Madrid
Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros muy centrado en propuestas en materia de empleo que, como saben, ha sido y seguirá siendo el objetivo fundamental de la Legislatura.
Ayer conocimos los de la Encuesta de Población Activa que certifican el giro de 180 grados que está dando nuestro mercado laboral, con el mejor dato, en términos homogéneos, de toda la serie histórica: aumenta la ocupación en un total de 411.800 personas en comparación con el primer trimestre del año 2015 y sólo en el segundo trimestre de 2005 se logró una cifra similar en creación de empleo.
Por tanto, nos encontramos con una tasa de paro que ya es mejor que la que teníamos cuando llegamos al Gobierno; pero todavía tenemos mucho que trabajar y seguir adoptando medidas para profundizar esa creación de empleo. Por eso, este Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual de Políticas de Empleo para 2015, que es el instrumento para la programación y coordinación de los servicios y programas de las Políticas Activas de Empleo que se desarrollarán en 2015 por el conjunto de los Servicios Públicos de Empleo. También se ha aprobado la distribución entre las distintas Comunidades Autónomas de 51,5 millones de euros para la ejecución de políticas de activación en el empleo.
También, por parte del Ministerio se ha traído el Real Decreto que modifica algunos aspectos de los reglamentos reguladores de Seguridad Social para facilitar el pago, la liquidación y el ingreso de las cuotas a la Seguridad Social. Se trata de articular un nuevo modelo de liquidación con el objetivo de hacer más fácil la tramitación administrativa; se trata también de una medida --luego hablaré-- en el ámbito de la reformas de las Administraciones Públicas: se evitan duplicidades en las comunicaciones con la Seguridad Social, ya que sólo tendrán que comunicarse aquellos datos que no estén previamente ya inscritos y que sean imprescindibles. Y reducirá costes, porque esa nueva tramitación se hará exclusivamente por medios electrónicos, como explicará después la Ministra.
También me acompaña el ministro del Interior, porque hoy hemos autorizado la constitución de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Como saben, la Ley del 22 de septiembre de 2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, le daba el mandato al Gobierno para constituir con centro conmemorativo de las víctimas del terrorismo, con sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco. El objetivo es preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.
Es un proyecto, por tanto, de gran importancia, y lo es también para el Gobierno, no sólo porque será un enclave de recuerdo permanente para quienes han sufrido el azote brutal del terrorismo, sino también por su importancia estratégica para la construcción y preservación del relato de lo verdaderamente ocurrido durante tantos años de terrorismo en España. Por tanto, el Centro, cuya Fundación hoy constituimos, será un lugar de sensibilización, difusión y educación al respecto, como señalará o como explicará después el Ministro.
En otro orden de cosas, y ya me explayaré un poco más porque me corresponde a mí exponerlo, hoy se ha presentado, como saben, cada trimestre, el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, con el avance de lo que hemos hecho en este último trimestre y cómo está su estado de ejecución. Pues bien, de las 222 medidas que forman parten de ese informe, que saben que está en proceso de evaluación constante --aquí nos estamos continuamente autoevaluando--, 172 medidas, es decir, más del 77 por 100, están completamente finalizadas. O sea, dos años después tenemos un grado de cumplimiento total del 77 por 100 y otras 37, notablemente avanzadas. Ahora hay que darles un empujón.
En este último trimestre, se han ultimado, se han terminado, 25 medidas; muchas de ellas vinculadas a la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, como saben, lo que buscan es asentar ya el modelo creado por este Informe de Reforma de las Administraciones Públicas; es decir, que las nuevas fórmulas de procedimiento administrativo vayan hacia una Administración mucho más electrónica y, en segundo lugar, que seamos todos mucho más rigurosos y eficientes en la creación y en el funcionamiento de nuevos organismos públicos.
En este tiempo, por resaltar alguna de las medidas importantes que hemos adoptado, puedo destacarles las siguientes: por ejemplo, simplificación de trabas administrativas en materia de gestión de residuos; ayudas al despliegue de infraestructuras de banda ancha, especialmente lo que afecta a colegios; gestión integral de determinados servicios de distintos organismos de la Administración General del Estado para ahorrar --luego daré los datos-- en la contratación administrativa; o fórmulas mucho más fáciles de liquidación de deudas frente a la Administración.
Les voy a dar algunos datos de alguna de estas medidas. En junio pusimos en marcha el Tablón Edictal de las Administraciones Públicas, ya que, como saben, en el BOE se recogen todos los anuncios de las Administraciones Públicas con distintas fases transitorias. Pues bien, se puso en marcha el 1 de junio de 2015 y hasta finales de mes, contó con más de 17.000 usuarios y se publicaron 46.300 anuncios. Es decir, ya empezamos a funcionar todas las Administraciones con un único sitio donde ver esos anuncios. O el sistema de liquidación directa de cuotas de la Seguridad Social: en vez de tú ir a liquidar la cuota a la Seguridad Social, la Seguridad Social te las liquida a ti, que es lo que explicará hoy la Ministra. Pues bien, en fase todavía de pruebas, 150.000 empresas y más de 1,5 millones de trabajadores ya están recibiendo las liquidaciones por parte de la Tesorería.
Voy a darles algunos datos de esas medidas implantadas. Por ejemplo, en estos casi dos años de funcionamiento del Informe se han suprimido 2.297 entes públicos, entre organismos y empresas públicas; 2.297. Yo muchas veces voy a los sitios y me dicen: "¿Qué reforma de la Administración se ha hecho? Ustedes no han eliminado las Diputaciones Provinciales --como saben, son un número bastante reducido--". Pues a quien me lo pregunta le digo que, frente al entorno de 50, 2.297 empresas públicas y organismos públicos suprimidos. Y les doy el detalle: 103 más que el último trimestre; o sea, en tres meses hemos incorporado 103 más, o sea, hemos eliminado 103 más organismos, con un total de 107 por parte del Estado; 754, las Comunidades Autónomas y 1.436, de las Entidades Locales. Esto es una muestra de un intenso trabajo durante dos años: 2.297 entidades públicas.
