Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro del Interior, después de la reunión del Consejo de Ministros

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a darles cuenta de los asuntos aprobados hoy en el Consejo de Ministros, el primero después de las vacaciones de agosto, aunque sigue siendo mes de agosto, y con el que arrancamos el curso; un curso en el que va a continuar cumpliéndose el Programa Nacional de Reformas, que se ha ido concretando a lo largo de esta Legislatura, con medidas que tienen por objeto consolidar la recuperación económica, optimizar recursos y, además, abordar otras cuestiones que son importantes de cara al funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Hoy el ministro del Interior ha presentado en el Consejo el Anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, primer paso a los efectos previstos en la Ley del Gobierno, y pasará ahora al trámite de informes. Es una norma con la que se deroga la de 1985, que era una buena ley pero que es necesario que sea adaptada a las nuevas demandas de la sociedad española y a los nuevos elementos o los nuevos tipos de emergencias y catástrofes.

Con ella también se asumen compromisos internacionales y europeos, y el objetivo es afrontar, como explicará el Ministro, de manera más rápida y eficaz las situaciones de emergencia.

La segunda de las leyes que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros es el Anteproyecto de Ley de Fundaciones. Es un anteproyecto del que son coproponentes varios ministerios (Hacienda, Justicia, Educación y Sanidad) y tiene por objeto desarrollar el artículo 34 de la Constitución que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la Ley, y vendrá a superar la actual Ley de Fundaciones del año 2006. El objeto es garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, basado en el principio esencial de la transparencia. Se aplicará a todas las fundaciones de ámbito estatal y sólo quedarán excluidas las fundaciones de Patrimonio Nacional, las públicas sanitarias y las bancarias, que serán regidas por su legislación específica.

Entre las principales novedades, y éste es un asunto que forma parte del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, se crea un Registro Único de Fundaciones. De hecho, actualmente hay siete registros públicos en distintos ministerios. Hay un entorno de 4.000 fundaciones registradas, de las cuales 2.468 lo están en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y otras 1.200 en Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, por dar un dato. Lo que hacemos es crear un registro único, que había sido pedido por la buena parte de la doctrina de los afectados, que estará en el Ministerio de Justicia y que se llevará por la Dirección General de los Registros y del Notariado. En él se inscribirán los actos relevantes relativos a las fundaciones que operen en España, será público y se podrá tener acceso al mismo a través de procedimientos electrónicos, tanto los órganos jurisdiccionales, como las Administraciones Públicas.

En esta misma línea, se crea un Protectorado único en el ámbito de la Administración General del Estado. El Protectorado, como saben, es el órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento y el correcto ejercicio del derecho de fundaciones, y asegurar la legalidad de su constitución y de su funcionamiento diario. Se unifica y se revisan sus funciones.

También lo que hacemos es un procedimiento de constitución mucho más sencillo, en la línea de lo que hemos venido haciendo en todos los ámbitos de constitución societaria, en todos los actos de la vida civil que se relacionan con una Administración. Se apoyará en el asesoramiento del Protectorado y se solicitará al Protectorado un informe de idoneidad, adecuación y suficiencia, que tendrá que resolverse en el plazo de tres meses. Después se constituirá ante notario, que solicitaría la inscripción en el Registro. Una vez que se obtiene la escritura pública de constitución, ya no serán necesarios nuevos pasos para que quede registrada.

Se fomentarán las prácticas de buen gobierno con una serie de principios que deben regir la actuación de los miembros del patronato y se establece el deber de impulsar la aprobación de códigos de buen gobierno por las propias fundaciones.

A efectos de transparencia, también se requerirá que en las páginas web se publiquen los datos más relevantes de su actividad, de sus cuentas anuales, de sus cargos del Patronato, de las subvenciones y las ayudas públicas recibidas, en consonancia con la Ley de Transparencia.

En línea con el correcto funcionamiento, y para evitar que puedan ser utilizadas por actividades que no guarden relación con los fines que justifican su existencia, se recogen también nuevas medidas de lucha contra el fraude para garantizar que las subvenciones y los beneficios fiscales se dirigen a aquellas fundaciones que cumplan las exigencias legales previstas en la norma. También se instituye un régimen sancionador.

Se contempla, además, como causa de extinción, que la fundación no cumpla con las obligaciones de presentar cuentas anuales o planes de actuación durante, al menos, tres ejercicios continuados. Probablemente, de todos estos datos que yo les he dado de fundaciones inscritas un número considerable de ellas realmente ya no existen, ya no están en funcionamiento; pero, sin embargo, continúan en los registros.

En el capítulo de nombramientos, hoy se han aprobado seis nombramientos en el Ministerio de Economía y Competitividad: Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Iñigo Fernández de Mesa Vargas que, como saben, sustituirá a Fernando Jiménez Latorre, que pasa a prestar servicios en el Fondo Monetario Internacional y a quien queremos, además, agradecerle expresamente, y yo quiero hacerlo, su colaboración y su trabajo leal y esforzado a lo largo de todos estos meses. Yo creo que el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa ha sido uno de los elementos claves en el Programa de Reformas que hemos llevado a cabo y que ha permitido encarar la recuperación.

Secretaria general del Tesoro y Política Financiera, Rosa María Yebra Alonso; nuevo director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, Jorge Dajani González; director general del Tesoro, José María Fernández Rodríguez; directora del Gabinete del Ministro, Enma Navarro Aguilera y, además, presidenta del Instituto de Crédito Oficial, Irene Garrido Valenzuela. Saben que el actual presidente pasará a ejercer sus funciones en el BEI, en el Banco Europeo de Inversiones, como vicepresidente.

También les informo de que hemos aprobado el nombramiento del nuevo director general de Ordenación Pesquera, Carlos María Larrañaga Ces, y de Víctor Audera López como director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Por último, se ha presentado por distintos ministros, especialmente por Industria, un avance de los principales datos macroeconómicos y su evolución durante este mes de agosto.

La economía española consolida la recuperación iniciada hace un año. En el segundo trimestre se ha registrado un avance del 0,6 por 100 respecto al trimestre anterior, tasa que es dos décimas superior a este período y la mayor desde el cuarto trimestre de 2007. Llevamos cuatro trimestres de crecimiento en positivo y acelerando el crecimiento. En este último año la economía crece ya a un ritmo del 1,2 por 100, siete décimas más que en el trimestre previo. Esto permite consolidar la percepción del Gobierno de que se harán nuevas públicas nuevas previsiones en septiembre, cuando las actualicemos de cara a los Presupuestos Generales del Estado, con una revisión al alza.

