Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros del Interior y de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Les anticipo que ésta será una comparecencia corta, porque hay abundancia de ruedas de prensa en esta casa; pero procuraremos informarles de los asuntos del Consejo de Ministros de la manera más ágil posible.

En primer lugar, y antes de informarles de los temas que han sido abordados en este Consejo de Ministros, permítannos a los tres, y en nombre de todo el Gobierno, que demos nuestro más sentido pésame a las familias del capitán José Morales Rodríguez, del teniente Saúl López Quesada y del sargento Jhonander Ojeda Alemán, así como a sus compañeros de 802 escuadrón del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire. Desde aquí queremos mostrar nuestra solidaridad, apoyo y sentido pesar por su pérdida, y agradecer el ejemplo de sus familias y la dedicación de los miembros del Ejército del Aire, de la Armada y de las distintas autoridades marroquíes, que desde el primer momento han dedicado todos sus esfuerzos a la localización de los tres militares. Ahora la prioridad es rescatar los cuerpos con las máximas garantías de seguridad.

En segundo lugar, quiero informarles de que me acompañan el ministro del Interior y el ministro de Industria, Energía y Turismo para informarles de algunos asuntos importantes que han sido aprobados en el Consejo. En primer lugar, un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para reparar los daños causados por el temporal de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias, y también en el sur y este de la Península, durante el mes de octubre. Como recordarán, los episodios de lluvia fueron muy intensos en Canarias los días 22, 23 y 24 de octubre. Han afectado prácticamente a la totalidad de la Comunidad. La intensidad de estas precipitaciones obligó a emplear medios autonómicos y locales, complementados con la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, y se han producido distintos daños, que son los que trata de paliar este Real Decreto Ley que les explicará el ministro del Interior.

En segundo lugar, recuerdan ustedes que en el anterior Consejo de Ministros aprobamos, dentro del marco de la CORA y del Plan de Calidad Normativa, tres Decretos Legislativos, y les avisé de que esta semana vendrían más. Hoy se aprueban cuatro textos refundidos, cuatro Decretos Legislativos importantes: el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Como ven ustedes, cuatro de las leyes más importantes de nuestro ordenamiento jurídico.

Lo que buscamos es facilitar a todos los operadores que manejan estas normas (trabajadores, empresarios y también ciudadanos en general --hay normas muy básicas de empleo diario--) el conocimiento de verdad de estas normas. Algunas de ellas habían sido modificadas hasta más de cincuenta veces desde la aprobación del último de sus textos. Por tanto, éste es un esfuerzo importante, que contribuye a clarificar nuestro ordenamiento jurídico. Como digo, es otra medida más de reforma de las Administraciones Públicas en el capítulo de calidad normativa.

También me acompaña el ministro de Industria, porque hoy se han aprobado tres medidas importantes, que afectan a su Departamento: en primer lugar, un Real Decreto por el que se regula una subvención directa a la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias para la ejecución de actuaciones de apoyo al sector turístico en el marco del Plan de Competitividad del Turismo Canario. Es un plan que estará dotado con seis millones de euros para el período 2015-2018; será cofinanciado al 50 por 100 por el Ministerio de Energía y Turismo y por el Gobierno de Canarias, y tiene como objetivo el apoyo a la reconversión y puesta al día de destinos maduros, la mejora de infraestructuras, relevante para la prestación de servicios, y la puesta en valor de recursos ya existentes.

También se ha aprobado un Real Decreto que regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Hidrocarburos. Es una norma que facilitará la entrada de nuevos comercializadores y generará una señal de precio transparente del gas natural en España.

Igualmente, hemos aprobado un Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas. Esta obligación de financiación anticipada está amparada por la normativa comunitaria y se viene aplicando en España desde hace más de quince años. La norma aprobada hoy modifica esta normativa para dar seguridad jurídica al régimen de esta obligación, al precisar con claridad las condiciones en las que resulte exigible. Además, y lo que es más importante, la clave, es que se permite que aquellos prestadores de estos servicios de menor tamaño puedan acumular la obligación de financiación para el ejercicio siguiente cuando su obligación sea de un importe igual o inferior a doscientos mil euros.