Ahorros de más de quinientos millones sólo en la centralización de contratos de los ministerios y organismos públicos estatales: hemos centralizado la limpieza, la energía eléctrica, las telecomunicaciones… Ahorro de más de quinientos millones de euros. El conjunto, hasta la fecha, de lo que se han ahorrado los españoles con la reforma de la Administración asciende a 22.300 millones de euros; parecido a lo que nos gastamos en prestaciones por desempleo al año; en medidas de eficiencia administrativa: 22.300 millones de euros. Más 2.300 millones de euros que se han ahorrado ciudadanos y empresas, y esto sin sumar 5.000 millones de euros de ingresos por ventas de participaciones empresariales, que forman parte de la CORA, de la reforma, pero que las hemos separado porque son, digamos, ingresos más excepcionales. En total, 29.600 millones de euros.
Este es el balance del mes de junio de las medidas de la reforma de las Administraciones Públicas; una reforma de la que se hablaba mucho que no se hacía, y yo simplemente quiero dejar encima de la mesa dos datos frente a los que dudan de si se ha hecho o no: 29.600 millones de euros de ahorro y 2.300 --regálenme tres, déjenme eso para redondear-- organismos públicos, empresas públicas, fundamentalmente, suprimidos.
También ligado a la CORA, pero en otro aspecto, a la reforma de las Administraciones Públicas, que es el de la mejor regulación, de la "better regulation", como se conoce en los ambientes, hemos aprobado el Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Han sido una infinidad de modificaciones, hasta doce, de esa norma y lo que se ha hecho es aprobar un texto refundido para dar seguridad jurídica y evitar la dispersión normativa.
En materia de protección del medio ambiente, tres medidas. En primer lugar, enviar a las Cortes Generales la Enmienda Doha al Protocolo de Kyoto y su aceptación. El 8 de diciembre de 2012, en la Conferencia de Doha, como saben, sobre el Clima, donde el Gobierno de España jugó un papel fundamental en sus negociaciones, todas las partes acordaron un segundo período de compromiso de 2013 a 2020, que supone nuevos acuerdos, jurídicamente vinculantes, de reducción de emisiones de gas invernadero, compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones aplicables a todas las actividades económicas.
Pues bien, se manda ya a las Cortes para su ratificación, como también se hace el Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros e Islandia sobre la participación de Islandia en el conjunto de compromisos de la Unión Europea, sus Estados miembros e Islandia en el segundo período de compromisos del Protocolo de Kyoto.
Y la tercera medida, también importante, es que hemos aprobado un suplemento de crédito en el Presupuesto del Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para adquirir una finca: el cortijo de "Los Mimbrales". Está situada en la parte sureste de la corona forestal de Doñana y tiene una superficie de 1.061 hectáreas dedicadas en su mayoría al cultivo de cítricos, fresas y arándanos. Con esto lo que hacemos es mejorar la escasez de los recursos hídricos del Parque, restaurar su régimen hidrológico nacional, facilitar las demandas ambientales de la masa de agua subterránea y reducir las tensiones entre disponibilidad de recursos y demanda asociada al mismo. Con esto, podremos adquirir esta finca y, por tanto, mejorar la situación del Parque.
En el ámbito de las infraestructuras, se ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Esto ¿qué es? Un fondo para mejorar la conectividad entre los puertos y las infraestructuras terrestres, fundamentalmente carreteras y ferrocarril, para ganar competitividad de la red de titularidad estatal y mejorar la situación logística de nuestro país. Este fondo se nutrirá de las aportaciones de las autoridades portuarias; es decir, los puertos participarán por primera vez en los proyectos de conexión viaria y ferroviaria. Por primera vez, por tanto, tendrán una capacidad de inversión fuera de su zona de servicio, pero indispensable para poder aumentar su capacidad en las mejoras de su funcionamiento.
También vinculado a los puertos, hemos autorizado el uso de un inmueble situado en el Puerto de Las Palmas a favor del Programa Mundial de Alimentos. Como saben, España es un punto estratégico para la respuesta humanitaria en el Sahel y para la respuesta a la crisis humanitaria y sanitaria, entre otras, provocadas por el virus del ébola. Con la presencia de este Programa Mundial de Alimentos en territorio español, gran parte de la logística también pasa y pasará por nuestro país. La selección de este puerto, el de Las Palmas, lo ha convertido en una referencia regional y mundial en el manejo de situaciones de emergencia; se sitúa entre los diez primeros puertos de carga del Programa Mundial de Alimentos. Ese Programa Mundial está gestionando durante este mes de julio más de 16.000 toneladas de alimentos y se prevé que distribuya desde el puerto 58.000 toneladas de alimentos en 2015. Lo que hacemos es atribuir otro inmueble para ampliar su capacidad.
Dos medidas en materia de apoyos tecnológicos a las pequeñas y medianas empresas; dos Acuerdos para la concesión de ayudas para la segunda fase del programa de mejora de la conectividad inalámbrica del sector hotelero y para la ejecución del programa de fomento de la demanda y oferta de soluciones de computación en la nube para Pymes.
La primera de las convocatorias, de ayudas para la adopción de soluciones "cloud", de soluciones en la nube, está dotada con cuarenta millones de euros y puede beneficiar a unas trece mil empresas de toda España, que recibirán una subvención de entre 625 y 15.000 euros para financiar tecnología basada en soluciones de computación en la nube. La segunda convocatoria está destinada a empresas del sector TIC de todas las Comunidades Autónomas para el desarrollo también de soluciones en la nube y, la tercera convocatoria, para el uso de redes inalámbricas en hoteles, alojamientos turísticos y camping. El objetivo es que puedan acceder a un servicio de acceso integral gratuito y de calidad desde cualquier parte del establecimiento y que permita absorber el aumento de dispositivos móviles disponibles por personas.
En el capítulo de nombramientos, dos nuevos delegados del Gobierno en Murcia, y Castilla y León. En Murcia, don Antonio Sergio Sánchez-Solís de Querol, que ha sido nombrado delegado del Gobierno en Murcia. Es licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad de Murcia. Ha desempeñado distintos cargos en distintas responsabilidades en la Administración autonómica y en la actualidad era director general de Transportes, Costas y Puertos de la Consejería de Fomento, y ahora pasará a formar parte de la Administración del Estado a través de la Delegación del Gobierno en Murcia.