También se ha hecho una breve valoración de los últimos datos que suministra Eurostat, el desempleo armonizado en el mes de julio de 2014, donde queremos poner en valor cómo en la evolución interanual España explica casi el 70 por 100 de reducción del paro en la zona euro.

Y como todos los meses de agosto, el ministro de Industria ha llevado a cabo una primera valoración de los datos del turismo, la que afecta a la primera parte del período, hasta julio de este año. Quiero señalarles que en 2013 se registró un record histórico de llegadas internacionales, 3,2 millones más que el año anterior, este dato colocó a España como el tercer país del sector del mundo, por delante de China, y en lo que va de 2014 se mantiene esta tenencia, registrándose un avance del 7 por 100. Estoy hablando del período enero-julio 2014.

La crisis económica como sabemos, debilitó el turismo nacional que fue descendiendo parejo a la caída del consumo. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año el número de viajes dentro de España ha aumentado un 4,4 por 100.

Por otro lado, se ha incrementado también el gasto en los turistas internacionales. En 2013 marcó otro registro histórico, 59.082 millones de euros, un 9,6 por 100 más; pues bien, en lo que va de año el gasto alcanza los 34.497 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 7 por 100. Estoy hablando de gasto por turistas internacionales.

Por tanto, y como resumen de las principales magnitudes, 36,3 millones de turistas internacionales entre enero y julio de 2014, un 7 por 100 más; un gasto total de casi 34.500 millones de euros en este mismo período, otro 7 por 100 más; 162,2 millones de pernoctaciones hoteleras entre enero y julio, un 2,8 por 100 más; también se ha incrementado la de residentes españoles, un 3 por 100; 55,3 millones de llegadas de pasajeros entre enero y julio de 2014, un 4,1 por 100 más --el 70 por 100 es tráfico internacional-- y un superávit de 11.000 millones de euros en la balanza de pagos por turismo entre enero y mayo de 2014, un 4,4 por 100 más.

Éste es el avance de los datos de que disponemos hasta la fecha; pero ponen de manifiesto que el turismo es un sector clave en España, un potencial que tenemos que cuidar y que, desde luego, está ayudando a la consolidación de la recuperación económica.

Sr. Fernández.- Tal como ha señalado la señora vicepresidenta del Gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, conforme a lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley del Gobierno.

Se trata de una iniciativa que pretende actualizar y ordenar el marco jurídico en una materia tan sensible para los ciudadanos como es el de la protección civil. Se da, además, un salto cualitativo de primer orden, al pasar de una ley como la vigente, de enero de 1985, hace treinta años, a un Sistema Nacional de Protección Civil. Todo ello, por supuesto, con pleno respeto a la delimitación competencial que el Tribunal Constitucional a lo largo de estos treinta años ha ido estableciendo. Y lo digo precisamente porque, como un ejemplo de que la protección civil es una materia, una realidad, que se ha ido desarrollando, como todos sabemos, de manera muy especial, muy intensa, en los últimos años en todos los países… Es que no existe una referencia explícita a la protección civil en la Constitución; hay una referencia indirecta, de tal manera que la doctrina del Tribunal Constitucional ha considerado que la protección civil es un submateria de la seguridad pública que está regulada en el artículo 149 de la Constitución.

Todo esto lo digo para explicar el porqué de esta nueva Ley. El mero transcurso de treinta años de tiempo no justifica que se tenga que hacer una nueva ley. Hay muchos códigos y leyes centenarios, y que son muy buenos; pero es que estamos hablando, insisto, de una ley que regula una materia, insisto, que estaba prácticamente naciente hace treinta años y que hoy ha tomado absoluta categoría de realidad en todos los ámbitos territoriales: a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional y a nivel comunitario.

Quiero destacar que la ley vigente a la que me he referido, la Ley de 21 de enero de 1985, fue absolutamente novedosa en ese momento y desde entonces, por mor de ese desarrollo al que me he referido, que iba acompañando a la realidad de que se producen catástrofes, situaciones de emergencia, etcétera, han ido surgiendo nuevas realidades. Yo puedo citar algunas de ellas por ser las más conocidas: desde la Unidad Militar de Emergencia hasta los servicios del 112, la Escuela Nacional de Protección Civil, etcétera.

Todo eso ha surgido, insisto, al albur de la realidad social que es inevitable, porque catástrofes naturales o accidentes que dan lugar a situaciones de emergencia se producen, y eso conllevaba, inevitablemente, la necesidad de una respuesta por parte de todos los poderes públicos. Ahora, una vez que ya tenemos esa realidad muy desarrollada y que han surgiendo a su vez en los diversos ámbitos territoriales nuevas organizaciones, teníamos que pasar de una concepción unitaria de la protección civil a una concepción de sistema de la protección civil, conforme a nuestra delimitación competencial propia de nuestro Estado autonómico, un Estado tan descentralizado política y territorialmente como es el Estado autonómico español, y todo eso integrarlo en una nueva ley regulando de esa manera, no ya la protección civil, sino el Sistema Nacional de Protección Civil en España.

Esta realidad ha sido, además, reconocida en el ámbito parlamentario, en el ámbito programático. Yo podría traerles a ustedes, cosa que no voy a hacer para no cansarles, muchas referencias en las últimas Legislaturas de iniciativas parlamentarias de diversos Grupos Parlamentarios, como el Popular o el Socialista, haciendo hincapié en la necesidad de actualizar o de promover una nueva regulación legal de la protección civil, como también compromisos electorales que diversos partidos, entre ellos el Partido Popular, hemos incorporado en nuestros programas electorales en diferentes contiendas. Todo eso, para poner de manifiesto que en el ámbito de la instituciones, de las organizaciones y de las personas que trabajan en el mundo vinculado con la protección civil había plena conciencia de la necesidad de una Ley que actualizara y pusiera al día el Sistema Nacional de Protección Civil en España.