También hoy se aprueban, y lo tendrán en Referencia, los manuales de instrucciones de los miembros de las mesas electorales a utilizar en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Estos manuales se les entregan en el momento en que se les comunica su designación y ofrecen instrucciones sobre todas las actuaciones a realizar antes, durante y después de la jornada electoral. Se imprimirán 870.000 ejemplares para toda España, pero también habrá una versión para las mesas administradas electrónicamente.

En el Índice verán dos Acuerdos importantes para financiar inversiones en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, y Galicia, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 17/2014, que preveía esta posibilidad de inversiones para aquellas Administraciones cumplidoras con los objetivos de déficit público en el año 2013. Estas dos Comunidades Autónomas, entre otras, lo han cumplido y hoy aprobamos estos dos Acuerdos: Castilla y León, 74 millones de euros para la financiación de actuaciones en materia de seguridad ciudadana, medio ambiente, comunicaciones, sanidad y cooperación económica y local; y, en el caso de Galicia, 84 millones de euros para la financiación de inversiones en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Como digo, en cumplimiento de ese Real Decreto Ley de 2014 que valoraba el cumplimiento de los objetivos de déficit de 2013.

Por último, el Consejo de Ministros ha informado, mejor dicho, ha sido oído hoy en un Real Decreto por el cual S.M. el Rey ha otorgado el Collar de la Orden de Toisón de Oro a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, la infanta Doña Leonor. La concesión por S.M. el Rey de este Collar responde a la tradición y a la continuidad en la figura de los herederos de la Corona de España, y a la progresiva institucionalización de la figura de la Princesa de Asturias como heredera.

Además, siguiendo esta línea, el Consejo de Ministros, en este caso, ha aprobado también un segundo Real Decreto por el que se crean el guion y el estandarte de S.A.R. la Princesa de Asturias. Siguiendo los criterios expuestos por la Real Academia de la Historia, el guion y estandarte de la Princesa de Asturias son idénticos a los que ostentó S.M. el Rey en condición de Príncipe de Asturias y heredero de la Corona de España.

Sr. Fernández.- Tal como ha señalado la señora Vicepresidenta, hoy ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley para reparar los daños causado por el temporal en la Comunidad Autónoma de Canarias, de manera muy especial, y, asimismo, en el este y sur peninsulares, el pasado mes de septiembre y el actual mes de octubre. Las medidas que recoge el Real Decreto Ley se extienden, pues, a las personas y bienes afectados por el temporal de octubre en Canarias, así como por los temporales de septiembre y octubre en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Girona y Tarragona.

Además, el Gobierno, mediante Real Decreto, podrá declarar la aplicación de las medidas previstas en este Real Decreto Ley a otras situaciones de emergencia que, bien hayan acaecido, o bien puedan acaecer, en cualquier lugar del territorio nacional desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley hasta el 9 de enero próximo. La elección de la fecha del 9 de enero no es gratuita ni aleatoria; es porque el día 10 de enero entrará en vigor la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que tenía una "vacatio legis" de seis meses, y ya esa Ley prevé un sistema diferente para otorgar ayudas cuando se producen circunstancias de estas características.

En cuanto a los daños ocasionados, su cuantificación, evidentemente, es, como no puede ser de otra manera, provisional. Se han visto afectadas por las precipitaciones infraestructuras de titularidad pública estatal, como carreteras de la red secundaria y el dominio público marítimo-terrestre e hidráulico; infraestructuras de titularidad municipal, fundamentalmente red de alcantarillado, y, asimismo, viviendas, garajes e instalaciones comerciales e industriales de titularidad privada.

En lo que hace referencia a la Comunidad Autónoma de Canarias, los bienes de titularidad pública estatal corresponden, fundamentalmente, a daños en los puertos de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y Las Palmas, así como en las playas de Las Palmas.

En lo que hace referencia a los daños producidos en esas provincias que les cité del este y sur peninsulares, respecto a los bienes de titularidad pública estatal se han producido daños en el dominio público hidráulico en las Cuencas del Júcar y del Segura, y en el dominio público marítimo-terrestre en las playas de Murcia, Alicante y Girona. Asimismo, se han producido daños en las carreteras de Granada, Almería y Alicante, en los puertos de Motril y Tarragona, en los aeropuertos de Málaga y Almería, así como en Renfe.

En cuanto a los bienes de titularidad municipal afectados, en Almería se habrían producido daños en edificios municipales e infraestructuras viarias, y también en Málaga y Granada.

