Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro del Interior, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

A propuesta de los Ministerios del Interior, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Empleo y Seguridad Social, Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y Presidencia, se ha aprobado hoy un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por el temporal de lluvia, nieve, viento y, especialmente, inundaciones acaecidos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Se trata, no obstante, de un Real Decreto Ley que prevé dar cobertura a todos los daños que puedan producirse hasta el 31 de mayo de 2015 y es que, pese a que aún persisten los efectos de la emergencia en algunas zonas y no tener una evaluación completa de los daños, no obstante, es necesario adoptar ya decisiones urgentes para repararlos. No obstante, como digo, estamos en valoraciones iniciales y además se prevé expresamente en el Real Decreto Ley la posibilidad de incluir en su ámbito de aplicación cualquiera otra cuestión que pueda producirse hasta esa fecha.

Según las estimaciones aportadas por distintas Administraciones, los daños causados por el temporal superan en este momento los cien millones de euros, en torno a los 105 millones. Ahora el ministro del Interior expondrá las distintas medidas contempladas en este Real Decreto Ley.

En segundo lugar, hoy hemos aprobado el Real Decreto sobre demarcación notarial. El objetivo de esta norma es adecuar el número de notarías a las necesidades económicas presentes y reforzar la libertad de elección de notario que corresponde al ciudadano. Es una medida necesaria, porque la demarcación vigente se aprobó en el año 2007, intentando responder a un momento expansivo, que ya no lo era en aquel momento, y ahora lo que hay que hacer es ajustarlo es a la demanda actual, en la que lo que sí se ve es un crecimiento sostenible, aunque muy diferente del que se preveía en el año 2007.

Con esta reforma se establecen criterios para la creación y supresión de plazas, que responden a la voluntad de facilitar a los ciudadanos el acceso al servicio notarial, favorecer la libre elección del notario, la sostenibilidad de los despachos notariales y el estímulo a la formación permanente del alto nivel jurídico de los notarios. Se ha procurado mantener el máximo número de plazas en las zonas rurales, sobre todo las unipersonales, no sólo para ahorrar desplazamientos al ciudadano, sino también porque en algunos casos, y si hablamos de localidades pequeñas, la notaría es precisamente una de las pocas oficinas públicas de la zona.

Respecto a las plazas pluripersonales, se adopta el criterio de su reestructuración, amortizando aquellas que no son imprescindibles para la prestación del adecuado servicio público.

En tercer lugar, el Gobierno ha aprobado un Acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea de Cataluña. Como decía, hoy el Consejo de Ministros autoriza al presidente del Gobierno a interponer ese recurso de constitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya. Se hace con expresa invocación del artículo 161.2 de la Constitución, con el fin de que se produzca la suspensión de los preceptos de la Ley recurrida.

¿Por qué esta impugnación? Porque entendemos que vulnera el artículo 149.1 tercero de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, y el artículo 97 que dice expresamente que "al Gobierno de la nación le corresponde dirigir la política exterior". Esta competencia comprende, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal Constitucional, la reserva exclusiva de la representación exterior del Estado, de la celebración de Tratados Internacionales, de la creación o suscripción de obligaciones internacionales y de la responsabilidad patrimonial del Estado en este punto, clarificando además que la dirección y puesta en ejecución de la política exterior corresponde exclusivamente al Estado.

Todas estas competencias han sido desarrolladas, en particular, por la Ley de Acción y el Servicio Exterior del Estado, que se aprobó el 26 de marzo de 2012. Frente a esto, el Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla algunas funciones de proyección exterior, pero que deben respetar, en todo caso, las competencias estatales. Se pidió informe al Consejo de Estado sobre esta propuesta y el Consejo de Estado ha informado favorablemente a la impugnación de determinados preceptos de esta Ley ante el Tribunal Constitucional.

¿Cuáles son los fundamentos de este recurso de inconstitucionalidad? La consideración de la Generalitat. Lo que hace la Ley es considerar a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español y eso vulnera la capacidad de la acción exterior del Estado reservada a él precisamente por la Constitución. Se conculca el principio de unidad de la acción exterior al invadir, o al menos menoscabar, la competencia estatal para la dirección y puesta en ejecución de la política internacional. Además, el texto recurrido --lo dice expresamente-- busca desarrollar "una diplomacia pública de Cataluña" (entre comillas). Como Cataluña no es un Estado, no es un sujeto de derecho internacional y no tiene capacidad para establecer esas relaciones diplomáticas.

