Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los asuntos y proyectos que han sido hoy aprobados y debatidos en el Consejo de Ministros.

La semana pasada les informamos de que el Gobierno estructuraba su actuación en este 2015 en cinco grandes ejes: en primer lugar, medidas para la activación del empleo. España es el país que más crece de los grandes de la eurozona y el que más está creando empleo; pero necesitamos medidas, y medidas específicas, para favorecer el acceso al empleo al que no lo ha tenido, al que es para larga duración o al que ha visto interrumpida su formación como consecuencia de otros tiempos de bonanza económica en que se abandonó la formación y ahora, sin formación, se pierde, además, el empleo.

El segundo de los ejes es la Agenda Social del Gobierno. El tercero, la continuación con el paquete de reformas estructurales en ámbitos importantes, como el financiero, cuestiones económicas y cuestiones también de determinados sectores, como la política industrial, importantes para nuestro desarrollo. El cuarto de los ámbitos era la reforma de las Administraciones Públicas, en torno a la cual dimos cuenta la semana pasada de dos importantes leyes, además del avance de resultados. Por último, un conjunto de medidas de fortalecimiento institucional y, entre ellas, también una ley que hoy presentamos: el Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional.

Pues bien, sobre el primero de estos asuntos, sobre el empleo, hoy presentamos una norma importante; es decir, nos centramos también en ese primer eje de la Agenda y de las medidas del Gobierno. Se trata de un Real Decreto por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Lo que trata esta norma es de garantizar la igualdad en el acceso a los servicios de empleo a todos los trabajadores en el ámbito nacional.

Ya la Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, que aprobamos en el mes de septiembre, establecía objetivos comunes y, sobre todo, un nuevo sistema de información, medición y evaluación de resultados. Con este Real Decreto, y por primera vez desde el traspaso de las competencias de empleo a las Comunidades Autónomas, fijamos el marco común con las medidas que tienen que llevar a cabo los distintos servicios de empleo autonómicos. Ello sin perjuicio de que pueda ampliarse o complementarse esa Cartera por parte de las Comunidades Autónomas.

Como ahora les detallará la Ministra, la Cartera está integrada por cuatro grandes servicios: el servicio de orientación profesional, encargado de la identificación de los perfiles de los trabajadores y del asesoramiento personal acerca de las tendencias del mercado; el servicio de colocación y atención y asesoramiento a empresas, para buscar el mejor encaje y enlace entre la oferta y la demanda; el servicio de formación y cualificación para el empleo, y, luego, también el servicio para el autoempleo y el emprendimiento.

De todas estas medidas informará seguidamente la ministra de Empleo.

El segundo de los textos que hemos aprobado es el Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Se ha aprobado este Anteproyecto que empieza ahora un trámite de consultas a los principales órganos asesores del Gobierno y, en particular, al Consejo de Estado.

Con esta norma de lo que se trata es de dotar al Estado de herramientas adecuadas en nuestro Sistema de Seguridad Nacional a los nuevos riesgos y amenazas. Este Anteproyecto le da un enfoque integral a la Seguridad Nacional y recoge una mejor coordinación ante fenómenos en los que puede haber varios organismos o varias Administraciones competentes: ciberseguridad, terrorismo, catástrofes naturales, vulnerabilidad energética, etcétera.

La finalidad del Sistema de Seguridad Nacional es el funcionamiento óptimo, flexible e integrado de todos los recursos de que dispone el Estado para garantizar la seguridad y libertad de los ciudadanos, y la defensa de nuestros valores democráticos. Este Anteproyecto responde al compromiso que ya asumió el Gobierno en materia de Seguridad Nacional desde 2012 para adecuar nuestras estructuras, que son amplias, a una realidad compleja y cambiante en materia de seguridad.

Quiero destacar que este texto tiene su origen en la Estrategia de Seguridad Nacional, que preveía ya la necesidad de que los poderes públicos se dotaran de una Ley Orgánica que articulara un Sistema de Seguridad Nacional.

Este Sistema, que estará bajo la dirección del presidente del Gobierno, integrará a todos los agentes clave de seguridad y libertad de los ciudadanos, y de los principios constitucionales de nuestro Sistema. El presidente del Gobierno estará apoyado en esta tarea por el Consejo de Seguridad Nacional que tiene, como saben, carácter de Comisión Delegada del Gobierno, y ha sido la encargada, precisamente, de elaborar el Anteproyecto de Ley. Este texto ha contado con la participación de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Interior y Presidencia. Fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 31 de octubre y ahora será enviado, como decía al inicio de mi intervención, al Consejo de Estado para su dictamen.

¿De qué se trata? De potenciar las capacidades que tiene el Estado para responder a desafíos de índole muy diversa. Por eso, lo que hace esta norma es implantar un concepto amplio e integral de seguridad nacional: por un lado, se recogen los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional, como son la defensa, la seguridad pública y la acción exterior, que tienen, por otro lado, su normativa específica; pero, además, se definen los llamados ámbitos transversales, en que distintos Departamentos pueden tener competencias. Estoy hablando de asuntos tan importantes y trascendentes para nuestra seguridad como la ciberseguridad, la seguridad marítima, el espacio aéreo o la económico-financiera. Y se recogen, además, determinados sectores que son de especial interés para la Seguridad Nacional, como pueden ser el medio ambiente, la energía, los transportes o las telecomunicaciones.

La norma lo que hace es detallar el sistema orgánico institucional, defendiendo qué competencias tiene cada órgano superior y cada autoridad en el ámbito de la Seguridad Nacional: las Cortes, el Gobierno, el presidente del Gobierno, los distintos ministros y el propio Consejo de Seguridad Nacional.

Este sistema lo que permite es operar en diversos escenarios que se definen según la particularidad y la gravedad de la situación. En concreto, se introduce un nuevo concepto, que es el de situaciones de interés para la Seguridad Nacional. Con esto se cumple la función de complementar un vacío normativo que existe en la actualidad. Tenemos los estados de alarma y excepción que, junto a los de sitio, son estados que contempla nuestra propia Constitución; por otro lado, tenemos aquellas situaciones ordinarias que se satisfacen con mecanismos y con recursos habituales. Sin embargo, hay una serie de circunstancias en las que es necesario poner en común una mejor coordinación, una mayor cantidad de medios y una especial atención sobre el asunto, sin necesidad de que se adopten estos otros estados constitucionales, la alarma y la excepción, que suponen, como bien saben, medidas extraordinarias que conllevan suspensión de derechos.

En este punto quiero insistir mucho: en ningún caso la adopción de una declaración de interés para la Seguridad Nacional comporta la suspensión de ningún derecho fundamental ni de ninguna libertad pública. Eso sólo es en los estados de alarma y excepción, y, en su caso, en el estado de sitio. Pero sí permite coordinar mucho mejor y poner especial atención y esfuerzos a estas medidas que requieren, por su gravedad potencial, o por la transversalidad de las medidas adoptadas, o por la incertidumbre que generan, una especial atención, mediante la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional que la lleva a cabo el presidente del Gobierno.

Por tanto, ¿qué se pretende? Completar y dar continuidad a las políticas y a la Estrategia de Seguridad Nacional que ha emprendido este Gobierno desde el inicio de la Legislatura, con un objetivo fundamental: preservar la seguridad y las libertades de los ciudadanos.

