Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Educación y de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Educación, Cultura y Deporte, porque hemos aprobado, ya para su remisión a Cortes Generales, el Proyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Como saben, es una norma que busca dar cumplimiento a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que fue ratificada por España en 2006.

También a propuesta del ministro Wert, hemos aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión de una subvención directa del Ministerio a la Fundación Gran Teatro del Liceo para la ejecución del Plan Estratégico de Viabilidad 2014-2017. Se trata de una aportación extraordinaria de algo más de cuatro millones de euros.

En tercer lugar, y por eso me acompaña también la ministra de Empleo, hemos aprobado la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. El objetivo de esta Estrategia no es otro que apoyar el desarrollo de prácticas responsables de las organizaciones públicas y privadas para que sean un motor de la competitividad del país.

También quiero informarles de un Acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a modificar el Plan de contribución de España a la Agencia Espacial Europea, a la ESA, a lo largo del período 2014-2022, en el marco del Consejo Ministerial de esa Agencia, que tendrá lugar en Luxemburgo el 2 de diciembre de 2014. Ello va a suponer incrementar la contribución española para el período 2014-2022 en 344,5 millones de euros y, con ello, la aportación ascenderá a 1.368,5 millones de euros. La inicial era de 1.024 millones.

El próximo 2 de diciembre se celebra un nuevo Consejo Ministerial de la Agencia en el que la posición de España será esencial y estratégica para nuestro sector industrial en general y, en particular, el espacial. En este Consejo los Estados miembros aprobarán los fondos necesarios para desarrollar nuevos lanzadores y mantener en funcionamiento la Estación Espacial Internacional hasta 2017.

Como dato, los retornos industriales para España de las aportaciones a la ESA son superiores al 100 por 100. Han supuesto 1.414 millones de euros en contratos para empresas españolas desde el año 2000 y, además, han contribuido a que sea uno de los sectores más dinámicos, de mayor contenido tecnológico y de empleo cualificado.

El Plan que ahora se presenta cubrirá la participación de España en las actividades obligatorias asociadas, así como en programas opcionales de especial interés para la industria espacial española en el período indicado. Entre estas actuaciones de especial importancia para España quiero destacar la creación del Centro de Incubación de Empresas, denominado ESABIC Madrid.

También quiero informarles de que hemos recibido los informes del Consejo de Estado para impugnar los dos Acuerdos planteados por el Gobierno de Canarias en relación con su consulta sobre las prospecciones petrolíferas. Una vez recibidos esos informes, hoy se han adoptado en el Consejo de Ministros los Acuerdos para impugnar ante el Tribunal Constitucional dos Decretos del Gobierno de Canarias, relacionados entre sí y referidos a la consulta convocada por el Gobierno canario a propósito de las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Estado para realizar esas prospecciones en aguas cercanas a Canarias.

Ambas propuestas de impugnación se plantean con invocación del artículo 161.2 de la Constitución Española, conocido mucho en esta sala --hablamos de él--, que es el que permite que se produzca la suspensión automática de los preceptos que se recurren una vez que han sido admitidas por el Tribunal Constitucional, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria y cualquier actuación vinculada a la consulta.

Sr. Wert.- Como la Vicepresidenta acaba de señalar, hoy se ha aprobado, para su remisión a las Cortes como Proyecto de Ley, el Proyecto de Ley para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que ya había sido presentado, a los efectos del artículo 22.3 de la Ley de Gobierno, el pasado mes de noviembre de 2013.

Básicamente, lo que esta Ley pretende es dotar, tanto a la Administración General del Estado como al resto de las Administraciones, de instrumentos requeridos para la salvaguardia de ese Patrimonio Cultural Inmaterial, que no estaban básicamente contemplados en el instrumento normativo estatal más importante sobre esta materia, que es la Ley del Patrimonio Histórico Español, la Ley 16/1985. Y como también ha subrayado la Vicepresidenta, se trata de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO del año 2003, que fue ratificada por España en el año 2006.

¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial? El patrimonio cultural inmaterial, básicamente, es ese conjunto de tradiciones orales, de artes del espectáculo, de usos sociales, de rituales, de fiestas, de conocimientos que se transmiten oralmente o de artesanías especiales, que no tienen un soporte material o cuyo principal valor no es la existencia de ese soporte material, pero que son, obviamente, un factor de diversidad cultural, un factor también de comunicación cultural y, en todo caso, una defensa de un patrimonio cultural importante de los países en esta época de globalización.