En esta línea con la decisión del Consejo de Ministros, les recuerdo que el 6 de febrero se impugnaron por vía de la jurisdicción contencioso-administrativa dos recientes decretos que creaban delegaciones catalanas en Italia y en Australia, y su creación no fue abordada con el Gobierno, tal y como marca la Ley de Acción y el Servicio Exterior del Estado.

En otros términos, otras cuestiones, les informo de que hoy autorizamos la firma del Protocolo que modifica el Convenio Internacional sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves. Este Protocolo internacional mejora el Convenio de Tokio, que regula las cuestiones de seguridad en los aviones, y aborda, por primera vez en el Derecho Internacional, el personal de seguridad a bordo. La ratificación del Protocolo permitirá a las compañías aéreas contar con agentes de seguridad a bordo, como colaboradores del piloto, en vuelos especialmente conflictivos cuando operen en los Estados parte de protocolo.

Como singularidad, con la nueva redacción que le da al Convenio de Tokio el texto del Protocolo se considera que una aeronave está en vuelo desde el momento en que se cierran sus puertas hasta el momento en que se abren.

Por último, les informo de un Acuerdo que autoriza un crédito extraordinario para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal para financiar la ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación al Empleo. Como saben, el 19 de diciembre de 2014 se aprobó por Real Decreto Ley el Programa de Activación para el Empleo, que estaba acordado con los agentes sociales y que es un Programa específico y extraordinario, de carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración, con responsabilidades familiares, que hayan agotado su protección por desempleo y que cumplan los requisitos establecidos.

La financiación de estas ayudas se hace a cargo del presupuesto del Servicio Público Estatal y las Comunidades Autónomas tendrán que hacer frente a las acciones de inserción incluidas en el Programa. Para este ejercicio se prevé un presupuesto de 850 millones de euros, que autorizamos con el Acuerdo que aprobamos hoy, y de 180 millones para el año 2016. Es decir, tiene una ayuda global de más de mil millones de euros.

Sr. Fernández.- Como ha señalado la señora Vicepresidenta, efectivamente, y tal como habíamos venido anunciando, el Consejo de Ministros acaba de aprobar hoy un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños ocasionados por los sucesivos temporales de lluvia, nieve, viento y fenómenos costeros que desde finales de enero han azotado a la práctica totalidad de la geografía nacional. Las excepciones a la práctica totalidad del territorio nacional serían, a día de hoy, Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura y Madrid.

También este Real Decreto Ley contempla, de manera muy especial, los efectos derivados de las inundaciones extraordinarias por la crecida del río Ebro que, como ustedes saben, han afectado en los últimos días, especialmente, a la provincia de Zaragoza, siendo considerada de momento como la peor crecida en veinte años; habiéndose, según las estimaciones de las que disponemos en estos momentos, anegado en torno a veinte mil hectáreas y habiéndose tenido que producir el desalojo y la evacuación de unas 1.500 personas.

Pese a que aún persisten los efectos de la emergencia en algunas zonas y, en consecuencia, no se dispone de una evaluación completa de los daños, en atención a la gravedad de los mismos el Gobierno ha considerado preferible no demorar la adopción de estas medidas, que tienen por finalidad contribuir a restablecer el normal funcionamiento de los servicios públicos en las zonas afectadas e iniciar las necesarias reparaciones de bienes públicos y ayudas a los particulares.

Además, como señalaba la señora Vicepresidenta, les anuncio que, efectivamente, el Gobierno podrá extender la aplicación de estas medidas a otros eventuales daños que puedan producirse en fechas próxima, hasta el límite temporal del 31 de mayo de 2015. En ese caso, mediante Real Decreto, eventuales catástrofes, emergencias o daños que se hubieran podido producir, insisto, con posterioridad a la aprobación de este Real Decreto Ley; por Real Decreto del Consejo de Ministros se les podría incluir también dentro del ámbito de aplicación de éste, insisto, con el límite temporal del 31 de mayo de 2015.

Por otra parte, y dado que, como les decía, en general, estos fenómenos han afectado al conjunto del territorio nacional, con las excepciones que les señalaba, no se han singularizado en el Real Decreto Ley Comunidades Autónomas, remitiéndose la determinación de los términos municipales y los núcleos poblacionales a los que concretamente serán de aplicación las medidas contenidas en este Real Decreto Ley a una orden del ministro del Interior.

