Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido aprobados hoy en Consejo de Ministros.

El empleo sigue siendo el objetivo fundamental del Gobierno y hoy, en este Consejo de Ministros muy intenso --hay muchas iniciativas, luego les haré un resumen--, hemos aprobado tres nuevas iniciativas en materia de empleo para mejorar su creación y su calidad. Nos hemos centrado en dos normas que incentivan sectores esenciales de nuestro mercado laboral, que son las Sociedades Laborales y Participadas, y, por otro lado, nuevas medidas en materia de autoempleo, empleo de los autónomos, y de la Economía Social. Se trata, por tanto, de un paquete normativo que tiene como objeto fundamental dar un impulso importante a la creación de empleo, a la creación de empleo propio y a la participación de los trabajadores en el capital y en la gestión de las empresas.

También a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hemos aprobado el acuerdo que adopta la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, que es un paso más hacia esa seguridad en el trabajo, en la línea de lo que pactaron el presidente del Gobierno y los agentes sociales en el último acuerdo que se adoptó.

Por tanto, se trata de tres normas muy vinculadas a la dinamización de la economía española y a la creación de empleo, como ahora explicará la ministra del ramo.

Aparte de estas dos Leyes, hemos aprobado alguna más; en primer lugar, el Proyecto de Ley sobre reutilización de la información del sector público. Se trata de una norma que forma parte del paquete de reformas de las Administraciones Públicas y que tiene como objeto facilitar el uso por parte de los particulares de los documentos que están en poder de las Administraciones y de los organismos públicos, que las puedan utilizar otras personas jurídicas o físicas, con fines comerciales o no, fuera de la actividad administrativa. Esta norma que enviamos al Congreso permite, además, la extensión de la utilización de esta información del sector público en tres elementos fundamentales: las bibliotecas, los archivos y los museos, con lo que permitirá poner a disposición de los particulares un buen número de documentos que tienen las Administraciones y que pueden ser muy útiles para su labor.

Si se aplica una tarifa por la reutilización de estos documentos, quien lo quiera aplicar tiene que limitarse exclusivamente a los costes marginales por su reproducción, puesta a disposición o difusión. Y se fomenta el uso de licencias abiertas, con las restricciones mínimas sobre su reutilización.

Además, haremos un seguimiento de esta Ley y cada tres años se presentará a la Comisión Europea la información disponible del sector público para su reutilización. Si hay acuerdos exclusivos de reutilización, deberán limitarse exclusivamente a un período excepcional de tres años, cuando sea necesario por la prestación de un servicio de interés público. Por otro lado, los acuerdos exclusivos para la digitalización de los recursos culturales tendrán una duración general de diez años.

Lo que se hace, además, es que se incorpora a este proceso al Centro de Investigaciones Sociológicas, por cuanto es un banco de datos específico muy importante en el caso de la realización de encuestas cuantitativas.

Otro Proyecto de Ley muy importante que adoptamos hoy es el Proyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Actualmente no existe una ley sobre esa cooperación jurídica internacional. Lleva pendiente el compromiso de aprobar una ley desde el 7 de enero del año 2000, en que se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, se da un paso muy importante a la cooperación judicial en los ámbitos civil y mercantil, incluyendo la responsabilidad civil derivada del delito y de los contratos de trabajo.

Tiene un carácter subsidiario: es decir, si hay convenios internacionales sobre cooperación jurídica en materia civil, se aplicarán prioritariamente; cuando no los haya, se aplicará esta norma. Y se garantiza al ciudadano la tutela judicial efectiva, al margen, por tanto, de que haya una relación bilateral o multilateral con el Estado en cuestión del que provenga la decisión judicial.

Esta Ley de Cooperación lo que va a permitir es reducir la burocracia, establece mecanismos más ágiles de cooperación, centraliza como autoridad única al Ministerio de Justicia y posibilita el uso de comunicaciones judiciales directas.

¿Qué va a permitir? Que los jueces de distintos Estados se comuniquen entre sí, lo cual es muy necesario cuando hay procedimientos pendientes sobre el mismo tema en diversos Estados; cuando se trata de averiguar qué tribunal es el competente para conocer de un caso o cuándo se trata de agilizar los trámites, por ejemplo, para notificar una determinada decisión en el extranjero o para obtener pruebas necesarias en un proceso civil en el exterior.

Además, lo que se hace es que se moderniza el procedimiento de reconocimiento de ejecución de sentencias extranjeras, porque hasta ahora el procedimiento llamado "exequatur" era muy lento y muy farragoso. Ahora lo que se permiten son procedimientos más ágiles para que, cuando una decisión judicial haya sido adoptada en el exterior, pueda ejecutarse y tener efectos en España, al margen, como digo, de procedimientos de una gran lentitud y de una gran tardanza.

Además, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se ha aprobado el Anteproyecto de Ley sobre Restitución de Bienes Culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Con esta iniciativa legislativa lo que hacemos es trasponer al ordenamiento jurídico español una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2014, que regula esta materia.

Este Anteproyecto lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación, para poder obtener esa restitución de bienes, a todos aquellos bienes que tengan interés o valor histórico, paleontológico, etnográfico, numismático o científico, con independencia de que formen parte de una colección pública o de otra índole, de que sean objetos aislados o no, y de que provengan de excavaciones legales o clandestinas, a condición de que estén clasificados o definidos como patrimonio cultural.

Entre las novedades está la designación de una autoridad central, que será la Secretaría de Estado de Cultura, que cooperará y fomentará una concertación entre las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros de la Unión Europea.

¿Qué funciones va a tener? Localizar, a petición de un Estado miembro requirente, un bien cultural concreto que haya salido ilegalmente de su territorio e identificar al poseedor; notificar el hallazgo a los Estados miembros interesados en el caso de descubrir bienes culturales, si existieran motivos razonables para entender que esos bienes han salido ilegalmente del territorio de un Estado miembro; en cooperación con los Estados miembros interesados, las medidas necesarias para la conservación del material de ese bien cultural y evitar, con todas las medidas que sean necesarias, que se eludan los procedimientos de restitución.

Este Anteproyecto también dota de nuevas funciones al Consejo de Patrimonio Histórico Español, que actuará como instrumento de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas, que tienen, como ustedes saben, también competencias en materia cultural.

Otro elemento importante que se ha aprobado hoy es un conjunto de Reales Decretos que regulan los incentivos regionales y delimitan las zonas de promoción económica en todas las Comunidades Autónomas. Este paquete de Reales Decretos lo que permite es adaptar el marco regulador de las ayudas regionales a las nuevas directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de finalidad regional, así como el nuevo Mapa Español de Ayudas Regionales para el período 2104-2020.

