Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Hoy se envía a Cortes el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude tributario. Quiero recordarles que la reforma de la Ley General Tributaria introduce distintas medidas en la lucha contra el fraude, como es la publicación del listado de los deudores de mayor cuantía o de aquellos que hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la Hacienda pública. Como bien recordarán, parte de esa Ley tenía contenido orgánico; por tanto, se requirieron otra serie de informes y será enviada a las Cortes para su tramitación, en paralelo al resto de la reforma de la Ley General Tributaria.

¿De qué medida estamos hablando? De una medida destinada a incentivar el ingreso y la transparencia en el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda pública. Se autoriza la publicación de la lista de contribuyentes con deudas y sanciones tributarias, pendientes de ingreso, superiores a un millón de euros que no hayan sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario. Para evitar perjuicios indebidos como consecuencia de la incorrecta inclusión en el listado de deudores, se concede a los interesados un trámite de alegaciones con carácter previo a la publicación. Aquellos que a 31 de julio de 2015 cumplan con los requisitos que establece la Ley aparecerán en la primera lista de deudores; por tanto, los contribuyentes que quieran evitar aparecer en esa primera lista deberán efectuar el ingreso antes de esa fecha.

Lo que hacemos hoy con este Proyecto de Ley es regular el acceso y publicidad de esa información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal para dar publicidad parcial a los datos identificativos de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda pública. Se introduce, por tanto, un nuevo artículo, el 235 ter, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

¿Qué sentencias, con esta Ley Orgánica, van a ser publicadas? Como decía, delitos contra la Hacienda pública; delitos de insolvencia punible, cuando el acreedor sea el Erario público; y delitos de contrabando. Y se regula el acceso público a estas sentencias con estas características: se da publicidad a las sentencias firmes, solo a aquellas, por tanto, que sean jurídicamente inatacables: lo considerado probado en y por una resolución judicial. Por darles algún dato, en el último año, en 2014, se han resuelto en torno a 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda pública por resolución firme.

Se trata de una publicación parcial, únicamente de aquellos aspectos necesarios para cumplir con la finalidad que se persigue, respetando los derechos fundamentales del honor a la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Además, quedan salvaguardados los derechos de otras personas que hubieran podido tener alguna intervención en el proceso, pero que no estén afectados por el fallo, por la condena.

Se hará mediante certificación del secretario judicial en el Boletín Oficial del Estado. Los datos gozarán, además, de la garantía adicional que supone la aplicación de la normativa específica en el Boletín Oficial del Estado, impidiendo un tratamiento indebido de los mismos gracias a la indexación de datos.

Es una medida de carácter procesal y no sancionador, teniendo en cuenta el informe del Consejo General del Poder Judicial.

Como novedad en este Proyecto, el condenado podrá evitar la publicidad si repara el daño causado. Para lograr un tratamiento tributario de las situaciones previstas en la normativa tributaria, y conforme a las recomendaciones establecidas en el informe del Consejo General del Poder Judicial, en esta última fase de tramitación se ha introducido --ésta es la novedad-- la posibilidad de evitar la publicidad en los casos en que antes de la firmeza de la sentencia se hayan satisfecho o se hayan consignado las correspondientes cuantías defraudadas por todos los conceptos, el perjuicio causado a la Hacienda pública por todos los conceptos.

También hemos aprobado, y por eso me acompaña la ministra de Empleo, medidas en esta materia. Por primera vez en nuestro país asistimos a la creación de empleo por encima, incluso, de la cifra de ritmo de crecimiento y hemos asistido a creación de empleo aunque las ratios de crecimiento no fueran al principio muy elevadas. Se ha hecho en un momento en que había superávit en cuenta corriente gracias a un conjunto de reformas que han sido claves en este punto. Hoy se hace análisis, evaluación y balance, y se completa una reforma esencial, como es la reforma de las políticas activas de empleo.

En primer lugar, se ha autorizado la celebración de un contrato, de casi 42 millones de euros, del Servicio Público de Empleo Estatal con agencias de colocación para que colaboren en la inserción de personas desempleadas. En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto para establecer el régimen de autorización y actividad de las empresas de trabajo temporal. El objetivo es llevar a cabo o completar las medidas que se han adoptado en materia de activación para el empleo y, por eso, la Ministra ha presentado un informe completo en el Consejo sobre la Estrategia en materia de activación para el empleo, que les detallará a continuación.

Otro asunto importante. Hoy se ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la firma del tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América del 1 de diciembre de 1988 y sus enmiendas. ¿Qué supone este acuerdo? Que se hace permanente el despliegue en la base de Morón de una fuerza de 2.200 militares y 500 civiles, más 26 aeronaves. Por tanto, es un incremento respecto a los niveles anteriores. Los niveles temporales para la base aérea de Morón también se incrementan en un máximo de 800 militares y 14 aeronaves adicionales.

Este tercer Protocolo de Enmienda tiene como objetivo contribuir a la estabilidad regional y a la seguridad común en África, Europa y Oriente Próximo, mediante la autorización del despliegue permanente de una fuerza de respuesta de crisis en la base aérea para proteger a ciudadanos e instalaciones de los Estados Unidos de América y de España, así como de otros Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte.

Este acuerdo será firmado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que el domingo llegará a España y que el lunes tiene previsto reunirse, entre otros, con el presidente del Gobierno en Moncloa.

Quiero destacar que la soberanía queda garantizada por la vigencia del artículo 2 del Convenio, que exige autorización del Gobierno español para todas las operaciones unilaterales de los Estados Unidos. Para operaciones bilaterales o multilaterales se exigen consultas previas entre los ministros de Defensa.

En la negociación del acuerdo el Gobierno ha insistido, especialmente, en las cuestiones que tienen un impacto local en materia de inversiones y de empleo. Para ello se han negociado entre los Ministerios de Defensa respectivos y se recoge la intención estadounidense de invertir veintinueve millones de dólares en obras de infraestructuras en la base, con el empleo adicional que esto supone.

