Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Voy a darles cuenta --porque la ministra de Empleo anda sin voz, con lo que hoy se la pongo yo-- de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Un viernes más, hemos aprobado medidas a favor del empleo y de calidad, y en un sector muy específico. A propuesta de la ministra de Empleo, hoy hemos analizado el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección social de los trabajadores del sector marítimo-pesquero. Ésta es una norma que va a regular, de forma completa y de forma integral, toda la protección social de los trabajadores del mar.

El Proyecto de Ley recoge en un único texto toda la protección social que gestiona el Instituto Social de la Marina que, como saben, es un organismo independiente del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. Entre sus principales medidas destaca la extensión del ámbito de aplicación de ese régimen específico del mar a nuevos colectivos que a lo largo de muchos años han reivindicado su pertenencia a este régimen de la Seguridad Social ¿Qué colectivos? Personal que presta sus servicios en plataformas petrolíferas, de gas o similares; los trabajadores dedicados a la acuicultura; los buceadores; los rederos trabajadores por cuenta ajena y los autónomos de marina mercante, que se incorporan con respaldo legal al Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

En segundo lugar, hemos aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la entidad sin ánimo de lucro denominada "Instituto Cervantes (Gibraltar) Limitada". En 2009 se autorizó la creación de la entidad sin ánimo de lucro denominada "Instituto Cervantes (Gibraltar)" para el cumplimiento de los fines del Instituto Cervantes en Gibraltar e inicio sus actividades en 2011. Hoy, después de un conjunto de gestiones administrativas, se toma ya la decisión definitiva de disolver la entidad, por diversos motivos.

El Instituto Cervantes tiene a lo largo del mundo 63 centros; el de Gibraltar ocupa el número 57 en lo relativo a actividad académica y el 62, en el cómputo de horas, alumnos y número de exámenes para la obtención de los diplomas de español como lengua extranjera, que se conocen como DELEs. Pues bien, en 2014 el centro de Gibraltar sólo realizó cuatro pruebas de obtención de estos DELEs y ocupa el último puesto de la red.

El 24 de febrero de 2014, el Consejo de Administración del Instituto Cervantes solicitó que se estudiara la situación del centro y las consecuencias de su mantenimiento y de su posible cierre. En febrero de este año, este Consejo de Administración del Instituto Cervantes propuso la disolución de la entidad. El último Consejo Ejecutivo de Política Exterior informó favorablemente la disolución y hoy lo hemos traído al Consejo de Ministros, porque es el mismo trámite que el de su creación: se creó por acuerdo del Consejo de Ministros y por acuerdo del Consejo de Ministros se cierra, habida cuenta el escaso rendimiento en sus finalidades.

Tercer asunto importante: dos Acuerdos por los que se solicita interposición de recurso de inconstitucionalidad. En primer lugar, un Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recursos de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas del Parlamento de Cataluña; es la Ley 3/2015, de 11 de marzo. El objeto es la impugnación de dos artículos -ahora diré el contenido--, el 69 y el 95, y de diversas disposiciones adicionales por incurrir en extralimitación competencial.

Quiero decir que se interpone con expresa mención al artículo que permite suspender automáticamente la vigencia, la aplicación, del precepto impugnado: el conocido ya entre nosotros 161.2 de la Constitución.

Esta propuesta cuenta con el informe favorable de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional y de los Ministerios afectados: Justicia, Economía, la Secretaría General de Coordinación de Competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e Interior, porque afecta a las competencias de distintos Departamentos ministeriales. Además, el dictamen del Consejo de Estado ha informado favorablemente la propuesta. Y quiero recordarles que el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, y fue precisamente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso quien pidió --fue el único Grupo-- ese dictamen, advirtió de la existencia de vicios de inconstitucionalidad. El plazo vence el 15 de junio de 2015, se va a interponer este recurso y ahora les explicaré su contenido.

En primer lugar, algunos de los preceptos de esta Ley sientan las bases para la creación de las llamadas por la Generalitat "estructuras de Estado"; son las disposiciones adicionales números 22, 23, 24, 25 y 26. Son preceptos que tienen por objeto posibilitar que, en caso de separación, se asuman funciones propias del Estado. Estas previsiones se hacen para un supuesto inconstitucional, como sería esa separación unilateral de Cataluña del Estado español.

