Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de las ministras de Fomento y de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos acordados hoy en el Consejo de Ministros.

Como saben, hoy hemos celebrado dos Consejos. A las nueve de la mañana, en el Palacio de La Zarzuela, S.M. el Rey ha presidido el primero. En esta reunión, deliberante, se ha informado de la situación que atraviesa España, especialmente la evolución y recuperación de nuestra economía. Después, hemos celebrado el Consejo de Ministros en Moncloa, de naturaleza decisoria, en el que hemos adoptado los siguientes acuerdos:

En primer lugar, me acompaña la ministra de Empleo, porque hemos aprobado, para su remisión ya a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con lo siguiente: régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, que incluye, además, una nueva regulación del cese de actividad de los autónomos. Además, hemos aprobado el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal de los trabajadores en los primeros 365 días de su duración.

Como explicará la ministra, el Proyecto incorpora una serie de medidas que van destinadas a mejorar la gobernanza, el funcionamiento y el control de estas entidades colaboradoras con la Seguridad Social y el conjunto de las prestaciones que gestionan. Esta norma, recogida en el Programa Nacional de Reformas, da seguridad jurídica al marco regulador de las mutuas, que llevaba desde 1966 sin actualizar.

Por otro lado, quiero darles cuenta de dos Reales Decretos aprobados hoy y de los que informará la ministra de Fomento: de un lado, el Real Decreto de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares; y, de otro, el Real Decreto por el que se regula la investigación de los accidentes ferroviarios y la comisión de accidentes ferroviarios. Se enmarca este Real Decreto en las veintidós medidas que está desarrollando el Ministerio de Fomento para la mejora de la seguridad en el sector ferroviario. Tiene como objeto prestar una asistencia integral que garantice la adecuada atención y apoyo a las víctimas, y establezca protocolos para la coordinación de todos los agentes implicados.

También del Ministerio de Fomento, hemos aprobado el Acuerdo por el que autoriza la suscripción del convenio de colaboración entre ese Ministerio y diversas Comunidades Autónomas para ejecutar el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, de rehabilitación edificatoria y regeneración de la renovación urbana 2013-2016; se ratifican las autorizaciones provisionales y se suscriben los convenios en esta materia con Ceuta y Melilla.

Como explicará la Ministra, se trata de facilitar el acceso a la vivienda a sectores que tienen menos recursos, apoyar el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas; y, además, con especial atención, mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y ciudades, que redundará en mayor calidad de vida, ahorros energéticos, una economía de bajo consumo y el cumplimiento de la Estrategia Europea 20-20; además de ser un elemento dinamizador del sector de la construcción en una nueva tarea que a todos nos incumbe, que es la de la eficiencia.

Otro asunto de especial interés que se han acordado en este Consejo de Ministros es la modificación de los límites presupuestarios para posibilitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la convocatoria de becas de carácter general para el curso 2014-2015, destinadas a estudiantes que cursen estudios postobligatorios. La publicación anticipada de esta convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso académico 2014-2015 genera compromiso de gasto en ambas dos anualidades, en 2014 y en 2015, por importe de 1.360 millones de euros: becas para estudiantes universitarios y no universitarios: 1.018 millones; compensación a las universidades de precios públicos de estudiantes becarios, 270 millones de euros; y convocatoria para alumnos con necesidades educativas especiales, 70 millones de euros. Como digo, en conjunto, 1.360 millones de euros.

Por otro lado, quiero destacar algunas inversiones importantes que reciben un avance, un impulso, decidido en este Consejo de Ministros.

Incrementamos los techos de gasto, los límites presupuestarios, para posibilitar por parte del Ministerio de Defensa la contratación del programa especial para la construcción de dos nuevos Buques de Acción Marítima, los que se conocen como BAMs, y además se programan las anualidades de los programas especiales relativos a los helicópteros de enseñanza EC 135. El Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013 autorizó al Ministerio de Defensa a adquirir compromiso de gasto para ejercicios futuros correspondientes a los programas especiales de modernización entre los años 2015 y 2030. Estos programas tienen unas características de financiación que hacen que sea necesario continuas adaptaciones en su desarrollo. En relación con los Programas BAM, se han recepcionado todos los buques que estaban en construcción, pero es necesario proceder a la construcción de dos nuevos buques más; dos buques que se construirán entre este año y 2019 con un coste estimado de 166 millones de euros por cada unidad.

Por otro lado, también se elevan los techos de gasto para adquirir compromiso para financiar por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Agencia Espacial Europea, la participación española en programas espaciales. El Ministerio realiza dos actuaciones en relación con la Agencia Especial Europea, la ESA: una contribución adicional de 500.000 euros en cada uno de los ejercicios 2014 y 2015 para confirmar la creación del Centro de Incubación de Empresas denominado ESABIC-Madrid, durante el ejercicio 2014, que es un centro destinado al desarrollo de operación de los satélites científicos de la ESA. Son centros que se financian al 50 por 100 entre la Agencia y la Administración que alberga el Centro. Así, la ESA aportará siete millones de euros y la Comunidad de Madrid, otros siete.

Y la segunda actuación pasa por consolidar la contribución anual a la Agencia en 152 millones de euros para el período 2015-2022. Ello permitirá a España un nivel de contribución adecuado en los programas que el Consejo Ministerial de la organización tiene previsto aprobar en la próxima reunión del mes de diciembre; programas como los que permitirán desarrollar nuevos lanzadores, mantener en funcionamiento la Estación Espacial Internacional y realizar aportaciones adicionales a programas en curso, como son los de exploración, vuelos tripulados, observación de la tierra, telecomunicaciones, tecnología y seguridad. Son actividades que, además, son susceptibles de ser desarrolladas por empresas españolas y suponen una importante aportación también a la investigación y al desarrollo.

Dentro de las medidas de eficacia en el ámbito del Informe de Reforma de las Administraciones Públicas, en la Referencia verán la autorización a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada y auxiliares de control en la Administración General del Estado. Este contrato centralizado, ¿qué supone? Un ahorro de cuatro millones de euros, sólo en un contrato. Lo que hacemos es sustituir veintidós contratos, con fechas diferentes de finalización, por uno centralizado a partir del 1 de diciembre de 2014, y a él se van incorporando todos los que vayan perdiendo su vigencia. El valor estimado para el período de duración indicado es de 55 millones de euros e incluirá prestar servicios a 116 sedes.