Por otro lado, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hemos aprobado dos Reales Decretos con los que se completa la reforma del sistema universitario para mejorar la calidad, la internacionalización y la especialización. Se trata del Real Decreto por el que se regula la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el Real Decreto de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de Universidades y Centros Universitarios

Con el primero de ellos se modifica el sistema actual de selección y promoción del profesorado a las Universidades españolas para hacerlo homologable al aplicado en otros Estados, para mejorar los niveles de calidad docente e investigadora. Se sustituye la actual acreditación universal por la acreditación por ramas de conocimiento; se da una mayor relevancia a la calidad de la investigación y de la docencia, a la transferencia de conocimiento y a la experiencia profesional. Se siguen algunas de las recomendaciones de la Comisión de Expertos para la Reforma Universitaria.

El segundo de los Reales Decretos, sobre Universidades y Centros Universitarios, responde a la necesidad de revisión y actualización de su regulación, que data de 1991. Lo que se establece es una revisión completa de las exigencias administrativas y organizativas de creación de Universidades y Centros Universitarios, se flexibiliza el número de títulos que puede tener cada Universidad y se actualiza el porcentaje de doctores para impartir grados. Se permite una mayor especialización de las Universidades y se sustituye la exigencia de ofrecer ocho títulos, al menos tres de los cuales deban ser de segundo ciclo, y al menos uno de ciencias experimentales y estudios técnicos, por otro más flexible de ocho títulos de grado y máster. Se regula la acreditación institucional, de acuerdo con las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, se adaptan requerimientos de las enseñanzas en el ámbito de la salud y se añaden nuevos elementos de supervisión y control.

Por otro lado, y en cumplimiento, por un lado, de la Ley de Apoyo a los Emprendedores y, por otro, de las reformas de la Administración para mejorar las relaciones con los ciudadanos y las facilidades a la hora de llevar a cabo determinadas actuaciones, hemos aprobado dos Reales Decretos: uno por el que se regulan los estatutos tipo y la estructura pública estándar de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que es un modelo, como bien conocen, muy utilizado en nuestro sistema; se aprueban un modelo de estatutos tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la bolsa de denominaciones sociales con reserva.

¿Qué supone esto? Se regulan aspectos esenciales para la constitución telemática de Sociedades de Responsabilidad Limitadas, dirigidos a agilizar --es un objetivo que ha sido base en toda la Legislatura-- el inicio de la actividad emprendedora y mejorar la competitividad de nuestro modelo económico. Por tanto, desarrollamos lo que establecía la Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización. Se prevé la constitución de Sociedades de Responsabilidad Limitada con escritura pública y estatutos tipo mediante un documento electrónico único, y a través de un sistema de tramitación electrónica, del Centro de Información y la red de creación de datos denominada CIRCE. Por tanto, se consiguen plazos brevísimos de otorgamiento de escritura pública (doce horas hábiles) y calificación e inscripción en el Registro Mercantil (seis horas hábiles), asumiendo los estatutos tipo previstos en el Reglamento.

La norma aprobada hoy establece la regulación de las especificaciones y condiciones de la escritura pública de constitución, de manera que puedan utilizar un mismo modelo estandarizado que permita, tanto a notarios como a registradores, cumplir todos los requisitos en ese plazo tan reducido. También contempla la puesta en marcha de la Agenda Electrónica Notarial, que entrará en funcionamiento en un plazo de tres meses y contendrá el calendario de disponibilidad de los notarios para hacer una escritura de constitución de sociedades, con lo que se permite la reserva de citas.

También para facilitarle la vida al ciudadano, se amplía el plazo de vigencia de los certificados electrónicos del Documento Nacional de Identidad. Como saben, los Documentos llevan incluido el certificado electrónico. Pasa de tener una validad máxima a cinco años; actualmente la máxima era de dos años y medio. Cada dos años y medio había que renovar el certificado electrónico, ahora tendrá la vigencia del Documento Nacional de Identidad: cinco años.

Cada año unos 4,5 millones de ciudadanos renuevan su certificado electrónico; por tanto, al ampliar el período de validez se reducen todas estas cargas. Con esta ampliación se ahorran 72 millones de euros, 16 euros por ciudadano. Además, al pasar de los treinta meses actuales a sesenta meses, en muchas ocasiones el ciudadano va a hacer coincidir con la caducidad de su documento físico el certificado asociado al DNI y, por tanto, no tendrá que desplazarse varias veces a la oficina.

El Documento Nacional de Identidad, como saben, y sus certificados de firma electrónica permiten a los ciudadanos su identificación de forma presencial, pero también virtual, y posibilita a sus titulares firmar digitalmente documentos electrónicos con la misma validez legal que tiene la firma manuscrita realizada sobre el papel. Ahora podrán hacerlo con un solo trámite cada cinco años.

También hemos aprobado en el Consejo de Ministros la distribución de un crédito de 4,18 millones de euros entre Comunidades Autónomas para garantizar el desarrollo de la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. Además, se ha acordado el reparto de otro crédito de un millón de euros, que se incluye por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, destinado a apoyar a Comunidades Autónomas en el desarrollo y puesta en marcha de medidas de apoyo personalizado. Se trata de un reparto que se ha acordado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. De este crédito de 4,18 millones se destinarán 1,2 millones a la atención especializada a menores expuestos a violencia de género --por lo tanto, se incrementa el presupuesto destinado a esta cobertura-- y el resto, casi tres millones, están destinado a programas y prestación de servicios que garanticen una asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, en el capítulo de ceses, quiero informarles del cese de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que, como saben, ha sido elegido directora general adjunta de Educación en la OCDE y que tiene que incorporarse ya en esta tarea en los próximos días. Queremos agradecerle su trabajo en una legislatura en la que se han llevado a cabo importantes reformas, y ahora veremos alguna de ellas, en materia educativa.

Finalmente, ha sido cesado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellanos, tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial.

Sra. Báñez.- Muchas gracias, Vicepresidenta. Muy buenas tardes ya a todos.