¿Qué se hace? Fomentar una mayor adaptación a la realidad española y a los objetivos de recuperación, y eso se hace --por tanto, también tiene relación con el tema del que hoy hablaremos-- apostando por un mayor impulso a las pequeñas y medianas empresas, que son responsables de buena parte de la creación de empleo en nuestro país; así como a determinadas regiones y zonas económicas, en las que los estímulos adquieren una importancia especial. Para ello, se incorpora un nuevo esquema de ayudas, ya que tradicionalmente estos incentivos han estado centrados en las grandes empresas. No obstante, ahora lo que hacemos, como decía, es distinguir los que corresponden a cada tipo de empresa: grandes, pequeñas o medianas.

Por tanto, lo que hacemos es que, por un lado, incentivos regionales puedan centrarse en inversiones de mayor tamaño y los de las Comunidades Autónomas puedan centrarse en las de menor cuantía. La inversión mínima se fija en novecientos mil euros.

Además, lo que se hace es eliminar ciertos trámites que podrían ralentizar la inversión: se permite el inicio de las inversiones desde la presentación de la solicitudes de ayuda, con lo que a partir de ese momento ya pueden empezar a funcionar; se reduce la exigencia de autofinanciación, del 30 al 25 por 100; se incentiva el carácter innovador de los proyectos; se facilita el cobro anticipado de las ayudas, rebajando la subvención mínima exigida para acceder a pagos parciales de cinco millones a un millón; y se mejora la proporcionalidad de los incumplimientos para que tengan en cuenta también la situación real de las empresas o la capacidad de mantenimiento de la inversión. Por ejemplo, se exigen mayores años de mantenimiento de la inversión a las grandes empresas --cinco-- que a las pequeñas y medianas, que se limitan a tres.

Por otro lado, se plantea la adaptación al nuevo Mapa Español de Ayudas Regionales, que estará en vigor desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Cabe destacar que la asignación a España de un mayor porcentaje de población asistida nos permite la inclusión de zonas elegibles en todas las Comunidades Autónomas. Todas las Comunidades Autónomas podrán tener con estos Reales Decretos zonas elegibles y eso es muy importante para las Islas Baleares y para La Rioja, que no contaban con ninguna de estas ayudas en el Mapa anterior, con ninguna zona protegida, y, por tanto, no formaban parte del sistema de ayudas regionales. Ahora todas las Comunidades Autónomas, incluidas las Islas Baleares y La Rioja, recibirán ayudas regionales por parte de la Unión Europea, gracias a las negociaciones que se han llevado por el Gobierno.

Otros asuntos de interés. El Consejo de Ministros ha analizado el Informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y la regla de gasto del ejercicio 2014. Como saben, tiene que pasar obligatoriamente por informe del Consejo de Ministros. Se comparan las previsiones del Gobierno para el año 2014 con el resultado obtenido efectivamente y es mejor de lo esperado, mejor de las previsiones que hacíamos. Estaba previsto un crecimiento del 1'2 por 100 del Producto Interior Bruto y, finalmente, ha sido del 1'4 por 100. Quiero destacar en este sentido la aportación de la demanda interna, tanto consumo como inversión, que se preveía que aportara un crecimiento del 0'7 por 100 y que, finalmente, ha registrado un valor del 2'2 por 100.

Se ha logrado, además, un año más, cumplir con el objetivo de déficit marcado por Europa, que era del 5'8 por 100 en 2014. Quiero decirles que, con los últimos datos, la cifra de déficit en España es del 5'68 por 100 del PIB. Si recuerdan, presentamos el 5'72 por 100; pues bien, con los últimos ajustes la cifra es del 5'68 por 100. Nosotros nos pusimos un objetivo del 5'5 por 100 y este objetivo se hubiera cumplido, hubiéramos llegado al 5'49 por 100, de no haber sido por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de febrero de 2014 por la cual debíamos devolver los importes ingresados por el Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, que nos ha supuesto un incremento del déficit de 2.011 millones de euros.

Es decir, en condiciones normales, si no hubiéramos tenido esta sentencia, esta condena coyuntural en un determinado momento, hubiéramos alcanzado un déficit del 5'49 por 100; por debajo del 5'5 por 100 que nos habíamos marcado. Como tenemos una condena de dos mil millones, que se imputan a 2014, España ha llegado a una cifra de déficit del 5'68 por 100.

Por otro lado, la regla de gasto y los objetivos de deuda, que permiten observar a mayor largo plazo la tendencia en la gestión de los recursos públicos y la sostenibilidad del sistema. Tanto Comunidades Autónomas, como Corporaciones Locales, han reducido su gasto computable --el Estado no ha podido cumplir, como decía, la regla de gasto por efecto del "céntimo sanitario"; sin ese efecto se hubiera cumplido con creces--, y, en lo que se refiere al objetivo de deuda pública para el conjunto de las Administraciones, éste ha alcanzado el 97'7 por 100 del PIB, lo que supone 1'8 puntos porcentuales por debajo del objetivo fijado para el año pasado, que era del 99,5 por 100 del PIB.

Y dos cuestiones importantes. A propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, empezamos ya a aprobar las primeras correspondencias de titulaciones con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Como saben, con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior era preciso aprobar un régimen claro y general de correspondencias entre los títulos anteriores y los posteriores a la reforma de Bolonia, que no existían hasta ahora. Esta carencia ha venido provocando problemas a nuestros titulados, especialmente cuando éstos o las empresas para las que trabajaban, que los contrataban, querían hacer valer su titulación en otros países.

Se ha empezado ya, por tanto, a aplicar esas equivalencias y se ha empezado con los ingenieros de Canales, Caminos y Puertos, y con los ingenieros informáticos, a los que se les da un nivel 3, lo que equivale a un máster; a los ingenieros técnicos en Informática de Gestión y en Informática de Sistemas, un 2, lo que equivale a un grado.

Son, por tanto, los primeros acuerdos aplicados en este sentido.

Por último, y también a favor del empleo y la innovación, hoy se aprueba un Acuerdo para la firma de tres Convenios entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Empresa Nacional de Innovación (ENISA). Con estos convenios se podrán financiar proyectos empresariales promovidos por pequeñas y medianas empresas, empresas de base tecnológica y jóvenes emprendedores, con objeto de impulsar la creación, el mantenimiento y la consolidación de empresas y contribuir a la generación de empleo. El Ministerio de Industria ha destinado a este fin 98,3 millones de euros y se estima que dará cobertura, a través de las líneas que gestiona ENISA, a más de 600 proyectos empresariales, induciendo una inversión de 675 millones de euros. A esta cantidad se suman los recursos propios de la compañía, lo que implica una capacidad de financiación directa global de más de doscientos millones de euros.

