Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de las ministras de Fomento y de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Como saben, desde el inicio de la Legislatura el Gobierno ha llevado a cabo una intensa agenda reformista. En una primera fase, en una primera generación de reformas, hemos acordado que la economía española gane en eficiencia, en flexibilidad y en capacidad de competir, iniciando una nueva etapa de recuperación.

Hace dos años, en el mes de julio, estábamos hablando, y ustedes me preguntaban, de lo que me preguntaban ampliamente, que no era de otra cosa que del rescate. Pues bien, aquí estamos, en el mes de julio del año 2014, comenzando una segunda fase de reformas, una segunda generación de reformas, con las que se pretende consolidar el crecimiento económico, afianzar la creación de empleo y trasladar los efectos de la recuperación a todos los ciudadanos. Se trata de seguir avanzando en las cifras de reducción del paro, como las que hemos conocido esta semana, y de mejorar todavía más los índices de confianza, como los que estamos viendo en los últimos indicadores, tanto a nivel nacional, del Centro de Investigaciones Sociológicas, como a nivel comunitario o de otras instituciones de naturaleza privada.

Como bien saben, hace unas semanas, el 6 de junio, aprobamos un Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficacia en el Consejo de Ministros. Se trataba de un impulso determinante para el crecimiento y la recuperación con un conjunto de medidas en distintos ámbitos. Pusimos ese Plan en marcha y hasta la fecha se han aprobado ya algunas de sus medidas, como la reducción del objetivo de emisión del Tesoro hasta los 55.000 millones de euros; el Programa de Garantía de Unidad de Mercado; el refuerzo de la política de I+D+i, con una aportación extraordinaria de 95 millones de euros para proyectos de investigación; el Programa 100: la línea de innovación global o el instrumento financiero ICO Innovación, Fondo Tecnológico 2013-2015. También medidas de apoyo a la industria, como las ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, el Plan PIVE 6 o el impulso del transporte por ferrocarril a través del inicio de su liberalización.

Todo esto ha sido medidas acordadas hasta la fecha. Pues bien, hoy le damos un impulso definitivo a ese Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia aprobando un Proyecto de Ley y un Real Decreto Ley que vienen a ejecutar la práctica totalidad de las medidas de ese Plan, con una excepción, la que afecta a la reestructuración de deudas, a la posibilidad de convenios más amplios en los procesos concursales, en la que ya está trabajando un grupo constituido por los Ministerios de Economía, Justicia, Hacienda y Trabajo, para poder presentar --yo espero que antes de las vacaciones-- un conjunto de medidas en ese sentido.

Por tanto, hoy se aprueba especialmente un Real Decreto Ley muy amplio que da cumplimiento a la práctica totalidad de los objetivos previstos en ese Plan de Medidas, que eran: el aumento de los préstamos a la economía productiva; la regulación para la mejora de la financiación, la reestructuración de deuda y el impulso al emprendimiento; el fomento de la internacionalización de la economía española; la mejora de la competitividad en los mercados, especialmente en las infraestructuras y el transporte; y el crecimiento respetuoso con el medio ambiente.

Hoy me acompañan la ministra de Fomento y la ministra de Empleo, porque explicarán dos partes importantes del Plan: una, la que afecta a la mejora de las infraestructuras y del transporte, y, otra, novedades incluidas en los Planes de Garantía Juvenil en este Real Decreto Ley para dar un impulso también a la contratación de trabajadores más jóvenes.

Entrando ya en el contenido de lo aprobado, del primero de los bloques, impulso a la financiación de la actividad económica, especialmente apoyo a la Pyme, a la internacionalización y a la refinanciación de deudas, quiero destacar que hoy mandamos al Congreso de los Diputados, con el Real Decreto Ley, un Proyecto de Ley de Regulación de las Entidades de Capital Riesgo y otras entidades de inversión colectiva. Lo que se busca es impulsar el papel del capital riesgo como un canal de financiación de empresas, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo y consolidación; y creamos la figura de las entidades de Capital Riesgo Pyme, que tendrán un régimen más flexible que les permitirá invertir en deuda y no sólo en capital.

Junto a eso, en el Real Decreto Ley se pone en marcha un programa de garantías y avales del ICO a favor de organismos multilaterales e instituciones financieras internacionales para facilitar el acceso a las mismas de las empresas españolas y de las entidades de crédito; y se adapta y flexibiliza el Fondo para Operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y mediana empresa, el Fonpyme. Además, aprobamos la regulación de las cédulas y bonos de internacionalización, que era una medida prevista en la Ley de Emprendedores, para mejorar las condiciones de financiación y compartir riesgos de estos proyectos.

También llevamos a cabo una medida de refinanciación que afecta esta vez a los entes locales. Vamos a permitir a las entidades locales que refinancien el Fondo de Proveedores para mejorar las condiciones financieras asociadas a su deuda, una vez que cumplan determinados requisitos. Con esto ¿qué hacemos? Equiparamos a los Ayuntamientos, a las Corporaciones Locales, a las Comunidades Autónomas. Dado que han cambiado tanto las condiciones de financiación, permitirles que lleven a cabo la refinanciación de sus fondos de proveedores si pueden acceder a una financiación que sea más asequible.

