Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Sanidad, después de la reunión del Consejo de Ministros

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a darles cuenta de los asuntos que han sido aprobados hoy en el Consejo de Ministros.

Quiero destacar que este Consejo se ha dirigido, fundamentalmente, a la acción social del Gobierno. Es un Consejo de Ministros que se ha centrado en las medidas necesarias para dar un impulso a la política social a través de tres planes de acción. Es una muestra del compromiso asumido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por y para las personas.

Hoy se aprueban tres elementos clave en tres sectores de nuestra sociedad que consideramos fundamentales para trabajar por la igualdad y para trabajar por las oportunidades a todos los ciudadanos: un Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad, que es un plan que tiene por objetivo incrementar los medios y coordinar los instrumentos para proteger los derechos de las personas con alguna discapacidad; la Estrategia de Juventud 2020, que está centrada, de una manera muy directa, a generar nuevas oportunidades de formación y de empleo; y el Plan de Acción para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Sociedad de la Información 2014-2016, que sobre todo pretende fomentar de la mujer el acceso a las nuevas tecnologías para avanzar en esa verdadera igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y en distintos ámbitos, también en el ámbito de la propia seguridad que las mujeres precisamos.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se conceden una serie de suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el presupuesto de distintos Ministerios, muy ligados también, algunos de ellos, a ese ámbito social.

Por partes. Se concede un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, por importe de 5,1 millones de euros, para financiar proyectos y programas de respuesta humanitaria ante situaciones de emergencia, actuaciones de lucha contra el cambio climático y suministro de equipos y material sanitario para afrontar la epidemia del ébola en Liberia.

Segundo, por este Real Decreto Ley se procede a la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en el presupuesto del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por importe de treinta millones de euros para posibilitar la convocatoria de ayudas a la amortización de largometrajes producidos en el año 2012. Ya saben que estos asuntos van con una dinámica de decalage en el tiempo.

Y, por último, se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por importe total de 725 millones de euros, para atender al pago de obligaciones de ejercicios anteriores --todavía estamos pagando; hay Gobiernos de gastar y Gobiernos de pagar; éste es de pagar--, en su mayoría, correspondiente al pago de expropiaciones y de obras.

Finalmente, quiero darles cuenta de la aprobación formal de dos acuerdos a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: en primer lugar, el acuerdo por el que se establecen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común para el año 2014; unos objetivos conformes con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que fueron informados favorablemente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 31 de julio. Hoy se aprueba en el Consejo de Ministros. Éste es el procedimiento.

Este año, a diferencia de 2013, en el que excepcionalmente se aprobaron objetivos diferenciados, los objetivos son iguales: se establece un déficit máximo del 1 por 100 del PIB Regional. Objetivo 2014. Tienen un desglose detallado de los objetivos de deuda en la Referencia del Consejo de Ministros.

Para 2015 y 2017, los objetivos de estabilidad presupuestaria son también en términos de objetivos iguales y homogéneos. Se fija un déficit máximo del 0,7 por 100 del respectivo Producto Interior Bruto de cada Comunidad Autónoma en 2015, del 0,3 por 100 en 2016 y del 0 por 100 en 2017, el equilibrio presupuestario. De todo ello se informó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio.

Sra. Mato.- Comparezco ante ustedes para presentarles las líneas generales de tres proyectos que forman parte de la Agenda Social que estamos desarrollando desde el ámbito de la sanidad, los servicios sociales y la igualdad, y que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Como saben, desde el inicio de la Legislatura afrontamos el reto de atender los problemas económicos y sociales de España. Lo hicimos con un ambicioso programa de reformas para recuperar la senda del crecimiento económico y la prosperidad, y garantizar con ello el modelo de bienestar español.

Para ello, a lo largo de estos ya casi tres años hemos puesto en marcha medidas dirigidas a situar a España en la posición que merece como país; a garantizar los servicios básicos, como la sanidad, la educación, las pensiones o la atención a la dependencia, y a consolidar unas bases sociales y económicas sólidas que garanticen el bienestar de todos en el presente y también en el futuro.