Quiero señalar que, aunque el Real Decreto Ley sigue la estructura de otros anteriores aprobados en esta misma Legislatura --les recuerdo los dos que han sido aprobados: el Real Decreto Ley 25/2012, de 7 de septiembre, y el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero--, este Real Decreto Ley, sin embargo, incluye algunas novedades que pretenden dar una respuesta adecuada a las especificidades de las emergencias que trata de paliar; de manera muy especial, aunque no sólo, a la singularidad que se ha dado en la provincia de Zaragoza, en el Ebro, aguas arriba, aguas abajo, como saben ustedes, desde Novillas hasta el Embalse de Mequinenza.

En cuanto a las ayudas previstas en el Real Decreto Ley, por ministerios coproponentes, en lo que hace referencia al Ministerio del Interior querría destacar las denominadas ayudas de emergencia por daños personales, por daños materiales en viviendas y enseres, y, de manera muy especial, destacarles, porque es una novedad a las que antes hacía referencia, en explotaciones agrarias. Esto lo hemos hecho de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sustituyendo la habitual referencia a "establecimientos agrarios" como destinatarios de las ayudas por daños por el concepto de "explotaciones agrarias".

Es un concepto más amplio el de explotaciones que el de establecimientos y, junto con otras modificaciones que incluye el Real Decreto Ley, va a permitir extender las ayudas a elementos esenciales de las explotaciones no asegurables, como son los caminos privados de las fincas o la pérdida de las capas cultivables de terreno que hubiesen sido arrasadas por el agua, por ejemplo. Esas son algunas de las novedades a las que hacía referencia y que pretenden atender la especificidad del daño producido especialmente, aunque no sólo, insisto, en la provincia de Zaragoza.

También se prevén ayudas en el ámbito del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, para las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como para las Corporaciones Locales por los gastos causados para hacer frente a estas situaciones de emergencia. A título de ejemplo, la retirada de nieves o lodos, el drenaje de agua o la retirada, por ejemplo, de animales muertos.

Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005 pero, no obstante, se flexibilizan en este Real Decreto Ley ciertos requisitos que exige el Real Decreto al que me he referido, de tal suerte que se amplía de un mes a dos meses el plazo para presentar las solicitudes y, al mismo tiempo, se reduce de seis a tres meses el plazo para resolver por parte de la Administración.

Todas estas ayudas se abonarán con cargo a los créditos dotados con carácter de ampliable en el vigente presupuesto del Ministerio del Interior, concretamente, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

En cuanto a otros Ministerios que también deben trabajar para paliar los daños derivados de estos eventos, de estas situaciones que hemos comentado, inundaciones, temporales, etc., etc., en atención especialmente a los particulares daños causados en Aragón se han incluido también algunas medidas específicas de las que tiene que gestionar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Entre ellas destaco las ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas. ¿Cuál es la novedad? Que está previsto en el Real Decreto Ley que se concedan ayudas adicionales a titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas de seguro en vigor amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados, hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por 100 de su producción.

Esto se desarrolla en el Real Decreto Ley, pero la síntesis que les he comentado es una novedad específica en este tipo de normas; así como, y esto también es muy importante y es una novedad de este Real Decreto Ley respecto de precedentes, la exención de evaluación del impacto ambiental de aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, equipamientos o instalaciones que se deban hacer por el procedimiento de urgencia. Esa exención de impacto ambiental se hará casuísticamente mediante acuerdo del Consejo de Ministros y, por lo demás, está prevista en la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley 21/2013.

Las restantes ayudas que suelen incluirse en este tipo de Real Decreto Ley también se incluyen, como no puede ser de otra manera, en éste. Son, en el caso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, las relativas a daños en el dominio público hidráulico, en el dominio público marítimo-terrestre y en infraestructuras rurales de uso general, como son vías verdes y caminos rurales.