Segundo de los ejes, funcionamiento competitivo de los mercados, con especial atención al comercio minorista, y el impulso de la unidad de mercado.

Medida importante: a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, límites a las tasas de intercambio exigibles en operaciones con tarjeta, es decir, a lo que se puede cobrar al comerciante minorista por el uso del cliente por la tarjeta: 0,2 por 100 del valor de la operación en tarjetas de débito y 0,3 por 100 en las tarjetas de crédito. Es decir, no se podrá cobrar más que esos márgenes al comerciante cuando los clientes utilicen para el pago tarjetas de crédito.

Y para que no haya ninguna duda, se prohíbe expresamente en el Real Decreto Ley el incremento de las comisiones de las tarjetas para repercutir los gastos al ordenante. Es decir, no va a servir lo de se reducen las tasas de intercambio y se suben las comisiones al ordenante del pago. Está terminantemente prohibido por el Real Decreto Ley.

Se establecen medidas de simplificación administrativa para la apertura, traslado y ampliación de los establecimientos comerciales, adaptando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado. Saben ustedes que tenemos un Programa de Unidad de Mercado, que no sólo es la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, sino que vamos revisando toda la legislación para poder eliminar trabas y generar esa unidad de mercado.

En este Real Decreto Ley van bastante medidas, ésta es una de ellas. Otra, la ampliación de las zonas de gran afluencia turística para aprovechar las sinergias procedentes de la relación entre el turismo y el comercio, y multiplicar su impacto en la generación de empleo. También, garantizamos la unidad de mercado en el régimen de las actividades cinematográficas, sustituyendo determinadas licencias y permisos por declaraciones responsables.

Tercer elemento importante, que explicará la ministra de Fomento, del Real Decreto Ley: la mejora de las infraestructuras y el transporte:

- Se establece un nuevo marco regulatorio en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, en AENA, con el establecimiento de un marco de planificación predecible y estable de la gestión aeroportuaria, y un régimen de transparencia y consulta en la fijación de las tarifas.

- Se modifica el régimen de los Puertos del Estado y se crea, además, un fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria para poder, a través de este fondo, financiar infraestructuras ligadas y que mejoren la accesibilidad de los puertos.

- Se establecen medidas de seguridad del transporte, especialmente del ferroviario, habilitando también a la Agencia de Seguridad Ferroviaria a que las adopte.

- Se regula el uso de los drones, estableciendo condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos y científicos, también con plenas garantías para los usuarios y el resto de los ciudadanos.

Otro mercado, el energético, en dos ámbitos: eficiencia y sostenibilidad medioambiental. Se avanza en la liberalización del sector de los hidrocarburos; se liberaliza el sector del gas licuado del petróleo, pero se hace compatible con la protección de los consumidores y la garantía del suministro, de este modo; se mantiene la obligación del reparto domiciliario de la bombona de butano pesada a un precio regulado al operador con mayor volumen de ventas, pero se abre camino hacia la utilización de otro tipo de bombonas, que son menos pesadas y más eficientes.

En el gas natural se establecen medidas para garantizar la sostenibilidad económica y financiera del sistema, y se aborda el incipiente problema del déficit de tarifa para prevenir problemas como los que nos ha tocado arreglar en esta Legislatura. Y se revisa la regulación de la retribución de las actividades reguladas con criterios homogéneos y mínimo coste para el sistema.

Muy importante en este ámbito, las medidas de naturaleza medioambiental para impulsar la eficiencia energética. Se crea el sistema de obligaciones para los suministradores de energía, de manera que tienen que dar cumplimiento a los objetivos de reducción establecidos en la Directiva de Eficiencia Energética. Para ello, las empresas comercializadoras de gas y electricidad, y los operadores de productos petrolíferos al por mayor deben acreditar un ahorro anual en función de sus ventas. Las empresas podrán cumplir estos requisitos mediante actuaciones propias que reduzcan el consumo de energía o bien mediante aportaciones a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Se crea, por tanto, en este Real Decreto Ley este Fondo Nacional de Eficiencia Energética que permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información, para aumentar la eficiencia. ¿Qué se busca? Dotar con hasta 350 millones de euros anuales este Fondo, compatible también con Fondos Estructurales europeos, para cofinanciar inversiones de ahorro y eficiencia energética en la edificación, el transporte, la industria, los servicios o el sector agrícola. Es decir, de las obligaciones que establece el Derecho Comunitario a los comercializadores, especialmente de energía, lo que se hace es crear un Fondo que permita cofinanciar determinadas operaciones de eficiencia energética y que pueden dar, digamos, una visión renovada a sectores tan importantes como el de la construcción, reorientándoles hacia mejoras en la edificación y la eficiencia energética.

