cambio en cuanto a esa disponibilidad extraordinaria.
Esto afecta directamente a la celeridad: se acortan los tiempos extraordinariamente. Ya no hay ese peregrinaje de un papel que va al Registro, que sube a la oficina, que se califica, que se le pasa al secretario, que el secretario lo pasa al juez, el juez lo... Todo eso se hará a golpe de clic y, por lo tanto, lo que antes son días pasarán a ser minutos y todos los tiempos de tramitación se acortarán notablemente, manteniendo en todo caso la seguridad, y yo me atrevería a decir que incluso incrementando la seguridad, porque la Administración electrónica aporta un elemento de seguridad. Dejaremos de ver carritos de éstos de supermercado llenos de sumarios circulando por los edificios judiciales, que en ocasiones han provocado extravíos o deslocalizaciones y problemas de seguridad.
Esto, sin duda, va a tener un ahorro importante: ahorro en términos de tiempos, en términos de cargas administrativas, en términos de uso de papel.... Está estimado, en una metodología, que es la que utiliza la CORA, que para la Administración del Estado estarán en torno a setenta millones de euros al año los ahorros que se producirán y para el conjunto del sistema --por lo tanto, también para las Comunidades Autónomas-- estamos situando en prácticamente 420 millones de euros los ahorros como consecuencia de la Administración electrónica y la supresión de la entrada de papel.
Esto, para explicarlo con detalle, es la entrada; por lo tanto, la presentación de documentos que hacen, insisto, abogados, procuradores y graduados sociales, y las notificaciones que se hacen desde los Juzgados a las distintas entidades que participan en un procedimiento. No sustituye a todo lo que está en trámite, evidentemente; eso continúa con su tramitación habitual.
Y también los atestados que se inician desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde las Comisarías o desde las Comandancias de la Guardia Civil; esto no entrará todavía en funcionamiento hasta el año 2017, otra vez más por mandato de la Ley, aunque confiamos en que en el año 2016 el Ministerio del Interior se haya dotado de medios suficientes para poderlo hacer efectivo.
Por lo tanto, empezamos con abogados, procuradores y graduados sociales; llegaremos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los notarios y registradores…, a todos los profesionales que trabajan en la Justicia.
Y también como novedad muy importante, este sistema de comunicaciones, que ya existe desde el año 2002 y se llama el sistema LEXNET, que lo utilizan los procuradores en el orden civil; la gran novedad ahora es que se aplica a todos los órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo y laboral.
Estamos, por lo tanto, en un escenario de transformación relevante, pero esto es una pieza de un conjunto de medidas, como ha sido mencionado anteriormente, que ya se han ido dando pasos en esa dirección. Hoy en los Juzgados Contencioso-Administrativos de la Audiencia Nacional existe ya el expediente judicial electrónico. Ha sido una experiencia piloto. En esos Juzgados no hay papeles ya; ya se trabaja todo con soporte electrónico.
Hoy ya las Administraciones Públicas pueden acceder al Registro Central de Penados para obtener el certificado de los particulares sin tener que ir físicamente a solicitarlo. Como se ha indicado, estamos inscribiendo los nacimientos desde los hospitales, sin tener que ir físicamente con la hojita amarilla al Registro Civil a hacer colas por parte de los padres. Estamos también haciendo las subastas agregadamente de todos los Juzgados de España y mediante un sistema electrónico, a través del Boletín Oficial del Estado.
Hoy también está creado lo que hemos denominada la Sede Judicial Electrónica, de tal manera que un particular que comunica sus datos de dirección electrónica al Juzgado puede entrar, hacer consultas --de momento, sólo consultas: luego, más adelante, también presentará documentos--, para saber un poco… Le hemos llamado '¿qué hay de lo mío?' Para saber cómo está tu proceso, puedes hacerlo desde tu ordenador, desde tu casa y tienes información directa.
Hoy también, en materia de violencia de género, se ha generado un sistema de comunicaciones electrónicas entre los Juzgados, de tal manera que las víctimas pueden tener información continua del estado del cumplimiento de las medidas de alejamiento.
Por tanto, todo esto se ha ido haciendo durante la Legislatura y ahora, con el Real Decreto de desarrollo del LEXNET, como les decía, comunicaciones electrónicas aseguradas a partir de 1 de enero entre todos los profesionales.
