Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Como cada viernes, vamos a informarles de los principales acuerdos hoy aprobados en el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros amplio en el que se han tomado un importante número de decisiones.

Por un lado, me acompaña el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque se han adoptado dos acuerdos en materia sanitaria y social de gran importancia. El primero de ellos es el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020. Para dar respuesta a esta situación de estas personas sin hogar y crear un marco integral de actuación, se ha aprobado esta línea estratégica que permitiría atender a las entre veinticinco mil y treinta mil personas que no tienen hogar en nuestro país.

En segundo lugar, el ministro de Sanidad ha elevado también a Consejo de Ministros la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo. Esta Estrategia responde a una demanda histórica del movimiento asociativo del autismo, así como al acuerdo unánime del Congreso de los Diputados del 18 de noviembre de 2014. Está basado en numerosas recomendaciones y resoluciones de organismos internacionales, de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea, que ahora pasará a detallarles.

Por su parte, me acompaña el ministro de Justicia, porque se han aprobado dos medidas importantes en su Departamento: el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, que es también una muestra de las medidas de la Administración para modernizar tecnológicamente los servicios que presta; en este caso, la Administración de Justicia. Esta medida se suma a otra, que es el Real Decreto que regula el procedimiento de consignaciones en sede electrónica de las cantidades necesarias para tomar parte en las subastas judiciales y notariales.

¿Qué es esto? Esta es una de las medidas del Informe de Reforma de las Administraciones Públicas más importantes, que busca sustituir el actual sistema de subastas judiciales por unas subastas electrónicas, con un portal único de subastas, tanto judiciales como notariales, que lleva a cabo el Boletín Oficial del Estado. Su desarrollo supondrá un ahorro en cargas administrativas de 4,9 millones de euros, además de la ganancia en transparencia y publicidad, de manera que cualquier ciudadano desde Internet podrá acceder a cualquier tipo de subasta. También ayudará a la recién creada Oficina de Recuperación de Activos.

También dentro del paquete de medidas de la CORA, hoy se firma un Acuerdo que ratifica la autorización provisional de un convenio de colaboración, en este caso con la Xunta de Galicia, para incorporar medidas CORA en materia de contratación pública, como es incorporarse a la plataforma de contratación del sector público y al Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas, de manera que se compartirá esa información.

En otro orden de cosas importantes, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se regula el Programa de Reasentamiento de Refugiados en España para 2015; reasentamiento, luego hablaremos de reubicación. Este Acuerdo se enmarca en la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, donde se contempla la aprobación por parte del Gobierno de planes anuales de reasentamiento, en los que se debe establecer el número de personas beneficiarias del mismo cada año.

Debe recordarse que en el contexto de la crisis migratoria actual, y con el objetivo de realizar una propuesta de acción inmediata, el Consejo de la Unión Europea de Justicia e Interior acordó el 20 de julio de 2015 aprobar un programa de reasentamiento en la Unión Europea para un total de 22.504 personas en un período de dos años, de los que España se comprometió a reasentar 1.449 personas en ese plazo. Mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se aprueba el Programa de Reasentamiento de Refugiados en España para 2015, para un total de 854 personas. Esto supone un aumento cuantitativamente muy importante respecto a programas anteriores y lo que permite es ya organizar ese reasentamiento de las personas que nos comprometimos en los Consejos de Justicia e Interior de la Unión en el mes de julio.

¿De qué estamos hablando? Esto es reasentamiento. Se dirige, fundamentalmente, a personas refugiadas de conflictos considerados prioritarios, fundamentalmente en Oriente Medio y particularmente de Siria, que se encuentran temporalmente acogidos en países limítrofes de la región; esto es el reasentamiento, países limítrofes de la región. De este modo, cumplimos con nuestros compromisos con el resto de los socios comunitarios y con los principales países de reasentamiento a nivel global, identificados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en la Unión Europea: Oriente Próximo, norte y cuerno de África.

¿Qué actuaciones se incluyen en este Programa de Reasentamiento; como digo, refugiados que se hallan en países limítrofes? La determinación de los criterios de selección de las personas a reasentar a partir de las prioridades y necesidades de protección identificadas por ACNUR, incluyendo elementos relativos a nacionalidad, características personales, familiares, etcétera, y atendiendo a su mayor facilidad para integrarse en la sociedad española. En segundo lugar, tres misiones de selección e identificación sobre el terreno con objeto de completar la información recabada por ACNUR, y de analizar el perfil sociocultural de las personas que pueden ser reasentadas desde la óptica de su acogida e integración en la sociedad española.

Los refugiados que sean acogidos en España como consecuencia del Programa tendrán, bien el estatuto legal de refugiado, bien de beneficiario o de protección subsidiaria, de acuerdo a la normativa, que es la Ley 12/2009, de 30 de octubre. Los refugiados que sean acogidos en España como consecuencia del Programa serán beneficiarios del Sistema Nacional de Acogida e Integración de solicitantes beneficiarios de protección internacional.

El coste de este Programa de Reasentamiento se sufragará, en parte, con financiación comunitaria, en el marco del Programa Común de Reasentamiento de la Unión Europea, y a través del Fondo Europeo de Refugiados (FAMI), del que se prevé una aportación por persona finalmente reasentada de hasta diez mil euros, disponible en un 50 por 100 en el primer semestre de 2016.

Esto es reasentamiento. Ahora les voy a explicar las últimas novedades del programa piloto de reubicación. La reubicación es, digamos, la traída a España de personas que están ya en el ámbito de la Unión Europea. Prevemos, y entiendan ustedes que estamos a viernes y siempre hay que tener muy presente que puede haber dificultades o ajustes de último momento, que el primer vuelo se celebre este domingo con diecinueve refugiados procedentes de Italia. Será un vuelo organizado por el Gobierno italiano. Es decir, el primer vuelo, este domingo, diecinueve refugiados de este primer grupo. Son, fundamentalmente, eritreos y algún sitio.

