Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y del ministro de Hacienda, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Antes de darles cuenta de los asuntos que han sido aprobados en Consejo de Ministros permítanme que, en nombre del Gobierno, traslade nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias y solidaridad a las familias y amigos de la tripulación y de los pasajeros que han fallecido en el trágico accidente aéreo de Mali.

Desde el primer momento el Gobierno de España está coordinando los esfuerzos con el resto de los países afectados en las tareas, tanto de rescate, como de investigación del siniestro. Hoy, en el Consejo de Ministros, hemos visto un informe sobre el siniestro y quiero comunicarles que el ministro de Defensa habló ayer con su homólogo francés para ofrecerle apoyo en las tareas de búsqueda y rescate del aparato siniestrado. Puso a disposición de Francia el avión C-295 que tenemos destacado en Dakar y el "Hércules" destacado en Libreville. Las autoridades francesas nos han pedido el despliegue del avión C-295 para colaborar en las tareas de rescate, y así se hará.

Del mismo modo, también el ministro ofreció los efectivos que tiene España en la misión EUTM-Mali, formados por miembros de Operaciones Especiales, y se ha ofrecido también la colaboración para las tareas de investigación de miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha, a través de la Oficina de Atención a las Víctimas, un protocolo de atención y se ha puesto en contacto con familiares de la tripulación española para informarles de las actuaciones de la Unidad y de todo el operativo de apoyo. Además, una vez localizado el avión, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil se incorporará al equipo de investigación del siniestro.

Entrando ya en los asuntos aprobados en este Consejo de Ministros, quiero destacar que seguimos en la línea de las reformas que llevamos poniendo en marcha en estos dos años y medio; una línea de reformas y un esfuerzo, el que han asumido muchos españoles, que empieza a producir sus frutos.

Hoy el ministro de Economía y la ministra de Empleo han hecho un informe sobre la evolución del empleo. Creo que los datos, conocidos ayer, de la Encuesta de Población Activa, de la EPA, demuestran que hay un cambio de ciclo, que hay un cambio en las expectativas, que se están generando frutos y que se incrementan, por tanto, la confianza y las expectativas de la economía española.

Todos los esfuerzos del Gobierno desde el primer momento han ido dirigidos a revertir la tendencia de la destrucción de empleo; estamos ya en ese momento y creo que las cifras de ayer, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, ponen de manifiesto cómo este país está superando la crisis.

Hemos seguido con las reformas y lo hemos hecho en un ámbito importante: el de la morosidad pública. Hay que tener en cuenta que las medidas de morosidad, o contra la morosidad, suponen, de un lado, un elemento de desarrollo importante del Programa de Apoyo a los Emprendedores, especialmente a la pequeña y mediana empresa, pero también uno de los elementos fundamentales en la reforma de las Administraciones Públicas. Uno de los ejes del Plan de Reformas que aprobamos era acabar o erradicar la morosidad pública, que durante la crisis ha generado el cierre de numerosas empresas y las dificultades económicas y financieras de otras muchas.

Dos aspectos clave los que aprobamos hoy: un elemento fundamental en el pago a los proveedores para erradicar la morosidad es la publicación de los períodos medios de pago de las Administraciones Públicas; y, otro, la creación de una Central de Información Económico-Financiera de todas las Administraciones para que haya un único sitio donde concentrar las publicaciones y mejorar la información.

Como decía, el primero de esos Reales Decretos regula la forma de calcular el tiempo que pagan de media las Administraciones en pagar a sus proveedores. Es, por tanto, un elemento más contra la dinámica de facturas en el cajón, lo que va a permitir, sin duda, mejorar los pagos y, por tanto, la competitividad de nuestra economía, y reducir las necesidades de financiación de las empresas; facilitará la recuperación del crecimiento y mejorará la confianza en el conjunto de las Administraciones.

Hoy lo que se aprueba, como explicará el Ministro, es cómo se calcula ese periodo medio de pago, qué obligaciones trae a las Administraciones. Las Administraciones Públicas tendrán que hacer público ese período medio de pago y, si supera una serie de plazos, entonces podrá actuar el Gobierno de la nación a través de un sistema progresivo y automático de medidas, que puede acabar con la retención de recursos de esa Administración para pagar directamente a los proveedores.

El segundo de los elementos, como decía, es una Central de Información Económico-Financiera a la que se remiten de manera centralizada las peticiones y las informaciones, y podrá, en una única Central, recopilarse y sistematizarse toda la información económica y financiera de carácter público.

En otro orden de cosas, hemos aprobado para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar, que se les explicó por el Ministro en la primera fase de aprobación. Se trata de una norma con la que actualizamos el Código en vigor, que tenía ya veintiocho años, y con la que damos cumplimiento a un mandato que establecía la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Adaptamos la normativa al proceso de modernización de toda la organización militar, a la profesionalidad ya incorporada de las Fuerzas Armadas, a la permanente participación de unidades militares españolas en el exterior en misiones internacionales, así como a la plena incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.

