Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Industria, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros, un Consejo en que se han adoptado importantes medidas legales y financieras para apoyar y potenciar nuestro sector industrial.

En primer lugar, hemos aprobado el Proyecto de Ley de Patentes, que se remite ahora a las Cortes. Lo que se hace es adaptar nuestra legislación en materia de propiedad industrial a los cambios que se han producido en España y en el mundo desde 1986, que es cuando se aprobó la Ley actualmente en vigor. Se revisa el marco legal, con más claridad y menos cargas administrativas, y se fortalece el sistema español de patentes para primar la actividad innovadora.

Junto a ello, hemos aprobado tres acuerdos de concesión de apoyo financiero en el marco de la política pública de reindustrialización y de fomento de la competitividad industrial. Como después detallará el Ministro, más de ochenta millones para diversos proyectos de infraestructura industrial --y llamo su atención, en particular, sobre el que se lleva a cabo en la Zona Franca de Cádiz--, en la industria manufacturera y en la industria de fabricación de vehículos.

A propuesta del Ministerio de Defensa, hemos aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la Carrera Militar. Iniciar su tramitación, una vez aprobado el dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso con una amplia mayoría, para recoger el mandato que establecía la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

¿Qué objetivo tiene este Anteproyecto? Tiene como propósito enmendar y solucionar los principales problemas causados por el régimen transitorio establecido en la aplicación de la Ley de la Carrera Militar de 2007, que por su complejidad y por su casuística llegó a plantear innumerables procesos administrativos y la presentación de más de treinta mil recursos por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas afectados por su implantación.

Además, se ha aprovechado esta norma para reforzar la vinculación con las Fuerzas Armadas del personal que había tenido que abandonar la carrera militar por incapacidad producida en acto de servicio.

Las principales reformas que aborda el Anteproyecto son las condiciones de ascenso de los suboficiales al empleo de teniente, la ampliación del periodo transitorio para el pase a la reserva, la fijación de un mínimo de veinte años de servicio para dicho pase y la concesión de empleo honorífico a retirados.

También hoy se ha aprobado el Acuerdo que regula el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el año 2015. Con este Plan, el Gobierno mantiene el objetivo de apoyar los seguros agrarios como un instrumento fundamental para estabilizar los ingresos de las explotaciones agrarias a través de 47 líneas de seguro en las que se puede hoy asegurar hoy en día la totalidad de las producciones agrícolas y las más importantes especies ganaderas.

El sistema de seguros agrarios cuenta con más de 35 de vigencia. El Gobierno aportará 204 millones de euros, de los que 199 millones se destinan íntegramente a la subvención del seguro agrario, con casi medio millón de explotaciones agracias que suscriben anualmente pólizas de seguros.

El Plan 2015 contiene algunas novedades, que verán recogidas en la Referencia, como el aumento de los porcentajes de la subvención, o la posibilidad de fraccionar el pago del coste de las pólizas.

Por último, quiero destacar la propuesta de nombramiento --propuesta, porque tendrá que pasar por la Comisión correspondiente del Congreso-- de Ester Arizmendi como presidenta del Consejo de la Transparencia. Saben que ahora tendrá que hacer una entrevista en el Congreso de los Diputados, un "hearing", donde precisará para su respaldo de la mayoría absoluta.

Ester Arizmendi es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y consultora de Formación por la Autónoma de Barcelona, es técnico de Administración General, técnico superior de la Administración Local y técnico superior de Administración Civil del Estado. Durante su vida profesional, siempre ligada a la Administración en distintos momentos, ámbitos y responsabilidades, ha desarrollado una carrera estrechamente vinculada a la modernización de la gestión pública y la mejora de la calidad de la Administración. Ha trabajado intensamente en la implantación de nuevas herramientas, el despliegue de nuevas tecnologías y la formación que estas nuevas plataformas demanda.

Ha desarrollado, entre otras responsabilidades, la coordinación del Área del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública durante trece años, ha sido subdirectora general de Planificación de Recursos Humanos del Ministerio de Administraciones Públicas y ha sido, desde 2012 hasta escasas fechas, directora general de Modernización Administrativa. Lleva décadas trabajando en la Administración y para la Administración.