En Castilla y León doña María José Salgueiro Cortiñas es la nueva delegada del Gobierno. Es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Técnico Superior de la Administración y ha ocupado diversos puestos y distintas consejerías en la Comunidad Autónoma. Actualmente era viceconsejera de Administración y Gobierno, presidenta también de su Consejo Consultivo, y ahora se incorporará a este puesto de la Administración General del Estado.
Sr. Fernández.- Tal como ha señalado la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo en virtud del cual se autoriza al Ministerio del Interior para la constitución da la Fundación Centro para la Memoria de las Victimas del Terrorismo, comúnmente conocido, como saben todos ustedes, como Centro Memorial de las Víctimas.
Este Acuerdo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros supone la culminación de un proyecto ambicioso y estratégico para el Gobierno de España, en el que, por razón de competencia, el Ministerio del Interior de manera especial lleva trabajando desde el principio de la Legislatura y que responde a un mandato legal, concretamente el artículo 57 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, aprobado en las postrimerías de la pasada Legislatura con amplísimo consenso de las Cortes Generales, que mandataba al Gobierno para su creación.
Los objetivos y fines para los cuales está creado este Centro los recoge la Ley y, por otra parte, determina, asimismo, la propia Ley a la que he hecho referencia que este Centro ha de tener carácter nacional, sin perjuicio de que la propia Ley establece que debe estar ubicado en el País Vasco. La decisión del Gobierno ha sido que su sede sea la capital del País Vasco, concretamente la ciudad de Vitoria-Gasteiz, como saben ustedes.
Este Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, fundamentalmente, aunque no sólo, obviamente terrorismo de ETA, que es lo que justifica especialmente que las Cortes Generales determinaran que estuviera ubicado, en su sede principal, en el País Vasco, debe contribuir de manera muy especial a la construcción de la memoria colectiva de lo que verdaderamente ha ocurrido durante tantos y tantos años en el País Vasco, en Navarra y en el conjunto de España, lo que era el terrorismo de ETA. Por otro lado, se constituye en un merecido centro de homenaje y recuerdo permanente a las víctimas; en definitiva, a los que sufrieron de manera muy especial los efectos del terrorismo. Como he dicho, no excluye otros terrorismos, fundamentalmente el terrorismo yihadista, y luego me referiré brevísimamente a ello.
En todo caso, insisto en que los fines son los de preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo; como les decía, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la sociedad española para la defensa de la libertad y de los derechos humanos, y asimismo contra el terrorismo.
Quiero significar que, con carácter previo a la constitución de la Fundación que hoy el Consejo de Ministros ha autorizado que el Ministerio del Interior desarrolle los trámites establecidos en la Ley que regula las fundaciones para que se constituya, porque el Centro Memorial va a tener la fórmula jurídica de fundación; digo que previo a la constitución de la Fundación, por acuerdo también del Consejo de Ministros del pasado 3 de octubre de 2014, se creó una comisión de expertos que presidió don Florencio Domínguez y que tenía por objeto la elaboración de un informe con recomendaciones acerca de ese Centro.
Ya anticipé en su momento que el Gobierno asumiría las recomendaciones de esa comisión de expertos; que, sin perjuicio de la profesionalidad ampliamente reconocida de todos los que la constituyeron, además respondía a diferentes sensibilidades, porque es voluntad del Gobierno que el mismo consenso social y político con el que se aprobó esa Ley de Reconocimiento y Protección integral a las víctimas del terrorismo, este Centro Memorial debe también desarrollarse con esa misma voluntad de consenso política y social en la medida en que debe de ser un auténtica política de Estado. Es política de Estado la lucha antiterrorista y debe ser política de Estado aquella que sirva para construir, como digo, la memoria colectiva de las víctimas y honrar y dignificar su memoria.
En definitiva, con esa voluntad de consenso político y social, como digo, hemos estado trabajando para la creación de este Centro Memorial; de la Fundación que es la fórmula jurídica que va a tener ese Centro Memorial, y, en definitiva, de los órganos de esa Fundación que van a ser los órganos rectores y de gobierno de ese Centro Memorial.
Dicho lo anterior, debo decir que, precisamente para responder a esta voluntad de consenso político y social, el Gobierno da cabida en los órganos rectores de la Fundación que hoy se pone en marcha con este acuerdo de Consejo de Ministros, por una parte, a una representación del Gobierno de España y también de las Comunidades Autónomas; en particular, va a haber una representación del Gobierno vasco y también de la Comunidad Foral de Navarra; del Ayuntamiento de Vitoria, en la medida en que en esa ciudad va a estar radicado el Centro Memorial; también de las Cortes Generales, un representante elegido por el Congreso de los Diputados y otro por el Senado --por cierto, ya el Congreso de los Diputados y el Senado han elegido a los representantes, a sus respectivos representantes-- y, como no puede ser de otra manera, una representación de las víctimas del terrorismo.
Les digo que la presidencia de honor de la Fundación la va a ostentar S.M. el Rey y el Patronato, como órgano de gobierno y representación de esa Fundación, lo forman veinte patronos: diez en representación del Gobierno de España, con el presidente del Gobierno que presidirá el Patronato, sin perjuicio de la presidencia de honor que ostentará S.M. el Rey, y los titulares de ocho Departamentos ministeriales, tres patronos representantes del Gobierno Vasco; uno de la Comunidad Foral de Navarra; uno, en representación de las diferentes Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con carácter rotatorio anual y siguiendo el orden establecido en función de la publicación de sus respectivos Estatutos en el Boletín Oficial del Estado; los dos patronos a los que he hecho referencia a propuesta de las Cortes Generales, uno por el Congreso y otro por el Senado, y dos en representación de las víctimas del terrorismo: el titular, en estos momentos la titular, de la Fundación Víctimas del Terrorismo y otro, rotatorio, designado a propuesta de la citada Fundación.
