Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros del Interior y de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos sobre los que ha pasado hoy el Consejo de Ministros; un Consejo que continúa adelante con reformas para consolidar el crecimiento de nuestra economía. Hoy, con especial atención a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Hoy se ha aprobado para su remisión a las Cortes, al Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Es una norma que se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas en uno de los elementos más importantes del mismo, que son medidas para la mejora de las condiciones de financiación y del acceso al crédito, en especial de las pequeñas y medianas empresas.

Se dan a las Pymes, que son mayoritarias en nuestro tejido empresarial y en la creación de empleo, facilidades para superar los problemas derivados de la ausencia de financiación. Los objetivos de la Ley, que explicará el ministro de Economía y Competitividad, son hacer más flexible y más accesible la financiación bancaria, sentar las bases para fortalecer otras fuentes de financiación no bancaria y reforzar las competencias supervisoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En el capítulo también de leyes, hemos aprobado un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares. ¿En qué consiste? Lo que hace este R3eal Decreto Ley es dar una solución a la compleja solución técnica existente en el almacenamiento subterráneo de gas natural conocido como Castor, y se hace teniendo muy presente la participación del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, en el proyecto.

Se trata de una instalación financiada, entre otros, por el Banco Europeo de Inversiones, que fue definida y proyectada en un contrato de puesta en marcha el 16 de mayo de 2008. Las vicisitudes de ese proyecto las conocen bien: primero, el Gobierno intentó su declaración de lesividad ante los Tribunales, que no fue posible; y, en segundo lugar, llevó a un ajuste en la retribución del proyecto.

Recordarán que durante la fase de inyección del gas-colchón aparecieron, simultáneamente, movimientos sísmicos en la zona y se solicitaron distintos informes al Instituto Geológico y Minero de España y al Instituto Geográfico Nacional, así como a otros expertos internacionales.

¿Qué medidas adoptamos hoy? En primer lugar, la hibernación de las instalaciones y ello implica que está prohibido realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento. En segundo lugar, se extingue la concesión que tenía la empresa Escal, aceptando la renuncia presentada por ésta y sin perjuicio de las responsabilidades que en su caso pudieran derivarse. Se reconoce una compensación de 1.350 millones de euros a esta empresa, que será abonada por Enagás Transporte, que, como digo, va muy ligada a la financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y se contempla que el sistema gasista abonará a Enagás Transporte anualmente durante treinta años una cantidad para resarcirle de este pago.

Por acuerdo de Consejo de Ministros se pondrá, en su caso, poner fin a la hibernación, si los estudios técnicos lo aconsejan, o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras. La seguridad y la protección del medio ambiente son elementos clave en la definición de esta solución. Y estas instalaciones hibernadas se asignan para su administración a Enagás Transporte.

La solución permite reducir el coste para el sistema frente al coste de almacenamiento, en caso de haberse puesto en funcionamiento instalaciones como estaba previsto.

Segundo elemento, materia de centrales nucleares. Es un cambio menor, no afecta a las instalaciones, sólo afecta... Es una nueva cláusula que establece la titularidad única de aquellas centrales nucleares que estaban en un proceso transitorio de adaptación y que no han podido cumplir la obligación de tener esa titularidad única. Es importante, porque a través de ésta se definen obligaciones y responsabilidades. Lo que se hace con este Real Decreto Ley es establecer garantías de solvencia para poder cubrir esas posibles responsabilidades hasta la transformación a esa titularidad única.

También hemos aprobado hoy un Acuerdo por el que se crea la Comisión de Expertos para la definición del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Les recuerdo que este centro, su constitución, venía prevista en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y lo que aprobamos es la creación de una comisión que defina el contenido, las áreas y las funciones del Centro, sobre lo que nos explicará el ministro del Interior.

Sr. De Guindos.- Hoy el Consejo de Ministros ha decidido ya remitir a las Cortes, tras su segunda vuelta, el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial.

Antes de entrar en el detalle, simplemente unas consideraciones generales de la lógica económico-financiera de este Proyecto de Ley.

Como saben ustedes, la financiación bancaria en España es dominante. La financiación a través Bancos supone, aproximadamente, el 75 por 100 de toda la financiación ajena que obtienen las empresas en nuestro país. Esto es muy superior a lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, incluso en el ámbito europeo. Además, cuando nos vamos a las pequeñas y medianas empresas, esta financiación bancaria se va prácticamente al 100 por 100. Es decir, no existen fuentes alternativas de financiación a los bancos, a las entidades de crédito, en nuestro país.

Eso, lógicamente, tiene una serie de consecuencias desde el punto de vista de que, cuando tenemos una crisis bancaria, esas crisis bancarias se trasladan a la actividad económica real con más intensidad, con más profundidad, y de alguna forma las agravan, las profundizan, y, evidentemente, esto es algo que hay que intentar evitar. Por otro lado, también establecen una especie de ligazón, de conexión, entre el riesgo macroeconómico y el riesgo bancario.

Por lo tanto, se considera, desde todo punto de vista, que es importante diversificar las fuentes de financiación para no depender tanto de lo que es el canal bancario. Y esto es, en última instancia, lo que, junto con otras normas que hemos ido aprobando, se intenta proyectar de algún modo y se recoge en esta Ley.

Yo les voy a resumir, a continuación, los principales puntos de la misma.

El primero es favorecer la financiación bancaria a las Pymes y se establece, por ejemplo, que siempre que una pyme esté al día del pago de sus obligaciones con una entidad de crédito, con un Banco, si el Banco le quiere reducir la financiación, tenga que dar necesariamente un preaviso de tres meses para llevar a cabo esa reducción de la financiación.