Y dado que entendemos que el primer requisito para controlar el funcionamiento de la Administración es conocerla, y el mejor planteamiento estar dispuesto a mejorarla, entendemos que es una muy buena propuesta. Hemos elegido de lo mejor que tenemos en la Administración para hacer una Administración mejor; como ustedes podrán comprobar en la entrevista pública que llevará a cabo en la Comisión del Congreso de los Diputados.

Sr. Soria.- Tal como la Vicepresidenta acaba de relatar, en el día de hoy se han adoptado algunos acuerdos y se han aprobado algunas normas en el Consejo de Ministros que tienen una clara relevancia para el sector industrial en general y, particularmente, para la política industrial. Saben ustedes que uno de los objetivos del Gobierno a lo largo de esta Legislatura es intentar mejorar la participación, el porcentaje, el peso específico, en definitiva, del sector industrial en el conjunto de la economía, después de que haya estado disminuyendo a lo largo de los últimos doce años.

En primer lugar, hago referencia al Anteproyecto de Ley de Patentes, que ha ido en segunda vuelta al Consejo de Ministros --la primera vez fue el 11 de abril de este año--, ya viene con todos los informes favorables por parte, tanto de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, como del Consejo General del Poder Judicial, también ha sido informado favorablemente por parte del Consejo de Estado y no hay observaciones en materia competencial por parte de las Comunidades Autónomas.

El objeto de este Proyecto de Ley sobre Patentes es establecer un nuevo régimen de la propiedad industrial en España sobre la base de dos herramientas principales: en primer lugar, las patentes y, en segundo lugar, los llamados modelos de utilidad. Saben ustedes que las patentes son un derecho de explotación en exclusiva que otorga el Estado, que lo otorga al titular de una invención, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: en primer lugar, tiene que ser una invención nueva; en segundo lugar, tiene que implicar una actividad inventiva, y, en tercer lugar, tiene que ser susceptible de aplicación industrial. Son, por el contrario, patentes menores los llamados "modelos de utilidad", que son otras de las herramientas para proteger la propiedad industrial.

Los modelos de utilidad no generan los mismos derechos, tienen menos requisitos y se utilizan, sobre todo, por parte de las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, para aquellos procedimientos que no son una invención propia dichamente dicha, sino que incorporan, por ejemplo, alguna mejora mecánica en algún proceso.

Lo importante con esta nueva Ley ya no es tanto que se patente al máximo, sino que aquello que se patente sea serio y sea bueno. Por tanto, se trata de disponer de patentes serias y de calidad.

En la Ley todavía en vigor, en la Ley de 1986, el solicitante de una patente podía elegir entre una patente débil o una patente fuerte. Si elegía una patente débil, era muy fácil de obtener y bastaba con que mostrara una mínima novedad para que ya tuviese esta patente. En cambio, la patente fuerte exigía un examen previo. Esto, ¿a qué ha dado lugar? Ha dado lugar a una infinidad de patentes débiles en España, que no tienen explotación comercial, que no tienen por tanto valor económico y, por tanto, no dicen respecto a la calidad de la innovación y de la inversión en España.

Por tanto, este Proyecto de Ley lo que busca, fundamentalmente, es que todas las patentes que se hagan en España, sean muchas o pocas, sean patentes fuertes. Por tanto, a partir de ahora, todas las patentes van a estar sujetas a ese examen previo en el que se tendrá que justificar, en primer lugar, que el invento que se patenta es un invento nuevo y, en segundo lugar, que incorpora una actividad inventiva. Si no cumple estos dos requisitos, entonces la patente no se otorgará.

Esto tiene ventajas evidentes. En primer lugar, simplifica el procedimiento, evita lo que se llaman las "patentes curriculares" --en las universidades se trata muchas veces de inflar los currículos a base de patentes o inventos que no son explotables comercialmente-- y también evita lo que se llaman las "burbujas tecnológicas": el caso típico de una empresa que tiene muchas patentes detrás, pero detrás de las cuales no hay una actividad inventiva real. También otorga una mayor seguridad, porque evita las patentes injustificadas.

Este Proyecto de Ley se adapta también al marco normativo internacional con los distintos Tratados que hay al respecto.

Por tanto, resumiendo, el Proyecto de Ley lo que viene es a simplificar la normativa y garantiza también la unidad de mercado, pues será la Oficina Española de Patentes y Marcas la única institución que las otorgue.