Siempre nos dicen que todo esto está muy bien, pero que hacen falta medios para poder hacer esto efectivo Y eso es lo que hemos hecho durante este último año: se han adquirido 6.400 pantallas de ordenador, de tal manera que los funcionarios de los Juzgados trabajan con lo que se denomina la doble pantalla: en una pantalla están viendo el documento de que se trate y en la otra pantalla tienen el expediente completo. Y así lo pueden integrar. Esto significa tarjetas gráficas, adaptación de software, dotaciones de escáner,.. Yodo esto se ha hecho ya para que tengan las dotaciones adecuadas y poder, lógicamente, aplicar desde el 1 de enero las medidas.
Las Comunidades Autónomas tienen que tomar sus propias decisiones, pero este año hemos firmado convenios con todas ellas por valor de seis millones de euros, que les hemos transferido desde el Presupuesto del Estado del Ministerio de Justicia a las propias Comunidades para financiar sus propias adquisiciones o las medidas que han tenido que adoptar. Hemos estado trabajando desde principios del año 2015, con sus reuniones casi quincenales o mensuales, con todas las Comunidades Autónomas para garantizar esta coordinación.
Por lo que se refiere al Presupuesto del Ministerio de Justicia, en esta Legislatura hemos invertido 276 millones de euros para ser capaces de llegar a este momento con las dotaciones suficientes, y hemos formado a 9.500 funcionarios dentro del Ministerio de Justicia para, insisto, hacer habitual a todos ellos este cambio, que, sin duda, es un cambio cultural importante y, por lo tanto, que va a generar novedades sustanciales a partir del próximo 1 de enero.
Habrá mucha mayor agilidad en la gestión de los procedimientos. Hay algún caso práctico que dice que la tramitación de un recurso, que se hacía antes en setenta y tantos días, ahora se va a hacer en veinticuatro. Vamos a comprobar cuáles van a ser exactamente los ahorros, pero van a ser muy importantes, porque todos esos traslados entre Departamentos administrativos se suprimen por la vía de la transmisión electrónica.
Para los profesionales y, en última instancia, para los ciudadanos, disponibilidad absoluta de presentación de documentos; como les decía, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, 365 días al año, con un ahorro relevante en desplazamientos y en costes económicos de no tener que imprimir en folios los documentos, no tener que gastar en tóner, en fotocopias, etcétera…, en tener mucha más inmediatez en las notificaciones. Cuando se dicte una resolución judicial, se va a notificar inmediatamente por vía electrónica. Se reduce, y no es un tema menor tampoco, el impacto medioambiental por la supresión de todo ese tipo de consumibles que actualmente se utilizan.
Y también, y es otro tema también cualitativo pero destacable, se mejora, sin duda, la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidad, porque, evidentemente, como todos, pero especialmente en este tipo de colectivos, no tendrán que desplazarse para hacer todo este tipo de actuaciones ante la Justicia.
El próximo miércoles celebraremos una Conferencia Sectorial con todos los consejeros de Justicia, como venimos haciendo durante todo este año, para seguir coordinando --tenemos todavía un mes por delante-- y asegurar, por lo tanto, que el día 1 de enero, el día primero de año, será absolutamente efectivo este sistema que, como digo, es un paso más en todas estas incorporaciones de nuevas tecnologías en la Justicia.
Queda camino por delante y, por lo tanto, seguro que en la próxima Legislatura será otro de los grandes hitos de la reforma de la Justicia para alcanzar, por fin, esa justicia digital, esa justicia electrónica y una justicia mucho más cercana al ciudadano.
P.- Vicepresidenta, tenía un par de preguntas en torno al debate a cuatro del próximo 7 de diciembre, en el que no va a estar el presidente del Gobierno. Me gustaría saber a qué lo atribuyen ustedes; si es a razones de agenda, como se habla desde Moncloa; si tiene más que ver con temas de representación parlamentaria, en el caso de Iglesias y de Rivera, aunque Rajoy sí llamó a estos líderes políticos, casi de los primeros, aquí, en Moncloa, para hablar del desafío soberanista; o si es pura estrategia de campaña. Desde la oposición se le está acusando de esconderse, sobre todo después de una legislatura en el que ha acarreado esa imagen del Presidente en plasma.
Después, debido a que usted va a estar en ese debate, me gustaría saber cómo afronta el hecho de estar compartiendo escenario con tres candidatos a presidir el Gobierno y de llegar a La Moncloa. No sé si usted lo puede afrontar como un ensayo para futuras candidaturas o futuras carreras electorales.
Vicepresidenta.- Si me permite, le contesto a las dos conjuntamente, porque es lo mismo la primera que la segunda.