Además de este Patronato, estará la comisión ejecutiva, que la presidirá el secretario del Patronato, que será el subsecretario de Interior y que estará integrado por siete miembros, ejerciendo la secretaria de esa comisión ejecutiva el director gerente de la Fundación. El director gerente de la Fundación, como en toda fundación es una figura especialmente relevante, en tanto en cuanto, siguiendo las instrucciones lógicamente que le encomienden el Patronato y la comisión ejecutiva, lleva la ordinaria gestión y administración del Centro. Y ya les anticipo que, una vez constituido el Patronato, es voluntad del Gobierno el proponer que sea director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo el que dirigió, a su vez, la comisión de expertos y que elaboró el dictamen, que es el conocido periodista y especialista en la materia don Florencio Domínguez.
Concluyo diciéndoles que, una vez que el Consejo de Ministros ha autorizado este Acuerdo, vamos a iniciar de inmediato, como es evidente, las actuaciones necesarias para que este proyecto se haga realidad y, con ello, el reconocimiento permanente de quienes han sufrido la lacra del terrorismo, pues el deseo del Gobierno es que este Centro Memorial esté en funcionamiento, aunque sea en sede provisional, antes del final de esta Legislatura.
Digo en sede provisional porque, como saben ustedes, la sede definitiva es el edificio que ha sido históricamente sede del Banco de España en la ciudad de Vitoria. En estos momentos se están ejecutando las obras de remodelación de ese edificio para adaptarlo al nuevo fin al que está destinado, que es el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, y la previsión es que estén finalizadas esas obras de rehabilitación y reacondicionamiento el año que viene. En sede provisional, no obstante, entrará en funcionamiento ya una vez se constituya el Patronato, que es voluntad del Gobierno y en particular del Ministerio del Interior, que tenemos encomendada esta particular responsabilidad, entre septiembre y octubre próximos.
Este Centro es una iniciativa pionera de Europa y, en definitiva, y con eso concluyo, responde a una deuda que toda la sociedad española, y en su nombre el Gobierno de España, en definitiva, el conjunto de los ciudadanos españoles, teníamos y tenemos como las víctimas para que ese Centro permanente con carácter nacional esté homenajeando permanentemente a tantas y tantas víctimas del terrorismo.
Concluyo, ahora sí, diciéndoles que, siguiendo las recomendaciones del comité de expertos, sin perjuicio de la sede nacional del Centro que, como les he dicho, estará en Vitoria, habrá una subsede aquí, en Madrid, que tendrá como objetivo específico el homenaje y recuerdo a las víctimas del terrorismo yihadista, teniendo presente lo que significó el atentado de 11l de marzo de 2004, con 192 muertos y cerca de 2.000 heridos. Ésa ha sido una recomendación unánime del comité de expertos que el Gobierno ha asumido y, por tanto, existirá esa subsede en la ciudad de Madrid.
Sra. Báñez.- Hoy el Consejo de Ministros ha hecho un análisis de la situación actual del mercado de trabajo que, como conocen bien, ha pegado un giro de 180 grados. Hoy tenemos una España que crece pero, lo más importante, que crea empleo. Ésa es la situación que vivimos hoy, desde el convencimiento de que nos queda mucho camino por recorrer, porque todavía hay españoles que necesitan oportunidades que tienen que encontrar.
Hemos analizado los datos de la EPA del segundo trimestre de este año, que conocimos ayer. Esos 300.000 parados menos en el trimestre y también esos 412.000 ocupados más, que, sin duda, es una buena noticia, porque se trata de ocupados que trabajan a tiempo completo, porque ha bajado en ese período la ocupación a tiempo parcial.
Me gustaría resaltar que, desestacionalizados los datos, el crecimiento del empleo es del 1,12 por 100, lo cual es una buena noticia, porque la característica de esta recuperación es que el crecimiento económico se traduce muy intensamente en creación de empleo.
Además, como conocimos ayer, el tipo de ocupación en España es predominantemente ocupación indefinida. Ayer la EPA señaló con claridad que hoy tres de cada cuatro españoles que trabajan lo hacen con contrato indefinido, el 75 por 100, frente al 74 por 100 que eran a final del año 2011 o el 69 por 100 que era antes de la crisis, en el año 2007.
En cuanto a lo contrario de la contratación indefinida, que es la contratación temporal, yo quiero señalar también que la EPA de ayer reconoce que hoy hay menos contratos a tiempo parcial menor de tres meses que al inicio de la crisis o en el año 2011. Hoy estamos hablando de un 3 por 100 de ese tipo de contrato temporal de menos de tres meses frente al 4,5 por 100 de 2011 o al 5 por 100 del año 2007.
Por tanto, vamos en la buena dirección pero, sin duda, hay mucho camino y mucho trabajo por hacer.
En términos de paro registrado y afiliación, que son los datos propios del Ministerio de Empleo, sí quiero señalar lo más importante: hay 300.000 parados menos que en diciembre de 2011; de ellos, 117.000 parados menores de veinticinco años, y, lo más importante, ya hay más personas con empleo afiliadas a la Seguridad Social que cuando llegamos al Gobierno en diciembre de 2011; concretamente, 26.000. Lo relevante de todos estos años ha sido que hemos podido obtener nuevo tejido productivo. Durante la crisis se destruyeron casi 300.000 empresas y ya en estos tres años y medio podemos decir que, por primera vez, crece el número de empresas, con 50.000 empresas más que en el año 2011. Las protagonistas de la creación de empleo son las empresas y, por tanto, ésa, sin duda, es una buena noticia.
En términos más cualitativos, quiero señalar también que la afiliación desde 2011 es mayor entre las mujeres: 72.000 mujeres más trabajando que al inicio de la Legislatura, y 536.000 personas mayores de 45 años que hoy tienen un empleo que no tenían en diciembre de 2011. Además, hay 110.000 autónomos más afiliados a la Seguridad Social, que también se han dado de alta en todo este tiempo.