Desde el punto de vista de su contenido, el texto Anteproyecto se divide en seis Títulos que contienen, el primero, disposiciones generales; el segundo regula las actuaciones del Sistema que incluyen las diferentes fases por las que se desarrollan esas actuaciones: anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata, recuperación, evaluación e inspección; el Título tercero del Anteproyecto de Ley recoge lo relativo a los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil Española; el Título cuarto define las competencias de los órganos de la Administración General del Estado para ser muy precisos en nuestra delimitación competencial como les he dicho, siguiendo siempre la doctrina del Tribunal Constitucional: Entes Locales, Comunidades Autónomas y Gobierno; el quinto Título está dedicado a la cooperación y coordinación, que más que nunca es necesario en una ley de estas características; y el sexto, por último, recoge el régimen sancionador.

Quiero decir que el régimen sancionador, como siempre pretendemos en estas leyes, lo que intenta es dotar de más seguridad jurídica en la medida en que define mejor y tipifica mejor las conductas susceptibles de ser consideradas como infracciones a la Ley. Anticipo también que la cuantía de las sanciones se mantiene exactamente igual que en el texto vigente que, como les digo, es del año 1985, o sea, tiene, prácticamente, treinta años de vigencia.

En cuanto a las principales novedades que incorpora este Anteproyecto, yo les quiero destacar las siguientes: De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, por primera vez en un texto positivo español se define la protección civil como servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas, bien por causas naturales, o derivadas de la acción humana, sea ésta, la acción humana, accidental o intencionada. Y se constituye, asimismo, la protección civil como un instrumento de la política de Seguridad Nacional.

Esto lo quiero destacar, porque la Estrategia de Seguridad Nacional, como saben ustedes y, si no, se lo recuerdo, fue aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros en mayo del pasado año y en la Estrategia de Seguridad Nacional, que se desarrolla con doce directrices, doce estrategias sectoriales, una de ellas, era precisamente la relativa a emergencias y catástrofes; es decir, la de protección civil. Por lo tanto, desarrollamos la Estrategia de Seguridad Nacional en el ámbito de la protección civil mediante esta Ley.

Se establecen instrumentos novedosos, como son la Red Nacional de Información, la Red de Alerta Nacional y el Fondo de Prevención de Riesgos. Se regulan las emergencias de interés nacional, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional. Como les he dicho, se precisan, cosa que es muy importante cuando estamos ante una situación de estas características, las competencias expresamente de la Administración General del Estado.

Y, por último, y en eso quiero también hacer un especial hincapié, se desarrolla la participación, primero, y la formación, después, del voluntariado. Yo les tengo que decir que España hay en la actualidad más de veinticinco mil voluntarios de Protección Civil integrados en algo así como dos mil agrupaciones y asociaciones dedicadas a la protección civil.

Otro dato que pone de manifiesto también la importancia de lo que estamos hablando es que, de acuerdo con datos del Consorcio de Compensación de Seguros, el impacto económico general de emergencias y catástrofes en España se estima en torno a los cuatrocientos millones de euros anuales. Sin embargo, en términos comparativos, España es un país que sufre… Cuando hablo de términos comparativos, hablo, lógicamente, de datos de superficie. España es un país de, aproximadamente, como sabemos, de medio millón de kilómetros cuadrados y una población de cerca de 47 millones de habitantes; por tanto, es evidente que para la comparación sea válida, debe ser en términos homogéneos. Dicho eso, en términos comparativos, España es un país que sufre menos pérdidas que otros y a ello contribuyen, sin duda, las políticas preventivas existentes desde hace ya treinta años; políticas que, evidentemente, con este texto pretendemos impulsar de manera notable.

En suma, y con ello concluyo, este texto, que ahora va a ser sometido a informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, donde están integrados los representantes de las diferentes Comunidades Autónomas y también de los Entes Locales, así como de la Comisión Nacional de Administración Local, por cuanto son agentes, son actores, institucionales muy importantes, tanto los Ayuntamientos, como los Cabildos, las Diputaciones, los Consejos Insulares, las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno de la nación, como sabemos.

De tal manera, que, una vez dictaminado por esos órganos consultivos que les he citado, será sometido nuevamente, ya como Proyecto de Ley, al Consejo de Ministros y, si es aprobado, creo que estaremos en presencia de un texto legislativo que pretende --y es nuestra voluntad conseguirlo-- que España se configure, sin lugar a duda, como uno de los países que tiene un Sistema de Protección Civil nacional mejor ordenado y más avanzado del mundo en estos momentos.

P.- Al Ministro le quería plantear una cuestión. Esta semana ha estado usted en Marruecos y ha habido un comunicado conjunto. Se da, de alguna manera, por cerrada la crisis de las pateras que hubo este verano. Marruecos ha ofrecido colaboración y yo le quería preguntar qué le ha ofrecido España a cambio, qué le ha ofrecido usted al Ministro y qué explicación le ha dado el ministro marroquí para lo que pasó el 11 y 12 de agosto.

A la Vicepresidenta le quería plantear si el Gobierno está dispuesto a modificar la Constitución y lo que sea necesario para reducir los aforados a veintidós, como propone el ministro de Justicia.

Una segunda cuestión. Una semana más el aborto no va en la agenda en el Consejo de Ministros. Aunque no nos diga cuándo va a ir, porque le hemos preguntado otras veces y nunca nos lo dice, lo que le quería preguntar es si está en condiciones de garantizar que en algún momento va a ir o está encima de la mesa la posibilidad de que la ley nunca llegue a volver a salir en el Consejo de Ministros.

Sr. Fernández.- Efectivamente, yo anteayer estuve en Marruecos, concretamente en Tetuán, reunido con el ministro del Interior de Marruecos, el ministro delegado de Interior, el "Walis", el responsable de Inmigración y los asuntos de Interior del Gobierno marroquí. Tuvimos un encuentro que, en primer lugar, quiero calificar de cordial y extraordinariamente productivo. Hicimos un comunicado conjunto, como muy bien usted ha recordado, efectivamente; un comunicado conjunto y yo me podía remitir sin más a él, porque creo que es un comunicado que, si se lee desde el principio hasta el final, es suficientemente expresivo de lo que tratamos y del clima extraordinario de relaciones que, a nivel bilateral, mantenemos en los ámbitos propios de Interior entre el Reino de Marruecos y el Reino de España.