Se introducen nuevas figuras delictivas para dar protección penal al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares. Tienen todos los detalles en la Referencia, pero quiero destacar que contempla el nuevo texto una nueva noción de delito militar, que incluye delitos tipificados en el Código y aquellos del Código Penal común que estén relacionados con bienes jurídico-militares, bien porque el autor sea un militar o porque afecten al servicio o a la eficacia de la organización castrense. Se tipifican los delitos militares y las penas, para lo cual se ha tenido en cuenta también el Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Por ponerles algunos ejemplos, en el insulto al superior se ha añadido la incriminación de los atentados contra la libertad o la indemnidad sexuales; en el abuso de autoridad, se han incluido los acosos sexuales, así como los atentados a la intimidad y a la dignidad personal y en el trabajo; en el caso de la obediencia debida o jerárquica, se regula de modo similar que hace el Código Penal para los civiles; se prevé en el delito de obediencia un supuesto de exención de responsabilidad criminal en el caso de que los militares que desobedezcan órdenes lo hagan porque estos actos entrañan un delito, en particular, contra la Constitución o infracción clara, manifiesta y terminante de una norma con rango de Ley o del Derecho Internacional en conflictos armados. En estos supuestos no hay obligación de obedecer.

Ha recibido los informes favorables del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, con una única observación, que ha sido aceptada; y todos ellos han puesto en valor un principio importante en este Código: que se convierte en un texto complementario del Código Penal. A diferencia de otros códigos penales militares, que eran muy amplios --el anterior tenía 119 artículos; éste tiene 87--, aquí lo que se hace es un texto complementario, una norma especial respecto a una general, que es el Código Penal ordinario, por llamarlo de alguna manera.

A propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, también se remite a las Cortes el Proyecto de Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España. Enviamos a las Cortes un Proyecto con el que el Gobierno lo que pretende es reconocer e impulsar el papel esencial de la Biblioteca Nacional en la preservación y en la difusión de la cultura española. Con esta norma se dota a la Institución de unos instrumentos que permiten hacer más eficaz su gestión y reforzar su liderazgo como primera institución bibliotecaria del Estado, y centro, además, de referencia internacional de acceso a información y al conocimiento en español.

Esta iniciativa-legislativa devuelve a la Biblioteca Nacional el estatus de dirección general --lo hace sin coste alguno-- que había mantenido hasta mayo de 2010, al tiempo que mantiene su carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Con eso, la Biblioteca Nacional se suma al Museo del Prado y al Museo Reina Sofía como instituciones con un ley reguladora propia.

Sus órganos de Gobierno: el Real Patronato pasa a ser el órgano rector colegiado, con implicación directa en el establecimiento de directrices y actuaciones de la Biblioteca, así como una labor activa en la captación de recursos propios y de patrocinio. Se prevé, además, crear un comité científico con funciones consultivas.

Se ha aprobado hoy también el Real Decreto que regula el Reglamento de la Carrera Diplomática. Con esta norma lo que hacemos es desarrollar la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, y recopilamos, para adaptarlas a la nueva realidad, normas recogidas en el Reglamento de la Carrera, que era del año 1955. De hecho, había convenios internacionales muy importantes en materia diplomática que son posteriores al año 1955.

En la actualidad, la media de ingreso en la Escuela Diplomática es de veintisiete años. A lo largo de su vida profesional, que puede extenderse durante cerca de cuarenta años, el funcionario diplomático puede prestar sus servicios fuera de España durante más de veinticinco años como media y en siete o más países diferentes. Por tanto, tiene una especificidad y una necesidad de una regulación propia de esta profesión para que sea mucho más previsible y que, además, tenga una carrera administrativa y unas expectativas de promoción que se cumplan con garantías.

Una de las principales novedades de este Reglamento es el proceso interno de selección y asesoramiento que va a tener el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para la propuesta o designación de los futuros jefes de misión diplomática. La nueva norma establece un sistema de selección de los candidatos más idóneos mediante un procedimiento abierto y transparente. Los funcionarios diplomáticos podrán solicitar jefaturas de misión cuando cumplan los requisitos establecidos, dependiendo de la importancia de la Embajada o de la Representación Permanente.

Lo que se hace, como se hace en otros modelos de nuestro entorno, es poder dotar a nuestro Servicio Exterior de un mecanismo transparente y objetivo que estimule la formación continuada y el ascenso profesional, basado en criterios de profesionalidad, capacidad y mérito.