Tercero de los asuntos. Hoy damos un impulso muy importante al Corredor Mediterráneo. Como saben, esta infraestructura, el Corredor Mediterráneo, es considerado como un eje ferroviario fundamental por la Unión Europea. Ni más ni menos, el Corredor Mediterráneo aglutina el 40 por 100 de la población española y representa el 49 por 100 del tráfico total de mercancías por medios terrestres en España. Hoy se da impulso a esta Línea de Alta Velocidad en un tramo que afecta a las provincias de Murcia y Almería, con lo que se da continuidad al Corredor Mediterráneo en Andalucía.

En cuanto a las obras que hoy aprobamos: hoy se autoriza la celebración del contrato-ejecución de las obras del proyecto de construcción de la plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en el tramo Pulpí-Cuevas de Almanzora, que es de un interés esencial para la conexión con Murcia. El contrato tiene un valor estimado, sin IVA, de más de 71 millones de euros.

Las obras que hoy aprobamos tendrán una longitud de 12,2 kilómetros y discurren entre los municipios de Pulpí y Cuevas de Almanzora; pero es un elemento fundamental para conectar Andalucía y Murcia y dar, por tanto, continuidad a todo el Corredor Mediterráneo. El trazado se ha diseñado para doble vía, con ancho internacional y posibilidad de uso para tráfico mixto: personas y mercancías. Ya hemos visto que el Corredor Mediterráneo aglutina el 40 por 100 de la población y el 49 por 100 del tráfico de mercancías por vía terrestre.

Algunas otras cuestiones de interés. Hoy aprobamos un Real Decreto por el que se desarrolla la reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e identificación de determinados productos vitivinícolas. ¿En qué consiste? Esta modificación incluye la posibilidad de que los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida puedan recoger en su etiquetado la mención "Embotellado en origen", cuando estos vinos hayan sido embotellados por empresas situadas en la zona geográfica de esas denominaciones de origen. Esto lo que permite es, además, señalar que el embotellado se ha producido en la zona de la denominación de origen. Ha sido pedido por algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña y Castilla y León.

También incluimos la actualización del listado de unidades geográficas mayores que la zona que abarca una denominación protegida, para que pueda ser utilizada la mención de la zona más amplia: Andalucía, en este caso, para esa Comunidad Autónoma. Es decir, las denominaciones de origen de Andalucía podrán contener la expresión "Andalucía" y la denominación geográfica correspondiente: Montilla-Moriles, por poner un ejemplo, y la ministra, que es de la zona, podrá poner muchísimos ejemplos. Se nota que es de Huelva: Vinos del Condado.

Por último, y en otro orden de cosas, hemos aprobado el Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución para el año 2015 del fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Como bien saben, según la Ley que regula este fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados se destina a medidas de lucha contra el consumo, a la asistencia a drogodependientes o a la colaboración internacional. Con el Acuerdo aprobado hoy se autoriza a la mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo a sufragar en 2015, con cargo a esta partida, diversas actuaciones.

Es decir, el procedimiento es: los bienes decomisados por el tráfico de drogas pasan a un fondo, se hacen líquidos, se convierten en dinero y ese dinero a lo largo de cada año va destinado a una serie de fines de este interés social. Pues bien, lo que se hace al principio de cada año es decir a qué fines irá lo que se decomise y se haga líquido en el año 2015.

En el ámbito de la reducción de la demanda, programas de prevención de toxicomanías, asistencia a drogodependientes, inserción laboral y social de los mismos, a través de programas de sensibilización y prevención, sobre todo los referidos a la prevención de enfermedades transmisibles asociadas al consumo de drogas inyectadas y los problemas generados por nuevas sustancias y nuevos patrones de consumo; programas asistenciales y de inserción socio-laboral dirigidos a menores afectados o en situaciones de riesgo, drogodependientes con problemas judiciales o internados en instituciones penitenciarias, y a población de alto riesgo; programas de formación y reciclaje de profesionales, voluntarios y mediadores sociales en prevención de asistencia e inserción socio-laboral; y, además, se incluyen proyectos de investigación en drogodependencia y actuaciones de cooperación en el ámbito internacional.

En el ámbito del control de la oferta, se recogen programas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contras las drogas y el blanqueo de capitales. Están dirigidos a mejorar las comunicaciones, los sistemas informáticos, el incremento de los medios materiales y promover la formación de los recursos humanos destinados a esta actividad.

Hoy lo que aprobamos son los criterios de distribución de 2015, no las cantidades. Pero, para que se hagan una idea, en 2014 se repartieron 27,5 millones de euros. No es una cantidad, por tanto, pequeña.

Por último, hoy damos un paso para potenciar los principios de mérito y capacidad en la selección de los candidatos a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y miembros del Tribunal General de la Unión Europea. Como saben, estos tribunales se integran por candidatos de distintos Estados que presentan su candidatura y su propuesta final a las instituciones europeas.

España necesitaba un sistema que garantizara la elección de los mejores expedientes, de los mejores currículos, y que lo hiciera con criterios objetivos de mérito y capacidad; de modo que, cuando sea necesario proponer el candidato, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicará a Justicia y al Ministerio de la Presidencia, así como al Consejo Ejecutivo de Política Exterior, la necesidad de elaborar la propuesta, desarrollando un proceso de selección con publicidad. Un comité de selección examinará la idoneidad de los candidatos y propondrá un candidato a juez o abogado general del Tribunal de Justicia, o a miembro del Tribunal General de la Unión Europea. Esto se comunica al Consejo Ejecutivo de Política Exterior que, previa a la elevación al Consejo de Ministros, es quien toma la decisión final.

Por tanto, se establece un sistema que ofrece las máximas garantías de capacitación, transparencia y adecuación al cargo de los candidatos que España presenta, de cara al desempeño de unas responsabilidades tan relevantes en el ámbito de la justicia europea, cuyas decisiones, como bien saben, tienen una repercusión creciente en todos los Estados de la Unión y en todos sus ciudadanos.

Sra. Báñez.- Hoy presentamos, después del Consejo de Ministros, un nuevo Real Decreto que desarrolla lo que es la Estrategia Española de Activación para el Empleo. Como saben muy bien, la principal prioridad del Gobierno, y también de la sociedad española, es el empleo y en eso llevamos trabajando desde el inicio de la Legislatura.

Quiero empezar recordando que 2014 ha sido el año del empleo en España; el primer año, después de siete años de crisis, en que la sociedad española y las reformas del Gobierno han puesto en marcha por primera vez la máquina del empleo. Gracias al esfuerzo conjunto de todos, también de las Comunidades Autónomas y de los interlocutores sociales, en 2014 se crearon cada día más de 1.600 empleos, algo muy diferente de lo que ocurría en el año 2011, cuando llegamos al Gobierno, que se destruían cada día en nuestro país 1.400 empleos.

Por tanto, estamos ante una nueva realidad, la realidad de que el empleo ya se está creando en España; pero somos conscientes de que nos queda mucho camino por recorrer. Nos queda todavía mucha gente desgraciadamente en las listas del desempleo y la gran prioridad para nosotros es que acortemos los tiempos del desempleo al empleo. El poder ganarle tiempo al tiempo, insertando cuanto antes a los parados en el mercado de trabajo, es la principal preocupación y ocupación del Gobierno, de las Comunidades Autónomas y también de los interlocutores sociales.