Finalmente, en materia de tasas hay que tener en cuenta que, a la hora de pagar las tasas por otorgar una patente, los emprendedores van a tener una bonificación del 50 por 100 y también van a tener una bonificación del 50 por 100 las patentes universitarias. En este caso, podrán llegar a ser del 100 por 100 en el caso de que, una vez otorgadas, se demuestre que tienen explotación y validez comercial.

Por tanto, se van a evitar las burbujas y se evita burocracia. No se van a patentar aquellas que no tengan tras de sí una actividad inventiva nueva y va a favorecer también la actividad de los emprendedores, por cuanto les decía que va a suponer una bonificación del 50 por 100 en las tasas que tienen que pagar.

También en el Consejo de Ministros se han aprobado, en relación con el sector industrial, determinadas herramientas, instrumentos, préstamos, para favorecer la actividad industrial. Concretamente, dos préstamos de dentro los llamados Planes de Competitividad y Reindustrialización para la empresa Mercedes Benz, para su fábrica en Vitoria, y también para la empresa Fagor del Grupo Mondragón, también para la fábrica que hay en Vitoria, aparte de otros dos préstamos dentro de las líneas de reindustrialización para la Zona Franca de Cádiz.

En relación con los préstamos otorgados para las empresas Mercedes Benz y Fagor, para la primera de ellas, Mercedes Benz, tiene un importe de 26,9 millones de euros, de los cuales 25 millones irán a financiar activos fijos y 1,9 millones para los trabajos de ingeniería necesarios para las modificaciones que han de operarse en la fábrica. La inversión financiable total son 35,8 millones y, por tanto, lo que se está subvencionando está por debajo del 75 por 100 que es establece como límite máximo. El tipo de interés es un 2,8 por 100; el plazo de amortización, diez años, con los tres primeros de carencia sobre el principal.

En cuanto al préstamo para la empresa Fagor, del Grupo Mondragón, se trata también de un préstamo que va destinado a adquirir equipos en diferentes líneas de producción con el fin de mejorar y actualizar estas líneas. Tiene una inversión total de 21,1 millones de euros y, por tanto, lo que se está dando, que son 15,8 millones, también está por debajo del límite, prácticamente al límite del 75 por 100, que se establece en la Orden Ministerial. El tipo de interés aplicable es del 4,53 por 100, amortización también a diez años, con los tres primeros años de carencia.

Finalmente, quiero hacer referencia a los dos préstamos para la Zona Franca de Cádiz. Uno de ellos, un préstamo de 14.896.000 euros, tiene como objetivo principal el dar uso productivo a los terrenos que se han quedado ociosos como consecuencia de la deslocalización llevada a cabo por la empresa Altadis. La inversión consiste, por tanto en este caso, en la adquisición de suelo para su posterior uso industrial. La inversión financiable total en este caso son 14,8 millones de euros y el préstamo es de acuerdo a las condiciones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2014. El tipo de interés es del 2,8 por 100; plazo de amortización, diez años y los tres primeros años son también de carencia.

Y luego sobre este préstamo hay otro en paralelo para la adquisición de edificios industriales y puesta en valor de los servicios asociados al suelo industrial anterior, por un importe de 25,9 millones de euros. La inversión total final financiable es ésa, el 100 por 100, así se establece en el Presupuesto de este año 2014, y el tipo de interés aplicable es del 2,8 por 100, con diez años de amortización, con los tres primeros de carencia.

Quiero recordar que estos proyectos se unen al que ya en el Consejo de Ministros anterior, del que dio cuenta la Vicepresidenta, se otorgó para ubicar en Sant Cugat del Vallés el Centro de Desarrollo de Innovación Tecnológica para la impresoras de 3D de la multinacional Hewlett Packard, lo cual supone un cambio cualitativo respecto a lo que venían haciendo hasta ahora en esa fábrica.