También en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se prevén ayudas y subvenciones que conciernen a la financiación de obras que afecten a infraestructuras locales, todas ellas por el procedimiento de emergencia, con unas ayudas que pueden llegar hasta el 50 por 100 del coste del daño que se haya producido en la correspondiente infraestructura local. A petición de las Comunidades Autónomas afectadas, se han especificado como infraestructuras locales, tanto las mancomunidades, como las comarcas; los Consells Insulars, por lo que hace referencia a las Illes Balears, y la red viaria de las Diputaciones Provinciales. Asimismo, se incluyen, como no puede ser de otra manera, los beneficios fiscales que afectan al Impuesto de Bienes Inmuebles, al Impuesto de Actividades Económicas y al IRPF: quedan exentas de tributación las ayudas que se deriven de este Real Decreto Ley.

En el caso del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, también las que vienen habitualmente incluidas en este tipo de normas respecto de medidas laborales y de Seguridad Social. Si tienen algún interés más concreto, yo también se lo especifico.

Por último, he de señalar que se crea una comisión interministerial para la aplicación y seguimiento de las medidas establecidas en este Real Decreto Ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, en la que estarán, lógicamente, todos los Ministerios coproponentes a los que me he referido en mi exposición y los delegados del Gobierno de las Comunidades Autónomas afectadas; comisión interministerial que antes del próximo 30 de octubre deberá presentar un informe de balance del seguimiento y ejecución de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley.

En cuanto a impacto económico, ya la señora Vicepresidenta se ha referido a él. Evidentemente, en estos momentos estamos haciendo…, no podemos sino dar unas cifras provisionales, por razones obvias: en primer lugar, porque también en el ámbito temporal ya nos hemos referido a que se extenderá hasta el 31 de mayo; por otra parte, estamos todavía viviendo en directo algunas manifestaciones derivadas de estos eventos y las estimaciones no pueden ser sino provisionales.

Pero, con ese carácter de provisionalidad, en estos momentos podemos estimar que los daños causados por estos acontecimientos de la naturaleza, que son los que justifican este Real Decreto Ley, superarían en este momento los cien millones de euros, de los cuales, a grosso modo, podíamos decir que un 70 por 100 irían al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por afectaciones al dominio público terrestre y marítimo, y el 30 por 100 restante al Ministerio de Fomento, sobre todo por daños producidos en infraestructuras viarias, carreteras, algunos que afectan también a puertos, y ADIF y Renfe. Otra cantidad, en torno a cinco millones, provisionalmente, en evaluación provisional, sería la que correspondería a las ayudas a las que me referí y que debe gestionar el Ministerio del Interior.

Dicho esto, no quiero sino terminar agradeciendo de manera muy especial, porque creo que es nuestro deber, a todas aquellas personas e instituciones que han estado colaborando, y siguen colaborando, para hacer frente a estos hechos, garantizando la seguridad de las personas y bienes en la medida de lo posible.

Quiero decir que es de justicia referirse en este sentido a la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias ha movilizado a 450 efectivos y, unido al resto de personal que ha participado --Confederación Hidrográfica del Ebro, el resto de Administraciones e instituciones y cuerpos implicados, entre ellos la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, diversos servicios del Gobierno de Aragón, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza--, estaríamos hablando de más de mil personas que han colaborado y a las cuales, evidentemente, una vez más, les queremos reiterar nuestro agradecimiento por el trabajo que solidariamente han venido desarrollando y siguen desarrollando muchos de ellos, todavía en estos momentos, desde que se originaron estas situaciones.

P.- Ministro, esta semana hemos vivido que el presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que hay comisarios de Policía que le chantajean. Yo le quiero preguntar directamente, si es posible que nos conteste directamente: ¿en España hay comisarios que están chantajeando a políticos o miente el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Esto de reunirse con políticos es lo habitual en el funcionamiento de la Policía? ¿Qué tiene que decir el ministro del Interior sobre todo esto que está pasando?

Y a la vicepresidenta le quería preguntar. Como muchas veces el Gobierno nos había dicho que quería que se cerrara cuanto antes el "caso Gürtel", que se terminara, y la instrucción se ha terminado, o una parte, ¿el Gobierno está satisfecho porque se ha terminado esa instrucción?

Y un detalle del "caso Gürtel". Siempre nos ha dicho que ustedes colaboran con la Justicia, pero Hacienda se está negando a enviar un informe que le está pidiendo Ruz. ¿Está el Gobierno obstruyendo el final de la investigación de Ruz o por qué no está enviando lo que le piden?