Hablamos de la lucha contra el terrorismo. No se le oculta a nadie la importancia que tiene la lucha contra el terrorismo yihadista. Y en ese comunicado, insisto, conjunto, y que se dio simultáneamente a la prensa por las autoridades marroquíes y por nosotros, nos felicitábamos de los óptimos resultados obtenidos gracias a esta cooperación que mantenemos, como ponen de manifiesto, entre otros supuestos, las operaciones de desmantelamiento de redes que operan en ambos países. Y señalábamos en particular, por citar las últimas, las llevadas a cabo en los meses de marzo, junio y agosto del presente año.

Hablamos de la operación "Paso del Estrecho". Ya sé que puede sonar como que algo que no es para algunos importante y, sin embargo, lo pusimos y de manera especial las autoridades marroquíes quisieron enfatizar lo que significa que dos millones y medio de personas y medio millón de vehículos se desplacen con absoluta normalidad, fluidez y seguridad cada año. Porque no siempre ha sido así y no es tan fácil garantizar que, efectivamente, una cantidad tan importante de personas y de vehículos se desplacen sin incidencias.

Es un ejemplo también de la magnífica colaboración que llevamos a cabo. Yo quiero recordar que existe una comisaría conjunta en Algeciras y otra en Tánger, donde están presentes la Gendarmería Real marroquí, la Policía marroquí, la Guardia Civil española y la Policía Nacional española. Por ejemplo, Francia y Portugal nos han pedido tener oficiales de enlace en esas comisarías. Lo digo para poner de manifiesto el estado de las relaciones bilaterales entre Marruecos y España.

Hablamos también, evidentemente, y lo dejo para el final, de la inmigración irregular y de la lucha contra el narcotráfico. A nadie se le oculta la importancia de la lucha contra el narcotráfico. Quiero recordar que el 75 por 100 del hachís que se incauta en la Unión Europea se incauta en España y que significa, aproximadamente, un tercio de lo que se incauta a nivel mundial. Evidentemente, eso no sería posible sin la colaboración, entre otras que tenemos a nivel bilateral, con el Reino de Marruecos. De manera especial hablamos también de la desarticulación de organizaciones de narcotraficantes dedicadas al tráfico de drogas mediante aeronaves de fortuna y que cruzan clandestinamente el Estrecho, que era algo que preocupaba mucho a las autoridades marroquíes y españolas.

Y hablamos, como es evidente también, de la inmigración irregular. En su momento, el ministro del Interior, Mohamed Hassad, calificó de "disfunción" lo que había pasado en aquellos dos días y yo no voy a corregir al ministro. Hubo una disfunción y lo que hubo fueron muchas conversaciones.

Yo quiero recordar que el día 13 de agosto yo me reuní en el Ministerio del Interior con altos cargos del Ministerio del Interior: el secretario de Estado de Seguridad, el director general de la Policía, el director general de la Guardia Civil, el comisario general de Extranjería y Fronteras, el general jefe de la Guardia Civil también responsable de la materia, etcétera, precisamente para evaluar la situación que se había producido con ocasión de esa entrada masiva en esos días de personas a bordo de embarcaciones atravesando el Estrecho de Gibraltar desde territorio marroquí a territorio español. Hablamos con las autoridades marroquíes y automáticamente, como sabemos, y con mucha rapidez, en 48 horas, esa disfunción fue corregida.

En el comunicado conjunto reiteramos, y cito literalmente porque eso fue fruto de una negociación, como es evidente, y de un trabajo conjunto de los respectivos equipos, "nuestro compromiso para que la lucha contra la inmigración irregular se haga en un marco de respeto absoluto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas". Eso está recogido de manera especial en el comunicado conjunto.

Por tanto, lo que tengo que decir es que esta cuestión, desde el punto de vista de la cooperación bilateral entre Marruecos y España, está perfectamente encauzada en un clima de confianza, de respeto mutuo, de colaboración muy intensa y, por tanto, yo no tengo sino que agradecer, como hice con el Ministro, que, una vez que constatamos la situación que se había producido y que nos pusimos en contacto con ellos, esa disfunción fuera corregida rápidamente de tal manera que, como ustedes saben, a las 48 horas, evidentemente ese tráfico se cortó.

En el clima de cooperación, de colaboración y de confianza mutua en el que estamos trabajando estoy seguro de que esta situación es la que, de manera normal, va a seguir produciéndose, siendo conscientes de que, como ustedes saben muy bien, la inmigración irregular, en particular la inmigración irregular por vía marítima procedente del norte de África hacia la Unión Europea --fíjense en lo que está pasando en Italia--, es uno de los asuntos que está en la agenda de manera continuada de la Unión Europea, tanto la que hace referencia a los jefes de Estado y de Gobierno, como a los ministros del Interior.

Eso, junto al terrorismo yihadista, son dos materias con las que la Unión Europea permanentemente está trabajando y está, insisto, en los órdenes del día de los Consejos de Ministros de Interior. En ese sentido, con un país que ha firmado un partenariado de movilidad con la Unión Europea pero que no pertenece a la Unión Europea como es Marruecos, para nosotros es muy importante mantener esa relación.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta relativa a la modificación del aforamiento, en España, como saben, en el mes de julio el propio presidente del Gobierno señaló que este asunto, el del análisis del número de aforados y del alcance de los aforamientos en España, era una cuestión que consideraba que debe ser abierta a debate en el análisis, tanto del número, como de la condición de los que tienen la circunstancia de aforados, como en el alcance que puede tener el aforamiento en uno o en otro ámbito.

El Gobierno es partidario de abrir ese debate y de hacerlo, además, con el resto de los partidos políticos, entre las medidas que pueden abordarse en materia de regeneración democrática. Somos conscientes, y además se puso de manifiesto en algunas de las conversaciones que hemos tenido con algunos Grupos Parlamentarios antes de las elecciones europeas, de las dificultades técnicas de esta medida, no sólo en el ámbito de los aforados a nivel nacional, sino también en el ámbito de las Administraciones autonómicas, porque algunas cuestiones están reguladas por el Estatuto de Autonomías. Pero creemos que es bueno ese debate y es bueno plantearlo y ver en qué términos podemos ponemos de acuerdo y de qué manera puede abordarse, con lo que ahí tenemos nuestra disposición a trabajar y a entendernos.