Para la elaboración de los pliegos se ha contado con la colaboración del Ministerio del Interior, por la materia de que se trata, y también de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para las plenas garantías.

Por otro lado, también hemos aprobado los límites presupuestarios para licitar nuevos contratos para la prestación de los servicios de líneas marítimas de interés público, se incrementan los techos de gasto hasta 2017. Ello permitirá el contrato de la línea Península-Melilla, con el anuncio de licitación de un nuevo contrato con una duración de dos años para el período entre el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2016, con posibilidades de prórroga, y un importe anual de licitación de 7.700.000 euros; la línea Algeciras-Ceuta, una nueva licitación para un período de dos años, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, con posible prórroga de seis meses y un coste de licitación de dos millones de euros; y la línea Península-Canarias para un período de dos años, desde el 1 de abril de 2014 --ya ha sido adjudicada-- a 31 de marzo de 2016, con posibilidad de prórroga por otros dos años y un importe anual de un millón y medio de euros.

Voy a dar la palabra a la ministra de Empleo, que nos expondrá el nuevo Proyecto de Ley en materia de mutuas.

Sra. Báñez.- Como ha indicado anteriormente la vicepresidenta del Gobierno, traemos hoy al Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Mutuas de la Seguridad Social. Ustedes saben muy bien que las mutuas son asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro que colaboran en la gestión de prestaciones con la Seguridad Social. Están en todo el territorio nacional, gestionan, en el último año, en el año 2013, más de 9.500 millones de euros en recursos y emplean en más de 24.000 personas. Por tanto, estamos hablando de un colectivo importante colaborador de la Seguridad Social.

Como conocen también muy bien, las funciones que tienen son: la gestión de prestaciones tan importantes como la incapacidad temporal, la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, la prestación por cese de actividad de los autónomos, la de cuidado de menores afectados por cáncer o enfermedad grave, y también realizan, y muy importante, actividades de prevención de riesgos laborales en las mutuas.

¿Justificación de esta reforma? Es una reforma que, como ha dicho muy bien antes la Vicepresidenta, era esperada para darle mayor seguridad jurídica y encaje en un régimen jurídico y normativo estable a las mutuas. Porque desde 1966, en que tuvimos la primera Ley, ha habido cambios normativos con posterioridad, pero siempre todos de forma fragmentaria, sin tener un desarrollo legislativo pleno como es éste que hoy presentamos.

Aparte de eso, tenemos una obligación legal según el mandato de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27 del año 2011, de modernización del Sistema de Seguridad Social, y también es un compromiso de este Gobierno que hemos incluido en nuestro Plan Nacional de Reformas.

El objetivo fundamental de esta Ley, por tanto, ¿cuál es? Es clarificar y sistematizar el régimen jurídico de las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Lo más importante: mejorar las prestaciones del sistema en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los ciudadanos, y también prevenir los riesgos laborales. Y, en último caso, como se trata de la gestión de recursos públicos, que éste se haga con el mayor control posible, la mayor eficiencia, porque con ello también contribuimos a todo el sistema de sostenibilidad de nuestra Seguridad Social.

Por tanto, ésos han sido los objetivos fundamentales de este Proyecto de Ley.

¿Qué incorporaciones tiene, fundamentalmente? Como les decía, en primer lugar, mejorar la gobernanza de las mutuas e incorporar criterios de transparencia y gestión moderna de las actividades y recursos públicos. Se establecen, por tanto, responsabilidades a los miembros de las juntas directivas de las mutuas y a los directores gerentes; circunstancia que en la normativa actual no se contemplaba, por ejemplo.

En segundo lugar, queremos modificar el sistema de reservas de las mutuas --lo que hacen es gestionar, insisto, recursos públicos-- con nuevos topes a esas reservas, porque esos excedentes deben ir al sistema de Seguridad Social, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para el pago de las prestaciones públicas.

En tercer lugar, queremos también determinar nuevos destinos de las aplicaciones de los fondos excedentarios. Especialmente, como queremos mejorar las prestaciones del sistema y la atención y salud de los trabajadores, queremos, por ejemplo, incorporar esos excedentes a las nuevas actividades de I+D+i en las mejoras de tratamientos terapéuticos y de rehabilitación de patologías originadas en los accidentes de trabajo, y, por ejemplo, también para la recolocación de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad.

Por último, queremos también suprimir las sociedades de prevención de riesgos laborales que constituyeron en el pasado las mutuas y, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que señalaba que ejercían competencia desleal con el sector privado, queremos que se pongan a disposición del privado con un plazo para su venta que terminaría el 31 de marzo del año 2015.

En cuanto al primero de los grandes objetivos, que es mejorar la gobernanza, establecemos un estatuto del presidente de la junta directiva y de la junta directiva; se definen conceptos retributivos del personal directivo, claros y transparentes, en línea también con la reforma que se ha hecho de las Administraciones Públicas y de los sueldos y salarios públicos; se regulan, por ejemplo, las funciones del gerente y se limitan sus retribuciones, y ponemos de referencia… Como las mutuas de accidentes de trabajo, aunque son asociaciones de empresarios, están dentro del perímetro público porque gestionan recursos públicos, les decía que la referencia máxima de las retribuciones del gerente se asimila al presidente de una empresa pública del sector público estatal.

Se prohíbe expresamente --y lo quiero señalar también-- a los miembros de las Juntas Directivas de las comisiones de control y seguimiento de las comisiones de prestaciones especiales y a los directivos celebrar contratos de la mutua con sus empresas o con aquellas empresas en las que tengan participaciones, ellos o sus familiares, superiores al 10 por 100; algo que en el pasado no ocurría y que permitía este tipo de contratos.

En cuanto al resultado y las reservas, como les decía, se limitan las reservas de estabilización, con la única finalidad de que los excedentes se reintegren al sistema de Seguridad Social para el pago de las prestaciones públicas.

En cuanto a la gestión de las principales prestaciones, avanzamos en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes y se mejoran los niveles de eficacia y transparencia de los procedimientos de propuestas de alta médica.