Por tanto, datos positivos pero, como les decía, con la convicción clara de que tenemos 4.100.000 parados registrados en los Servicios Públicos de Empleo que necesitan una oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer para devolverlos rápidamente al mercado de trabajo? Pues, como conocen bien también, desde 2012 está en marcha una reforma silenciosa del mercado de trabajo, que es la reforma de las Políticas Activas de Empleo, entre las que se señala principalmente esa Estrategia Española de Activación, con unos planes anuales y objetivos comunes que compartimos con las Comunidades Autónomas. Estamos modernizando los Servicios Públicos de Empleo y tenemos una estrategia compartida entre Estado y Comunidades Autónomas.
Por eso, hoy el Consejo de Ministros ha conocido el Plan Anual de Políticas de Empleo para este año, que se cerró en la Conferencia Sectorial de abril y que distribuirá más de 1.543 millones de fondos para la modernización y la mejora de las políticas activas de empleo, que es casar mejor la oferta y demanda de empleo en nuestro mercado de trabajo.
Ahora trabajamos con objetivos comunes. Quiero señalar que los cinco objetivos que van a marcar el trabajo conjunto de Comunidades Autónomas y Gobierno de España este año son: la apuesta por el empleo juvenil, porque sigue siendo demasiado alta la tasa de desempleo entre los jóvenes; colectivos especialmente vulnerables, y ahí están los mayores de 45 años y los parados de larga duración; la Formación Profesional como clave para la empleabilidad de los trabajadores; vincular las oolíticas activas y pasivas de empleo, como estamos haciendo con los planes de activación; y, por supuesto, la apuesta por el emprendimiento.
Como les decía, estamos ante una modernización de los servicios públicos y una ejecución de unas políticas activas a través de la reforma nueva, porque ahora vinculamos los recursos a resultados a través del establecimiento de unos indicadores, con lo cual evaluamos a cada una de las Comunidades Autónomas en el nivel de inserción de los parados en el mercado laboral.
De los fondos que se reparten este año, en 2015, el 60 por 100 de ellos es en función de resultados. Lo que en la Conferencia Sectorial de abril decidimos es que el año próximo, 2016, será el 70 por 100 de los fondos; por tanto, ahí también vamos en la vanguardia europea con esa vinculación de recursos a resultados.
Lo que, además, hemos acordado es seguir trabajando con los más vulnerables. Ustedes conocen muy bien que el presidente Rajoy en julio de 2014, con los interlocutores sociales, decidió poner en marcha un plan especial de activación para mayores de 45 años, que no tuvieran ingresos y que tuvieran personas mayores o menores a cargo. Ese plan de activación nació en enero de 2015, porque no queremos que de la recuperación nadie se quede atrás. Pues bien, ese plan cuenta con una ayuda extraordinaria por parte del Estado para que las Comunidades Autónomas puedan tutorizar la acción de buscar un puesto de trabajo a cada parado.
En el día de hoy, el SEPE aporta 129 millones de euros para financiar esa atención personalizada y esos tutores que van a tener los parados que entren en este programa excepcional. Saben muy bien que durante el tiempo que dura el programa, seis meses de tutorización, también recibirán una ayuda complementaria de 416 euros esos parados.
El 40 por 100 de esos 129 millones se reparten hoy en este Acuerdo de Consejo de Ministros, que a efectos de reparto entre las Comunidades Autónomas, es según los potenciales beneficiarios de dicho programa, y el 60 por 100 restante los repartiremos en función del nivel de inserción que haya sido capaz de tener cada Comunidad Autónoma a la hora de aplicar este tipo de políticas.
Se estima --por darles un dato-- que las personas atendidas por cada tutor serán 120; por tanto, es una atención muy personalizada. Estamos intentando, de verdad, conseguir que la activación sea un elemento fundamental para la vuelta al mercado de trabajo.
Con permiso de la Vicepresidenta, comento también el Real Decreto del sistema de liquidación directa. También conocen que pusimos en marcha, por el Real Decreto 34/2014, un nuevo sistema de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por parte del empresario, de tal manera que nosotros mandamos a las empresas la liquidación que estimamos que se tiene que hacer en función del número de trabajadores y las circunstancias de la empresa.
Es otra medida de este plan de modernización también de las políticas públicas, el Plan CORA. De esta manera, conseguimos una mayor eficiencia, por una parte, para las empresas, porque reciben un borrador de liquidación y el empresario lo único que tiene que hacer es confirmarlo o comunicarnos los cambios que se han producido para actuar. El procedimiento es completamente telemático y además es transparente, porque ahí se contabilizan y se conocen bien las bonificaciones y las deducciones, y reduce, en gran medida, las deudas y recargos que tenían las empresas con la Seguridad Social. Para los trabajadores también es una ventaja, porque conocen en tiempo real lo cotizado por su empresa en todo momento. Y la Administración, además, con todo esto tendrá importantes ahorros y no les niego también que es un elemento fundamental de la lucha contra el fraude.
La Vicepresidenta ha dado antes datos de implantación. Empezamos de manera gradual con todo tipo de empresas y lo estimado es que al final de este año llegue a cinco millones de trabajadores y a final de 2016 ya esté completamente implantado en nuestro país, afectando a un millón y medio de empresas y a trece millones de trabajadores. Esa es la previsión en la que trabaja el Ministerio de Empleo.
Es un sistema nuevo muy beneficioso para las empresas, para los trabajadores y también para la propia Seguridad Social.
P.- Para la Vicepresidenta. Ante el recordatorio que ha realizado esta semana el ministro de Justicia sobre la plena vigencia del artículo 155 de la Constitución, querría saber si el Gobierno se plantea realmente que ésa es una vía a la que poder recurrir ante la evolución de los acontecimientos en Cataluña.
Por otro lado, quería saber la lectura que hace el Gobierno de la decisión de la alcaldesa de Barcelona de retirar el busto del Rey Juan Carlos del Salón de Plenos y si se plantearía alguna actuación en caso de que no cumpliera la obligatoriedad legal de que hubiera una efigie del jefe del Estado actual en el Salón.
Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas viene referida a los mecanismos que la Constitución establece en caso de que una Comunidad Autónoma atentare gravemente al interés de España. La Constitución ofrece distintos mecanismos a la hora de hacer que todos cumplamos la Ley, tanto los particulares como las Administraciones, incluidos los gobernantes de todas y cada una de las Comunidades Autónomas. La Ley hay que cumplirla y yo no voy a dedicarme a la política especulativa, pero sí le digo clarísimamente una cosa al presidente de la Generalitat y a los que le acompañan: en España la Ley se cumple y, mientras este Gobierno esté en donde está, en España se seguirá cumpliendo la Ley con todos los instrumentos que la Constitución pone a nuestro alcance, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y seguridad que en cada caso tenemos que cumplir.
Sobre la decisión de la alcaldesa, permítanme una reflexión: en España hay mucha gente, incluido el Rey Juan Carlos, que durante cuarenta años han estado trabajando por la democracia y por los derechos y libertades en nuestro país. Y las únicas decisiones de estos cuarenta días que llevan algunos gobernando es retirar un busto o implantar una "web de la verdad" en algunos otros Ayuntamientos. Esa es, de momento, su contribución a la democracia. Por lo tanto, a mí me gustaría que respetaran la contribución de todos y, sobre todo, que trabajaran por la estabilidad, porque la estabilidad, como hemos visto, crea empleo y mejora la vida de los ciudadanos. Y hacer escenas para que se vean, se graben y se difundan está mucho en esa política de gestos o declarativa, que genera mucho ruido, pero muy poquito empleo.
P.- A la ministra de Empleo quería preguntarle cómo se va a medir la eficacia de los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas: si sólo por el número de empleados que van a colocar, por el tipo de contrato, más indefinido… ¿Cómo se va a hacer?
Por otro lado, la Encuesta de Población Activa de ayer fue buena, pero en resultados sólo vale que el número de parados cayó menos que en el mismo trimestre del año pasado; la ocupación subió, pero un poco, y la economía está creciendo mucho más. Decía usted que el crecimiento económico se está traduciendo intensamente en la creación de empleo, ¿No tendría que estar creciendo más el empleo, dado que la economía está creciendo mucho más? Si no es así, ¿hay alguna explicación?
Sra. Báñez.- Empiezo por el final. Efectivamente, esta recuperación es llamativa por dos cosas fundamentalmente: porque cualquier crecimiento económico se traduce rápidamente e intensamente en creación de empleo y, por tanto, en nuestro país el crecimiento económico hoy es creación de empleo; pero lo más importante es que es la primera vez que nuestro país sale de una crisis con creación indefinida de empleo. No pasó en la crisis de 1993, donde tuvieron que pasar seis trimestres consecutivos para que se empezara a crear empleo indefinido, y ahora está pasando; ni pasó en los llamados "brotes verdes", finales de 2010 y 2011, porque no se tradujo en creación de empleo, ni temporal ni indefinido. Ahora es la primera vez que se crea empleo con contratación indefinida. La contratación indefinida está creciendo a un ritmo del 15 por 100 y, si tenemos en cuenta sólo la contratación indefinida a tiempo completo, crece a un ritmo del 18 por 100; todavía superior. Por tanto, vamos en la buena dirección.
Pero usted me pregunta, en concreto, por la EPA de ayer. Tradicionalmente, el segundo trimestre del año, por ser un trimestre muy estacional donde el turismo y el sector servicios juegan un gran protagonismo, hay más contratación temporal. Históricamente lo puede usted ver en toda la serie; pero lo relevante, como le decía antes, es que hoy el 75 por 100 de los ocupados tienen un contrato indefinido, tienen un contrato fijo. No era así en 2011, cuando eran el 74 por 100, y no era así antes de la crisis, que eran el 69 por 100.
Por tanto, queda mucho por hacer pero, sin duda ninguna, mes tras mes, año tras año, en esta Legislatura seguimos en la buena dirección.
Sobre su segunda pregunta, la Estrategia y el Plan Anual de Empleo recogen esos veintinueve indicadores entre los que se van a medir la eficacia de las políticas de las Comunidades Autónomas, de la implementación de las políticas activas de empleo. Miden la orientación, la formación, la tutorización de cada desempleado, la colaboración público-privada y, por supuesto, la inserción en el mercado de trabajo. Es decir, tenemos veintinueve indicadores que miden todas las acciones en el ámbito de empleo desde el momento en que una persona llega a una Oficina de Empleo, cómo se le atiende y hasta cómo hace toda la transición hasta volver al mercado de trabajo. Está, además, avalado por todas, aprobado entre todas por unanimidad, y así, sin duda, damos un avance espectacular, como les decía, en la vanguardia europea, porque en España las políticas públicas han cambiado y ahora se vinculan los recursos a resultados.
P.- Vicepresidenta, yo quería insistir con el asunto de la retirada del busto del Rey Juan Carlos del Ayuntamiento de Barcelona. Yo quería saber si el Gobierno se plantea actuar en el caso de que esto sea parte de un plan para retirar el conjunto de los símbolos monárquicos en Barcelona y en Cataluña, como parece que está preparando alguno de los partidos independentistas en esa Comunidad Autónoma.
Por otro lado, quería saber si usted considera también, Vicepresidenta, que la postura de Artur Mas es irreconducible de cara a la independencia de Cataluña.
Vicepresidenta.- En España los símbolos están perfectamente protegidos y amparados por nuestra Constitución y las Leyes. Desde luego, si se incumple, el Gobierno, como el resto de las autoridades, tiene una obligación que es cumplir y hacer cumplir la Ley, y, por supuesto, así lo haremos de acuerdo con las normas que nos hemos dado y que nos rigen ante todos.
Pero yo, sobre todo, pediría una cosa que me parece más importante, más allá de la Ley; pediría un poco de respeto hacia los ciudadanos. Éste es el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos los españoles, son nuestras normas de convivencia, y todos, pero muy especialmente las autoridades públicas, tienen que respetarlos mientras no se modifiquen. Sencillamente, yo espero que el Ayuntamiento de Barcelona cumpla con su obligación como un ayuntamiento que es, que forma parte de una gran nación, que es España, y que está perfectamente ordenada porque es una democracia. Y, al menos, este Gobierno vela porque las reglas democráticas se cumplan.