En cuanto a las ayudas que prevé este Real Decreto Ley para hacer frente a esos daños, hay de diverso tipo: por una parte, hay ayudas económicas directas, que van dirigidas a cubrir daños personales y daños materiales en viviendas y enseres, explotaciones agrarias, establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y otros servicios; y, asimismo, ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, y a las Corporaciones Locales por los gastos derivados de hacer frente a esta situación de emergencia.

Todas estas ayudas vienen reguladas por aplicación de lo previsto en el Real Decreto 307/2005, por el que se determinan subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, aunque el Real Decreto Ley, por razón de jerarquía normativa, al tiempo que asume las ayudas previstas en ese Real Decreto para los casos que nos ocupa, flexibiliza los requisitos exigidos en particular en ese Real Decreto en los siguientes sentidos: por una parte, se amplía de uno a dos meses el plazo para que puedan presentar las solicitudes de ayuda los interesados o afectados; por otra parte, se reduce de seis a tres meses el plazo de resolución de los expedientes correspondientes a esas peticiones.

Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con carácter de ampliables en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior y, concretamente, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Hay también, dada la naturaleza de los daños producidos, ayudas económicas directas e inversiones atribuidas a otros Ministerios. En particular, el Real Decreto Ley contempla otras medidas de muy diversa índole (laboral, fiscal, etcétera) que entre las cuales quiero destacar, sumariamente, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puede subvencionar hasta el 50 por 100 a las entidades locales, sean cabildos, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, por los gastos derivados de los daños ocasionados en esas infraestructuras locales.

En lo que hace referencia al daño al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre, y en infraestructuras rurales de uso general, tales como caminos naturales y vías verdes, se declara zona de situación especial por parte del Consejo de Ministros y se incluye aquí, en el Real Decreto Ley. De esa forma, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y, en lo que haga referencia, el Ministerio de Fomento se encuentran con la facilidad que se deriva de esa declaración.

También figuran ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas, y beneficios fiscales que afectarán al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al Impuesto de Actividades Económicas, al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, y del que estarán exentas, en este caso, las ayudas por daños personales.

Además, hay reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias y medidas laborales y de Seguridad Social. En particular, aquí quiero decir que las suspensiones de contratos y reducciones de jornadas, y los despidos colectivos que tengan causa directa en los daños producidos por los acontecimientos catastróficos que motivan este Real Decreto Ley, tendrán la consideración de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan en nuestro ordenamiento jurídico de esa consideración. Hay también ayudas del Fondo Financiero para la modernización de las infraestructuras turísticas

Por otra parte, en cuanto al régimen de contratación con carácter general, se flexibilizan los requisitos exigidos por la normativa en materia de contratos públicos, considerándose las obras, servicios, adquisiciones o suministros de emergencia aquellos que se realicen como consecuencia de los siniestros, cualquiera que sea la cuantía de éstos.

Como les he dicho, para terminar, todavía no se ha podido cuantificar de manera definitiva el coste derivado de la aplicación de este Real Decreto Ley; pero, en todo caso, el Gobierno determinará la cuantía de los créditos que se otorgarán para atender a la reparación de los citados daños, una vez que, evidentemente, éstos hayan sido evaluados y hayan sido ejecutados por las Administraciones correspondientes.

Sr. Soria.- Tal como la Vicepresidenta ha comentado, son tres Reales Decretos competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros: uno, relativo a la creación del mercado organizado del gas; en segundo lugar, un plan de competitividad para el sector turístico en Canarias y, en tercer lugar, también una adaptación de la normativa respecto a la financiación anticipada de obras audiovisuales por parte de empresas europeas.

En relación con la creación del mercado organizado del gas, hasta ahora en España no había tal mercado y lo que había era un mercado bilateral; por tanto, no daba señales de precios claras. No era un mercado transparente y de lo que se trata, justamente, es de poder organizar un mercado de gas que va a estar gestionado técnicamente por parte de MIBGAS. Existe en muchos otros países europeos y esto lo que va a introducir es una disminución en los precios como consecuencia de la disminución de los precios mayoristas y, al fin y al cabo, una mayor competitividad por parte de la industria.