Yo quiero señalar, antes de contarles un poco cómo ha quedado todo este proceso, que hemos hecho un intenso y extenso proceso de consultas, por supuesto, con el Ministerio de Sanidad, y el Ministerio de Sanidad así lo ha hecho con las organizaciones médicas y colegiadas, sobre este tenor, porque lo que queremos es garantizar, por supuesto, la salud de los ciudadanos, pero hacerlo en el mejor tiempo posible y de forma más eficiente.

Hemos tenido también en cuenta todas las aportaciones que nos han llegado de los interlocutores sociales y de todas las asociaciones que tienen alguna relación con esta prestación.

Y quiero decir, para que quede claro, que el alta médica siempre la dará un médico en España. Eso va a seguir siendo así. Lo que si se produce es la propuesta de alta de la mutua y el Servicio Público de Salud, a través de sus médicos, podrá contestar a esa propuesta de alta médica en un plazo de cinco días hábiles; antes era de quince, ahora se reduce a cinco. Y desde el primer momento, y esto por indicación también de las organizaciones sindicales --nos ha parecido una buena propuesta--, se comunicará, no sólo a la empresa, sino también al trabajador, para que todo trabajador tenga conocimiento de esa propuesta de alta desde el primer momento.

Las mutuas pueden efectuar controles también de la incapacidad temporal desde el primer día; antes era del decimosexto. Y también, en el caso de que la propuesta de alta sea negativa por parte del Servicio Público o no se conteste, la mutua podrá dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social para que le responda en cuatro días hábiles posteriores. Por tanto, así cerramos todo el procedimiento que, insisto, ha sido acordado con el sector sanitario y tiene también el conocimiento y la colaboración de los interlocutores sociales.

Quiero decir también que, en esta mejora de la gobernanza, ustedes saben muy bien que hay una parte de los recursos materiales y de los servicios de diagnóstico de las mutuas que no se utilizan durante todo el día, todos los días de la semana, y queremos poner esos recursos a disposición de las Comunidades Autónomas por si quieren concertar los Servicios Públicos de Salud para atender mejor a los ciudadanos, posibilitando el diagnóstico en menos tiempo posible, o poder utilizar esa parte de recursos materiales también a disposición del resto de los ciudadanos sobre las prestaciones que contemplen las mutuas. En el caso de que no los utilicen con esos convenios o conciertos, a precio de coste, por otra parte, los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas, podrán también concertarlos las mutuas, a cambio de ingresos también, con la sanidad privada. De esa manera podemos hacer un uso más eficiente de esos elementos de diagnóstico y recursos materiales que no se utilizan todo el tiempo.

Otra de las prestaciones importantes que dan las mutuas es el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Tal y como ha quedado el diseño de esta prestación, quiero decir que lo hemos acordado con las asociaciones de autónomos. Ustedes saben muy bien que, a día de hoy, el 80 por 100 de las peticiones de este tipo de prestación por parte de los autónomos se rechazaban, porque era muy rígido y muy difícil de justificar las pérdidas para un autónomo. Nosotros hemos cambiado las condiciones y hemos mejorado la prestación, porque la hemos hecho además autofinanciable, de acuerdo, insisto, con las organizaciones de autónomos.

De tal manera, seguimos manteniendo esta prestación de cese de actividad de los autónomos como voluntaria para los autónomos; además, y es muy importante, eliminamos la obligatoriedad de las contingencias profesionales, y para que los autónomos puedan pedir el cese de actividad cuando aleguen motivos económicos, el nivel de pérdidas será del 10 por 100, no del 30 por 100 como era en este momento, y así se facilitará la incorporación de los autónomos a esta prestación que pagan y que en un 80 por 100 de los casos se rechazaba.

Asimismo, quiero decir que se mejoran los medios de prueba que puedan utilizar, desde una declaración jurada hasta documentos contables profesionales, que estableceremos con ellos reglamentariamente. Y también que el tipo de cotización, como va a ser una prestación autofinanciable para el sistema, oscilará entre el 2,2 por 100 y el 4 por 100, en función de los presupuestos de cada año sobre los posibles beneficiarios y el coste de la prestación.

Por otro lado, tenemos el Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de la gestión de la incapacidad temporal en los 365 días primeros de la prestación. Quiero decir que con este Real Decreto, que ha sido ampliamente consensuado también con los interlocutores sociales y con las Comunidades Autónomas, se reducen las cargas burocráticas, de forma que los partes de confirmación que se tenían que pedir todas las semanas cada siete días, ahora cambien y se reorganicen de otra manera: en los procesos de cortísima duración de IT, de entre uno y cinco días, se darán en el mismo momento el alta y la baja al trabajador; en los procesos de corta duración, entre cinco y treinta días, se expedirán los partes cada catorce días; en los procesos de duración media, de treinta uno a sesenta días, será cada veintiocho días; y en aquéllos de larga duración, superiores a 61 días, se hará a partir de 35 días.

De esta manera, favorecemos, por una parte, al trabajador y a sus familiares, que no tengan que desplazarse tanto a los ambulatorios o a la Seguridad Social para confirmar ese parte; también, se favorece a los Servicios Públicos de Salud, porque descargamos a los Servicios Públicos de Salud de una serie de burocracia que nada tiene que ver muchas veces con la incapacidad del trabajador; y también favorecemos a las empresas porque así pueden tener un mejor control de lo que son estas bajas y también una mejor gestión en la tramitación de esos partes de confirmación.

Quiero decir que, de las patologías más comunes, teniendo en cuenta no sólo la patología concreta, sino la edad del trabajador y el puesto de trabajo en el que realiza su actividad, hemos hecho una guía de tiempos medios de la prestación, en colaboración, como se imaginan, con los profesionales de sector, de tal manera que cada patología tiene asociada un tiempo medio, y eso será orientativo lo para la gestión con las Comunidades Autónomas y los Servicios Públicos de Salud de la IT. De esta manera, ganamos todos: gana el sistema y también gana en certidumbre el trabajador a la hora de tener una baja por incapacidad.

Ésos son, querido Vicepresidenta, los temas más relevantes de los dos ámbitos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sra. Pastor.- El Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se autoriza la suscripción de convenios de colaboración del Ministerio de Fomento con las Comunidades Autónomas, como saben, es para el fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas.