Fomento del empleo. Esto supone, y es el último aspecto al que aludiré- una incorporación a ese Real Decreto-Ley, por cuanto, como explicará ahora la Ministra, se adelantan ciertas cuestiones del Plan de Empleo Juvenil. Se implanta la Garantía Juvenil para menores de veinticinco años que ni trabajan ni se están formando, mediante un sistema de inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que será, como explicará la Ministra, de carácter general para todos y mediante incentivos a los contratos que combinan formación y trabajo. Además, se fomentan el trabajo en prácticas, la eficiencia de las políticas activas en los servicios públicos de empleo, y el apoyo a la adaptación de la intermediación laboral también a la unidad de mercado. Se simplifican trámites para este tipo de empresas.

Por último, se incorporan al Real Decreto Ley algunas medidas de contenido fiscal; unas, de corte social y, otras, para apoyo a los emprendedores. Sobre estas últimas: rebaja fiscal a los autónomos. Se incorpora ya a este Real Decreto Ley, para que entre en vigor inmediatamente, un tipo reducido de retención, que pasa del 21 al 15 por 100, a los contribuyentes con menos ingresos que realicen actividades profesionales, cuando sus rendimientos íntegros derivados de estas actividades sean inferiores a quince euros y esos ingresos representen más del 75 por 100 de la suma de sus rendimientos íntegros de actividades económicas y de trabajo. Es decir, se rebaja a los autónomos la retención al 15 por 100, a los que estén en los márgenes previstos en este Real Decreto Ley.

Medidas de orden social, dos importantes: exención fiscal en daciones y ejecuciones hipotecarias. Hasta ahora tributaba en IRPF, y también en el Impuesto municipal del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la ganancia, el incremento patrimonial, que se pone de manifiesto en una dación en pago en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Nosotros consideramos que no puede admitirse que estén sujetas al pago del Impuesto sobre la Renta, ni al impuesto que se conoce como plusvalías municipales, daciones en pago en procedimientos de ejecución hipotecaria. Las declaramos exentas.

En segundo lugar, saben ustedes el problema que nos encontramos de las preferentes, que ha ido solventándose dentro de los márgenes del Memorándum de Entendimiento de la asistencia financiera a través de fórmulas, especialmente los arbitrajes. ¿Qué hacemos ahora? Damos un paso más para permitir compensar rentas a los clientes financieros. Se permitirá la compensación sin límites en la base del ahorro entre rentas negativas derivadas de deuda subordinada o participaciones preferentes y otras rentas positivas de esta base; es decir, les permitimos compensar lo que han perdido con otras ganancias que puedan tener en renta. Y fijamos una tributación armonizada en los depósitos constituidos en las entidades de crédito en todo el territorio español; fijamos un tipo del 0,03 por 1000 en el tratamiento fiscal de los depósitos bancarios, el 0,003 por 1000.

Éstas son las medidas que se adoptan en el ámbito del Real Decreto Ley. No son las únicas medidas que se incluyen en el Real Decreto Ley, sí son las más importantes, y tendrán ustedes también un listado completo en la Referencia del Consejo de Ministros.

Por otro lado, se aprueba un Anteproyecto de Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Esta norma, que no se ha modificado desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 mejora los actos de comunicación de documentos judiciales y extrajudiciales, así como la práctica y obtención de pruebas, y modifica el proceso especial dirigido a reconocer y ejecutar en España resoluciones extranjeras.

Por primera vez, regulamos las comunicaciones judiciales directas entre esos órganos y cuestiones decisivas relativas a la prueba del Derecho extranjero, permitiendo, en aquellos supuestos en que no pueda acreditarse el contenido o la vigencia del Derecho extranjero, que se aplique el Derecho español. Se regula con detalle el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones extranjeras.

Además, también en el ámbito de la mejora judicial, aprobamos un Real Decreto que modifica la regulación del Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, y que crea el Fondo Documental de Requisitorias. Me explico: lo que queremos es mejorar la protección a las víctimas de agresiones y agilizar las comunicaciones entre Administraciones con acceso al Sistema de Registros. Les recuerdo a todo ustedes que se dan casos en los que, por falta de comunicación de determinados actos judiciales, al final no podían prevenirse otros delitos posteriores.

¿Qué se hace? Las medidas cautelares de protección que adopte un tribunal se grabarán de forma inmediata en el Registro Central de Medidas Cautelares; una vez dictada, se graba. Ya no habrá que esperar a que se notifiquen al imputado. Muchas veces no es sencilla esta notificación, porque no es sencilla la localización. Así se garantiza la protección de las víctimas, de todas, desde el mismo momento en que se dicta la medida. Se dicta la medida, está grabada y ya saben todos los que tienen acceso a ese Registro que esa persona tiene una medida cautelar.

Esta novedad se había incorporado al Registro Central para la Protección de Víctimas de Violencia de Género y ahora se extiende al resto de las víctimas; no sólo de violencia de género, sino, en general, a todo tipo de delitos.