P.- (Inaudible)

Vicepresidenta.- Nosotros vamos a abrir un debate. Si me permite que le conteste… Esto es una rueda de prensa, no una entrevista; pero, dado que me insiste, le diré que nosotros queremos ver qué opinan el resto de los grupos sobre esa condición, entre otras cuestiones, porque hay un elemento, como yo señalaba… Usted me preguntaba por una parte y yo ya le pongo de manifiesto otra, que es que también nos tenemos que poner de acuerdo con otras instituciones que no son sólo estatales. ¿Por qué? Porque hay un número de esos aforados que viene determinado por los Estatutos de Autonomía y entonces ahí tiene que concurrir la doble voluntad: la del Estado para modificar una Ley Orgánica que es un Estatuto de Autonomía y la de la Comunidad Autónoma afectada. Entonces, permítame que, en honor a la prudencia, hablemos con los partidos políticos por cuanto, como digo, es una cuestión de una cierta complejidad.

Probablemente, en el trasfondo del asunto tengamos, digamos, al menos, una aproximación todos los grupos a que tenemos que hacer algo y tenemos que reordenarlo, porque el número de los aforamientos ha ido creciendo muchas veces por leyes que regulan determinadas instituciones. Entonces tenemos que ver si es normal que determinado nivel en una institución también esté aforado o no lo esté, y estoy hablando de adjuntos de determinadas instituciones y tal; pero otras cuestiones vienen reguladas, por ejemplo, en leyes de esa doble naturaleza. Entonces, siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate, veamos hasta qué punto hay acuerdo y después cómo se puede ejecutar esa decisión si llegamos a un acuerdo.

Tercera de sus preguntas. Este Gobierno, como sabe usted, aprobó un anteproyecto, lo ha remitido, ha recibido informes de las distintas instituciones, alguna de las cuales señalaban la necesidad de determinados cambios que se están analizando y lo haremos --estamos estudiando esos informes-- en la búsqueda de una posición que pueda responder a los mismos y que pueda suscitar el mayor consenso posible. Ya sabe que ésa ha sido siempre la voluntad del Gobierno sobre este punto.

P.- Al Ministro. Me gustaría saber si la Ley la ha llevado a consultas con las Comunidades Autónomas que en otras ocasiones, por ejemplo, cuando se creó la UME, fueron muy sensibles por considerar que afectaba a competencias de ellos, o si piensa llevarla a diálogo con las Comunidades Autónomas.

Y a la Vicepresidenta. Me gustaría saber si al final hay un acuerdo en materia de aforamiento para cambiar la Constitución si estaría dispuesto el Gobierno a abrir la Constitución para otros asuntos que están también a debate encima de la mesa.

Me gustaría saber también si después del debate que ha habido este mes de agosto con la reforma de la LOREG para la elección de alcaldes y, dado que el PP la encuadra en las medidas de regeneración democrática, si el Gobierno va a asumir esa propuesta dentro de las medidas que llevará al Parlamento y defenderá la elección directa de alcaldes en los términos en los que se está barajando.

Sr. Fernández.- Si, por supuesto hemos mantenido, como no podía ser de otra manera, y vamos a mantener, un diálogo con las Comunidades Autónomas porque, como le señalaba, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la que ha ido definiendo y delimitando las competencias de las diferentes instituciones: las locales, las autonómicas y las del Estado. En particular, tengo que decirle que se ha mantenido un diálogo con el conjunto de todas ellas, pero quizás con una especial intensidad le puedo citar a Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, entre otras.

El Anteproyecto que hoy ha sido aprobado por el Consejo de Ministros pasó en primera vuelta por la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios antes del verano, concretamente el 18 de junio. Ya para esa fecha todas las Comunidades Autónomas sabían que ese texto iba en primera lectura a ese órgano que he comentado y conocían ya desde esa fecha el texto articulado de ese Anteproyecto en esa fase embrionaria de evolución. Saben que anteayer volvió a pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y subsecretarios y a partir de hoy mismo el texto que ya ha salido del Consejo de Ministros, que va a ser remitido para informe, como les he dicho, de la Comisión Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Administración Local, también lo van a conocer.

Quiero decir que, en todo caso, además de ese diálogo previo y esa información previa, ahora es preceptivo el informe de la Comisión Nacional de Protección Civil y ahí están representadas todas las Comunidades Autónomas que van a tener ocasión, ya en esta frase procesal, de dar su opinión, así como los ayuntamientos en la Comisión Nacional de la Administración Local. Por tanto, repito, en la fase previa, en la fase de elaboración, y ahora, en la fase de informe previo a su remisión definitiva para, en su caso, ser aprobado como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados, las Comunidades Autónomas han sido consultadas.

Aprovecho su pregunta, ya que hacía alusión a la Unidad Militar de Emergencias. Efectivamente, cuando se creó levantó esas suspicacias y usted sabe que ahora se ha convertido en un instrumento del Estado extraordinariamente importante a la hora de hacer frente con eficacia a las situaciones que son declaradas de emergencia dada la naturaleza del hecho producido, de tal manera que las Comunidades Autónomas están encantadas de ser auxiliadas cuanto se encuentran en estas situaciones las Comunidades Autónomas.

Quiero decir que, cuando estamos hablando de emergencias y catástrofes, es lógico, y yo no lo cuestiono en absoluto, ¡faltaría más!, que se delimiten. Y esto lo hace esta Ley o lo pretende hacer: delimita claramente los ámbitos competenciales. Pero, dicho eso, lo que se necesita es: tengamos los instrumentos y los recursos humanos y materiales para que esta situación de emergencia sea superada. En ese sentido, estoy seguro de que esta Ley que regula el Sistema Nacional de Protección Civil española va a permitir, efectivamente, que consigamos una mejor coordinación, una mayor cohesión y, por tanto, una mejor eficacia en la gestión de los recursos públicos de los que disponemos y que han de ser puestos a contribución de las operaciones de catástrofe o emergencia, que es el supuesto previo para que se pueda aplicar una ley como la que nos ocupa.

Vicepresidenta.- La tercera pregunta iba en relación con otros posibles acuerdos en asuntos que puedan afectar a una reforma de la Constitución. Yo creo que el término clave está en el término "acuerdos". Yo creo que en todos estos asuntos lo importante es ver el fondo del asunto. Si se llega a un acuerdo, luego se ve su instrumentación, digamos, práctica o técnica; pero lo importante es que haya un acuerdo.