Por tanto, además de seguir apostando por la financiación del emprendimiento, ENISA potenciará de manera especial la financiación de empresas de tamaño medio, en fase de crecimiento y consolidación, que es uno de los grandes objetivos de la economía española.

Sra. Báñez.- Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, para enviar al Consejo Económico y Social, el Anteproyecto de Ley de promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. Es un Proyecto de Ley que cuanta con el consenso, después de un intenso diálogo y participación con todas las organizaciones de autónomos y de la Economía Social.

Ustedes saben muy bien que desde el principio este Gobierno ha tenido en su hoja de ruta a los autónomos como protagonistas de lo que tenía que ser la salida de la crisis y el inicio de la recuperación. De hecho, los autónomos y la Economía Social han sido los primeros protagonistas de la recuperación en nuestro país, y desde el primer momento hemos estado con ellos para facilitar la actividad emprendedora por parte de los autónomos, con leyes como la Ley de Emprendedores o, incluso, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

Hemos intentado favorecer a los que ya habían emprendido el mantenimiento de su actividad y el favorecimiento del creación de empleo con planes como el Plan de Pago a Proveedores, y en esta nueva fase queremos seguir mejorando las condiciones en las que desarrollan su actividad los autónomos, mejorando la protección social, facilitando la segunda oportunidad y también permitiéndoles conciliar su vida personal con su vida laboral.

La crisis ha sido muy dura para todos los españoles; sin duda, también para los autónomos. Durante la crisis, entre enero de 2008 y finales de 2011, se dieron de baja como afiliados en el régimen de autónomos 340.431 personas y muchos de ellos contrataban; por tanto, favoreció el que se despidiera, desgraciadamente, a 147.372 trabajadores. Ése fue el impacto de la crisis entre el colectivo de los autónomos y las personas que tenían como trabajadores a su cargo.

Pero la realidad que hoy vivimos, en el año 2015, es una realidad bastante diferente: el número de autónomos afiliados en el RETA a la Seguridad Social supera los 59.000 desde que iniciamos la Legislatura. Hay casi 60.000 nuevos autónomos desde el inicio de la Legislatura en finales del 2011. Además, y lo que es más importante, desde ese año 2011 el número de autónomos empleadores, autónomos que contratan a otros trabajadores, ha crecido en un 12'5 por 100. Asimismo, el número de trabajadores a su cargo se ha incrementado en un 14 por 100 en más de 95.000 personas. Por tanto, como les decía, los autónomos han sido los protagonistas primeros de la recuperación en nuestro país.

¿Qué pretendemos con este Anteproyecto de Ley? Varias cosas. La primera, ordenar y sistematizar todos los incentivos al autoempleo para proporcionales a los trabajadores autónomos mayor transparencia y también mayor seguridad jurídica; ampliar a nuevas edades y a nuevos colectivos los incentivos que están funcionando y que pusimos en marcha al principio de la Legislatura, y, también, reforzar mecanismos de segunda oportunidad, fomentando la contratación y la incorporación de socios trabajadores a cooperativas y sociedades laborales, y, por otra parte y muy importante, reforzando lo que son los mecanismos de protección, especialmente para ese tipo de autónomos conocidos como TRADES, que son los autónomos económicamente dependientes.

Entre las medidas que desarrolla este Anteproyecto de Ley, que tendrán oportunidad de conocer en la información que daremos después del Consejo de Ministros, quiero destacar algunas como más relevantes. En primer lugar, la Tarifa Plana para autónomos, que ha sido un elemento muy importante para el inicio de la actividad emprendedora por parte de muchas personas en nuestro país. Fijamos con este Anteproyecto de Ley la reducción de esa cuantía para iniciar la actividad en cincuenta euros exactos, por la que se puede optar, como saben muy bien, durante los seis primeros meses de alta en la Seguridad Social.

Además, mantenemos esa reducción, esos cincuenta euros, para aquellos autónomos que, una vez iniciada la actividad, contratan a trabajadores dentro de su empresa. Hasta ahora, en el diseño inicial de la Tarifa Plana de cincuenta euros, cuando un autónomo se beneficiaba de la Tarifa Plana y, a su vez, contrataba a un trabajador perdía la bonificación. Pues bien, ahora, permitimos que pueda mantener esa cotización inicial reducida de cincuenta euros o la que le corresponda durante todo ese primer período de menor cotización, porque de lo que se trata es de que se cree mucho empleo en nuestro país y, por tanto, la buena noticia, es que ya los que inician la actividad también tienen posibilidad de contratar.

Aparte de todo eso, extendemos los supuestos de Tarifa Plana, especialmente protegida para personas víctimas del terrorismo y también de violencia de género, y para todas las personas con discapacidad con independencia de la edad.

Para que los autónomos tuviesen facilidades para emprender, pusimos en marcha entre los jóvenes autónomos la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo hasta el 100 por 100. Pues bien, como comprometimos y como comprometió el presidente del Gobierno hace pocas fechas, esta capitalización del 100 por 100 de la prestación por desempleo en un pago único se podrá hacer por cualquier persona con independencia de la edad. Es una medida que funcionó para los jóvenes, que ampliamos a todos los colectivos de edad. También se podrá capitalizar una parte de esa prestación por desempleo como aportación al capital social de cualquier tipo de sociedad mercantil de nueva creación, o utilizar una parte de esa capitalización para constituir los primeros gastos de constitución de la sociedad.

Por tanto, estamos dando flexibilidad en la utilización de la prestación por desempleo como palanca de para emprender por los autónomos. Además, se abre la posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en el RETA durante un período máximo de nueve meses.

Con relación a la segunda oportunidad, como les decía, permitimos que se recupere la prestación por desempleo hasta sesenta meses después de iniciar la actividad emprendedora por parte de algún autónomo. Como saben muy bien, el grado de desaparición de empresas en los cinco primeros años es del 50 por 100, también entre los autónomos cuando inician una actividad emprendedora; por tanto, nos parece relevante que permitamos que una persona que no utiliza toda la prestación por desempleo la pueda recuperar al final de ese período de cinco años, que es donde mueren el 50 por 100 de las empresas que se crean en España.

A partir de ahí, ponemos en marcha nuevas medidas a favor de los familiares colaboradores de los autónomos. Ampliamos el incentivo previsto ya para el alta en la afiliación de nuevos familiares colaboradores hasta veinticuatro meses. Ha sido una medida que ha permitido que más de 31.000 colaboradores se hayan dado de alta en el régimen de la Seguridad Social para autónomos, lo cual está haciendo que aflore ese empleo que estaba por aflorar en nuestro país.