Ya no como Gobierno, sino como partido, el Partido Popular es un equipo y, entonces, en los equipos nos repartimos las tareas. Porque, además, da la casualidad de que, además de miembros en algunas candidaturas, somos también miembros del Gobierno, incluido el Presidente, que tiene su agenda. Entonces, como equipo, decidimos quién participa en cada sitio con total normalidad.
Yo he debatido mucho a lo largo de esta Legislatura y en la anterior, y para mí éste es un debate más, como otros muchos debates que va a haber o está habiendo a lo largo de la campaña, que seguirá habiendo o que hemos tenido, porque ahí están los debates parlamentarios que también han tenido mis compañeros ministros. Un debate más. Yo me imagino que algunos querrán darle toda la relevancia del mundo, pero es un debate más dentro de la campaña.
P.- Para el ministro de Economía. Yo quería preguntarle por las declaraciones de ayer del comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en las que apuntaba que los ajustes de España son incompletos. No sé si de cara además a la próxima Legislatura, España se verá obligada a realizar nuevos ajustes.
En segundo lugar, quería preguntarles también por esa propuesta de Ciudadanos sobre que los amnistiados paguen otra vez, porque parece ser, según lo que indican ellos, que se ha recaudado, no un 10 por 100 como estaba establecido, sino un 3 por 100.
Sr. De Guindos.- Lo que hicieron ayer la Comisión Europea, el vicepresidente Dombrovskis y Pierre Moscovici fue presentar el Informe sobre Desequilibrios Macroeconómicos. El término "ajuste" tiene una connotación macroeconómica y una connotación presupuestaria; en este caso, es estrictamente macroeconómica. Aquí lo que hay es una serie de indicadores, once, y que España no está en el grupo de los peores. Hace dos y tres años estábamos en el grupo de los peores, aquellos que tenían desequilibrios macroeconómicos excesivos; ahora tenemos unos que necesitan una especial vigilancia y atención.
Lo que se pone de manifiesto, fundamentalmente, es la enorme mejora que se ha producido durante estos tres años desde el punto de vista del ajuste de estos desequilibrios macroeconómicos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, endeudamiento, porque ha habido una caída muy importante, de prácticamente cuarenta puntos del PIB, de la deuda privada. Por ejemplo, competitividad: tenemos un superávit de la cuenta corriente en la balanza de pagos y tenemos unas exportaciones que, a diferencia de lo que ocurría hace cuatro, cinco o seis años, ganan cuota de mercado.
Por lo tanto, ha habido mejoras. También ha habido mejoras en el tema, por ejemplo, de la reducción del déficit público y también en la evolución del desempleo. Lo que pasa es que todavía tenemos un stock de paro muy elevado, como saben ustedes; pero ya la tasa de paro no está en el 27 por 100, como estuvo hace prácticamente dos años y medio, sino que está en el 21,2 por 100, como nos dice el INE.
Por tanto, todavía queda; yo lo digo continuamente. España ha llevado a cabo, seguramente, el mayor ajuste macroeconómico de su historia. Nunca habíamos corregido tantos desequilibrios macroeconómicos que estaban en la base de la recesión que sufrimos, pero todavía queda mucho por hacer. Tenemos dos desequilibrios fundamentales: uno es el paro, a pesar de que se ha reducido y, a pesar de que la creación de empleo es muy intensa, todavía la tasa de paro está por encima del 20 por 100; por otro lado también, como indica la propia Comisión, tenemos un nivel de endeudamiento privado que, no obstante la reducción que yo indicaba anteriormente y también mirando lo que dependemos del exterior, sigue siendo muy elevado.
La evolución es la adecuada pero, desde el punto de vista de los stocks, todavía quedan variables stocks, como decimos los economistas, que tienen que continuar reduciéndose y mejorando.
P.- Vicepresidenta, quería saber si el presidente del Gobierno tiene previsto mantener algún contacto con el presidente Hollande el domingo en Bruselas o el lunes en París, ya que coinciden en dos Cumbres, para analizar la colaboración de España en la lucha contra DAESH tras los atentados de París, Y si sigue sin haber alguna petición concreta de Francia al respecto.
Por otro lado, ¿han analizado la situación de Abengoa? ¿Hay alguna decisión después de que ayer algún miembro del Gobierno garantizara la colaboración del Ejecutivo ante la situación que atraviesa la empresa?
