Madrid
Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido abordados y aprobados hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que, en primer lugar, hemos hecho valoración de las estimaciones que hizo ayer la Unión Europea, Eurostat concretamente, sobre la evolución del crecimiento en la zona euro.
Como ustedes saben, en este primer trimestre de 2015 la economía de la Unión creció un 0'4 por 100, una décima más que el trimestre anterior y en línea con lo esperado. Las perspectivas para el resto del año son bastante positivas e, incluso, se estima que podrían superar o crecer a un ritmo trimestral medio de un 0'5 por 100 y un crecimiento del conjunto del 0,15 por 100
En este sentido, queremos señalar cómo España ha crecido un 0'9 por 100; es decir, el doble de las principales economías de la euro zona, y, respecto del conjunto de la Unión, sólo Chipre y Rumanía tienen tazas trimestrales superiores.
Con estos datos, como digo, los mejores y el doble prácticamente de los que más crecen en este año, con el avance que ha supuesto también en Francia o con el problema de la caída en recesión de Grecia, el Gobierno está decidido a continuar --es otra parte importante-- con el Plan Nacional de Reformas que hemos enviado a Bruselas hace escasas dos semanas.
Hoy se envían a las Cortes dos Proyectos muy importantes para fomentar el crecimiento y la creación de empleo de uno de los sectores que mejor se está comportando en esta crisis y que es responsable, en buena medida, del crecimiento de las exportaciones, que explica, entre otras cuestiones, el avance económico español. Hoy se envían a las Cortes dos Proyectos de Ley para fomentar el trabajo autónomo y la economía social, e impulsar el emprendimiento, tras recibir el dictamen y la valoración positiva global del Consejo Económico y Social.
Por un lado, un Proyecto de Ley que modifica y actualiza toda la normativa del autoempleo, y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo, la economía social y las sociedades laborales y participadas. Con este paquete de medidas, y conforme a las previsiones de crecimiento que acabo de analizarles hace un momento, y que nos suministraba Eurostat, el Gobierno estima que el autoempleo puede crecer en 550.000 personas de aquí a 2019.
El Proyecto de Ley de Autónomos y de Economía Social modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo. Los diferentes incentivos que había en vigor hasta este momento estaban muy dispersos y ahora lo que se hace es recogerlos en un único texto; pero, además, ampliar algunos de los incentivos existentes a otros colectivos y poner en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo, el empleo autónomo y la economía social.
En primer lugar, la ampliación de la "tarifa plana". En relación con la "tarifa plana" para autónomos, la nueva Ley fija la cuantía de la cuota para contingencias comunes a cincuenta euros exactos durante seis meses y amplía el incentivo a los autónomos que inicien actividad por cuenta propia y con posterioridad contraten a trabajadores por cuenta ajena, porque hasta ahora sólo se aplicaba si se daba autoempleo, pero no podía contratar a otros. Nos parece una medida positiva mantener esa tarifa plana, aún en el caso de que después contraten algún trabajador a su cargo. Y extiende los supuestos de la tarifa plana especialmente protegida a las víctimas de terrorismo y violencia de género. Además, en el caso de personas con discapacidad, la reducción de la cotización se amplía hasta doce meses. A día de hoy, se benefician de la tarifa plana para autónomos más de 375.000 emprendedores, en concreto, 377.061 emprendedores.
Segunda oportunidad. El nuevo Proyecto de Ley extiende, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de capitalizar hasta el 100 por 100 de la prestación por desempleo para facilitar la inversión y los gastos iniciales para emprender una actividad por cuenta propia. Es decir, antes estaba limitado por razones de edad; ahora cualquier persona, cualquiera que sea su edad, podrá capitalizar el 100 por 100 de la prestación por desempleo para, digamos, emprender una actividad por cuenta propia.
Refuerzo de los mecanismos de protección de los autónomos. Se introduce la posibilidad de que los autónomos económicamente dependientes, que, como saben, son aquellos que perciben al menos el 25 por 100 de sus ingresos de un único cliente o empresa, puedan contratar, a su vez, a un trabajador en determinadas circunstancias relacionadas con la conciliación de su vida familiar y laboral.
En el ámbito de la economía social, con el objetivo de que se incorporen nuevos socios a las entidades que forman parte de la economía social, el nuevo Proyecto de Ley amplía las bonificaciones a todos los tramos de edad: para los mayores de 30 años, y 35 años si tienen una discapacidad igual o superior al 33 por 100, se crea una bonificación de 800 euros al año durante un máximo de tres; en el caso de menores de 30 años, será 1.650 euros durante el primer año. Por su parte, las empresas de inserción que contraten a personas en situación de exclusión social mantienen una bonificación de 850 euros al año durante un máximo de tres; elevado a la cifra anterior si son menores de 30 años o personas con discapacidad reconocida superior al 33 por 100. Pero, además, se recoge una nueva bonificación en las cuotas empresariales para los trabajadores ya en empresas ordinarias pero que procedan de empresas de inserción.
Sobre el Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, lo que se hace es que se adapta la nueva realidad económica. El nuevo texto define las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en las que los socios trabajadores posean, al menos, el 50 por 100 del capital social y el 50 por 100 del derecho a voto. Como novedad, se incorpora por primera vez la definición de "sociedad participada por los trabajadores", para darle un mayor impulso a esta forma de hacer empresa, y se complementa esta figura de sociedades participadas a las ya existentes, que son cooperativas y sociedades Laborales. Además, se otorga a los trabajadores un mayor protagonismo en la toma de decisiones de la empresa.
El segundo de los proyectos que hemos aprobado es un Real Decreto Ley por el que se modifica la Ley del Cine --que ahora explicará el ministro de Educación, Cultura y Deporte-- y se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el Presupuesto del Estado, así como se adoptan otras medidas de carácter tributario.
Junto a la modificación que se hace en el régimen de ayudas de amortización a la producción del cine, se establecen una serie de créditos extraordinarios para poder llevarla a cabo. En el caso del cine, un suplemento de crédito extraordinario por valor de dieciséis millones de euros para abonar la amortización pendiente de 2014 y las necesidades presupuestarias de 2015. El presupuesto del Fondo de Protección de la Cinematografía en este año será de 52,5 millones de euros.
Pero, además, en este Real Decreto Ley se recogen otras partidas por un importe total de 18.000 millones de euros para distintos Ministerios y con diferente objetivo.
En primer lugar, para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se conceden créditos extraordinarios para posibilitar la concesión a las Comunidades Autónomas de Galicia, Castilla y León y La Rioja de subvenciones para la financiación de determinadas inversiones. El importe total asciende a 168,5 millones.