Hoy, gracias a las reformas que pusimos en marcha y también al esfuerzo de los ciudadanos, comenzamos a dejar atrás tiempos difíciles. De forma transversal, el objetivo prioritario en toda la acción del Gobierno, como saben, ha sido favorecer la creación de empleo y ha sido así porque creemos que sólo más empleo nos permitirá seguir avanzando en nuestro empeño de mejorar la calidad de vida de los españoles.

La semana pasada aprobamos en el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Acción para el Empleo 2014-2016 y también el Plan Anual de Política de Empleo. Hoy lo complementamos con estos tres proyectos sociales, centrados también en el empleo y dirigidos a tres sectores cuya contribución será clave para la recuperación económica de España: las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad:

- Concretamente, el Plan de Acción de Discapacidad 2014-2016, que contiene las directrices generales que han de guiar las políticas para garantizar a las personas con capacidades diferentes la plena igualdad en el ejercicio de sus derechos.

- En segundo lugar, la Estrategia de Juventud 2020 y el Plan de Acción de Juventud 2014-2016, que recogen las diferentes actuaciones que en este ámbito desarrolla la Administración General del Estado.

- Por último, el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información, que responde al compromiso del Gobierno con la igualdad efectiva, en este caso en el ámbito de las nuevas tecnologías.

En las próximas semanas los complementaremos con otro conjunto de iniciativas que integran nuestra Agenda Social para los próximos meses: el Plan Integral de Apoyo a la Familia, que asegurará la protección y reconocimiento de la institución familiar, e incluirá medidas fiscales, de conciliación, de empleo y de apoyo a la maternidad, y que también nos permitirá afrontar los retos demográficos; la reforma de la legislación de la protección a la infancia, que, como saben, está pendiente de los informes preceptivos; un programa de recomendaciones con el que queremos fortalecer los derechos individuales y sociales de las personas mayores, su consideración como parte activa e indispensable de nuestra sociedad, y también fomentar el respeto que todos les debemos; la Ley del Tercer Sector y la Ley del Voluntariado, que dotará de un marco normativo a esta actividad que miles de personas realizan de manera altruista en nuestro país.

En el marco del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades pondremos en marcha el Plan contra la discriminación salarial, el de promoción de las mujeres del medio rural y también el Plan de Igualdad en el sector pesquero y acuícola. Además, reforzaremos las actuaciones de sensibilización, de asistencia y de protección de mujeres y de menores ante la violencia de género.

Presentamos este conjunto de medidas sociales ahora porque, cuando los principales indicadores macro económicos muestran que estamos dejando atrás tiempos difíciles y también las medidas de racionalización del gasto empiezan a dar sus frutos, es el momento adecuado para poner en marcha estos proyectos que desde lo social consideren la recuperación económica y aceleren el crecimiento.

No se trata de cuestiones que no hayamos afrontado durante estos casi tres años. Son numerosas las actuaciones que hemos puesto en marcha desde los diferentes Departamentos ministeriales, trabajando al mismo tiempo en lo económico y en lo social para mejorar el bienestar de todos y atender aquellos que más lo necesitan. De forma particular, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hemos puesto en marcha el Plan de Infancia y Adolescencia, el Plan de Inclusión Social o la Estrategia de lucha para la erradicación de la violencia de género. Lo que hacemos ahora, por tanto, es profundizar más en estas actuaciones que estamos llevando a cabo en estos últimos años.

A continuación, pasaré a exponerles de forma breve las principales líneas de cada uno de los tres primeros proyectos que presentamos hoy dentro, como digo, de nuestra Agenda Social para los próximos meses; tres planes centrados en el empleo, en la educación y en el fomento de la igualdad de oportunidades que han sido elaborados en coordinación y en colaboración con todos los Ministerios, con las Comunidades Autónomas, con las Entidades Locales y, lo más importante, con las organizaciones sociales de cada uno de los sectores a través del diálogo y del consenso. A todos ellos aprovecho para darles mi más sincero agradecimiento por su apoyo.

Todos los proyectos que hemos aprobado hoy cuentan, además, con un exhaustivo sistema de seguimiento y control, con informes de evaluación periódicos, lo que nos permitirá verificar la eficacia de las medidas que hoy ponemos en marcha, la necesidad de reorientarlas o de implementar otras adicionales.