Sr. De Guindos.- Empiezo yo, si le parece, con Abengoa. Abengoa es una empresa muy importante, tanto desde el punto de vista cuantitativo, como desde el punto de vista cualitativo. Saben ustedes que en España da prácticamente empleo a cerca de siete mil personas y es un empleo de calidad.
Es importante tener en cuenta que prácticamente cerca del 90 por 100 de los ingresos de Abengoa provienen del exterior. Eso tiene dos consideraciones: la primera es que, efectivamente, es una empresa internacionalizada, es una empresa española con presencia especialmente en América, tanto en Latinoamérica, como en Estados Unidos. Por otro lado, y esto también es importante, me parece que sus ingresos en España no llegan al 12 por 100 del total. Eso lo que indica es que los ajustes que se hicieron para acabar con el déficit tarifario no es la causa fundamental de la problemática de Abengoa.
La problemática de Abengoa, fundamentalmente, deriva, como se pone de manifiesto, por un endeudamiento, un apalancamiento que dicen los financieros, muy elevado. Es decir, cuando uno mira cuál es la financiación externa, cuál es la deuda en relación con sus recursos propios, se ve que es muy, muy, elevada. Pero, cuando uno también analiza el proyecto empresarial, creemos que el proyecto empresarial es un proyecto empresarial viable e importante.
Ayer el presidente del Gobierno habló con la presidenta de la Junta de Andalucía y yo mismo voy a tener unas conversaciones con el consejero de Economía de la Junta de Andalucía. Yo, a lo mejor, aprovecho y les voy a decir exactamente cuál es la exposición pública en Abengoa y, después, haré una serie de consideraciones sobre el periodo que se abre a continuación.
En estos momentos el ICO tiene una exposición a Abengoa de 130 millones de euros; COFIDES, que es la empresa que cofinancia, como saben ustedes, proyectos de inversión fuera y para fomentar la exportación española, de 75 millones; y CESCE, que es la que cubre los riesgos en el exterior, teniendo en cuenta que Abengoa es una empresa muy internacionalizada, aproximadamente de algo más de 210 millones de euros. Esa es la exposición.
Después está Bankia. En Bankia tenemos una participación, como saben, a través del FROB y del BFA del 64 por 100; pero Bankia, aunque tiene mayoría de participación pública, siempre, como saben ustedes, se guía por criterios estrictamente de mercado como si fuera una empresa privada y ellos toman las decisiones al respecto en relación con lo que son sus decisiones de financiación.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ellos han presentado el preconcurso y se abre un periodo de tres meses. Aquí es muy importante que haya un acuerdo entre los diferentes acreedores. El ICO va a tener un papel constructivo, pero el ICO tiene 130 millones de euros de exposición, versus un endeudamiento que está en las decenas de miles de millones, como saben ustedes. Es decir, es un papel relativamente limitado.
Lo más importante ahora es que conozcamos exactamente cuál es la situación de la empresa desde el punto de vista de lo que es contabilidad y desde el punto de vista de su endeudamiento. Abengoa no es una única empresa; tiene una estructura empresarial muy, muy, complicada. En estos momentos, saben ustedes que los acreedores han nombrado a una compañía que está analizando cuál es la situación de endeudamiento y eso es lo primero que tenemos que hacer: saber cuál es la situación real. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, cualquier actuación del ICO y del Gobierno va a ser una actuación constructiva, teniendo en cuenta también que existen limitaciones en la normativa europea de ayudas de Estado. También, creo que en estos tres meses es muy importante buscar un socio industrial.
Por lo tanto, en resumen, creemos que, desde el punto de vista empresarial, es viable; creemos que hay que hacer un esfuerzo para que, efectivamente, esta empresa, que es puntera en muchos aspectos, continúe; que se corrijan los errores que se han producido en el pasado, especialmente desde el punto de vista del endeudamiento; y eso, sin duda, será lo mejor, con pleno respeto, como decía anteriormente, de la normativa de ayudas del Estado.
El Gobierno, en colaboración con la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta que ya ha ayudado bastante a Abengoa en los últimos años, continuará cooperando y teniendo una cooperación con los acreedores privados, con los bancos privados. Tengan también ustedes en cuenta, porque a veces esto también se olvida, que se habla mucho de la banca española, la banca española…. La banca española solamente tiene el 40 por 100 del total de la deuda bancaria y, aparte de la deuda bancaria, existen emisiones en los mercados de capitales y existe una deuda importantísima con proveedores.