En relación con el segundo Real Decreto, el Plan de Competitividad del sector turístico en Canarias, esto es una cofinanciación. Son seis millones de euros en total: tres millones de euros son aportados por el Gobierno de Canarias y otros tres millones, por parte del Ministerio de industria, Energía y Turismo. Tiene, fundamentalmente, como objetivo financiar obras de mejora de las infraestructuras turísticas, de tal forma que se traduzcan en mejoras de la competitividad.

Y, en tercer lugar, el Real Decreto de financiación anticipada de obras audiovisuales europeas tiene como objetivo adaptar la normativa que regula esta cuestión en estos momentos, que es un Real Decreto del año 2004 y la Ley de Comunicación Audiovisual del año 2010, a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual del año 2013, y con esto queda totalmente adaptada.

P.- Para la Vicepresidenta. Querría saber si, después del primer análisis que han realizado los servicios jurídicos del Estado de la propuesta de resolución presentada en el Parlamento de Cataluña por Junts pel Sí y la CUP, finalmente el Gobierno podría actuar contra ella antes de que se aprobara o tendría que esperar definitivamente a esa aprobación.

Vicepresidenta.- Como saben, en primer lugar, ya en el Parlamento de Cataluña algunos Grupos Parlamentarios están planteando iniciativas contra la admisión a trámite por la Mesa a discusión de esa propuesta de resolución. Algunos Grupos han planteado escritos de reconsideración, peticiones de reconsideración, que me imagino que en su caso pueden fundamentar, al ser rechazadas, futuros recursos de amparo por violación de los derechos de los parlamentarios, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Española.

Los servicios jurídicos del Estado están estudiando cualquier tipo de recurso que pueda plantearse frente a este tipo de decisiones, buscando siempre la seguridad y la certeza de que sus aspiraciones sean estimadas.

Sí le digo que, de ser aprobada --eso ya se lo puedo decir, porque esa conclusión de la Abogacía ya es determinante; las otras las siguen trabajando-- esa disposición, si esa resolución es aprobada en estos mismos términos, será recurrida ante el Tribunal Institucional de una manera inmediata, con invocación expresa del artículo 161 de la Constitución Española para su inmediata suspensión. Además, lo haríamos en un plazo inmediato.

P.- Hemos conocido hoy, en una crónica en "La Vanguardia", las discrepancias que hay, incluso en el seno de Convergència y del Consejo de Gobierno de Cataluña, respecto a la resolución y el proceso que se está viviendo. ¿Cree el Gobierno que todavía es reconducible la situación? ¿Considera que todavía se puede hablar con Convergència o parte de Convergència para reconducir esa situación?

Vicepresidenta.- Yo no sé lo que pasó en ese Consejo, pero ¿qué quiere que le diga? Cuando uno asume y jura o promete un cargo y de repente se encuentra con que alguien de su propio Gobierno lo que está planteando es un incumplimiento de la Ley, la falta de respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía de Cataluña, que jurarían o prometerían cumplir, y a las resoluciones de los Tribunales; indudablemente, me imagino que a cualquier gobernante que se precie le tiene que suponer un vértigo muy considerable, porque es ni más ni menos que faltar al juramento de aquello que prometió cumplir cuando asumió un cargo.

Es gravísimo lo que ahí se está promoviendo y entiendo perfectamente que, si hay alguien que considera que la Ley y la democracia están por encima de otras cosas, tenga importantes escrúpulos al respecto.

Sobre la segunda de sus cuestiones, el presidente del Gobierno ha hablado, está hablando y va a hablar con todos aquellos que, de una u otra manera, están en la línea de la defensa de la unidad, de la igualdad y de la legalidad. Se ha reunido con el secretario general del Partido Socialista; lo acaba de hacer con el líder de Ciudadanos, con el señor Albert Rivera; lo hará esta tarde con Pablo Iglesias y también con la secretaria del Partido Popular, porque una cosa es partido y otra cosa es Gobierno; y, además, ya le digo, ha cerrado reuniones con el líder de UPyD, con el señor Herzog, con el candidato; y con el señor Duran i Lleida, porque no está a favor de esa independencia. Y está pendiente de poder acabar de hablar con el señor Garzón --esto me incumbe a mí; llevo desde ayer por la tarde en ese intento-- para poder reunirse con él, a ser posible, el lunes, si conseguimos cerrarlo.