En primer lugar, el Plan de Acción de Discapacidad 2014-2016, que se enmarca dentro de la Estrategia española para 2020. Con él seguiremos avanzando en el ámbito de las políticas de discapacidad en España que, como saben, afectan a cuatro millones de personas. Tiene un presupuesto de más de tres mil millones de euros y 96 medidas para proteger los derechos y garantizar la plena igualdad de oportunidades de las personas con capacidades diferentes.

El Plan se articula en torno a cinco ejes: igualdad para todos, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía. El empleo concentra el 95 por 100 de los recursos del mismo y esto es así porque, aunque el empleo para las personas con discapacidad ha evolucionado favorablemente durante estos últimos años, aún queda mucho camino por recorrer para su plena inclusión en el mercado laboral.

Para promover el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en condiciones que garanticen la igualdad de trato y la no discriminación, el Plan contempla medidas que se tomarán en coordinación entre los servicios públicos y los órganos responsables de la valoración de la discapacidad. La elaboración de itinerarios individuales y personalizados o los informes de capacidades serán unas de las medidas más importantes.

Por otro lado, desarrollaremos acciones para fomentar la contratación pública socialmente responsable y también campañas informativas especialmente dirigidas a las pequeñas y medianas empresas sobre la diversidad de la discapacidad, las capacidades laborales y su valor añadido para el proceso productivo.

En el ámbito de la promoción de la igualdad de oportunidades, que actúa como principio transversal de todo el Plan, entre los objetivos más importantes están combatir la discriminación múltiple, reducir el número de personas con discapacidad bajo el umbral de la pobreza y promover la participación en condiciones de igualdad.

Entre las medidas más importantes para conseguirlo, cabe destacar la elaboración de un plan especial para las personas con discapacidad en el medio rural, un plan especial contra la discriminación múltiple y profundizar en las acciones del Plan Nacional para la Inclusión Social 2013-2016. Además, en cada Departamento ministerial y organismo público se designará un responsable de discapacidad, que realizará un seguimiento sobre los avances en accesibilidad en los distintos Departamentos.

Favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo es, como les digo, uno de los objetivos fundamentales de este Plan. Conseguirlo requiere poner en marcha medidas previas al momento en que se inicia la actividad laboral: me estoy refiriendo a la educación.

La etapa educativa, sin lugar a dudas, es determinante en el desarrollo de la vida profesional de cualquier persona. El objetivo es reducir la tasa de abandono escolar y aumentar el número de personas con discapacidad que poseen estudios superiores. Para ello, se pondrán en funcionamiento medidas de apoyo en los centros educativos, se impulsará la educación temprana y también, la orientación psicopedagógica. También se incluirá en los planes de estudios materias relativas a la accesibilidad universal, el diseño para todas las personas y se fomentará entre la comunidad educativa la formación acerca de las necesidades específicas de las personas con discapacidades diferentes. Además, facilitaremos alternativas formativas y laborales a las personas a las que le sobrevenga la discapacidad ya en la edad adulta.

Por otro lado, el Plan de Acción incluye medidas para promover la accesibilidad a los bienes y servicios, fomentar el desarrollo de la vida independiente y poner a su disposición, y también de sus familias, ayudas a través de planes estatales para, por ejemplo, realizar ajustes en materia de accesibilidad en sus viviendas o en sus puestos de trabajo.

Se fomentará la accesibilidad a través de las nuevas tecnologías, a través de las TIC, con objeto de reducir la "brecha digital", y también la acción exterior de España. Se prevé la elaboración de un plan especial de accesibilidad con especial atención a las tecnologías tradicionales con menor grado de accesibilidad. Se potenciará una oferta de servicios y de dispositivos tecnológicos y de apoyo, y se promoverá el desarrollo de un sistema moderno de información sobre discapacidad. Para ello, vamos a crear la Red Española de información sobre discapacidad y se publicará una guía de recursos de atención para la discapacidad.

Como quinto eje de este Plan de Acción, como quinto y último eje, se desarrollarán actuaciones para convertir el sector de la discapacidad en factor de dinamización económica. Es decir, promoveremos nuevos nichos de mercado derivados de las necesidades, y también de las demandas, de las personas con discapacidad.