Les doy esta información a día de hoy porque sé que la han preguntado; pero tenemos que ser conscientes de que estamos todavía en los procesos de documentación y organización del viaje. Lo hacemos en colaboración con el Gobierno italiano y con distintas organizaciones internacionales, y les iremos informando por si surgiera algún cambio o alguna novedad. Pero, en principio, las perspectivas del Gobierno de España son que el primer vuelo, con diecinueve personas, se efectúe este domingo.

Hoy hemos adoptado también una serie de medidas dentro del impulso para avanzar en Investigación y Desarrollo. La constante evolución del entorno y el desarrollo de los sistemas nos hacen estar en permanente búsqueda de la excelencia para atender retos y necesidades científicas y tecnológicas. En esta línea, las pasadas semanas hemos aprobado la elevación de los límites presupuestarios para la convocatoria y ayudas para la formación, perfeccionamiento y movilidad del personal docente e investigador, destinando al efecto más de 69 millones de euros.

Hoy se dan dos pasos más: por un lado, se autoriza la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, correspondiente al año 2015. Se autoriza a la UNED a realizar la convocatoria de veintisiete plazas, por aplicación de la tasa de reposición que se aprobó en el año 2014, correspondiente a catedráticos de universidad, profesores titulares y personal de administración y servicios. De ellas se reservan tres, el 15 por 100, para personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal, y haya obtenido el correspondiente certificado.

Por otro lado, se convocan desde el Ministerio de Economía y Competitividad ayudas en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016. Se trata de una convocatoria de 86 millones de euros destinada a ayudas de subprogramas integrados en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su empleabilidad. Es el Plan Estatal I+D+i 2013-2016.

¿En qué consisten? Ayudas para la contratación laboral por cinco años para investigadores españoles y extranjeros con trayectoria destacada en centros de I+D, y para la creación de puestos de trabajo permanentes en los agentes del sistema español de ciencia; son los contratos Ramón y Cajal. Ayudas para la contratación de jóvenes doctores por dos años para su formación investigadora post doctoral; contratos Juan de la Cierva-Formación. Ayudas para la contratación por dos años de personal técnico de apoyo en organismos de investigación destinados al manejo de equipos e instalaciones de I+D+i. Y ayudas para la contratación laboral de dos años de jóvenes doctores para que afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación post doctoral; contratos Juan de la Cierva-Incorporación.

También en este ámbito se ha aprobado un acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación y la distribución del resultante del crédito destinado, en el año 2015, al Programa de Financiación de libros de texto y material didáctico, por importe de veinticuatro millones de euros. Esto ¿qué es? Ayudas para la adquisición de libros de texto y todo tipo de materiales didácticos, incluidos los de soporte digital, para las etapas de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, que se aplican ya en este curso escolar 2015-2016; es decir, son ayudas para este curso. Las Comunidades Autónomas garantizarán que los beneficiarios se encuentran en la situación económica desfavorable que exige la Ley, con atención especial a aquellas familias de tres hijos o más.

Estos veinticuatro millones de euros se suman a los veinticuatro millones que la Ley de Presupuestos para el año 2016 ha previsto y que, sumados a los tres millones que el Ministerio invertirá en Ceuta y Melilla en los años 2015-2016, hacen un total de 51 millones de euros para ayudar a las familias con menos recursos económicos en la compra de libros de texto y material escolar.

En el ámbito del medio ambiente, también se han tomado dos decisiones importantes. Por un lado, se regula la adquisición por el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible de créditos de carbono del Plan de Impulso al Medio Ambiente del sector de la empresa, PIMA Empresa, para la reducción de gases de efecto invernadero en sus instalaciones. ¿Qué es esto? Es poner en marcha actuaciones de reducción de emisiones de aquellas empresas que han mostrado compromiso en la lucha contra el cambio climático mediante su inscripción en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono. Lo que pretende es atajar una reducción de emisiones a través de la ejecución de las medidas que prevén estas empresas.

La dotación presupuestaria es de cinco millones de euros hasta diciembre de 2016 y su pago se realiza ex ante, a diferencia de otros proyectos-clima ligados al Fondo de Carbono. Las empresas podrán presentar varias actuaciones ante una limitación por empresa de 150.000 euros o el 15 por 100 de la inversión, y recibirán el incentivo una vez verificada la inversión; antes de realizarla, pero sí verificada.

También se ha aprobado el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos PEMAR 2016-2022, que establece las líneas estratégicas y las medidas necesarias para avanzar hacia la denominada economía circular e impulsar la preparación para la reutilización y el reciclado. Entre sus objetivos destaca la relevancia Del reciclado de residuos domésticos y similares. En el año 2020 debe destinarse a la preparación y reutilización del reciclado el 50 por 100 de estos residuos. Con datos de 2012, estamos en el 29 por 100 de reutilización de residuos municipales, con lo que tenemos que hacer un importante esfuerzo, que es lo que persigue este Plan.

Además, se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supra-autonómico. Se trata de una medida importante en el ámbito de la integración cooperativa, a la que se destinan 3,5 millones de euros para 2016, para facilitar esa cooperación interterritorial y la economía en red.

Por último, les informo de dos cuestiones. Se ha aprobado un Real Decreto importante, que regula o que establece el Reglamento de las medidas de resolución y recuperación de entidades de crédito o empresas de servicios de inversión, y que afecta también a los Fondos de Garantía de Depósitos. Esta norma, que supone también un avance en el marco de la construcción de la Unión Bancaria, establece una serie de novedades importantes.

Los costes de resolución de la entidad serán asumidos por los accionistas, por los acreedores y, en último término, por el Fondo Nacional de Resolución. Se limita así, la utilización de recursos públicos para la financiación de la resolución de las entidades. La nueva regulación de resolución tiene como objetivo garantizar la máxima protección --esto es lo más importante de la norma-- para los depositantes. Los depósitos de cien mil euros, depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, no están sujetos a la absorción de pérdidas. Tradicionalmente, en caso de concurso de una entidad de crédito, los depósitos cubiertos por el Fondo y los no cubiertos tendrán preferencia concursal; es decir, se protegen hasta cierta cantidad y, a partir de ahí, tendrán una preferencia concursal en el cobro.