Pues bien, voy a relatarles qué preceptos se impugnan y por qué.

Disposición adicional vigésimo segunda, Plan Director de la Administración Tributaria de Cataluña. Ese precepto se dirige a crear un plan director que haga posible lo que llaman "Administración tributaria de Cataluña", llamada a gestionar todos los impuestos catalanes, incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior. Con esta norma se están vulnerando artículos de la Constitución, como los que afectan a la reserva del Estado en materia de Administraciones Públicas y relaciones internacionales; además del artículo 1, 2, 9 y 168 de la Constitución Española: soberanía, autonomía, igualdad de los españoles y, digamos, vulneración de los preceptos que, en su caso, deberían usarse para promover una medida de esta naturaleza: la reforma de la Constitución.

Llamo su atención sobre este punto, porque hoy también se han conocido algunas propuestas de acuerdos en algunas Comunidades Autónomas tendentes a la creación de administraciones tributarias propias. Y yo quiero recordar, y quiero recordarles a quienes están pactando, algunos de los cuales, además, son partidos de dimensión nacional, que la creación de agencias tributarias propias para la gestión de los impuestos que excedan de lo previsto en la Constitución puede seguir esta misma vía de impugnación.

Disposición adicional vigesimotercera: Inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña. Con esto ¿qué se hace? Regular un inventario, el patrimonio, es decir, bienes y derechos, de lo que se llaman administraciones públicas de Cataluña con la finalidad de dividir y reasignar los activos y pasivos de las administraciones públicas afectadas. Es inconstitucional porque pretenden inventariar los bienes de la Administración General del Estado y todos sus activos y pasivos, bajo la premisa de que en alguna ocasión u oportunidad pueden integrar la administración pública de Cataluña.

Por tanto, esta disposición incumple lo que es --no voy a entrar en el respeto a la propiedad demanial o patrimonial de los bienes del Estado y, por tanto, del conjunto de los españoles-- también las normas sobre el patrimonio de las Administraciones Públicas, el las bases del régimen jurídico de las Administraciones Pública, Hacienda general o deuda del Estado; así como, de nuevo, los artículos relativos a la soberanía del pueblo español, a la igualdad de todos los españoles y el respeto a los procedimientos de reforma constitucional.

Disposición adicional vigésimo cuarta: Catálogo de infraestructuras estratégicas. Regula el catálogo de infraestructuras estratégicas entre las que se incluyen, por ejemplo, los sectores del agua y la energía, y sin excluir los aeropuertos y puertos de interés general o las telecomunicaciones. Todo ello con el fin de garantizar -dicen-- la continuidad del servicio y el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas de Cataluña en el caso de una desconexión legal con el Estado. Lo cual, por tanto, es también inconstitucional. Tratándose de infraestructuras estatales, Cataluña no puede siquiera elaborar planes, pues carece de competencia.

Se entienden vulneradas todas las competencias sectoriales aplicadas a todas y cada una de las infraestructuras de competencia estatal en el territorio de Cataluña, además de las reservadas en materia de seguridad pública al Estado. De nuevo, los artículos relativos a la soberanía, la diferenciación con el régimen de autonomía, la igualdad de todos los españoles y el respeto a los procedimientos constitucionales de reforma.

Disposición Adicional vigésimo quinta: Creación de la Agencia Catalana de Protección Social. Se pretende aprobar un plan director de protección social con vistas a la creación de la Agencia Catalana de Protección Social, que asumiría las competencias que la Administración General del Estado ostenta en materia de Seguridad Social y, por tanto la ruptura del principio de "caja única" de Seguridad Social que, en beneficio de todos los pensionistas, residan o no en una Comunidad Autónoma deficitaria en materia de pensiones, como es Cataluña, nos protege a todos cuando nos jubilamos para que se nos reconozca y pague nuestra pensión. Por tanto, vulnera la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, además, desde un punto de vista político, de perjudicar a los pensionistas de Cataluña en esa fractura de la "caja única".