Por último, sin perjuicio de que tendrán todos los Acuerdos en la Referencia del Consejo de Ministros, se ha aprobado el Real Decreto que modifica el artículo 23 del Reglamento General de Cotización y Liquidación, y otros derechos de la Seguridad Social, que desarrolla medidas establecidas en los Reales Decretos Leyes 20/2012, de 13 de julio, y 20 de diciembre de 2013, de medidas para favorecer la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores. Es un desarrollo reglamentario que lo que viene es a determinar los conceptos retributivos que conforman las bases de cotización.

Sr. Montoro.- Como decía la vicepresidenta del Gobierno y portavoz del mismo, la política de favorecer la reducción de los plazos de pago de las Administraciones Públicas ha caracterizado a toda la acción del Gobierno desde comienzos de la Legislatura.

En el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado una nueva norma, que lo que hace es desarrollar el procedimiento, que ya abrimos, insisto, desde comienzo de Legislatura, de proveedores, que se conoció como ese mecanismo. Lo que hacemos con el Real Decreto que hemos aprobado hoy es precisar, establecer, que en el mes de octubre todas las Administraciones Públicas de España, con claves homogéneas, habrán publicado, difundido, cuál es el plazo medio de pago de sus proveedores. Esto es un avance en términos también de transparencia, de compromiso en la gestión pública, puesto que todos los proveedores de las Administraciones Públicas deben conocer si, efectivamente, cada una de ellas está reduciendo esos plazos hasta dejarlos situados en el ámbito que marca la Ley de Morosidad en nuestro país.

Es un objetivo que vemos cada vez más al alcance de la mano y un objetivo para el que también el Real Decreto desarrolla la habilitación que ya establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera relativa a que, en el caso en el que una Administración Pública no esté cumpliendo los plazos de morosidad, el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está habilitado para intervenir en su parte correspondiente, en su cuota correspondiente, del sistema de financiación autonómica y/o local, de manera que garantiza el Gobierno de España que los proveedores están cobrando en su tiempo.

Erradicar la morosidad, éste es un gran objetivo de Gobierno, de país; un objetivo absolutamente necesario, clave para superar la crisis económica; un objetivo que, como les decía, estamos alcanzando y se ve claramente. Hoy ya podemos disponer de los datos propios del período de pagos de la Administración General del Estado, que en el primer trimestre del año 2014 está pagando a sus proveedores en una media de 26,8 días. Ésa es una gran reducción respecto de la situación en la que nos encontramos, cuando en el primer trimestre del año 2012 ese período medio era de 41,7 días.

En ese esfuerzo que estamos haciendo, insisto, todas las Administraciones, también estamos desde el Gobierno de España, como es nuestra obligación, ayudando a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales con mecanismos excepcionales, extraordinarios, como ha sido Proveedores y como ha sido también el Fondo de Liquidez Autonómica. Estos mecanismos han reducido sustancialmente la deuda comercial, es decir, la deuda reconocida y no liquidada, por parte de las Administraciones Públicas, que es lo que todavía veo que se identifica equivocadamente como las facturas en el cajón. Ésas no son facturas en el cajón; ésas están reconocidas en la contabilidad pública y no pagadas, no liquidadas. También es una condición, una categoría, de déficit público; por tanto, el peor: es decir, lo reconoces y no lo pagas, no lo liquidas, obviamente, porque no tienes capacidad económica para hacerlo.

Por eso, junto a Proveedores, desde el Gobierno de España hemos desarrollado el procedimiento, que también se ha entendido excepcional, de los Fondos de Liquidez Autonómica; esos Fondos de Liquidez Autonómica que han llevado a la formulación de unos créditos habilitados desde el Gobierno. También estamos proyectando, estamos trabajando para los próximos días también, mejorar las condiciones de ese crédito del Fondo de Liquidez Autonómica para las propias Comunidades Autónomas, de manera que ellas también se beneficien de lo que está siendo la recuperación de la confianza en España que se traslada a unos menores tipos de interés para financiar aquellos déficit que todavía son demasiados altos en nuestro país, pero cuya financiación es absolutamente básica, porque detrás de ese concepto está la financiación de nuestra pequeña y mediana empresa; pero también está el que los servicios públicos tan básicos como la educación, la sanidad o las prestaciones sociales se puedan estar pagando y esos hospitales, para entendernos, sigan abiertos o, por descontado, cualquier centro educativo que hubiera tenido que cerrar si no se hubieran habilitado estos mecanismos, estos procedimientos.

Damos, por tanto, pasos en la materialización de nuestras políticas; pero pasos también que han sido, como todos ya conocemos,… No les voy a evitar y les voy a recordar algunas cifras, obviamente, que también yo creo que es bueno recordar. Desde esta mesa de Consejo de Ministros siempre la novedad es lo que acabamos de aprobar; pero en lo que ha sido el balance del Plan de Pago a Proveedores el importe abonado para las Comunidades Autónomas ha sido 30.200 millones de euros y para las entidades locales, 11.600 millones de euros. Por tanto, hemos superado la cifra de 41.800 millones de euros, lo que significa que se han atendido a más de 190.800 proveedores y se han pagado directamente, por el mecanismo creado, más de ocho millones de facturas. Ocho millos de facturas gestionadas directamente, lo que quiere decir también mucho respecto de la eficacia de una Administración que es capaz, obviamente, no sólo de dotarse de los recursos financieros, sino de gestionar sin que prácticamente haya habido reclamaciones en un pago tan grande.