Sr. Fernández .- Le diré que, cuando se produjo la reunión del presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, con dos comisarios de Policía, fue el 29 de noviembre de 2011. Yo creo recordar, y creo que no estoy equivocado, que el presidente del Gobierno fue investido presidente por las Cortes, por el Congreso de los Diputados, el 19 de diciembre y que los miembros del Gobierno juramos nuestro cargo el 22 de diciembre. Dicho de otra manera, el Partido Popular no estaba al frente del Gobierno y yo no estaba al frente del Ministerio del Interior.

Por tanto, esa reunión se produjo, insisto, el 29 de noviembre de 2011 y entonces, en todo caso, tendrán que responder quienes en ese momento gobernaban, aunque fuera en funciones. Insisto en que tomé posesión de mi cargo el 22 de diciembre de 2011.

Por lo demás, tengo que decirle que éste es un asunto que está judicializado y ustedes seguro que entienden perfectamente que, si todos los ciudadanos deben respetar la instrucción judicial, más, si cabe, permítamelo, un ministro del Interior. Por tanto, también espero de ustedes que entiendan la cautela y prudencia con la que debo abordar este asunto.

Pero hecha esta aclaración, debo decir que, en relación con los chantajes, extorsiones, etcétera, por lo que he leído se ha producido un cruce de denuncias ante los Juzgados correspondientes. Por tanto, eso lo tendrán que dilucidar los jueces, porque están esas cuestiones dilucidadas.

En todo caso, le diré que sobre la situación a la que usted se refería de manera especial, que trae causa de esa reunión del 29 de noviembre de 2011, estamos ante un caso que también está judicializado y, concretamente, en el Juzgado número 47 de la Plaza de Castilla. Y voy a ser muy preciso: el titular de ese Juzgado número 47 de la Plaza de Castilla, en un auto fechado el 27 de marzo de 2013, se dirigió al director general de la Policía "para solicitarle --y leo literalmente lo que dice la parte dispositiva de ese auto-- que, en el plazo de siete días hábiles, remitiera el original o copia autentificada del expediente sobre la (comillas) 'investigación interna puesta en marcha por ese centro' para el esclarecimiento de la investigación ilegal --leo textualmente lo que recoge el escrito del señor juez-- de que fue objeto el señor González por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía". Además, el juez, titular del Juzgado 47 de la Plaza de Castilla, insisto, disponía que esta resolución se pusiera en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas.

Pues bien, como no puede ser de esa manera, en respuesta al auto la Dirección General de la Policía dirigió al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de la Plaza de Castilla copia autentificada del expediente disciplinario que se instruyó al comisario del Cuerpo Nacional de Policía don Agapito Hermés de Dios Herrero. Este expediente incluía una nota informativa sobre la reunión mantenida el 29 de noviembre de 2011 por el señor González con dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía.

Esto es todo lo que tengo que decir, que me parece que no es poco.

Vicepresidenta.- En relación con la segunda y la tercera de sus preguntas, el Gobierno respeta las decisiones y los tiempos judiciales. Es lo que podemos decir al respecto. Como respeta y reconoce tanto la profesionalidad de los jueces, como la de los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que son servidores públicos.

P.- De estos cien millones que estiman para las ayudas por los temporales desde el pasado mes de enero, ¿qué cantidad se va a destinar para paliar los daños de esta última avenida del Ebro? ¿Se incluyen ahí también los sesenta millones que anunció la ministra de Agricultura para limpiar el cauce? Exactamente, ¿nos pueden especificar un poco qué medidas incluyen?

Sr. Fernández.- Tal como ha dicho la Vicepresidenta, y como yo mismo, siempre estamos hablando de cifras provisionales, insisto. En torno a los cien millones. He dicho que el 70 por 100, aproximadamente, irían al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el conjunto de las actuaciones que debe llevar a cabo en el ámbito territorial afectado por todos los eventos de la naturaleza que han propiciado estos daños. En el caso concreto por el que usted se interesa, estaríamos hablando, provisionalmente, de en torno a veinticinco millones de euros. Con toda la provisionalidad, insisto, a la que en todo momento nos debemos remitir.

Sí le quiero decir que en 2013 y 2014 ha habido limpiezas de cauces, y durante esta Legislatura el Gobierno ha invertido casi setenta millones de euros en limpieza de cauces, a los que se añadirán las inversiones que se realizarán, y que está previsto que se realicen, a lo largo de 2015. Por tanto, estos en torno a veinticinco millones, provisionalmente… No es una cifra que tenga que ser un compromiso. Digo que la estimación es de en torno a veinticinco millones de euros. Y creo que le he contestado diciéndole que la limpieza de cauces 2013-2014 se subió la inversión a setenta millones de euros.