Por eso pusimos en marcha nuevos instrumentos para facilitar esa labor. Ésa es la Estrategia Española de Activación para el Empleo y hoy damos un paso más con la presentación de esta Cartera Común de Servicios. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que las políticas activas de empleo en nuestro país sean mejores y, sobre todo, más eficaces. Si quieren, es la reforma del mercado de trabajo silenciosa, porque estamos trabajando con los interlocutores sociales y con las Comunidades Autónomas desde hace mucho tiempo para hacer eficaces los Servicios Públicos de Empleo, a disposición, por supuesto, de los desempleados y de su vuelta al mercado de trabajo.

Históricamente, en nuestro país este tema, las políticas activas de empleo, no ha sido un problema de recursos. Por ejemplo, entre los años 2008 y 2011 se pusieron a disposición de las políticas de empleo más de treinta mil millones de euros; sin embargo, el resultado sí que no ha sido el adecuado: ha habido más de 3.300.000 parados más en ese mismo período. Pero es que, además, tenemos datos cualitativos que nos indican que no hemos sido muy audaces, muy eficaces, en la gestión, porque el 47 por 100, por ejemplo, de los desempleados no contacta con una oficina pública y nada más que el 30 por 100 espera una llamada de esa oficina de empleo.

¿Qué es lo que ha pasado históricamente? Que los Servicios Públicos han estado más en la gestión de las prestaciones y los subsidios públicos. Y quiero agradecer aquí, porque es de justicia, la inmensa labor y la gran dedicación de todos los funcionarios públicos de todas las Administraciones y servicios públicos de empleo, tanto nacionales como autonómicos, durante la crisis, porque han hecho una ingente e importante labor.

El problema es de adecuación y de atención a las nuevas necesidades de los desempleados en nuestro país. En eso también nos tenemos que modernizar y nos tenemos que adaptar ante la nueva realidad, porque tenemos, no sólo que atender al desempleado, sino también orientarle, ayudarle en su vuelta al mercado de trabajo. En este camino hemos trabajado, insisto, durante estos años con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales para hacer de esta Estrategia la estrategia hacia el empleo.

¿Qué es la Cartera Común de Servicios? Es un mínimo común, un nuevo paso en la modernización de esos Servicios Públicos, que completa ya esos avances de coordinación que hemos realizado desde hace tiempo. ¿El objetivo? Garantizar los derechos de los ciudadanos y definir también las obligaciones de los servicios de empleo. Con esta Cartera Común de Servicios contamos con un marco común que garantiza la igualdad de acceso a todos los desempleados en cualquier oficina pública de todo el territorio nacional; pero permite algo más, permite que podamos medir, hacer un seguimiento de qué se está ofreciendo como atención personalizada a los desempleados. Sentamos con ello las bases de lo que es el nuevo modelo de políticas activas de empleo, que es su orientación a resultados.

Ustedes conocen muy bien que, progresivamente, los años 2012, 2013 y 2014 hemos dado pasos en dos sentidos: vincular políticas activas y pasivas de empleo, y también orientar los recursos públicos a resultados. El año 2015 será el primer año en que los recursos de políticas de empleo, el 60 por 100, se abonarán, se mandarán, a las Comunidades Autónomas en función de la eficacia y de los resultados previstos en todos y cada uno de los objetivos que todas las Comunidades Autónomas con el Gobierno nos damos el año previo en Conferencia Sectorial.

Por tanto, quiero insistir en que es un paso más en esa estrategia común hacia la eficiencia y hacia la eficacia en las políticas activas; fruto del consenso con todas, insisto, con todas las Comunidades Autónomas, y agradezco el trabajo que han hecho junto con el Gobierno, y también fruto del diálogo social, como se comprometieron en julio pasado con el presidente del Gobierno las organizaciones empresariales y sindicales.

Los principios de actuación en este contenido del catálogo de servicios son la igualdad de acceso en todo el territorio y, por supuesto, la gratuidad de los servicios; la orientación a resultados; la transparencia y la eficiencia en la gestión; esa atención, como les decía, personalizada al usuario, y también la interoperabilidad de servicios y de datos que nos permitirá hacer esa medición y evaluación de toda esa eficacia.

Los Servicios de Empleo harán, fundamentalmente, orientación profesional desde la elaboración de ese perfil individualizado del usuario, de la persona desempleada; atenderán y darán asesoramiento, por tanto, personalizado sobre las tendencias del mercado, pero también ayudarán en las labores de intermediación y emparejamiento con un asesoramiento específico a las empresas, algo en lo que no se incidía en el pasado en los Servicios Públicos de Empleo.

Por otra parte, nos ayudará también en el ámbito de la formación, porque serán los Servicios Públicos de Empleo los que incluyan el desarrollo de la cuenta de formación, que, como saben, es una cuenta asociada a la cuenta de Seguridad Social que pusimos en marcha con la reforma laboral, que tendrá certificada toda la formación durante toda la vida laboral del trabajador para, con esa información, tener mayor facilidad para cambiar de empleo, mejorar el empleo y también volver al mercado de trabajo cuando temporalmente se esté en el desempleo.

Por último, las Oficinas y los Servicios Públicos de Empleo también asesorarán en el ámbito del emprendimiento y del autoempleo.

La Cartera de Servicios incluye unas actividades básicas, que se diseñarán con las Comunidades Autónomas, con un protocolo de actuación, porque lo que intentamos es entre todos hablar un lenguaje común que sea estandarizado; un lenguaje común que nos valga para ser más eficientes y también para ser medible. Porque ustedes se imaginan que no es lo mismo una entrevista individual a un desempleado en una oficina pública que atender a cincuenta en una sola sesión informativa de carácter grupal. Y tampoco es lo mismo contar con un tutor personalizado del desempleado, como vamos a hacer, que no simplemente mandar información estandarizada al Gobierno de España para que se puedan medir los resultados.

Por tanto, los protocolos de actuación se van a desarrollar con las Comunidades Autónomas, de tal manera que se delimiten los mínimos en todo el territorio nacional; insisto, garantizando así los derechos del desempleado y también ayudándonos a sistematizar la información y poder hacer esa evaluación y seguimiento hacia la eficacia de las políticas públicas.

Les decía que no ha sido un problema de presupuesto, tampoco lo va a ser en el año 2015. Dedicamos a políticas activas de empleo para el año 2015 4.763 millones de euros, con un incremento, que también conocen, de más del 16 por 100 en el año 2015 sobre el año 2014. De ese total, el 43 por 100, es decir, 2.082 millones, va a acciones formativas; 1.500 millones van a bonificaciones a la contratación, favoreciendo a aquellos desempleados que lo tienen más difícil en su incorporación al mercado de trabajo --estamos hablando de colectivos como los jóvenes, las mujeres, los parados de larga duración o los mayores de 45 años--; hay también algunas partidas, como esos 260 millones dedicados a los colectivos especialmente vulnerables o en riesgo de exclusión.