Se introduce también la posibilidad de que los TRADES puedan contratar en casos de conciliación. Hasta ahora se daba la paradoja de que a una mujer, por ejemplo, si se quedaba embarazada y era un autónomo económicamente dependiente, le podían quitar el convenio que tenía con esa empresa empleadora. A partir de ahora, no sólo va a poder seguir con sus funciones y con ese convenio, sino que podrá contratar a una persona con un contrato de interinidad durante la baja, o durante las posibilidades que tenga de cuidados de hijos menores de siete años, o cualquier otra actividad de conciliación también de cuidados de dependientes, como se hace en el Régimen General. Por tanto, mayor facilidad de conciliación para los autónomos con este Anteproyecto de Ley.

También recogerá este Estatuto del Trabajador Autónomo el resto de los incentivos que ya hemos ido aplicando al autoempleo, como la reciente medida, que conocen bien después del Debate del Estado de la Nación, de bonificación por conciliación de la vida profesional y familiar, que era una bonificación del 100 por 100 para la contratación de una persona, mientras se producía esa conciliación, de hasta doce meses.

Por otra parte, en el ámbito de la Economía Social este Anteproyecto de Ley recoge medidas a favor de cooperativas y sociedades laborales, y centros especiales de empleo y empresas de inserción. Hoy en España hay cooperativas y sociedades laborales que emplean a más de 335.000 personas, y en los centros especiales de empleo y empresas de inserción se emplean a más de 75.000 personas. Por tanto, apoyar a este tipo de hacer empresa, que es una empresa con gran cohesión social, que durante la crisis ha empleado de manera estable a mucha gente y que ha aguantado mejor que la economía general la crisis, porque la destrucción de empleo ha sido seis puntos inferior a la media de la economía general, merecía el apoyo del Gobierno y de todas las Administraciones Públicas.

Ponemos en marcha nuevos incentivos para incorporar a nuevos socios de estas empresas de economía social, como es la bonificación de ochocientos euros a lo largo de tres años para facilitar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales. En el caso de los menores de treinta años, se eleva esta bonificación durante el primer año a 1.650 euros. Se mantienen las bonificaciones de hasta 1.650 euros a favor de las empresas de inserción cuando contraten a personas en situación de riesgo o excusión social. Y algo que nos parece relevante es facilitar a las personas que han tenido la oportunidad de trabajar a través de una empresa de inserción el tránsito del empleo protegido a las empresas de la economía ordinaria, con una bonificación de 1.650 euros el primer año y de hasta 600 euros durante los tres años; porque estamos hablando de que son personas en riesgo de exclusión social y, que si no les facilitamos esa transición, probablemente perderían su puesto de trabajo.

Además, aprovechamos para reconocer a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción como entidades prestadoras de servicios de interés económico general, que les va a beneficiar incluso a la hora de recibir subvenciones públicas, en línea con lo que pasa en la Unión Europea, y también, y muy importante, y de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación. Hasta ahora había reservas para los centros especiales de empleo y con esta Ley también incorporamos a las empresas de inserción.

Los potenciales beneficiarios de las medidas fundamentales que van en este Proyecto de Ley son: 375.000 que se podrían acoger a la Tarifa Plana para autónomos; los que puedan compatibilizar el desempleo, 50.000; la capitalización por la prestación por desempleo sin límite de edad, para 150.000 personas; la facilidad de incorporar al sistema a los colaboradores familiares de los autónomos, 45.000; el reanudar la prestación por desempleo hasta cinco años, 90.000; y otros incentivos de la economía social que antes les describía, 5.000 personas, sobre todo los que están en régimen de exclusión social.

Con todo ello, queremos poner en valor que entre 2014 y hasta 2019 la afiliación de autónomos puede crecer en nuestro país en 550.000 personas. Es decir, este paquete de incentivos al emprendimiento autónomo y a la economía social puede facilitar la creación de 550.000 empleos en España. Esta cifra, permitiría alcanzar los 3.600.000 afiliados en el Régimen Especial de Autónomos.

Como también señalaba la Vicepresidenta, junto a este Anteproyecto de Ley hemos puesto en marcha también el Anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas. En España hay más de 10.800 sociedades laborales que emplean a más de 63.500 personas. Los objetivos de esta Ley, que es una Ley que no se cambiaba desde el año 1997, son clarificar y simplificar los requisitos para la constitución de este tipo de sociedades; facilitar la incorporación de socios trabajadores, que son los verdaderos protagonistas de este tipo de sociedades, y otorgarles además un mayor protagonismo en lo que es control de este tipo de sociedad; simplificar trámites para favorecer la gestión de este tipo de sociedades y adaptar, además, a estas sociedades a la Ley de Unidad de Mercado; y, por otra parte, incorporar principios de buen gobierno y de responsabilidad social.

Quiero destacar que en este Anteproyecto de Ley la reforma incorpora, por primera vez en nuestro, país la definición de "sociedad participada por los trabajadores", que es un tipo de sociedad que no se reconocía en España, que se reconoce en muchos países de la Unión Europea y que tiene mucho que ver en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Y tanto CONFESAL, como CEPES, con las que hemos trabajado de manera intensa, nos han animado a registrarlas por primera vez con esa definición.

Yo quiero decir que hay empresas grandes, medianas y pequeñas en nuestro país que ya hacen participes a los trabajadores de alguna manera en la gestión y que les gustaría tener también, por responsabilidad social empresarial, ese reconocimiento de la nominación que les reconoce ese esfuerzo de gestión compartida en cualquier proporción con los trabajadores.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por el barco hundido en aguas de Canarias. Quería saber, en concreto, si va a ser posible, y el Gobierno va a optar por ello, sellar esas grietas que han aparecido en el casco. En segundo lugar, ¿se sabe ya si las manchas de fuel que han aparecido pertenecen o no al barco?

Vicepresidenta.- Le voy a hacer un breve relato del estado de situación que nos ha suministrado el Ministerio de Fomento, que está haciendo un seguimiento muy estricto y muy puntual de la situación del barco y de las distintas posibilidades que se pueden desplegar en la zona.

En primer lugar, todos los barcos contra la contaminación de Salvamento Marítimo, tres barcos y dos Salvamares, están desplegados y todos están intentando recoger los restos cuando son detectados. Se está prestando la máxima atención, tanto a la recogida de lo que se ha detectado hasta ahora, como a la búsqueda de nuevos posibles restos. Y se ha establecido una coordinación con el Gobierno de Canarias de forma que prácticamente a todas horas hay vuelos de reconocimiento sobre la zona de riesgo.

Con relación al barco hundido, la empresa que está haciendo la exploración lo que nos traslada desde el primer día de trabajo es que se han detectado en el buque tres fugas de combustible y que su primera estimación es de entre cinco y diez litros por hora. El informe explica que el barco parece haber colisionado de proa, después de quedar en una posición estable sobre su quilla. A este respecto, hay que precisar que la exploración sólo es posible desde el lado de babor, por lo que podría haber otras fugas que no se hayan detectado.