He presentado, en nombre del Ministerio de Empleo, un informe sobre la Estrategia Española de Activación para el Empleo y la situación actual del mercado de trabajo en España es que se crea empleo en España. España crece y crea empleo, y, además, lidera el crecimiento y la creación de empleo en la zona euro; pero somos muy conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer y muchas oportunidades que encontrar a las más de 4.300.000 personas que todavía permanecen en las listas del paro registrado de los servicios públicos de empleo.

Hoy hay 4.333.000 personas paradas en los registros oficiales; pero la variación interanual es del 7,5 por 100, se ha reducido en 351.000 personas el paro en el último año y la buena noticia es que la afiliación a la Seguridad Social supera los diecisiete millones de afiliados y en el último año se crearon 578.243 empleos, a un ritmo del 3,52 por 100 interanual en abril de 2015.

También quería señalar que la reducción del paro entre los jóvenes menores de treinta años es mayor que en la tasa de desempleo general. El paro entre los menores de treinta años baja a un ritmo superior al 9 por 100; por tanto, también es una buena noticia, aunque nos queda mucho camino por recorrer.

El objetivo para el Gobierno y el objetivo para la sociedad española es seguir creando empleo e incorporar cuanto antes a los desempleados al mercado de trabajo. Este año, como conocen bien, la estimación del Gobierno es que se van a crear seiscientos mil empleos en nuestro país y el reto, el desafío que tenemos como sociedad, es llegar a los veinte millones de ocupados en la próxima Legislatura, entre ésta y la próxima Legislatura.

Vamos en la buena dirección; pero somos muy conscientes de que, para que esas oportunidades lleguen a los parados que hoy todavía permanecen en los registros de desempleo, tenemos que atender también al perfil de esos desempleados en nuestro país. La formación es clave para la empleabilidad y para volver al mercado de trabajo los desempleados. De hecho, la tasa de paro entre aquellos que tienen menor formación es superior a la tasa de desempleo entre los que tienen mayor formación. Por tanto, la Estrategia de Formación para el Empleo, la estrategia de formación integral para los trabajadores, es clave en el futuro para que ganemos ese tiempo al tiempo que tenemos que ganar para devolver las oportunidades a los desempleados españoles.

El conjunto de políticas activas de empleo tiene un presupuesto anual muy fuerte. De hecho, en el año 2015 lo presupuesto son 4.764 millones de euros, recursos a disposición de la creación de empleo. Con respecto al año anterior, además, se han incrementado, por esfuerzo del presupuesto del Estado, un 17 por 100 esos recursos para las políticas de empleo; esas políticas que compartimos de manera coordinada y solidaria las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

La Estrategia de Activación para el Empleo es un conjunto de reformas que están en marcha desde el año 2012, después de la reforma laboral, y son también muy importantes: son la palanca adicional a la reforma laboral para devolver las oportunidades a los españoles. A nosotros, desde el Ministerio, nos gusta llamarla "la reforma silenciosa del mercado de trabajo" porque, quizá, es menos conocida. Ha sido una reforma progresiva y que ha tenido mucho que ver con la negociación, el diálogo y la coordinación permanente con las Comunidades Autónomas, y también con los interlocutores sociales; pero, sin duda, es un conjunto de reformas clave, como decía, una palanca complementaria a la reforma laboral para dar oportunidades en el mercado de trabajo a tanta gente que todavía en nuestro país no las tiene.

Estas políticas de activación son las que van a acelerar la vuelta al mercado de trabajo de tantos desempleados en nuestro país y se constituye ese presupuesto en diferentes campos: unas son acciones formativas, que son los 2.082 millones de euros; otros los dedicamos a bonificaciones, bonificaciones que van directamente a dos objetivos fundamentales: en primer lugar, favorecer el empleo de calidad, el empleo estable, en nuestro país, por tanto, la contratación indefinida; y, en segundo lugar, y muy importante, favorecer la vuelta al mercado de trabajo de aquellos colectivos más vulnerables. Me refiero a los jóvenes, me refiero a los mayores de 45 años, sobre todo parados de larga duración, y me refiero también a las mujeres y a todas aquellas personas que están en riesgo de exclusión social.

Además, hay otros programas importantes que son de orientación, de modernización y de colaboración público-privada, que también cuentan con recursos desde la Administración General del Estado.

Desde el primer momento, insisto, desde el año 2012, y hasta el día de hoy, hemos trabajado en el ámbito de esta Estrategia de Activación en seis grandes ejes que me gustaría recordar.

En primer lugar, en la coordinación y la modernización. Tenemos hoy en España una Estrategia Española de Activación, por primera vez; nunca había habido una estrategia española, nacional, de todos, es decir, de Comunidades Autónomas, de Gobierno y de interlocutores sociales, pactada y colaborativa. Lo hemos hecho juntos y estamos trabajando sobre objetivos comunes, insisto, por primera vez en toda nuestra historia democrática, con planificación plurianual. Por primera vez vinculamos los recursos a los resultados que establecemos en conferencia sectorial, entre todos y por unanimidad. Y también es una política en la que los recursos públicos se utilizan de manera transparente y se evalúan todos los años, y de manera permanente.

En segundo lugar, otro gran eje de actuación de las políticas activas son aquellas políticas a favor del empleo juvenil, que es uno de los colectivos más atacados por la crisis y que han tenido menos oportunidades donde la crisis. Ahí tenemos un doble programa, que conocen bien: la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que fue el primer pacto social de esta Legislatura que hicimos con los interlocutores sociales, que se firmó aquí, en Moncloa, y que también lo hicimos con las Comunidades Autónomas; y luego el sistema de Garantía Juvenil Europea, que fue un programa complementario que se puso luego en Europa en marcha después de nuestra Estrategia española.

Como les decía, un conjunto de bonificaciones que responden ahora a un diseño más eficaz.