Por otro lado, además, la pyme podrá requerir al Banco lo que es su historial de pago con la empresa, incluyendo una calificación crediticia, para que efectivamente esa pyme pueda, con ese historial, irse a otra entidad de crédito e inmediatamente compensar la reducción de la financiación.

En segundo lugar, establecemos un régimen mucho más eficaz, rápido y ágil en todo lo que tiene que ver con las garantías recíprocas. En esta Ley se establece que el reaval de CERSA, por ejemplo, se active ante el primer incumplimiento y se fortalece el buen gobierno corporativo de las Sociedades de Garantía Recíproca, que tienen que cumplir una labor, fundamentalmente, de proporcionar garantías para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

En tercer lugar, establecemos un nuevo régimen jurídico para los establecimientos financieros de crédito. En la Ley de Solvencia los establecientes financieros de crédito dejaron de tener la consideración de entidad crediticia, y lo que hacemos aquí es decir --estamos hablando, fundamentalmente, de financieras alternativas a los bancos-- que siguen bajo la supervisión del Banco de España para que continúen con fuentes de financiación, tanto para familias como para empresas, de actividades, por ejemplo, de leasing o de factoring.

En cuarto lugar, se reforma la regulación de titulizaciones. Esto es especialmente relevante en el contexto actual. Como saben ustedes, uno de los programas fundamentales de apoyo monetario, que ha recientemente anunciado el Banco Central Europeo, es la compra de ABS; esto son titulizaciones. Aquí lo que hacemos es intentar favorecer, intentar modernizar, su regulación.

En España, para que se hagan ustedes una idea, estas titulizaciones están, aproximadamente, en el entorno de los 235.000 millones de euros y se trata de paquetes de préstamos con los que, posteriormente, los Bancos constituyen una especie de vehículo y se generan unos títulos que permiten, de alguna forma, ir soltando o ir proporcionando liquidez a las entidades financieras.

Aquí lo que hacemos, fundamentalmente, es equiparar nuestra normativa a la europea; simplificamos y unificamos la normativa dispersa que existía hasta el momento y se promueven titulizaciones. Normalmente, las titulizaciones tenían que ver con hipotecas; es decir, el activo subyacente era la concesión de hipotecas. Intentamos favorecer también que el activo subyacente sean préstamos a Pymes, que además van a ser los que, fundamentalmente, va a comprar el Banco Central Europeo.

También establecemos en la norma una serie de medidas para facilitar y fomentar los instrumentos de financiación alternativa para las pequeñas y medianas empresas.

En primer lugar, potenciamos el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil, el conocido como MAB; se flexibilizan los requisitos para que las empresas pasen del MAB al Mercado Continuo, es decir a la Bolsa; y se establece un umbral de quinientos millones de euros, de tal forma que, cuando la capitalización de la empresa que cotiza en el MAB alcance ese umbral, automáticamente tendrá que pasar al Mercado Continuo, que es un mercado en el cual se exigen más garantías, mayor transparencia y mayores condiciones al respecto.

Aquí aprovecho para anunciarles que en la Ley de Auditoria, que ya está elaborando el Ministerio de Economía, nos adelantaremos al tema de la necesidad de que las empresas que cotizan en el MAB sean auditadas por empresas de una cierta relevancia y que cumplen una serie de condiciones, lo que se denomina Entidades de Interés Público. Ésa es otra medida que creemos que será muy favorable desde el punto de vista de lo que son las garantías que se tienen que otorgar en este mercado.

El MAB es un mercado en el que la cotización es más barata, por decirlo de alguna forma, con menos condiciones que en el Mercado Continuo; pero eso no tiene que ser óbice, en absoluto, no tiene que ser una limitación, para que efectivamente se eviten situaciones como en algún caso hemos vivido en los últimos tiempos.

Por otro lado, también favorecemos la emisión de títulos de renta fija, de obligaciones, por parte de empresas. Dejamos que las Sociedades de Responsabilidad Limitada puedan emitir títulos de renta fija. Se eliminan determinados límites cuantitativos a la emisión de obligaciones en las Sociedades de Capital y, además, reforzamos la vigilancia en lo que se refiere al Mercado Alternativo Bursátil. Ahí lo que hacemos, fundamentalmente, es dar mayores competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que, con las rectoras del MAB y del MARF, que es el Mercado Alternativo de Renta Fija, de alguna forma se incrementen los controles con respecto a la misma y las necesidades de información, de transparencia y de control de las entidades que cotizan en estos mercados.

También una cuestión novedosa, en la cual yo creo que la legislación española se adelanta a muchos de los países de nuestro entorno, es que regulamos lo que se denomina la financiación participativa o, en la terminología inglesa, el "crowdfounding". El "crowdfounding", en última instancia, es una plataforma en Internet que lo que intenta es conectar proyectos de inversión que necesitan financiación, ya sea de capital o ya sea de préstamo, con inversores que están, de alguna forma, abiertos a dicha financiación. Es una forma de financiación y una forma de proporcionar capital y recursos a las empresas, especialmente a las empresas ligadas a plataformas tecnológicas y que se consideran como empresas con capacidad de crecimiento, las cuales responden a ideas novedosas de la Economía del Conocimiento, que a veces no se entienden bien por parte de las entidades crediticias y que por lo tanto requieren de una financiación y una aproximación distinta, que está teniendo un enorme éxito en todo el mundo.

Entonces, lo que hacemos nosotros aquí es que establecemos la regulación de estas plataformas para que sean transparentes, para que proporciones o faciliten dicha conexión entre los proyectos de inversión y los inversores al respecto, de tal forma que estas plataformas tendrán que ser autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y serán supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con apoyo, especialmente en todo lo que es la actividad de préstamos, del Banco de España. Lo que intentamos, fundamentalmente, es que el funcionamiento sea lo más transparente y que haya normas de conductas para asegurar su neutralidad al respecto.