¿Por qué hace falta una ley para proteger este patrimonio cultural inmaterial? Fundamentalmente, como les indicaba, porque la Ley de Patrimonio Histórico del año 1985, aunque tiene una serie de menciones prácticamente incidentales al llamado patrimonio etnográfico, se concentra en la protección del patrimonio cultural llamémosle "convencional", el patrimonio cultural material. Las estrategias de protección del patrimonio cultural inmaterial son, de alguna forma, distintas, y en algunos casos radicalmente distintas, a las que se aplican a ese patrimonio cultural material.

Estamos hablando de manifestaciones tales como aquellas que ya la UNESCO ha reconocido dentro de su catálogo de bienes Patrimonio de la Humanidad y que tienen carácter inmaterial, como por ejemplo puede ser la Patum de Berga, que tiene éste reconocimiento, y de otras que no tienen este reconocimiento y que por su especial naturaleza, básicamente por lo que pudiéramos llamar su condición interterritorial, es decir, ser patrimonios que no corresponden al ámbito específico de una Comunidad Autónoma, sino que se desarrollan en un conjunto de ellas; en este momento, dada la técnica de considerar bien de interés cultural atribuida exclusivamente a las Comunidades Autónomas, no es fácil dotarles de este elemento de salvaguardia que la Ley les viene a proporcionar.

Estamos hablando, por dar simplemente unos ejemplos --no se trata ni mucho menos de una enumeración exhaustiva--, de cuestiones tales como la trashumancia, la jota, la improvisación oral o repentismo, las fiestas de San Juan, los Mayos, los autos sacramentales o producciones artesanales como, por ejemplo, la del esparto.

No está incluida la tauromaquia, porque la tauromaquia es objeto de un tratamiento singular en la Ley aprobada en noviembre del año 2013 y, por tanto, tiene su régimen propio; es decir, no incluimos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley la tauromaquia.

¿Qué es lo que la Ley supone? La Ley supone la posibilidad de que, cuando el elemento patrimonial inmaterial a proteger forme parte del patrimonio de más de una Comunidad o cuando sea preciso coordinar el tratamiento de salvaguardia de ese bien por parte de más de una Comunidad, a través del instrumento que le convierte en tal, que es lo que se llama "manifestación representativa del patrimonio de cultural inmaterial", se tenga garantizada la salvaguardia.

¿Por qué se habla de salvaguardia y no se habla de conservación? Porque el patrimonio cultural inmaterial, a diferencia del patrimonio cultural material, tiene estrategias de conservación --que quiere decir investigación, que quiere decir difusión y que quiere decir potenciación-- que no sólo son distintas, sino que algunas veces so opuestas a las que se aplican al patrimonio cultural material. Esto se puede entender muy fácilmente con un ejemplo: cómo se conserva una catedral es manteniéndola en lo más próximo al estado en que se hallaba cuando fue construida. ¿Cómo se conserva una tradición que va evolucionando a medida que lo hace también el arte, o la habilidad, o la competencia, de sus portadores? Permitiendo que sean sus propios portadores quienes determinen el desarrollo de ese patrimonio.

Por tanto, lo que la Ley, aparte de la declaración de "manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial", procura es toda una serie de estrategias que incluyen, como les indicaba, la investigación y la documentación, la conservación de los soportes materiales, que también los tiene el patrimonio inmaterial, la formación, la trasmisión, la promoción, la difusión, las medidas de protección propias de la Administración General del Estado y las fórmulas de cooperación con las Administraciones autonómicas para su protección, y la simplificación a través del Censo General de Patrimonio Cultural Inmaterial.

En definitiva, se trata de cubrir un hueco normativo, pero --tengo especialísimo interés en señalar esto-- sin interferir para nada en la competencia propia de las Comunidades Autónomas. Estamos hablando de unas competencias que se desarrollan en términos de lo que el Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha denominado concurrencia no excluyente, es decir, que la intervención del Estado se desarrolla sólo en aquellos ámbitos y en aquellas dimensiones en las que no puede actuar de forma prioritaria la propia Comunidad Autónoma.