En el caso de la atención en esta Cartera de Servicios, las Comunidades Autónomas van a contar con 251 millones de euros de orientación laboral, 110 millones de euros para hacer acuerdos de colaboración con las agencias privadas de colocación, que van a ser un elemento novedoso que nos ayude a insertar a trabajadores desempleados en el mercado de trabajo; y 100 millones de euros en modernización de los servicios de empleo.

Por tanto, estamos ante un paso más hacia la eficiencia, porque nuestro único objetivo para interlocutores sociales, Comunidades Autónomas y Gobierno de España es ganarle tiempo al tiempo e intentar que lleguen al mercado de trabajo cuanto antes los muchos millones de desempleados que todavía no han encontrado esa oportunidad de empleo que merecen.

P.- Sobre la Ley de Seguridad, yo le quería plantear a la Vicepresidenta si realmente la situación hace necesaria cambiar la Ley. Quiero decir, para que la gente se haga una idea, si una situación como la de París, o en España hemos tenido situaciones tremendas, no se podía afrontar con la Ley actual. Si realmente es un problema legal o es un problema de gestión.

En ese gran debate que usted sabe que hay entre libertad y seguridad, ¿cómo va el Gobierno a garantizar eso que usted nos ha dicho, que esa situación no genere ningún freno de libertades? Quería que incidiera un poquito más en ese asunto.

Sobre el asunto de la hepatitis C, también le quería plantear a la Vicepresidenta qué está haciendo el Gobierno en Bruselas, o en algunos otros foros, para reducir el precio de los fármacos, que parece que es un objetivo claro. ¿Se está haciendo algo, si se está consiguiendo algo o si se puede conseguir?

A la ministra le quería preguntar un detalle y hacerle una pregunta. El detalle: esos 4.763 millones, que dice que son un 16 por 100 más que el año pasado, en cualquier caso, es bastante menos que el dinero que había cuando ustedes llegaron al Gobierno, ¿no?, porque se bajó mucho en el primer año, si no recuerdo mal.

Y un detalle muy concreto, El Presidente y ustedes han dicho que al final de la Legislatura habrá más trabajadores registrados en la Seguridad Social que al principio. ¿Cuándo cree el Gobierno que se puede llegar a superar esa cifra? Entiendo que será a mitad de este año o…. ¿Cuándo cree el Gobierno que se puede llegar a esa cifra?

Vicepresidenta.- La primera de las preguntas es sobre la Ley. El anuncio de esta Ley y la necesidad de articular un sistema de Seguridad Nacional no nace en enero. El Gobierno presentó ya en 2012 sus primeros informes sobre la necesidad de abordar una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, se creó el Consejo de Seguridad Nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional se habló con todos los Grupos, se discutió en las Cortes Generales y, como consecuencia de esa Estrategia, uno de sus puntos era la aprobación de una Ley Orgánica de Seguridad Nacional que establecía la definición de una nueva cultura de Seguridad Nacional, el establecimiento de los distintos organismos e instituciones que están implicadas en ese ámbito, que toman decisiones, y el establecimiento de medidas para ordenar y coordinar muy bien los mecanismos y los servicios.

Este Anteproyecto de Ley que hoy se aprueba tuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional el 31 de octubre. Es decir, a lo que responde es a una política de Seguridad Nacional coherente desde el inicio de la Legislatura. Son muchos los Ministerios y las distintas instituciones con competencias e implicadas en materia de Seguridad Nacional. El concepto de Seguridad Nacional es hoy mucho más amplio de lo que originariamente era. Siempre se han vinculado los temas de Seguridad Nacional, y desde luego lo son, a los temas de defensa, a los temas de lucha contra el terrorismo o a los temas de lucha contra el crimen organizado; pero hay otros aspectos muy importantes de la seguridad que no son exclusivamente de esos ámbitos: estamos hablando de ciberseguridad, donde también hay otro tipo de agentes implicados, o de determinadas actuaciones que se adoptan en materia de seguridad marítima, por poner un ejemplo, donde hace nada además hemos creado comités específicos y especializados en ese punto, de ciberseguridad y seguridad marítima.

Es decir, no vincule usted esta Ley a los últimos acontecimientos, porque da la casualidad de que, tanto la Estrategia, en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, como estos borradores han sido, como digo, anunciados y definidos en una Estrategia de Seguridad Nacional hace tiempo; lo cual no obsta para que sea un instrumento también útil en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque es un elemento clave en la defensa de la Seguridad Nacional y en que existe, y de esta manera se reforzará, la coordinación nacional entre los distintos Ministerios implicados, entre las distintas Administraciones con competencias en materia de seguridad implicadas, porque en este país son varias las Administraciones que tienen competencia en materia de seguridad, y también las Policías locales tienen que hacer; y en que la cooperación internacional, como estamos viendo, es fundamental.

Con lo que lo se hace es establecer desde hace tiempo un engranaje, una estructuración, que no existía. ¿Por qué? Porque no había una estructura detallada que articulara un punto medio, y ahora enlazo con la segunda de sus preguntas, entre los estados de alarma y excepción --el estado de sitio ya es otra cuestión--, y la normalidad de las situaciones. Puede haber situaciones en que, por sus particularidades, por su gravedad o por su incertidumbre, sea necesario articular una declaración expresa y articular los mecanismos existentes.

Yo he insistido mucho, y va ligado a su pregunta, en lo que supone y lo que no supone esa declaración. El estado de alarma y el estado de excepción sí permiten una suspensión de derechos y libertades, y se ha utilizado una vez en España. Le recuerdo: ante el conflicto laboral de los controladores; una vez. En esta Ley Orgánica de Seguridad Nacional expresamente se recoge en la Ley que esta declaración no implica, no puede implicar, la suspensión de ningún derecho ni de ninguna libertad. Para eso están esos estados que recoge la Constitución y que tienen su propia Ley Orgánica.

Tercera de sus preguntas. Indudablemente, no sólo en esta cuestión, sino en el ámbito de la Unión Europea, es un tema que preocupa, en el que pocos Estados han tomado decisiones sobre esta materia; España es de los primeros que está trabajando sobre ese punto pero, indudablemente, es una tarea que la Unión Europea tiene que trabajar conjuntamente.

La Unión Europea ha empezado en el ámbito más general a trabajar en materias que nosotros también consideramos interesantes, como puede ser la centralización de las compras. Hace poco yo presenté, después de un Consejo de Ministros, medidas en ese sentido y la adaptación de nuestro sistema y la incorporación de esa posibilidad también de centralización de compras en el ámbito de la Unión Europea. Es uno de los temas en los que el Ministerio de Sanidad está trabajando intensamente, porque es una situación a la que se enfrentan todos los servicios sanitarios. Como digo, España es de los primeros que está abordando esta cuestión, muy pocos lo han hecho con anterioridad a nosotros, e, indudablemente, creo que en esta materia tenemos que ir cada vez más avanzando, como yo decía ese viernes, hacia un sistema mucho más común de adquisición de medicamentos y de proyectos de investigación en el conjunto de la Unión Europea mucho más coordinado.

Sra. Báñez.- Me ha preguntado usted por los recursos. Cuando hemos hecho el análisis con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, hemos visto que el problema no es que existan recursos, que existen, por todos los Gobiernos; el problema es que no hay eficacia. Yo le daba un dato y es que, entre el año 2007 y 2011 se pusieron a disposición de las políticas activas de empleo más de treinta mil millones de euros y, sin embargo, el paro en ese tiempo subió en más de tres millones y medio de personas. Es decir, los recursos públicos tienen que estar vinculados a resultados.