Lo que se ha invertido en limpieza de cauces en los ejercicios 2013 y 2014 ha sido setenta millones de euros, y hay que añadir las inversiones que se destinarán para esta finalidad durante 2015. Y en cuanto a los daños derivados de estas avenidas, etcétera, ya hemos dicho que eran en torno a unos veinticinco millones de euros, de ese conjunto de cien millones.

Vicepresidenta.- De hecho, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente probablemente asuma, de estos cien millones, el montante más elevado, por cuanto, digamos, la vuelta a la normalidad de lo que se llama dominio público hidráulico, que es el cauce y que son los márgenes, es lo que se lleva la mayor parte de estas cantidades. Lógicamente, es difícil ya individualizar por provincias o por Comunidades Autónomas lo que va a ser el coste de esa limpieza. Pero sí, básicamente, uno de los montantes más importantes de este Real Decreto Ley lo es para restaurar ese dominio público hidráulico y esos cauces de los ríos; la cuantía más elevada.

P.- Le quería preguntar por el señor León de la Riva, que está acusado de un delito de desobediencia y va a ser el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid. El Ministerio de Justicia defendía ayer esta circunstancia y, en un momento en el que se está exigiendo limpieza a los partidos, yo le quería preguntar si considera oportuno que una persona que está procesada y que se va a enfrentar a un juicio oral el mes que viene puede representar a los populares o es conveniente que represente a los populares en Valladolid.

Por otro lado, quería saber si usted personalmente estaría dispuesta a hacer campaña junto al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Vicepresidenta .- Sobre la primera de sus preguntas, no le corresponde al Gobierno, y menos en esta mesa, y en ningún caso, decidir quiénes son los candidatos de ningún partido, ni siquiera del partido que sostiene al Gobierno. Con lo que yo de ese punto nada le puedo informar.

Sobre el segundo de los puntos, va ligado al anterior. Primero, tendrán que decir los partidos quiénes son los correspondientes candidatos en cada sitio.

P.- Vicepresidenta, como estamos ya en la primera campaña electoral del año --quedan todavía unas cuantas-- y todo indica que el partido que apoya al Gobierno puede tener una fuerte caída, en este caso, en Andalucía, yo quería saber si preocupa al Gobierno empezar el año electoral de esta manera, con el partido que le apoya con esta caída que puede tener, y si está haciendo alguna reflexión o alguna autocrítica para intentar remontar o recuperar el terreno perdido de aquí a las generales, porque los mensajes de recuperación económica y de optimismo no acaban de calar en la sociedad, como se está viendo.

Por otro lado, quería saber, realmente, hasta qué punto le preocupa al Gobierno también la subida de Ciudadanos y si piensa que puede ocurrir algo parecido a lo que le ha ocurrido al PSOE con Podemos.

Vicepresidenta.- Su primera pregunta va ligada a las encuestas y yo aquí no valoro encuestas. No valoro ni las que hacen organismos públicos ni las que puedan hacer otro tipo de instituciones. Las encuestas que importan son las del día de las elecciones, en cuanto que éstas se traducen en la representación en los Gobiernos correspondientes. Ni me corresponde a mí valorar tampoco por qué motivos estas elecciones se realizan en esta fecha. Yo creo que a quien las ha adelantado un año antes le corresponde aclarar cuáles son los motivos que han fundamentado esa decisión.

En segundo lugar, el Gobierno a lo largo de esta Legislatura está cumpliendo con el principal mandato que recibió de los españoles, que es sacar a España de la crisis y afianzar la recuperación. Sinceramente, esos datos están ahí y lo demuestra, entre otras cuestiones, el Índice de Confianza del Consumidor. Esta semana, por ejemplo, hemos conocido el mejor dato de reducción de paro del mes de febrero en catorce años; la prima de riesgo está en la situación que todos ustedes conocen; mejoran los índice de consumo; mejoran los índices de compra de automóviles y mejora la constitución de hipotecas y, por tanto, las compras de vivienda. Y ésos son síntomas de que la recuperación empieza a llegar a las familias.