Desarrolla el funcionamiento del FROB como Autoridad Nacional de Resolución y regula la relación con terceros países y los acuerdos de reconocimiento y acciones de resolución.

Por último, en el capítulo de nombramientos y ceses les informo de que el Consejo de Ministros celebrado hoy ha acordado cesar en su destino, a propuesta del ministro de Defensa, al general del Aire, en situación de reserva, don José Julio Rodríguez Fernández, por pérdida de confianza y falta de idoneidad para el cargo que venía ocupando, concedido en su día por Real Decreto, acordado también en Consejo de Ministros, como vocal de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que es la secularmente encargada de velar por la intachable conducta de los miembros de la institución y la observancia de las normas deontológicas de la profesión militar.

El Gobierno respeta plenamente la opción manifestada por dicho oficial general de concurrir a las próximas elecciones generales dentro de las candidaturas de un determinado partido político. Sin embargo, las manifestaciones efectuadas por el mismo ante los medios de comunicación a partir de miércoles pasado, cuando todavía se encontraba en situación militar de reserva, y en las que vertió opiniones sometidas a distinto debate político, entrañan un incumplimiento del deber de neutralidad política exigida a los militares y, aun con mayor razón, a quienes como él han ostentado los más altos rangos de la jerarquía militar. Por tanto, el cese corresponde a Real Decreto de Consejo de Ministros y así se ha procedido este viernes.

Sr. Catalá.- Como les decía la Vicepresidenta, se han aprobado por el Consejo de Ministros dos Reales Decretos que son piezas instrumentales que avanzan en el proceso de modernización de la Justicia asociado con la incorporación de las nuevas tecnologías, orientadas a un mejor funcionamiento de la Justicia y, sobre todo, pensando en el ciudadano, en el usuario de estos servicios, a los que se les facilita notablemente la actividad.

En primer lugar, el Real Decreto por el que se establece un procedimiento para que se puedan consignar y se puedan elaborar las pujas en las subastas judiciales. Cada año se celebran en España una media de 65.000 subastas judiciales; cada Juzgado responsable es el que convoca esas subastas, lo anuncia en un tablón de anuncios mediante un edicto y se hace una gestión, por lo tanto, muy pormenorizada, que obliga a estar muy cercano a esa información y tener un acceso formal y material a cada uno de los Juzgados en toda la geografía española.

Lo que hacemos es crear un sistema telemático, un portal único, a través del Boletín Oficial del Estado, por el cual todos los ciudadanos tendrán la información disponible de todas las subastas que se celebran en España y podrán formular sus ofertas, participar en ellas. Estas subastas se refieren, generalmente, a inmuebles, a vehículos o, en algún caso menor, también a bienes muebles. Por lo tanto, todos los ciudadanos podremos tener esa información, podremos realizar nuestras pujas y tendremos una transparencia absoluta en ese sentido.

Tendrá un efecto positivo también sobre la Administración de Justicia, a la que descargaremos de este tipo de funciones que, evidentemente, no tienen naturaleza jurisdiccional, sino meramente burocrático-administrativa, y, como digo, refuerza la idea de la transparencia y de la facilidad de acceso de los ciudadanos que así lo deseen a este tipo de actividades.

El segundo de los Reales Decretos que se han aprobado por el Consejo de Ministros tiene que ver con la mejora y la simplificación del procedimiento para las solicitudes de nacionalidad por residencia. Al cabo del año, en España, de media también, unas 150.000 personas solicitan obtener la nacionalidad española, porque han cumplido los requisitos que establece la legislación en cuanto al número de años de residencia en España, según su origen geográfico, y, por lo tanto, se genera un expediente administrativo, como siempre, a través de instancias en papel y procedimientos que hay que instar ante los Registros Civiles encargados de esta función. Estamos tardando casi tres años de media en resolver estos expedientes y este procedimiento requiere entre tres y seis visitas de los solicitantes a las oficinas administrativas.

Por lo tanto, son un magnífico ejemplo de un procedimiento administrativo tradicional que puede ser perfectamente mejorable, utilizando, en primer lugar, una plataforma electrónica. Seguiremos permitiendo que se puedan hacer en papel, si alguien así lo solicita; pero estará a disposición de los ciudadanos en la página web del Ministerio de Justicia y del portal de las Administraciones Públicas un sistema de solicitud del expediente de nacionalidad de manera electrónica, que simplificará notablemente los trámites; que, por otra parte, acortará los tiempos de tramitación y que eliminará cargas administrativas al solicitante, porque las Administraciones que participan en este proceso (el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el CNI en algún caso también) van a obtener una coordinación interna, sin tener que ser el ciudadano el que vaya a obtener su Certificado de Penales o ir a la Comisaría a obtener otros certificados.

Todo eso se va a hacer internamente, por la propia Administración y, por lo tanto, ante el ciudadano, como digo, lo que aparecerá será un procedimiento mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más rápido y que establece un plazo de un año para su resolución. Por lo tanto, acortará notablemente los tiempos.

También esto tiene, como decía la Vicepresidenta, un análisis de cargas que se reducen en la propia Administración Pública, una estimación de casi cinco millones de euros de ahorros de costes internos y también, en este sentido, la Ley 19/2015, la Ley que se aprobó ya hace algunos meses, estableció la creación de una tasa. Las tasas se tienen que crear por ley y por ley se creó una tasa de cien euros para el solicitante de este expediente de nacionalidad. Como sucede en todos los países de la Unión Europea, una persona que quiere obtener la nacionalidad de un país tiene que instar un procedimiento, tiene unos costes ese procedimiento y la tasa que se ha creado de cien euros compensará los gastos en los que se incurre para la obtención de esta nacionalidad en tiempos más cortos y mediante un procedimiento mucho más sencillo.

Por lo tanto, cuando hablamos tantas veces de la modernización de la Justicia parece que tiene que ver siempre con procedimientos jurisdiccionales, y también en ese sentido estamos trabajando, como saben; pero éstos son aspectos colaterales de la Justicia, las subastas y el procedimiento de nacionalidad, y a partir de la publicación de este Real Decreto en los próximos días empezará a surtir efectos, y ya en la próxima semana se podrán celebrar subastas electrónicas y se podrán iniciar expedientes de nacionalidad mediante este nuevo sistema y esta nueva plataforma telemática.