En segundo lugar, las comunicaciones con la Dirección General de Tráfico de los datos relativos a cualquier pena o medida relacionada con la seguridad vial se harán, a partir de ahora, de forma telemática. Hasta ahora, esta información se remitía por el secretario judicial de cada Juzgado en papel y, claro, tardaba un tiempo y había ocasiones de extravío. Ahora lo que se hace es, una vez que se dictan penas o medidas en materia de seguridad vial, se inscriben inmediatamente y, de esta manera, otros organismos con interés en su conocimiento, como pueden ser los encargados del control de tráfico, pueden tener conocimiento, por ejemplo, de que se ha privado del carné de conducir a una persona.

Además, se crea un Fondo Documental de Requisitorias, con la información necesaria para poder resolver acerca de la situación personal del requisitoriado a través de un sistema informático accesible en cualquier momento desde cualquier órgano judicial. Es decir, del que está en esa situación de búsqueda, que se sepa y se sepan sus condiciones.

También, cuando un ciudadano de la Unión Europea solicite un certificado de antecedentes penales español, estará obligado a tramitar el certificado de antecedentes penales del país de origen.

Más cuestiones; otras dos. Como ustedes saben, el Tribunal Supremo ha anulado por sentencia el Real Decreto 1301/2006 en materia de normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. El Tribunal Supremo lo ha anulado, no por su contenido, sino por falta de rango legal de este Real Decreto del año 2006. Lo que hacemos es, para evitar el vacío legal, que mediante Real Decreto Ley se asume el contenido del Real Decreto anulado por defecto de forma y se le da una cobertura legal.

Sólo quiero recordar que, de acuerdo con los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, en nuestro país cerca de cuatrocientas mil personas han recibido algún trasplante de tejidos y células desde que hay registros, y en la actualidad se celebran más de quince mil trasplantes al año. En España, como saben, ostentamos el liderazgo mundial de donación y trasplantes de órganos, gracias a un modelo basado en voluntariedad, anonimato, altruismo y solidaridad, que también rige en estos trasplantes.

Por tanto, aprobamos este Real Decreto Ley inmediatamente, para que no haya ningún vacío legal.

Por último, Acuerdo por el que se aprueba la participación española en la Estrategia de Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Es un programa en el que especialmente estarán implicados los Ministerios de Educación, de Empleo y de Industria para profundizar en el análisis de nuestro sistema de formación y adquisición de cualificaciones. La Estrategia supone que un equipo técnico de la OCDE, especialmente analistas en materia de educación y empleo, diseñará herramientas de recogida y análisis de datos, elaborará un diagnóstico y contribuirá a identificar las prioridades que se recogerán en el correspondiente plan de acción.

Para los muy cafeteros, en la nota del Consejo de Ministros les recomiendo la lectura de un Real Decreto que se llama Tarjeta de Movimiento Equino. Es una medida de ejecución de la CORA y no se rían ustedes porque nos llegó el informe a través del Buzón del Ciudadano. Los ciudadanos se quejaban de que para mover un caballo en España necesitaban innumerables permisos de numerosas Administraciones Públicas, que tenían que obtenerlo presencialmente y que sólo tenía una vigencia de cinco días, con lo que, si tenías algún tipo de percance, te quedabas en situación irregular a la mitad del trayecto.

Aprobamos esa tarjeta con trabajo conjunto de todas las Comunidades Autónomas, será telemática, única y tendrá una vigencia de treinta días. Ha sido fácil. Nos ha costado un año, pero agradecemos a los ciudadanos que nos lo comunicaron en el Buzón su aportación, y eso lo hemos cumplido.

Sra. Báñez .- Como ven, han sido un Consejo de Ministros intenso y el paquete de medidas, el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia lleva también un amplio paquete en el ámbito de empleo. Lo más importante es que se regula el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. También se establecen nuevas bonificaciones a la contratación de jóvenes en España; adaptamos la normativa a lo que será la nueva Estrategia de Activación para el Empleo 2014-2016, que estamos trabajando con las Comunidades Autónomas y que tendrán ustedes la oportunidad de conocer en el segundo semestre del año, así como adaptar la normativa de empleo también a otro Proyecto de Ley con el que estamos trabajando todos los ministerios del Gobierno, que es la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Empezaré, en primer lugar, por el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Saben muy bien que para el Gobierno la prioridad absoluta de todas las reformas y medidas que hemos puesto en marcha mes tras mes, semana tras semana, en el Consejo de Ministros ha sido el empleo, especialmente el empleo joven, porque, cuando llegamos al Gobierno, uno de cada dos jóvenes que quería trabajar no tenía oportunidades de empleo. Por tanto, ha sido la gran prioridad y, tengo que decirlo, no sólo del Gobierno, sino también de toda la sociedad española, de las Comunidades Autónomas, que también tienen competencias en materia de empleo, de los interlocutores sociales y también de las empresas, fundaciones y universidades que están trabajando con nosotros hace mucho tiempo para dar oportunidades a nuestros jóvenes.

Desde el primer día aprobamos medidas a favor de los jóvenes en la propia reforma laboral que pusimos en marcha en febrero del año 2012; también, y quiero señalarlo especialmente, en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que nació, con cien medidas a favor del emprendimiento y del empleo juvenil en España, entre los interlocutores sociales, las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España. Desde su puesta en marcha, hace ya más de un año, podemos decir en este momento que cuatrocientos jóvenes cada día han encontrado en España una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, gracias a esa estrategia española por el empleo juvenil.