Disposición Adicional vigésimo sexta: Plan Director relativo a los sectores --éstos son sectores, no infraestructuras, ¡eh!; sectores-- de la energía, de las telecomunicaciones, los sistemas de información y el transporte ferroviario. Esto cuando la Generalitat no ostenta competencias regulatorias, ni en materia de telecomunicaciones, ni para establecer un modelo de políticas de competencia, ni de regulación de los sectores de energía, telecomunicaciones y los sistemas de información y transporte ferroviarios. Vulnera todas y cada una de las competencias estatales que se tienen en regulación de estos sectores, además de las reservadas con carácter general en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, que posibilita, entre otras cuestiones, un trato igual entre todos los españoles. Asimismo, vuelve a vulnerar los artículos que regula la soberanía del pueblo español, el régimen de igualdad de todos los españoles y el respeto a los procedimientos de reforma.

Quiero señalar que, respecto a estas disposiciones, el Consejo de Estado ha respaldado la propuesta del recurso por las mismas razones que el Tribunal Constitucional declaró la incompatibilidad de la declaración de soberanía del pueblo de Cataluña con la Constitución. Es decir, que ya hay un principio clarísimamente asentado por nuestro Tribunal Constitucional, que de nuevo ayer volvió a reiterar en la sentencia que por unanimidad conocimos, de que la soberanía corresponde en exclusiva al pueblo español y las competencias del conjunto del pueblo español se ejercen a través del Estado y se ejercen a través de su Constitución. Por tanto, ni la declaración de soberanía, ni las consecuencias de esa declaración de soberanía, entran dentro de la Constitución.

Entre otras cuestiones, también se impugna el artículo 69 de la Ley, que regula una nueva función del Servicio Meteorológico de Cataluña; prestar servicios de abastecimiento de información meteorológica de apoyo a la navegación aérea. La modificación operada es inconstitucional, dado que la navegación aérea es competencia exclusiva del Estado y, por cierto, un asunto de gran sensibilidad en materia de seguridad.

Por último, la ordenación de los equipamientos comerciales recogida en el artículo 95. El artículo 95 impide a los grandes establecimientos comerciales establecerse en unas zonas concretas, frente a otros establecimientos a los que sí se les permite; restricción que no se motiva de ninguna manera ni se justifica por razones de interés general. En este caso, ya no estamos ante el asunto anterior, sentar las bases para la creación de infraestructuras de Estado, pero sí ante una vulneración de la legislación básica del Estado en materia de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Pero, además, es que vulnera el derecho comunitario que impide establecer barreras de esta naturaleza.

Por todo ello se ha solicitado del presidente del Gobierno que interponga el correspondiente recurso de inconstitucionalidad porque, si inconstitucional es declarar la soberanía del Parlamento de Cataluña --así lo ha declarado el Tribunal Constitucional--, inconstitucional es sentar las bases, a nuestro juicio, para ir trabajando en estructuras de Estado que pudiera considerarse soberano.

También se ha solicitado al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en este caso contra el artículo 34 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2005, en lo que afecta a los supuestos de expedientes de ampliación de plantilla o expedientes de creación o restructuración de unidades orgánicas, salvo en los supuestos derivados de un traspaso de servicios o con autorización del Gobierno de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos. Vulnera la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, porque excede de los límites básicos establecidos respecto a la regulación de la masa retributiva de los funcionarios y la oferta de empleo público.

Por último, quiero informarles de que hoy hemos aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y la Comunidad Autónoma de Aragón para definir las actuaciones correspondientes al año 2015 del Plan Integral de descontaminación del río Gállego. En octubre del año pasado se determinó contaminación por un plaguicida llamado lindano. Esta contaminación tiene su origen en residuos depositados en vertederos no impermeabilizados procedentes de una fábrica que estuvo activa entre los años 1975 y 1988. Debido a las fuertes tormentas del pasado mes de septiembre se filtraron aguas cargadas con esta sustancia.

Ante esta situación, el 3 de diciembre del pasado año se suscribió un protocolo entre el Ministerio y la Comunidad Autónoma para desarrollar tres grandes líneas de actuación: la descontaminación de los vertederos y de los terrenos de la antigua fábrica, el abastecimiento alternativo de agua a las localidades afectadas y la descontaminación del río Gállego. El montante de este convenio es importante: se destinarán diecisiete millones de euros a las tareas de descontaminación: ocho millones son los que asume el Gobierno de Aragón, 5,4 millones el Ministerio de Agricultura y el resto, hasta la cifra de los diecisiete millones, la Confederación Hidrográfica del Ebro.