Como ustedes conocen, porque lo hemos aprobado en Consejo de Ministros y tuve la oportunidad, en esta rueda de prensa, de presentarlo a los medios de comunicación, el cambio en la política de este Gobierno ha sido que la política de vivienda se base en dos aspectos fundamentales: de un lado, facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menos recursos; y, en segundo lugar, apoyar el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta y para favorecer la salida del abultado stock de vivienda vacía que tenemos en nuestro país.

Fomentar la rehabilitación de edificios es una tarea que tiene pendiente España, y la regeneración y renovación urbana en muchos casos. ¿Por qué? Porque, como todos ustedes saben, en España hay más de cinco millones de viviendas que tienen más de cincuenta años, muchas no tienen ascensor, tienen problemas de accesibilidad y en muchas de ellas viven personas mayores que tienen, a veces, dificultad en el movimiento. Por lo tanto, la política tiene que ir destinada a quien más lo necesita.

También, mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios y de las ciudades, que va a redundar en la calidad de vida de las personas: ahorros energéticos, economía de bajo consumo en carbono y el cumplimiento, además, de la Estrategia 20-20, como decía hace un momento la Vicepresidenta.

Hemos aprobado hoy ya tres normas importantes que han puesto en marcha este cambio de modelo: el Real Decreto, que recuerdan bien, que regulaba el Plan Estatal; la Ley de Medidas de Flexibilización del Mercado del Alquiler, que está dando ya sus frutos, porque en España está empezando a incrementarse el número de personas que viven en alquiler, y también la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana.

Me refiero ahora al mecanismo mediante el cual se producen las ayudas a la vivienda. Por un lado, está el Ministerio de Fomento, que sigue subsidiando parte de los préstamos que se dan a personas que están comprando una vivienda, que tienen que pagar el préstamo y sus intereses a una entidad financiera. Nosotros lo que hacemos es ir trasfiriendo todos los meses las cuantías que corresponden a cada persona y la entidad financiera se lo descuenta. Y por otro lado, para todo lo que es política de alquiler y política de rehabilitación y renovación de viviendas, lo hacemos a través de convenios con las Comunidades Autónomas.

¿Qué incluye el programa? Por un lado, la subsidiación, como les digo, que es la subsidiación de préstamos convenidos; y, por otro lado, programas de alquiler, que son, fundamentalmente, el programa de ayuda al alquiler, que ahora se lo voy a describir, y el programa del fomento de parque público de vivienda en alquiler. Es decir, siguen existiendo ayudas para aquellas instituciones públicas -Ayuntamientos, Comunidades Autónomas-- que quieran o que necesiten hacer viviendas, porque son necesarias en algunos lugares, para luego alquilarlas y alquilarlas, además, dentro de lo que pueden acceder las familias con menos recursos.

También se incluyen el Programa de Fomento de la rehabilitación edificatoria, el de fomento de la regeneración y renovación urbana, el apoyo a la implantación del informe de evaluación de edificios y el Programa para el Fomento de ciudades sostenibles.

En subsidiación, la ayuda, como les decía, se descuenta de la cuota que paga cada persona. En el Ministerio transferimos el dinero y se mantienen --esto quiero que quede meridianamente claro-- las ayudas de subisidiación concedidas en aplicación de planes de vivienda anteriores para ayudar a los deudores hipotecarios con menores recursos.

En segundo lugar, el Programa de alquiler. Aquí, lo que se hace es que puedan acceder más familias, más personas y sectores de población con pocos recursos. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Las personas físicas mayores de edad, con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, 22.365,42 euros, modularlo según el número de miembros de la familia, de la composición del núcleo familiar, y el alquiler mensual tiene que ser igual o inferior a 600 euros. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Que nos estábamos encontrado con que se estaba dando ayudas a personas que alquilaban viviendas de mil y pico euros. Ahí entendemos que no está el problema, el problema está justamente en personas, en familias, con más bajos recursos.

Las ayudas llegarán hasta el 40 por 100 de la renta del alquiler, con un límite máximo de 2.400 euros anuales por vivienda, con un plazo de doce meses prorrogable año a año en todos los años del Plan, y tendrán preferencia las personas afectadas en procedimiento de desahucios.

También, el Programa de Fomento del parque público de vivienda en alquiler que les contaba antes, que es la creación de un parque público de vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. ¿Quiénes va a ser los beneficiarios? Las Administraciones Públicas que lo promuevan, los organismos públicos, las fundaciones, las ONGs o las empresas privadas con derecho de superficie, que a su vez construyen para alquilar. Por ponerles dos ejemplos, va a haber dos tipos de vivienda: lo que se llama vivienda de alquiler en rotación para unidades de convivencia con rentas de hasta 1.2 veces el IPREM y el precio del alquiler no podrá superar los 4,7 euros mensuales por metro útil; o bien vivienda de alquiler protegido para unidades de convivencia con ingresos entre 1,2 y tres veces el IPREM. Estas ayudas son muy importantes y van destinadas también a todos aquellos lugares donde se necesita y hay muchas personas que quieren acceder a una vivienda, y así lo van a hacer en viviendas de alquiler.

Y, por otro lado, el Programa de rehabilitación edificatoria. Saben que España también tiene un déficit en esta materia. Nosotros, porcentualmente, estamos alejados casi cincuenta puntos de otros países en materia de rehabilitación de viviendas. Pero, como les digo, tenemos viviendas que son muy antiguas y muchas de ellas, en no muy buenas condiciones. Por lo tanto, la medida es para impulsar las actuaciones de intervención en edificios e instalaciones para mejorar su conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.

Los inmuebles deben de tener una antigüedad anterior a 1981 y, al menos, el 70 por 100 de su superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Esto también, como los recursos no son ilimitados, va dirigido a las familias y a las personas que viven y que más lo necesitan. Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de viviendas son los beneficiarios de esta ayuda.

Las ayudas serán de hasta cuatro mil euros por vivienda para conservación, hasta dos mil euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética, cinco mil euros si se reduce en un 50 por 100 la demanda energética del edificio y hasta cuatro mil euros por vivienda para la mejora de la accesibilidad. El límite, la cuantía, no podrá superar el 35 por 100 del presupuesto y, excepcionalmente en el caso de mejora de la accesibilidad, el 50 por 100, y en todo caso, once mil euros como máximo por vivienda.