Sr. Alonso.- Yo presento dos Estrategias que han sido aprobadas por el Consejo de Ministros; en primer lugar, la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar, que forman parte del Programa Nacional de Reformas del Reino de España. Es la primera vez que disponemos de una Estrategia Nacional para abordar esta cuestión que, sin duda, constituye una prioridad social porque, para que tengan ustedes los datos y la referencia de lo que estamos hablando, las estimaciones que hacemos es que hay entre veinticinco o treinta mil personas sin hogar en nuestro país, de las cuales, aproximadamente, un 40 por 100 duermen en la calle o duermen en lugares imprevistos. Las cifras las obtenemos, tanto del conocimiento de aquellos que pasan la noche en los albergues o están en centros de acogida o en los recursos de que disponen las Ciudad y las Comunidades Autónomas, como de los recuentos nocturnos que se realizan en alguna de las grandes ciudades.

Si bien nuestra información puede ser muy mejorada, de hecho, el contar con una Estrategia Nacional nos permitirá unificar los recuentos, la manera en que abordamos esta cuestión y, por tanto, la información que disponemos de las personas que duermen en la calle en nuestro país.

Esta Estrategia ha sido elaborada en un trabajo conjunto con otros Ministerios, como es natural, y también con las Comunidades Autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con algunas grandes ciudades que tienen desarrollados unos recursos muy especializados en atención de estas personas y en combatir esta situación.

Consta de cinco líneas principales:

- En primer lugar, la prevención; la detección e intervención temprana de las personas que pueden terminar viviendo en la calle, para lo cual es importante saber cuál es la causa que ellos refieran de por qué están en esa situación. En general, el 45 por 100 de las personas sin hogar manifiestan que su situación se debe al desempleo, la segunda razón es no haber podido pagar más su alojamiento, que es la causa que alegan el 26 por 100; la tercera causa es la separación de su cónyuge o pareja, que es la causa que refieren el 20,9 por 100, o un cambio de residencia en una localidad en la que no pudieron conseguir su propia vivienda, razón que alega un 19 por 100 de las personas sin hogar en nuestro país. Por tanto, la primera línea es prevenir, detectar y procurar una atención temprana.

- En segundo y tercer lugar, una línea de sensibilización: evitar la discriminación y, por tanto, garantizar la seguridad y los derechos de las personas sin hogar; considerar un agravante la aporofobia, que es el odio al pobre: se están incrementando los episodios violentos contra personas sin hogar, que están en situación francamente vulnerable. Tienen que saber ustedes que cada seis días muere una persona sin hogar en un espacio público en España y que, de todas las personas sin hogar que fallecen o que se refiere su fallecimiento, más de un tercio de ellas es como consecuencia de alguna situación violenta. Por tanto, son personas que están muy expuestas y trabajar en la sensibilización de la población en su protección, en su no discriminación, es otra de las prioridades del Plan.

- En cuarto lugar, ofrecer seguridad de vida. Ofrecer seguridad de vida, en primer lugar, que acudan, efectivamente, a un centro de acogida o a un albergue, pero también con líneas nuevas de actuación. En concreto, queremos poner en marcha, y que se ponga en marcha, a través de las Administraciones responsables, una estrategia que se llama "hosting first", que es una intervención en la que lo primero que se hace con una persona que está durmiendo en la calle es proporcionarle una residencia, proporcionarle una vivienda, y, a partir de ahí, ir estableciendo con él un compromiso para trabajar en su inclusión, que es el siguiente paso: proyecto de vida, cómo mejorar su empleabilidad, dar respuesta a los problemas que tenga y, por tanto, trabajar en su inserción.

- La quinta línea sería el refuerzo de la atención y la organización de la red de recursos con que contamos en España para atender a estas personas. En España en 2014 había 794 centros, entre albergues, centros de acogida, pisos o residencias temporales; esto es un 7,7 por 100 más que en 2012. Los recursos han venido creciendo en los últimos años, porque también ha venido creciendo el número de personas sin hogar y la demanda en nuestro país.

17.572 personas trabajaban en atender a estas personas; esto también es un incremento del 8 por 100 respecto de la situación anterior. El 60 por 100 de ellas son voluntarias, que están en la calle trabajando con todas estas personas y que hacen que más del 90 por 100 de las personas sin hogar que utilizan algún tipo de centro sean seguidos por los profesionales sociales. Y más de un 40 por 100 de los que están en la calle también tienen un seguimiento ya de un profesional social. Esto tiene que ir mejorando. Y se estaban destinando al mantenimiento de esta red por parte de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos unos 220 millones de euros, lo cual es un 10 por 100 más de lo que se destinaba en el año 2012.

Pero todo esto hay que ponerlo en común. Hay disparidad. En los Ayuntamientos menores de cincuenta mil habitantes esos municipios tienen muchos menos recursos que las grandes ciudades. Por tanto, toda esta Estrategia que marca las líneas en que vamos a actuar y cómo vamos a tratar de proteger y a sacar la gente de la calle, que es el objetivo, se quiere transformar en planes de acción que tendrán que ir aprobándose a lo largo del próximo año por parte de las distintas Administraciones.

Por tanto, yo creo que es muy importante que por primera vez España afronte de manera integral este problema y que por primera vez tengamos una Estrategia Nacional.

También es muy primera vez que España tiene una Estrategia en Trastornos del Espectro del Autismo. Fue voluntad del Congreso de los Diputados por unanimidad de todos los grupos políticos y también es una recomendación reiterada, tanto de la Organización Mundial de la Salud, como de la Unión Europea.

El autismo ha tenido un impacto muy considerable en el desarrollo de los afectados, también en el de sus familias, y tiene una prevalencia muy significativa en España. Es un problema de salud pública. Se llega a un caso de autismo por cada cien nacimientos y estamos hablando de una estimación de más de 450.000 personas con algún tipo de trastorno del espectro autista en nuestro país, y más de un millón de personas afectadas, si contamos la situación de las familias de aquellas personas que tienen algún trastorno del espectro autista.