Con quienes de una u otra manera no están de acuerdo con esa independencia se está hablando y abordando un asunto que tiene y es --yo creo que así lo han entendido, al menos, con los que ha hablado el Presidente y con los que yo he tenido la oportunidad de hablar-- un asunto de Estado en el que tenemos que fortalecer lo que nos une y en el que hay un objetivo superior de todos, que es la defensa de España, de los derechos de los españoles, de su igualdad, y el respeto a la legalidad.

Cualquier gobernante que se precie sabe que el origen de su propio mandato son la Constitución y las leyes, porque es la democracia de los ciudadanos. Y todos los que estén en esa defensa de la legalidad, del respeto a las decisiones de los Tribunales y de la unidad, desde luego, ya le digo yo que son bienvenidos en Moncloa para trabajar en un asunto de Estado, con la altura de miras que requiere un asunto de Estado. Cada uno puede tener sus matices, sus particularidades, que muchas veces son --fíjese que lo diga yo-- más jurídicas que políticas; pero hay algo que nos tiene que unir y es esa política de defensa de la unidad, la igualdad y la legalidad.

Estamos ante un bien superior, estamos hablando de lo que es España y creo que es un momento en el que todos están ejerciendo, y deben ejercer, su responsabilidad para contribuir todos juntos, ya digo, a ese bien superior que es la preservación de nuestro marco de convivencia, que son la Constitución y las leyes; que son, en resumen, nuestra democracia.

P.- Vicepresidenta, tenía dos preguntas para usted. La primera es sobre el pacto por España, que ha planteado el presidente de Ciudadanos y que le estaba proponiendo también al presidente del Gobierno. Quería saber qué le parece al Gobierno esta propuesta de Ciudadanos en alguno de los puntos que propone, por ejemplo, no tocar para nada el artículo 1 de la Constitución o no pactar nunca con los que quieren romper la unidad de España.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ayer también llamó a todas las fuerzas políticas y sociales. Yo quería saber si ese llamamiento va más allá de los partidos políticos y si incluye agentes sociales o algún tipo de organizaciones fuera de lo que es el ámbito político.

Vicepresidenta- Sobre la primera de sus posiciones, yo creo que en este momento también es importante poner en valor un pacto por España y el primer pacto por España es nuestra Constitución. Yo creo que estas reuniones del presidente del Gobierno con los distintos partidos políticos que están en esa línea constitucional son ya un importante pacto por España.

Nosotros no hemos defendido una reforma constitucional; por tanto, para nosotros el artículo 1 de la Constitución Española es el pilar sobre el que se fundamentan todos los demás. Recoge la unidad de nuestra nación y los valores superiores de la misma, que son la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político; es decir, la Ley, el respeto a la Ley.

Sobre la segunda de sus cuestiones, está hablando con un Gobierno que, a lo largo de esta Legislatura, si una cosa le ha caracterizado es no negociar con independentistas, pese a que ha habido voces que nos decían: "oiga, negocien ustedes". Pero ya hemos dicho que hay temas sobre los que el Gobierno y su Presidente no pueden disponer, y tampoco negociar. Con lo que no es que lo firmemos, es que lo hemos ejercido. Nosotros podemos dialogar y negociar dentro del ámbito de la Constitución; pero sobre soberanía de los españoles, sobre la unidad indivisible de la nación española, sobre esos valores superiores del ordenamiento jurídico, algunos nos han dicho que debiéramos hacerlo, pero nosotros nunca lo hemos hecho.

Con lo que, con pacto o sin pacto, forma parte de los principios que han inspirado la actuación del Gobierno y del partido que le sustenta.

El presidente del Gobierno a lo largo de estos días está hablando con las distintas fuerzas políticas. Lo hizo primero con el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición; lo ha hecho con otros partidos, que en Cataluña, muy especialmente, constituyen ese conjunto de partidos que se oponen a la independencia, con unos o con otros planteamientos; a la vez, yo he ido hablando con las distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados de cara a una después ulterior reunión con el presidente del Gobierno. Y me consta también que el presidente del Gobierno ha hablado con distintos representantes sociales y, por supuesto, lo seguirá haciendo en estos días. Porque, como digo, éste es un asunto de Estado, y el Estado es mucho más que el Poder Legislativo; es también el resto de los poderes del Estado, el resto de instituciones, el conjunto de las fuerzas sociales, que también tienen mucho que decir en una cuestión que a todos nos afecta, que es la unidad de la nación española, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la Ley, que es la expresión de la democracia.

Muchas gracias.