También he reconocido en mi intervención que en esos 4.763 millones de euros de políticas activas para el año 2015 hay un incremento de casi el 17 por 100, 16'8 por 100, lo que supone un incremento sobre el año anterior de 685,3 millones de euros adicionales.

Es decir, va a haber recursos importantes a favor de las políticas activas. El reto que tenemos todos --interlocutores sociales, Comunidades Autónomas y Gobierno-- es que sirvan de verdad en resultados para favorecer la incorporación de los desempleados al mercado de trabajo.

La segunda de sus preguntas es sobre los datos. Yo quiero hacer una pequeña reflexión, si me permite la Vicepresidenta. 2014 ha sido el año donde en España hay menos paro y más empleo pero, como ha dicho muy bien el presidente del Gobierno, cuando acabe la Legislatura habrá menos paro y más empleo que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011. Además, estamos convencidos desde el Gobierno de que los datos reales, día a día, irán ganando a las previsiones oficiales.

Le pongo un ejemplo del año 2014. En enero del año 2014, las previsiones que hacía el Gobierno y que hacían los agentes económicos y sociales eran que la economía crecería un 0'7 por 100 y, que como mucho, se crearían 2.000 empleos el año 2014. Pues bien, el resultado ha sido que la economía española ha crecido el 1'4 por 100 y que se han creado, en términos de afiliación a la Seguridad Social, más de 417.000 empleos. Por tanto, es bueno que los datos reales, porque son de verdad oportunidades para las personas, ganen claramente a las previsiones oficiales.

P.- Yo quería volver a la situación de interés para la Seguridad Nacional. ¿Nos podría poner un ejemplo que tuviera que dar lugar a la declaración por el Presidente de esta situación y cuáles serían las consecuencias? ¿En qué se vería, dado que no afecta a los derechos ni a las libertades?

Usted se ha referido hace un momento a la situación de la huelga de los controladores cuando se declaró el estado de alarma, que sí se les quitó a los trabajadores el derecho de huelga. ¿En este caso bastaría con la declaración de situación de interés para la seguridad, o no? ¿Nos podía poner un ejemplo para entender en qué caso se podría? ¿En el caso de que el ébola hubiera sido una epidemia se hubiera podido hacer? Es que yo, por lo menos, no acabo de entender la situación.

Por otro lado, el president Mas ha convocado unas elecciones y el Gobierno ya ha dicho que considera que es un fracaso; pero los partidos soberanistas piden ya una mayoría absoluta para poder declarar después la independencia. Me gustaría saber dónde pone el Gobierno, por un lado, el límite del fracaso o no fracaso de esas posibles elecciones en el bloque soberanista y si ha adoptado ya alguna medida para las medidas que ha dicho el president Mas que adoptará respecto a una hacienda propia, las cuestiones internacionales y la Seguridad Social.

Vicepresidenta.- Permítame que no sea yo quien cite cosas concretas, porque no siempre las cosas… Pero vamos a poner un ejemplo: una catástrofe de un efecto importante, en la que pueda haber varias Administraciones implicadas, que incluso a veces son transfronterizas. Entonces, tú tienes que poner en común. Tú declaras esa situación y constituyes, digamos, un comité muy especializado para llevar a cabo todo ese tipo de tareas que logre coordinar, en primer lugar, los recursos y las competencias que tiene la propia Administración General del Estado. Imagínese que allí hay competencias de Fomento; competencias de Interior, en el ámbito de la protección civil; es necesario que intervenga el Ejército o la UME, a su vez.

Alguien tiene que llevar a cabo esa coordinación y, a su vez, coordinarlo con las Administraciones autonómicas y locales que están implicadas, con el responsable máximo en cada una de esas Administraciones que tiene que adoptar esa serie de medidas; y que a su vez tiene, en el ámbito internacional, por ejemplo, reclamar las debidas ayudas o la debida atención en el ámbito de la Unión Europea, porque es una de las catástrofes que está contemplada como de especial interés o atención comunitaria, y coordina, por tanto, también al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Secretaría de Estado de la Unión Europea para que lleve a cabo ese tipo de trámites. Estamos hablando, entre otros, de este supuesto. Hace poco, por ejemplo, hicimos un simulacro de funcionamiento de un comité creado ad hoc para un terremoto de gran magnitud.

Entonces, se produce eso y hay que tomar una serie de decisiones y hay que hacerlo coordinadamente con la Administración Autonómica y con la Administración Local. Pues bien, esa situación, si nos encontramos ante una catástrofe de magnitud, podría determinar esa declaración por parte del presidente del Gobierno.

Esa declaración en ningún caso conlleva medidas excepcionales de suspensión de derechos y de libertades. Como verán en el texto de la Ley, ni se contempla y, es más, expresamente se determina que esto no tiene nada que ver con los estados de alarma y excepción, que se declaran cuando se dan los supuestos que establece la Constitución y la Ley Orgánica que los regula. Luego la discusión es si se han dado esos supuestos, o los supuestos para su prórroga, que es la discusión que hubo en España cuando se declaró el estado de alarma ante un conflicto de naturaleza laboral. Entonces la discusión era si ante un conflicto de naturaleza laboral hay que llegar a ese extremo, ésa fue la discusión, y si además hay que prorrogarlo.

Pero eso es otra Ley. Esto lo que es un mecanismo institucional para coordinar con carácter trasversal todos los medios que tiene, no sólo la Administración General del Estado, sino incluso coordinarse con otro tipo de administraciones nacionales o internacionales para resolverlo, y cada uno pone en común sus propios recursos.

Segunda de las cuestiones: "¿dónde pone usted el límite del fracaso?". El fracaso ya existe, el límite ya lo han superado. Cuando en cinco años se convocan tres elecciones autonómicas, es que algo no va bien; más claramente, es que algo va muy mal porque, cuando un gobernante, no sólo una vez, es incapaz de agotar su mandato, sino que permanentemente recurre a este sistema, es porque es incapaz de gobernar.

Entonces, yo entiendo que el presidente Mas intenta ganar tiempo a costa de hacérselo perder a los catalanes, porque es inédito anunciar una convocatoria de elecciones a ocho meses vista. Largo me lo fiais. Pero también lo que me preocupa es: a qué se van a dedicar estos ocho meses vista, porque la situación de los españoles y de los catalanes, aunque ha mejorado, necesita de Gobiernos que sean activos y que colaboren a la recuperación económica, y a que colaboren a que la recuperación económica --y hoy hemos hablado de empleo-- y de tareas de las Comunidades Autónomas en materia de empleo se ejecute debidamente.

Sobre el otro de los temas, este Gobierno va a hacer lo que ha hecho siempre: todas las medidas que adopte la Generalitat que excedan del marco competencial se recurrirán a los Tribunales; en particular, al Tribunal Constitucional. En nuestro sistema tenemos una Constitución que nos hemos dado todos los españoles y unos Estatutos de Autonomía que son normas de los Parlamentos autonómicos y del Parlamento nacional; también normas de la Comunidad Autónoma, pero normas del Estado. Y todos estamos obligados por ese sistema. El que no lo cumpla sabe que se dilucidará ante el Tribunal Constitucional.