En segundo lugar, el Plan de Acción de Juventud 2014-2016, que es un instrumento integrador de todas las políticas y de todos los recursos disponibles en materia de juventud en la Administración General del Estado. Se trata de la primera estrategia dirigida a los jóvenes y elaborada por un Gobierno de España, y pretende seguir como referente para todas las políticas de juventud. Tiene un presupuesto estimado de casi tres millones de euros para poner en funcionamiento 211 medidas. Se centra en seis ámbitos: educación y formación, empleo y emprendimiento, vivienda, prevención y salud, participación y voluntariado, igualdad de oportunidades y cooperación institucional.

La Estrategia y su Plan tienen como objetivo fundamental ofrecer y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes y su empleabilidad, así como también fomentar la cultura emprendedora. Se trata del mejor instrumento que podemos darles para que puedan desarrollar su proyecto de vida en todos los ámbitos. Por eso, más del 90 por 100 del presupuesto de este Plan se destinará a potenciar el empleo y el emprendimiento juvenil.

Para ello, el Plan de Juventud tiene como primer eje de actuación, precisamente, la educación, con medidas para impulsar la formación dual, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación; también se identificarán nuevos yacimientos de empleo y se aumentará la vinculación entre los departamentos de juventud y los centros educativos.

Asimismo, el Plan incorpora medidas para promover el aumento de las tasas de emancipación juvenil y contiene medidas para la promoción de la salud mediante la adquisición de hábitos de vida saludables, así como la disminución del consumo de drogas. La lucha contra la violencia o la discriminación, el fomento de la participación y el voluntariado juvenil también son ejes prioritarios de actuación.

Para finalizar, este Plan incluye medidas para el impulso de la colaboración entre las Administraciones Públicas, organismos nacionales e internacionales y entidades del sector.

Por último, el Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sociedad de la Información, que se enmarca en la Agenda Digital de España y en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Se trata de un pilar fundamental del Gobierno en materia de igualdad y también en materia de desarrollo y competitividad.

El Plan recoge 121 medidas, con un presupuesto de más de cuarenta millones de euros atendiendo a cinco objetivos: aumentar la participación de las mujeres en las nuevas tecnologías, la presencia de profesionales y empresarias en este sector, promover los contenidos digitales de interés para las mujeres, el uso de servicios públicos digitales y la confianza y seguridad en estas tecnologías. El Plan destina alrededor del 85 por 100 de su presupuesto a la formación de mujeres y también al acceso a internet y a otros espacios comunes. Se desarrollarán campañas de información, difusión y sensibilización en el ámbito de la violencia de género, la igualdad salarial y la ciberseguridad.

La plataforma de la Red Nacional de Unidades de Violencia sobre la Mujer permitirá la mejor comunicación, intercambio de información y el trabajo conjunto de las unidades de coordinación y de violencia de género de todas las Comunidades Autónomas.

Vamos a poner, además, en marcha una herramienta informática para la detección de la "brecha salarial" en las empresas. Impulsaremos programas de formación para promover habilidades TICs y también acciones de fomento y apoyo al emprendimiento femenino, a través de estas tecnologías, también entre las universitarias. Además, llevaremos a cabo un programa de formación de formadoras para la alfabetización digital de la población femenina en el mundo rural y fomentaremos la utilización de estas nuevas tecnologías entre las mujeres más mayores. Asimismo, se articularán actuaciones de fomento de contenidos digitales de interés para mujeres con el objetivo de incentivar su utilización.

Como ven, en el día de hoy demostramos de nuevo el firme compromiso con los ciudadanos, especialmente con los más vulnerables. La Agenda Social del Gobierno, cuya primera batería de proyectos les hemos presentado hoy, es un conjunto articulado de medidas para fomentar el empleo, la educación y la igualdad de oportunidades de todos los españoles, con especial atención precisamente hacia aquellos que más la necesitan. Sólo más empleo, más Educación, igualdad de oportunidades y unos servicios básicos de calidad para todos proporcionarán bases sólidas para consolidar en el presente y en el futuro el modelo de bienestar español.