Quiero decir, finalmente, que todo ello se inserta dentro de la política que en materia de financiación no bancaria se hace desde el Gobierno para proyectos industriales, dentro de los cuales están los proyectos de reindustrialización, los proyectos de competitividad industrial. Tiene un componente de préstamos y otro componente de subvenciones. En cuanto a préstamos, durante los años 2012 a 2014, lo que llevamos de este año 2014, se han otorgado préstamos por importe total de 1.505,6 millones de euros, de los cuales 705,7 millones de euros corresponden a préstamos de reindustrialización y 799,8 millones, a préstamos de competitividad industrial. Pero, aparte de préstamos, luego hay también subvenciones para reindustrialización: durante estos años, de 2012 a 2014, el volumen total de subvención ha sido de 22,7 millones.

Aparte de estos, digamos, instrumentos financieros de apoyo a la reindustrialización y a la competitividad industrial, también hay otras dos líneas, que son, una, las que están dependiendo de la Empresa de Innovación Nacional (ENISA), que son créditos participativos, de tal forma que hay que implicar a la empresa que solicita el préstamo; y, luego, hay una cuarta línea que es la que lleva a cabo la Compañía Española de Reafianzamiento, que es aquella que reafianza los avales que, a su vez, otorgan las Sociedades de Garantía Recíproca para aquellas operaciones bancarias para las cuales el solicitante no tenga aval suficiente.

Toda esta política de apoyo financiero a la reindustrialización se complementa, a su vez con otras dos bases, digamos, de la política industrial. Una de ellas es la de apoyo a sectores concretos y ahí está el caso, por ejemplo, del apoyo al sector aeroespacial con un pago de las deudas que había pendientes, de las cuotas que teníamos que hacer, a la Agencia Espacial Europea de los años anteriores, más una aportación adicional para este año de 345 millones de euros, que nos da opción a participar dentro del retorno que hay para empresas tecnológicas españolas en proyectos convocados por la Agencia Espacial Europea.

También, dentro de estos apoyos a sectores concretos, quiero mencionar por su importancia el del sector naval. Saben ustedes que durante dos años, desde junio del año 2011, estuvo parada la cartera de pedidos al sector naval por la denuncia que se había hecho en Europa al sistema de "tax lease" español. Desde principios del año 2013 tenemos un nuevo sistema y, como consecuencia del mismo, ya se han empezado a reactivar las carteras de pedidos, tanto dentro como fuera de España; pero, en todo caso, para astilleros españoles.

Y también un último ejemplo dentro del apoyo a sectores concretos, porque es muy evidente por el impacto que ha tenido en la fabricación, en la distribución y en la exportación, el apoyo al sector de la automoción a través de planes como el PIMA, a través de planes como el PIVE, pero también a través de planes de competitividad que, impulsando la innovación en las fábricas que las multinacionales tienen en España, han permitido relocalizar en España carga de trabajo adicional en vez de relocalizarla en fábricas que están ubicadas en otros países europeos.

La última herramienta, no menos importante, es la Agenda para la Reindustrialización y el Fortalecimiento Industrial en España, que tiene distintos ejes, como ustedes saben: el del impulso de la competitividad; disminuir los costes logísticos; los costes laborales; internacionalizar la empresa industrial; buscar una estabilidad regulatoria y otra cuestión muy importante, y con esto acabo, lograr que el coste de la energía sea en España más bajo de lo que venía siendo.

En esto tengo que decirles que, por primera vez, en el año 2013 el coste de la electricidad bajó en España; esto es fuente directa del Instituto Nacional de Estadística. Subió ininterrumpidamente entre los años 2003 y 2012, un 5,9 por 100 anual; en el año 2013 bajó --fuente la misma, Instituto Nacional de Estadística-- un 3,7 por 100 y en este año 2014, con lo que ya conocemos de enero a octubre, más las previsiones marcadas por los mercados de futuro, la disminución en el coste de la electricidad va a ser superior a la del 3,7 por 100 del pasado año 2013.

P.- A la Vicepresidenta. Los fiscales de Cataluña parece que se oponen a la querella contra los responsables de la Generalitat de Cataluña que estuvieron detrás del 9-N. Me gustaría preguntarle, si finalmente no presentan la querella, si el Gobierno se considerará desautorizado en su afirmación de que la Generalitat, y el President en concreto, habían incurrido en ilegalidad.