También quiero decir, cómo ha dicho antes la vicepresidenta del Gobierno, que en esta semana hemos conocido los datos de la afiliación y el paro correspondiente al mes de junio, y en el último año hay 39.042 menores de veinticinco años parados menos en España, lo que supone ya una bajada del desempleo juvenil, en términos anuales, del 9,2 por 100.

Les recuerdo que, cuando llegamos al Gobierno, la tasa anual de crecimiento del desempleo juvenil era del 6,2 por 100. Por tanto, el camino que hemos recorrido hasta hoy es importante, pero no cabe duda de que tenemos que seguir trabajando para multiplicar las oportunidades de los jóvenes. Por eso, el presidente Rajoy dio la batalla también en Europa para colocar el empleo juvenil como prioridad absoluta de la agenda europea. Así nació la recomendación de Garantía Juvenil que puso en marcha el Consejo Europeo el año pasado, el 22 de abril, y hoy estamos aprobando su implementación en España lo que, con las Comunidades Autónomas y todos los agentes implicados, multiplicará las oportunidades de los jóvenes españoles.

Lo que aprobamos hoy es su puesta en marcha. Llevamos mucho tiempo trabajando en el plan operativo de implantación de la Garantía Juvenil en España, con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales. En plena coherencia con esa estrategia que ya funcionaba desde el año pasado, pero sí teníamos que trabajar todos juntos por los jóvenes con este nuevo modelo de Garantía Juvenil.

Saben muy bien, que los jóvenes, como ha dicho la Vicepresidenta, menores de veinticinco años y mayores de dieciséis que no tengan en este momento empleo o no estén haciendo formación podrán ser beneficiarios de esa Garantía Juvenil. El marco para llevarlo a cabo lo hemos trabajado juntos, como decía, con las Comunidades Autónomas. Hoy aprobamos las bases del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, sobre todo, el fichero nacional y el registro telemático de cómo se va a gestionar esa Garantía Juvenil en España. Se ha hecho en el marco del nuevo Fondo Social Europeo 2014-2020, por tanto, respetando los reglamentos comunitarios, y saben muy bien que vendrán por esta cuestión a España para apoyar el empleo juvenil 1.887 millones de euros.

¿En qué consiste este instrumento para trabajar sobre la Garantía Juvenil? Los jóvenes recibirán una oferta de formación de prácticas o de empleo si son menores de veinticinco años y mayores de dieciséis, y no trabajan en este momento o no se están formando. Les tenemos que dar, por tanto, una de esas cuatro fundamentales actuaciones. ¿Qué hemos hecho? Trabajar con las Comunidades Autónomas en un elemento novedoso que quiero resaltar, que es ese fichero, ese instrumento telemático único, en el que va actuar de forma coordinada y a la vez Comunidades Autónomas, Administración General del Estado y también aquellas empresas o entidades colaboradoras del Fondo Social Europeo.

Los jóvenes que son susceptibles de ser beneficiarios, según los datos que tenemos de EPA, son 845.000 jóvenes españoles, que se podrán dar de alta vía telemática para poder acceder a cualquiera de las oportunidades de la Garantía Juvenil.

Quiero decir que, una vez inscritos en ese registro… Normalmente, se hará de forma telemática, como decía, y aquellos jóvenes que tengan una discapacidad o que sean objeto de especial exclusión social pueden hacerlo también de manera presencial, porque estamos trabajando con el INJUVE para que a lo largo de sus tres mil oficinas por España puedan acceder a ahí a registrarse. Pues bien, una vez que están en ese registro, accederán las empresas o las Administraciones a darles esas oportunidades de formación de empleo o de prácticas en lo que consiste la Garantía Juvenil.

Quiero agradecer, de verdad, la responsabilidad, la colaboración y la coordinación que hemos tenido durante estos meses con las Comunidades Autónomas y con todas las entidades colaboradoras del Fondo Social Europeo, porque por primera vez en España, todas las Administraciones vamos a trabajar en un mismo portal, en un mismo registro, para multiplicar las oportunidades de nuestros jóvenes. Los requisitos para los jóvenes que accedan son: como decía, la edad entre dieciséis y veinticinco años, que no hayan trabajado en los últimos treinta días, que no hayan recibido acciones educativas o formativas en los últimos noventa o treinta días, respectivamente, y que acepten, por supuesto, su participación activa en éste sistema. Ya he dicho que la inscripción se hará también de forma presencial para los que son discapacitados o son objeto de exclusión social.

Un portal, por tanto, que alberga una herramienta para que los jóvenes se puedan dar de alta y para que tengan en ese portal toda la información relativa, no sólo a la Garantía Juvenil, sino a también a la Estrategia, que es el programa español paralelo que les decía que lleva funcionando hace un año. Y también es una herramienta que está al servicio de las empresas para que allí puedan ver las cualificaciones de los jóvenes y también les puedan dar esas oportunidades de empleo y de formación.