P.- Vicepresidenta, no sé si puede contarnos, desde el punto de vista del Gobierno, cómo se ha gestado la decisión del Rey de revocar el título de duquesa a la Infanta Cristina. ¿Desde cuándo lleva el Gobierno preparando ese Real Decreto? En el caso de que la Infanta decidiera renunciar al orden sucesorio, ¿cómo se articularía esto legalmente?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, se trata de un acto regio, se trata de un acto del Rey. Al Rey es a quien le corresponde conceder y, en su caso, revocar las concesiones de títulos vinculados a la Corona. No obstante, como bien saben, los actos del Monarca, excepto aquellos que sean de naturaleza exclusivamente privada --y, aun así, algunos de ellos también--, tienen el refrendo del presidente o de alguno de los miembros del Gobierno.

Por tanto, es un acto del Rey que refrenda el presidente del Gobierno y que se ha tramitado con arreglo a los Reales Decretos que emanan del Rey; en este caso, por utilización de una potestad exclusiva suya, como es otorgar o revocar la concesión de títulos vinculados a la Corona, que refrenda el presidente del Gobierno.

Algún día me voy a bajar con el abogado del Estado, porque yo de esto… No le puedo hacer un dictamen jurídico, porque el Gobierno no está para eso y, si fuera necesario, en su caso, sí le diré que la Casa tiene suscrito un convenio de colaboración con la Abogacía del Estado para el caso de que necesite asesoramiento de esta naturaleza. Pero sólo le voy a decir una cosa: los derechos sucesorios son derechos personales y le corresponde a quien puede entender que tiene algún derecho de esta naturaleza proceder a su renuncia.

Sí le diré una cosa, aunque esto también es una opinión jurídica prudente: la Constitución establece los que son llamados. En el caso del Príncipe de Asturias lo dice muy claro: quien tiene la condición de Príncipe de Asturias desde su nacimiento o desde que se produce la circunstancia que da lugar a esa consideración es quien ostenta esa condición clarísimamente. Respecto al resto, la Constitución sólo establece un orden, que es el orden regular de primogenitura y representación. Es un artículo que yo les invito a leer y ahí, como verán, son muchísimas las líneas. O sea que, en ese sentido, yo entiendo que sería una renuncia personal exclusivamente.

Pero ya le digo, sin perjuicio de la procedencia profesional de cada uno, no es que yo sea una reconocida jurista en Derecho de la Corona o en otros similares.

P.- Vicepresidenta, visto el mapa local y autonómico que empezamos a conocer con los pactos de gobierno, y confirmadas las alianzas del Partido Socialista con Podemos o con marcas próximas a Podemos, a mí me gustaría saber cómo enfrenta el Gobierno este nuevo escenario político y cuáles son sus preocupaciones, dado que ya en ciudades importantes se constatan esos pactos, y si le preocupan, por ejemplo, las medidas que se empiezan a anunciar en Madrid o en Barcelona.

Con respecto a los cambios en el Ejecutivo prometidos por el Presidente, y teniendo en cuenta que se ha barruntado en los últimos días en medios de comunicación la posibilidad de que la portavocía del Gobierno pasara a otras manos, yo sé que los cambios sólo los lleva a cabo el presidente del Gobierno, pero a mí me gustaría saber si a usted le gustaría seguir siendo la portavoz del Ejecutivo hasta que finalice la Legislatura.

Vicepresidenta.- Mapa local y autonómico. La opinión del Gobierno, y la hemos defendido y yo la he defendido en esta mesa a lo largo de muchas comparecencias, es que para nosotros debe respetarse el principio general de la lista más votada. La lista más votada debe ser quien, al final, pueda formar Gobierno. Lo hemos defendido en todos los ámbitos y lo seguimos así defendiendo porque, además, ésa es una manera de mantener, en cierto modo, la coherencia, porque algunos de los partidos, o algún partido, o algún dirigente de esos partidos, que ha solicitado que se le respetara ese principio, ahora tendrá que explicar por qué, sin embargo, en ayuntamientos donde no se respeta ese principio de lista más votada, con quien pacta ha dejado de ser dogmático o ha dejado de tener unos postulados que, sin embargo, no le servían cuando el principio era el de la lista más votada. Yo creo que la coherencia en política es importante.