Por tanto, vamos a ponerlo todo en un contexto pero, vuelvo a repetir, lo primero es que tengamos la información precisa, que se está realizando ya, de cuál es la situación desde el punto de vista de endeudamiento y desde el punto de vista de estructura empresarial, de dónde está la deuda ubicada y de dónde están los problemas, fundamentalmente de liquidez, que está sufriendo en estos momentos Abengoa.
Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, no hay ninguna novedad al respecto. Ni el presidente Hollande ni el ministro de Defensa han realizado ninguna petición en concreto al Gobierno de España, y nosotros estamos trabajando, como veníamos haciendo, desde la máxima disposición.
Como les señalé aquí la semana pasada, España está actuando en escenarios contra DAESH, en escenarios complejos. Tenemos tropas destacadas en Irak, tenemos nuestra labor en Turquía Y también participamos en Mali, en Senegal o en la República Centroafricana, donde, por cierto, estamos nosotros, los franceses y los alemanes. Es decir, nosotros hemos cumplido en cada momento con las peticiones que se han ido llevando a cabo y lo hemos hecho siempre en el marco de la autorización del Congreso de los Diputados.
El presidente del Gobierno ya ha informado a los distintos partidos de su compromiso de que va a ser así siempre. Pero, ya le digo, no hay ninguna novedad ni ningún contacto previsto para abordar esa cuestión.
P.- Vicepresidenta, la semana pasada aprobaron unas condiciones especiales para Cataluña a cambio de recibir financiación. ¿Han recibido ya respuesta del Gobierno catalán? ¿Han tenido alguna interlocución en la que, al final, el Gobierno catalán haya dicho que, aunque a regañadientes, va a aceptar las condiciones del Gobierno?
Después también quería preguntarle por la reforma de las Administraciones Públicas. Nos ha dicho que hay algunas Comunidades Autónomas que no han cumplido demasiado bien con las propuestas del Gobierno. Me gustaría saber si es Cataluña, dadas estas condiciones especiales y de este riesgo para el interés general que señalaban. ¿Nos podría explicar un poco qué han hecho y qué no han hecho, en Cataluña? Hacernos un poco un balance del cumplimiento de esta modernización de la Administración.
Y al ministro de Economía quería preguntarle si Cataluña aguantaría sin financiación del Estado.
Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, voy a informarles de un asunto que es importante. Hoy, que estamos ya a finales del mes de noviembre, correspondía llevar adelante los pagos del mes de noviembre del FLA ordinario. ¿Qué es el FLA ordinario? El originario, no el remanente que aprobamos la semana pasada; no la distribución del remanente de la semana pasada, sino el FLA ordinario, aunque, no obstante, estaba sujeto también a la condicionalidad que incorporamos el otro día. FLA ordinario, FLA es decir dinero del Estado, que entrega a las Comunidades Autónomas voluntariamente y que las Comunidades Autónomas deciden o no recibir, cumpliendo las condiciones previstas.
De lo que voy a hablar no es de modelo de financiación. Es que oigo a algunos responsables de la Generalitat de Catalunya que no sé si se confunden o nos invitan a la confusión. No hablo del modelo de financiación, hablo del FLA y del FLA ordinario: mes de noviembre. Los expertos por aquí me sonríen, porque aquí hay expertos en el FLA, ya después del tiempo que llevamos juntos, bastante formados.
Las Comunidades Autónomas recibirán en noviembre del FLA ordinario 874,91 millones de euros; del Fondo de Liquidez Autonómico ordinario y de la Facilidad Financiera. Pues bien, la Comunidad Autónoma de Cataluña ha empezado a cumplir las condiciones para poder recibir este FLA ordinario, y con las nuevas condiciones --el correspondiente a noviembre, con las nuevas condiciones-- por cuanto ya se ha dirigido el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para incorporarse al sistema FACe de facturas electrónicas --con esto ya también le voy contestando a la segunda de sus preguntas-- y la Intervención también se ha puesto en contacto para el informe que tienen que remitir sobre el cumplimiento del resto de sus obligaciones.
Con esto lo que haremos será llevar a cabo los pagos a todas las Comunidades Autónomas. Pero usted me preguntaba por Cataluña: con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico ordinario, no el remanente, 319,3 millones de euros; de ellos, para atender vencimientos de deuda, 200 millones de euros, pero la parte más importante, prácticamente casi 110 millones de euros, para pago directo a proveedores del sector sanitario. Hoy se harán estos pagos de los que corresponden 101,12 millones de euros a farmacias; convenios con farmacias, 101 millones de euros, que pagaremos hoy directamente -saben que el pago va a ser directo-, y 7,1 millones de euros para conciertos sanitarios.