También se pondrá en marcha la próxima semana un servicio de información telefónica, el 060, para atender a los jóvenes en esta nueva oportunidad y, como decía, colaboramos con las Comunidades Autónomas y con el INJUVE en darles toda la atención también presencial a los jóvenes que así lo deseen.

Tengan en cuenta que con este Sistema Nacional de Garantía Juvenil que vamos a conseguir tres cosas fundamentales, identificar con precisión cómo es la demanda de los jóvenes, porque estará su currículum y todas las actuaciones que ha hecho hasta la fecha; garantizar el acceso de todos los jóvenes en condiciones de igualdad, vivan donde vivan en el territorio nacional, y, sobre todo, que actuemos de forma coordinada todos a favor de esas oportunidades para ellos. Y lo que también es muy importante: como tenemos un instrumento único en el que trabajamos todas las Administraciones, podemos evaluar en tiempo real qué está funcionando mejor, qué tenemos que impulsar y que no está funcionando tan bien. Por tanto, de manera constante, evaluaremos y haremos un seguimiento perfecto de la situación de nuestros jóvenes objeto de Garantía Juvenil en este sistema, como decía, novedoso y que también vamos a seguir y vamos hacerle ese control con los interlocutores sociales.

Aprovechando la implantación, como decía, ahora en julio de este sistema, hemos aprobado también en el Consejo de Ministros de hoy nuevos incentivos a la contratación: una tarifa joven de trescientos euros, que es una bonificación a la contratación indefinida de estas personas beneficiarias de Garantía Juvenil, que será una bonificación mensual de trescientos euros, como les decía, durante seis meses; compatible con cualquiera de los incentivos a la contratación indefinida que ya existen en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo. Lo que necesitan las empresas o lo autónomos que quieran utilizar esta bonificación, cuando contraten de forma indefinida a una persona susceptible de ser beneficiario de la Garantía Juvenil, es que sea nuevo empleo en esa empresa y sea, por supuesto, empleo indefinido. Por tanto, apoyo al empleo indefinido.

También entendemos como contratación indefinida, como se pueden imaginar, la contratación a tiempo parcial y el incentivo, en vez de ser de 300 euros al mes, sería de 150 euros si la jornada es de 50 por 100, o bien de 225 euros si fuese equivalente al 75 por 100 del total de la jornada. Este incentivo estará en vigor hasta el 30 de junio del año 2016.

En este paquete de incentivos a la contratación de jóvenes menores de veinticinco años, también queremos hacer un esfuerzo para impulsar el contrato de formación y aprendizaje, que es un elemento muy importante de la implantación de la formación dual en España y que está ayudando a muchos jóvenes a formarse y a trabajar, a la vez, desde el primer momento. Hasta hoy tenía una reducción del 100 por 100 de las cotizaciones para aquellas empresas menores de 250 trabajadores y del 75 por 100 para las mayores de 250 trabajadores. Además de esa reducción de cotizaciones, ya contemplaba este contrato una ayuda del 25 por 100 a través de una bonificación para todo lo que es la formación creativa concreta en la empresa de ese joven. Pues bien, esa actividad formativa que estaba bonificada sólo al 25 por 100 con este nuevo incentivo se bonificará al 50 por 100, para seguir impulsando el contrato de formación y aprendizaje y, con ello, la formación dual en España.

De la misma manera, al contrato en prácticas, que a través de la Estrategia tenía una reducción el 50 por 100 de las cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, le sumamos, además de esa reducción al 50 por 100 de las cotizaciones, una bonificación al 50 por 100 para completar al 100 por 100 los gastos o el coste que le supone a la empresa el contratar a un joven en prácticas durante un tiempo.

Por tanto, nuevos incentivos a la contratación de jóvenes, nuevo impulso a las oportunidades de los jóvenes a través de este Real Decreto Ley.

Quiero señalar también que, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo, para aquellos jóvenes que están realizando prácticas académicas curriculares, aquellas que son obligatorias para la obtención del título universitario, que son retribuidas, realizadas, como decía, por los estudiantes universitarios y también los estudiantes de Formación Profesional en condición hoy de personas asimiladas al alta a la Seguridad Social a efectos de protección social; para ellos hemos establecido hoy también una bonificación al 100 por 100 de la cotización a partir del 1 de agosto del año 2014. ¿Qué queremos? Queremos que los jóvenes que realizan prácticas curriculares universitarias retribuidas y también aquellos que, a través de la Formación Profesional dual, tienen retribuidas las prácticas como consecuencia de la Formación Profesional dual, tengan esa bonificación al 100 por 100 de la cotización, porque lo que queremos es seguir dándoles oportunidades a los jóvenes a la vez que tengan la máxima protección social, aunque no exista relación laboral, porque están estudiando unos y otros, independientemente de que sean universitarios o estén en la Formación Profesional.

Como les decía también, y ya acabo, Vicepresidenta, hemos metido otras medidas en el ámbito de empleo, que es una regulación básica para poner en marcha la estrategia de activación que reorganiza y sistematiza todas las actuaciones de políticas activas, de forma que estamos estableciendo el contenido mínimo con las Comunidades Autónomas de la cartera común de servicios de empleo.