En cuarto lugar, la formación. El eje de formación ha sido para nosotros uno de los más importantes dentro de las políticas activas y desde el primer día trabajamos con el Ministerio de Educación en la implantación en nuestro país de la Formación Profesional Dual, que está siendo un elemento clave para que los jóvenes puedan trabajar y formarse a la vez desde el primer momento. Hay, digamos, dos caminos para la Formación Profesional Dual en nuestro país: uno es el camino de la Formación Profesional clásica del Ministerio de Educación, que hace convenios con empresas en su ámbito de actuación, y otro camino, que es el que me toca a mí contar esta mañana, que es el camino del Ministerio de Empleo, es el contrato de formación y aprendizaje que cambiamos con la reforma laboral.

Por tanto, Formación Profesional Dual, el primer gran eje en el ámbito de la formación, y el segundo gran eje, que responde al derecho que tienen hoy en España, después de la reforma laboral, todos los trabajadores, es el derecho a la formación permanente. No existía en nuestro Estatuto de los Trabajadores ese derecho, lo hemos desarrollado y está en las Cortes Generales la reforma de la Formación Profesional para el empleo, que es clave, como decía, para la empleabilidad de los trabajadores.

Por otra parte, en el ámbito de las políticas activas hay otro eje, el quinto eje, que es la vinculación entre las políticas activas y pasivas. Ahí hemos hecho un especial hincapié en la importancia de la activación y lo hemos puesto de manifiesto en la aprobación de los últimos programas para desempleados, como son el PREPARA o el Programa Extraordinario de Activación que acordamos con los interlocutores sociales el año pasado.

Por último, el eje de intermediación. La idea era que la colaboración público-privada en España fuera una realidad y que todo aquel que pudiera ayudar a buscar oportunidades a los desempleados lo hiciera en nuestro país. Para eso hicimos dos grandes actuaciones: una, un Portal Único de empleo y de Autoempleo en España, por primera vez también en toda nuestra historia económica, y, en segundo lugar, un acuerdo marco de intermediación que hicimos en 2013 con Comunidades Autónomas para trabajar juntos en el mismo Programa marco o Acuerdo marco de intermediación.

A partid de 2012, como les decía, se han puesto en marcha todos estos ejes. Ya todos están en marcha, funcionando, y todas las reformas implantadas también, y me gustaría compartir con ustedes en cada uno de los ejes algunos de los resultados.

En el primero, en la coordinación, planificación y modernización de los servicios públicos de empleo, quiero destacar que la orientación de recursos a resultados, a través de esa evaluación permanente sobre unos objetivos comunes que fijamos en conferencia sectorial, ha ido creciendo año a año. En 2015, este año, los recursos que se reparten en función de objetivos son el 60 por 100 del total de los recursos y el año que viene ya hemos aprobado en la última conferencia sectorial que serán el 70 por 100. Pues, bien, hoy les puedo decir que las Comunidades Autónomas han mejorado su gestión en el 71 por 100 de todos los indicadores de seguimiento de objetivos; es decir, todas han avanzado durante todo este tiempo al vincular recursos a resultados y objetivos comunes.

Por otra parte, tenemos otro instrumento que conocen bien, que lo presenté en otro Consejo de Ministros anterior, una Cartera de Servicios Común, que es la atención que se da a cada desempleado en cualquier parte del territorio nacional. Hay una cartera mínima de servicios al desempleado en la que yo quiero destacar esta mañana los itinerarios personalizados de empleo, que van a ayudar a acertar más en casar oferta y demanda de empleo.

Por otra parte, el segundo eje, el empleo juvenil. Les decía que había dos grandes programas. En primer lugar, la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven, que es para menores de treinta años. Es la estrategia de todos. Digo de todos porque, no sólo fue pactada con los interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas, sino también abierta a la sociedad civil. Hay más de novecientas empresas y entidades adheridas a esa Estrategia y podemos decir hoy que tenemos más de 406.000 beneficiarios de esas medidas de estrategia de empleo y emprendimiento joven.

Además, se implantó el sistema de Garantía Juvenil que fue un programa paralelo que conseguimos implantar en toda la Unión Europea, y ya hay más de sesenta mil personas inscritas en la Garantía Juvenil.

Por tanto, los datos de paro entre los menores de treinta años van siendo cada día mejores. En la última EPA hay 155.000 jóvenes en paro menos que en el cierre del año 2011; por tanto, vamos avanzando en las oportunidades para los jóvenes.

¿Qué financiación tienen los programas de empleo juvenil? Por hacer un repaso también, tenemos en marcha el Programa Operativo de Empleo Juvenil dotado con más de 2.800 millones de euros, de los cuales, 2.361 millones son de dotación europea. El resto corresponde a un complemento que hace motu proprio el Estado español.

Quiero señalar aquí que la batalla que el presidente Rajoy ha dado en las instituciones comunitarias para que se adelantara la prefinanciación de los programas de empleo juvenil ha tenido éxito y hace pocas fechas la Comisión Europea ya anunció el adelanto de ese 31 por 100 de prefinanciación, muy lejos de lo que en principio querían adelantar, que era el 1 por 100 de los recursos. Estamos hablando de que el anticipo total para nuestro país en los años 2014 y 201. Serán 297 millones de euros que se reparten al 50 por 100 entre Comunidades Autónomas y Gobierno de España para hacer políticas a favor de los jóvenes.

Además, como les decía antes, en los incentivos a la contratación hemos apostado, fundamentalmente, primer gran objetivo, por el empleo de calidad, el empleo estable, el empleo indefinido. Pues bien, en marcha pusimos la tarifa plana de cien euros, que ha dado resultado porque ha permitido la formalización de 235.000 contratos indefinidos en ese tiempo, hasta que ha estado en vigor. Como saben muy bien, hace mes y medio se cambió esta tarifa plana por un mínimo exento de quinientos euros para facilitar que aquellos con sueldos más bajos tuvieran mayores oportunidades en el mercado de trabajo o aquellos menos formados tuvieran mayores oportunidades de contratación en el mercado de trabajo. Desde hace esas fechas, desde que está en marcha el mínimo exento de quinientos euros, son 27.000 personas las que se benefician de ese mínimo exento de cotización.