Es decir, dejando al margen vencimientos de deuda, el grueso de la cantidad que se va a aportar a Cataluña, cumpliendo las nuevas condiciones, son prácticamente 110 millones de euros para pagar farmacias y convenios sanitarios; es decir, sectores sanitario y farmacéutico, que el Estado pagará directamente a partir de hoy por el FLA ordinario de noviembre, una vez que la Comunidad Autónoma está cumpliendo sus obligaciones: informes de certificación e inclusión en el sistema de facturas electrónicas.
En segundo lugar, desde el Gobierno nos sentimos satisfechos, aunque siempre se puede hacer más, con el cumplimiento por las Comunidades Autónomas del Programa CORA. Era voluntario y lo han asumido. Doce Comunidades Autónomas, que es mucho más de la mitad, han cumplido más del 90 por 100; ocho Comunidades Autónomas, es decir, casi la mitad de las Comunidades Autónomas, han cumplido más del 95 por 100. Es decir, casi como el Estado, están más de la mitad, doce; hay un grupo que está en el 85 por 100 y, luego, hay tres Comunidades Autónomas que han cumplido más de la mitad. Yo creo que eso es importante ponerlo en valor.
Yo ahora no le puedo decir el conjunto de las medidas. Como hacemos público el Informe detallado, no me lo he bajado, porque es un tocho de este porte., donde viene medida a medida, convenio a convenio. Son 394 convenios. Pero todas las Comunidades Autónomas han respondido y han respondido a la parte, a nuestro juicio, que es más esencial: en determinadas medidas de lucha contra la morosidad, en reducción de entes públicos… Es que en la reducción de entes públicos el Estado ha hecho tarea pero, como nuestra Administración de entes públicos y de empresas públicas era pequeña, es menor. Pero es que las Administraciones autonómicas han eliminado 754 entes públicos.
Es decir, nosotros estamos satisfechos, porque creo que era un objetivo de país; era reducir la Administración Pública, redimensionarla y modernizarla. Se han hecho cosas que no se habían hecho nunca y se ha puesto al día la Administración. Se han suprimido muchos entes públicos, por todos. Se han puesto en marcha procesos de modernización electrónica… Señalaba uno el Ministro, muy importante, en el ámbito de la Justicia, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, porque en muchas de ellas la competencia de lo que se viene a denominar administración de la Administración de Justicia la llevan a cabo las Comunidades Autónomas.
Nosotros estamos satisfechos de ese cumplimiento global. España todavía necesita avanzar en su recuperación. Para nosotros la reforma de la Administración ya no es una opción; o sea, continuamente la Administración va a tener que estar modernizándose. Nosotros hemos hecho un ajuste importante en términos de morosidad, en términos de dimensión de la Administración, en términos… No lo he contado, pero hay una cosa muy importante --yo quiero agradecer que, además, los funcionarios se han incorporado muy bien al sistema-- de evaluación del desempeño. Ya hay muchos funcionarios en la Administración General del Estado, creo que son 75.000 en la AGE y 115.000 en las Fuerzas Armadas, que están incorporados a un sistema de evaluación de su desempeño y también de cumplimiento de objetivos en términos de productividad. Incluso, por primera vez la Oferta de Empleo Público se ha hecho con un protocolo de necesidades.
Ese es el futuro y tiene que seguir siéndolo. Nosotros hemos aprobado dos nuevas Leyes: la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, para que en las Administraciones no haya de nuevo una proliferación --nos ha costado mucho dimensionarla para que seamos eficaces, para que luego, en tiempos de bonanza, vuelvan a crecer; hay que ser eficaces--, y una Ley de Procedimiento Administrativo para que la Administración electrónica, siempre salvaguardando los derechos de la gente y, si quiere, físicamente pueda seguir haciéndolo, se modernice.
En este sentido, yo creo que podemos sentirnos satisfechos. Desde luego, seguiremos pidiendo la ejecución de más medidas y que se vayan incorporando todos estos convenios, porque, además, pasa una cosa: ese trabajo está hecho. Cuando hemos hecho convenios con doce Comunidades Autónomas en la inmensa mayoría de los campos, yo lo que le pido al resto de las Comunidades Autónomas es que se incorporen porque, además, son ahorros y son ahorros clarísimos, es gestión que eliminas y es mejor funcionamiento para los españoles.