En términos del Fondo de Liquidez Autonómica, los fondos aportados han sido en el año 2012, 16.338,2 millones de euros, de los cuales 6.297,5 millones corresponden a más de 280.000 facturas de casi 20.000 proveedores; en el año 2013, 22.948,5 millones, de los cuales 7.018,77 millones corresponden a casi 400.000 facturas de casi 43.000 proveedores; y en el año 2014 la cuantía prevista del Fondo de Liquidez Autonómica asciende a 23.000 millones de euros. Esto significa que el ahorro de intereses, los ahorros por el FLA, en 2012, 2013 y 2014, se estiman en, al menos, 624,8 millones de anuales y 4.111 millones de euros considerando todo el plazo de la operación; teniendo en cuenta la determinación de los ahorros y los costes máximos de financiación de las Comunidades Autónomas en los periodos en los que ha estado en vigor el FLA. Es decir, considerando los ahorros que han tenido las Comunidades Autónomas adheridas en relación con las condiciones a las que deberían haber formalizado esas operaciones si no se hubieran adherido al FLA.

Todo ello también se completa como conocen, con el apoyo también financiero otorgado a las Entidades Locales con especiales problemas financieros. También estamos soportando ahí a más cien Ayuntamientos de manera directa y, obviamente, garantizando la prestación de los servicios públicos que realizan esos Ayuntamientos para sus vecinos.

Ésas son las ideas que yo quería darles y estamos a su disposición para explicarles el desarrollo de las mismas.

P.- Vicepresidenta, en primer lugar, quería preguntarle sobre el accidente de Swiftair. Han salido algunas informaciones periodísticas diciendo que la compañía, quizás, no tenía en las mejores condiciones laborales, ni tan siquiera de sueldos, a su personal. Yo no sé si el Gobierno puede aportar algún tipo de información al respecto.

Después, estamos apenas tres días de la reunión de los presidentes, del señor Rajoy y del señor Mas, y no sé si hay ya una agenda cerrada. ¿Hay alguna novedad al respecto?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, desde luego, el Gobierno no tiene información sobre las condiciones laborales de la empresa. Sí les puedo trasladar alguna información que tenemos, que me traslada el Ministerio de Fomento, respecto a la compañía y la aeronave.

La compañía cuenta con licencia para realizar operaciones de transporte aéreo comercial desde el 6 de marzo de 1995 y, según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ha realizado entre 2013 y 2014 33 inspecciones sobre los requisitos de operaciones en vuelo de la compañía, entre las que se incluyen la formación y capacitación de pilotos, y 31 inspecciones sobre los requisitos de aeronavegabilidad. En todos los casos, lo que me dicen es que la Agencia Estatal consideró que los resultados habían sido satisfactorios. Esto, sobre la compañía.

Sobre la aeronave, dispone de las aprobaciones operacionales adecuadas al vuelo que estaba realizando. La aeronave siniestrada se matriculó en el Registro de Aeronaves español el 27 de febrero de 2013. La aeronave siniestrada realizó su revisión anual para prorrogar su certificado de revisión de aeronavegabilidad que concluyó con éxito en enero de 2014 y que tiene validez hasta finales de este año.

También me informan de que el día 22 de julio de 2014 la Dirección General de Aviación Civil francesa realizó una inspección en rampa en el aeropuerto de Marsella y no se registró ninguna discrepancia relevante. Según declaraciones del director general de la Aviación Civil francesa a la BBC, la aeronave estaba en buenas condiciones.

Ésos son los datos que me ha suministrado el Ministerio de Fomento sobre compañía y aeronave. Sobre el resto de los temas no tengo en este momento información.

Respecto de la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat de Cataluña, yo quiero señalar, en primer lugar, que por parte del Gobierno nuestra voluntad es ir a esa reunión con el espíritu abierto y constructivo con el que siempre buscamos el entendimiento con todas las Comunidades Autónomas. Yo creo, y espero, que el presidente de la Generalitat acuda a esa misma reunión con idéntica disposición de ánimo.

Sabe perfectamente que hay aspectos, como el referéndum de autodeterminación, que el presidente del Gobierno, pero tampoco las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional, consideran que cabe dentro de nuestro marco constitucional. Ahí nada podemos hacer.