¿Qué radiografía tenemos hoy de los asalariados en nuestro país? El 76,4 por 100, es decir, tres de cada cuatro personas que trabajan, tienen hoy en nuestro país un contrato indefinido; el 76,4 por 100. En el año 2011, diciembre de 2011, eran el 74 por 100; pero quiero resaltar también que en el año 2007, cuando todavía no había llegado la crisis, suponían el 69,2 por 100 los asalariados con contrato indefinido. Por tanto, hemos ido avanzando hacia el empleo estable, pese a la situación de dificultad y de crisis.

Por darles el último dato, la contratación indefinida en los primeros meses del año, hasta abril, ha crecido un 20 por 100 entre las personas que trabajan a tiempo completo en nuestro país.

El cuarto eje, el eje de la formación, que les decía que era muy importante para que los trabajadores tuvieran más oportunidades de volver al mercado de trabajo y también para la competitividad de las empresas. El objetivo estratégico de este Gobierno a medio plazo, y de nuestro país, es competir en talento de innovación; por tanto, la apuesta por el capital humano es irrenunciable. Nosotros no queremos competir en el medio plazo en salarios bajos; queremos competir en talento y en innovación y la apuesta por el talento tiene mucho que ver con la formación de calidad. Por tanto, ese impulso de la Formación Profesional Dual en el ámbito del Ministerio de Empleo, como les decía antes, a través del contrato de formación y aprendizaje, está siendo una buena realidad para muchos jóvenes: 340.000 contratos desde la reforma. De abril de este año a abril anterior ha subido un 24,6 por 100 ese modelo de contratación.

Por otra parte, conocen también muy bien que está en las Cortes Generales la nueva reforma de la Formación Profesional para el empleo, que supone mayor calidad, mayor transparencia, mayor ajuste a las necesidades del tejido productivo y, por supuesto, evaluación permanente. Quiero dar un dato. Una de las claves de la reforma de la Formación Profesional para el empleo es la concurrencia competitiva. Eso lo hemos empezado a poner en marcha desde el año 2012 de manera progresiva y, después de la reforma, los recursos para los planes de formación de oferta son el 100 por 100 a concurrencia competitiva. Pues bien, de las primeras convocatorias con las que abrimos el mercado podemos decir que se duplicaron las ofertas y se redujeron un 20 por 100 los precios de esa formación, con lo cual el resultado ¿cuál es? El resultado es que, con los mismos recursos, va a haber más recursos, porque va a haber una mejor gestión a favor, de verdad, de la formación.

El quinto eje que les decía era la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo. Quisiera resaltar que, entre ellos, el Programa de Activación para el Empleo, ese Programa extraordinario para los parados de larga duración que tienen responsabilidades familiares y que no tienen ningún ingreso. Porque no queremos que nadie se quede atrás en la salida de la crisis por eso está en marcha ese Programa y hay 85.813 personas ya solicitando ese Programa, y está en marcha ese Programa en todas las Comunidades Autónomas y esperemos que les den oportunidades a esos 400.000 españoles que podrían potencialmente recibirla.

Por último, la intermediación. Una de las decisiones que hoy se recogen en el Consejo de Ministros tiene que ver con la intermediación. Aquí pusimos en marcha dos grandes programas:

- Uno, el Portal Único de Empleo y Autoempleo. La fotografía de hoy de ese Portal es que tiene 18.708 ofertas, que dan oportunidades a más de cien mil vacantes en España; es decir, un programa dinámico y hoy, si hiciésemos esa fotografía, es lo que tiene.

- Por otra parte, está el Acuerdo Marco de intermediación laboral que, como les decía, es un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Catorce Comunidades Autónomas se adhirieron a este Acuerdo. Se ha puesto en marcha ya el primer paquete para favorecer que los beneficiarios del programa PREPARA tuvieran oportunidades de trabajo más rápido y el nuevo contrato con agencias de colocación que hoy hacemos, por 41,7 millones de euros, va a favorecer, entre 2015 y 2016, que haya solicitantes y que haya personas con oportunidades en el mercado de trabajo. En total, lo presupuestado son 120 millones de euros en 2015 para las Comunidades Autónomas y el Estado. Aquí quiero señalar que los grandes protagonistas de la intermediación son las Comunidades Autónomas; sólo actúa el SEPE o la Administración General del Estado en el caso de que las ofertas sean para varias Comunidades Autónomas. Y con la dotación de todo el programa se podrán beneficiar 170.000 personas que puedan entrar en el mercado de trabajo entre 2015 y 2016.

Ése es el informe que hemos elevado a Consejo de Ministros.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por diversas reuniones del Presidente; en primer lugar, por la que ya ha mantenido con Luisa Fernanda Rudí. ¿Nos podría contar en qué términos se ha desarrollado y con qué otros "barones" se ha reunido el Presidente o se va a reunir el Presidente?

En segundo lugar, quería preguntarle cuándo se va a reunir el presidente del Gobierno con el líder de Ciudadanos, si esa reunión se produciría en el Palacio de La Moncloa, y, si es así, si también va a recibir al líder de Podemos.

Luego, quería pedirle una explicación o valoración de lo que ha ocurrido con Serafín Castellanos, puesto que ésta sí es una persona que afecta directamente al Gobierno.

Vicepresidenta.- En primer lugar, me pregunta por reuniones que se producen en el seno del Partido Popular, no del Gobierno. Sin perjuicio de que alguna cosa le diga, pero entienda que no forman parte de lo que es la actividad del Gobierno que comentamos sobre esta mesa, porque son reuniones del presidente del Partido Popular, como es lógico, con los distintos presidentes autonómicos del partido después de unas elecciones, en parte autonómicas y, en todo caso, municipales. Como es lógico, es con ellos con los que hay que hacer un análisis y una reflexión en este momento para poner a punto el Partido Popular y preparar los siguientes comicios que se vayan a producir. Y permítame que lo enmarque en ese entorno.