Voy a poner un ejemplo: ya todas las Administraciones sanitarias están incorporadas al historial clínico; pues hay veinticinco millones de españoles que tienen datos del historial clínico que ya se comparten en todas las Comunidades Autónomas. Veinticinco millones de españoles que, si se ponen enfermos en cualquier sitio que no sea su casa, saben que donde les pase pueden acceder a datos de su historial que pueden ser muy útiles para atajar esa enfermedad que tienen. Ya están todas las Comunidades Autónomas.
Yo lo que invito es a las Comunidades Autónomas a que evalúen los convenios a los que no se han incorporado y se incorporen, porque es mejor servicio público, con pleno respeto a sus competencias.
Sr. De Guindos.- Me preguntaba usted sobre el acceso a los mercados de la Generalitat catalana. Es obvio, no tiene acceso; no tiene acceso a los mercados a medio plazo, y últimamente --éste es un factor fundamental que también, lógicamente, ha afectado a la actuación del Tesoro español-- se han puesto de manifiesto tensiones importantes de financiación a corto plazo por parte de los bancos.
Como sabe usted, el FLA cubre el déficit público y cubre los vencimientos del mercado de capitales. Continuamente, y en la cantidad que comentaba anteriormente la Vicepresidenta, hay una parte para cubrir los vencimientos de deuda a medio y largo plazo en el mercado de capitales; pero también a corto plazo había tensiones importantes.
El Tesoro español le ha prestado a tipo de interés cero, como saben ustedes, cerca de cincuenta mil millones de euros a la Generalitat catalana, y lo seguirá haciendo, lógicamente, siempre que se dedique para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales de la sociedad catalana.
P.- Vicepresidenta, decía antes que no había novedades de los contactos de Francia con España; pero ayer se amplió el Pacto Antiyihadista aquí, en Madrid, y desde el Partido Socialista y desde sectores de la oposición al mismo tiempo se estaba criticando al Gobierno, supuestamente, por ocultar información o por la estrategia que está llevando a cabo en todo este asunto. Quería saber su opinión sobre estas críticas que está recibiendo desde el Partido Socialista, que está en el Pacto, y si teme que este asunto pueda contaminar la campaña electoral por parte de esta oposición.
Vicepresidenta.- Este Gobierno va a trabajar por la unidad en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, porque la unidad, nuestra unidad, es la debilidad del terrorismo y de los yihadistas; en el ámbito nacional e internacional.
Entonces, nosotros, en el Pacto contra el Yihadismo y a nivel internacional, trabajaremos por esa unidad, para que no haya fisuras, para que nuestra respuesta sea conjunta y para que nuestra respuesta sea coordinada. Yo creo que es importante el paso que supone asumir un pacto que, entre otras cuestiones, es un pacto de Estado que saca al terrorismo del debate; pero no porque no se pueda hablar, abordar y debatir de las mejores maneras de hacerle frente, sino porque lo que tenemos que fortalecer es la unidad.
La unidad de los demócratas es la debilidad de los terroristas, la unidad de los que estamos del lado de la civilización es la debilidad de los que están del lado de la barbarie. Ellos, los asesinos, los terroristas, están ahí y el resto de los demócratas tenemos que estar unidos. Y, como Gobierno, trabajaremos por esa unidad, con diálogo, con comunicación y con lealtad. Ésa es nuestra tarea y la vamos a cumplir.
P.- Por tener más precisión sobre estos temas, Vicepresidenta, el embajador de Francia esta mañana ha vuelto a decir que existen contactos y van a seguir existiendo contactos con el Gobierno para el tema de la colaboración. Yo querría saber a qué se refiere, en qué niveles existen esos contactos.
Y sobre el tema anterior, ¿doy por asumido que no va a haber ningún tipo de contacto con el presidente francés Hollande este fin de semana ni en París ni en Bruselas, algo que usted ha dicho antes a esta pregunta?
Insistiendo en esto, para que quede claro todo, el ministro del Interior del Gobierno de España ha comentado que están a la espera --lo que usted ha dicho-- de la petición concreta; pero que, en cualquier caso, esto no será antes del 20-D; lo que le preguntaban antes. ¿El Gobierno descarta totalmente que haya ningún tipo de actuación, colaboración, ayuda, relevo, sustitución, antes del 20-D?
Vicepresidenta.- En primer lugar, si me permite, para centrar la cuestión, nosotros estamos ayudando desde antes de los atentados de París; es más, España es de los Estados que presta una mayor ayuda y que tiene una mayor intervención en todo el mundo.