Se ha trabajado también con las Comunidades Autónomas, se ha trabajado con el Comité Español que Representa de Personas con Discapacidad, con el CERMI, con el Consejo Nacional de Discapacidad, con distintos Ministerios, con la Federación de Municipios y, muy singularmente, con la Confederación Autismo España, con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Tutores de Personas con Autismo y con la Fundación Asperger España. Esta es la Estrategia de las asociaciones de autismo. La han hecho ellos, la hemos hecho conjuntamente y es un paso adelante para tratar de concienciar y hacer conocida esta realidad en nuestro país: sensibilizar a la población y garantizar los derechos de estas personas.

Desarrolla todas unas líneas y objetivos que se refieren a todos los ámbitos de la vida y de todo el proceso vital que tiene una persona que está afectada por el autismo y sus familias, hasta intentar integrarla de la mejor manera en nuestra sociedad, desde que es niño y tiene derecho a un diagnóstico rápido y a una atención temprana, hasta que va creciendo y tiene derecho a una inserción laboral. Tengan ustedes en cuenta que entre el 70 por 100 y el 90 por 100 de las personas con trastorno del espectro autista están en desempleo; no son población activa o no trabajan, a pesar de que yo creo que son unos trabajadores espléndidos y tienen un entorno laboral favorable.

Por tanto, queda mucho por hacer y esta Estrategia es un paso muy importante. A partir de aquí, hay un año para, con esta Estrategia y trabajando con las Comunidades, transformar esto en un plan de acción, donde ya se detallen las acciones más concretas y los recursos concretos con que se dota el desarrollo de la Estrategia.

Esto es lo que hoy ha aprobado el Consejo, señora Vicepresidenta.

P.- Vicepresidenta, una vez que el lunes el Parlamento de Cataluña apruebe la resolución independentista, no sé si usted nos puede adelantar un poco los tiempos que va a manejar el Gobierno: si el mismo lunes se va a pedir informe al Consejo de Estado, si éste llegará el martes y si ese mismo martes va a haber un Consejo de Ministros.

Luego, quería preguntarle por esos diecinueve refugiados que usted nos ha dicho que, previsiblemente, lleguen a España el domingo. No sé si llegan a Madrid o qué se va a hacer exactamente con ellos. ¿Qué pasos se siguen?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, quiero señalar varias cuestiones: en primer lugar, si el pleno del Parlament de Catalunya se celebra y se aprueba, en esos términos o similares, la propuesta de resolución que han planteado dos grupos parlamentarios, ignorando --y abro aquí un inciso-- la propia advertencia del Tribunal Constitucional sobre la obligación que tienen el Parlament de Catalunya y sus órganos de velar por el respeto a la Constitución; pues bien, si esa declaración se aprueba en esos términos, el Gobierno inmediatamente, ese mismo lunes, iniciará los trámites para el recurso.

Sabe que necesitamos un informe previo del Consejo de Estado, que se pedirá, y lo pediremos por urgencia, y, en cuanto se tenga ese informe, se convocará de manera urgente el Consejo de Ministros.

Entonces, inmediatamente que se produzca les iremos contando esos plazos; pero quiero señalar que la inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta. En los mínimos plazos en que podamos recabar todos los informes que necesitamos para recurrirla, en esa misma semana se enviará al Tribunal Constitucional; como, por cierto, ya hemos hecho en otras ocasiones. Quiero recordar que la declaración de soberanía fue inmediatamente impugnada, una vez que se aprobó por el Parlament de Catalunya, y que obtuvimos una sentencia por unanimidad favorable a los razonamientos del Gobierno, del presidente del Gobierno, que es quien recurre.

También quiero señalarles que en ese recurso, el que plantearemos, pediremos la suspensión de la declaración, porque saben que el Gobierno puede pedirla con arreglo a la Constitución y que tiene que acordarse en el auto de admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional. Con lo que lo haremos inmediatamente, previo informe del Consejo de Estado, una vez que se apruebe y con petición de suspensión.

Sobre la segunda de las cuestiones, estamos trabajando con el Gobierno italiano, que es quien organiza el vuelo, para su llegada a España de la mejor manera posible y siendo conscientes de que estamos hablando de personas que, además, tienen o pueden ser beneficiarias de mecanismos de protección; es decir, con todas las garantías. Prevemos ese primer vuelo de diecinueve personas y el Ministerio de Empleo está trabajando con sus perfiles, porque son personas con distintas necesidades, y, entonces, ya estamos trabajando con Comunidades Autónomas y con Organizaciones No Gubernamentales para poder dirigir a estas personas al centro que mejor pueda atenderles. Es un colectivo, según me informa la ministra de Empleo, variado; probablemente, más mujeres que hombres. Entonces, buscaremos los mejores centros que puedan atender a las necesidades que tengan, pues algunas de estas personas pueden tener necesidades muy específicas.

Una vez que tengamos cerrados esos perfiles, que se están analizando, y el mejor centro, ésa va a ser fundamentalmente la guía. Es un colectivo reducido, es la experiencia piloto, es el primer vuelo y nos permite ir analizando en qué centro de atención al refugiado o qué organización no gubernamental puede prestar, por su experiencia, por sus medios, por la atención psicológica o las especiales necesidades sanitarias que tengan, la mejor atención a estas personas.

Eso es lo que nos va a guiar, lo que estamos ultimando estos días y, desde luego, procuraremos mantenerles informados, siempre teniendo muy presente que --algunas de estas personas que vienen han sido objeto de persecución, parece ser-- lo haremos siempre respetando sus derechos y sus mecanismos de protección. Pero el momento en el que estamos ahora es ése: ya analizando los perfiles y la documentación que nos ha mandado el Gobierno italiano, para poder elegir el mejor centro de esa primera acogida y, después, ya ir trabajando en su integración.

P.- Vicepresidenta, tenía un par de preguntas. Primera, me gustaría saber la valoración que hace el Gobierno un poco de la reacción que han tenido tanto Junts pel Sí como la CUP después del fallo de ayer del Tribunal Constitucional, hoy anunciando un anexo más a esa declaración independentista que se va a aprobar el lunes para blindar, de alguna forma, todo el contenido de carácter social.