Una cuestión que ha levantado bastante interés es quién puede invertir aquí y bajo qué condiciones se puede invertir. Lo que hacemos en la norma, atendiendo a lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido, es que distinguimos dos tipos de inversores: los inversores acreditados y los no acreditados. Los inversores acreditados no tendrán ningún tipo de limitación cuantitativa para invertir en ese tipo de proyectos de empresa, y los inversores acreditados, que son fundamentalmente las instituciones, los empresarios que superen determinados umbrales de activo, de un millón de euros, o de cifra de negocios y de recursos propios, y todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los quinientos mil euros al año o tengan un patrimonio financiero, es decir, una inversión en activos financieros, que supere los cien mil euros. El resto, los que estén por debajo de estos umbrales, no podrán invertir globalmente más de diez mil euros al año y en proyectos que no superen el límite, el umbral, de los tres mil euros.

Con ello lo que estamos fundamentalmente pretendiendo es, como decía anteriormente, buscar un equilibrio entre lo que es la necesaria seguridad con la libertad de actuación que se requiere en este tipo de plataformas, en este tipo de intermediarios que conectan proyectos de inversión con inversores. Creemos que con estas normas se garantiza, como decía anteriormente, el equilibrio entre la necesaria protección al inversor particular y la necesaria transparencia, con lo que efectivamente es una fuente de financiación, que creemos que es interesante y que puede tener desarrollo a futuro.

Sr. Fernández.- Como señaló la señora Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo en virtud el cual se crea una Comisión de Expertos que tiene por objeto la elaboración de un informe, de un dictamen, sobre la constitución del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que creó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las mismas, de las víctimas del terrorismo, Ley 29/2011, de 22 de septiembre; es decir, una ley que fue aprobada en las postrimerías, en los últimos momentos, de la pasada Legislatura y que fue aprobada por absoluto consenso de todo el arco parlamentario, tanto en el Congreso, como en el Senado.

Les quiero recordar la dicción literal del artículo 57 de la Ley que crea el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, porque ahí se explican perfectamente la misión, los fines y el objeto, en definitiva, del Acuerdo del Consejo de Ministros de hoy por el que se ha creado esta Comisión de Expertos.

Ese artículo 57 de la Ley a la que me he referido dice: "El Gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo tendrá su sede en la Comunidad Autónoma del País Vasco."

Ésa es la dicción literal del artículo 57, insisto, de esa Ley que fue aprobada por consenso de las Cortes Generales al final de la Legislatura pasada.

En la creación de un Centro de estas características, que es una iniciativa pionera en España en cuanto a la dimensión y el carácter que tiene un Centro de este tipo, hemos considerado que resulta conveniente la puesta en marcha, para facilitarnos el trabajo, de una Comisión de reconocidos expertos que nos ofrezcan al Gobierno y, dentro del Gobierno, en particular, al Ministerio del Interior, un asesoramiento objetivo, cualificado, integrador y pluridisciplinar.

Teniendo en cuenta que, como les he recordado, no es una decisión discrecional del Gobierno, sino que es un mandato legal la creación de este Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, desde el comienzo de esta Legislatura, y concretamente ya en enero del año 2012, yo mismo me trasladé al País Vasco, a Vizcaya, y con el entonces consejero del Interior del Gobierno vasco, don Rodolfo Ares, firmé un convenio de intenciones para desarrollar precisamente la creación de este Centro, que por tener que estar, por mandato legal, ubicado en el País Vasco, parecía absolutamente razonable y conveniente que se hiciera con el máximo nivel de consenso también con las autoridades del País Vasco, ya que allí debe estar radicado. Consenso en la Ley, consenso lógicamente en cuanto a la decisión y concreción de ese Centro Memorial.

Ese consenso a nivel político e institucional lo estamos manteniendo desde el Gobierno con el partido que da apoyo al Gobierno, tanto a nivel nacional, el PP, como el Partido Popular del País Vasco; con el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista Obrero Español, con el Gobierno vasco y con el Ayuntamiento de Vitoria, puesto que la decisión que al final hemos adoptado es que la sede del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo se ubique en Vitoria, capital, como saben ustedes, del País Vasco, y concretamente en el edificio histórico del Banco de España en aquella localidad, que el Ministerio de Hacienda nos ha cedido, lo ha afectado al Ministerio del interior, para que sea el lugar donde se ubique el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

Por lo tanto, todas las instituciones básicamente implicadas para mantener ese consenso político e institucional están informadas y están participando de este proyecto. Eso es así porque es evidente que pretendemos que el proyecto de este Centro Memorial sea permanente en el tiempo y que trascienda a los Gobiernos de cada momento, gobiernos a nivel nacional y gobiernos a nivel autonómico, dado su carácter esencial como instrumento de preservación de la memoria de las víctimas del terrorismo.

Evidentemente, contamos también, como no podía ser de otra manera, con la colaboración en todo momento de las víctimas del terrorismo, para que se sientan, como es evidente, especialmente partícipes y representadas en ese Centro Memorial a ellas dedicado. Por eso ya hace unas cuantas semanas que se ha contactado por escrito y personalmente con las entidades que las representan, así como, desde el 11 de septiembre, de activó una dirección de correo electrónico desde el Ministerio del Interior por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, para recoger sus aportaciones, sus ideas y sugerencias sobre ese futuro Centro, que van a ser además trasladadas a esta Comisión de Expertos.