El siguiente Programa que se incluye en la aprobación del Consejo de Ministros es el de fomento de la regeneración y renovación urbana. ¿Qué significa esto? Significa financiar de forma conjunta obras de rehabilitación en edificios y viviendas, o bien de urbanización y reurbanización del espacio público, o de sustitución de edificios que están en malas condiciones y que hay que sustituirlos por viviendas nuevas. Desde luego, ésta es una medida que no se necesita en todos los lugares, pero hay lugares muy necesitados donde las condiciones de la vivienda hay que sustituirlas de forma íntegra.

¿Quiénes son los beneficiarios? Quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación: las Administraciones Públicas, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades, consorcios, etcétera.

También el Programa incluye estas ayudas con unos máximos, lógicamente: un máximo del 35 por 100 del presupuesto con un tope, hasta once mil euros por vivienda rehabilitada, hasta treinta mil euros por vivienda construida en sustitución de una demolida y hasta dos mil euros por vivienda para la obra de urbanización, y se podrán añadir cuatro mil euros anuales, máximo tres años, por unidad de convivencia a realojar.

Igualmente, incluye la financiación del informe de evaluación de edificio, que saben que es un informe que está regulado en una Ley del año 2013, que analiza el estado de conservación, de accesibilidad y de eficiencia energética. Esto lo que va a permitir es el impulso, la implantación y la generalización de un informe de avaluación que es clave para saber cómo está y, sobre todo, para garantizar la mejor calidad de nuestros edificios. Ahí se evalúan las condiciones de accesibilidad, la eficiencia energética, etc., etc.

Y, después, el Programa de implantación del informe de evaluación de edificios, que también es una ayuda de veinte euros por vivienda, con un máximo de quinientos euros por edificio y del 50 por 100 del coste de los edificios que tienen que pasar, como saben, este tipo de inspección.

Por último, el Programa de fomento de ciudades sostenibles y competitivas, que es financiación de la ejecución de proyectos de especial trascendencia en mejora de barrios que están deteriorados, en centros y casos históricos, en sustitución de infravivienda, porque tenemos infravivienda, en eco-barrios o en zonas turísticas. Los beneficiarios, semejante a lo que he dicho antes. El máximo es del 40 por 100 de los presupuestos, hasta once mil euros por vivienda rehabilitada, hasta treinta mil euros por vivienda construida en sustitución de la demolida, y hasta dos mil euros por vivienda para obra en urbanización.

El reparto de los fondos --y término ya este informe-- para subvenciones del Plan Estatal ha sido acordado con las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial y se ha aprobado por unanimidad. El 70 por 100 de los fondos no depende de lo que aporten las Comunidades, los pone el Estado. El Estado pone el 70 por 100 de los fondos y en el 30 por 100 restante requiere que la Comunidad Autónoma aporte al Plan una cantidad equivalente, el 30 por 100 restante.

En cuanto a la inversión y los efectos del Plan, la inversión del Ministerio será de 2.311 millones y la inversión de las Comunidades 216 millones; total inversión pública, 2.527 millones de euros. Y la inversión privada inducida de toda esta parte, sobre todo de la parte que tiene que ver con rehabilitación y también esa otra parte de construcción de viviendas para alquiler, va a suponer, y tenemos los cálculos de los técnicos, dicen: 1.268 millones. Estamos hablando, por tanto, de una inversión total de 3.795 millones de euros.

¿A cuantas personas pensamos? Se está estudiando y los técnicos tienen hechos sus análisis. Cuando menos, a más de doscientos personas para ayudas al alquiler, más de cincuenta mil viviendas rehabilitadas y 230.000 ayudas de subsidiación de préstamos. ¿Puestos de trabajo directos en estos tres años? 36.000 puestos de trabajo es la evaluación que hacen los técnicos y los expertos.

Los siguientes dos Reales Decretos tienen que ver con la asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, y también con algunas novedades con respecto a la Comisión de Investigación de accidentes e incidentes ferroviarios y la comisión de investigación de todos ellos.

Como saben, ésta es una de las medidas que yo presenté, va a hacer un año dentro de poco, en el Congreso de los Diputados, de las que se ha dado cuenta también en el Congreso de los Diputados y --lo decía la Vicepresidenta en su intervención-- se enmarca en estas veintidós medidas que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento.

¿Qué objeto tiene la norma? La norma lo que tiene por objeto es mejorar la asistencia integral que garantice una adecuada atención y apoyo integral a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares, y establecer los protocolos de coordinación entre todos los agentes implicados que, como saben, tienen que funcionar de una manera totalmente adecuada.

Entre otros aspectos, les voy a poner algunos ejemplos de lo que recoge. Recoge, por ejemplo, la comunicación a Embajadas de otros Estados de la existencia de víctimas de sus respectivas nacionalidades; la tramitación de visados y autorizaciones para la entrada o salida de nuestro país; la expedición de forma rápida de documentos de identidad o de viaje a víctimas y familiares; las medidas administrativas que permitan la repatriación, si fuera necesario; la prestación de la información relativa a la identificación de las víctimas; el Plan integral que recoge la asistencia psicológica; la protección de la intimidad y de la dignidad de las víctimas y sus familiares; la habilitación de espacios privados para los familiares; la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con las policías autonómicas, y los responsables de todos los servicios públicos; la prestación de todo tipo de información a las víctimas y, además, facilitar información sobre las personas a bordo del tren accidentado y las medidas de asistencia a todos los familiares. Todos los requisitos para garantizar toda esta atención.

Son muchas más las cosas que se recogen; por ejemplo, el transporte y el alojamiento de las víctimas y de los familiares, el depósito y devolución de los efectos personales, que es una cosa muy importante para aliviar al dolor de las familias; la formación del personal y la realización de simulacros como los que estamos haciendo con la UME, como saben, especialmente en túneles, y algo muy importante que lleva muchos años en este país sin revisarse, que es el seguro obligatorio de viajeros. Por eso, el Real Decreto contempla una disposición adicional que incrementa el baremo de indemnización actual que estaba fijado en el Reglamento del Seguro de Viajeros. De esta forma, en caso de accidente ferroviario, la persona accidentada o los beneficiarios percibirán una indemnización que duplica a la contemplada en este momento en el ordenamiento jurídico de nuestro país.