Y también por unidad de mercado, hemos hecho cambios en cuanto a las empresas de trabajo temporal. Se mantiene la autorización administrativa previa para establecerse como empresa de trabajo temporal; pero sí tiene eficacia nacional para esas empresas de trabajo temporal su actuación en todo el territorio nacional. Se reduce de tres a un mes el plazo para la autoridad competente para que resuelva y se amplía el número de actividades, que no es sólo puesta a disposición de trabajadores, sino también orientación y asesoramiento.

Termino con que para las agencias de colocación a partir de ahora se suprime la autorización administrativa por una declaración responsable para actuar, y todas aquellas que están dadas de alta ya como agencias de colocación lo pueden hacer en todo el territorio nacional, porque estamos poniendo en marcha las actuaciones relativas a la Ley de Unidad de Mercado en todos los ámbitos del Gobierno de España.

Sra. Pastor.- En primer lugar, quiero decirles que comparecí en ésta rueda de prensa el día 13 de junio y ahí adelantamos ya algunas de las medidas más importantes que tienen un objetivo. El objetivo es dotar al mercado español de mayor oferta de servicios de transporte, disponer de precios más competitivos, aumentar la utilización del transporte ferroviario y, sobre todo, hacer posible que nuestro sistema intermodal de transporte sea mucho más eficiente.

Para ello, el Real Decreto Ley que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros introduce alguna de estas medidas, las más importantes. La primera de todas es la creación de un nuevo marco de regulación y supervisión para garantizar el modelo de red aeroportuaria que tenemos en nuestro país; es decir, que los aeropuertos españoles, todos ellos funcionen en red y, además, van a tener un modelo de control y de regulación; en segundo lugar, el impulso de la actividad económica a través de nuevas tecnología, cómo hemos regulado los drones; la mejora de la competitividad en los puertos y, en último término, la mejora de la seguridad ferroviaria.

El primero de todos, la regulación aeroportuaria. Nosotros creamos un marco normativo que da garantías, fundamentalmente, y sobre todo, a los ciudadanos. Estas garantías ¿en qué consisten? Consisten en que podamos mantener los aeropuertos, pero que estos aeropuertos sean eficientes y que den buen servicio a los ciudadanos. Para ello, aprobamos lo que se conoce como el DORA. El DORA es un instrumento clave de regulación aeroportuaria que lo aprobará el Gobierno, que es un plan quinquenal y que incluye lo que garantiza el servicio al ciudadano: las tarifas; las condiciones de calidad en los estándares del servicio; las condiciones de capacidad aeroportuaria y accesibilidad; el programa quinquenal de inversiones, qué se va a invertir; evitar los despilfarros que hemos vivido, evitar las terminales que tienen pocos viajeros y evitar esos aparcamientos que yo me he encontrado, que son aparcamientos de dos mil plazas y en los que nunca hay más de cien coches. Todo eso es lo que se evita con esta regulación.

¿Qué es lo que se hace, fundamentalmente? Lo que se hace es que el DORA establece que las tarifas no subirán hasta el año 2025, nunca; es decir, desde ahora hasta 2025 las tarifas se congelan en España. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que los aeropuertos españoles van a ser más competitivos. Saben que por los aeropuertos españoles en el año 2013 entraron 127 millones de personas que no son españolas, es decir, viajeros internacionales, y lo que estamos también potenciando es la movilidad, es el turismo y es garantizar la red aeroportuaria.

En segundo lugar, y también muy importante, el impulso de la actividad económica a través de las nuevas tecnologías, los drones. Ya saben que es una regulación que es nueva, porque no existe regulación específica hasta ahora; pero España tiene que adaptarse, primero, al desarrollo de éste tecnología, pero garantizando la seguridad en todo momento, que es lo más importante. El objetivo, por tanto, es el desarrollo de éste sector emergente, que tiene un gran potencial, pero, a la vez que es un gran potencial, tener una regulación que evite riesgos y que evite ningún tipo de incidente.

Por eso, esta regulación que, además, como saben, es la habilitación legal para que lo desarrollemos por Real Decreto. Lo que hace es regular cómo van a ser, qué regulación tiene un dron que pesa más de una determinada cantidad, qué regulación tiene otro y qué características tienen que tener. Aunque esto se llama aviación sin piloto, sí tienen que tener una persona que lo está llevando, también qué requerimientos tiene que tener el piloto y en qué condiciones se tiene que operar. Por lo tanto, dando seguridad a todos, a la nueva tecnología, a sus utilizaciones, pero fundamentalmente, como saben, a algo tan importante que es la seguridad.

A partir de ahora, podremos tener drones trabajando en actividades como, por ejemplo, la inspección de infraestructuras, la identificación de bancos de pesca, la filmación de películas y fotografía deportiva cuando esté debidamente autorizado, o el control, por ejemplo, o la investigación de la vida salvaje --ahí podemos meter los equinos, señora Vicepresidenta, seguro--, o la lucha contra incendios y salvamento marítimo. Por lo tanto, estamos dando a esta nueva tecnología una utilidad práctica, pero garantizando lo primero que tenemos que regular como autoridad aérea que somos, que es la seguridad en todo nuestro espacio aéreo.