Les decía que el reto es importante. Si me permiten, hay dos grandes centros memoriales; no los únicos, pero hay dos centros memoriales en el mundo: uno es el "Yad Vashem", que evoca el Holocausto, en Ain Karem, en las afueras de Jerusalén; el otro podía ser, y por lo reciente y actual del mismo, el Memorial que recientemente se inauguró en Nueva York, en la Zona Cero, con ocasión de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y entre esos dos hay multitud de Centros Memoriales a lo largo y ancho del planeta porque, por desgracia, no son pocas las ocasiones a lo largo de nuestra historia, la historia de la Humanidad, en las que se tiene que recordar a víctimas de guerras, conflictos, atentados terroristas, etcétera.

Pero en España una iniciativa de estas características es la primera que se promueve y por eso, insisto, ha parecido conveniente que su puesta en marcha esté debidamente asesorada por unos expertos independientes, pero que tienen un acreditado prestigio y un reconocimiento social en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con un Centro de estas características.

El cometido fundamental de esta Comisión de Expertos será la confección de un informe de recomendaciones para la definición del Centro, que intente dar respuesta a la pluralidad de aspectos que surgen en la creación de un Centro que, insisto, tiene estas características y estos objetivos.

Siempre en el marco de la Ley de la que trae causa, la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, el dictamen que debe elaborar este Comité de Expertos se orientará a la definición de los principios básicos que deben caracterizar el Centro, sus funciones y cometidos, los contenidos referenciales de la exposición permanente, las áreas de trabajo y las tareas de proyección pública nacional e internacional del citado Centro.

En definitiva, se trata de compaginar el rigor científico, exigible en todo momento y más en una institución de estas características, con el absoluto respeto a la dignidad de las víctimas del terrorismo y su papel central en la caracterización del Centro para su memoria. Y todo ello, como no podía ser de otra manera, en el marco de los principios y del contenido que establece la Ley de la que trae causa este Centro para la Memoria.

Dicho todo lo anterior, la Comisión de Expertos deberá entregar su informe al Ministerio del Interior en un plazo de tres meses, plazo de tiempo que la experiencia, respecto a otras Comisiones de Expertos que han existido, nos indica que es el adecuado.

En cuanto a su composición, la Comisión de Expertos estará presidida por el prestigioso y experto conocedor del fenómeno terrorista, el periodista Florencio Domínguez Iribarren, colaborador habitual en diferentes medios de comunicación y autor de numerosas publicaciones sobre el fenómeno terrorista. El señor Florencio Domínguez es una autoridad en la materia y una figura muy reconocida socialmente en el País Vasco y en el conjunto de España.

Respecto al resto de integrantes de esta Comisión, está integrada por expertos en terrorismo, tanto de ETA, como yihadista, puesto que la Ley hace referencia a todas las víctimas del terrorismo. Expertos en ética, en comunicación, en historia, en sociología o en la memoria de las víctimas, además de un experto museístico y otro en aspectos didácticos y pedagógicos, que nos ha propuesto el Ministerio de Educación y Cultura a través de las Secretarías de Estado de Cultura, en un caso, y de Educación, en el otro.

Dicho lo anterior, los componentes de la Comisión que, contando con el presidente, serán un total de catorce, además de una Secretaría con voz y sin voto de un funcionario --en este caso será una funcionaria-- del Ministerio del Interior, son los siguientes: Joseba Arregi Aranburu, José Luis de la Cuesta Arzamendi, Francisco Javier Elzo Imaz, Iñaki Ezkerra Greño, Edurne Uriarte Bengoetxea, Gaizka Fernández Soldevilla, María de los Ángeles Gil Blanco, Javier Jordán Enamorado, Francisco Llera Ramo, Jesús Loza Aguirre, Javier Marrodán Ciordia, Manuel Reyes Mate Rupérez y Fernando Sáez Lara.

Quiero concluir destacando la importancia que este Centro tiene para el Ministerio del Interior y para todo el Gobierno de la nación, y que, además de ser un mandato legal, como recordábamos, su puesta en marcha es un deber que todos tenemos con las víctimas del terrorismo y un deber hacia las generaciones venideras de españoles, que deben saber la verdad de lo sucedido en relación con el fenómeno terrorista padecido en el País Vasco, en particular, en Navarra y en el conjunto de España durante mucho tiempo, y otras modalidades de terrorismo, destacando, entre ellas, el terrorismo yihadista, por razones que a nadie se le ocultan, del atentado del 11 de marzo de 2004 y la actualidad de la amenaza del fenómeno terrorista.

En la puesta en marcha de este Centro, el trabajo y el dictamen de esta Comisión va a ser fundamental para abordar desde un mejor y más adecuado conocimiento lo que debe ser un proyecto tan sensible y tan importante para toda la sociedad, teniendo siempre en cuenta los principios que inspiran la Ley, que son: memoria, verdad, dignidad y justicia. Principios inspiradores de la Ley y principios que van a ser inspiradores de este Centro y, por supuesto, del dictamen que con toda libertad, pero ajustado a estos criterios legales, le pedimos a esta Comisión de Expertos que, por acuerdo del Consejo de Ministros, se ha creado hoy.

P.- A la Vicepresidenta. El presidente Rajoy dijo el otro día que no se planteaba que Mas no cumpliera la Ley. No sé si entienden que lo de ayer es un incumplimiento de la Ley, es una provocación… ¿Qué va a hacer el Gobierno para responder a lo que hizo ayer el señor Mas.

También le quería plantear sobre la Ley del Aborto. Se está preparando una gran manifestación en Madrid, la Iglesia ha protestado… ¿Qué le dice el Gobierno a sus votantes que se puedan sentir defraudados y que han visto como que, incluso, dimitía el ministro Ruíz-Gallardón por este asunto?