En cuanto al último Real Decreto, el Gobierno ha dado luz verde también a la modificación de la norma que regula el funcionamiento de la CIAF. El texto lo que hace es contemplar una serie de extremos que lo que hagan es garantizar la investigación de este tipo de accidentes.

Saben que ya hay otras dos comisiones, la CIAIAC para accidentes aéreos y también la CIAIM para accidentes marítimos. Y ya existe la CIAF que es la investiga los accidentes ferroviarios; Pero hemos querido abundar en algunos extremos que creo que eran importantes y que lo que vienen, desde luego, es a dotar a estos profesionales independientes de los recursos necesarios y de todos los medios para que puedan trabajar de una manera adecuada.

Se regulan, por tanto, una norma específica para la mejora en toda la red ferroviaria de interés general del Estado; también la trasparencia en todo el procedimiento de investigación; las funciones que tiene la Comisión y la regulación de los nombramientos. El presidente y los vocales del pleno de la CIAF serán nombrados por el ministro de Fomento, pero previo conocimiento y aceptación del Congreso de los Diputados, de la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados. El Congreso podrá aceptar el nombramiento o podrá también manifestar su veto, y el Congreso acordará, siempre que lo considere, la comparecencia del presidente.

También se regula la figura del vicepresidente; se vinculan los nombramientos exclusivamente al prestigio y a la cualificación profesional --por ejemplo, había limitaciones referidas a la situación laboral en algunos casos--; se recogen las causas de cese de sus miembros; el mandato pasa a ser de cuatro años a seis años y también, algo muy importante, se especifica pormenorizadamente el procedimiento de investigación: se detallan las funciones; el equipo de investigación es totalmente independiente, lo es ahora y lo sigue siendo, y lo que se hace es detallar las personas.

Esto es muy importante y es una petición permanente de las víctimas de todos los accidentes de las tres áreas, que es que las personas tengan derecho a obtener información sobre la investigación y sus avances: el administrador de infraestructuras y las empresas ferroviarias, pero también la autoridad responsable de la seguridad; las víctimas y sus familiares; los propietarios de bienes dañados; los fabricantes; los servicios de socorro implicados; los representantes del personal y los usuarios, pero especialmente que tengan acceso las víctimas. Se les brindará, además la oportunidad de exponer todos sus puntos de vista en esta investigación que es independiente y es trasparente.

Se prevé un trámite de observaciones y, desde luego, los interesados que les he señalado tendrán acceso a la información relativa a los hechos y a las investigaciones contenidas en la propuesta de informe de los técnicos y podrán formular observaciones al respecto. El Ministerio de Fomento dará traslado de la memoria de todo ello a los presidentes de las Comisiones competentes del Congreso y del Senado.

P.- A la ministra de Empleo. En la memoria de la Ley de Mutuas hay una previsión de ahorro de quinientos millones con el control de las bajas. Yo quería saber si esto es mucho o poco, teniendo en cuenta que ya han recortado mucho en bajas pero que, a la vez, CEOE y mutuas dicen que se podría ahorrar mucho más: en el entorno de cuatro mil millones.

A la Vicepresidenta o a la ministra de Empleo, sobre el despido. El lunes Hacienda se comprometió con patronal y sindicatos a presentar una propuesta sobre el despido en la reforma fiscal, que entiendo que se aprobará el próximo viernes, 25. Quería saber si la tienen ya y a cuánto podrían elevar la cantidad exenta de tributar.

A la Vicepresidenta, sobre el encuentro del presidente con PIMEC. ¿Se siente el Gobierno respaldado por las empresas catalanas ante el desafío de Artur Mas? ¿Qué papel está jugando este empresariado catalán en este desafío?

Sra. Báñez.- Respecto a la primera pregunta, querría decir que los ahorros para el sector público y para el sistema de Seguridad Social son los que figuran en la memoria del Proyecto de Ley, y, como la prestación por incapacidad temporal tiene también ahorros cuando se mejora su eficacia para las empresas, por eso ese cálculo los hacen las empresas. Pero una parte son ahorros públicos y otra son los ahorros que las empresas, en una mejora de esa gestión, también tienen a lo largo del año.

A la segunda de sus preguntas, con permiso de la Vicepresidenta, como se comprometió el Gobierno y han dicho reiteradamente tanto la Vicepresidenta como el ministro de Hacienda, se están teniendo reuniones con los interlocutores sociales para modular la propuesta, que era una propuesta para el debate y para el diálogo. En todo caso, como saben muy bien, la indemnización por despido tributa desde hace mucho tiempo en España. Lo que queremos es mejorar esa equidad y garantizar una mayor justicia tributaria para los ciudadanos, para que no tributen y no tengan el mismo tratamiento fiscal los salarios altos que los salarios medios y bajos en este país. Queremos que la mayoría de los salarios medios y bajos queden, en todo caso, excluidos.

En ese sentido, estamos recibiendo las aportaciones de los interlocutores sociales y de la sociedad civil, y el Gobierno presentará en próximas fechas una propuesta para ese consenso y esa negociación que desde el primer momento planteó el ministro de Hacienda en nombre del presidente del Gobierno.

Vicepresidenta.- Sobre la reunión del presidente del Gobierno con PIMEC, se está celebrando en estos momentos. Estaban reunidos cuando hemos bajado a esta rueda de prensa y no le puedo informar ahora del resultado de la reunión.

Sí me gustaría señalar una serie de cuestiones, que son importantes. De un lado, y respecto a lo que usted ha llamado "el desafío en Cataluña", el presidente del Gobierno lo que se siente es amparado por la Constitución y por las leyes, que además está obligado a respetar él mismo y a hacer respetar. Creo que ése es el marco de convivencia que nos ampara y nos protege a todos, por cuando nadie puede decidir sin el consenso de lo que establece la Constitución cómo quiere que se desarrolle el futuro del conjunto de los españoles.

Por otro lado, el Presidente siempre ha mantenido una interlocución abierta, porque yo no me canso de reiterar que nosotros somos también Gobierno de Cataluña, y para nosotros las Pymes y los autónomos, en general todas pero también las catalanas, son muy importantes y son un elemento clave para la recuperación, por lo que me imagino que también éste será uno de los elementos importantes que se abordará en este reunión, por cuanto el Gobierno tiene un plan de apoyo a los emprendedores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, en todos los ámbitos: en su financiación, en su internacionalización, en la necesidad de eliminar trabas, de favorecer su constitución y de garantizar que puedan desarrollarse cada vez más; también su tratamiento, que es muy importante, en el ámbito de la reforma fiscal, que formará parte, sin ningún género de dudas, del contenido de esa reunión.