Pero, como yo repito muchas veces, nosotros somos también Gobierno en Cataluña y, desde luego, pensamos que esa reunión es también un importante momento para seguir trabajando, como hacemos con todas las Comunidades Autónomas, de cara a fortalecer la salida de la crisis y la creación de empleo; a abordar asuntos que importan a todas las Comunidades Autónomas, que están encima de la mesa y que es bueno que se hablen entre el presidente del Gobierno y el presidente de una Comunidad Autónoma, en este caso el presidente de la Generalitat.

P.- Sobre la semana que viene, precisamente, quería preguntarles a los dos.

A la Vicepresidenta quería preguntarle por esa coincidencia que han tenido el líder "in péctore" del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente Mas en pedirle a Rajoy que aproveche las reuniones que tiene con ambos para presentar su plan o su alternativa a lo que estaba pasando en Cataluña. Me gustaría que me hiciese una reflexión sobre esta coincidencia.

Y al ministro Montoro. Creo, salvo que me sorprenda con un cambio, que la semana que viene se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, me gustaría saber si desde su Ministerio tiene pensado ofrecer allí, tal y como están pidiendo las Comunidades Autónomas, dado que usted ya les ha dicho que no es posible una reforma de financiación, al menos en breve, algunas medidas de inyección de liquidez adicional que puedan ser inmediatas.

Sr. Montoro.- Hace tres días, exactamente, desde un foro económico en Barcelona, anuncié que el Gobierno está estudiando la reestructuración del Fondo de Liquidez Autonómica, de los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica, para llevarlos allí también, al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 31, habida cuenta que es una oportunidad para que las Comunidades Autónomas, exactamente las que están dentro del FLA, puedan favorecerse de las mejores condiciones en que hoy está financiándose el Tesoro.

Por tanto, esa reestructuración de FLA es lo que estamos estudiando estos días para hacerles la propuesta, que sin duda alguna será ventajosa en términos de facilitarles liquidez, pero también facilitarles menor carga de intereses y, por tanto, también mejorar sus propios Presupuestos. Eso se puede alcanzar, obviamente, a través de esa reestructuración de las propias, insisto, condiciones financieras de los créditos en forma de tipo de interés y también aplazando el principal, como ya anunciaba el martes pasado. Esas son las medidas que estamos estudiando.

Junto a ellas, aunque para las Comunidades Autónomas no es tan significativo, pero también, por supuesto, también estamos estudiando --es una medida más aplicable, por su alcance, a las Corporaciones Locales-- alargar los plazos de devolución de las liquidaciones negativas pendientes. Todo ello va favoreciendo esas condiciones, en este caso, de tesorería y de liquidez de nuestras Administraciones territoriales.

Ésa es la voluntad del Gobierno y la intención del Gobierno: llevar adelante estos procesos y estos programas, puesto que tratamos que todos tengan los mejores Presupuestos en un momento como el que atravesamos de salida de la crisis, y de esa manera puedan garantizar las prestaciones de los servicios públicos a su cargo, servicios públicos que son absolutamente básicos y fundamentales.

Por tanto, sí estamos en ese trabajo, y lo llevaremos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que será uno de los grandes asuntos; que además necesitamos llevarlo pronto, y lo llevaremos al Consejo de Ministros del próximo viernes, puesto que necesitaremos también rango de Ley para cambiar alguno de esos ámbitos.

Decía que era para que ellas, en este caso las Comunidades Autónomas, puedan preparar sus Presupuestos correctamente. Estamos en tiempo de elaboración de los Presupuestos de cada una de esas Comunidades Autónomas y, por tanto, debemos también cerrar estas operaciones cuanto antes.

Se refería a la financiación autonómica. Déjeme que le haga esta consideración: ya sabe que el Gobierno anunció en esta Legislatura que era su ánimo, su interés, llevar adelante el sistema de revisión de ese sistema de financiación autonómica cuando tuviéramos en marcha la reforma fiscal. Esa reforma fiscal la hemos planteado no entrando en el ámbito de los impuestos autonómicos ni locales; nos hemos quedado en esa frontera.

El Gobierno está explicando que, si no lo hacemos ahora, es porque se está malentendiendo, se está trasladando a la opinión pública, que hacer un nuevo sistema de financiación es poner más dinero desde el Gobierno a las Comunidades Autónomas, y también es muy fácil de entender que no tenemos más dinero que poner. Todos tenemos un déficit grande. La Administración Central del Estado tiene un déficit abultado, porque estamos pagando las prestaciones sociales; estamos realmente haciendo frente a la demanda de los ciudadanos, que es demanda de cohesión social, relativa a que no se reduzcan esas prestaciones sociales. Por tanto, todos tenemos déficit y otra cuestión sería introducir mucha más racionalidad en esos debates públicos sobre la financiación territorial en nuestro país y que no se entienda, como se ha entendido tradicionalmente, que es que el Estado, el Gobierno, ponga más dinero. Eso es lo que no podemos hacer.