En segundo lugar, ¿por qué consideramos que debe defenderse el principio de lista más votada? Porque es el respeto a la voluntad del votante: si un mayor número de vecinos se ha decantado por una opción, no estamos dando satisfacción a esos vecinos que han defendido esa postura, sino precisamente a un sector minoritario de vecinos que tienen otras, sin perjuicio de que los partidos hayan pactado.

En tercer lugar, y en cuanto a los principios que estamos viendo, en determinados sitios, en detrimento de la lista más votada, se apoyan determinadas candidaturas con unos planteamientos más radicales o situados en una posición mucho más extrema. Yo creo que le corresponde al Partido Socialista explicar este posicionamiento, que supone, como digo, apoyar planteamientos de una izquierda mucho más radical, unos planteamientos de izquierda mucho más extremos.

En cuarto lugar, yo sigo insistiendo, y especialmente para los partidos con vocación nacional y que estamos llamados, o al menos estábamos llamados, a alternarnos en tareas de gobierno, en que España tiene que tener unos objetivos de país. El momento es el momento de la recuperación, de asentar las reformas que, con el esfuerzo de todos los españoles, nos están permitiendo empezar a crear empleo de una manera más vigorosa y empezar a repartir entre todos los ciudadanos los beneficios de la recuperación.

Por tanto, yo a ese partido le llamo a la reflexión sobre apoyar partidos o apoyar pactos que puedan debilitar esa recuperación que los españoles merecen después de años de larga crisis y profunda.

¡Huy!, perdone, que encima va a decir que no le contesto la mía. ¡Ya lo que me faltaba! Mire, esto no es lo que queramos los ministros; es lo que decida el presidente del Gobierno. Con lo que aquí las opiniones de cada uno sobran.

P.- Ha hecho usted una advertencia cuando nos relataba el contenido del recurso del Tribunal Constitucional a las Comunidades Autónomas que puedan estar incluyendo en sus pactos medidas inconstitucionales, como podría ser…, Me imagino que haría referencia a la Agencia Tributaria pactada en el caso de Valencia.

Vicepresidenta.- Sí.

P.- Pero mi pregunta va para los asuntos que pueden no ser inconstitucionales, pero que sí pueden ir en contra de la política del Gobierno. Me explico: ¿va a adoptar algún tipo de medidas, de vigilancia normativa o de algún otro tipo, para que los Ayuntamientos y las Comunidades sigan cumpliendo el objetivo de déficit, por ejemplo; el pactado, el que tiene que cumplirse de acuerdo con lo pactado y lo establecido por acuerdos anteriores?

Respecto al recurso que han interpuesto hoy o que interpondrán hoy, ¿con esto la "hoja de ruta" firmada por los partidos soberanistas tiene alguna posibilidad de seguir adelante?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, efectivamente, yo me he referido a pactos de Gobierno, como puede ser el de Valencia, que pueden concretarse en medidas que pueden ser contrarias a la Constitución, y este recurso es un precedente claro.

¿Otro tipo de medidas, y me pregunta usted por el déficit? Es que cumplir la Ley no es una opción, aunque he oído alguno que se lo plantea. Como le apliquemos eso al conjunto de los ciudadanos, fíjese que Estado de Derecho vamos a construir tan efectivo. Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se nos aplica a todos; pero es más, es que nosotros, además, tenemos una serie de mandatos y una serie de compromisos europeos que tenemos que cumplir. O sea, que compromisos europeos y una legislación estatal que establece el cumplimiento y los mecanismos para hacer efectivos ese cumplimiento. Eso se va a aplicar.