Por otro lado, me gustaría que nos explicara un poco más ese Real Decreto de cese del ex JEMAD, de José Julio Rodríguez; si supone, en la práctica, su expulsión directa de la carrera militar.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, yo creo que hay que decirle clarísimamente a Junts pel Sí que no se pueden blindar del cumplimiento de la Ley. No hay manera posible de blindarse al respeto a la Constitución, a la Ley y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

España es un Estado de Derecho y es una democracia consolidada, y ninguna democracia consolidada, y desde luego no lo hace ni España ni mientras este Gobierno lo sea, permite que cualquier ciudadano, y menos un gobernante, se salte la Ley. El Estado de Derecho en España funciona, sus mecanismos funcionan y, además, hay un Gobierno dispuesto a usarlos. Y este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la Ley, de la unidad de España, de la soberanía de todos los españoles, de la igualdad de todos los españoles y de la legalidad. Pero, además, es que este Gobierno se siente arropado por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales, y por un conjunto de instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la Ley, de respeto de la legalidad, de unidad y de igualdad.

Por tanto, cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y de las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y, si me permiten más allá, por parte del Estado, porque este asunto lo tratamos como un asunto de Estado, que será siempre prudente y proporcional, pero firme y determinada.

Si ese lunes se celebra ese pleno y se aprueba esa declaración, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, iremos inmediatamente a los Tribunales y que a nadie le quepa ninguna duda que esa declaración no producirá ni uno solo de los efectos. Pueden inventarse todas las cláusulas que quieran. Dicen que el papel lo aguanta todo, pero la Constitución, las leyes y este Gobierno no lo van a permitir.

Sobre el Real Decreto de cese, lo que hace ese Real Decreto… El ex JEMAD, en su condición de tal, de acuerdo con la Ley, es nombrado por Real Decreto vocal de la Asamblea de las Reales Órdenes Militares, en este caso, de San Hermenegildo. Esto es por decisión legal, de la Ley que se aprobó en su día; lo que los juristas llaman "ope legis". Hubo un Real Decreto que lo nombró vocal y ahora hay un Real Decreto que lo cesa como vocal por falta de confianza y por haber incumplido este deber de neutralidad política; y que determina, al ser cesado, su paso a la situación de retiro.

Ahora ya, una vez que está en retiro, ya no pertenece a ese entorno de las Fuerzas Armadas; pero, cuando hizo esas declaraciones, estaba en situación de reserva y vocal, ni más ni menos, que de la Asamblea de la Real Orden de San Hermenegildo. Por tanto, por no haber cumplido idóneamente esa tarea, es cesado por el Consejo de Ministros, porque sólo al Consejo de Ministros le corresponde nombrar de acuerdo con la Ley y cesar de acuerdo con los mecanismos que la propia Ley prevé.

P.- Vicepresidenta, mi pregunta es para usted, y la puede contestar también el ministro de Justicia, en referencia al recurso de inconstitucionalidad…

Vicepresidenta.- O sea, que ya nos la repartimos nosotros.

P.- Sí, bueno… Una vez presentado y admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, que eso llevará consigo la nulidad, es decir, decretar nulo el pleno que se celebra el lunes, ¿los efectos de desobediencia son ya inmediatos por el hecho de celebrar ese pleno o habrá que esperar alguna consecuencia o un acto de ese pleno para aplicar, por ejemplo, lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece la suspensión e inhabilitación de cargo público, multa, etc., etc.?

Vicepresidenta.- Vamos a ver. Se presenta el recurso y el recurso lleva la petición de suspensión. Si el Tribunal Constitucional admite el recurso, se acuerda la suspensión. A partir de ese momento, ni la Generalitat ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a esa suspensión y, si la llevaran a cabo, según la naturaleza, este Gobierno o, en su caso, quienes puedan también impugnar esa decisión pueden llevar a cabo las actuaciones que consideren oportunas, siempre con proporcionalidad y con prudencia. Aquí hay varias posibilidades pero, una vez que hay un auto de suspensión, nadie puede ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración.

Una vez, previos los trámites que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que esa declaración se anula, es decir, que se estima el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno --puede haber otros, pero el del Gobierno-- declarándola nula, inconstitucional y por tanto nula, es como si no hubiera existido. Es como la famosa "declaración de soberanía" que recurrimos y que dijeron que era nula de pleno derecho. Es como si nunca se hubiera dictado y no puede desplegar ninguno de sus efectos. Si alguien intentara o alguna institución en Cataluña intentara llevar a cabo esos efectos, de la misma manera que respecto a la suspensión.

Y mecanismos hay variados, y amplios, y hemos tenido oportunidad de hablar de ellos. Dependerá de cómo y cuándo se produzca, atendiendo a la determinación, la firmeza, la prudencia y la proporcionalidad.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber si entre esos mecanismos para frenar el proceso secesionista el Gobierno ejecutará los supuestos de intervención que se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y si, de ser así, bastaría con las previsiones de incumplimiento de los objetivos que se anunciaban por parte de la AIREF esta misma semana o habría que esperar al cierre definitivo del ejercicio.

Vicepresidenta.- Estamos hablando de cuestiones diferentes. Una cosa son Administraciones que, por sus circunstancias, fundamentalmente por su gestión, llegan a las situaciones que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, ante esas situaciones sobre estabilidad presupuestaria, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria establece qué decisiones se pueden adoptar.

Aquí estamos ante un… El otro día conocimos la situación financiera y de tesorería de esa Administración, fallos en transparencia y otras cuestiones. Eso, de acuerdo con los informes pertinentes, es una situación financiera. Son los supuestos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que van por su propio ámbito. Es decir, si se produce un incumplimiento de los que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria o los que prevé, en su caso, la Ley de Transparencia, se aplican esas dos leyes. Estamos hablando de un presupuesto diferente. No sé si me estoy explicando.