Y aprovechando que le tenemos aquí, al ministro Jorge Fernández le quería preguntar si usted comparte, personalmente, la decisión del Gobierno de retirar la Ley del Aborto.

Al ministro de Economía. Hay una gran polémica por el tema de Caja Madrid y el señor Abejas está diciendo que todos los sabían, que usted lo sabía, que el ministro de Hacienda lo sabía, que todos lo sabían, y que era normal eso en el mundo financiero. Usted estaba en el mundo financiero y quería preguntarle si era normal, si todo el mundo en el mundo financiero tenía esas tarjetas, y si usted también. Quiero decir que si era normal.

Además, en general, se han destinado decenas de millones de dinero público al rescate y hoy nos están diciendo que en la plataforma Castor, otros 1.300 millones de dinero que nos dicen los expertos que lo vamos a pagar en la factura del gas. Le quería preguntar si en ese contexto no merecería todo esto una gran comisión de investigación en el Congreso, algo más de lo que se ha hecho hasta ahora.

Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas va referida a la situación en Cataluña y yo creo que hay que dejar por sentada una serie de aspectos importantes.

España es un Estado de Derecho, creo que ese tema hay que tenerlo muy presente. Cuando nos dimos una Constitución, por un lado, constituimos un Estado de las Autonomías que ha llevado a que hoy España sea uno de los Estados más descentralizados del mundo, tanto por las competencias que ejecutan las Comunidades Autónomas, como por el volumen de recursos que gestionan; pero también por la amplitud con la que la que ese proceso de descentralización se ha consumado en nuestro país. Pero también es un Estado de Derecho.

La Ley es la expresión más clara de la democracia y la Ley nos obliga a todos. Y quienes se encargan de decidir quién cumple o no cumple la Ley son, entre otros, fundamentalmente, los Tribunales, que es un poder único e independiente. Aquí nadie, en España, puede decidir por sí o para sí lo que es legal o lo que no lo es, salvo los Tribunales, y decidir cuándo cumple o deja de cumplir las resoluciones de los Tribunales.

Yo creo que eso es muy importante para todos pero, sobre todo, para los gobernantes, que también dictan leyes y que me imagino que, cuando son constitucionales, querrán que el resto de los ciudadanos también las cumplan. ¿Qué autoridad tiene cualquier gobernante para exigir a los demás el cumplimiento de la Ley cuando él no lo hace?

Por tanto, este Gobierno tiene una obligación, que es cumplir y hacer cumplir la Ley, porque tiene la obligación de que todo el mundo respete la democracia. Y aquí estamos hablando de derechos democráticos. ¿De quienes? De todos los españoles.

España se organizó políticamente en una Constitución, que fue apoyada mayoritariamente por los ciudadanos que residían en Cataluña, y refrendada por el conjunto del pueblo español. Si se quiere cambiar eso, si eso algunos pretenden modificarlo, tienen que contar con la voluntad de quien decidió que nos organizáramos de esta manera: el conjunto del pueblo español. Ése es el procedimiento.

Pero es mucho más allá que una norma procedimental o una norma de organización jurídica; ésta es nuestra democracia y nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está a la medida de los derechos de los españoles.

El señor Artur Mas conoce, porque es parte en el procedimiento pero también porque es de notorio conocimiento, que el Tribunal Constitucional ha decretado la suspensión de la Ley de Consultas, del artículo 14 que recoge esa Comisión y del decreto de convocatoria de la consulta. Y el Tribunal Constitucional, en su providencia, ha ordenado suspender todos los actos precedentes o que conlleven a la convocatoria de esa consulta.

Por tanto, si ha decidido firmar ese decreto de convocatoria, el Gobierno cumplirá, con la misma firmeza serena que hemos venido haciendo hasta ahora, con su obligación legal y la Abogacía del Estado trabajará para que se incorpore este decreto, este a nuestro juicio incumplimiento de ese acuerdo de suspensión, a esa pieza de suspensión que se está tramitando ante el Tribunal Constitucional.

Le recordamos que tiene que cumplir la Ley. Una cosa es la política y en política cada uno puede defender lo que tiene por oportuno, siempre por los procedimientos legales y democráticos, porque, cuando uno no respeta la Ley, probablemente esté vulnerando el derecho de muchos; en este caso, de catalanes y españoles, que tienen derecho todos juntos a decidir cuál es el modelo que quieren para el conjunto de España.

Sobre la segunda de sus preguntas, conoce muy bien cuál es la posición del Gobierno; entre otros, lo ha dicho su presidente. Nosotros hemos trabajado para construir un consenso. De momento, hemos detectado que hay consenso en un ámbito importante, que es en el asunto relativo al consentimiento de las menores, entre dieciséis y dieciocho años, para poder llevar a cabo un aborto, y vamos a solventar inmediatamente esa cuestión. Seguiremos trabajando por el consenso en otras áreas. Creemos que es un tema de una gran sensibilidad social, que es difícil. Seguiremos trabajando, como digo, y la primera de las decisiones que hemos adoptado, porque entendemos que hay un gran consenso social y estamos para construirlo, es ese punto que le decía hace un momento.

Sr. Fernández.- Para no repetir lo que ya en su momento anunció el presidente del Gobierno y lo que ha dicho ahora la vicepresidenta del Gobierno, simplemente quiero decir que en la búsqueda de ese consenso, puesto que el Partido Popular es un partido muy grande y con muchas sensibilidades al respecto; en todo caso yo, para buscar ese consenso, siempre, en el seno del Partido Popular, en el seno del Gobierno y en el conjunto de la sociedad, siempre estaré, evidentemente, en la defensa de la vida, desde la convicción de que no hay nada más progresista que defender a los seres más vulnerables y débiles, y de que no hay ningún ser más débil y vulnerable que el niño que va a nacer. En esa posición de búsqueda del consenso yo estaré situado en esa posición.