Y al ministro Soria, como presidente del PP de Canarias, me gustaría preguntarle si es habitual encargar a parlamentarios de otras circunscripciones trabajos en su circunscripción y si nos podría concretar qué función ejercía el señor Monago cuando viajaba como senador a Canarias.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas en relación con la actuación de la Fiscalía, como ha venido además reiteradamente diciendo el propio fiscal general del Estado, la Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno y debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación, bajo la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado. Los principios que le guían son la legalidad y la imparcialidad, y con arreglo a eso tomará sus decisiones. Yo desconozco cuál será. Yo sólo sé que el Gobierno planteó, respecto a la convocatoria de un referéndum, un recurso ante el Tribunal Constitucional, que suspendió esa convocatoria; no se celebró ese referéndum. Y respecto a la vía de hecho, otro recurso, en este caso otra impugnación, que llevó a su suspensión.

Distintos tribunales en el ámbito de Cataluña han venido a reconocer que esa última resolución pudiera haber sido incumplida. Eso es lo que, de momento, ya ha dicho alguna resolución judicial; pero, desde luego, como Gobierno, nosotros respetaremos la actuación de la Fiscalía que, como se ha encargado de recordar, es autónoma. Yo lo que pido es que el resto de poderes del Estado y el resto de poderes públicos tengamos el mismo respeto que tiene el Gobierno a las decisiones de la Fiscalía.

Sr. Soria.- En relación con la pregunta que plantea, la defensa de los intereses de Canarias en la Cámara Alta la hace, por parte del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, como siempre ha sido; la hace la dirección del Grupo Parlamentario Popular y la hacen, de manera singular, los senadores canarios que en representación del Partido Popular hay en la Cámara Alta. Cuestión distinta es que en actos del Partido Popular en Canarias hayan participado muchos dirigentes nacionales del Partido Popular, entre ellos también mi compañero el señor Monago.

P.- Una pregunta al ministro de Industria y una repregunta a la Presidenta.

Quería preguntarle al señor ministro sobre el almacén de gas Castor. ¿Qué respuesta tiene que dar el Gobierno a las críticas por la rapidez de la Administración en pagar la indemnización a la empresa concesionaria de 1.350 millones y también por las críticas de opacidad en ese pago?

Las asociaciones de consumidores están reclamándole al Gobierno que no repercuta ese coste en la factura del gas. ¿El Gobierno piensa atender esas resoluciones?

A la Presidenta, en funciones, quería preguntarle si el Gobierno contempla, visto que la Fiscalía parece que se resiste a actuar contra el presidente de la Generalitat y desde distintas fuentes del partido y del Gobierno se dijo que el Gobierno actuaría; si contempla alguna otra actuación, si ha encargado algún dictamen o informe a la Abogacía del Estado para ver qué es lo que procede en ese caso, si no actuara la Fiscalía contra los organizadores del proceso participativo, o si bien también alguna medida, si no ya jurídica, política.

Sr. Soria.- En relación con la primera de las cuestiones, quería decirle que, son sólo es que no haya habido rapidez por parte del Gobierno, sino que el Gobierno no ha pagado absolutamente nada. Quien ha pagado es el operador del sistema gasista. Así está establecido en el Real Decreto Ley que a tal efecto aprobó el Consejo de Ministros y se convalidó por parte de las Cortes Generales.

Quiero decir que opacidad, no sólo no habido, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiera hacer ese pago por parte del operador están incluidos justamente en esa norma. Y está así porque, como sabe usted, desde el propio Real Decreto de concesión de la autorización administrativa para hacer el almacenamiento, que no es de ahora, sino del año 2008, se establecía la posibilidad de que el operador en cualquier momento del desarrollo del proyecto podía renunciar y, si renunciaba, tenía que dar lugar a una indemnización. Es más, decía una de las cláusulas de aquel Real Decreto que esa indemnización sería por el valor residual, aun y cuando mediara dolo o culpa en la actuación por parte del operador.

Y le recordaría otra cosa: esa cláusula, justamente, fue declarada lesiva por parte del Consejo de Ministros, pero no del anterior Gobierno, sino de este Gobierno. Lo que ocurre es que, finalmente, el Tribunal Supremo no consideró que fura lesiva.