El incumplimiento de las decisiones de los Tribunales sería otra cuestión y, en ese caso, están los distintos mecanismos que prevén distintas leyes; si no se cumplen, medidas de ejecución, medidas sustitutorias… Están en la mente de todos. Pero el asunto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se aplica cuando se producen los supuestos que prevé la propia Ley y una vez que los mismos han sido constatados.

P.- Vicepresidenta, mi pregunta es para usted también, sobre Cataluña. El hecho cierto es que el lunes, muy probablemente, se va a celebrar ese pleno; se va a debatir, a votar y, previsiblemente, a aprobar una declaración separatista por parte de un parlamento autonómico. Yo le quería preguntar si al Gobierno le preocupa que la vía judicial no haya sido suficiente en este caso para llegar a este extremo en este Parlamento, si cree que es un punto débil del Estado y si le preocupa la situación que se puede crear ese mismo lunes por el hecho de debatir, votar y aprobar esa Resolución.

Vicepresidenta.- España es un Estado de Derecho y nosotros, los demócratas, respetamos las leyes y el Estado de Derecho. Tres partidos políticos, y yo quiero reconocer eso y ponerlo en valor, han ido juntos al Tribunal Constitucional a plantear un recurso de amparo por violación de los derechos. Fíjese, por violación de un derecho fundamental de un diputado. Es que aquí estamos viendo cosas que a mí me hubiera gustado que en España nunca se vieran. Y ese recurso de amparo ha sido admitido.

Dos de esos partidos pidieron la suspensión de esa decisión. Ellos mismos han reconocido, y así se lo podemos nosotros confirmar, que era una petición que no tenía precedente y el Tribunal Constitucional, y nosotros tenemos el máximo respeto a todos los Tribunales y también al Tribunal Constitucional, ha tomado la decisión, con arreglo a derecho y a sus propios precedentes, que ha estimado oportuna. Lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros sí respetamos las decisiones de los Tribunales, y eso les fortalece cuando dan la razón o cuando la quitan, porque aquí hay unos determinado señores que sólo les parece bien cuando a ellos van a recurrir o cuando les dan la razón a ellos. Aquí hay que atenderlo siempre.

Pero el Tribunal Constitucional hace una cosa que, si me permite, tirando de oficio, le digo que también es excepcional, que es, en su último párrafo, una advertencia. El Tribunal Constitucional despliega su argumentación, pero dice: pero, ojo, el Parlamento de Cataluña tiene la obligación de velar por el respeto de la Constitución en ese debate y, si no lo hace, entonces este Tribunal podrá tomar las decisiones que estime oportunas. Y recuerda que ya lo hizo en la declaración de soberanía que aprobó el mismo Parlament de Catalunya, previo debate, y que se recurrió por el Gobierno.

Si recuerdan ustedes, porque ustedes y yo ya tenemos una larga historia juntos, si me permiten decirlo así, durante varios días hablamos… Nosotros pedimos un informe a la Abogacía General del Estado y me decían ustedes:" oiga, esto es muy excepcional". Yo decía: sí, sí; vamos a ver… Y conseguimos lograr en una declaración, que algunos decían: "es declaración, pero…". Pues mire, se declaró por unanimidad inconstitucional, y ahí se quedó.

Entonces, yo creo que es importante tener muy presente eso y, en segundo lugar, tener muy presente que en el minuto en que se acabe esa votación, si esa votación supone aprobar esa declaración, en ese mismo minuto, el Gobierno va a poner en marcha toda la maquinaria con urgencia para que esa declaración se suspenda y sea declarada inconstitucional.

P.- Dos precisiones, Vicepresidenta. Sobre el tema del cese, ¿ha dicho usted "por pérdida de confianza y de idoneidad"…

Vicepresidenta.- Sí.

P.- …sobre unas declaraciones del miércoles? En concreto, ¿sobre las declaraciones que hablaba sobre el tema de Cataluña? ¿Hay un apartado concreto en el que el Gobierno entiende o en general, simplemente, porque siendo todavía vocal hizo declaraciones, cualquiera de ellas?

Luego, sobre el tema que estábamos hablando ahora de Cataluña, de los partidos que han presentado juntos ante el Tribunal Constitucional estos recursos, uno de los partidos, el que es del líder de la oposición en Cataluña, ha anunciado que el lunes no quiere acudir a ese pleno e insta al PP a respaldar esa iniciativa. ¿Usted cree que eso es una buena idea?

Y una apostilla más. Por lo que acaba de decir ahora mismo con respecto a la advertencia final del Tribunal Constitucional, ¿podríamos concluir que la primera persona que se tiene que ver afectada, impelida o aludida con esa advertencia es la presidenta del Parlamento de Cataluña?

Vicepresidenta.- A la última, sin ningún género de duda. Pero, además, aparte de jurídicamente impelida, políticamente. Creo que de ese tema no hemos hablado porque no me han preguntado, pero es la presidenta del Parlamento de Cataluña. ¿Ustedes imaginan si ese tipo de declaraciones las hubiera hecho, con independencia del partido político, el presidente del Congreso de los Diputados o del Senado, que dejara de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara? Yo me puedo imaginar lo que escribirían ustedes, y con razón, porque representa a la totalidad de la Cámara.

Sobre las declaraciones, ha habido distintas declaraciones por parte del señor Rodríguez: Cataluña, asuntos relativos a la OTAN…, Es decir, declaraciones. Aquí se ha aplicado la misma doctrina que se ha hecho en otros casos de miembros de las Fuerzas Armadas que han incumplido el deber de neutralidad política. O sea, el mismo tratamiento que en anteriores ocasiones y con distintos Gobiernos; en general, por manifestar opiniones… Por hablar, no; por manifestar opiniones políticas teniendo la consideración de militar en situación de reserva.

Se han producido distintos casos y los recuerdan ustedes. Si tiran de hemeroteca, ahí están distintos miembros del Ejército que han hecho declaraciones políticas. Si uno quiere hacer declaraciones políticas, se va y, una vez que su retiro ya es acordado, entonces puede hacer las declaraciones que estime oportunas; pero, mientras está en la situación de reserva y no es cesado por Real Decreto del Consejo de Ministros, que es a quien le corresponde cesar, uno tiene que esperar a hacer ese tipo de declaraciones.