Las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad son los protagonistas de este primer conjunto de iniciativas que he presentado hoy. Las familias, los menores y las personas mayores, así como el desarrollo de la acción voluntaria, también lo son y, por ello, el segundo conjunto de medidas que compondrá la Agenda Social del Gobierno se centrará, de forma específica, en atender sus necesidades, ofrecer un marco más adecuado que garantice su protección, su participación y su implicación social, y que nos permita hacer frente a la actual situación demográfica. Con ello continuamos con la senda que iniciamos hace tres años, ahora consolidando la recuperación.

En el día de hoy creo que hemos dado pasos muy importantes en la buena dirección para combatir la discriminación, para reducir la "brecha digital" en España, para avanzar en derechos y en condiciones de vida para las personas con capacidades diferentes, y también para ofrecer a los jóvenes el mejor futuro posible.

Pero queremos seguir avanzando y en ese camino es el que el Gobierno está recorriendo a través de las reformas. Es el momento de pensar en el futuro y, sobre todo, de abrir puertas a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores y, por supuesto, a las familias porque, cuando a las personas les va bien y cuando a las familias les va bien, al país le irá mucho mejor.

P.- Las preguntas están destinadas a la Vicepresidenta. ¿La celebración de la Diada cambia en algo la postura del Gobierno con respecto a la consulta que, según el presidente Mas, sigue adelante? ¿Aún hay tiempo para reconducir las relaciones con la Generalitat?

Luego, también sobre Cataluña, no sé si al Gobierno le preocupa que ayer, por ejemplo, a una militante del Partido Popular se le tratara de agredir en Tarragona; también al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. ¿Esto le preocupa al Gobierno?

Y una tercera pregunta. Ha salido hoy una información según la cual el señor Moragas se habría implicado en el "caso Pujol", en tanto en cuanto instó a la señora Álvarez a sacar a la luz el caso. Me gustaría saber si esto es cierto o no, y si es cierto, una valoración.

Vicepresidenta.- Su primera pregunta deriva de la celebración ayer de la Diada y yo quiero al respecto señalar algunas cuestiones.

En primer lugar, el Gobierno respeta el derecho de todas las personas que ayer se manifestaron pacíficamente en diversos lugares de Cataluña. Están en su derecho, un derecho que le reconoce nuestra Constitución, de manifestarse por lo que estimen oportuno y conveniente.

Esa misma Constitución, que ampara su derecho y que, por tanto, el Gobierno respeta, es la que establece los procedimientos y los sistemas por los que los gobernantes pueden cambiar nuestro sistema constitucional. Por tanto, el Gobierno no puede cambiar su posición, porque no está derivada ni de una decisión ni de un capricho del Gobierno, sino de esa misma democracia constitucional que ampara el derecho de manifestación, pero que establece los procedimientos para llevar a cabo un cambio de la naturaleza que la Generalitat reclama.

Nuestra Constitución ha permitido que sea una de las más avanzadas en derechos, también en estos derechos de libertad de expresión; en segundo lugar, que hayamos alcanzado unas cuotas de descentralización, de autogobierno, de las mayores que existen en los Estados de nuestro entorno; en tercer lugar, ha permitido consolidar una democracia, una democracia que lo que nos estableció en 1978 es el procedimiento para que sea democrático el cambio de modelo que los españoles, y también los catalanes, decidieron.

El Gobierno está sujeto a la Constitución y las Leyes; este y cualquier Gobierno, en este momento o en el futuro, en España y en Cataluña.

Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la Ley y hacerla cumplir. La tiene el Gobierno de España y la tiene la Generalitat de Catalunya.

Como digo, reconocemos el derecho de manifestación pacífica que tienen los ciudadanos y condenamos cualquier agresión y cualquier violencia que pueda producirse frente a esas personas que ejercitan su derecho de manifestación a favor de una cosa o de otra. Entonces, condenamos todo ese tipo de actuaciones.

Y sobre la tercera de sus preguntas, y ya en ocasiones lo he dicho, este Gobierno no comenta comunicaciones privadas que se han hecho públicas. Nosotros respetamos los procedimientos administrativos y judiciales, pero lo que no podemos es comentar comunicaciones que son privadas entre ciudadanos.