Sobre la siguiente de sus preguntas, que va también en la misma línea, sí le diré que se ha producido una primera toma de contacto, tanto con el líder de Ciudadanos, como el del Partido Socialista Obrero Español, con el señor Pedro Sánchez, pero ha sido eso, una toma de contacto, y se continuarán las conversaciones. Nada más le puedo decir al respecto.

Y a la tercera de sus preguntas, tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial que ha afectado a una persona nombrada por el Consejo de Ministros, se ha procedido a su cese y a su destitución inmediata. Procederemos al nombramiento del nuevo delegado del Gobierno una vez que llevemos a cabo el informe de idoneidad que, como usted sabe, nosotros nos hemos autoexigido a nosotros mismos tras la entrada en vigor del Estatuto del Alto Cargo.

P.- A la Vicepresidenta. Sobre la Ley que permite la publicación de sentencias firmes de defraudadores, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal habían cuestionado su retroactividad, que se aplique a delitos cometidos antes de la entrada en vigor. No sé si esto se ha tenido en cuenta.

No sé si tienen ya resultados de las investigaciones de la Agencia Tributaria sobre filtraciones, por ejemplo la de Esperanza Aguirre, que comentábamos la semana pasada, o el caso de Rodrigo Rato, y si les preocupa la denuncia que ha planteado Rodrigo Rato a la Agencia Tributaria por las filtraciones de sus datos fiscales.

También quería saber si van a fomentar un frente anti-Podemos, como pide Esperanza Aguirre, ante la preocupación de empresarios e inversores.

Y a la ministra Báñez. El ministro Catalá ha dicho que el Gobierno está estudiando ajustes técnicos en la reforma laboral ante la avalancha de sentencias que están cuestionando la reforma, y también hay confusión sobre la ultraactividad de los convenios. No sé de qué manera se articularían estos ajustes, cómo van a ser o si, en el caso de los convenios, se deja a sindicatos y patronal irlo pactando.

Vicepresidenta.- Me pregunta por la retroactividad, en este caso media, de la publicación de las sentencias firmes. Hemos analizado todos los informes que se han producido por la discusión que hay, con diferente planteamiento, entre las distintas instituciones sobre el carácter, que es el primero de los puntos, penal o no de una medida de esta naturaleza. Ésa ha sido la primera discusión técnica-jurídica: si la publicación de una sentencia firme en este ámbito ha de considerarse o no, o ha de tener o no, el tratamiento jurídico de una pena.

La posición entre las distintas instituciones no es la misma. Nosotros hemos considerado, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, que la naturaleza no era la de una pena, del mismo modo que no lo es… Hemos utilizado el precedente que existe en la publicación de algunas sanciones que se imponen en el ámbito económico, donde las sanciones, además, tienen que ser objeto de publicación. En ese caso no tienen la consideración de normas restrictivas, sino que es simplemente para el conocimiento de una determinada situación y con otros efectos diferentes a lo que pueden ser los efectos de una pena en sus distintas vertientes.

Sentada esa consideración sobre su naturaleza jurídica, lógicamente, el tratamiento sobre la retroactividad es diferente. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, en nuestro Derecho existen tres tipos de retroactividades y nosotros hemos optado por una retroactividad media. Esto ¿qué supone? Sería absolutamente retroactivo, una retroactividad máxima, si se empezaran a publicar sentencias que ya han sido dictadas y que han devenido firmes; eso no se va a hacer. Otra posibilidad es publicar, digamos, sólo hechos delictivos que se producen con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, que sería la retroactividad mínima o la no retroactividad. Hemos optado por un concepto que se admite en muchas otras cuestiones, también en el ámbito tributario, que es retroactividad media; es decir, si los hechos se han cometido con anterioridad, pero la sentencia deviene firme con posterioridad, entendemos que puede publicarse.

Hemos asumido el planteamiento, entre otros, del Consejo General del Poder Judicial de permitir al contribuyente que ha sido condenado que antes de que la sentencia devenga firme cumpla completamente, resarza los perjuicios causados al Erario público, a la Hacienda pública, al conjunto de los ciudadanos, y mediante ese pago evitar la publicación.

Pero también, sobre todo, hemos tenido en cuenta un aspecto muy importante: sobre esa base jurídica, que es la que nos ampara y, como digo, viene avalada por el Consejo General del Poder Judicial, yo quiero también que ustedes tengan en cuenta que el tiempo medio de tramitación de las denuncias por delito contra la Hacienda pública, computado desde la fecha de presentación de la denuncia por la Agencia Tributaria --generalmente, ante la Fiscalía--, hasta que la sentencia devenido firme en 2014 y lo que llevamos de 2015; es decir, desde que se registra la denuncia por parte de la Agencia Tributaria hasta que hay una sentencia firme, en el año pasado y lo que va de este año asciende a 2.331 días; es decir, 6,4 años. Si aplicáramos una retroactividad mínima, la norma no entraría en vigor hasta dentro de 6,4 años de media; en algunas Comunidades Autónomas, más tiempo.

Sobre la siguiente de sus preguntas, continúa abierto el expediente y no tengo ninguna información al respecto, ni tampoco puedo aquí, sobre procesos iniciados por particulares, dar más información que la que nos permite la Ley.

En la tercera de las cuestiones, como Gobierno, nosotros consideramos que los ciudadanos han elegido en las urnas y nosotros respetamos esas decisiones. En esta mesa, en otras ocasiones hemos hablado de la posibilidad de llegar a acuerdos, y acuerdos en regulación legal, sobre el apoyo a la lista más votada. Consideramos que eso permite estabilidad y, desde luego, como Gobierno defendemos esa estabilidad. Y, en tercer lugar, como Gobierno, lo que planteamos a todas las formaciones políticas es una cuestión clara: España tiene un objetivo de país, que espero que todos podamos compartir, que es la creación de empleo y la generación de bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Lo que pedimos a todos los partidos es que, en ese objetivo que creo que podemos compartir, se trabaje desde las distintas instancias y desde las distintas Administraciones para que así se produzca.