Por tanto, en la Ley se consideran las actuaciones a cargo de la Administración General del Estado, se dan unas orientaciones de tipo general sobre el tipo de protección que las Comunidades Autónomas le pueden aplicar a éste patrimonio cultural inmaterial y se fortalecen los elementos de salvaguardia, aplicando con rigor principios de austeridad y eficiencia. Es decir, no se crea ningún organismo nuevo, se utilizan los recursos de los que dispone la Administración General del Estado para la protección del patrimonio cultural material en términos de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Evidentemente, aparte de la preservación, utilizando la propia terminología de la Ley y de la Convención de la UNESCO, la salvaguardia de ese patrimonio, los efectos fuera del propio efecto cultural son un impacto económico general en la medida en que el turismo cultural es una faceta cada vez más importante de la capacidad de atraer turismo de nuestro país. Piensen ustedes que en las encuestas que se realizan a los visitantes de nuestro país sobre el motivo principal que les trae a España, aproximadamente el 14 por 100, que con las cifras de visitantes del año pasado vienen a equivaler prácticamente a siete millones y medio de visitantes, invocan como motivo principal de su visita motivo cultural. Esto, traducido a euros, supone que el turismo cultural aporta a España en el entorno de 7.500 millones de euros.

Es un instrumento positivo desde la perspectiva del impacto de género, en la medida en que muchas de estas actividades están especialmente vinculadas a las mujeres, y también tiene un efecto positivo de impacto medioambiental.

El Anteproyecto ha sido objeto de un larguísimo período de información pública y de consulta con las Comunidades Autónomas; ha tenido también el dictamen del Consejo de Estado y a partir de ahora comenzará su tramitación como Proyecto de Ley mediante su remisión al Congreso de los Diputados.

Igualmente, como la Vicepresidenta ha anticipado en su resumen general, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha aprobado en el día de hoy la concesión de una subvención extraordinaria, por importe de 4.117.950 euros, para apoyar la puesta en práctica del Plan Estratégico y de Viabilidad de la Fundación Gran Teatro del Liceo para el período 2014-2017.

Esta Fundación --en definitiva, la entidad, la que sirve a esta Fundación del Gran Teatro del Liceo-- en el curso de las últimas temporadas había incurrido en un desequilibrio económico que había llegado alcanzar los quince millones de euros, derivado, en parte, de la reducción de algunas de las aportaciones públicas y, en parte, también de la reducción de sus ingresos comerciales y de los patrocinios y otras fuentes de ingresos privados. Para su viabilidad era imprescindible esta aportación extraordinaria, que supone quince millones distribuidos entre los ejercicios de 2014 y 2015.

La aportación extraordinaria que se realiza por parte del Ministerio se refiere al ejercicio 2014 y viene a representar aquello que, según los Estatutos de la Fundación revisados en el año 2012, corresponde a la Administración General del Estado, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que el 45 por 100. El resto de las aportaciones corresponden a la Generalitat de Cataluña el 40 por 100; al Ayuntamiento de Barcelona, el 10 por 100 y el 5 por 100 a la Diputación de Barcelona.

Sra. Báñez.- Presentamos hoy también en el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas 2014-2020. Es un compromiso de la Legislatura de este Gobierno, especialmente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; también cumplimos con la Recomendación europea de la Estrategia renovada de la Unión Europea sobre Responsabilidad Social de las Empresas y también con el acuerdo de 29 de julio del presidente del Gobierno, en Moncloa, con los interlocutores sociales, por lo que constituye esta presentación un paso más y un compromiso más cumplido con ese acuerdo de julio de los interlocutores sociales y el presidente del Gobierno.

Ha sido un trabajo intenso y quiero agradecer desde aquí el magnífico trabajo y las aportaciones que se han hecho. Durante un año hemos trabajado en el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial y ahí están representados todos: las Administraciones Públicas, los representantes de los trabajadores, los representantes de las empresas y también la sociedad civil, porque han sido también algunos expertos los que no san acompañado en esta tarea; y por supuesto, todos los Ministerios y Administraciones Públicas, tanto Comunidades Autónomas, como Entes Locales. Fue aprobado en el Consejo Estatal el pasado julio y sometido también a información pública, como hicimos con la Ley de Transparencia.