Además, voy a decirle una cosa: los Ayuntamientos a lo largo de este tiempo han hecho un esfuerzo extraordinario de saneamiento y de cumplimiento de sus objetivos de déficit, y ha permitido que, una vez solventadas las grandes dificultades de la crisis, esos Ayuntamientos estén en buena situación como para llevar a cabo determinadas actuaciones. Pero uno de los mecanismos que ha permitido devolver a España la confianza, volvernos a financiar y recuperarnos frente a la crisis económica ha sido precisamente la tarea de los Ayuntamientos. Luego, los Ayuntamientos, como cualquier --si me permite-- hijo de vecino en este país, tienen que cumplir la Ley.

Respecto al Tribunal Constitucional y la "hoja de ruta", es que el Tribunal Constitucional ha ido declarando ya inconstitucionales distintos elementos de esa "hoja de ruta", uno tras otro. Primero fue la declaración de soberanía, en la que discutíamos… Aquí, claro, las astucias duran mucho hasta que te las declaran inconstitucionales. Se discutía "ahora una declaración de soberanía de un Parlamento" y discutíamos aquí, hace unos años, no muchos. Me lo preguntaba usted, porque en estos temas, además, afina: "Oiga, pero ¿se trata de una declaración que tiene o no tiene efectos jurídicos?".

Primer elemento de la "hoja de ruta", la declaración de soberanía, declarada inconstitucional; la Ley que afecta a las consultas referendarias o no referendarias, inconstitucional; las consultas ordenadas o por vías de hecho, declaradas ayer inconstitucionales. Hoy, siguiente elemento: "ese paso previo a que en un futuro podamos crear esto…". Pues, mire, el Consejo de Estado ha dicho que, con toda la argumentación que ha dado el Tribunal Constitucional y, en particular, la de inconstitucionalidad de la declaración de soberanía, esto no es posible.

El Gobierno lo que hace es, ante actuaciones que sean contrarias a la Constitución, preservar el Estado de Derecho, que es tanto como preservar la soberanía del conjunto del pueblo español; los derechos de todos los españoles, especialmente el derecho a la igualdad, y el Estado de Derecho, que es lo que nos garantiza que en este país haya una convivencia ordenada con arreglo a lo que dispone la Ley.

P.- Vicepresidenta, insistiendo en este tema de los pactos, esta mañana hemos conocido el apoyo del PSOE a la candidatura en Cádiz del candidato de Podemos, José María González, conocido como "Kichi". ¿Cómo valora el Gobierno este apoyo? ¿Como una asimilación del PSOE de los postulados de la izquierda radical, que está usted diciendo, o como una consecuencia del no apoyo del Partido Popular, en el caso de Andalucía, a la candidatura de Susana Díaz?

Vicepresidenta.- Nosotros hemos defendido que debe gobernar la lista más votada, en uno y en otro caso. Lo que llama poderosísimamente la atención es que, cuando se consigue, por un lado, un apoyo de otros para gobernar, se califique a estas opciones como dogmáticas y, sin embargo, ya no te digo para buscar un apoyo, sino para quitarle el apoyo a la lista más votada, se pacte con dogmáticos, y no es una expresión mía, ¡eh! Desde luego, creo que la lista más votada hay que respetarla; pero, sobre todo, cuando los planteamientos de quien va a gobernar y no ha obtenido ni siquiera la mayoría simple de los vecinos son planteamientos que quien lidera el partido también en esa Comunidad Autónoma considera dogmáticos. ¿Puede explicar si le parece o no dogmático el apoyo a esta candidatura?

P.- Sobre el tema del recurso, por recapitular, ¿he tomado buena nota si puedo concluir que son en total cuatro disposiciones y dos artículos, de lo que ha dicho? Porque ha dicho al principio "varios".

Vicepresidenta.- Sí, ahora mismo se lo digo; se lo leo y así no tenemos ningún problema. Hay dos artículos, 69 y 95, y diversas disposiciones adicionales que, le digo, son: la número 22, la número 23, la número 24, la número 25 y la número 26.

P.- Voy a insistir en la línea de antes, sobre el tema de la crisis inminente de Gobierno que nos anunciaron hace varias semanas, hay un aspecto que sí le toca a usted directamente, y que yo no sé si hoy usted se atrevería a hacer una valoración sobre él, y es que todo el mundo concluye, incluso el propio Presidente, que no se ha hecho bien la labor de comunicación. Estos días atrás, incluso, ha reconocido que eso se tiene que mejorar y que se tiene que corregir. Yo comprendo que esta labor de comunicación, entre otras cosas, es competencia de la persona que comparece como portavoz del Gobierno. ¿Usted ha hecho autocrítica? ¿Cree que ha hecho algo que no está bien, que se podría mejorar? ¿Entiende que hay algo de eso que le corresponde a usted asumir?