P.- Para la Vicepresidenta. Quería saber si se ha podido avanzar algo en la concreción de la fecha de la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, y si el Gobierno espera que pueda servir para algo esa reunión, después del cruce de declaraciones en los últimos días, ratificándose tanto el señor Rajoy, como el señor Mas, en sus posiciones en contra y a favor de la consulta.

Por otro lado, ¿el Gobierno cree que las primeras decisiones del futuro secretario general del PSOE, como el voto en contra del señor Juncker, pueden condicionar el diálogo futuro entre el Gobierno y el principal partido de la oposición?

Vicepresidenta.- No puedo concretarle las fechas. Como señaló el presidente del Gobierno en la última comparecencia ante los medios, se está cerrando y se les informará oportunamente.

Sobre el contenido de esa reunión, indudablemente, el presidente del Gobierno ha dejado muy claro de lo que él no puede disponer y él, desde luego, no puede disponer de la soberanía del conjunto del pueblo español ni autorizar lo que las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional consideran que no puede hacerse dentro de nuestro marco de convivencia.

Nuestra posición en ese sentido es muy clara: el referéndum no cabe dentro de nuestra Constitución, ese referéndum de autodeterminación, y no se va a celebrar en ninguna de sus vertientes.

Ahora bien, el Gobierno, como lo ha hecho a lo largo de toda la Legislatura, trabaja por el interés de todos los españoles, también por el interés de los catalanes, y, desde luego, en todo cuanto sea beneficioso para la convivencia en Cataluña, para su desarrollo económico, para la creación de empleo y para un clima adecuado de convivencia, desde luego, yo dejo por sentado la clara voluntad del presidente del Gobierno para trabajar en beneficio también de esa Comunidad Autónoma, del conjunto de los españoles, y hacerlo en el clima de diálogo y consenso que pueda construir en el entorno de esa reunión.

Sobre la decisión del secretario general del Partido Socialista, siempre he considerado que los pactos están para cumplirlos y, desde luego, es voluntad del presidente del Gobierno, y así lo ha señalado, que él apoyará las candidaturas del Partido Socialista que puedan, en su caso, presentarse, ya sea para Alto Representante o para presidente del Consejo; lo ha dejado bien claro. Igual que hubiéramos apoyado la candidatura del señor Schulz si hubiera sido el que hubiera ganado esas elecciones europeas. Nosotros hubiéramos respetado los pactos.

Creemos que respetar los pactos es bueno para que a uno se lo tomen en serio y, sobre todo, porque el respetar la palabra dada facilita mucho llegar a acuerdos en el futuro, porque, cuando nos sentamos con alguien que acostumbra a respetar lo que dice o a respetar lo que quienes han ocupado su puesto con anterioridad se han comprometido, eso da mucha seguridad. Es muy difícil sentarse con desconfianza sobre cuál va a ser el posicionamiento sobre si lo que a uno le dicen o le han dicho lo van a mantener.

Pero, desde luego, nuestra voluntad de diálogo y consenso con el principal partido de la oposición está ahí. Creemos que es necesario que en los asuntos de Estado nos entendamos. Para nosotros la política europea lo es y, además, lo digo sinceramente, lo ha sido en esta Legislatura y en la anterior, en que nos hemos puesto de acuerdo en muchas cuestiones: la Presidencia española en el Consejo de la Unión Europea durante la Legislatura pasada y algunos aspectos importantes que se han debatido en el ámbito europeo durante ésta. Y nos hubiera gustado mantenerlo y preservarlo.

No obstante, nosotros trabajaremos para restaurar aquello y para que en asuntos que entendemos que la política debe variar poco con independencia del partido que gobierna, porque son asuntos de Estado y estamos llamados a un entendimiento, seguiremos trabajando para ello.

P.- Vicepresidenta, me gustaría hacerle tres preguntas. La primera son los motivos de la dimisión de la directora del ICAA y me gustaría también saber si tienen un nombre para sustituirla.

Por otro lado, le quería preguntar si el Gobierno condena los ataques de Israel y si tienen previsto hacer algún movimiento diplomático para pedir el cese de los ataques.

Luego, le quería preguntar también si el presidente del Gobierno tiene intención de hablar, de consensuar, una postura con el futuro líder del PSOE, con Pedro Sánchez, antes de la entrevista con Mas.

Vicepresidenta.- Me pregunta el nombre de la persona que va a suceder a Susana de la Sierra. Si me permite, se ha nombrado por el Consejo de Ministros hoy a doña Lorena González Olivares como directora del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado desde 1997. Desde febrero de 2014 ocupaba el puesto de Secretaria General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

El Gobierno ha aceptado la dimisión presentada por Susana de la Sierra y es a ella a quien le corresponde, en su caso, dar las explicaciones que considere oportunas. Nosotros hemos procedido a su relevo, como corresponde, en una persona que conoce bien el área en la que va a trabajar.

Por otro lado, sobre la segunda de sus preguntas, desde luego, España expresa su profunda preocupación por el anuncio oficial israelí de una intervención terrestre en Gaza. Desde luego, lamentamos esta decisión e instamos a la máxima contención y a un respeto escrupuloso de las vidas de civiles y a las instalaciones de servicios sociales, como escuelas o centros de salud.

Reiteramos el llamamiento al alto el fuego a todas las partes y, además, reafirmamos la necesidad de restaurar un ambiente que permita retomar las negociaciones para una solución basada en dos Estados, que resulta gravemente puesta en riesgo por los acontecimientos presentes. Siempre el Gobierno de España y los Gobiernos de España han seguido con gran interés este asunto, se han involucrado muy directamente en muchas ocasiones y, desde luego, nuestra colaboración es máxima para ayudar a la resolución de este conflicto.