Hace tres años cogimos un país en quiebra, hoy España es de los países que más crece de los grandes de la Unión Europea; hace tres años cogimos un país en el que se destruían 3.200 empleos al día y hoy se crean en el entorno de 1.200 a 1.400. Eso es economía real, porque la persona que sale del paro, desde luego, pasa a otra situación. Y lo que estamos haciendo es afianzar esa recuperación; es nuestra tarea.

Si me permite un símil, esto es como lo de la gente que se coloca ociosa a ver lo que se hace en una obra y todo el mundo dice: "de esta manera, póngalo usted así, póngalo usted…". Pero el que está en el andamio es el que está llevando a cabo la obra y tiene la responsabilidad. Entonces, me imagino que muchos partidos se colocan a mirar cómo estamos haciendo esa obra; pero nosotros, de momento, hemos colocado a España en la senda del crecimiento y hemos colocado a España en la senda de la creación de empleo. En España se está recuperando el consumo y en España se está ganando inversión. Cada vez confían más en España los de dentro y los de fuera, y ahí están los datos de creación de empleo en sectores tan importantes como el industrial, que es empleo mucho más estable y de calidad, o el empleo de la construcción que se va recuperando, y ahí están las cifras. Opinadores luego los hay para todos los gustos, pero este Gobierno ha venido con un objetivo y está dedicado a ese objetivo.

P.- Dos cuestiones. No le he entendido muy bien cuando ha hablado del recurso a la creación de dos nuevas oficinas…

Vicepresidenta.- Sí, el contencioso-administrativo.

P.- ¿Eso ha sido vía contencioso, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? ¿Ahí se pide la suspensión también del decreto? ¿Y por qué no ha recurrido también al Tribunal Constitucional este decreto de creación de estas nuevas oficinas, sobre este punto?

Sobre otra cuestión, como ministra de Relaciones con las Cortes, quería saber si tiene respuesta a la petición del PSOE de que comparezca el presidente del Gobierno para hablar en la Cámara sobre la apertura de juicio oral en el "caso Gürtel".

Vicepresidenta .- El recurso de inconstitucionalidad que hoy planteamos es respecto de la Ley de Acción Exterior en Cataluña, es decir, la Ley que, digamos, da cobertura a un conjunto de actuaciones que después ha ido llevando a cabo la Generalitat. De hecho, ha sido uno de los elementos que ha pesado sobre el Gobierno para proceder de este modo, por cuanto la Generalitat, aprobada la Ley, ha ido abriendo una serie de delegaciones en desarrollo de la misma.

Nosotros planteamos este recurso de inconstitucionalidad y lo hacemos con suspensión de la Ley; pero, entre tanto, se han ido abriendo una serie de delegaciones sin cumplir unos requisitos de legalidad, que es, en este caso de estas dos, el necesario informe del Ministerio de Asuntos Exteriores que prevé una ley, la Ley de Acción Exterior del Estado. Por tanto, la estrategia procesal ha sido… Han abierto delegaciones sin cumplir un trámite de legalidad cual es que es necesario informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque es necesaria una coordinación, porque la proyección exterior que tienen reconocidas las Comunidades Autónomas no implica todo lo que la Generalitat está haciendo o lo que la Generalitat pretende hacer con la Ley que ahora aprueba.

En el caso del recurso de inconstitucionalidad, le puedo decir que sí. En el segundo de los supuestos, me imagino que también; pero en este último extremo he de decirle que en estos momentos no se lo puedo asegurar al ciento por cien. Ésa era la intención, pero tendría que mirarme el recurso contencioso, que en estos momentos no recuerdo. Pero, no obstante, le informamos, si le parece bien, después de esta rueda de prensa.

En cuanto a la segunda de las decisiones, en caso de su admisión, es un asunto que corresponde a la Junta de Portavoces. Pero sí quiero señalarle una cuestión: el presidente del Gobierno ha comparecido en reiteradas ocasiones sobre este asunto, y en plenos monográficos sobre este asunto. Da la sensación de que en cada trámite procesal vuelven a reclamar una comparecencia que, como ya digo, ya se ha celebrado en bastantes ocasiones.

P.- Vicepresidenta, otra vez, retomando el tema de la desgracia ocasionada por el río Ebro, se ha reabierto estos días el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, que se quedó aparcado en el último año del Gobierno de José María Aznar, porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero optó por otro tipo de política hidráulica. ¿Se puede replantear el Gobierno --en esta Legislatura no, pero en la próxima-- la política hidráulica e, incluso, retomar ese Plan Hidrológico Nacional, o algo que se le parezca, para evitar esa desigualdad en los recursos hídricos entre el norte de España y el sur?