Me pregunta si la postura de Artur Mas es irreconducible. Yo creo que ha iniciado, desde hace bastante tiempo, una carrera hacia ninguna parte, en la que ha ido perdiendo los sucesivos apoyos que ha tenido; que ha provocado una fractura en la coalición de su partido; que ya tiene visos de fractura en la propia lista, esa lista única de candidatos múltiples; pero lo que más me preocupa es que ha generado una fractura en la sociedad catalana. Uno no puede dividir la sociedad a la que gobierna, porque tiene que respetar a todos. Yo creo que en esa dinámica es muy difícil confiar en él, en su palabra.
El Gobierno seguirá trabajando por todos los españoles y, dentro de todos los españoles, por todos los catalanes, y haremos lo que tengamos que hacer. El problema es que yo creo que cada vez más se va incapacitando para representar al conjunto de los catalanes, que es, al menos de momento, a quienes tiene mandato de gobernar. Cada vez su capacidad de diálogo es menor, pero no sólo con el Gobierno, sino con el resto de las formaciones con las que no van en una sola lista y, si me apura, incluso hasta en la propia lista, con lo que, cuando uno va perdiendo esa capacidad, tiene también que evaluar hacia dónde va. Esto yo creo que tiene mucho más de viaje personal que de otra cosa.
P.- Vicepresidenta, lo primero que le quería preguntar era por nuestros compañeros, los periodistas secuestrados. ¿Nos podría dar alguna información?
Luego, le quería preguntar por otros dos temas. La ONU insta a España a derogar la Ley de Amnistía e investigar los crímenes del franquismo. Me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno.
También le quería preguntar por Rato, que dice que hay una cacería política en su contra. ¿Nos puede decir si cree que es así o no es así?
Vicepresidenta.- Me pregunta por sus tres compañeros. Su desaparición se hizo pública el pasado miércoles. Estaban en la zona de Siria y, concretamente, en la región de Alepo.
Permítame que señale tres cosas: en primer lugar, el pleno reconocimiento a su labor, la de estos tres periodistas, a los que lo han estado con anterioridad o están en la zona, y, en general, a todos los que nos permiten conocer y saber lo que está pasando, y sensibilizar a la gente de las atrocidades que se están cometiendo en alguno de estos lugares del planeta. En segundo lugar, toda la solidaridad del Gobierno con sus familias y con todos sus compañeros, y también la garantía de que todo cuanto esté en nuestra mano, y en España, por desgracia, tenemos experiencia en la gestión de estas cuestiones, se va a hacer; procuraremos hacerlo con la máxima entrega, que me consta, y también con la máxima sensibilidad. Y agradecerles también a ustedes la sensibilidad con que están llevando este tema. Es una zona muy complicada, en la que la información no siempre fluye bien y con garantías, en que de momento no podemos descartar ningún escenario por la propia situación de la zona y en que, además, la propia tarea de quien tiene que trabajar allí exige que seamos lo más prudentes posible.
A medida que podamos ir transmitiéndoles con certeza algunas cuestiones, que no perjudiquen, también les digo, la propia gestión de esta situación, lo iremos haciendo. Pero me imagino que en su ánimo y en el nuestro coincidimos en una cosa: que hay que sacarlos de allí, que hay que sacarlos sanos y salvos, y que, por nuestra parte, e imagino que por la suya, no faltará ningún empeño para que así sea. España tiene experiencia, y yo creo que eso es importante, a la hora de gestionar estas cuestiones.
Sobre el segundo de los temas, quiero decir una cuestión con carácter general: España es un país democrático, pertenece a distintos organismos internacionales y analizamos sus informes; pero también queremos recordar que España es una democracia, es un Estado de Derecho, en el que las instituciones funcionan y que nosotros actuamos con arreglo a nuestra Constitución y a nuestras Leyes, que, a mi juicio y sobre todo en el ámbito de los derechos y las libertades, en el control judicial de las decisiones podemos situarnos entre los más avanzados del mundo.
Y sobre el tercero de sus asuntos, hay un procedimiento judicial abierto, que el Gobierno tiene que respetar y, por parte de las Administraciones, dar la máxima colaboración. Yo creo que eso es lo más importante: respetar el procedimiento judicial y respetar, dentro del procedimiento judicial, los derechos y las libertades que la propia Constitución reconoce a todos los que están inmersos en ese proceso. Yo estoy segura de que los Tribunales así lo harán, así lo apararán, y, por parte del Gobierno, la máxima colaboración.
P.- Vicepresidenta, tengo dos preguntas. La primera era para continuar con el tema de Cataluña. Quería saber si el Gobierno considera que está agotada la vía de diálogo con la Generalitat, y no me refiero al diálogo entre ministerios y consellerías, que siempre nos ha dicho que funciona y está bien; me refiero al diálogo entre el presidente Rajoy y el president Mas. ¿No podrían sentarse los dos, remangarse e intentar encontrar una solución dialogada a este problema?
Después, respecto al artículo 155, los expertos, los juristas, no se ponen de acuerdo de si, en caso de su necesaria utilización, habría que redactar antes una ley orgánica. Quería saber qué piensa el Gobierno, si es necesario una redacción de una ley orgánica antes o no.
Vicepresidenta.- Respecto de la primera de sus preguntas, yo a veces tengo la sensación --es una sensación mía, pero me gustaría transmitirla-- de que algunas personas, como el president de la Generalitat, defienden la independencia y un proceso de independencia en Cataluña; pero, luego, a quienes no ven muy convencidos en ese ámbito pero quieren convencer para que les voten, les dicen: "esto es para a ver si podemos luego negociar". Ojo con estas cuestiones, porque yo tengo la sensación de que en este proceso a muchos ciudadanos en Cataluña que no compartían estas tesis de independencia han podido arrastrar en ese doble discurso, que luego no es verdad. Porque el presidente de la Generalitat a lo largo de todo este tiempo y desde las últimas elecciones lo que ha hecho es ir avanzando en este proceso.