¿Qué pretendemos con esta Estrategia Española? Tener una visión global, un marco de referencia nacional --por eso se llama Estrategia Española-- y una visión global de lo que es apoyar prácticas responsables, tanto en organizaciones públicas como privadas, con el fin de que constituyan un motor del impulso de lo que debe ser una sociedad más competitiva, siendo además más integradora y más sostenible.

Los principios fundamentales en los que se basa esta Estrategia, desde el primero, que es la voluntariedad, son la creación de valor compartido para toda la sociedad; la competitividad en forma de excelencia de la gestión empresarial; mayor cohesión social, de tal forma que dé oportunidades para todos y suponga un mayor elemento de inclusión social; transparencia, y eso, sin duda, va a redundar en lo que tiene que ser mayor credibilidad y confianza en nuestra economía; y sostenibilidad como elemento fundamental y protección de los derechos humanos en una economía cada día más globalizada.

Esta Estrategia tiene cuatro objetivos estratégicos: impulsar y promover la responsabilidad social en España; identificar y promover esta Estrategia como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social; difundir los valores de lo que significa la responsabilidad social en el conjunto de toda la sociedad; y crear, como decía, un marco de referencia común para todo el territorio.

Esta iniciativa cuenta con diez líneas de actuación y sesenta medidas, que se dirigen a las organizaciones empresariales privadas, pero también a las propias Administraciones Públicas. La primera de ellas es la promoción de la responsabilidad social empresarial como elemento impulsor de las organizaciones como más sostenibles. Son once medidas y de ellas destaco la puesta en marcha de una herramienta telemática y un procedimiento de publicación de las memorias e informes sobre responsabilidad social. Evidentemente, esto es voluntario, pero tiene mucho que ver con la transparencia y con el gobierno corporativo. Además, empezaremos por la constitución de un portal de responsabilidad social, donde lo primero que publicaremos es la memoria de la Administración General del Estado, que ya la realiza anualmente.

Además, queremos reconocer de manera positiva aquellas empresas y organizaciones que difundan y trabajen por la responsabilidad social. A modo de ejemplo diré que en la Estrategia Española de Emprendimiento y Empleo Joven pusimos en marcha lo que llamamos un sello a favor del comportamiento sobre el empleo juvenil y de apoyo al empleo juvenil, y podemos decir que ese reconocimiento lo tienen ya más de 600 entidades públicas y privadas. Cuenta, además, con más de 550 millones de euros sólo de recursos privados, lo cual constituye, sin duda, un trabajo conjunto de toda la sociedad española por el empleo juvenil y las oportunidades para los jóvenes.

Eso, sin duda, tiene mucho que ver luego en lo que es el día a día de nuestro país, puesto que desde que se inició la Legislatura hoy hay registrados 75.000 parados menos menores de treinta años y, con los datos de la EPA que conocimos ayer, hay menos parados menores de treinta años que cuando llegamos al Gobierno: 82.400 jóvenes menores de treinta años parados menos. Por tanto, día a día se están creando oportunidades para los jóvenes y el trabajar y el reconocer ese trabajo de toda la sociedad y la implicación de toda la sociedad merece reconocimiento.

El segundo de ellos es la integración en esta Responsabilidad Social Empresarial desde la educación y la formación, y la investigación. Queremos fomentar desde las edades tempranas, y hemos trabajado con el Ministerio de Educación, la formación en principios responsables, y para eso también vamos a hacer un convenio con las entidades más representativas para extender y afianzar este tipo de principios.

Tiene también mucho que ver otra línea de actuación con el buen gobierno y la transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza en nuestra economía. Por tanto, va a ser también un instrumento fundamental del fortalecimiento de la imagen de España, de la Marca España. Por eso vamos a fomentar la publicación de informes anuales integrales que incorporen, de forma transparente, la información de aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno.

En este ámbito, sí quiero señalar que en lo público se ha puesto en marcha por este Gobierno, trabajando en línea con esta responsabilidad social corporativa, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. En el ámbito privado hemos puesto en marcha también la aprobación de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito, con reformas en materia de gobierno corporativo, que también se complementa con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. Como saben ustedes muy bien, incorpora desde retribuciones más transparentes, reducción de tiempo máximo de permanencia de los consejeros en los Consejos de Administración o el impulso decidido de la presencia, con mínimos, de las mujeres en los consejos de administración de las empresas.