Nosotros siempre hemos señalado que en materia de la reforma de la Constitución, y lo ha dicho muchas veces el presidente del Gobierno, estamos dispuesto a escuchar cuantas cuestiones se planteen; pero siendo muy conscientes de que en estas materias el acuerdo, en primer lugar, es imprescindible porque sin un acuerdo amplio es imposible una reforma de la Constitución, y, en segundo lugar, porque tenemos que conseguir con eso un fortalecimiento de los posicionamientos constitucionales después de la reforma.

Por tanto, yo creo que el camino es a la inversa: tenemos que plantearnos en los asuntos de reforma de la Constitución con qué apoyos se cuentan los planteamientos que cada uno señala. Así como yo he oído que en materia de aforamiento, y con independencia de cuál sea el alcance al que se llegue en el acuerdo y en la instrumentación, todos los partidos, o al menos buena parte de ellos, estamos hablando de que hay una voluntad de limitar, de acotar, de clarificar, en el terreno de la reforma constitucional lo que se han planteado son cuestiones claramente ya no digo coincidentes, sino divergentes: desde posicionamientos más centralistas a más confederalistas, desde quienes consideran que hay que modificar la estructura territorial del Estado hasta los que consideran que debe de hacerse también la forma política del Estado español, o desde quienes consideran que deben abordarse otras cuestiones diferentes dentro del propio texto constitucional.

Lo que falta es una base de acuerdo. Yo creo que ése es el punto. Vamos a hablar de lo que estamos de acuerdo y después cómo se ejecuta; pero, sobre el asunto que me planteaba, las distintas formaciones políticas, así como en los aforamientos ya le digo que hay una posición abierta al debate de todos, porque yo he estado sentada en una mesa con los distintos --y con esto enlazo con la siguiente de sus preguntas-- portavoces parlamentarios y el asunto de los aforamientos fue planteado por varios... Ahora vamos a tratar los aforamientos, distintas instituciones del Estado que están afectadas por esta cuestión también ha hablado de la necesidad de regularlo de otra manera, de clarificarlo o de acotarlo, y ésa es la base: que exista para ese debate un principio de acuerdo.

Me preguntaba usted por la elección de alcaldes. Me sirve lo que acabo de decir. En las reuniones que hemos tenido sobre estas cuestiones en el Congreso de los Diputados distintos Grupos Parlamentarios plantearon la necesidad de abordar asuntos relativos al sistema electoral y el Partido Popular también ha planteado la necesidad de abrir un debate sobre éste, sobre la elección de alcaldes.

Nuestra Constitución, como sabe, permite la elección directa del alcalde o un sistema indirecto a través de concejales. Distintos grupos políticos a lo largo de su historia han planteado este debate, incluso lo han escrito, lo han redactado, y en el Congreso de los Diputados registraron en el año 1998, si yo no recuerdo mal, una proposición de ley del Grupo Socialista sobre cómo debe hacerse esa elección directa, con un sistema de primas y de segunda vuelta combinado. Es decir, no estamos planteando nada que sea una novedad, ni estamos planteando nada que abra un debate diferente porque, ya le digo, en las reuniones que yo he tenido con los Grupos Parlamentarios, y están ahí las distintas ruedas de prensa de unos y otros, varios plantearon la necesidad de hablar de temas electorales.

Igual que el Gobierno abrió el debate con dos leyes que se tienen ahora que discutir, y espero que consensuar, sobre el control económico financiero de los partidos, que prohíbe las donaciones de personas jurídicas y prohíbe las condonaciones, y el Estatuto del Alto Cargo, que establece un régimen más riguroso de control, otros grupos pueden plantear otras cuestiones. El aforamiento está encima de la mesa, se planteó entonces y aquí está. Y, ya digo, el tema electoral… Otros asuntos los han planteado otros grupos; éste, el grupo popular y cuenta con antecedentes de otros partidos políticos en la propia Cámara.

P.- Vicepresidenta, también sobre esta cuestión de la elección directa de alcaldes. Entiendo que, si esto se llevase a cabo tal y como se está planteando, al Gobierno no se le escapa que hay muchos municipios del País Vasco y de Navarra, y también de Cataluña, que estarían gobernados por formaciones como Bildu o como Esquerra Republicana, que son formaciones que… El Partido Popular muchas veces ha hecho coaliciones para evitar precisamente que gobiernen estas formaciones en los municipios. A partir de ahí, entiendo que el Gobierno ha hecho ese cálculo y si, aún así parece que plantea este debate o que está a favor de esa elección directa de alcaldes --aprovechando que está aquí el ministro del Interior, igual también quiere dar su opinión--, ¿qué ha cambiado en esas formaciones anteriormente citadas o qué ha cambiado en el Gobierno para que se siga impulsando este debate?

Eso por un lado y, por otro lado, Ministro, me gustaría aprovechar para preguntarle a ver si nos puede aclarar un poco cómo fue ese incidente entre la Guardia Civil y la embarcación del Rey de Marruecos y, sobre todo, esa segunda visita que se hizo después de que Mohamed VI llamase --si tiene lago que matizar, hágalo-- al Rey de España para, entiendo, quejarse.

Vicepresidenta.- A la primera de sus preguntas y sin perjuicio de que luego pueda el ministro del Interior señalar lo que tenga por conveniente, los grupos políticos y los partidos políticos pueden plantear los debates que estimen oportunos. Su pregunta pone de manifiesto que este debate que se quiere abrir por parte del partido que sustenta al Gobierno se hace desde un punto de vista, no de un cálculo electoral en un sentido o en otro, sino desde un punto de vista del fortalecimiento de la democracia. Yo he oído a determinados líderes políticos plantear "oiga, es que por parte del partido que sustenta al Gobierno se están haciendo cálculos" y usted me dice: ¿y usted ha calculado…?

Mire, lo que se está planteando es una iniciativa para abrir un debate, porque hay un debate amplio sobre regeneración democrática. La elección directa del alcalde, indudablemente, va en la línea de quienes defienden que una persona como es el alcalde, que es quizá el responsable político y administrativo más cercano al ciudadano, sea elegida directamente por los vecinos. El Derecho comparado no es ajeno a esta cuestión, porque todos los sistemas que se están planteando, en una u otra medida o con combinaciones de varios, funciona en los países de nuestro entorno: estoy hablando de Italia, de Francia o de la propia Alemania.