Pero yo hago también una reflexión más allá de eso: cuando uno, las competencias que tiene, desiste de ejercerlas, porque convoca unas elecciones a ocho meses vista, y no es capaz de ejercer lo suyo, el ciudadano no puede entender cómo puede pretender mucho más. Quizá pretendiendo mucho más se intente tapar la absoluta inoperancia con la que se gestionan las competencias propias.

Sra. Báñez .- Una parte de su pregunta también hablaba de la Seguridad Social catalana y quiero decir que la caja única de las pensiones ha sido la garantía de los pensionistas catalanes de tener más y mejores pensiones durante estos años. Por ponerle un ejemplo, durante los últimos años en Cataluña, gracias a la solidaridad del resto de los españoles, los catalanes reciben puntualmente sus pensiones y mayores pensiones, porque el déficit anualmente es de más de tres mil millones de euros. Por tanto, es importantísimo seguir preservando la caja única de la Seguridad Social, porque esa solidaridad de todos los españoles permite a los catalanes tener garantía de que cobrarán más y mejores pensiones en el presente y en el futuro.

P.- Vicepresidenta, tengo dos preguntas para usted. Sobre la Estrategia Nacional tengo tres dudas. La movilización de los recursos privados ¿cómo sería? También quería saber si tiene un tiempo que el Presidente decrete ese estado y lo tenga que prorrogar; si hay un margen. Y si para esa coordinación en la que incide se podría poner en algún momento bajo la autoridad del Gobierno central a las Policías autonómicas y locales.

Después, otro tema diferente. Respecto a las amenazas en Internet, que es un debate que ya se abrió cuando el asesinato de Carrasco, querría saber si ahora el Gobierno se está planteando que haya multas administrativas por insultar y amenazar en las redes sociales.

Vicepresidenta.- La primera pregunta era relativa a la Estrategia Nacional y la movilización de recursos privados. Permítame que le diga que esa movilización de recursos privados no es nueva en esta Ley Orgánica de Seguridad Nacional. Fíjese, entre otras, las leyes reguladoras del Régimen Local --fíjese de lo que estamos hablando, ¡eh!, de los Ayuntamientos-- pueden, para determinadas actuaciones, movilizar recursos humanos y materiales del municipio; es decir, la trayectoria que tiene esta propia posibilidad que, si yo no estoy equivocada --y corríjame, porque estoy también tirando de memoria--, hasta la Ley de Expropiación Forzosa contemplaba en uno de sus capítulos la posibilidad de movilización de recursos privados. O sea, esto no es nuevo; en esto hay antecedentes de que, ante determinadas circunstancias, determinadas Administraciones, y no sólo el Estado, pueden recabar la colaboración pública y privada. En este caso, ¿qué se dice? Que lo que hay que elaborar es una declaración de recursos para la Seguridad Nacional, tanto humanos y materiales, públicos y privados, que se pueden utilizar; digamos, un catálogo ante una situación de crisis.

Vuelvo al ejemplo de la catástrofe. Imagínese usted que se necesitan, yo qué sé, helicópteros. Tú dices: ¿qué helicópteros tengo yo, qué helicópteros tienen las Comunidades Autónomas, qué helicópteros me pueden prestar otros Estados o qué helicópteros hay privados que, en un determinado momento, tengo que pedir que colaboren? Se trata de un inventario de recursos, porque lo primero que hay que hacer para poder atender a una catástrofe es saber lo que tienes y dónde lo tienes, y quién lo tiene, siempre con la debida indemnización.

Imagínese que ante una catástrofe medioambiental de un vertido yo necesito barreras, "skimmers", para evitar que entre a las costas, y los puede tener la Administración del Estado, los puede tener una Administración autonómica a quinientos kilómetros de distancia o los puede tener un particular porque los use, yo que sé, en una piscifactoría o en una cuestión de esta naturaleza. Yo necesito saber quién en ese momento de urgencia los tiene para poder pedírselos, y luego se les indemnizará: si les ha costado la barrera equis, se le indemnizará por su coste.

Lo que es es un inventario de elementos que están a disposición de los españoles, porque sean públicos o privados, para poder utilizarse en ese determinado momento en que se produce una declaración de esta naturaleza, que lo hace el presidente del Gobierno teniendo en cuenta los elementos, como decíamos, de la envergadura, de la trascendencia, de la incertidumbre, que comporta esa situación.

Sobre la coordinación sobre las distintas, una cosa es la coordinación… Incluso los propios sistemas de protección civil, por ponerle un ejemplo, establecen distintos niveles en que la dirección de esa catástrofe va pasando de corresponder a unos y a otros. Pero no se trata de asumir la jefatura sino que ante una… Por ejemplo, en los incendios, o en las tormentas, o en los fenómenos meteorológicos graves, ustedes saben el nivel de alerta y quién va asumiendo la competencia. Entonces, uno asume la gestión de la dirección sin perjuicio de las competencias que tiene cada uno; pero el propio sistema, por ejemplo, de Protección Civil establece los niveles de alerta, a quién corresponde y quién tiene, en este caso, la dirección. No se trata de que se asuma el mando de nada, sino de que todos pongamos nuestros instrumentos a disposición de un asunto en el que, por su envergadura y por su preocupación a los ciudadanos, todo el mundo tiene que colaborar.

Otras cuestiones son objeto de otros artículos de la Constitución, en los que no entra esta Ley de Seguridad Nacional.

¿Las redes sociales? Aquí yo creo que hay que diferenciar varias cuestiones y sobre este tema ya tenemos, incluso, doctrina en esta propia mesa.

La libertad de expresión, como todos los derechos, tiene sus límites y hay que respetarlos, con independencia del medio que se utilice. Eso es una cosa y otra cosa es que, indudablemente, en las enmiendas que se plantearon al Código Penal, y que ahora se abordarán en ese acuerdo conjunto de medidas contra el terrorismo, tenemos que ser eficaces también para los supuestos de enaltecimiento del terrorismo o la comisión de otro tipo de delitos a través de las redes sociales.

Pero yo quiero dejar bien presente una cuestión: la libertad de expresión existe, el delito de injurias existe, el delito de amenazas existe… Los delitos existen, con independencia del medio que se utilicen para cometerlos. Es decir, que no es que ahora haya impunidad; otra cosa es que se pueda determinar el autor, pero esos delitos existen. Lo que estamos aquí abordando es otra cuestión diferente, es de darle la gravedad necesaria y ser muy conscientes de que la red es utilizada por los terroristas para determinadas actuaciones de captación, de adiestramiento y de enaltecimiento de apología del terrorismo, que luego derivan en cuestiones como la de los "lobos solitarios".

Ahí es donde tenemos que ser muy eficaces; pero eso no quiere decir que uno pueda cometer delitos y por ser en Internet no sea perseguible porque, como digo, el delito de amenazas existe, el delito de coacciones existe y el delito de injurias existe, se cometa en Internet o se cometa verbalmente, en este caso.

P.- Vicepresidenta, yo le quería preguntar por la decisión de Repsol de finalizar el sondeo exploratorio en aguas de Canarias. Me gustaría una valoración, tanto económica como política; económica por la cantidad de dinero que se preveía y los beneficios económicos que pudiera traer a España, y también política, porque el Gobierno de Canarias ha salido rápidamente a decir que es una buena noticia. No sé si el Gobierno comparte esta tesis.