Yo también alertaría mucho de este tipo de dobles discursos, porque hay una lista unitaria con un programa que es éste, y, desde luego, si uno defiende la independencia, defiende la independencia y para trabajar en otros temas más cooperativos parece que no están tan dispuestos a llevarlo a cabo.
Por tanto, aquí estamos ante unas elecciones muy importantes en las que los ciudadanos tienen derecho a saber lo que cada uno está queriendo defender y, de momento, el presidente de la Generalitat en esa lista única lo que está defendiendo es esa cuestión que es imposible en nuestro país, y eso hay que decirlo muy claro.
Sobre la segunda de las cuestiones, que también me parece importante, es que nosotros no hemos dejado de dialogar, sobre todo con la sociedad catalana, porque, si el president de la Generalitat ha decidido dejar de gobernar y lanzarse en estas dinámicas --ya lleva varias elecciones convocadas--, nosotros sí seguimos dialogando para mejorar la vida de los catalanes, para mejorar sus infraestructuras --fíjense en esa última semana--, para mejorar y permitir su propia financiación. ¿Qué quiere que le diga? Aquí seguimos trabajando y nuestra capacidad de diálogo es absoluta; pero el president de la Generalitat parece dispuesto a convocar unas nuevas elecciones con un programa que sabe, a ciencia cierta, que no va a conseguir y que le inhabilita para cualquier otra posibilidad, entre otras cosas, porque él mismo parece exceptuarse como interlocutor.
En cuanto a la siguiente de las cuestiones, yo creo que no adelantemos pasos. Yo creo que el debate jurídico siempre es apasionante; pero yo lo que pido a todo el mundo es que, antes de ver cómo se desarrolla o n la Constitución, que se cumpla, y yo espero que se cumpla para no tener que dar ulteriores pasos. Y sobre eso, ya le digo…
También en otros muchos otros debates se ha planteado si era o no necesario --me estoy acordando de uno de ellos-- un desarrollo legal y no fue necesario. Yo creo que ese debate ya no es un debate de expertos. Aquí hay un humilde jurista, un ingeniero y una economista y jurista. A lo mejor, la ministra de Empleo podría explicarlo mejor; pero yo no voy a entrar en esos debates técnicos, sí en un debate político que me parece importante y es recordar a todo el mundo que tiene que respetar la Ley, especialmente la Ley que le confiere la autoridad de presidente de la Generalitat y representante del Estado en su Comunidad Autónoma.
P.- Sobre todos los mecanismos que le permite la Ley utilizar, ¿el Gobierno contempla recurrir el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas que firmará el presidente de la Generalitat el 3 de agosto? En todo caso, ¿la Abogacía del Estado está trabajando ya en posibles impugnaciones?
Sobre su sugerencia de que el president Mas debe evaluar hacia dónde van, no sé si está sugiriendo, pidiendo o apostando porque dimita o presente la dimisión, y no convoque estas elecciones.
Finalmente, una cuestión de calendario, porque hace días que no le preguntamos sobre los Presupuestos dichosos. Quería saber si ya, finalmente, van a ir al Consejo del próximo día, porque hoy no se han aprobado, y cómo los prevé articular el Gobierno en los próximos días. ¿Nos puede contar algo más?
Vicepresidenta.- Sobre el decreto de convocatoria, es un decreto de convocatoria de elecciones autonómicas y, si no cumple la Ley, se adoptarán las medidas pertinentes. Pero en eso como en todo, ¡eh!, como en cualquiera de las decisiones de cualquier Administración autonómica.
Sobre qué debe hacer el presidente de la Generalitat, lo que debía de haber hecho todo este tiempo es gobernar y lleva en muy poquito tiempo dos elecciones. Uno tiene la impresión de que, discursos, muchos, pero tareas de Gobierno, pocas. Pero yo ya no voy a entrar en si debe presentarse o no, entre otras cosas, porque ya ese debate ya lo tiene dentro, con lo que tampoco los de fuera tenemos porque ahondar mucho.
Y sobre el calendario, el presidente del Gobierno dijo que se aprobaría el 31 de julio. Pues, a partir de ahí se presentará al Congreso de los Diputados y empezará la tramitación parlamentaria. La semana que viene les presentamos los Presupuestos General del Estado y, después, toda la explicación amplia, como saben ustedes, en el Congreso de los Diputados.
P.- Dos preguntas, una para la Vicepresidenta. Sobre el tema de Barcelona y el busto de don Juan Carlos, existe una ley, que es la Ley de Símbolos, y ayer el Ayuntamiento de Barcelona dijo que no tienen intención de colocar el retrato del actual Jefe del Estado, lo que entiendo que ya es un incumplimiento de la Ley. Entonces, yo no sé si eso conlleva el inicio de algún tipo de procedimiento y qué Ministerio se encargaría de ello.
Quería preguntarle al ministro del Interior. Ayer la nueva consejera de Interior de Navarra pidió más competencias para la Policía Foral; la nueva consejera propuesta por Bildu. Entonces, yo quería conocer su opinión al respecto.
Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, le contestaba a su compañero. Sabe que en los edificios públicos eso está absolutamente reglado. Lo que oí, pero ya a veces me pierdo, es que no disponían de retrato al efecto. Si ése es el problema, que no tengan ninguno, que ya se lo enviamos nosotros si lo necesitan; pero que cumplan la Ley, entre otras cosas, porque el Ayuntamiento de Barcelona es una institución respetada e importante, entre otras cosas, porque la Constitución así lo reconoce a nuestros Ayuntamientos. La propia autoridad de la alcaldesa radica en la Constitución, que reconoce también los símbolos. O sea que, para quien quiere una cosa, aquí hay que respetar el paquete completo.
Sr. Fernández.- Yo he leído que la consejera propuesta o impuesta por Bildu ha dicho que le importaba muy poquito lo que yo dijera, porque me quedaban cuatro días. Por tanto, no sé qué interés tiene mi respuesta; no para usted, sino para ella.
En todo caso, lo que digo es que yo, una vez más, aprovecho esta ocasión para reconocer públicamente y agradecer públicamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que hayan derrotado operativa y policialmente a ETA, y van a seguir trabajando hasta su disolución, en el marco de la Ley.
Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.