Estas cuestiones se plantean desde un punto de vista general y desde un punto de vista de principios; desde luego, la elección directa de alcalde, desde el punto de vista del respeto a la voluntad del vecino que elige y desde el punto de vista del respeto a las mayorías --quienes mayoritariamente han considerado los vecinos que debe de ser el alcalde, lo lógico es que lo sea--; desde el punto de vista de un sistema, primero, que nuestra Constitución lo recoge, es decir, que puede ser un sistema u otro; y desde el punto de vista del Derecho comparado.

Se plantea desde ese punto de vista de la regeneración democrática, no desde el cálculo electoral de lo que pueda pasar en uno o en otro Ayuntamiento, o en una u otra Comunidad Autónoma. Estamos hablando de los fundamentos del sistema y, si entendemos que en un municipio que los vecinos elijan al alcalde, que lo elijan directamente y que directamente lo señalen como responsable de la política municipal, para el partido que sustenta al Gobierno se considera que es un avance y que es positivo, y por eso se plantea.

Sr. Fernández.- Tengo que decir una cosa: que, en la medida en que me invitaba a si quería hacer alguna aportación respecto a la cuestión que está tratando la señora Vicepresidenta, tengo que decir que yo iba a decir exactamente lo que ha dicho ella y, como no lo voy a decir mejor que ella, me remito a lo que ha dicho.

Vicepresidenta.- O sí. A lo mejor lo dice mejor.

Sr. Fernández.- No, porque es cierto, es verdad. En su pregunta de alguna manera estaba la respuesta. Si estuviera hecho por cálculo electoral, efectivamente, su pregunta lo avalaría y, de alguna manera, le quitaría legitimidad a esa iniciativa. Pero es que, como está hecha en el contexto de una medida de política de regeneración democrática, de proximidad, de facilitar la transparencia y, en este caso, la aproximación entre los ciudadano s y sus representantes, más allá de que nos beneficie o nos perjudique, o beneficie o perjudique al partido que ostenta el Gobierno o no, es una medida en sí misma buena y positiva. Por tanto, ese hecho que usted expone lo que hace es, si cabe, dar más autoridad a esta propuesta del Gobierno.

En cuanto a los hechos a los que usted se refiere, una cosa son los hechos y otra cosa cómo se califican los hechos. Yo no voy a aceptar,… Yo respeto que usted lo pueda calificar así, u otros; pero yo niego la mayor. Niego que se produjera ningún incidente, lo niego, y me va a permitir porque, claro, más allá de las palabras están los hechos y en este caso el hecho de un comunicado conjunto, que no es una cosa frecuente, sobre todo el nivel de este comunicado que es un comunicado de anteayer, conjunto entre España y Marruecos.

Empieza diciendo… No le voy a leer todo el comunicado, pero dos párrafos porque creo que son muy significativos para poner en valor el estado de las relaciones entre España y Marruecos. Dice: "El ministro del Interior del Reino de Marruecos y el ministro del Interior del Reino de España han mantenido una reunión de trabajo hoy, 27 de agosto de 2014, en Tetuán --o sea, anteayer--.. Esta reunión ha permitido a los dos Ministros recordar la fortaleza de las relaciones fraternales que une a Su Majestad el Rey Mohamed VI y su Majestad el Rey Felipe VI; la calidad de las relaciones de cooperación entre los Gobiernos de los dos países, así como el compromiso de sus gentes a los valores de la democracia, la libertad, la tolerancia y buena vecindad"

Y termina diciendo: "Conscientes --después de haber hablado de la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo yihadista, contra la inmigración ilegal y las redes criminales que lo promueven, etcétera-- del papel que juegan los Reinos de Marruecos y de España en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad a nivel regional, las dos partes han acordado fortalecer sus vínculos directos y permanentes para la coordinación operativa de sus actuaciones. Los dos Ministros han acordado reunirse, al menos, una vez cada seis meses para coordinar la aplicación de las medidas de cooperación decididas, evaluar los logros conseguidos y adoptar las acciones futuras de cooperación".

Creo que, sinceramente, con un comunicado conjunto de estas características sobran más palabras. Es decir, se produjeron unos hechos, pero esos hechos no fueron ningún incidente y en el clima de nuestras relaciones, efectivamente, si se produce un hecho de esas características, se supera con toda normalidad y seguimos colaborando, si cabe, con más intensidad, como lo pone de manifiesto este comunicado.

P.- Yo le quería preguntar por la situación en Cataluña. Estamos a las puertas de la "Diada" y se suceden muchas declaraciones de diferentes dirigentes políticos. Entre ellos ha habido dirigentes de Ezquerra y dirigentes de Convergència que han señalado esta semana que piden a Artur Más que desobedezca el posible fallo del Tribunal Constitucional y que ponga diversos puntos de votación en Cataluña. En este sentido me gustaría saber si el Gobierno baraja este escenario y cómo impediría que se produjera la votación.

Vicepresidenta.- Permítame, en primer lugar, que no adelantemos acontecimientos. Yo, desde luego, lo que pido y recuerdo a todos los dirigentes políticos es que los que lo son lo son precisamente al amparo de la legalidad, y todos los que han hablado están en sus puestos, políticos o administrativos, precisamente por el cumplimiento de la Constitución y su desarrollo, que son los Estatutos de Autonomía con lo que la legalidad es lo que les ampara a ellos para decir esto, pero a todos los demás para que se respete, desde luego, la legalidad vigente.

Este verano ha habido por parte del Parlamento de Cataluña avances en la aprobación de esa Ley de Consultas, en la que se ha puesto de manifiesto que lo que señala y lo que ha señalado el Gobierno en relación con la vulneración de la Constitución es recogido por buena parte de quienes tienen el cometido estatutario de asesorar constitucionalmente al Parlamento de Cataluña. Creo que eso es un elemento que deberían todos tener en cuenta.

En segundo lugar, yo quiero señalar una cosa. Lo serio es respetar la Constitución y las leyes. Eso es lo serio, ésa es la seriedad. El resto es lo menos serio que puede hacer un dirigente político.