Como primera decisión lo que se ha hecho es pedir a la empresa que evalúe las opciones de proceder al sellado de las fugas detectadas de forma inmediata, y lo que estamos es la espera de la elaboración de un informe completo que nos aporte más detalles y las recomendaciones a los expertos sobre cuáles son las opciones de cara al futuro.

Hay que tener muy presente la profundidad en la que se encuentra el barco y el tiempo en el que el robot que tenemos tarda en bajar y en subir, y las posibilidades que tiene para practicar ese sellado.

Lo que quiero señalar es que, tanto el Ministerio de Fomento, como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, están haciendo un seguimiento muy exhaustivo de la situación. Hoy por la tarde habrá una nueva reunión y, a medida que sobre todo los comités técnicos nos vayan informando de las posibilidades más seguras para proceder, o bien al sellado, o bien a cualquier otro tipo de actuación, de situación, etc., etc., se las iremos comunicando. En este punto, iremos trabajando de la mano de los que tienen bastante experiencia en el ámbito de accidentes marítimos de este tipo para encontrar la mejor solución y que lo sea con carácter definitivo.

Es cuanto les puedo informar hasta este momento.

P.- Vicepresidenta, le quería preguntar por el tema de la amnistía fiscal. ¿Se confundió usted cuando llamó a la amnistía "amnistía"? Porque todo el mundo ha hablado de amnistía, pero en el Gobierno, hasta el miércoles, todo el mundo había utilizado eufemismos: DTE, regularización… Entonces, ¿es amnistía o no es amnistía?

Después, quería saber también por qué se ha difundido que hay 715 personas que han sido investigadas en la amnistía fiscal en una situación similar o parecida a la del señor Rato, que tienen relación con el sector público. Sólo se ha filtrado el caso de Rato. ¿No le parece que difundir que hay 715 personas, y que lo confirme el Gobierno, que han estado investigadas en esta situación, pero no decir los nombres, es como tirar la piedra y esconder la mano?

También, no sé si le gustaron las declaraciones del director de la Agencia Tributaria que dijo que era la "repera" --creo que dijo-- la información de la que disponía sobre este asunto. Me parece que también puede ser ocultar información hablar de esta manera y no decir qué "es la repera", porque todos queremos saberlo, y los periodistas, más.

Después, a la ministra Fátima Báñez quería preguntarle por los últimos datos de la EPA. ¿La reforma laboral puede considerarse que ha fracasado si se tiene en cuenta que en la última EPA se ha destruido empleo con un crecimiento de la economía, que dijo Guindos que es ya superior al 3 por 100? ¿Qué ha pasado?

Por último, ¿qué le parece que se esté retrasando sine die el acuerdo de negociación salarial?

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, y dado que usted escribe sobre la materia, me va a permitir que me extienda todo lo que no me pude extender en los dos minutos y medio de una sesión de control.

¿Qué se aprobó en el Real Decreto 12/2012? Una declaración tributaria especial que, indudablemente, es un proceso de regularización tributaria. ¿Qué se hacía? Incentivar el cumplimiento voluntario de aquéllos que habían ocultado bienes y derechos a la Hacienda Pública, y se decía: vamos a introducir los capitales y bienes en ese circuito legal para ensanchar las bases tributarias e incrementar la recaudación. ¿Cómo se hacía? Indudablemente, sobre las cantidades prescritas nada puedes exigir, porque está prescrito; pero sobre las cantidades que no habían prescrito se obligaba a los que declaraban a pagar un 10 por 100 de la cuota.

En segundo lugar, esa forma de llevar a cabo este proceso no limpiaba --por llamarlo de alguna manera-- el origen, supuestamente lo que podía ser ilícito o delictivo de esas cantidades obtenidas. Es decir, si ese dinero se había obtenido como consecuencia de una actividad ilícita o delincuencial, por mucho que se hubiera acogido a este proceso iba a ser sometido a una investigación. Llamémosle como le llamemos, en este caso, a diferencia de otros procesos que sí se han hecho en España, en primer lugar, ni se perdonaba --por decirlo de alguna manera-- delitos, ni se condonaba absolutamente la deuda tributaria pendiente.

La regularización se hizo de acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, con carácter extraordinario y temporal, de rentas afloradas no exentas de tributación, que es lo que reclama la OCDE: "Oiga, no les digo a ustedes que no paguen nada; háganle pagar y, si hay procesos penales o si se investiga y el origen de ese dinero es delictivo, se va a perseguir".

Otros procesos que se han adoptado en España, porque éste no es el primer proceso de regularización --lo digo en genérico, luego ya hablaré del concreto nombre que usted me preguntaba-- que se ha adoptado en España. Me voy a referir al último, al de los AFROS, que fue el de los años 90. ¿Qué se hacía en el de los AFROS? Se decía: todo el dinero puede, de manera absolutamente opaca, destinarse a la compra de deuda pública, por llamarlo de alguna manera, en sentido amplio. "Como yo adquiero y nadie me va a investigar cómo adquiero esa deuda pública, en conclusión, no me pueden perseguir porque no hay datos del contribuyente en la adquisición de esa deuda, que es opaca; no pago ninguna cantidad por regularizar ese dinero y, en tercer lugar, como adquiero deuda pública, el propio Estado me paga intereses por la cantidad que defraudo".

Ésa es la diferencia entre un caso y otro. La fundamental, a nuestros efectos, la transparencia. Cuando tú llevas un proceso de regularización como el de los años 90, la transparencia brilla por su ausencia. En este caso, primero, se ha pagado parte y, segundo, se ha continuado y, en su caso, la Agencia Tributaria puede llevar a cabo las operaciones de comprobación de esos bienes tributarios declarados en atención a su origen, como se ha puesto de manifiesto.

Dicho lo cual, aun considerando que la amnistía es, en términos jurídicos, el olvido legal de los delitos --y yo tengo que ser rigurosa, porque ése es mi gremio de procedencia--, yo en dos minutos y medio estoy para que se me entienda y da igual que le hubiera llamado de otra manera, si ustedes me hubieran titulado como llevan titulando todo este tiempo.

Los procesos son los que son, las diferencias son las que son. Gracias a este proceso y al que es más importante, y lo ligo con su segunda parte, al que se llevó a cabo de declaración de bienes y derechos en el extranjero, que es desde luego mucho más importante que este otro... Por primera vez se estableció la obligación de que quienes tuvieran bienes y cuentas en el exterior lo tuvieran que declarar en España. Eso ¿qué ha permitido? Una identificación de bases tributarias, que es por lo que pagamos los españoles, que ha superado con creces los cien mil millones de euros.