También se contempla un importe de 17.817 millones de euros, que es el montante principal, para atender a lo dispuesto en la disposición adicional quinta del Real Decreto Ley 17/2014, que establece la aportación patrimonial desde el Presupuesto del Estado al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas para el año 2015; es decir, se establece un crédito extraordinario para dar cumplimiento a los mecanismos de financiación autonómica.
Importante: Ministerio del Interior. Se concede un crédito extraordinario por importe de diez millones de euros para la realización de inversiones destinadas a la lucha contra el terrorismo. Como ustedes saben, uno de los elementos del Pacto contra el Yihadismo era el incremento de una serie de capacidades y recursos para luchar contra este terrorismo. Con estos diez millones se fortalecerán las capacidades y recursos de los servicios de información de las unidades encargadas de la seguridad del Estado, tanto para la prevención, como para la protección, la persecución y la preparación de la respuesta ante esta contingencia criminal.
Al Ministerio de Fomento, un primer crédito extraordinario en su presupuesto de 9,6 millones de euros con destino a SASEMAR, que saben que es la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, para financiar los primeros gastos extraordinarios derivados del hundimiento del buque "Oleg Naydenov".
Ministerio de Industria y Turismo, 225 millones de euros para el programa de incentivos al vehículo eficiente, el PIVE 8, que también se ha aprobado hoy, y que después pasaré a relatar en sus principales características.
Se recogen también los créditos extraordinarios para atender las necesidades derivadas de la situación de la sequía en las Cuencas Hidrográficas del Júcar y del Segura: 20,1 millones de euros en el Júcar y 30 millones de euros en el Segura.
Además, se concede un suplemento de crédito por importe de 95,6 millones de euros para la realización de actuaciones enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación; en concreto, para realizar convocatorias en el marco del Programa anual de Actuación 2015 y en otras actuaciones en materia de I+D+i.
También se recoge un segundo Real Decreto Ley, que éste se tramitará como Proyecto de Ley, por el que se recogen créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856 millones de euros en el presupuesto de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y otras actuaciones del Departamento. Hay un crédito extraordinario de 846 millones de euros para los programas especiales de armamento del Ministerio y, además, se recogen cuatro millones de euros en un suplemento de crédito para la continuación de los trabajos de remodelación de la planta 22 del Hospital Central de Defensa "Gómez Ulla" como Unidad de Aislamiento Hospitalario de Alto Nivel. Se potencia, así, la capacidad de respuesta ante posibles brotes del ébola y otras enfermedades del mismo cariz, reforzando los medios disponibles y estableciendo infraestructuras para atender las necesidades futuras.
En el capítulo de Acuerdos, el Consejo de Ministros ha autorizado también hoy los trámites oportunos para que las obras de construcción del tren lanzadera al aeropuerto de El Prat, en Barcelona, puedan comenzar en las próximas semanas. La inversión prevista por el Ministerio de Fomento supera los doscientos millones de euros y permitirá un acceso más rápido desde el centro de la ciudad. La fórmula escogida es la de colaboración público-privada pues, una vez iniciadas las obras de los túneles y de la infraestructura, que correrán a cargo del Estado, se sacará un concurso para otorgar las construcción de las vías, las instalaciones de seguridad y las eléctricas, así como la explotación del servicio, muy demandado por las instituciones barcelonesas y catalanas. Se estima que será utilizado por entre siete y nueve millones de personas al año.
La lanzadera unirá la estación de Cercanías del Prat con las terminales del aeropuerto y, para ello es preciso, al menos, construir dos túneles complejos y costosos. La reanudación de las obras es posible. Aunque el proyecto se redactó y se adjudicó a una constructora, nunca comenzaron por falta de presupuesto. Lo que hoy se autoriza es que la existencia de esta obra pase a ADIF, ya que no existe la Dirección General de Ferrocarriles, y podamos comenzarlas lo antes posible.
Con la firma de este Acuerdo, de este convenio, una vez que se lleven a cabo las obras del nuevo acceso a la T-1 del aeropuerto de El Prat, en Barcelona, se reducirá a la mitad el tiempo de viaje a la terminal T-1. El tiempo previsto en Metro es de 44 minutos, frente a los 19 minutos estimados en el servicio de Cercanías a la estación de Sans, y tendrá parada en las dos terminales: en T-1 y en T-2. Como decía hace un momento, se espera que sea utilizado por entre siete y nueve millones de pasajeros.
Sigo porque ha sido un Consejo bastante completo. PIVE 8. He señalado que el Decreto Ley recoge los 225 millones de euros para presupuesto disponible. En esta convocatoria lo que se trata de intensificar es la renovación de la flota nacional para reducir la edad media de la misma con vehículos de alta eficiencia energética, favoreciendo el ahorro energético en el sector del transporte y mitigando sus efectos negativos sobre el medio ambiente. El objetivo de estos programas, en su conjunto y una vez que concluya esta edición, la octava, es sustituir un total de 1.185.000 vehículos antiguos por las mismas unidades de vehículos nuevos, consiguiendo unos ahorros anuales de 412 millones de litros en combustible, evitando la importación de más de 2,5 millones de barriles de petróleo al año y la reducción de la emisión de 850.000 toneladas de CO2.
Estos Planes han permitido que el mercado acumule ya diecinueve meses de crecimiento continuado, con un crecimiento del 40,5 por 100 en las matriculaciones de vehículos y todo terrenos en el mes de marzo. En 2014 se alcanzó cerca del millón de nuevos vehículos matriculados.
Por último, hoy, y quiero destacarlo, aprobamos el Plan Integral de Apoyo a la Familia. Se trata de un plan que presentará el ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, pero en el que han participado activamente todos los Ministerios, además de las entidades del movimiento asociativo familiar y el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. Ha sido posible gracias a un trabajo conjunto que incorpora la perspectiva de familia y los principios reactores que deben presidir esta política, especialmente en el área de empleo, vivienda, educación y protección social.
Quiero señalar como cuestión más importante que este Plan de Apoyo a la Familia sigue la senda de apoyo a la maternidad que se adoptó con medidas como la de los cien euros en el IRPF a las madres trabajadoras. En esta edición del Plan Integral de Apoyo a la Familia se recoge una medida similar, esta vez en el ámbito de la Seguridad Social, en el ámbito de las pensiones contributivas. De modo que en el seno del Pacto de Toledo trabajaremos para que las madres con dos o más hijos puedan ver mejorada su pensión contributiva en las prestaciones que reciban a la edad de su jubilación. Con eso, lo que se pretende es un apoyo a la maternidad y a la natalidad, no sólo, como hace el IRPF, durante el momento de la crianza --por llamarlo de alguna manera--, durante los primeros años de vida, sino una aportación…; se entiende que la tenencia es una aportación al sistema y, por tanto, también al sistema de Seguridad Social, que queremos que se vea recompensado en el momento en que se accede a la jubilación.