Sr. De Guindos.- En relación con el tema de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, yo voy a dar, no opiniones, sino datos.

En primer lugar, el que pone en conocimiento del fiscal esta operatoria es el FROB, que es el mecanismo de resolución del Gobierno en entidades. Yo he anunciado en numerosas ocasiones que el FROB y las entidades nacionalizadas tenían un sistema de análisis de aquellas prácticas, potencialmente irregulares, que pudieran contravenir la normativa vigente y que, cuando, efectivamente, se pusiera de manifiesto que ahí hay un potencial comportamiento irregular, inmediatamente se ponía en conocimiento de la Fiscalía. Eso es lo que ha ocurrido: Bankia se lo comunica al FROB, el FROB rápidamente lo pone en conocimiento del fiscal y el fiscal es el que ha remitido al juez, y ahora es cuando efectivamente se tiene conocimiento al respecto.

Pero le puedo decir que existen aproximadamente veinte operaciones que ya se han remitido al fiscal. Aquí lo que está habiendo es un procedimiento por parte del FROB en el cual, en cuanto se identifica, se analiza, después de algunas opiniones de expertos, que pudiera existir una conducta irregular, inmediatamente se remite a la Fiscalía. Es decir, el FROB tiene instrucciones del Gobierno de colaborar absolutamente y ser absolutamente transparente. Independientemente --y éste es otro hecho, que creo que también usted entenderá-- de que desde mayo del año 2012 esta práctica desaparece absolutamente.

¿A partir de ahí? A partir de ahí lo que va a hacer el FROB es está personado en la causa de Bankia y en dicha causa de Bankia, lógicamente, tiene que recuperar todo lo que de alguna forma se ha podido, de algún modo, pagar a través de estar tarjetas, independientemente de que, lógicamente, existen otro tipo de responsabilidades, que es el juez el que tiene que ir dilucidando. Pero el FROB va a estar personado en la causa.

P.- A la Vicepresidenta del Gobierno quería preguntarle dos cuestiones relativas a propuestas del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Quería saber cuál es la opinión del Gobierno respecto, por un lado, a la existencia de que haya funerales de Estado para las víctimas de violencia machista y, por otro lado, también que los parlamentarios no puedan ejercer actividades privadas.

Al ministro del Interior quería preguntarle si nos podía confirmar, tal y como publican hoy algunos medios de comunicación, si hay negociaciones entre los Gobiernos de España y de Francia para el traslado a España de medio centenar de presos etarras en virtud de una modificación legislativa que está ahora mismo en el Senado.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, sobre la propuesta del señor Pedro Sánchez en relación con los funerales de Estado de las víctimas de violencia de género, creo que de alguna manera ha sido matizada por el propio Partido Socialista esta mañana. Yo creo que tendrán que explicar en qué consiste la propuesta y cuál es la versión definitiva de esa propuesta para poder manifestar una opinión más fundada.

Por nuestra parte, sabe que el Gobierno siempre ha buscado el consenso en este tema que entendemos --ésa es nuestra postura-- que es una cuestión de Estado, que es un asunto de Estado. Ahí es donde ponemos el término Estado, porque nos parece importante. Creemos que es un problema que tiene la sociedad española y otras muchas --hemos visto los datos a nivel europeo--. Creo que todos debemos ser conscientes de que hay un trabajo a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español, que hacer. Creemos que esa es la manera de tratar este asunto: ir construyendo, legislatura tras legislatura, Gobierno tras Gobierno, los mejores mecanismos para acabar con la violencia de género, que tienen que venir desde la escuela y desde la formación, y que tienen que consistir en la máxima protección que podamos darles a las víctimas de la violencia de género.

A las mujeres y también a los niños, en ese entorno en que pueden además sufrir violencia de esta naturaleza, darles la confianza necesaria en las instituciones para que puedan denunciar, para que puedan protegerlas --creo que el Ministerio del Interior en este sentido está haciendo una tarea muy intensa--, ver cuál es la mejor reacción penal que podemos dar frente a la violencia de género y seguir trabajando, con el relevo de un Gobierno tras otro, en una dirección.

Ésa es la posición del Gobierno y ya digo que a la del Partido Socialista, cuando la tengan más perfilada, podremos responder a ella.

Sobre el ejercicio de incompatibilidades, también profusamente, en todo este conjunto de ofertas que nos encontramos un día tras otro, el Gobierno ha presentado una ley del ejercicio de la función de alto cargo en la Administración General del Estado, que es a lo que a nosotros nos compete; con un régimen de incompatibilidades amplio --los que estamos aquí sentados estamos sometidos a él-- y con un régimen de transparencia en el ejercicio de esas funciones y en la declaración de bienes en la entrada y en la salida, que creo que también sería interesante que analizara el Partido Socialista, porque ahí pueden tener algunas buenas ideas de cara a estas ofertas que estamos viendo.

Sobre la incompatibilidad de diputados, está usted hablando del Poder Legislativo y del Reglamento de la Cámara. Cada uno de los Grupos puede plantear las iniciativas que tenga por conveniente, señalar por qué se hacen en este momento y no en otro anterior, y a qué obedecen, dentro de un objetivo que creo… Al menos, mi opinión es que tenemos que trabajar desde el ámbito de la política y es que tenemos que conseguir que gente que proviene de distintos ámbitos tenga interés por trabajar en política.