Eso es una ampliación de la base de recaudación y, además, estructural y estable muy importante, y eso ha permitido dos cuestiones --y ligo con la siguiente de sus preguntas--: en primer lugar, tener una información tributaria de la que no se disponía hasta la fecha y ustedes han podido ver todos los datos de lo que hay en cada uno de esos estados -llámenle o denle la consideración tributaria que quieran--, y eso por primera vez se ha tenido en España. Eso, además, va a permitir una comprobación de esas bases, de cara a que pueda haber una inspección o incluso las correspondientes vías de delito, como no ha existido nunca en nuestro país.

Yo he oído a lo largo de toda la Legislatura, y también en la anterior, porque ya estaba aquí aunque en la oposición, que en España hay que luchar contra el fraude. Oiga, pues por primera vez sabemos en España --los han declarado los españoles-- muchos bienes y derechos que tenían en el exterior. Como digo, el ensanchamiento de las bases ha sido muy importante.

Se dice "hay que hacer trasparencia de los datos". Vamos a ver, una cosa es que puedan contarse esas cifras que yo estoy dando y otra cosa es que nosotros mismos nos saltemos las leyes con las que se han llevado a cabo todos esos procesos.

En España, antes no lo era pero desde los primeros años de la democracia, hay un principio de confidencialidad y de secreto respecto de los datos de los contribuyentes. Nosotros hemos modificado, en lo que se refiere a los delitos fiscales --por cierto, en este país las sentencias son públicas-- y en relación con la morosidad. Pero, indudablemente, este Gobierno tiene que cumplir la Ley y la cumple en dos sentidos: respetando el deber de confidencialidad que le marca la norma; pero cumpliendo la obligación legal de que, si detrás de esos procesos hay una actividad que puede ser considerada como delito, se investiga por parte de la Agencia Tributaria con absoluta neutralidad e independencia, y se juzga por los Tribunales. A nuestro juicio, eso es lo importante, con independencia de los nombres. No es cuestión de los nombres, es cuestión de que se investigue.

No tiene por qué haber en todos estos procesos un origen ilícito de esos bienes y derechos. Puede no ser así pero, si lo hay, todos los procesos que hemos llevado, a diferencia de otros procesos, permiten que se investigue, se conozca y se persiga. ¿Por qué? Porque hay que dar… El mensaje es muy claro: si en España se ha perdido una recaudación en los tiempos de crisis de setenta mil millones de euros y hay que luchar contra el fraude, a lo mejor hay que hacer un procedimiento de regularización de este tipo, porque necesitamos ensanchar las bases. Y, por cierto, era un debate que existía en la pasada Legislatura y que se planteó incluso en los propios medios de comunicación con carácter muy amplio.

Cuando llegamos, nuestro problema de recaudación era descomunal, y si hay un problema de recaudación hay un problema de ingresos públicos, y si hay un problema de ingresos públicos hay un problema de mantenimiento de los servicios públicos. Y decidimos que sí, que hacíamos un proceso de esta naturaleza, pero con dos condiciones: no se perdonaba toda la deuda tributaria y, segunda, no se limpiaba el origen ilícito, si lo tenían, de esos bienes y derechos. Se está investigando y se lucha contra el fraude.

Sra. Báñez.- Voy a contestar al revés, si le da igual. En primer lugar, el acuerdo de negociación o de renovación de negociación colectiva y de flexibilidad interna por parte de los interlocutores sociales… Yo desde aquí quiero animar a los interlocutores sociales a que sigan teniendo ese compromiso y esa responsabilidad por la recuperación en España, y también por la creación de empleo en nuestro país, como han tenido en el año 2012. Les animo a que cierren esa negociación, que es importante para el presente y para el futuro de España.

Quiero decir, además, que, en línea con lo que ya se comprometieron con el presidente del Gobierno en julio, en ese acuerdo de julio ante el presidente del Gobierno dijeron que iban a acompasar la subida de salarios con el ritmo de creación de empleo en nuestro país. Pues ésa es la gran pregunta.

Los negociadores, como saben ustedes muy bien, son dos: los sindicatos y la patronal. Pero yo quiero recordar también que hay tres protagonistas claros en esa negociación, que es bipartita: por una parte, los trabajadores, que deben mejorar sus salarios; por otra parte, las empresas, que deben de ser cada día más competitivas en un futuro de oportunidades; pero también, y no quiero que se olviden en esa negociación, los desempleados, porque también debe de quedar margen en esa negociación para que las empresas tengan capacidad de crear empleo y de seguir incorporando a desempleados al mercado de trabajo. Por tanto, tres protagonistas claros en esa negoción bipartita, que son los trabajadores, las empresas y los desempleados.

Yo desde aquí les animo a que cierren cuanto antes esa negociación, con el mismo compromiso y responsabilidad que ya tuvieron en el año 2012, por la recuperación y por el empleo de calidad en nuestro país.

Me pregunta usted por la EPA y yo, con respecto a la EPA, tengo que decir, con claridad, que en España hoy hay menos paro, más empleo y también más empleo de calidad, y lo atestigua la EPA del primer trimestre del año 2015 que hemos conocido. Es decir, se está fortaleciendo la recuperación económica en nuestro país en forma de creación de empleo cada día de mayor calidad.

En el último año son 488.700 los parados menos que existen en nuestro país y nos vamos a registros desde el año 2002; es decir, cifras que no teníamos en trece años. Y lo más importante, dos de cada tres parados menos corresponden a parados de larga duración, que es para nosotros hoy la prioridad en España.

Por otra parte, en el ámbito de la creación de empleo hay más de quinientos mil empleos nuevos en el último año en España, y sobre todo, y lo fundamental, es que se acelera el ritmo de creación de empleo: estamos en el 2'9 por 100, cuando en el trimestre anterior estábamos en el 2'5 por 100. Por tanto, más empleo y aceleración del empleo en el último año en nuestro país.

Por otra parte, por darles algunos datos sobre el empleo, el 60 por 100 del empleo creado es indefinido en el último año: 62 por 100, en concreto; en el 82 por 100 estamos hablando de empleo a tiempo completo; y algo que también me parece relevante: el 86'7 por 100 de los asalariados con contrato indefinido trabaja a jornada completa, es decir, nueve de cada diez lo hace a jornada completa.

Le decía que estamos creando empleo cada día de mayor calidad. ¿Por qué? Hoy en España tres de cada cuatro personas que tienen un contrato lo tienen indefinido, el 76'4 por 100, cuando en el año 2011, cuando llegamos al Gobierno, representaban el 74 por 100. Y lo más importante también que quiero resaltar es que en 2014 se firmaron un 20 por 100 más de contratos indefinidos que lo que supusieron en el año 2011.