Como datos del cheque de madres trabajadoras, las deducciones por maternidad --les daré el último dato-- en el IRPF de 2013 ascendieron a 880.305 personas, por un importe de 850 millones de euros, y en 2014, los datos de los contribuyentes superan los 625.000.
Sr. Alonso.- Buenos días a todos. Yo voy a presentar, espero que no muy dilatadamente, el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que he presentado hoy en el Consejo de Ministros y que se ha aprobado.
Ya ha adelantado alguna cuestión, y yo me atendré a explicarla con detalle, la vicepresidenta; pero el Plan a lo que obedece es a un compromiso electoral del Partido Popular y un compromiso de gobierno del Partido Popular. Nosotros prometimos que íbamos a hacer un Plan de Familia. El único Plan de Familia que había existido hasta ahora en la democracia española fue el Plan de Familia 2001-2004, durante el Gobierno de José María Aznar, también un gobierno del Partido Popular. Desde entonces, no ha habido esa visión de integrar las políticas de familia o la política de protección de familia dentro de un Plan, o quizás pretendidamente no se quiso hacer desde un punto de vista político.
Para nosotros, dar importancia política, dar importancia social, es reconocer el papel de la familia como institución básica de articulación social, y también especialmente después de estos tiempos de crisis dura que hemos vivido y que todavía golpea a la sociedad española, reconociendo también el papel de red de protección básica de las familias, y, por tanto, lo que han ayudado también a que muchas personas hayan podido superar o hayan podido sobrevivir en circunstancias muy duras. La familia ha sido siempre importante, pero nos hemos dado cuenta todavía más en tiempos difíciles de lo importante que es. Por tanto, está en nuestra seña de identidad política la defensa de la familia y su fortalecimiento.
Este Plan se ha venido elaborando durante varios años, un par de años; por tanto, debe mucho también a mi predecesora, como es natural. Ha participado en él prácticamente todo el Gobierno. Hay nueve Departamentos ministeriales que han estado muy directamente vinculados en una Comisión que ha estado trabajando pero, prácticamente, como decía, ha trabajado todo el Gobierno y eso responde a otra de nuestras ideas: la familia no es un asunto sectorial, la familia es un asunto de todos, y, por tanto, es una política de primera una prioridad del Gobierno, y tiene que impregnar de manera trasversal todas las actuaciones que hagamos. De hecho, una de las medidas que ya anticipó el presidente del Gobierno, y que viene recogida en el Plan, es precisamente que toda la normativa y todas las disposiciones que apruebe el Gobierno van a tener que ser analizadas desde el punto de vista del impacto sobre la familia.
Como digo, se viene trabajando y, por tanto, el Plan viene a ser la síntesis, la explicación, de una manera ordenada y de una manera estratégica de lo que es la política de apoyo a la familia del Gobierno de Mariano Rajoy. Como lleva este tiempo y como es evidente que también el Gobierno ha venido orientando su política desde el primer minuto al fortalecimiento de las familias españolas, muchas de las medidas que contiene son medidas que ya están en marcha y algunas me detendré a explicar. Son, en concreto, 225 y estimamos que ya el 75 por 100 de las mismas están de alguna manera en marcha o han sido ya aprobadas.
Sin embargo, el Plan tiene una virtualidad y tiene una proyección de 2015 a 2017; pero está exponiendo una política que, en buena medida, ya está puesta en marcha por parte del Gobierno de España y que, sin duda, no podía tampoco esperar a que se terminara de configurar el Plan o a que fuera presentado. Nosotros queríamos que en este año 2015, desde el uno de enero, las familias pudieran estar recibiendo esos "cheques familiares" de la reforma fiscal. Son un elemento central de la política de apoyo a la familia, y por tanto del Plan; pero lo vienen recibiendo desde el uno de enero, como ustedes saben, las familias numerosas, las familias con personas discapacitadas a cargo y las familias monoparentales con dos hijos a cargo. Vienen recibiendo sus "cheques familiares", medida que era una medida importante y que es una medida importante y destacada de este Plan.
El Plan parte de un diagnóstico de la realidad que no se oculta a nadie, que de alguna manera es preocupante, porque, de la misma manera que nosotros vemos muy positivamente que para la inmensa mayoría de los españoles la familia es la institución más valorada en todas las franjas de edad, la institución más valorada con mucha diferencia; la evolución de las familias españolas es que se ha producido y se viene produciendo, y es la tendencia, un incremento en el número de hogares. Ahora mismo hay 18,2 millones de hogares y éste es un incremento muy importante desde el año 2001, en que el número de hogares era apenas 14,2 millones. Ahora son 18 millones y, por tanto, el número de hogares crece mucho, y, paralelamente, va decreciendo el tamaño medio de los hogares que ahora tienen 2,5 miembros de media, pero el año 2001 eran 2,8 de media. Por tanto, esto va bajando.
Se mantiene todavía como mayoritario, sigue siendo el mayor número de hogares, el núcleo familiar formado por una pareja con niños, que es el 34,6 por 100 de los hogares; pero lo que está creciendo son los hogares que están formados por personas solas --éstos son los que crecen más deprisa-- y también los hogares que están compuestos por parejas sin hijos. Los hogares de dos miembros son ya el 30 por 100 de los hogares españoles y, por tanto, la tendencia es: más hogares, más pequeño, más familias sin hijos y más personas que viven solas.
Ésta es la tendencia y yo creo que nosotros tenemos que ayudar a animar a que los hogares sean mayores, a que se constituyan más núcleos familiares y a que aumente la natalidad, porque es evidente que el número de nacidos ha ido cayendo --en 2013 fueron 425.000-- y que nuestra tasa de fertilidad, que no llega al 1,3 por 100, está entre las más bajas del mundo. Está muy lejos de la tasa de reposición generacional, que es 2,1 hijos por mujer. Somos los habitantes del planeta que vivimos más tiempo y tenemos menos hijos, y, sin embargo, vivimos en un país cuyo esquema de solidaridad está construido por la solidaridad entre generaciones. Es decir, tenemos un sistema de reparto de Seguridad Social y de mantener las rentas de millones de personas que dependen de los presupuestos públicos, de lo que han cotizado a lo largo de su vida, que también depende de que esa reposición generacional se vaya a producir.