También en este ámbito legislativo, hemos puesto en marcha en la Ley de Mutuas medidas para la mejor transparencia y gobernanza de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Por eso, por ejemplo, se recoge en esa Ley un máximo de retribuciones de los directivos en relación con los directivos del sector público empresarial, ya que son parte del sector público empresarial, o la obligación de informar y de publicar anualmente los informes de fiscalización que hace la Intervención General de la Seguridad Social.

Por tanto, seguimos trabajando en comportamientos responsables.

Hemos intentando también a lo largo de esta Estrategia fomentar la fiscalidad responsable de las organizaciones, en línea con reducir las estrategias de evasión fiscal y competencia desleal; actuaciones dirigidas a combatir la lucha contra el fraude, tanto en el ámbito laboral como fiscal, y también luchar decididamente contra la economía sumergida, además de implantar programas de transparencia.

Otra de las líneas de actuación es una gestión responsable de los recursos humanos y del fomento de empleo. Hay siete medidas y yo resaltaría la apuesta por la creación de empleo de mayor calidad, y la promoción de la igualdad en el empleo entre mujeres y hombres. Queremos contar, como no puede ser de otra manera, con todo el talento, independientemente de la edad, independientemente del sexo o de su capacidad. Además, vamos a poner en marcha dentro de pocas fechas un plan especial para igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y también contra la discriminación salarial, que está elaborando en estos momentos el Ministerio de Sanidad; y también vamos a impulsar, como no puede ser de otra forma, la conciliación de la vida personal y laboral.

El quinto de los ejes es la relación con los proveedores, intentando que satisfagan sus compromisos especialmente, tanto empresas privadas como públicas, en lo que es el abono de facturas para que se cumplan los plazos legales, y se fomente la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales.

Termino rápido. Lo siguiente es la inmersión socialmente sostenible y responsable, y también la apuesta por el I+D+i; el consumo responsable, sobre todo en lo que significan buenas prácticas de información, evitar publicidad engañosa y otras prácticas que puedan existir, que no hagan que el consumo sea responsable; la apuesta por el medio ambiente y su respeto al medio ambiente; y la cooperación al desarrollo, siempre en línea con la protección de los derechos humanos en todo lo que supone la cadena de valor.

Luego, medidas de coordinación y participación para que trabajemos todos en la misma línea, dentro de lo que es el Consejo Estatal, donde están todos los agentes públicos y privados, y también en la Conferencia Sectorial, donde están el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

Esta Estrategia, como decía, para terminar, se configura como un marco de referencia nacional, en línea con lo que se hace en otros países de nuestro entorno. España es de los países que primero está adoptando medidas de estrategia nacional sobre la responsabilidad social empresarial y tiene una importancia fundamental en lo que es una economía más inclusiva, más sostenible y que apuesta de verdad por crear valor para las personas.

P.- Me gustaría preguntarle a la Vicepresidenta. La Generalitat de Catalunya, pese a haber renunciado a hacer la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, sigue tomando medidas para que se celebre otro tipo de consulta, el proceso de participación, que llaman de acuerdo con la Ley. Me gustaría saber si hechos, como, por ejemplo, la campaña institucional informativa que va a iniciar mañana, considera el Gobierno que se ajusta a la legalidad o se van a recurrir; y si los hechos que se han tomado hasta ahora de proporcionar colegios públicos, etc., etc., medios de la Generalitat, no se han recurrido porque el Gobierno considera que no atentan contra la Ley.

Vicepresidenta.- La primera obligación de cualquier Gobierno es velar por el cumplimiento de las Leyes y preservar los derechos de los ciudadanos. Ese fue el motivo por el que en su día recurrimos ante el Tribunal Constitucional, tanto la Ley de Consultas no referendarias, como el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Como bien recuerdan, el Tribunal Constitucional las admitió a trámite y acordó su suspensión. A partir de ahí y después de determinadas actuaciones, el presidente de la Generalitat decidió renunciar a ese referéndum.

No obstante, y a pesar de que decía que paralizaba la consulta previa, el presidente de la Generalitat anunció un proceso distinto de participación política el 14 de octubre. Desde entonces, el presidente de la Generalitat y distintos miembros de su Gobierno han ido dando pasos hacia un proceso que, desde luego, no tiene ningún tipo de garantías democráticas: un proceso sin censo previo; un proceso en el que quien lo organiza, es decir, quien está de acuerdo con una determinada posición en esa consulta, monta todo el procedimiento, reúne las mesas, las preside, controla cómo se efectúa la votación, hace el recuento de votos y proclama el resultado; amén de no contar con un censo para llevarse a cabo.