Por otro lado, y en cuanto a la reunión con el Secretario General, siempre se ha mantenido por parte del presidente del Gobierno con el líder de la oposición una interlocución constante sobre estos asuntos y nuestra voluntad es mantenerla, como se hizo con el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, con su sucesor, con el señor Pedro Sánchez, de la misma manera. Decía hace un momento que éstos son asuntos de Estado en que creemos que esa comunicación es buena y nosotros la vamos a mantener con independencia de las personas, porque ya no sabemos si las personas van a mantener o no la misma línea. Eso ya depende del Partido Socialista. Pero nuestra posición no ha cambiado, ya se llame Alfredo Pérez Rubalcaba, ya se llame Pedro Sánchez. En estos temas seguiremos manteniendo esa interlocución como lo hemos hecho hasta ahora.

P.- Vicepresidenta, respecto a la reunión de Rajoy y Mas, ha dejado usted muy claro --siempre lo ha dejado claro-- donde no hay espacio para la negociación. Le quería preguntar dónde sí ve espacio para la negociación, si podría concretar algo más. Se habla del sistema de financiación, se habla de otras cosas. ¿Dónde ve el Gobierno que se podría mover una negociación o, en fin, un diálogo con el señor Mas?

También le quería preguntar si está en condiciones en este momento de garantizar que la Ley del Aborto se va a aprobar antes de agosto o se va a dejar para más adelante, o para nunca.

Por último, ha explicado usted lo de la dimisión…; no ha explicado, ha detallado quién sustituye a la directora general del Cine, pero yo le quería preguntar una respuesta política, un mensaje al mundo del cine, que ve que no le han bajado el IVA cultural, que están moviendo una campaña y que ve que la máxima responsable de ese asunto del Gobierno dimite. ¿Qué mensaje traslada el Gobierno al mundo del cine en este momento?

Vicepresidenta.- Permítame que diga que es bueno que se deje por sentado que el Gobierno ha dejado muy claro que el referéndum no se va a celebrar y que la actitud del Gobierno en este sentido es bastante clara y firme.

Sobre los espacios de diálogo, se lo señalaba a su compañero. Indudablemente, ese referéndum no se puede celebrar y con esa posición del señor Mas de entrada entenderá que dificulta mucho la apertura de procesos de diálogo.

Pero dicho lo cual, nosotros vamos a esa reunión con un espíritu abierto. Creemos que hay muchos asuntos de la vida de los catalanes en que ambos pueden entenderse y deben entenderse, y nos gustaría también conocer cuál es la posición, respecto del referéndum, del señor Artur Mas porque, como le digo, si estamos en "sostenella y no enmendalla" en un punto en el que el Gobierno no tiene capacidad de negociación, indudablemente eso ocupa otros ámbitos que hacen más difícil alternativas.

Sobre la segunda de sus preguntas, el Gobierno ha recibido los informes y el Ministerio está trabajando sobre los mismos, así como sobre todas las aportaciones que se han recibido en relación con esa Ley. Cuando esté incluida en el Índice, como siempre, les informaremos.

Y sobre la dimisión de Susana de la Sierra, he explicado que los motivos no le corresponden a este Gobierno, pero sí señalar que, desde luego, los Ministerios de Hacienda y de Educación han trabajado de forma conjunta en mejorar las condiciones de financiación del cine. Como es la práctica habitual en estos Ministerios, se creó una Comisión del Mecenazgo donde se han estudiado diferentes modelos de financiación del sector, incluyendo incentivos fiscales y subvenciones, y hay un Informe de Conclusiones, del que ahora dispone el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se ha recibido a todas las asociaciones representativas a fin de recabar las propuestas de reformas y financiación del sector. En este punto es en el que el Ministerio de Hacienda sigue trabajando para potenciar las actividades culturales y mejorar las condiciones regulatorias del sector, como digo, teniendo como referencia ese Informe de Conclusiones de la Comisión Interministerial de la que formaban parte diversos Ministerios y también la persona por la que usted me ha preguntado.

P.- Me gustaría preguntarle a la ministra de Empleo. Se ha referido a que el 80 por 100 de las peticiones por cese de actividad de los autónomos son rechazadas. Con esta reforma, ¿han calculado en qué medida podría descender ese altísimo porcentaje?

De la ministra de Fomento, si es posible, quería una valoración sobre la convocatoria de huelga en Renfe en estas críticas fechas para los usuarios y si ha estimado o evaluado pérdidas, y si hay algún plan B para atender las demandas de los ciudadanos.

Sra. Báñez.- Quiero decir que, con relación con el cese de actividades de los autónomos, que es una prestación que, como decía, era rechazada en la mayoría de las ocasiones, le daré los últimos datos de los que dispone el Ministerio: ahora mismo, están cotizando por cese de actividad 642.751 autónomas; datos del primer trimestre de este año 2014. Las solicitudes que se han presentado a lo largo de este primer trimestre han sido 2.029 y, sin embargo, sólo se han reconocido 537 prestaciones; es decir, el 26 por 100.

Por tanto, lo que pretendemos con esta reforma del sistema y de la prestación del cese de actividad, habiéndola acordado, como les decía, con las organizaciones de autónomos, es que sean casi todos los que tengan acceso a esta prestación, por la que, por otra parte, cotizan al sistema, como he dicho, de forma voluntaria. Por tanto, nuestro objetivo es que aquél que tenga derecho pueda reconocer esas pérdidas para acceder a ese cese de actividad.

Sra. Pastor.- Con respecto a la pregunta, quiero decirle que el clima de diálogo entre las empresas públicas del Grupo Fomento y los representantes de los trabajadores es el clima de diálogo habitual.

Yo he pedido responsabilidad, puesto que son unos días muy importantes para muchos españoles, son unos días claves para el turismo en nuestro país. Por lo tanto, con el respeto a los derechos de todos, desde luego, lo que sí pido y apelo es a la responsabilidad, porque el daño que se hace al país y a los intereses, no sólo los económicos, los personales, de las personas que tienen previsto desplazarse para ver a sus familias, para descansar, desde luego, es tremendo. Por lo tanto, yo apelo una vez más a la responsabilidad.

Las mesas siguen abiertas, se sigue dialogando y yo lo que querría lograr es que esa huelga no se lleve a efecto.

Ya hemos tenido en algunas veces anteriores también en algunos sectores del transporte y a mí me gustaría que, como en anteriores ocasiones, todo lo que se pueda arreglar hablando, dialogando y entendiéndose, que no se vaya a lo que perjudica a quien no puede defenderse, que son los ciudadanos de nuestro país y que son los millones de personas que nos visitan.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.