Por tanto, desde la visión al futuro, éste es uno de los principales problemas y retos que tiene la sociedad española. De todo esto se ocupa el Plan.
Diré algún dato más, no quiero alargarme demasiado. Las mujeres empiezan a tener su primer hijo a los 31,6 años de media; por tanto, ésta es una edad también muy tardía. Parece que hay obstáculos y que no hay incentivos para poder adelantar esta edad, y esta edad va subiendo cada año más. Y casi el 41 por 100 de los nacimientos en España es de madres que no están casadas, es decir, de parejas que no están casadas, lo cual también da cuenta de un cambio social importante que se ha ido sufriendo. Y las parejas con tres hijos, por dar otro dato --no sé por qué les hace tanta gracia; yo soy una pareja con cuatro hijos, una cosa muy rara--, son el 3,3 por 100 de los hogares, o sea, es muy minoritario.
Por tanto, necesitamos dar un impulso a las políticas de familia. Necesitamos de verdad protegerles y de verdad entender que son los que han llevado encima el peso de la crisis; que durante los años más duros, 2008 a 2013, han venido perdiendo renta, han venido perdiendo gasto; y que a partir de 2014 ya la situación se han invertido y ya están volviendo a subir las rentas familiares, está volviendo a subir el gasto medio de las familias, y por tanto, se va aliviando la situación. En esos años 2008 a 2013 sólo subía el gasto de las familias encabezadas por personas mayores de 65 años y eso es consecuencia de la política de apoyo, de protección, al sistema de pensiones que hizo este Gobierno; pero sólo subía en esa medida y ahora está dándose la vuelta.
Por tanto, quería decir que la primera política de apoyo a la familia es la política que apoya al empleo, porque la situación de las familias se ve muy golpeada especialmente por el paro o por las condiciones precarias de trabajo. Apoyar el crecimiento y apoyar al empleo es fundamental.
En ese sentido, el Plan se articula en siete líneas estratégicas. La primera es la protección social y económica de las familias, que tiene que ver también con el mantenimiento de esas rentas. Por tanto, en esta línea hay un bloque de medidas importantes que son también las que más presupuesto conllevan y que es el grueso de los 5.400 millones de presupuesto de gasto o de inversión, más bien, que se prevé este año en política familiar de acuerdo con el Plan. Ahí está estas medidas de la reforma fiscal, pero también están otras medidas desde el punto de vista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como el Plan PREPARA, que, como saben, está prorrogado indefinidamente hasta que la tasa de paro baje, o también los planes de activación para personas con responsabilidades familiares. Son todos programas importantes.
Hay una medida que a mí me parece también destacable y es que el Plan decide la priorización en las políticas activas de empleo para aquellas personas que, efectivamente, están encabezando una familia o tienen una responsabilidad familiar.
La segunda línea es conciliación y corresponsabilidad; flexibilidad, confianza y compromiso como base del vínculo laboral; cambio en la mentalidad de las empresas: que haya flexibilidad para que sea posible conciliar de verdad la vida laboral y personal. También en la Administración Pública, y desde el punto de vista de la Administración, introducimos bolsas de horas recuperables para que los trabajadores puedan conciliar, puedan atender a sus necesidades puntuales y puedan organizar su jornada. Pero creo que esta cultura de flexibilidad hay que ir extendiéndola a todas las empresas.
Hablaba la Vicepresidenta de nuestro apoyo a la maternidad, de nuestras líneas de apoyo a la maternidad, y hablaba de una medida que es novedosa y es lo que más les interesa, porque es lo más novedoso, en el sentido de complementar las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social. Lo que nosotros vamos a hacer es trasladar a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, porque las medidas de Seguridad Social de pensiones han de pasar por ahí, una propuesta concreta, que queremos que se apruebe, que es establecer un complemento a la cuantía de la pensión contributiva para las nuevas altas en pensiones de aquellas mujeres que han tenido dos o más hijos, de forma que el sistema de Seguridad Social reconozca la aportación demográfica de las familias como un elemento clave para la sostenibilidad futura del sistema.
Es decir, queremos reconocer el papel de las mujeres españolas y el papel de las mujeres que han sido madres, y queremos también combatir una doble penalización que sufren las mujeres que han sido madres en su pensión, y que hace que hoy la media de carrera cotizada por las mujeres sea muy inferior a la de los hombres. La media de carrera de cotización de un varón es de 40'6 años y la de una mujer es de 31'3 años, consecuentemente también por la asunción de responsabilidades familiares que pesan sobre las mujeres. Daré un dato: el 98 por 100 de las peticiones de excedencia para cuidado de niños lo realizan mujeres; es decir, no son los hombres los que están pidiendo las excedencias y, de verdad, deberíamos aumentar la corresponsabilidad; pero los hechos son éstos.
La pensión media de un varón que se jubile ahora es de 1.500 euros y la de una mujer es de 1.096 euros. Por tanto, hay un 30 por 100 de diferencia entre las pensiones de mujeres y las pensiones de hombres. Nos parece que esta medida es una medida a favor de la igualdad, es una medida a favor del reconocimiento de la mujer, a favor del reconocimiento de la mujer como madre y a favor también de un compromiso con la sostenibilidad a largo plazo de nuestra sociedad, de nuestro sistema y del mantenimiento de la democracia. Consiste en que todas aquellas mujeres que hayan tenido dos hijos y se jubilen a partir del uno de enero de 2016 verán incrementada su pensión en un 5 por 100; las que hayan tenido tres hijos verán incrementada su pensión en un 10 por 100 y las que hayan tenido cuatro o más hijos verán incrementada su pensión en un 15 por 100. Ésta es la medida de fomento, de apoyo, de reconocimiento y también de lógica del sistema de Seguridad Social que hoy hemos introducido como medida de apoyo a la maternidad.
A partir de ahí, también hay otras medidas en este sentido. Se va a aprobar un plan operativo de apoyo a la maternidad y se va a aprobar un plan de prevención de embarazos no deseados. Tengo aquí los datos de aborto: el 37 por 100 de las mujeres que abortaron en 2013 no era la primera vez que lo hacían y no fueron objeto de atención por parte de la Administración para poder prevenir, o para poder ayudarles, o para que no tuvieran que pasar por ahí. Creo que hay mucho recorrido que hacer en ese sentido para reducir este asunto, reducir este problema, que nos lleva a 108.000 abortos al año. Pero hay que apoyar la maternidad y hay que prevenir los embarazos no deseados, y hay que ayudar también a que las madres lo puedan ser absolutamente con todas las garantías. En ese sentido, hay 62 medidas que caminan en esa dirección.