Yo doy esa idea y esa opinión general. Me parece que la política es importante. Ustedes preguntan todos los viernes por cuestiones que son claves para el futuro de España y el futuro de nuestra economía. Aquí se habla de temas de una complejidad importante. Fíjese en la Ley que acaba de exponer el ministro de Economía.

Creo que es bueno que la política esté abierta a que gente preparada, formada, de distintos ámbitos y de distintos sectores pueda participar en política; que no sea esto compartimentos estancos y cerrados. Creo que estar abiertos a que la gente entre, salga y pueda aportar en ámbitos muy complicados es bueno. Ésa es mi manera de ver las cosas. No sé si eso se arregla mejor con un sistema de incompatibilidades o no incompatibilidades, pero creo que tenemos que ponernos ese objetivo final.

Al final, los políticos tomamos decisiones todos los días sobre aspectos claves de la convivencia de todos los ciudadanos. Conviene saber de lo que se habla, conviene conocer lo que se habla y conviene saber, por haberlo vivido, las consecuencias que para la sociedad tienen las medidas que se adoptan, y creo que ese intercambio es bueno.

A mí la política cerrada y endogámica… Me parece que tenemos que ser también prudentes al analizarlo, porque es buena esa participación de los ciudadanos y también lo es si damos facilidades a que la gente pueda participar; todo con la transparencia, controles… Oiga, si todo es transparente y todo se controla, pasa como ha dicho el ministro de Economía con lo que hemos visto hace un momento en este asunto de las Cajas. Pero enriquezcamos también las aportaciones en la política.

Sr. Fernández.- Como esa noticia a la que usted alude titulaba literalmente "Rajoy y Hollande han pactado el desplazamiento, el traslado, a España de medio centenar de terroristas", yo he hablado personalmente con el presidente del Gobierno y me ha autorizado personalmente a que desmienta esa noticia, en el sentido de que él no ha hablado para nada con el presidente Hollande de este asunto.

P.- Se está publicando --"Expansión" lo ha publicado hoy-- que Hacienda va a abrir una investigación a las empresas del IBEX 35 para ver si existen tarjetas "black" como las de Caja Madrid. Quería saber qué medidas van a tomar al respecto y si consideran o temen que ésta es una práctica extendida en las empresas o en otras Cajas de Ahorro.

Después, centrándome más en Caja Madrid, le quería preguntar a la Vicepresidenta o al ministro si no les da vergüenza que haya compañeros suyos…, si no les da vergüenza pertenecer a una formación en la que hay gente que se ha beneficiado de esta manera de una Caja que ha recibido unas inyecciones de 22.000 millones de euros del contribuyente; que, si no calculo mal, son 468 millones por persona en este país, lo que es una barbaridad. No sé de dónde sale tanto dinero.

También quería preguntarles qué medidas van a tomar, no sólo recurriendo a la Fiscalía, sino también el Gobierno con las leyes. ¿Van a impulsar algún proyecto de ley para que esto no se vuelva a producir?

Sobre el límite al "crowdfunding", es algo que no entiendo muy bien por qué estos límites que se están poniendo a una forma de financiación. No lo entendí en la otra ocasión, que eran más restrictivos, y tampoco lo llego a comprender ahora. Porque ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Porque puede haber fraude o porque…?. Porque, al final, es limitar una forma de financiación de empresas, ¿no?, poniéndoles una barrera que no existía y que en otros países tampoco existe, si no he entendido mal.

Sr. De Guindos.- Empiezo por el "crowdfunding". En todos los países existen límites. Se distingue entre inversores cualificados y no cualificados en los que hay regulación: en Estados Unidos, en el Reino Unido… Fundamentalmente, es, y yo lo he intentado explicar antes, buscar un equilibrio. Esto es una fórmula de financiación novedosa pero que, de alguna forma, necesita transparencia y necesita una serie de controles. Al ser una forma novedosa, que está naciendo en estos momentos, que puede ser importante, creemos que es especialmente adecuado que para una serie de inversores que pueden tener menor cultura financiera, lo cual está implícito, por ejemplo, también en la Directiva de UNIFIT, haya una protección especial y unas consideraciones especiales.

Ése es el objetivo, pero eso existe en todas las regulaciones que están aprobadas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o el Reino Unido. Me parece incluso que nosotros, en el caso español, nos hemos ido a los límites del Reino Unido, muy similares.

Después, ha hecho usted una serie de consideraciones en relación con este tema. Esto es una conducta irregular, no hay que hacer… Es decir, en estas actuaciones, cuando efectivamente ya se concretan y se ponen de manifiesto, el juez ya puede, de algún modo, establecer, hacer y plantear sentencia en relación con las mismas. Esto ya está absolutamente prohibido. Si efectivamente los hechos se concretan y de alguna forma se sustancian, está absolutamente prohibido dentro de la regulación española.

Evidentemente, usted me dice: sí, vamos a ver… En estas cuestiones, al primero que, a veces, se le revuelve el estómago cuando ve las inyecciones de capital es al ministro de Economía. Creo que, en estas circunstancias, en una entidad que ha habido que inyectar muchísimo dinero entiendo perfectamente la indignación de la sociedad española; la entiendo perfectamente.

P.- Pero ¿qué va a hacer Hacienda?

Sr. De Guindos.- Hacienda, lógicamente, tiene autonomía, la Agencia Tributaria, para actuar al respecto y el Gobierno no tiene nada que decir al respecto.

P.- Pero si es una práctica extendida en otros sitios no lo van a investigar, ni nada.

Sr. De Guindos.- Yo espero que no sea… Estoy convencido de que no es una práctica. Creo que es un caso singular, si me permite usted.