Vicepresidenta.- Cuando llegamos al Gobierno, teníamos un mandato de las instituciones europeas de aprobar los Planes de Cuenca de todas las cuencas españolas. No se había aprobado más que uno, en Canarias. ¿Qué hemos hecho en esta Legislatura? Aprobar todos los Planes de Cuenca y, además, lo hemos hecho con consenso entre las distintas Comunidades Autónomas. Ésa es la tarea en la que siempre el Gobierno va a trabajar: en buscar una planificación hidrológica con consenso entre todas las Comunidades Autónomas.

Como digo, en esta Legislatura lo hemos hecho en esos Planes de Cuenca, que no había, como digo, aprobado más que uno, y estábamos en incumplimiento. Y, fíjese, hemos aprobado esos Planes e inmediatamente nos hemos tenido que poner a hacer su revisión porque, como ya se había pasado el plazo, estábamos en plazo de revisión de lo que todavía no habíamos aprobado.

P.- Nos ha relatado usted los cambios que ha habido en materia de política económica, pero parece que estos buenos datos no calan en la sociedad. El propio presidente del Gobierno dijo que habría que ser pedagógico. ¿Cree el Gobierno que no están siendo pedagógicos?

Y retomando una pregunta anterior, ¿qué va a hacer el Gobierno para que esta situación real que ustedes describen pueda ser percibida como tal?

Vicepresidenta.- Estamos hablando muchas veces del terreno de la subjetividad y hay un dato que sí quiero poner de manifiesto: los últimos datos de confianza del consumidor, el del mes de enero y el del mes de febrero, son de los mejores de toda la serie histórica; es decir, la confianza está volviendo al consumidor.

Indudablemente, hay una dificultad, y por eso reclama el Presidente esa pedagogía, que es que nos corresponde explicar a los ciudadanos lo que podía haber pasado y este Gobierno ha evitado. Ahí está esa dificultad. Pero era muy factible en España, y de hecho había voces que reclamaban que España pidiera un rescate, una intervención, de las de verdad. No estoy hablando de asistencia financiera, de las de verdad; una intervención de su economía.

Si el Gobierno hubiera hecho caso a buena parte de esas voces, hoy España estaría bajo intervención y estar bajo intervención y estar bajo un programa, un programa económico completo, podía haber supuesto medidas --y yo sólo hago una referencia a las que se han adoptado en otros países de nuestro entorno-- como haber rebajado las pensiones un 20 por 100. Es decir, los pensionistas españoles podían haber sufrido una rebaja del 20 por 100 de sus pensiones o haber perdido algún tipo de paga asociada a las mismas, o ver incrementados los impuestos por los que tributan ese tipo de prestaciones; o haber reducido las prestaciones por desempleo; o haber disminuido legalmente la cobertura de esas prestaciones por desempleo.

En España no se ha hecho. En España no se han congelado las pensiones, en España las pensiones han ganado y están ganando poder adquisitivo, porque la inflación es negativa y se están actualizando. Las prestaciones por desempleo se mantienen y, además, hemos hecho dos cosas: el Plan PREPARA ya no se prorroga cada seis meses; será en España constante hasta que baje el desempleo del 20 por 100. Y hemos aprobado un Plan de Activación: hoy 850 millones para un Programa de Activación de parados de larga duración.

Y otras medidas podrían haber afectado a los empleados públicos, que en España es un colectivo muy importante y que, además, hay que reconocerle que ha hecho muchos esfuerzos durante la crisis.

Entonces, eso también lo tenemos que explicar. ¿Por qué? Porque, a pesar de todas esas dificultades, esto podía haber pasado y muchas voces lo pedían, y lo pedían no en el mes de abril, cuando se hablaba de la asistencia financiera y el MOU se cerró en el verano; lo pedían en el mes de septiembre, por escrito y públicamente. Y eso también hay que explicarlo.

Sencillamente, yo creo que hay algo que los ciudadanos valoran y es que en tres años el esfuerzo que ha hecho España es muy grande. Es el esfuerzo de sus ciudadanos. Y en el ámbito internacional, España es hoy uno de los países que se considera más serio y más solvente a la hora de hacer reformas.

Muchísimas gracias.