Hay otra cuarta línea, que llamamos Parentalidad Positiva, que tiene veintiséis medidas para ayudar a los padres y a las madres a criar mejor a sus hijos, y de manera más saludable; pero que tampoco me parece que pueda detallarles ahora, salvo que tengan un interés en que yo se lo cuente con más detalle, pero está a su disposición
La siguiente línea es el apoyo a familias con necesidades especiales y ahí hemos querido abarcar todo el rico panorama de familias y de problemas diversos: familias que tienen enfermos graves; familias con mayores; familias inmigrantes; familias de empleados españoles en el servicio exterior; familias de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, nuevas formas familiares..; de madres reclusas o de madres ex reclusas que tienen niños pequeños. Hay 58 medidas y se dirigen a todos esos colectivos y todas esas particularidades de familias que tienen unas necesidades adicionales o diferentes de lo que es el modelo familiar más numeroso en España, que tiene entre otras medidas, por tanto, como es natural, de apoyo.
A partir de ahí, el Plan introduce todos los elementos para poder ser evaluado, para poder ser seguido en el tiempo, y se plantea también unos deberes muy claros en relación con el análisis de las prestaciones por hijo a cargo, el análisis del modelo de rentas de inserción que existe en España, que no es competencia de la Administración General del Estado, y por tanto, excede el ámbito del Plan, pero que muestra fuertes desigualdades y que yo creo que tiene que ser objeto de un estudio, una evaluación seria y seguramente un pacto posterior con el grueso de las Comunidades. Pero este Plan se dirige al ámbito de competencias de la Administración General del Estado.
Yo creo que es un compromiso potente, es un compromiso fuerte, del Gobierno de España con la familia. Es un reconocimiento del papel de las mujeres, porque las mujeres son la base de la familia y la muestra de que las mujeres son siempre la base de la familia es que, cuando una familia se rompe y cuando una persona queda sola con los hijos, en el 80 por 100 de los casos estamos hablando de una mujer el frente de esa familia monoparental con hijos. Yo creo que hay que reconocer su papel y también la dificultad que eso, a veces, le produce para poder tener una cotización tan intensa como la de los varones, poder tener una carrera larga de cotización, y quizá muchas veces para poder trabajar a tiempo completo.
Me parece que es importante ese reconocimiento y, por tanto, una medida de Seguridad Social que ayuda también, naturalmente al sistema de Seguridad Social. La medida, como es natural, tiene un coste el primer año, que se va incrementando año tras año, pero está encajada dentro del horizonte de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones.
Sr. Wert.- Lo que se ha aprobado hoy, como ha explicado en su introducción la Vicepresidenta, respecto al cine son dos medidas: una, que va dentro del Real Decreto Ley en el que se articula una serie de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, por un importe de dieciséis millones de euros, de los que diez de ellos van destinados a cubrir la insuficiencia de dotación del Fondo de Protección de la Cinematografía, cinco millones a cubrir también la insuficiencia respecto al prorrateo que se realizó en ese Fondo con cargo a los Presupuestos de 2014 y un millón a reponer el capital de la Sociedad de Garantía Recíproca, que con EGEDA tiene constituido para avalar los créditos concedidos.
Pero yendo a lo que es fundamental, el cambio del sistema de ayudas a la cinematografía, como todos ustedes saben, hasta ahora el grueso de ese Fondo de Protección a la Cinematografía lo consumía la llamada ayuda a la amortización, que era un conjunto de cantidades que se destinaban, en términos de cómo lo definía la Ley del Cine, la Ley 55/2007, a amortizar el crédito que el productor había utilizado para hacer la película. Como esa ayuda a la amortización dependía de dos factores que no eran susceptibles de ser conocidos a priori --uno, la inversión efectiva en la película y, en segundo lugar, su retorno en la taquilla, es decir, el hecho de que alcanzara un determinado número de espectadores--, se producían básicamente dos fenómenos: primero, que la producción tendía a acomodarse a aquellas condiciones que le permitían acogerse al Fondo; es decir, tanto en términos de gasto, como de búsqueda de número de espectadores, se buscaba estar en los límites a partir de los cuales se percibían esas cantidades.
Desde ese punto de vista, este sistema ha demostrado ser completamente inservible para dotar de músculo industrial a nuestro cine; es decir, se ha producido un número de películas claramente excesivo. Tengan ustedes como referencia lo que la Unión Europea sostiene acerca de lo que una cinematografía nacional debe producir en relación con su población: la Unión Europea habla de una película por cada millón de nacionales y, desde esa perspectiva, a España le tocarían 46 o 47 películas, que es mucho menos de lo que se está produciendo. Y, desde luego, en términos de capacidad, como decía antes, industrial del cine, no ha rendido los frutos que se esperaban de un instrumento como éste.
¿Qué es lo que cambiamos? Lo cambiamos radicalmente. Sustituimos estas ayudas de amortización por unas ayudas sobre el proyecto; ayudas sobre el proyecto que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, pero atendiendo a una serie de parámetros objetivos que vienen definidos con claridad. Esos parámetros están todos ellos orientados a reforzar industrialmente el cine español. Es decir, se tiene en cuenta la viabilidad del proyecto, tanto en términos de guion, como de esquema de producción; la capacidad de los productores de distribuir y de producir un rendimiento económico importante, es decir, de tener espectadores; el impacto internacional que puede tener la producción; se le da valor a la coproducción y también se introduce, como un parámetro muy importante, el rodaje en España.
En lugar de ser unas ayudas a la amortización de los créditos que se han solicitado y, por tanto, ir destinadas en buena medida, teniendo en cuenta que no se cobran sino pasados como mínimo dos años desde el estreno, y normalmente se cobran tres años más tarde en función de cómo funcionaba el sistema, ahora estas ayudas sirven para la producción y no para pagar los intereses de los créditos que se han pedido para poder hacer las producciones.
Quiero decir que este nuevo sistema es, fundamentalmente, el resultado del trabajo en el que la llamada Comisión Mixta del Cine y el Audiovisual ha venido trabajando desde el año 2012, en la que han participado todos los Ministerios que tienen algún tipo de competencias sobre el cine y la audiovisual, y han participado todos los distintos sectores o subsectores de la industria cinematográfica: los productores, los distribuidores, los exhibidores y los profesionales.
Y quiero destacar especialmente la colaboración que hemos tenido en este sentido de FAPAE y de otras asociaciones de productores, que han sido esenciales a la hora de colaborar con nosotros en la determinación de este sistema.