Lo de no ir… Somos el Gobierno. Nosotros no le vamos a marcar a los Grupos la estrategia parlamentaria. Sí nos parece oportuno, igual que nosotros hablamos con los grupos políticos, que se mantenga ese diálogo fluido y en esa situación importante de partidos políticos que se unen, porque les unen unos principios básicos: soberanía, unidad, igualdad de los españoles ante la Ley, legalidad… Dentro de esa posición cada uno puede plantear sus puntos de vista, que son más estratégicos que del fondo del asunto, porque yo creo que, tanto por las distintas reuniones del presidente del Gobierno, como por la propia imagen que vieron ustedes ante el Tribunal Constitucional, que es inédita, pone de manifiesto que en el fondo del asunto están de acuerdo.

Sería bueno que hablen de la estrategia y que entre ellos consideren cuál es la mejor opción. No siempre tienen porque compartir, además, los términos estratégicos. Aquí lo importante también es el fondo del asunto; pero cualquier decisión que tomen, desde luego el Gobierno la considerará respetable, porque en el fondo del asunto estamos absolutamente de acuerdo con los tres.

P.- A mí también me gustaría preguntarle sobre el cese de Julio Rodríguez. ¿El Gobierno, de alguna manera, teme que la información que él ha manejado cuando era JEMAD, y ha tenido a altos cargos al frente del Ejército, de alguna manera se puede poner al servicio de un partido político en campaña electoral o después de la campaña electoral? Si eso ocurriera, ¿cómo lo puede detectar el Gobierno y, sobre todo, cómo reaccionaría el Gobierno? ¿Tomaría algún tipo de iniciativa contra él o piensa, incluso, por las declaraciones que ha hecho, ir a los Tribunales?

Me gustaría preguntarle también sobre el vuelo de los refugiados que va a llegar este fin de semana. Ha dicho que es una experiencia piloto. ¿Qué tiempos maneja el Gobierno para que vengan más vuelos con más refugiados, porque es prácticamente una milésima parte de las previsiones que tiene España de acogida?

Por último, quería preguntarle al ministro de Sanidad qué le parece esa gran concentración de mañana contra la violencia de género. Ya sé que Cataluña es muy importante, pero la violencia de género para los periodistas sociales también lo es. Quería formularle esa pregunta, o a usted, si va a ir a título personal, si también la vicepresidenta o el ministro de Justicia piensan ir, y, sobre todo, qué valoración hacen de ella.

Sr. Alonso.- El que está muy agradecido de que me haga la pregunta soy yo. Quería decirle que nosotros, desde el Gobierno, respetamos las expresiones de voluntad que se producen libremente, de acuerdo con el derecho de reunión; esta manifestación, también. Además, en este caso, yo quiero decir que, en líneas generales, compartimos el propósito de la manifestación, que es una concienciación de la sociedad frente a la violencia machista. Por tanto, estamos de acuerdo con la finalidad de esa manifestación.

Como Gobierno, yo, como ministro, no voy a participar en la manifestación; pero respeto a todo el mundo que lo pueda hacer. Y digo que el fondo de denuncia que tienen de una situación que todo el mundo repudia, o prácticamente todo el mundo repudia, en España está bien, está correcto. Por tanto, en cuanto al esfuerzo de lucha contra la violencia de género, insisto en los mensajes que ya hemos venido trasladando: se ha avanzado mucho; hay que seguir con la guardia muy alta y cada vez que se produce un crimen sale a la luz una situación cotidiana de sufrimiento o de acoso de muchas mujeres, que normalmente no se ve. Por tanto, tenemos que estar muy vigilantes.

Es verdad que este año seguimos teniendo el número más bajo de víctimas desde que se llevan estadísticas y eso nos alienta a seguir trabajando y a que los instrumentos que se están poniendo en marcha poco a poco vayan permitiendo que casi ocho de cada diez mujeres consiguen salir de la situación de violencia de género.

Vicepresidenta.- Sobre el asunto de reserva, cualquier funcionario, cualquier alto cargo, en el ejercicio de sus funciones tiene los deberes de reserva que establece la Ley, y más cuando se trata de documentos que puedan tener algún tipo de clasificación. Eso está ordenado en las leyes y tipificado en las correspondientes normas sancionadoras e, incluso, penales. Y, desde luego, aplicación de la Ley. Si en la actividad, cualquier persona --aquí no voy a singularizar-- pudiera vulnerar ese deber de reserva, que, como digo, está graduado según el tipo de documentos y de información de que se trate, y se produjera una violación de esa naturaleza, como a cualquier otra persona.

Sobre el vuelo de refugiados, quiero decirles que España es de los primeros países en organizar experiencias piloto de esta naturaleza; creo que somos el tercero. Nos ofrecimos a esta experiencia piloto de cincuenta personas. Hay un primer vuelo de diecinueve. Una vez que se haga, nuestro compromiso es evaluar cómo funciona ese primer viaje y los instrumentos de acogida, y, a partir de ahí, seguir realizando los restantes. Indudablemente, es una parte muy pequeña respecto al conjunto.

Yo también he hablado de las cifras de reasentamiento del Programa que aprobamos hoy, que ya no es una cifra nada pequeña. Pero nosotros vamos a proceder a ese primer vuelo analizando los perfiles. Hay que hacerlo muy bien, porque lo que queremos evitar son movimientos secundarios. Fíjese, tenemos que tratar con esas personas que deseen venir a España y permanecer en España, porque, si no, algo estaríamos haciendo mal.

Pero sí somos, le digo, el tercer país de la Unión Europea que hace una experiencia como ésta y que trae a refugiados del programa de reubicación al que nos comprometimos todos los países de la Unión, y, además, en términos similares a los números iniciales que han procedido todos los Estados: veinte, dieciocho… Es decir, estamos en ese ratio. Queremos hacerlo bien. Es la experiencia piloto. Aquí se trata de hacerla bien, de una manera acotada, para poder ver y poder detectar dónde puede haber deficiencias en el sistema o cómo podemos organizarlo todavía mejor cuando sean contingentes mayores.

Muchísimas gracias.