Sobre otros elementos, por supuesto estamos siempre dispuestos, abiertos, a hablar, a discutir y establecer las mejores condiciones para nuestras Comunidades Autónomas y para nuestras Corporaciones Locales, porque son ellas las que están prestando directamente servicios públicos básicos. Por tanto, no puede haber otra intención que no sea mejorar los sistemas; pero entendamos que vamos a salir de la crisis, primero, como decía la Vicepresidenta… Vamos a salir de la crisis; ya se está creando empleo y, a partir de ello, obviamente, cabe todo tipo de negociación política.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, yo creo que sería oportuno que el presidente de la Generalitat, dado que es quien planteó ese referéndum de autodeterminación, expresara qué quiere del Gobierno de España. Porque, indudablemente, habría que saber si está dispuesto a renunciar a ese referéndum de autodeterminación porque, si el plan que tiene es ese referéndum y mantener esa consulta, indudablemente, al respecto el presidente del Gobierno sólo puede decir una cosa: la que dice la Constitución y le han recordado el Parlamento de la nación y el Tribunal Constitucional. Por tanto, no sé si el presidente de la Generalitat tiene intención de manifestar que renuncia a esa posición. Yo creo que sería bueno de cara a entendernos todos en ese dialogo.

En segundo lugar, me gustaría destacar que una cosa es hacer discursos y otra cosa es llevar soluciones a la práctica, y algunas soluciones requieren de un principio de acuerdo que, sencillamente, se ha exteriorizado en infinidad de veces en el Congreso de los Diputados que no existe. Incluso me atrevo a decir que en el interior de algunos partidos también, en cuanto a su formulación, que no ha sido concretada --una cosa es el título y luego son la música y la letra-- y no sé si tampoco tienen cerrada.

El Gobierno español, a lo largo de todos estos meses, y ya años, lo que ha puesto es un plan de reactivación de la economía y de recuperación del empleo, y creo que también ese plan y esas medidas para generar empleo, para generarlo en Cataluña, para generar bienestar y para mejorar la situación de todas las Comunidades Autónomas, como señalaba el ministro Montoro, forman parte de la agenda del Gobierno y, desde luego, entendemos que también debería formar parte de la agenda del conjunto de las Administraciones.

P.- Vicepresidenta, quería seguir con la entrevista que va a mantener el presidente del Gobierno con el presidente autonómico de Cataluña. Me gustaría saber la opinión del Gobierno sobre la llamada "tercera vía", que están proponiendo desde algunos sectores, en Cataluña pero también en Madrid, y si el Gobierno lo contempla como una posibilidad para salir de esta situación respecto a esa Comunidad Autónoma.

También quería referirme a otra reunión de esta próxima semana, la que va a mantener el presidente del Gobierno con el nuevo líder del principal partido de la oposición. ¿Qué agenda se va a llevar a esa reunión? ¿Qué le va a proponer el presidente del Gobierno? ¿Qué tipo de pactos quiere alcanzar con el nuevo jefe de la oposición?

Vicepresidenta.- Primera de las preguntas: la "tercera vía". Sin perjuicio de que la concreción que han hecho más desde los medios de comunicación que desde un discurso por parte de un responsable político, me gustaría, antes de hacer una valoración, responder con objetividad a cómo están las posiciones políticas en el Congreso de los Diputados, que sería donde tendría que adoptarse esa "tercera vía". Ya no sé si la fórmula sería por método agravado o por el método no agravado.

En los sucesivos debates que se han planteado en el Congreso de los Diputados, que sería el llamado a hacer un principio de acuerdo sobre esa situación, tenemos, por un lado, formaciones políticas que lo que reclaman es un Estado federal; unos con carácter simétrico y otros con carácter asimétrico. Concreción del modelo? Salvo en los cambios en el Senado, donde reclaman un Senado federal, como el alemán --yo recuerdo que el único Senado federal como el alemán es el alemán--; no hay mayor concreción al respecto.

Ya en la fórmula asimétrica se me escapa si es la disposición adicional primera, con blindaje de competencia… Ahí ya no lo sé, pero estaría bien concretarlo. Y otros sectores del Congreso de los Diputados piden que se recuperen competencias de las Comunidades Autónomas, lo cual es la posición contraria a la ahí manifestada. Algunos abogan por un Estado confederal, que no es un Estado federal, sino una forma de organización territorial bastante diferente. Y otros, por un Estado libre asociado. A ello se añaden algunas discusiones sobre otros elementos de la propia Constitución.

Entonces, al hablar de las vías conviene también hablar de la viabilidad de las vías, porque una cosa es, como decía hace un momento, hacer discursos, y el papel aguanta bastante y modelos teóricos de reforma de la Constitución ha habido muchos, e incluso cada partido político en cada momento ha propuesto el suyo; pero siendo muy conscientes de que es necesario un consenso, consenso que, además, si se busca como solución a un conflicto, tendrá que lograr incluir a quienes están planteando esa discusión.