Como es natural, este sistema tiene un período transitorio en los próximos tres años, en el que van a coexistir las ayudas de amortización, que se refieren a todas esas películas que ya han dado, en términos cinematográficos, su primera vuelta de manivela antes de que se apruebe este primer sistema; y el nuevo sistema de ayudas anticipadas, que comienza a aplicarse a partir de enero del año 2016.
Este sistema, que, como les he dicho, es no sólo el fruto de ese trabajo, sino también el fruto de unas laboriosas, prolongadas, pero finalmente fructíferas, conversaciones con el sector, va a permitir, primero, revitalizar la industria cinematográfica española; segundo, eliminar mucha conflictividad o muchos nichos problemáticos que el anterior sistema producía en términos, tanto de la certificación de los costes, como de la certificación del número de espectadores; y que nuestro cine pueda competir en mejores condiciones con el cine de otros países que disponen de sistemas de ayudas que son más eficientes desde el punto de vista industrial. Y, por supuesto, este nuevo sistema se hace coexistir con un sistema de ayuda al cine no comercial, es decir, al cine, digamos, de valor cultural, y también a los cortometrajes, a apoyar a la industria en la presencia en festivales, etcétera.
Tengo que decir que ésta no es la única medida de fomento de la cinematografía que ha abordado este Gobierno, y que hay que considerarla en el contexto de una política más amplia, que incluye la política fiscal y que, concretamente, en este caso se refiere a las modificaciones en la Ley de Sociedades, que han dado carácter permanente a las deducciones por producción cinematográfica y que han elevado en dos puntos esa deducción.
Como digo, tenemos que agradecer al sector, pero muy especialmente a FAPAE, su colaboración en el diseño de este nuevo sistema, y es voluntad del Gobierno seguir colaborando con el sector para potenciar ese mejor funcionamiento del cine español.
P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por Andalucía; en primer lugar, sobre ese auto judicial que pone en entredicho la adjudicación de las minas de Aznalcóllar. Quería pedirle una valoración y sus posibles consecuencias, puesto que hay mucho empleo en juego.
En segundo lugar, quería preguntarle por la ausencia del Gobierno en Andalucía. Hoy mismo la señora Díaz ha responsabilizado de ello al presidente del Gobierno, incluso a usted. Ha dicho, textualmente, que "el frente del 'no' lo lideran el Presidente y la Vicepresidenta".
Vicepresidenta.- La primera de las preguntas hace referencia a la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar. Sobre este punto quiero, en primer lugar, transmitirle la preocupación del Gobierno sobre este extremo. Ha sido un asunto que a lo largo de esta Legislatura nos ha ocupado mucho. De hecho, el Gobierno de la nación eliminó todos los obstáculos para que fuera posible la adjudicación de la explotación de la mina y, de hecho, aprobamos en el año 2014 un Real Decreto Ley para que pudiera hacerse a la mayor urgencia posible; Real Decreto Ley en el que precisamente exigíamos un proceso abierto de concurrencia competitiva y que comprobara la solvencia científica, técnica y económica-financiera de los solicitantes, no en vano se había producido en el año 1998 un desastre ecológico de importantes magnitudes.
Lo hicimos con agilidad y dándole, digamos, a la Junta de Andalucía las facilidades necesarias para que pudiera llevar a cabo esa adjudicación en términos de legalidad y de concurrencia, porque es un proyecto muy importante para Andalucía. Así nos lo pusieron de manifiesto y así lo valoramos nosotros exhaustivamente.
Ahora nuestra preocupación es doble: por un lado, cómo se ha llevado a cabo ese proceso de adjudicación, porque el auto deja palmario, deja clave, con una claridad que a nosotros nos preocupa y, desde luego, nos asusta, que pueden no haberse seguido ni los más mínimos elementos de concurrencia en una adjudicación de esta naturaleza; y, en segundo lugar, qué va a pasar con ese proyecto, porque la creación de empleo es urgente en cualquier parte de España, pero especialmente en Andalucía, que lidera el ranking, no sólo en España, sino en el conjunto de las regiones europeas, de desempleo.
Entonces, yo creo que la Junta de Andalucía tiene que dar explicaciones sobre este asunto. Los términos del auto son de una gravedad extraordinaria y nuestra preocupación también lo es, en un doble sentido: de un lado, que no se haya respetado en lo más mínimo, como dice el auto, el procedimiento que el propio Gobierno exigía y las Cortes españolas en el Real Decreto Ley, de concurrencia y de absoluta solvencia en una explotación que tiene que cumplir unos mínimos que son imprescindibles; y, en segundo lugar, que esto vaya a suponer un retraso a un proyecto importante para Andalucía y para la creación de empleo.
Es decir, le exigimos a la Junta de Andalucía explicaciones en un doble sentido: en el sentido de la transparencia, de cómo se ha producido esa adjudicación, y le pedimos que colabore con las autoridades judiciales en esta investigación; en segundo lugar, qué perspectivas tiene sobre este proyecto, del que depende mucho empleo en Andalucía y del que está pendiente mucha gente en Andalucía.
Sobre el segundo punto, la señora Díaz es quien decidió convocar unas elecciones. Sobre ese punto no tiene responsabilidad, ya no digo un Gobierno o un partido; una persona, que es quien decide disolver. Quien decidió disolver fue la señora Susana Díaz, que decidió elegir el momento en que disolvía las Cortes. Cuando uno toma decisiones de esta naturaleza, y al menos yo creo que debe hacer así, tiene que ser muy consecuente con lo que puede pasar. No era imprescindible, no era necesario, no necesitaba aprobar unos Presupuestos; podía haber continuado hasta el final de la Legislatura que le correspondía o haberlo acumulado con las municipales y con las autonómicas. Y lo que empezó como un error, ahora se está convirtiendo en un fracaso, pero personal y propio.
¿El Gobierno de la nación tiene capacidad para disolver una Comunidad Autónoma? No. ¿Para decidir cuándo se celebran las elecciones? No. ¿Para…? Los votantes deciden libremente. ¿Y ahora la responsabilidad es del Gobierno de la nación? ¿Preguntó al Gobierno de la nación cuando decidió adelantar esas elecciones? No, porque no tenía por qué hacerlo. Pero ahora la culpa es del Gobierno de la nación. Yo creo que hay que ser un poquito más serio y asumir la responsabilidad, sobre todo, porque, además, a lo largo de este proceso lo que estamos viendo son unas deficiencias de gestión --por llamarlo de alguna manera suave-- en la Junta de Andalucía, como las que hemos visto en las minas de Aznalcóllar, que exigen explicaciones cumplidas por parte de la Presidenta no investida, explicación de lo qué ha pasado y de cómo piensa solventarlo, y también, sencillamente, asumir su propia responsabilidad sobre una decisión que es personal y propia, que es disolver el Parlamento andaluz sin tener necesidad de hacerlo.