Vicepresidenta.- Yo creo que después…, pero ya ni siquiera después de unas elecciones, yo creo que cada día que uno hace su trabajo tiene que hacerse autoevaluación; si no, está uno directamente abocado al fracaso. Y yo, por supuesto, hago análisis y autocrítica todos los viernes cuando salgo de aquí, de lo que les he dicho y de lo que, a lo mejor, no les debería haber dicho.

Mire, yo creo que en política hay que ser muy serios, analizar muy bien las causas de las decisiones, el origen de determinadas situaciones y asumir las responsabilidades, sin ningún problema.

P.- Vicepresidenta, sobre el tema de la Infanta, me gustaría saber cuándo firmó Rajoy el Real Decreto. Usted ha dicho que lo tiene que refrendar y entiendo que, cuando lo refrenda, comparte la decisión. Y también me gustaría saber si al Gobierno le parece una buena medida de regeneración democrática. Eso por un lado.

Por el tema de los cambios, le quería también preguntar si le parece oportuno y bueno hacer cambios a unos meses de las generales, porque hay gente dentro del Partido Popular que opina que se deberían haber hecho hace un año, tras las europeas.

Luego, ¿usted espera refuerzos para la portavocía?

Vicepresidenta.- Sobre la última de las preguntas, es que se lo dije ayer a las nueve, lo dijo el presidente a las cinco y sólo le puedo decir lo mismo: es que no nos corresponde a nadie. Todo el mundo puede opinar --con lo que enlazo con la penúltima--, pero es que la decisión es de una sola persona. Además, cuando uno toma decisiones, todas las decisiones tienen sus pros y sus contras. Entonces, siempre podemos verle el contra. Bueno, unos verán el contra y otros verán el pro. Pero, como a mí no me corresponde ni decidir ni el cómo ni el cuándo, nada más le puedo decir que lo que ya llevamos diciendo toda la semana.

Sobre la primera de sus preguntas, el presidente del Gobierno refrenda; es decir, el presidente del Gobierno asume --eso es lo que significa el refrendo-- la responsabilidad de los actos regios. Eso es lo que significa el refrendo, en el momento en que el Rey toma esa decisión. Es --iba a decir "personal", porque ése no es el término-- exclusiva del Rey y, desde luego, es a él a quien le corresponde tomarla, y a nadie más. Así es como lo ha hecho y es como él lo ha decidido, y tiene, desde luego, el refrendo del presidente del Gobierno.

P.- ¿Cuándo se firmó el Real Decreto?

Vicepresidenta.- Yo le paso un montón de portafirmas. No le puedo decir la hora. El trasiego de portafirmas de un sitio a otro… Pero, si me lo pregunta por lo que yo interpreto que me lo pregunta, la Casa creo que ha dejado bien claro eso que usted pretende concluir a partir de mi respuesta.

P.- Quería preguntarle si el Gobierno sigue confiando en las posibilidades del ministro de Economía, Luis de Guindos, para presidir el Eurogrupo, porque hay informaciones que apuntan que el actual presidente cuenta con mayoría para revalidar el cargo.

En segundo lugar, sobre los cambios quería insistir. Ya sé que corresponden al presidente del Gobierno, pero quería saber si el Presidente les ha dado alguna pista de cuándo pueden producirse y si el próximo viernes, en el Consejo de Ministros, puede haber nuevos ministros.

Vicepresidenta.- El señor Luis de Guindos ha presentado su candidatura y todos vamos a trabajar para defenderla y para procurar que así sea.

¿Qué quiere que le diga? El presidente del Gobierno toma la decisión y esto es serio. Aquí nosotros no vamos pidiendo pistas ni ninguna cuestión tal. Tomará la decisión cuando considere oportuno y se formalizará en la forma que estime conveniente. Como comprenderá, en los Gobiernos y en las Administraciones las decisiones se adoptan no por pistas.

Gracias.