P.- Para la Vicepresidenta también. Al margen de la consulta, que es ilegal y que no se puede producir, como viene repitiendo el Gobierno tantas veces, ayer en la Diada se produjo la expresión de una aspiración de una buena parte de la sociedad catalana. Mi pregunta es si el Gobierno tiene alguna respuesta a esa parte importante de la sociedad catalana que está pidiendo alguna otra forma de convivencia con Cataluña.

Y respecto a la última pregunta o la última contestación que hizo usted sobre el jefe del Gabinete del presidente del Gobierno, mi pregunta es otra: no hablo de conversaciones privadas, ¿pero el Gobierno hizo algo para que se acelerara, o se instara, o se impulsara, el proceso contra el señor Pujol?

Vicepresidenta.- Este Gobierno --lo he dicho muchas veces en esta mesa y creo que es bueno recordarlo todas las que pueda-- es también Gobierno para Cataluña y Gobierno de los catalanes, y nuestra preocupación constante a lo largo de toda esta Legislatura es atender a las necesidades que tienen los catalanes en todos sus aspectos. Sin ir más lejos, hoy en el Real Decreto Ley verán ustedes una disposición adicional que va a permitir que distintas Comunidades Autónomas puedan acceder a nuevos pagos en el Fondo de Liquidez Autonómica. Creo que para Cataluña está en el entorno de 1.700 millones de euros.

Eso es un ejemplo de lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda esta Legislatura: cumplir con nuestra obligación. A lo largo de todo este tiempo hemos trabajado con dos premisas: diálogo y Ley. Estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta para mejorar la situación de Cataluña pero la Ley, no es que sea nuestro límite, es que es nuestro marco. Ahí es donde tenemos que movernos.

La Generalitat en su día, el presidente de la Generalitat, trasladó al presidente Mariano Rajoy una serie de peticiones, un documento con peticiones, que estamos analizando y en el que estamos trabajando. Porque, más allá del 9 de noviembre, hay más días y habrá más días en los que todos tengamos que seguir trabajando para satisfacer los intereses de los catalanes, especialmente su bienestar económico y social. En eso es en lo que estamos.

En cuanto a la segunda de sus preguntas, he de decirle que hay unos procedimientos judiciales y administrativos abiertos, pero hay también una confesión de parte, y creo que eso es un elemento muy relevante.

P.- Decía, Vicepresidenta, que la Constitución establece los procedimientos para reformarla y cambiar el sistema. Desde la oposición se le está pidiendo al Gobierno que se siente precisamente a hablar sobre esa reforma de la Constitución. Yo quería saber la posición del Gobierno de nuevo, si está dispuesto a sentarse para hablar de esa reforma de la Constitución y cambiar el procedimiento.

También quería saber si es previsible que se produzcan nuevos contactos entre la Generalitat de Cataluña, al más alto nivel, y el Gobierno de España en las próximas semanas.

Vicepresidenta.- Quien promueve un cambio en el modelo constitucional sabe que tiene un procedimiento a seguir, que es el procedimiento de reforma constitucional. Ésa es la forma y no otra.

En segundo lugar, sobre el proceso de reforma constitucional sabe cuál ha sido siempre la posición del Gobierno. Por supuesto que puede haber reformas constitucionales, pero en la reforma de la Constitución hay una premisa fundamental: que haya un consenso amplio para llevar a cabo esa modificación, no sólo porque desde el punto de vista constitucional es obligado --ahí están las mayorías que establece la Constitución--, sino porque ese consenso político es imprescindible en un ámbito como el de la reforma constitucional.

Tenemos que saber qué se pretende por parte del Partido Socialista, hacia dónde se quiere ir y con qué apoyos contaría esa reforma. Hemos visto a lo largo de todos estos meses que los distintos Grupos Parlamentarios han planteado, ya no iniciativas, porque algunas están articuladas, otras no y otras son divergentes entre sí, sobre los cambios o no de nuestra Constitución de una manera muy distinta: sobre la forma política del Estado, sobre la organización territorial del poder o sobre los derechos y libertades que rigen en nuestro país. Ese contexto es básico y antes de iniciarse procesos que pueden acabar generando frustraciones es necesario saber lo que se propone y con qué consensos se cuenta.