Por tanto, vamos en la buena dirección. Nos queda mucho camino por recorrer, pero estamos en la senda de la recuperación en forma de empleo de calidad.

Por otra parte, y para terminar, quiero decir que los dos colectivos que han centrado todas las medidas, desde la reforma laboral a todas las demás medidas en el mercado de trabajo para el Gobierno, han sido los jóvenes y los mayores de 45 años. Y quiero decir que, si hacemos hoy balance de la Legislatura con la última EPA, hoy hay en España 155.000 parados menores de treinta años menos que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011. Y lo que es más importante: 340.000 empleados trabajadores mayores de 45 años que tienen hoy un empleo, que no lo tenían en el año 2011.

Por tanto, queda mucho por hacer, queda mucho camino por recorrer, muchas oportunidades que encontrar a los millones de parados que están todavía en el desempleo; pero, sin duda, la reforma laboral y todas las reformas puestas en marcha en el Gobierno, con el protagonismo, sin duda, de la sociedad española, que es la verdadera protagonistas, están dando resultados positivos en forma de creación de empleo y de creación de empleo estable.

P.- Vicepresidenta, por un lado, me gustaría saber si al Gobierno le preocupa la filtración de esos datos o de esos nombres, filtración de la que incluso en algunos sectores se acusa al propio Gobierno, y si va a hacer algo para que no haya más filtraciones o para saber desde dónde se ha filtrado.

Me gustaría saber también si el Gobierno sería partidario de modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral para ampliar las incompatibilidades de diputados y senadores, para que no se pudieran dedicar a asesoramiento de empresas.

Por último, una aclaración sobre uno de los Proyectos de Ley que ha anunciado usted. ¿Nos podría decir qué tipo de información pública podrá ser reutilizada por el sector privado, o algún ejemplo, para ver en qué consiste esta información?

Vicepresidenta.- El Gobierno ni interfiere ni interviene en este tipo de procedimientos. La Agencia Tributaria lleva a cabo sus investigaciones, que en su caso terminan con las correspondientes actas, o,, en el caso en que se entienda que puede haber algunas actuaciones constitutivas de delito, mediante la suspensión del procedimiento y la opción de planteo de culpa, a través de la Fiscalía, delante de los Tribunales.

Indudablemente, yo creo que todos los que son tenedores de una información que saben que está sujeta al correspondiente deber de confidencialidad o de sigilo lo tienen que respetar. Ésa es una obligación que tenemos todos los funcionarios públicos.

Asistimos a filtraciones de este tipo con bastante habitualidad. Esto habitual y ustedes son, digamos, los receptores de esa información. A mí, indudablemente, me gusta que la Ley se respete y que se cumplan los procedimientos. No siempre se puede controlar en esos términos; pero sí le digo: el Gobierno cumple con la Ley y cumple con el deber de confidencialidad que le marca la Ley, y con el respeto y la no interferencia ante este tipo de instituciones. Tanto cumple con eso que, a pesar de peticiones que puedan ser muchas veces incongruentes, vistos comportamientos anteriores, por parte de la Agencia se investigan; pero no se cuentan datos de los particulares, datos de los contribuyentes, porque no lo permite la Ley.

Sobre la segunda de sus preguntas, éste es un aspecto que corresponde al Poder Legislativo, al Congreso de los Diputados y al Senado, vía reglamentaria.

El Gobierno, en lo que corresponde a la Administración General del Estado, ha aprobado en esta Legislatura, junto a todo el paquete de la corrupción, un Estatuto del Alto Cargo, donde establece un régimen muy serio, muy riguroso, de acceso, incompatibilidades, ejercicio de deberes durante el ejercicio del cargo y deberes a la salida del cargo. Era nuestra obligación y lo hemos hecho. En el caso del Poder Legislativo, es a las Cámaras a quien corresponde hacerlo.

Si me permite, y sin interferir en el ejercicio de otro Poder, cuando se hacen estos debates yo creo que hay que juntar dos debates que están en la opinión pública. Yo hace poco leí un artículo en un medio de comunicación que es sobre cómo conseguimos que los ciudadanos se sientan atraídos por la política; puedan, después de una experiencia profesional en el sector público o en el sector privado, participar del ejercicio de la política; enriquecer el ejercicio de la política; abrir a la ciudadanía, y no limitar, por tanto, al final con determinadas medidas esa situación del político, y el debate de incompatibilidades, reincorporaciones al sector del que se procedía, etc., etc.

Creo que el debate hay que hacerlo conjuntamente y lo digo porque muchas veces, según por dónde vayan las cosas, se hace uno y luego se hace el otro. El debate tiene que ser conjunto. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que todos queremos… O al menos a mí me parece que lo que tenemos que tener es que los gestores públicos, los responsables públicos, los actores políticos, tengan la mayor experiencia posible, el mayor conocimiento de la realidad sobre la que, al final, van a decidir o van a gestionar.

Yo creo que ése es el debate en lo que debe centrarse.

Sobre el Proyecto de Ley de Reutilización del Sector Público, es amplísimo. Se trata de cualquier información, estudios, informes… Por poner un ejemplo, el Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde hay muchísima información de muchísimo interés para actores económicos, sociales y todo tipo de entidades. Es decir, lo que se busca es que todo ese trabajo que la Administración, al llevar a cabo su tarea, que puede ser, en este caso, encuestas o análisis sociológicos, o toda la documentación, por ejemplo, que se tiene en bibliotecas o en museos, etc., etc., y que está, por decirlo de alguna manera, en los propios ordenadores, en los propios archivos de la Administración, que es una riqueza incalculable, pueda ser utilizado por los particulares, con fines comerciales o no comerciales.

Pero ésa es una riqueza que tenemos y se pone a disposición, como digo, con un coste muy marginal, el que supone repartirlo o entregarlo, para que de esos informes, que son públicos en el sentido de que están a disposición de una Administración Pública, puedan beneficiarse otras muchas personas. Eso es un ejercicio, no sólo de transparencia, que también, sino de devolver en parte a la sociedad los recursos que dan las Administraciones para que hagan todas esas tareas y que muchas veces pueden tener muchísima utilidad, sirviendo de base a otro tipo de informes, estudios, análisis o conocimiento mejor del medio o de las materias.

El caso del CIS es un caso muy significativo, porque todos esos archivos suponen un conocimiento de la realidad social española amplísimo, que puede tener una utilidad, comercial o no comercial, muy grande en nuestro país.