Pero, además, hay otro elemento también a tener en cuenta: que, a diferencia de 1978, ahora España es un Estado descentralizado, uno de los más descentralizados del mundo, y que el vértice del poder político ya no sólo es el Congreso de los Diputados, sino también otras instituciones políticas, especialmente las Comunidades Autónomas. Por tanto, el modelo tiene que servir también para el conjunto de las Administraciones Públicas y suscitar ese consenso, no sólo en una parte de España, sino en su totalidad.

Entonces, lo que yo pregunto es: ¿ofrecen alguna garantía de viabilidad quienes proponen esa vía respecto al resultado final? Porque también aquí ¡cuidado con las expectativas!. Como digo, los discursos son una cosa; abrir procesos sin tener garantías de dónde van a acabar y sabiendo, como todos hemos visto, de partida cuáles son las posiciones y las fuerzas en el Congreso de los Diputados, que está llamado a tener un principio de acuerdo, es otra cosa.

La reunión entre el presidente del Gobierno y el nuevo líder del Partido Socialista es una primera toma de contacto. Será nombrado secretario general del partido este fin de semana y la voluntad del presidente del Gobierno es tener una comunicación general sobre todos los temas, y, a ser posible, una interlocución y un acuerdo en los grandes asuntos de Estado en los que hemos venido manteniendo con el principal partido de la oposición una línea directa de contacto por parte del presidente del Gobierno e importantes acuerdos durante el mandato del anterior secretario general.

Ése es el ánimo con el que vamos: conocer cuál es su posición respecto de los principales temas. Para nosotros el apartado económico es muy importante. Creemos que en el momento en el que estamos tenemos que adoptar medidas que contribuyan a consolidar esa recuperación, a mejorar la creación de empleo. Es muy importante saber en este punto dónde se va a situar el Partido Socialista, porque entendemos que es un momento clave para la situación económica. Pensamos que se ha producido el cambio de ciclo, que se está afianzando la recuperación, y nos gustaría conocer qué posición tiene en el ámbito económico el nuevo Secretario General.

Junto a ello, los temas que de ordinario se han venido hablando como grandes asuntos de Estado, en los que la relación del presidente del Gobierno con el anterior Secretario General era una relación de confianza y de lealtad, que esperamos que se pueda mantener.

P.- Ministro, me gustaría pedirle, por favor, que incidiese un poco más en los mecanismos que tiene el Estado para amonestar o pedir a las Comunidades Autónomas que cumplan con ese período de pago a proveedores, porque ha mencionado lo de retener dinero, pero no sé si lo he entendido como última vía o no sé si como un proceso intermedio.

Y una aclaración, respecto a una respuesta. ¿Entiendo que el Ministerio, entonces, va a permitir el aplazamiento o la prórroga a las Comunidades Autónomas del pago de esa liquidación negativa?

Sr. Montoro.- Empezando por este último asunto, sí también para las Comunidades Autónomas. Lo que decía es que para ellas es menos relevante que para las Corporaciones Locales. A eso me refería pero, obviamente, sería para todas las Administraciones territoriales, como hemos hecho desde el comienzo de la Legislatura. Recuerda que ésta es una medida que ya adoptamos en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en prácticamente la primera Comisión Nacional de Administración Local. Por tanto, no introducimos novedades, sino que profundizamos en una política que ya estamos siguiendo.

Después, se refería a que los mecanismos del Real Decreto de hoy son mecanismos relativos, como usted mismo expresaba, efectivamente, en virtud de lo que ya habilitaba la Ley. Entonces, en el caso en que una Comunidad Autónoma, por ejemplo --o una Administración, porque también puede ser una Administración Local, un Ayuntamiento--, tenga dificultades y se detecte que no está cumpliendo los compromisos que marca la Ley, el Ministerio podrá pagar esas facturas y se lo restará en la financiación correspondiente. Eso es lo que se hace y, por tanto, se da total garantía al proveedor de que no solamente va a cobrar, sino también que va a cobrar en tiempo.

Por cierto, esta garantía es la que estamos insistiendo en establecer en las relaciones financieras entre Administraciones Públicas. También ocurre con frecuencia que, a través de convenios, una Comunidad Autónoma delega en los Ayuntamientos nada menos que el pago, pongamos, de la dependencia y después se retira de su financiación. Esto es lo que no es admisible en modo alguno y, por tanto, eso también tenemos que concebirlo como una práctica a corregir, puesto que se está perjudicando la condición y la calidad de ese servicio público --he citado uno muy sensible; podría hacerlo con las otras políticas sociales--, porque proveedores y FLA han pagado los servicios sociales, están pagando los servicios públicos de carácter social, están pagando a los proveedores que son ONGs que desarrollan esos servicios públicos. Las Comunidades Autónomas, por supuesto, tienen toda la competencia pero no tienen la financiación y no tienen la capacidad de acudir al mercado, y, por tanto, se está pagando a través de estos mecanismos.