Por tanto, en esta materia fíjese usted lo que hemos hecho con el equipamiento de Castor. En primer lugar, hemos disminuido la retribución: cuando llegamos, la retribución estaba fijada en un 10,75 por 100 y la bajamos casi dos puntos; en segundo lugar, paramos todas las actividades de inyección de "gas colchón", cuando detectamos que había movimientos sísmicos por encima de un determinado nivel en la escala Richter por la alarma que se había producido; y, finalmente, una vez que el operador ha renunciado, ejerciendo el derecho, insisto, que aparecía en el Real Decreto de concesión de la autorización, hemos articulado un mecanismo en función del cual es el operador del sistema gasista quien hace el pago y luego, durante treinta años, es el sistema quien hará frente al mismo.

Por tanto, ésas son las condiciones y ésos son los requisitos que hay en el Real Decreto, y eso es lo que se llevará a cabo.

Vicepresidenta.- Me pregunta por qué la Fiscalía se resiste. Yo desconozco si se resiste o no se resiste. A lo mejor, tiene usted más información que yo, probablemente; pero sí le voy a decir lo que ha hecho el Gobierno hasta esta fecha.

En primer lugar, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración sobre su soberanía y nos preguntaron mucho si eso era recurrible y si el Gobierno lo iba a recurrir. Encargamos un informe a los servicios jurídicos del Estado, nos dijo que sí, el Gobierno la recurrió y obtuvimos una sentencia favorable, declarando la inconstitucionalidad de esa declaración y reconociendo que no son posibles en España referenda de autodeterminación, lo que sirvió, además para fundamentar, desde el punto de vista jurídico --luego hubo otros argumentos políticos--, un debate… Ha habido varios en las Cortes Generales, pero yo quiero recordar el de la Ley Orgánica reguladora de las consultas, donde una amplia mayoría del Parlamento nacional, del Congreso de los Diputados, dijo que no y en el que intervino el presidente del Gobierno que, como saben, puede hacerlo en los debates y lo hizo.

Cuando se convocó --tardaron mucho en publicarlo, pero lo convocaron finalmente y lo publicaron-- un referéndum de autodeterminación por parte de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno actuó y planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que determinó la suspensión de esa petición. Hubo un par de incumplimientos de esa suspensión que se incorporaron al incidente de ejecución de ese auto de suspensión y nosotros estamos a la espera, también, de esa decisión del Tribunal Constitucional que tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lo digo por hablar de actuaciones jurídicas y luego hablaremos de las políticas.

Del mismo modo, cuando se empezó a proceder por la vía de hecho, y una vez que el Gobierno había acumulado suficientes argumentos para iniciar una vía de hecho que era ciertamente con pocos precedentes, por no llamarlo novedosa, en nuestro ordenamiento, planteó una impugnación ante el Tribunal Constitucional que fue apoyada, tanto por un dictamen unánime del Consejo de Estado, como unánime del Tribunal Constitucional, y también está pendiente de resolver.

En este caso, y hablando ya de la vía del delito, porque no estamos hablando de la relación entre Administraciones, sino de la vía del delito, a quien corresponde la defensa de la legalidad y el ejercicio de acciones es a la Fiscalía. Éste es nuestro sistema. Hay tres fórmulas, la actuación de la Fiscalía, que ejerce la, digamos, defensa del Estado, que como saben ustedes, es mucho más que el Gobierno, al menos es más grande. Al Gobierno lo defiende la Abogacía del Estado que se su abogacía; pero la Fiscalía ejerce la representación del Estado en defensa de la legalidad, sin otro tipo de criterios. El suyo es la defensa de la legalidad que, como saben, es la voluntad de todos los españoles. Y otras cuestiones son acciones populares, que puede ejercer cualquier particular, o el acusado particular que es el perjudicado directa e inmediatamente, especialmente en el ámbito económico, por el delito.

Pero en España la defensa del Estado en la legalidad, en el ámbito penal entre otros, la lleva a cabo la Fiscalía del Estado y nosotros respetamos su criterio, y a ellos les corresponde determinar si se ha producido o no una actuación contraria a la Ley y constitutiva de delito.

Sobre las actuaciones políticas, yo le voy a referir tres tipos de cuestiones que hemos hecho a lo largo de toda la Legislatura.

Como le he dicho muchas veces, somos Gobierno de España y, por tanto, Gobierno de los catalanes, en la parte que le corresponde al conjunto del Estado, y hemos asumido, cosa que no pasaba en anteriores Gobiernos --y me remito a las declaraciones de otros vicepresidentes y vicepresidentas--, como propios los problemas, no de Cataluña, sino incluso, si me apura, de la Generalitat; entre otros, la imposibilidad de financiarse y la imposibilidad de tener cobertura económica suficiente para sufragar los servicios públicos. Ahí está el pago de proveedores y ahí está el FLA, entre otras medidas.