P.- Vicepresidenta, sobre lo penúltimo que comentaba, no sé si, cuando hablaba de tratar dos debates al mismo tiempo, se refería, de forma indirecta, al dinero que cobran los políticos; al dinero que cobran los diputados y senadores, en particular, y al hecho de que a lo mejor ese elemento pueda dificultar que determinadas personalidades de la actividad profesional privada puedan dar el salto a la política. Es decir, ¿cree el Gobierno que las incompatibilidades actuales o, mejor dicho, las compatibilidades actuales son buenas para que la gente esté en política y en el sector profesional?

Luego, por otro lado, a la ministra de Empleo me gustaría preguntarle sobre los datos que ha dado de la posible creación de puestos de trabajo que pueden aportar las medidas que ha presentado hoy. ¿Tiene detalle de cuánto se podría cuantificar eso en el Tercer Sector, especialmente en Centros Especiales de Empleo, lo que afecta a personas con discapacidad?

Sra. Báñez.- No tengo ese dato tan explícito en este momento, pero se lo podemos facilitar a través del Ministerio de Empleo.

Vicepresidenta.- No me refería expresamente a esa cuestión porque, además, en un momento de recuperación económica y en un momento en que, por ejemplo, en el colectivo del empleo público se han tomado muchas decisiones de control, sencillamente creo que tendremos que trabajar para recuperarnos mucho más y recuperar todos nuestros ingresos públicos y nuestro nivel de recaudación para podernos plantear otro tipo de decisiones.

Pero muchas veces no es cuestión de eso, sino de que algunos pensamos que esto de la vida política tiene que ser o consideramos que puede ser limitado en el tiempo. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que ordenar bien es que para quien entra en política para gestionar, porque es experto en una determinada materia o porque tal…, eso no se lleve por delante su propia capacidad profesional, su propia carrera profesional e, incluso, su propio prestigio en el sector al que pertenece, que muchas veces es tanto o más importante para las personas, sobre todo si lo ha hecho con su propio mérito y capacidad, después de muchos años de trabajar y de tener un cierto reconocimiento en un determinado sector. Que decir "quiero aportar a lo público y quiero hacerlo un tiempo limitado" eso después no vaya en detrimento de quien decide dar ese paso también con determinadas decisiones personales, que no son fáciles.

Iba más por ahí, pero es una reflexión; también, ya le digo, muchas veces--imagino que a mi compañera la pasará lo mismo, ¿no?-- muy personal. Yo he gestionado un Grupo Parlamentario, he visto cosas diferentes, cómo la gente tiene que tomar o no determinadas decisiones… Iba más por ahí que por el otro terreno porque, al fin y al cabo, cuando entramos, sabemos o no --a veces, ni preguntas-- el sueldo que tienes. Yo creo que no es el momento para abrir ese tipo de debate con los esfuerzos que se han pedido y que han hecho los españoles, sencillamente.

P.- Vicepresidenta, yo quería hacerle dos preguntas a usted; la primera, sobre el "caso Rato". Quería saber si el presidente del Gobierno estaba informado de la investigación y de la posterior detención del ex vicepresidente del Gobierno, o se hizo sin su autorización.

Luego, quería saber si, bien en el Consejo Nacional de Seguridad que ha sido previo a la reunión del Consejo de Ministros, o bien en el Consejo de Ministros, se ha hablado sobre las tensiones diplomáticas con Venezuela y sobre si hay alguna estrategia de protección de los intereses de las empresa españolas allí.

También, una pregunta a la ministra de Empleo. El presidente del Eurogrupo esta mañana ha hablado de que España tenía que seguir profundizando en las medidas de reforma laboral. ¿Hay nuevas medidas previstas para profundizar en esta reforma?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el Gobierno ni autoriza ni desautoriza ninguna actuación de la Agencia Tributaria, de la Fiscalía y de los Tribunales. ¡Hasta ahí podíamos llegar! La Ley se aplica para todos y los Gobiernos están para cumplir la Ley y para hacer que se cumpla; no para tomar determinadas decisiones, que son injerencias del Poder Ejecutivo en decisiones en las que lo que hay que respetar es la Ley.

Sobre la segunda de sus cuestiones, no se ha tratado en el Consejo de Seguridad Nacional, pero es un tema del que continuamente el Gobierno está muy pendiente. Nosotros hemos mantenido y mantenemos una postura respetuosa con la institucionalidad democrática de Venezuela; pero, como comprenderá, tampoco podemos aceptar determinadas posiciones y determinadas calificaciones respecto al Gobierno de España o respecto al pueblo español. Ni nosotros ni lo ha hecho el Congreso de los Diputados, cuya iniciativa ha tenido un amplio respaldo en defensa de lo que deben ser la democracia y el respeto de los derechos humanos.

En numerosas ocasiones nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por esa situación y nuestro deseo de mantener las mejores relaciones posibles con el Gobierno de Venezuela, no sólo por todo el tema empresarial, sino también porque nos unen vínculos personales e históricos. Compartimos muchas cosas y, además, hay que diferenciar muy bien las instituciones de los ciudadanos.

Siempre estaremos dispuestos a dialogar con cualquier Gobierno, más allá de nuestras diferencias, con un diálogo constructivo; pero sobre la base del respeto recíproco, que es lo que reclamamos.

Sra. Báñez.- Con cuatro millones y medio de parados en nuestro país, evidentemente, este Gobierno no va a parar de poner en marcha medidas y reformas a favor del empleo. Pero también quiero decir con la misma claridad que la reforma laboral está hecha, es una reforma para el empleo y está dando resultados.

Lo que hemos comprometido con la Unión Europea es, en nuestro Plan Nacional de Reformas, seguir con la segunda generación de reformas en el mercado de trabajo. Sabe usted muy bien que a mí me gusta llamarles "reformas silenciosas del mercado de trabajo"; que lo que tenemos que hacer es ganarle tiempo al tiempo para facilitar la incorporación de los parados al mercado de trabajo cuanto antes.

¿Cómo lo hacemos? Con dos grandes medidas que hemos puesto en marcha ya como nuevas reformas: una, negociada con las Comunidades Autónomas, que es la modernización de todas las políticas activas de empleo, que facilitará casar la oferta y demanda de empleo en nuestro país, con una atención personalizada a los parados por los servicios públicos de empleo y con la colaboración público-privada, fundamentalmente; y la que aprobamos ayer, que inicia su tramitación parlamentaria, que es capital, que es la reforma de la Formación Profesional para el Empleo. Eso va a suponer para los trabajadores una mayor empleabilidad, porque la formación es clave para el mantenimiento y el alcance de un nuevo puesto de trabajo, y también para las empresas, para que las empresa compitan en lo que tienen que competir en el presente y en el futuro de España, que es en talento y en capital humano, que es el mejor activo que tenemos los españoles.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.