Entonces, vamos a profundizar también en identificar precisamente si hay un fallo entre las Administraciones a través de convenios incumplidos, sobre todo, en el ámbito de la protección social. Cuando se producen esos fallos, es muy grave y hay una sensación de que se están retirando servicios públicos de España, y lo que ocurre es que se están financiando incorrectamente. Por tanto, ahí también vamos a intervenir y vamos a ser operativos.

P.- La pregunta va dirigida a cualquiera de los dos. Acaban de publicar las cuentas territorializadas. Me gustaría saber para qué sirve esto; es decir, ¿qué utilidad le van a dar en su caso o es simplemente a beneficio de inventario? Más en concreto, ¿se van a aplicar en el nuevo modelo de financiación?

Sr. Montoro.- Sirven para un ejercicio fundamental de transparencia, un ejercicio de conocimiento. En ese sentido, yo a lo que invito a todos es que a se utilicen con objetividad, en el sentido de que estamos a tiempo propio para que los ciudadanos conozcan qué hacen las Administraciones Públicas, qué están haciendo.

Luego, me parece que también es el resultado que debemos buscar en esa publicación es si existe inequidad a la hora de acceder a los servicios públicos dependiendo del lugar donde reside el ciudadano. Ésta me parece que es la conclusión a la que trata de llevarnos un trabajo hecho por científicos, por profesionales; hecho con absoluto rigor como auténtica novedad, insisto, de transparencia.

¿Que luego se utiliza políticamente? Como todos los trabajos. Pero quiero decirles que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo en términos también de impulsar trabajos de expertos, de científicos; lo hemos hecho en la reforma de la Seguridad Social, del sistema público de pensiones nada menos, con el factor de sostenibilidad; lo hemos hecho en la reforma fiscal, donde nadie dudará de la calidad del trabajo que se ha hecho; y ahora lo hacemos en la transparencia de esas cuentas públicas.

Entonces, los que se preguntan "por qué publican esto" son los mismos que me pedían hace tiempo que lo publicara. Esto es así. Cuando se publica, y se publica con rigor y con fiabilidad, y poniendo lo mejor que tienen estas personas, que es su prestigio y su calidad, ahora se discuten otras cosas y se caen velos de conocimiento. El conocimiento siempre es oportuno, pero hay que sacar las conclusiones políticas pertinentes, que son las que les acabo de señalar, en términos también de evitar mitos que a otros conviene alimentar. Pero allá cada uno en la utilización de los datos.

Los datos base están todos publicados en la web del Instituto de Estudios Fiscales desde el mes de febrero; pero ya también mi experiencia me va demostrando que no hay nada más secreto que publicarlo en la página web de los diferentes órganos del Ministerio, porque luego me preguntan: ¿los datos? Todavía los datos… ¡Pero si están publicados desde hace meses! Alguien debería acercarse ahí y también, obviamente, invito a que se utilicen todos los datos que vamos facilitando sobre la ejecución presupuestaria de todas las Administraciones de España.

Pero, insisto, me parece una aportación, y una aportación científica, francamente interesante, que no es ningún balance de financiación autonómica, que no sirve para eso, que no está pensado para eso, como se ha… Los expertos lo han explicado y a mí me lo han explicado, por supuesto.

No pretendemos sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica a través de este trabajo. Es que no es ésa la finalidad, no está pensado para eso. Otra cosa es que algunas de las personas que han intervenido en ello, por supuesto, llevan toda su vida estudiando el sistema de financiación autonómica y son una gran autoridad en el ámbito de la financiación autonómica. Pero no es el trabajo que se ha ofrecido ahora, para nada, y, por tanto, no hay que confundir la opinión de alguien cuando dice "pero, aparte de esto, ¿habría que modificar la financiación autonómica?"… Lo dice y lo dice personalmente; pero no hay que modificarla, digamos, porque ese trabajo no aporta lo que sería el contenido de una nueva financiación autonómica. Distingámoslo.

El trabajo de financiación autonómica sería para ello e incluso, si en su momento se hiciera, y el Gobierno lo acometiera a través de expertos, de otro comité de expertos, que podía ser un procedimiento, eso a lo que nos llevaría precisamente es a ver que es otro procedimiento el que se abre y no el de las cuentas públicas territorializadas. Por ello, yo también pediría a todos los responsables autonómicos que rebajen las declaraciones, que las hagan también con más responsabilidad, e, incluso, invitaría a que se lean el trabajo y se lean las conclusiones del trabajo antes de emitir juicios, que son muy apresurados y son muy poco adecuados, ni siquiera al planteamiento, al contenido, a la metodología, que es sobre la que se basa, y mucho menos sobre las conclusiones de la misma.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.