Sra. Báñez.- Sobre la reforma laboral, tres cuestiones importantes: la reforma laboral está hecha; en segundo lugar, la reforma laboral es plenamente constitucional, como así lo ha señalado el Tribunal Constitucional; y, en tercer lugar, y lo más importante, la reforma laboral funciona, porque está creando empleo en nuestro país con tasas de crecimiento muy moderadas. Además, quiero señalar que esa es la gran revolución, si quieren, de la reforma laboral.

Esta semana he tenido la oportunidad de estar en la OCDE con el Consejo de Embajadores y ha sido muy alabada por todos los países que forman parte de la OCDE. Como dijo el propio secretario general de la OCDE el martes, la reforma laboral española está funcionando y está creando empleo con tasas muy moderadas de crecimiento, algo que era impensable en nuestro país en el pasado.

Por lo siguiente que usted me pregunta es por la ultraactividad. Yo quiero decir que el Gobierno ha sido, es y será siempre muy respetuoso con la negociación colectiva. Es capital para las relaciones laborales en nuestro país. La reforma laboral es respetuosa también con esa negociación colectiva; de hecho, la ultraactividad, tal como se recoge en el texto de la reforma laboral, es de un año en caso de que no haya acuerdo entre las partes, con lo cual la autonomía de las partes, la autonomía colectiva, va por delante y lo que recoge la reforma es, si quiere usted, el último extremo, en caso de que no exista pacto.

Quiero decir que este instrumento de flexibilidad que está a disposición de los interlocutores sociales ha sido utilizado de la siguiente manera desde la reforma laboral: en el 43 por 100 de todos los nuevos convenios sigue pactándose ultraactividad indefinida, el 43 por 100 de todos los nuevos convenios o de los convenios renovados; y en el 62 por 100 de los nuevos o renovados convenios desde la reforma laboral se siguen pactando ultraactividades superiores al año.

Por tanto, es un instrumento, como decía, que no es el importante; el importante es lo que las partes en cada caso sigan adoptando como acuerdo.

¿Qué ha pasado en el caso concreto al que usted se refiere? Ha habido una sentencia del Tribunal Supremo sobre la ultraactividad; por cierto, sentencia que no crea doctrina. Y sobre esta circunstancia los interlocutores sociales, en el marco de la negociación colectiva, han dicho que iban a pensar qué hacer en el caso de que el convenio colectivo ya haya caducado --permítanme la expresión coloquial-- para mantener la normalidad y la paz social hasta la renovación del convenio. Están en su derecho, es su responsabilidad y el Gobierno espera esa solución con ilusión. Vamos, nos parece bien, porque ellos son los que tienen el protagonismo de la negociación colectiva.

Sí quiero aprovechar para decir que en los próximos días se va a firmar el acuerdo de negociación colectiva por parte de los interlocutores sociales. Es una buena noticia para los españoles; es bueno para los trabajadores, porque van a subir sus salarios en función del proceso de creación de empleo, como se comprometieron con el presidente Rajoy en Moncloa en julio del año pasado; es bueno para las empresas, pero también es bueno para los trabajadores que hoy están desempleados, porque queda margen para que vuelvan al mercado de trabajo.

Por tanto, esa firma que se va a producir de ese nuevo acuerdo de negociación colectiva es buena para toda la sociedad española y también, si me lo permiten, lo quería resaltar.

P.- Quería volver a la situación del señor Castellanos para saber si, después de lo que ha ocurrido con el delegado del Gobierno, se plantea el Gobierno alguna otra medida a ese paquete de regeneración democrática que ya se había planteado; si cree que es cuestión, no tanto de medidas, sino de otro tipo de acciones e, incluso, si se plantean --ha dicho usted ahora que el nombramiento del nuevo está pendiente del informe de idoneidad-- cambiar ese informe de idoneidad que no detectó, por ejemplo, en el caso del señor Castellano, que desde octubre pasado llevaba ya una investigación.

Me gustaría saber si el Gobierno, como Gobierno, ha hecho algún análisis de los resultados electorales y, si es así, si considera que el Gobierno tiene alguna parte de responsabilidad en esos resultados y si considera que tendrá que cambiar alguna de sus políticas.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el Gobierno a lo que ha procedido, una vez que se ha conocido esa investigación judicial, esa detención, es a cesar inmediatamente al delegado del Gobierno.

Los informes de idoneidad forman parte… El Gobierno lo que se planteó en todo el paquete de regeneración democrática es un Estatuto del Alto Cargo, donde se establecía una serie de nuevas exigencias a la hora de tomar posesión del cargo, durante el desarrollo del mismo y al final, sobre todo para detectar los cambios en la situación patrimonial de los altos cargos. Esa medida acaba de entrar en vigor; se aprobó en el paquete de regeneración democrática y acaba de entrar en vigor. Por tanto, consideramos que es una medida oportuna que permitirá detectar cuestiones de idoneidad; pero usted comprenderá que las cuestiones las investigan los jueces, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con la Fiscalía, y es cuando se tiene conocimiento. No es posible sustituir esa labor de investigación judicial en estos casos.

¿Qué ha hecho el Gobierno? Conocido que se ha producido esa detención, se ha producido el cese inmediato. Nosotros pensamos que es cómo se debe actuar y así lo hemos hecho.

Sobre la segunda de sus cuestiones, indudablemente, el Gobierno analiza los resultados de todas las elecciones en el ámbito general y en el ámbito particular. Desde luego, hay que hacer un análisis y una reflexión por parte de todos, como ha de hacerse siempre. Yo creo que en las organizaciones y en cualquier organización humana uno debe estar continuamente evaluando y analizando las políticas que ha llevado a cabo, los resultados que ha llevado a cabo, siempre teniendo en cuenta que el objetivo del Gobierno es uno principal, que es la recuperación económica y la creación de empleo.