A la segunda de sus preguntas, nosotros seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta la fecha, todos estos días y, como digo, después, por solucionar los problemas de los catalanes y mantendremos los contactos y los diálogos que se mantienen habitualmente con los distintos niveles del Gobierno de la Generalitat y de cualquiera de la Comunidad Autónoma para abordar los asuntos que son de interés del conjunto de los ciudadanos. Ésa es nuestra manera de trabajar.

También le digo una cosa con claridad: yo creo que trabajamos mejor todos juntos. Ésa es una posición política que va más allá del debate. Creo que España está saliendo de la crisis, con mucho esfuerzo de los españoles, y quedan muchas cosas por hacer; y que saldremos mejor todos juntos, como todos juntos hemos hecho muchísimas cosas a lo largo de nuestra historia y, especialmente, de nuestra historia democrática. Y yo pido también que se tenga eso muy presente.

P.- Para la Vicepresidenta, dos cuestiones. En relación con la negociación que empezó ayer para las medidas de regeneración democrática, quería saber si el Gobierno no teme que finalmente su propuesta de reforma de Ley Electoral quede finalmente olvidada por el hecho de que se haya desgajado de la negociación general sobre las medidas de regeneración democrática.

Y respecto a Cataluña, quería saber si el Gobierno sigue confiando en que el presidente de la Generalitat mantendrá su palabra de que no hará una convocatoria de consulta ilegal y, si finalmente decide hacer una convocatoria anticipada de elecciones el día 9 de noviembre en vez de la consulta, ¿considera que puede ser más un problema que una solución?

Vicepresidenta.- Ayer hubo la primera de las reuniones sobre regeneración democrática entre el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Allí se plantearon distintos elementos en un ámbito de negociación de la regeneración democrática que entendemos que deben hacerse en un ámbito gubernativo y también parlamentario. Son las propuestas relativas a las dos leyes que envió el Gobierno a la Cámara: control económico y financiero de los partidos, mucho más rigor en la financiación de los partidos políticos; y el Estatuto del Alto Cargo, que establece mayores transparencias, controles y rendición de cuenta a los altos cargos de la Administración General del Estado.

Por cierto, es una iniciativa que afecta a la Administración General de Estado, pero yo invito a otras Administraciones a que la analicen y la estudien, porque sería bueno que pudiéramos, cada uno en el ámbito de sus competencias, poder establecer medidas similares.

En cuanto al ámbito de la reforma electoral, que fue planteado en el seno de las primeras reuniones que tuvimos en marzo de 2014, después de enviadas las leyes, se ha considerado por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista oportuno llevarlo a una mesa de partidos. Es decir, no hay una demora en su discusión, pero van a ser los partidos, que son los que tradicionalmente han venido debatiendo sobre reformas electorales, quienes se sienten a abordar las propuestas del Partido Popular, y de otros Grupos si estiman oportuno hacerlo, sobre la elección directa del alcalde u otro tipo de reformas electorales.

Es decir, en la reunión de ayer, y en lo que afecta al Gobierno, continúa nuestra negociación sobre las propuestas de regeneración democrática; pero, a su vez, los partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, se han comprometido --según me informaron a mí ayer, porque se habló en esa misma reunión y allí estaba el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes-- a que será a través de una mesa de partidos, manteniendo la fórmula en que en otras ocasiones se han abordado y se han estudiado reformas electorales, que también pueden afectar a gastos electorales, campañas, etc., etc. O sea, que siguen en paralelo.

Me pregunta si mantendrá la palabra el presidente de la Generalitat. Yo espero que así sea porque, como decía, la obligación de los gobernantes es respetar la Constitución y las leyes. Y lo mismo que el Gobierno de la nación respeta el derecho constitucional de manifestación de determinados ciudadanos catalanes para expresar libremente lo que tengan por oportuno en una manifestación, el presidente de la Generalitat sabe que tiene la misma obligación de cumplir la Constitución y las leyes. Y yo espero que así lo haga.