Yo creo que el Gobierno de la nación puede ser responsable de muchas cosas, pero de disolver del Parlamento de Andalucía creo que no.
P.- Tenía dos preguntas; la primera, ligada también con Andalucía. Me gustaría saber si al Gobierno le está preocupando el escenario de ingobernabilidad que puede haber a partir del 24 de mayo con este precedente que estamos viendo en Andalucía y después de que partidos, como Ciudadanos, viendo las encuestas, que parece que puedan ser importantes para formar futuros gobiernos, esté elevando el listón de las condiciones, como escuchábamos a Albert Rivera hablando de obligar a que haya primarias a los partidos para poder llevar a cabo esos Gobiernos. ¿Le preocupa ese escenario de ingobernabilidad?
Por otro lado, me gustaría saber si es casual o se debe a los caprichos del calendario que a diez días de las elecciones hayan aprobado este plan de apoyo a las familias que nos han venido anunciando desde el principio de la Legislatura.
Vicepresidenta.- Yo creo que ésa es una cuestión que los ciudadanos tienen que valorar libremente en las urnas y desde el Gobierno de la nación respetamos cualquiera que sea su decisión. Pero creo que esa valoración sobre los escenarios de estabilidad y gobernabilidad es precisamente uno de los asuntos que los ciudadanos tendrán en cuenta.
Sobre la siguiente de sus preguntas --si luego quiere añadir algo más el ministro de Asuntos Sociales e Igualdad; no digo Sanidad, porque en este caso va más de Asuntos Sociales--, nosotros llevamos aprobando medidas y reformas a lo largo de toda la Legislatura. Hoy hemos aprobado esta medida, junto a otras muchas, en un proyecto que ya saben ustedes que se estaba trabajando y que precisamente anunció el presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. Alguna de las medidas en materia social se aprobó antes, ya se adoptó; por ejemplo, las que afectaban a la ampliación de los "cheques familiares" a las familias monoparentales, de las que hablaba hoy también el ministro. Y hoy se aprueba ese Plan para un plazo más largo, en el que se adopta alguna medida que empezará a trabajarse a partir de ahora.
Pero, mire, es que nosotros como Gobierno tenemos que seguir trabajando, porque este año en que se convocan cuatro elecciones, si estuviéramos al calendario electoral, no sé qué íbamos a aprobar en el Consejo de Ministros en cada tiempo. Son elecciones municipales y autonómicas, y este Gobierno va a seguir trabajando hasta el final.
P.- Para la Vicepresidenta. Querría saber si el Gobierno apoya la propuesta de la Comisión Europea en torno al reparto de veinte mil refugiados entre los países de la Unión Europea y la cuota que le correspondería a España.
Del ministro Wert quería un comentario ante la decisión esta misma mañana de la Audiencia Nacional de suspender la huelga de fútbol que estaba prevista para este fin de semana.
Vicepresidenta.- En relación con la inmigración, el Gobierno de España a lo largo de todos estos meses, y también de estos últimos días, se ha venido a poner a disposición de la Comisión Europea sobre un tema que conocemos bastante bien. Yo creo que algunas de las medidas que este Gobierno, o el anterior, y el anterior al anterior, hemos ido adoptando en materia de migratoria han generado unos resultados que son palpables.
Para nosotros, el acento tiene que ponerse especialmente en la cooperación con los países de origen, en la coordinación con los países de origen y tránsito, en línea similar a los distintos convenios que ha venido celebrando el Gobierno de España con distintos países que son origen o que son tránsito de esa inmigración y que han dado resultados, y resultados positivos.
Por tanto, nuestro discurso y nuestra aportación en el conjunto de la Unión Europea son muy en positivo y en un sentido muy amplio. Pensamos que la gestión de la inmigración pasa por una ordenación legal de los flujos que evite cualquier tipo de efecto llamada; por mecanismos de integración, que lo son fundamentalmente a través de la vía laboral, y, como decía, por esa cooperación en el origen y en la gestión de esos flujos, que tiene que hacerse siempre con la otra parte, con los países de origen y de tránsito.
Ahora la Comisión Europea ha lanzado esta agenda, que está encima de la mesa. Se inicia un proceso de discusión. Nosotros estamos analizando, como Gobierno, cuáles son los elementos. Nosotros prensamos que los países que somos frontera en este punto también venimos haciendo una gestión solidaria en distintos ámbitos de estos esfuerzos, que creo que tienen que ser tenidos en cuenta. Y ahora empieza un análisis y una discusión en el seno de las instituciones europeas, en los que el Gobierno de España, como siempre, dará su propia visión y sus propias aportaciones sobre un asunto, sobre una política, que conocemos bien y en el que algunas cuestiones, como digo, han dado resultado.
Sr. Wert.- Evidentemente, como sabe usted, en este recurso, en esta solicitud de una medida cautelar ante la Audiencia Nacional, el Gobierno no era parte. Esto era una iniciativa de la Liga de Fútbol Profesional y de un club frente a una decisión adoptada por un sindicato y a la que había precedido un acto de conciliación, que resultó infructuoso. Por tanto, como con cualquier otra decisión judicial, nuestra reacción no es otra que la de su acatamiento.
Ahora bien, sí tengo que decirle que hemos trabajado activamente con la AFE en el curso de los dos últimos días; que, como resultado de ese trabajo con la Asociación de Futbolistas Españoles, se ha producido una muy considerable aproximación de posturas; que nosotros entendemos que no hay ningún obstáculo insalvable para conseguir un acuerdo de fondo en todas las cuestiones que preocupaban al sindicato, y que, en ese mismo espíritu de conciliación y de concordia, esperamos ser capaces de resolver las diferencias que puedan existir con la Real Federación Española de Fútbol para que el Real Decreto Ley en el que se establece la venta centralizada de los derechos audiovisuales del fútbol en España, y que, como se sabe, tuvo ayer su debate de convalidación y se estará votando o se habrá votado ya, hace unos minutos, entre en vigor o haya entrado en vigor, adquiera plenos efectos con el consenso de todas las partes interesadas. A ello le vamos a dedicar el máximo esfuerzo.
P.- Vicepresidenta, estamos escuchando en campaña electoral muchas propuestas; en concreto, de Ciudadanos. Yo quería saber si cree que Ciudadanos es un partido con el que podría pactar el Gobierno, el PP; o, al contrario, es un riesgo para la política económica, por ejemplo, que plantea el Gobierno, o porque les está comiendo el espacio político a los populares y al Gobierno del PP.