En otro orden de cosas, me gustaría preguntarle por la conversación que tuvieron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, a raíz de la respuesta contra el terrorismo. No sé si esa conversación puede abrir la puerta a un mayor entendimiento entre el Ejecutivo y el Partido Socialista, y si estamos ante la posibilidad de que el señor Pedro Sánchez vuelva al Palacio de La Moncloa; si va a ser recibido por el presidente Rajoy.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, las prospecciones, ayer fue informado el Ministerio por el operador de los trabajos de investigación de hidrocarburos sobre que no había petróleo, pero sí gas, en ese ámbito, en ese permiso para la investigación. Sin embargo, el gas descubierto, según nos informa, no es comercialmente viable, por lo que han desistido, no sólo de su extracción, explotación y comercialización, sino también renuncian al otro sondeo autorizado.

Según nos informaron también, y según consta además en el expediente, los trabajos llevados a cabo se basaron en una probabilidad de encontrar petróleo de entre el 16 y el 19 por 100: 16-19 por 100 que sí; el resto, en el entorno al 80 por 100, que no. Se ha producido la circunstancia de que no ha sido así.

Yo quiero señalar varias cuestiones. La Administración, en este caso el Ministerio, no decide los emplazamientos. El sistema funciona en que el particular, la empresa interesada, solicita las distintas autorizaciones y permisos para la investigación, que se conceden si cumplen los distintos requisitos medioambientales y ahora, incluso, los análisis sísmicos pertinentes, una vez que ha incorporado a la Declaración de Impacto Ambiental el Gobierno esta posibilidad.

Por tanto, lo que se hizo por el Gobierno oportuno en el año que se concede el permiso de investigación, que, si yo no estoy equivocada, es del año 2001, es que se concedió ese permiso, que sufrió un periplo judicial bastante amplio. Una vez que se resolvió el asunto judicialmente, continuaron con esa investigación que ha determinado que no hay petróleo. Pero, como digo, el Gobierno no elige esos emplazamientos.

Yo creo que hay que tener en cuenta que España es un país que tiene una deficiencia energética importante, y más en materia de hidrocarburos, donde importamos más del 99,5 por 100 de nuestro consumo. Si no hay petróleo, no lo hay; pero yo creo que hay que ser muy consciente de que en un país con esta deficiencia energética, al menos, es bueno que sepa si lo tiene o no lo tiene. Yo creo que no es malo saberlo.

La conversación del presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Realmente, esa conversación sirvió para concretar ese pacto de Estado en el que ambos estaban de acuerdo. Tanto el presidente del Gobierno, como el líder de la oposición, determinaron que era necesario que el Gobierno y la oposición, como se ha venido haciendo en otros momentos históricos, hablaran, y mucho, del terrorismo, en este caso de terrorismo yihadista internacional, y lo hicieran sobre la base de llegar a un acuerdo, que es lo que ellos, sus respectivos interlocutores, trasladaron: vamos a llegar a un acuerdo, a un pacto, sobre este punto. Yo creo que es en la línea en la que tenemos que trabajar. Es muy importante, hay que trabajar en la unidad nacional e internacional, en la cooperación nacional y en la cooperación internacional. Y bienvenido sea ese acuerdo al que llegaron ambos.

Yo creo que en los temas de Estado siempre son positivos los acuerdos y hay asuntos que deberían adoptarse por acuerdo de los principales partidos, porque deben ser materias en las que España siga una misma línea, con independencia de quién esté en el Gobierno o quién esté en la oposición.

Sobre si va a haber futuras reuniones, nada sé y nada le puedo decir; pero, las haya físicas o de otra manera, creo que esa conversación y ese entendimiento de ambos, que derivó en ese Pacto de Estado que ellos impulsaron en este tema tan importante, yo creo que es bienvenido para nosotros y también para toda la Comunidad Internacional.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por la situación de Cataluña, porque usted, desde la mesa del Consejo de Ministros, acaba de decir que Cataluña tiene una situación de desgobierno, en cierta medida, porque hay muchísimas elecciones, tres en cinco años. Más allá de cuestiones políticas y de cuestiones, a lo mejor, de partido, el Gobierno ha dicho que no le gusta cómo se está gestionando la Generalitat y tiene una Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permite imponer sanciones porque no se esté cumpliendo con el déficit público; ya lleva varios años sin cumplirse. Cataluña también va a pedir entre seis mil y ocho mil millones para financiarse, porque no puede financiarse por sí misma. ¿Tiene previsto el Gobierno activar esos mecanismos para intervenir Cataluña, si fuera necesario, en el tema económico, no en el tema a lo mejor político; o imponer las primeras sanciones para que cambie la situación de desgobierno de la que nos ha alertado?

Después, en el tema de empleo quería preguntarle a la ministra Fátima Báñez si nos podría concretar cómo se van a evaluar los resultados de esta reforma de los Servicios Públicos de Empleo, porque nos ha dicho que el 60 por 100 de los recursos se van a destinar a partir de los resultados; pero hasta ahora es verdad, y como nos ha comentado, por ejemplo, se están gastando catorce mil euros en colocar a un parado con los Servicios Públicos de Empleo. Eso lo había denunciado alguna patronal. Y el 2 por 100 de las contrataciones en España sólo son a través de los Servicios Públicos de Empleo, si no tengo mal entendido. Entonces, quería saber si se han fijado un objetivo: ¿cuántos empleos se quieren crear o cuánta gente se quiere colocar con este Plan nuevo, porque eso no nos lo ha concretado?

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas, ¿por qué el Gobierno, a lo largo de, primero, los Planes de Proveedores; después, el Fondo de Liquidez Autonómica y, ahora, la facilidad financiera, adopta estas medidas?, para garantizar los servicios públicos esenciales de los españoles, incluidos los catalanes; ni más ni menos. Porque una cosa es que un presidente de una Comunidad Autónoma sea incapaz de gestionarla debidamente y otra cosa es que los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma se vean perjudicados como consecuencia de esa nula actividad.

Pago a Proveedores. Gracias a ese Pago a Proveedores han cobrado muchísimos proveedores; no sólo grandes empresas, sino especialmente Pymes y autónomos, que no cobraban sus facturas; muchos ligados al Tercer Sector y muchos ligados al ámbito sanitario.

Fondo de Liquidez Autonómica. Había Comunidades Autónomas que tenían dificultades para esa financiación en un momento en que financiarse en España era difícil. ¿Qué hace el Estado y qué hace la facilidad que ahora se regula? Dado que España ha ganado confianza, dado que España se financia bien en los mercados y dado que estamos pagando por los bonos a diez años bastante menos de lo que hace no muchos meses se pagaba por las emisiones a corto y a medio plazo, España, el Gobierno, el Estado, presta esa facilidad a todas las Comunidades Autónomas para que todas puedan beneficiarse y también puedan hacerlo sus ciudadanos.