Cuando el presidente de la Generalitat planteó la convocatoria de un referéndum, políticamente, desde luego, un Gobierno no puede ceder lo que no le corresponde. Ahora ha vuelto a plantear por escrito esa petición. Después de proclamarse independentista y de hacerlo con su voto, ha pedido que se convoque un referéndum para la autodeterminación, que es un referéndum camino de la independencia. Sencillamente, eso un Gobierno no lo puede hacer. Jurídicamente no puede hacerlo pero, políticamente, el partido que sustenta al Gobierno ya ha sido bien claro y su Presidente, que es el mismo, han dicho que esa posibilidad, desde luego, nosotros no la vamos a avalar.

Ya los términos políticos del debate en Cataluña los tendrá que explicar el señor Mas, porque cuatro días o tres días después de ese referéndum que han presentado como un éxito, a pesar de que dos de cada tres catalanes no le apoyó…Yo quiero recordar, si tiran ustedes de hemeroteca, que este año hubo una consulta llámese "X" en el Véneto y participó el 63 por 100. Tampoco servía absolutamente para nada, ¿no?; pero lo digo por si queremos hablar de participaciones en otros procesos. Pues cuatro días después, los que apoyaron esa consulta están como están. A mí me duele más que hayan dividido a la sociedad catalana, si le soy sincera; pero es que, además, la fractura siempre genera fractura y en este caso entre, los partidos políticos.

Con lo que yo invito a todo el mundo a la serenidad, a la moderación y al gobierno, porque con todas estas cuestiones la Generalitat de Cataluña lleva dos medias legislaturas sin gobernar para luchar contra la crisis económica, para luchar contra el paro y para conseguir salir del marasmo financiero en el que se encuentra y en el que ha logrado, pero porque es nuestra obligación para con los catalanes, el apoyo del Estado a la hora de sacar adelante sus servicios públicos.

P.- Vicepresidenta. Me gustaría preguntarle, después de que ayer el Supremo abriera causa contra los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, si usted, como vicepresidenta del Gobierno, defiende su presunción de inocencia.

Vicepresidenta.- Yo en esta mesa, como suelo mantener siempre el mismo criterio, lo sigo manteniendo ahora.

En primer lugar, este Gobierno respeta los procedimientos judiciales y los derechos, por supuesto, de todos en los procedimientos judiciales. El problema que me ocurre es que, cuando son otro tipo de inculpados o llámese como sea, no me suelen preguntar por la presunción de inocencia. Me la preguntan hoy con Chaves y Griñán. Le diré que para Chaves, para Griñán y para cualquiera por el que me pregunten. Mientras no tenga una sentencia que le declare culpable, no yo, Gobierno, sino toda la sociedad, tiene que respetar su presunción de inocencia. Como me lo ha preguntado con Chaves y Griñán, y no me lo preguntan cuando los afectados son otros, pero lo digo ahora y vale para todos. Nosotros respetamos la presunción de inocencia y respetamos los procedimientos judiciales.

Además, yo nunca entro en las decisiones de los partidos. Cada uno tendrá que explicar cómo aplica las propias reglas a sus propios casos. Eso no es tarea de este Gobierno; la de este Gobierno es la que ha hecho: llevar leyes al Parlamento para luchar contra la corrupción. Ésa sí es nuestra tarea, con independencia de quienes sean y si se les reconozca o no, porque no siempre pasa, el derecho a la presunción de inocencia.

P.- Yo querría volver al tema de la Fiscalía, Vicepresidenta, simplemente para preguntarle si no cree que la Fiscalía está tardando en actuar contra presuntos delitos cometidos hace cinco días. a los ojos del Gobierno por el relato que nos ha hecho.

Vicepresidenta.- Yo no le puedo decir el tiempo que lleva o que no lleva. La Fiscalía tiene sus propios procedimientos y sus propios mecanismos. Será la propia Fiscalía, el fiscal general del Estado, quien tenga que explicarlos. A mí no me corresponde entrar en esa valoración.