Siguiendo con los pactos, ¿el Gobierno del PP estaría dispuesto a hablar, a negociar, a pactar, con cualquier partido de los que se están presentado --de los de primera fila me refiero, obviamente-- o pondría, por ejemplo, límites? El PSOE ha puesto límites: PP y Bildu. ¿Tiene alguna línea roja en este sentido el Gobierno a la hora de hablar o de pactar en el futuro?
Al ministro Alonso le quería preguntar también por el Plan de Familia. En el asunto de las pensiones no sé si ha hablado ya con el principal partido de la oposición o con alguien del Pacto de Toledo. ¿No cree que, por las fechas en las que nos encontramos ahora --y en el futuro inmediato también, por las elecciones generales--, pueda dificultar un acuerdo o un consenso sobre este asunto, que es el más novedoso, como decía?
Vicepresidenta.- Voy a contestar, si me permite, conjuntamente, a la primera y a la segunda de sus preguntas en relación con los pactos.
En primer lugar, esto es el Gobierno de la nación. Nosotros no vamos a entrar a valorar pactos que se produzcan en otro tipo de instituciones, con unas elecciones que, por otro lado, no se han celebrado. Yo imagino que todos los partidos, al menos, irán a intentar ganar las elecciones y procurar hacerlo de la manera más holgada posible.
Sobre los pactos, este Gobierno atiende más bien a las políticas, que es lo necesario para poder mantener el ritmo de crecimiento y la creación de empleo que ha alcanzado España. Empezábamos la rueda de prensa con esa cifra del 0,9 por 100, que es el doble del resto de los países europeos.
Por tanto, la política económica del Gobierno y su política social funcionan, y eso es lo que nosotros valoramos del resto de los partidos políticos. Cuando algunos partidos políticos dicen que pueden pactar con todos, o diferencian unos y otros en una diferenciación que, a mi juicio, desde luego, les retrata mucho más que pueda retratar al partido en el Gobierno, tendrán que dar sus explicaciones de dónde está su programa político y lo que defienden. Porque, indudablemente, el programa económico del Partido Popular y el programa económico de Podemos, si me permiten, se parecen como un huevo a una castaña, y que alguien pueda pensar que es intercambiable…. Lo tendrán que explicar ellos.
Para nosotros, éste es el programa económico que está funcionando, los datos están encima de mesa, hay unas elecciones… Yo creo que quien tiene programa de Gobierno a lo que aspira es a gobernar y tendrá que decidir en cada caso; pero yo creo que hay que ser muy serios a la hora de hacer determinados planteamientos, porque los ciudadanos también lo valoran, por mucho que en campaña se digan muchas cosas y, a veces, no acertamos a dar respuesta a todas las propuestas que se formulan.
Sr. Alonso.- Respecto a su pregunta, el Pacto de Toledo habla de estas cuestiones porque, en concreto, en su Recomendación número 17 abogaba por reconocer el esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social y por fortalecer la dimensión de género en el sistema de pensiones.
Por otra parte, ésta es una medida que existe en países de nuestro entorno, porque en Francia también se complementa o se incrementa la pensión --la contributiva, igual que aquí-- de jubilación y de viudedad un 10 por 100 a partir del tercer hijo. En ese sentido, yo entiendo que va en la línea de las orientaciones del Pacto de Toledo y espero que el resto de grupos políticos lo vean bien. Pero ésta es nuestra propuesta y, por tanto, lógicamente, puede y debe haber un debate en el Pacto de Toledo. Cada vez que tomamos una decisión sobre pensiones pasamos, primero, por el Pacto de Toledo, porque eso es respetar los pactos. Luego, en el Pacto de Toledo a veces se está de acuerdo y a veces no se está de acuerdo; pero pasamos, naturalmente, por ahí y yo espero que el debate sea en positivo y que la medida tenga el apoyo también de otros Grupos.
P.- Para el ministro de Asuntos Sociales e Igualdad. Dada la situación y el panorama dramático, que es ciertamente dramático, de la situación de la demografía española debido a la baja natalidad, quizás cabría esperar alguna medida de estímulo más directo, como el que habían solicitado o han solicitado reiteradamente muchas asociaciones, como, por ejemplo, la prestación universal por hijo a cargo, que se universalice la que existe o que aumente la actual cuantía. Me podría explicar por qué no se ha adoptado algo más directo que este "cheque-pensión", que probablemente es muy positivo pero que quizás no tiene una incidencia directa en la decisión que tome una madre ahora que tiene treinta años, que no sé si estará pensando ya en ese 10 por 100 de la jubilación, cuando va a pasar no sé qué cantidad de gobiernos, pero infinidad de gobiernos.
Sr. Alonso.- Yo quería decir que ésta es una medida que el año que viene va a tener 123.357 beneficiarias; la medida. Entonces, no sé si es esperar mucho o poco. La estimación el año que viene es de 51 millones el coste y luego se irá incrementando. Pero sólo el año que viene, como le decía, eran 123.000, en 2017 serán 241.000, en 2018 serán 350.000 y en 2019 serán 455.000.
Por tanto, cada año se van incorporando más mujeres, que verán mejorada su pensión, porque España reconoce el papel que han hecho, porque son madres. Yo creo que ese es un mensaje importante para las que van a tener esa mejora en la prestación que reciben, pero también es un mensaje importante que marca el compromiso de un país a favor de las mujeres y a favor de las madres, y en defensa también del incremento de la natalidad.
Como le he dicho, en el Plan el 75 por 100 de las medidas están en marcha. Es decir, el Plan sí tiene medidas de apoyo directo y de ayuda directa. El primer Plan de Familia que se hizo es el que incorporó la ayuda de los cien euros para las madres trabajadoras con niños menores de tres años. Nosotros hemos aprobado e introducido los "cheques familiares" para apoyar familias numerosas, para apoyar familias monoparentales y para apoyar familias con personas con discapacidad. Por lo tanto, esos "cheques-familias" los hemos metido, están en marcha y vienen dentro del Plan.
El problema de la vida es lo de la novedad, porque esto está metido desde enero porque nosotros queríamos que desde enero las familias ya pudieran percibirlo y pudieran ingresarlo. Entonces, forma parte también de esa visión. Desde ese punto de vista, toda la perspectiva de apoyo a la familia --como dice ese Plan Director de la Familia: trabajo, renta, servicios…-- se incorpora dentro del Plan con distintas medidas, unas en marcha antes y otras que resultan novedosas porque se pondrán en marcha a partir de ahora.
Vicepresidenta.- Muchas gracias.