Por tanto, todo parece apuntar a que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento --a nuestro juicio, ilegal y, por tanto, recurrido ante el Tribunal Constitucional-- por otro todavía más antidemocrático.

Nuestra obligación, como decía, es velar por el cumplimiento de la Ley y por los derechos de los ciudadanos, máxime cuando parece que la Generalitat ha trasladado a los ciudadanos y a muchas personas en Cataluña responsabilidades y obligaciones que, sin embargo, no parece el presidente de la Generalitat él mismo asumir mediante otro tipo de fórmulas por escrito. Eso es lo que está haciendo: descargar la responsabilidad de un proceso en ciudadanos particulares, llámese directores de instituto, llámese alcaldes o llámese otro tipo de funcionarios. Y nuestra obligación también es, a todas esas personas, darles tranquilidad y darles seguridad.

Por eso, el presidente del Gobierno ha encargado un informe a los servicios jurídicos del Estado sobre todas y cada una de estas actuaciones, a fin de posibilitar, si así nos lo dice el Servicio Jurídico, su ulterior recurso, en su caso, ante el Tribunal Constitucional. Y no tenga duda de que, si eso es así, nosotros impugnaremos estas actuaciones por el doble motivo: porque tenemos que preservar la legalidad y, en segundo lugar, porque tenemos que preservar las garantías democráticas. Y ya, al margen de la legalidad, por una cuestión política: a los ciudadanos no se les puede imponer, verbalmente o como sea, obligaciones a mayores que les generen dudas, miedos, intranquilidad, inseguridades, porque el presidente de la Generalitat decide que no asume la responsabilidad de la ilegalidad del proceso.

Creo que éste es un elemento muy importante, porque a los gobernantes nos corresponde respetar los derechos de los ciudadanos y aquí se está transfiriendo a los ciudadanos una responsabilidad que la Generalitat ni siquiera quiere asumir por escrito.

P.- Me gustaría saber si ya tienen una fecha prevista para impugnar ante el Tribunal Constitucional los dos decretos del Gobierno de Canarias, si existe una fecha clara, si va a ser el mismo lunes.

Por otro lado, ¿se han planteado en algún momento proponerle al Gobierno de Canarias otro tipo de pregunta, otro tipo de mecanismo, para que se pudiera realizar la consulta, o simplemente consideran que el pueblo no tiene por qué opinar en este tipo de actuaciones?

Vicepresidenta.- El Consejo de Ministros lo que hace es autorizar al presidente del Gobierno a que solicite la impugnación de estas actuaciones y, una vez firmadas, ya le corresponde a la Abogacía del Estado su registro ante el Tribunal Constitucional. La fecha no se la puedo decir, pero ya le digo que esa petición de impugnación ya está firmada.

Sobre el segundo de sus elementos, yo quiero llamarle a una reflexión y es que estamos hablando de competencias, no del Gobierno de Canarias, sino de competencias del Estado. La Comunidad Autónoma de Canarias tiene sus competencias, nosotros respetamos su autonomía y en el marco de sus competencias puede tomar las decisiones que estime oportunas. Pero aquí estamos hablando, en primer lugar, de un referéndum que tiene que autorizar el Estado y, en segundo lugar, sobre el ejercicio de una competencia que la Constitución atribuye al Estado.

Como usted comprenderá, sobre esas competencias no hay capacidad de negociación: uno ejerce las que les corresponde, ésa es su autonomía, y el Estado la que le corresponde, que es la nuestra. La otra cuestión es no cumplir o no respetar el marco competencial. Nosotros procuramos respetar el del Gobierno de Canarias y el de cualquier otra autonomía, y el Gobierno de Canarias la del Estado, que es a quien le corresponde decidir sobre estas cuestiones, en materia de prospecciones en general, en este ámbito democrático.

P.- Para la Vicepresidenta. Finalmente, quisiera saber si va a volver la publicidad a RadioTelevisión; si hay alguna decisión sobre este asunto.