Hoy quizá el foco está puesto en Siria, como en otro momento lo estuvo en Libia; pero ustedes conocen como yo el mapa donde están desarrollando sus actividades los terroristas, llámense Al-Qaeda o llámense DAESH. Y España está en escenarios con lealtad y con cooperación internacional en todos los ámbitos: bajo el paraguas de Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea, bilateral con Francia… Cuando se pidió ayuda para participar en República Centroafricana, que hoy será uno de los lugares del planeta que tendrá más focalizada la opinión pública, España está ahí; nosotros, los franceses y los alemanes, fundamentalmente.
Hay compromisos de Estado que eran de antes y se están cumpliendo ahora. Nosotros estamos ahí. Irak frente a DAESH es crucial: trescientos militares españoles. Ahora que se habla mucho de Turquía y del escudo antimisiles, nosotros estamos ahí y no nos hemos ido, porque durante un tiempo el debate y lo que ustedes me preguntaban era qué iba a pasar ahí. No sé si vendrán otros, pero nosotros no nos hemos ido.
Es decir, a lo largo de todo este tiempo hemos estado, bajo esas distintas actuaciones, esos distintos paraguas, absolutamente coordinados, porque en este asunto la coordinación es fundamental. Y se puede coordinar desde distintos ámbitos. Usted me dice: ¿de qué tipo de colaboración hablaba el embajador francés? Pues ya le digo yo: colaboración policial, colaboración judicial y colaboración de inteligencia al máximo nivel; pero, además, de toda la colaboración a la que yo le acabo de hacer a usted referencia.
Además, fíjense que eran misiones con su complejidad y las hemos aprobado hablando con los partidos y las hemos mandado al Congreso de los Diputados. Ahí está la de Irak: trescientos efectivos, DAESH, con una amplia mayoría. Es más, si me permite usted, yo las he expuesto aquí cuando hemos solicitado las autorizaciones y tampoco han suscitado ningún debate por parte de ustedes. Eran muy precisas y muy concretas.
Entonces, indudablemente, España cumplirá con sus obligaciones y con sus obligaciones internacionales; pero nos gustaría hacerlo de una manera coordinada. Desde luego, si lo piden, cuando lo pidan, con el mismo mecanismo de diálogo y de sinceridad, que hemos tenido siempre.
Hay citas, que son mucho más amplias que unas bilaterales, este fin de semana. En principio, nada está previsto, pero ya se les dará la agenda y ya saben ustedes cómo son estas cosas. Pero, en principio, no hay nada previsto sobre este asunto; en parte, porque una de ellas también está focalizada en otro compromiso que también es importante. Aquí a veces las cosas parece que son más importantes dependiendo de la actualidad; pero algunos de los asuntos que allí se van a debatir también son importantes en el corto, en el medio y en el largo plazo.
P.- Vicepresidenta, yo quería incidir en el tema del FLA en Cataluña, porque ha hablado de que se van a liberar 319 millones del FLA ordinario, pero ¿qué va a pasar con el remanente? Porque ayer el señor Mas-Colell, el conseller de Economía, decía que necesitaban el dinero con máxima urgencia, que habían entregado ya toda la documentación solicitada y que, si les pedían arrodillarse, se iban a arrodillar; o si les pedían correr los cien metros, los iban a correr.
Vicepresidenta.- No es necesario que hagan deporte. Basta con que cumplan las condiciones. Yo creo que en estos temas hay que ser muy serios, porque estamos hablando de la financiación, de las farmacias y de los servicios sanitarios. Que, además, lo hace el Estado utilizando un Fondo de Liquidez que no tiene nada que ver, como yo decía, con el modelo de financiación. Estamos hablando de un dinero que el Estado presta, en unas condiciones --¿verdad, ministro de Economía?-- poco vistas a las distintas Comunidades Autónomas para hacer esos pagos. Ahora toca el de noviembre. Creo que para las farmacias, que es fundamentalmente ese pago de medicamentos --estamos hablando de un servicio fundamental--, y el convenio sanitario, hoy, una vez cumplidas esas condiciones, pagaremos esos 110 millones de euros. Si se siguen cumpliendo las condiciones, este Gobierno cumple.
Nosotros respetamos la Ley, incluso lo que depende de nosotros mismos, porque, ya digo, es dinero del Estado, que aprueba el propio Gobierno en un acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno. Nosotros cumplimos lo que nos imponemos y, si la Generalitat cumple sus condiciones, el Estado pagará directamente a proveedores facturas en los términos que les contamos a ustedes la semana pasada.
Muchísimas gracias.