P.- A la Vicepresidenta. Me gustaría saber si, aparte del recurso que, según dice, la Abogacía del Estado está estudiando para incorporar al ya presentado, el Gobierno se plantea alguna otra medida para que el señor Mas cumpla con la suspensión o para que no siga incumpliendo la suspensión.

Me gustaría saber también, al margen de que el FROB esté personado en la causa, si el Gobierno tiene algún mecanismo para recuperar el dinero que han gastado estas personas de forma irregular.

Y si me permite, también al ministro del Interior, me gustaría saber si tiene alguna confirmación de que haya podido ser Resistencia Galega el autor del atentado que se produjo en Lugo hace unos días en una casa consistorial.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, las actuaciones del president de la Generalitat, creo que el president de la Generalitat debería manifestar cuál es su posición final sobre este tema, porque, en primer lugar, se nos informó, después de un Consejo extraordinario del Govern, que se suspendía la consulta, se suspendía la campaña institucional, y así parece ser que fue; también que se suspendía el proceso de selección del personal dedicado a organizar, o a vigilar, o a llevar a cabo determinadas tareas administrativas en el 9 de noviembre. Después, sin embargo, decidió firmar un decreto aprobado por el Parlament de una manera --esto ya no es político, es un poco más jurídico--, digamos, novedosa, sin precedentes.

Yo creo que en este tema los ciudadanos merecen tranquilidad y serenidad, y yo hago también ese llamamiento porque, al margen de otras cuestiones, los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los Tribunales se cumplen y se respetan, y que esto es un tema lo suficientemente importante como para no abordarse de esa manera.

Los ciudadanos, con razón, se preocupan cuando ven que los gobernantes dan determinados pasos y creo que debiera evitar seguir dando pasos en esa dirección. Indudablemente, el Gobierno, si ésa es la línea, tendrá que hacer lo que ha hecho hasta ahora: defender el Estado de Derecho, porque es defender el derecho de los ciudadanos. Pero le recuerdo que aquí nadie decide qué ley se cumple o qué ley no se cumple. Todas las leyes deben cumplirse en los términos que digan los Tribunales y quien, además, con cierta frecuencia aprueba o promueve leyes, o normas, que exige a los ciudadanos su cumplimiento es el primero que debiera de tenerlo en cuenta.

Sr. De Guindos.- El tema de la recuperación. Bankia, a instancias del FROB, para cuatro de las personas en cuestión les pidió el dinero y se lo han devuelto. Eso es una primera consideración. Eran para los que fundamentalmente era Bankia, cuando Bankia ya existía como entidad. Es decir, ya se ha recuperado todo el dinero.

Los otros tenían que ver con Caja Madrid. Caja Madrid de alguna forma se subsume con otras Cajas, me parece que en total siete, en lo que es hoy Bankia-BFA.

Yo lo que le puedo decir es que hay un procedimiento judicial, que está en manos de un juez, al cual se incorpora este asunto de las tarjetas de crédito. Ahí está personado el FROB y el FROB va a hacer todo lo que está… Lógicamente, tiene instrucciones al respecto para intentar recuperar todo lo que pueda.

Pero independientemente de la gravedad, lo que sí me gustaría resaltar es que el FROB desde el primer momento, teniendo en cuenta lo que comentaba yo anteriormente… Nosotros hemos inyectado 22.000 millones de euros en Bankia, 12.000 millones de euros en Catalunya Caixa y 9.000 millones de euros en Galicia; en total, aproximadamente, unos 40.000 millones de euros en las antiguas Cajas de Ahorros. Y desde el primer momento el FROB ha tenido instrucciones, como mecanismo de resolución y de reestructuración bancaria que depende del Gobierno, de actuar con la máxima atención, con la máxima celeridad y con la máxima transparencia, siempre que se identifique por parte de las instituciones cualquier conducta irregular. Así lo está haciendo y así lo va a hacer. Y, por supuesto, va a prestar toda la colaboración al juez en el procedimiento, como no puede ser de otra forma.

Sr. Fernández.- En relación con la pregunta que me ha formulado, ese atentado que ha causado estragos en la sede consistorial del Municipio de Baralla, en la provincia de Lugo, quería decirle simplemente que hay una amplia investigación, avanzada, por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

P.- Vicepresidenta, después de escuchar sus respuestas en relación con el señor Mas, me gustaría preguntarle si usted no cree que el señor Mas está prevaricando, porque está actuando a sabiendas de que lo hace en contra de la Ley y de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. En ese caso, ¿cree que la Fiscalía, además del Gobierno recurrir los decretos que está firmando, debería actuar en este sentido contra él?

Al ministro de Economía. Respecto a la investigación ésta que ha abierto Hacienda a las empresas del IBEX, me gustaría saber si es que existe alguna sospecha de que allí pueda estar sucediendo algo parecido o se trata de una investigación preventiva simplemente.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, ayer, leyendo el decreto, uno pudiera tener la sensación de que quien puede también estarlo valorando y meditando es el propio señor Mas, al firmar ese decreto con las prevenciones con que lo hace.

Ya he dejado dicho que será la Abogacía, que es nuestra representación, quien llevará al Tribunal Constitucional esa pieza de suspensión, y la Fiscalía, que actúa con autonomía, tiene la obligación de perseguir los delitos que conozca, con lo que también estará muy pendiente.

Sr. De Guindos.- La Agencia Tributaria actúa con independencia y el Gobierno no se inmiscuye lo más mínimo en lo que son los procedimientos.

Yo he dicho anteriormente que espero que éste sea un caso singular. Estoy convencido de que es un caso singular.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.