Luego, tras la retirada de la reforma del aborto, ya son cuatro los obispos que han afirmado que un católico no puede votar al PP porque no defiende el derecho a la vida. ¿Teme el Gobierno una huida del voto católico o, simplemente, no considera esta situación?

Y para la ministra Báñez. En el debate de los Presupuestos, Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE, le hizo dos propuestas al Gobierno: una, una renta social para todo parado con hijos a su cargo y, luego, la actualización del salario mínimo hasta el 60 por 100 famoso del salario medio de la OIT. ¿El Gobierno se plantea aceptar o debatir estas dos propuestas?

Sra. Báñez- Muchísimas gracias por su pregunta sobre dos cuestiones del debate de Presupuestos.

Por decirlo con toda franqueza, Pedro Sánchez llegó tarde, porque desde el 29 de julio hay un acuerdo firmado, hecho en Moncloa, entre el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales para trabajar sobre estas dos cuestiones. Sobre el Salario Mínimo Interprofesional, analizar su evolución a la situación económica de los últimos años y sus perspectivas de futuro y de avance en los próximos años también. Por tanto, está sobre la mesa para el diálogo y para el análisis.

Sobre la segunda de las cuestiones, que tiene que ver con la protección social de las personas de especial vulnerabilidad en España, le puedo decir que llevamos trabajando desde ese día de julio el Gobierno, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con los interlocutores sociales, representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores, porque vamos a poner en marcha, como se decía en ese compromiso, un Programa Especial de Activación para que aquellas personas que lleven más tiempo en el desempleo, sean mayores de 45 años y tengan cargas familiares, bien sean ascendientes o descendientes, tengan el compromiso de toda la sociedad española a través de ese Plan, que, por supuesto, contará con una renta mientras encuentran esa inserción, que todos deseamos, en el mercado de trabajo.

No puedo avanzarles más detalles, porque es objeto ahora mismo de la negociación en la mesa del diálogo social; pero sí me gustaría también trasladar desde aquí al secretario general del Partido Socialista que tiene una oportunidad maravillosa para sumarse al diálogo social, porque estas dos cuestiones están sobre la mesa de ese diálogo.

Vicepresidenta.- Sobre la publicidad de Televisión Española, acaba de ser nombrado el nuevo responsable de la Televisión Española, de la televisión pública. Ahora a él le corresponde hacerse cargo de esa institución, analizar también la situación y la viabilidad financiera de la entidad, a ver cómo podemos garantizar su sostenibilidad financiera, y eso es lo que corresponde hacer en este momento.

Sobre la segunda de sus preguntas, yo respeto las opiniones de cualquier ciudadano. Yo, desde luego, en esta mesa no suelo ni pedir ni no pedir --vamos, no me corresponde ni debo hacerlo-- el voto para ningún partido político. Pero sí poner de manifiesto que, en este caso, el Gobierno ha dejado bien claro que hay determinados aspectos de esa Ley con la que no estamos de acuerdo, que consideramos que deben ser modificados y que deben serlo por consenso. En algunos el consenso está conseguido y en otros aspectos seguimos trabajando para lograrlo.

P.- Vicepresidenta, quería una concreción sobre lo de Cataluña. Quería saber hasta qué punto puede dificultar la Generalitat los pasos del Gobierno si Artur Mas, como se ha sabido esta semana, va a aprobar la base legal sólo pocas horas antes del 9-N.

También sobre el tema de los voluntarios, porque por ahora la Generalitat lo está haciendo todo con voluntarios. Quería saber cómo se va a ejecutar eso.

Vicepresidenta.- Sobre el tema de los voluntarios, permítame que le haga una reflexión: imagínese usted que un partido político, que está en el Gobierno, decide hacer unas elecciones sin convocarlas y que, sin censo ni nada, decide que pone las mesas, las urnas, y que en esas mesas y en esas urnas van a estar los voluntarios afines a ese partido político. ¿Cómo calificaría usted ese proceso electoral?

Sobre la concreción sobre Cataluña, yo no sé qué va a hacer el presidente de la Generalitat. Yo le puedo decir lo que va a hacer el Gobierno y es velar porque se cumpla la Ley y, además, en este caso, velar por los derechos y las garantías de los ciudadanos de Cataluña, que también los tienen.

Nos van a disculpar por el día de hoy. Muchísimas gracias.