El Gobierno ¿qué va a hacer? En primer lugar, llamar a la reflexión a los responsables de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña; en segundo lugar, hacer cumplir la Constitución y las leyes que señalan los mecanismos que tiene el Gobierno, en particular, y otras instituciones cuando una disposición, o una resolución, o un acto de una Comunidad Autónoma, vulneran la Constitución.

Quiero recordar una cosa: es esa propia Constitución, que establece muy poquitos procedimientos, pero en un procedimiento de un artículo muy claro, la que señala que, cuando el Gobierno impugna una disposición o una resolución de una Comunidad Autónoma y pide la suspensión, una vez que se admite a trámite se suspende automáticamente. Eso quiero recordarlo porque esto no es nuevo. Esto es algo que señala nuestra Constitución, artículo 161.2, y se ha aplicado en innumerables ocasiones. De hecho, ustedes y yo aquí hemos hablado de la suspensión de un sinfín de disposiciones: esto se suspende, no se suspende, han pedido ustedes la suspensión… Ustedes ya saben que, cuando lo admite a trámite el Tribunal, la suspensión es automática. Lo digo porque yo creo que el rigor también está bien mantenerlo, especialmente porque es rigor constitucional.

P.- Siguiendo con el tema de Cataluña, ha más o menos establecido una "hoja de ruta" y ha dicho que en cuanto se presenta un recurso la suspensión es inmediata. Yo le quería preguntar al Gobierno, por favor, sobre la concreción de estos recursos que presentará, si serán uno o dos, y cuándo calcula más o menos… ¿Si según los datos, el 14, creo que es, de septiembre se aprueba la Ley de Consultas, sería inmediato y al día siguiente, si ya estuviera en el Tribunal Constitucional, ustedes darían por suspendida, o sea, que ya quedaría totalmente anulada?

Luego también, ¿ya descarta totalmente el Gobierno español la posibilidad de que se saquen las urnas a la calle como plantean como reto algunos dirigentes y algunos grupos políticos en Cataluña?

Muy brevemente al Ministro. Por favor, también le quería preguntar sobre terrorismo yihadista. Estas últimas semanas ha habido cierta alerta, en Occidente sobre todo, por el traslado de jóvenes musulmanes radicalizados, sobre todo a través de las redes por internet, hacia Siria y hacia Irak, integrándose en el Estado Islámico o en la filial de Al Qaeda en Siria. Yo quería preguntarle si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han notado un incremento de esta inquietud respecto a este trasvase de jóvenes desde España hacia ese lugar y si piensan tomar nuevas medidas para poder atajar esta problemática.

Vicepresidenta.- El número de recursos. Yo, en primer lugar, le pediría al Parlamento de Cataluña que reflexione sobre la constitucionalidad de las leyes que parece dispuesto a aprobar; ése sería el primer paso. En segundo lugar, el resto son asuntos jurídicos que no tienen, digamos, mayor complejidad. Si se aprueba la Ley y la Ley se suspende antes de su aplicación, está suspendida, si antes de que se suspenda la aplicación de la Ley se adoptan actos en su ejecución, se recurrirán paralelamente o conjuntamente. Ésa es, digamos, la técnica procesal ordinaria. Por decirlo muy claro, si se aprueba una ley e inmediatamente se aprueba un acto de su ejecución porque todavía no ha sido dictado por el Tribunal el auto de admisión a trámite, se recurren ambas cuestiones y, si entre tanto hay una suspensión, es que el segundo acto ya no puede dictarse. Eso es, digamos, puro Derecho Procesal. Tampoco tiene mayores dificultades.

Sobre la segunda de las cuestiones, yo espero y quiero creer al presidente Mas cuando dijo, y lo ha dicho muchas veces, que respetará la legalidad, porque así es como funciona el Estado de Derecho y así es como funciona la democracia, y fuera de la Constitución y la legalidad ya no estamos hablando de democracia.

Sr. Fernández.- Tengo que decir que, como han visto, y perdone que me reitere tanto, la cooperación con Marruecos en relación con este asunto es, tanto a nivel bilateral, como a nivel regional, como a nivel europeo, es muy importante, como no se les oculta. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se han realizado diversas operaciones y aquí, en este mismo comunicado conjunto, recordamos cómo en los últimos meses, de forma conjunta entre las autoridades marroquíes, los servicios policiales marroquíes y españoles y las comunidades de inteligencia, se han desarrollado diversas operaciones muy importantes. También en el territorio peninsular español hemos realizado otras.

El nivel de alerta se mantiene. No se ha modificado el nivel de alerta, pero lo que pasa es que estamos ya en un nivel de alerta lo suficientemente adecuado como para hacer frente a una amenaza en la que España no tiene un plus de peligrosidad o un plus de amenaza respecto a nuestros socios vecinos y aliados. Es decir, estamos todos amenazados y no hay un país que esté especialmente amenazado, por lo menos en el ámbito regional, en el contexto de la Unión Europea en el que nosotros estamos integrados. De tal suerte que la cooperación policial y la de la comunidad de inteligencia es muy intensa, y a esos efectos mantenemos contactos permanentes y continuados.

Yo he hablado con mi colega marroquí anteayer en Tetuán de esos temas, como les he dicho; pero yo mañana, en Barcelona, recibo al ministro del Interior de Francia para hablar de inmigración irregular en el Mediterráneo e inmigración irregular en general. Vamos a hablar también de estos otros temas. En el G-6 que se celebró en Barcelona a finales del pasado mes de junio el terrorismo yihadista ocupó el lugar central. Y, como les he dicho, en todas las reuniones de los Consejos Europeos JAI de Justicia y asuntos de Interior en la agenda, de forma continuada, está la lucha contra el terrorismo yihadista y contra la radicalización en los diversos ámbitos donde se produce, la autorradicalización a través de internet, en los centros de culto, en las prisiones… Son temas en los que estamos trabajando continuamente.

Como usted me ha dicho si por mor, lógicamente, de la situación que se está produciendo con ocasión de la proclamación por el Estado Islámico del califato en Irak y Siria, yo le tengo que decir que el nivel de amenaza no se ha incrementado, lo cual no quiere decir que no sea el suficiente y el adecuado para hacer frente a esa amenaza.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.