Entonces, en Cataluña, ¿nosotros de qué somos muy conscientes? De que los catalanes no tiene por qué ver reducido su nivel de servicios públicos, o no recibir sus servicios públicos, o no cobrar sus facturas, porque la Comunidad Autónoma no pueda financiarse. Es nuestra obligación, no para otra Administración; ésta es nuestra obligación para los ciudadanos, al menos para este Gobierno que considera que los problemas de todas las Comunidades Autónomas y los ciudadanos de cada Comunidad Autónoma son problemas también del conjunto, y tenemos que solventarlos.

Ahora le corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas concretar sobre ese Real Decreto Ley, que se convalidará este martes, cómo se lleva a cabo ese proceso, que va también muy ligado a todos los procedimientos y a la aprobación de los correspondientes planes.

Sra. Báñez.- Eso es lo que hemos pretendido evitar con esta reforma que llevamos poniendo en marcha de forma gradual con la coordinación y colaboración de las Comunidades Autónomas. Antes de esta Legislatura no había una planificación estratégica nacional. Cada Comunidad Autónoma recibía unos fondos en Conferencia Sectorial y priorizaba las políticas de empleo que consideraba oportunas debido a su tejido productivo; ahora sí hay objetivos comunes nacionales y planificación nacional, tomada la decisión de forma conjunta por Comunidades Autónomas y Gobierno en Conferencia Sectorial. Y ahora hay vinculación entre las políticas activas y pasivas y evaluación, algo por cierto que hacen países de nuestro entorno como Alemania o Holanda, y fuera de Europa como Australia. Pero lo que nosotros hacemos desde el año pasado y el anterior es algo que no se hace en ningún lugar de Europa, y es vincular esos recursos en función de los resultados de las políticas activas. Por tanto, en esto también el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas son vanguardia en vincular los recursos a resultados.

¿Qué le comentaba al inicio de mi intervención? Que en Conferencia Sectorial, y por acuerdo unánime de todas las Comunidades Autónomas y del Gobierno, se establecen unos indicadores anuales; indicadores con unos objetivos concretos que vamos a medir, que estamos midiendo y vamos a evaluar. ¿A qué nos ayuda la Cartera Común de Servicios? A diseñar mejor el grado de ejecución y la medición de esos indicadores que nos ponemos, por común acuerdo en Conferencia Sectorial, Comunidades Autónomas y Gobierno. En función de cómo se ejecuten luego los objetivos que de manera conjunta también decidimos, se distribuirán los recursos para el año siguiente.

Esta manera es una manera que estamos convencidos de que nos va ayudar a incrementar la eficacia. Como dato anecdótico, les digo que en el año 2012 lo pusimos en marcha por primera vez y había más divergencia en la ejecución entre unas Comunidades Autónomas; el año pasado se ha aproximado más la eficiencia de los objetivos que diseñamos como estratégicos para el año en curso y hubo habido menos divergencia entre unas Comunidades y otras. Eso quiere decir que las Comunidades Autónomas se toman en serio lo que son esos indicadores. Si ustedes me permiten el lenguaje más coloquial, se ponen las pilas unas con otras y vamos a ser entre todos más eficaces, que es lo que necesitan los ciudadanos: que las políticas públicas y los recursos públicos se evalúen de verdad y den resultados, y en este caso en lo más importante que tenemos por delante que es el empleo.

P.- Quería preguntarle primero a la ministra de Empleo. ¿Qué la parece o como se explica que una Comunidad Autónoma como Andalucía sólo haya justificado el 24 por 100 de los fondos que tenía para crear empleo en el año 2013, mientras que, por ejemplo, su paro juvenil está diez puntos por encima de la media? ¿Hay alguna manera de evitar esto, cuando está perdiendo el 70 por 100 de los recursos obtenidos para crear empleo? ¿Hay alguna manera de evitarlo desde el Gobierno? ¿Qué le parece en todo caso?

A la Vicepresidenta quería preguntarle por el informe de la Intervención General del Estado, que ya está en manos del juez Ruz, en el que se habla de numerosos errores e incoherencias en los "papeles de Bárcenas", que pondría en cuestión la "caja B" del PP. Quería saber su valoración.

Por último, si me permite, desde la Comunidad Autónoma de Cataluña el president Artur Mas ya ha anunciado su intención de convocar unas elecciones autonómicas, pero que serían plebiscitarias. ¿Eso supondría un fraude de Ley? En ese caso, ¿se puede anular como fraude de Ley? ¿Se puede anular esa convocatoria si las convoca como plebiscitarias?

Sra. Báñez.- Lo que usted señala pone en evidencia que no hay una gestión eficaz de las políticas de empleo en Andalucía. Es un hecho que nos ha sorprendido como Gobierno de España, porque es la única Comunidad Autónoma que no se dedica a priorizar lo importante que es el empleo, teniendo las tasas de desempleo que tiene, como usted muy bien ha señalado.

Por ponerles algunos ejemplos, porque no tenemos ningún caso igual de ninguna Comunidad Autónoma, lo asignado en el año que medíamos a Andalucía eran 298 millones de euros y, sin embargo, lo que no se ejecutó como políticas de empleo adecuadamente fueron 227 millones, es decir, el 76 por 100. Y otras Comunidades Autónomas que también tienen Gobierno de izquierdas o Gobierno de coalición, o Gobiernos socialistas, como Asturias, por ejemplo, dejaron de ejecutar el 0,5 por 100 o, como es el caso de Canarias, sólo dejó de ejecutar el 4 por 100. Por tanto, el no ejecutar el 76 por 100, siendo la Comunidad Autónoma con más tasa de paro de toda España, nos preocupa.

Es una gestión y una explicación que corresponde dar a la Junta de Andalucía, como se puede usted imaginar, y el Gobierno lo único que hace es cumplir con la Ley, y la Ley nos exige que sólo lo que se dedica a políticas de empleo lo mandemos a Andalucía. Por tanto, lo no ejecutado, lo que no nos ha mandado como comprometido la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es la que certifica esas políticas de empleo, no lo podemos abonar como políticas de empleo en el año siguiente y, por eso, Andalucía, desgraciadamente, el año próximo sólo recibirá 37 millones de euros por la no ejecución en orden de todo lo que correspondía al empleo desde el Gobierno de España.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en estas ruedas de Consejo de Ministros el Gobierno respeta siempre las resoluciones judiciales y no valora el informe de los peritos, incluido cuando, como éste por el que usted me pregunta, se manifiesta claramente en un sentido. Nosotros respetamos siempre con independencia de cualquiera que sea el sentido. Este informe creo que es de hace un año, lo hemos conocido hoy y cada uno lo podrá estudiar y valorar debidamente. Nosotros no comentamos nunca, ésa es la regla general.

Sobre la segunda de sus preguntas, me gustaría señalar algunas cuestiones. Primera, en este asunto de las nuevas elecciones la discusión era si era una lista única y ahora no son listas únicas, son separadas, pero son trasversales, término en el que yo, discúlpeme, me he perdido, porque no sé claramente lo que significa. También el término de elecciones autonómicas plebiscitarias: unas elecciones son autonómicas y en ellas se elige a los representantes de esa Comunidad Autónoma. Y luego en las listas, separadas pero trasversales, cada uno propondrá el programa que tenga por oportuno y los ciudadanos lo valorarán, y, si me apuran, valorarán también estos cinco años con tres elecciones en que no se ha hecho otra cosa que hablar de más elecciones.

Muchas gracias.