Sobre la convocatoria de elecciones, permítame que no adelante acontecimientos. No es algo que depende del Gobierno de la nación y, lo que no depende del Gobierno de la nación, el Gobierno lo comenta cuando se produce, pero no cuando está o no está en la mente de alguien quien puede hacerlo, que es el presidente de la Generalitat, esa posible disolución. Ahí no le puedo decir nada más.

P.- Vicepresidenta, sobre el tema éste de Cataluña, si el presidente de la Generalitat no mantiene la palabra y finalmente hace algo ilegal y convoca ese referéndum, ¿el Gobierno tiene previsto o ha redactado ya el Servicio Jurídico el recurso ante el Tribunal Constitucional?

Por otra parte, ayer usted estuvo en Viena, en una exposición de Joan Miró. ¿Qué significación política le da a ese gesto que tuvo en el día de la Diada?

Vicepresidenta.- En primer lugar, porque esto va por pasos, el Parlament de Cataluña tiene pendiente de aprobación una Ley de Consultas. Sobre esa Ley de Consultas hay serias dudas de su constitucionalidad, ya no sólo por el Gobierno en lo que va redactado que conocemos de la Ley, sino por determinados órganos que asesoran al Parlament de Catalunya, como es el Consejo de Garantías Estatutarias. Ahí tienen los votos particulares de sus miembros.

Por tanto, yo pediría al Parlament de Cataluña que reflexione antes de aprobar una ley que, como digo, tiene serias dudas de inconstitucionalidad. Si esa Ley se aprueba, y fruto de ella el decreto de convocatoria, este Gobierno tiene que cumplir con una obligación, que es hacer cumplir las leyes, y planteará el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional.

Como saben, y yo quiero recordárselo también a determinados miembros de la Generalitat, si el Gobierno plantea un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, disposición o acto de una Comunidad Autónoma que se entiende que vulnera la Constitución, y lo pide, esa suspensión es automática desde que se admite por auto el recurso por el Tribunal Constitucional con carácter retroactivo al momento en que el Gobierno la haya impugnado. Eso es lo que vamos a hacer si el Parlament de Catalunya continúa adelante en la aprobación de una ley, que, hasta donde está redactada, entendemos, y lo entienden otros muchos, que tiene un vicio de constitucionalidad.

Sobre mi viaje ayer a Viena, me invitaron a través de la Embajada a participar en una exposición sobre Miró, que es una muestra muy importante. Miró es un pintor catalán, un pintor español, pero sobre todo un pintor universal, y eso demuestra que tenemos que pensar en grande. Como Gobierno, nos sentimos muy orgullosos de que catalanes a lo largo de la historia hayan llegado a convertirse en referentes mundiales universales de lo que sea, en este caso de la pintura, de la escultura o de la inmensa mayoría de las artes plásticas, y yo me siento muy orgullosa como española, y también la parte del Gobierno de España que es Gobierno de Cataluña, de que ayer en Viena estaba atestada una exposición en la que vieneses, pero también gente de todo el mundo, disfrutaba y admiraba a un genio catalán, a un genio español, con la parte que también le corresponde a Baleares, del que creo que nos podemos sentir orgullosos. Creo que es por donde va el mundo y por eso fui.

P.- Vicepresidenta, en la Asamblea de Madrid, durante el Debate del Estado de la Comunidad, se aprobó una moción entre el PP y UPyD en la que, de alguna manera, se insta a modificar el sistema de financiación, sobre todo, en lo relativo al Cupo vasco y el Convenio especial navarro, acabando --dice textualmente-- con los privilegios que tienen estas dos regiones y exigiéndoles mayor solidaridad. Quería saber cuál es la postura del Gobierno sobre esta moción, que además ha sido respaldada públicamente por el presidente de la Comunidad de Madrid.

Vicepresidenta.- Muy clara: la Constitución establece en su disposición adicional primera el respeto a los derechos históricos de los territorios forales, en los que se basan el Convenio y el Concierto. Y como vengo manteniendo a lo largo de toda esta comparecencia, el Gobierno de la nación respeta la Constitución. Quien quiera modificarla en este punto, sabe cuáles son los procedimientos de reforma.

Muchas gracias.