P.- Una pregunta y dos precisiones a preguntas anteriores.

A la Vicepresidenta, primero.

Vicepresidenta.- O sea, tres preguntas.

P.- Eso es. A la Vicepresidenta le quería preguntar por el estado de las conversaciones y la posición del Gobierno ante el posible reconocimiento del Estado palestino por parte de España.

También le quería insistir en lo de Cataluña. Al margen de la actuación de la Fiscalía, ¿el Gobierno considera que se ha cometido algún tipo de ilegalidad por parte de la Generalitat de Cataluña?

Y al ministro de Industria también le quería pedir precisión a lo que ha hablado antes de los viajes del señor Monago a Canarias. Le quería preguntar si, como máximo dirigente del PP de Canarias, puede avalar la versión de que todos esos viajes fueron para actos del partido, actos políticos en las Islas donde usted era presidente del Partido Popular.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el reconocimiento de Palestina como Estado, nosotros consideramos que debe impulsarse reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados: Israel y Palestina. A nuestro juicio, este reconocimiento debe ser, en principio, consecuencia de un proceso de negociación entre las partes para garantizar la paz, la seguridad de ambos, el respeto a los derechos de los ciudadanos allí y la estabilidad regional.

¿Cómo creemos que debe de hacerse? Pues promoviendo de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo. Si esa negociación se revelara difícil o imposible, entendemos que, siempre de una manera concertada, ha de analizarse ese reconocimiento como manera de avanzar la causa de la paz, teniendo en cuenta siempre las legítimas preocupaciones de todos los actores; preocupaciones e intereses y aspiraciones también del Estado de Israel.

Nosotros pensamos que, además, en este momento en que España tiene un papel que desempeñar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, queremos asumir también nuestra tarea, nuestra capacidad de actuación y nuestras relaciones. Somos actores importantes, lo hemos sido históricamente sobre este conflicto y también en esa zona, y le diré que, desde luego, queremos hablar con los grupos políticos, como se ha visto, de cara a que la posición española, desde el punto de vista político, sea lo más coordinada posible, lo cual nos dará también la oportunidad de trabajar por esa coordinación de la respuesta en el conjunto de la Unión Europea que para nosotros también es importante. Pensamos que en esto tenemos que hacerlo con nuestros socios y aliados que son, especialmente, nuestros socios europeos.

Sobre la segunda de sus preguntas, había una resolución de suspensión por parte del Tribunal Constitucional y, a nuestro juicio, no se ha respetado. Si eso es constitutivo o no de delito, que es la cuestión, corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado. Yo sólo digo que, ya no el Gobierno, a quien no le corresponde juzgar, pero sí algún órgano judicial en esa Comunidad Autónoma, y al hilo de distintas resoluciones que se conocieron durante ese fin de semana, ha venido a señalar que es posible que lo sea. Digo "órganos judiciales", que es a quienes corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Sr. Soria.- Yo le reitero lo que ya dije con anterioridad: a los actos del partido Popular en Canarias han asistido y asisten dirigentes de otras Comunidades Autónomas y, también, en este caso ha asistido el señor Monago a algunos actos del Partido Popular en Canarias.

Respecto a todo lo demás, yo le remito a lo que directamente ha dicho el señor Monago en su comparecencia en el día de hoy.

P.- Quería preguntar a la Vicepresidenta. Las explicaciones del señor Monago son algo desconcertantes. Primero, dijo que había pagado sus viajes particulares; luego, que los pagaría; después, que ya los pagó y, luego, mostró una documentación de la que no se pudo tomar nota. Quería saber si para el Gobierno mantiene intacta la credibilidad el señor Monago y si sorprende el contraste con la decisión que tomó el señor Muñoz, que fue su inmediata renuncia a su escaño por una situación similar.

Vicepresidenta.- Nosotros respetamos y aceptamos las explicaciones que ha dado el señor Monago. Es un presidente de Comunidad Autónoma que ha dado muchas explicaciones sobre este punto. Ha dado la cara, ha ido de frente y, mire, ¿cómo no lo vamos a respetar si ante determinadas actuaciones que sí están ante los Tribunales me acaban de pedir ustedes opinión sobre si respetamos o no la presunción de inocencia? Pues fíjese en este caso.

Muchas gracias.