Hemos hecho otras muchas reformas --acabamos de hablar de una de ellas--porque eran muy necesarias. Hemos aprobado un paquete de regeneración democrática, que nos ha permitido, tanto en el ámbito de los altos cargos, pero también en el funcionamiento de los partidos y en la financiación de partidos políticos, de la que ahora se vuelve a hablar bastante, medidas que están ya en vigor. Se siguen pidiendo, pero ya están en vigor, entre otras cuestiones de reformas. A eso es a lo que el Gobierno se va a seguir dedicando con medidas como las que hoy hemos planteado en el ámbito de la activación en el empleo.

Indudablemente, uno tiene que ser consciente de los resultados, analizarlos, evaluarlos, reflexionar y adoptar las medidas que se considere oportunas, algunas de las cuales, como decíamos ayer, son de la competencia exclusiva del presidente del Gobierno, y ahí no entramos. Pero, por la parte del Consejo de Ministros y del conjunto de los Ministerios, nuestra tarea es, sobre todo, reforzar todo ese tipo de políticas --y hoy se hablaba en esta mesa-- que nos permitan acelerar esa recuperación y que llegue cada vez a más ciudadanos. Yo creo que eso es un elemento también muy importante a la hora de afrontar lo que queda de tarea de Gobierno hasta el final de la Legislatura y también cómo nos presentamos a los ciudadanos de cara a esas elecciones.

P.- Vicepresidenta, a mí me gustaría añadir a la pregunta que se acaba de hacer, y a la reflexión que ha hecho usted, qué conclusiones ha sacado el Gobierno de las críticas que se están vertiendo desde su propio partido hacia algunos ministros, hacia la gestión del propio Ejecutivo. ¿El Gobierno admite que ha cometido algún error a la hora de relacionarse con su propio partido y qué se puede hacer para evitar esa brecha que ahora se percibe bastante grande, por lo menos desde fuera?

Vicepresidenta.- Ayer hablábamos de esa cuestión y desde el Gobierno consideramos que nos toca a todos hacer un análisis y una reflexión serena, muy consciente de la situación que se ha producido y viendo qué medidas hay que adoptar para reforzar las actuaciones del Gobierno, y por supuesto las actuaciones del partido, en todos los ámbitos. Yo creo que eso es previo a cualquier otro tipo de declaración o a cualquier otro tipo de decisión. Ésa es nuestra opinión.

Como Gobierno, lógicamente, se han tomado muchas decisiones, y en un momento no fácil. Éste no ha sido un Gobierno de llegar al poder en la bonanza económica, sino precisamente en la situación contraria, y son medidas complicadas. Indudablemente, en toda organización humana las cosas se pueden hacer siempre de otra manera; pero yo creo que siempre la serenidad a la hora de abordar análisis y reflexiones es buena consejera, también la prudencia.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber si, ante el escenario de inestabilidad de cara a los pactos al que nos enfrentamos, se arrepiente o no el Gobierno de no haber sacado adelante la reforma electoral que permitiría que la lista más votado gobierne y que el Partido Popular llevaba en su programa.

Vicepresidenta.- Yo creo que es una pregunta que podríamos hacernos todos. Siempre hemos defendido, y lo ha dicho el presidente del Gobierno, y no hace muchos días, que nosotros somos partidarios de que las reformas electorales vengan con una base de acuerdo. Dicho lo cual, yo creo que ahora todos los partidos tienen una responsabilidad a la hora de esos pactos y a la hora de esas decisiones, que es valorar cuál ha sido la opción mayoritaria de los ciudadanos y tener muy presente una cuestión que me parece fundamental: a los Gobiernos nos eligen para solucionar los problemas de todos los ciudadanos y para gobernar para todos los ciudadanos, nos hayan votado o no nos hayan votado.

Yo creo que ése es un elemento muy importante y yo también hago ese llamamiento de no exclusión ni de separación. ¿Por qué? Porque todas las opciones de los ciudadanos dentro de la democracia son legítimas, lícitas y merecen el mismo respeto, porque estamos hablando de españoles que tienen su voto, que es exactamente igual al de otro, que tienen derecho a ser respetados a la hora de hacer los pactos.

Yo pido a todo el mundo que gobierne para la totalidad de los vecinos, de los habitantes de esa Comunidad Autónoma o del conjunto de los españoles, como hace el Gobierno de la nación. Creo que es un elemento también a tener en cuenta.

P.- Vicepresidenta, quería hacerle tres preguntas relacionadas entre sí.

Vicepresidenta.- Encadenadas, que se llama ¿no? Preguntas encadenadas.

P.- Eso es, encadenadas.

La Junta de Castilla y León responsabiliza directamente al ministro Soria de haber perdido la mayoría absoluta en esa Comunidad. De hecho, el portavoz y consejero de Presidencia ha pedido directamente la dimisión o el cese del ministro de Industria. En primer lugar, me gustaría saber una valoración. ¿Qué le parece esto?

En segundo lugar, ¿este hecho de que se pida la dimisión de un ministro, sumado a algunas declaraciones que ha hecho el presidente de la Junta Juan Vicente Herrera, puede dañar las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico?

Por último, ¿cómo valora la posibilidad de que Juan Vicente Herrera no llegue ni siquiera a presentarse a la investidura, como ha sugerido que podría hacer que está pensando?

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas dimos ayer cumplida respuesta. Yo creo que, como decía hace un momento, éstos son tiempos para la serenidad y para la prudencia, y yo creo que no son declaraciones ni oportunas ni justificadas. Ese Departamento, además, a lo largo de toda esta Legislatura ha tenido que enfrentarse a algunas de las cuestiones más difíciles que tenía o que nos dejaron al Gobierno de la nación encima de la mesa: no me quiero remontar a más, pero un déficit eléctrico que pesaba sobre los ciudadanos de veintitrés mil millones de euros.

Por tanto, yo hago un llamamiento a la prudencia. En estos momentos cada uno tiene que analizar su propia situación y, si quiere que le diga, el Gobierno procura trabajar, y siempre lo hemos hecho, con cualquier Gobierno desde la máxima lealtad institucional. Así es como lo vamos a seguir haciendo. Hay muchos temas en los que hemos trabajado, y muy bien, con la Junta de Castilla y León, y yo espero que así siga siendo.

Muchísimas gracias.