También se regula algo que ustedes seguro que lo han leído en los periódicos -- hay quien utiliza, a veces, las cosas para hacer lo que ellos consideran una broma, pero que se puede convertir en una broma demasiado pesada-- que es la utilización en el entorno aeroportuario de elementos, objetos, luces, incluidos los punteros laser, que puedan poner en peligro la seguridad y la regulación de las operaciones aéreas. Por tanto, en esta norma incluimos, entre los sujetos de las obligaciones de seguridad, a cualquier persona no sólo jurídica, sino también persona física, cuyas acciones u omisiones puedan poner en riesgo la seguridad aérea. Creemos que esto es muy importante, esto no estaba recogido en la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, y se incluye.

Segundo grupo importante, puertos. Como saben, los puertos españoles son una parte muy importante del motor de la economía en nuestro país. Pues bien, lo que queremos es, sin duda, a ese motor hacerlo todavía más eficiente; atraer inversión, no sólo nacional sino inversión internacional, y hacerlo más competitivo. Y a la vez ser capaces de tener buena conectividad ferro-portuaria y viario-portuaria; es decir, mejorar las conexiones de nuestros puertos a través del ferrocarril y de las carreteras.

En España, y es cierto, se ha invertido mucho en los puertos en el lado mar, para que me entiendan, pero no hacia la conexión y eso nos impide en algunos casos ser más competitivos. Por eso lo que se hace es ampliar el plazo máximo de las concesiones de 35 a 50 años, en coherencia con los plazos que existen en otros países de la Unión Europea. Este nuevo supuesto de prórroga extraordinaria va a ir dedicado a la financiación de los accesos terrestres a los puertos, a la adaptación de la red general de uso común o a la mejora de las redes generales de transporte para favorecer la intermodalidad y el transporte ferroviario de mercancías.

¿A qué se compromete el concesionario? Se compromete, o bien a una mayor inversión que la que está haciendo en el puerto, a contribuir a la financiación de accesos portuarios --por ejemplo, habrán oído hablar de esos apartaderos de 750 metros que tiene que haber para que los trenes que circulan por las vías sean más largos y sean más competitivos--, o bien a una reducción de, al menos, un 20 por 100 de las tarifas que perciben los usuarios. Saben que los concesionarios luego, a su vez, les dan servicio a otros; pues esa rebaja para que los usuarios del puerto tengan precios más competitivos.

Por lo tanto, estamos incentivando la inversión privada en los puertos, estamos incrementando la competitividad y estamos aumentando la inversión privada. La previsión que tienen los servicios económicos del Departamento es que se van a movilizar en el entorno de 150 a 200 millones anuales, mil millones en diez años, y se van a generar en estos diez años más de cien mil empleos netos.

También se crea el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre-Portuaria. Es un fondo destinado a la financiación de los accesos viarios y ferro-portuarios, y a la mejora de las redes generales. Se va a dotar con las aportaciones que, con carácter de préstamo --insisto, préstamo--, realicen Puertos del Estado y las Autoridades Portuarios.

Les voy a contar algo que seguro que no conocen: los puertos españoles en este momento tienen un "cash flow" colocado en bancos de más de mil millones de euros, mil y pico millones de euros; y, sin embargo, tenemos puertos que tienen infraestructuras que necesitan mejora: estos accesos a la vía férrea, desde donde está el puerto hasta la red general, desde donde está la carretera general al puerto… Lo que hacemos es que los puertos --se desarrollará por Real Decreto--, todos ellos, con los recursos que generan cada año de beneficios, los que están en beneficio… Imagínense, si un puerto genera sesenta millones de beneficio, además de lo que ya tienen, que les digo que es más de mil millones, el 50 por 100 irá a ese Fondo, que se gobernará entre todas las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, para que otros se puedan beneficiar de ese Fondo, que tendrán que devolver al Fondo y, además, lógicamente, con el interés que haya en el mercado.

De esa manera, entre todos estamos contribuyendo a que nuestras veintiocho Autoridades Portuarias, que son de puertos de interés general, sean todas ellas mucho más eficientes. Y todo ello también, como imaginan, porque de este modo hacemos posible que los excedentes se puedan prestar --insisto, prestar-- para beneficio de otros.

Por último, y también importante: seguridad ferroviaria. Saben que en este momento está en tramitación la creación de la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Pues bien, el Reglamento de Circulación Ferroviaria que corresponde aprobar al Consejo de Ministros mediante Real Decreto, establecerá reglas y procedimientos técnicos necesarios para la circulación de trenes de forma segura y eficiente. Lo que hace la Ley es habilitar para que el Real Decreto le dé competencias a la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que es donde están los técnicos y los expertos, en este tipo de regulación según nos ha indicado la Unión Europea. Con esta medida la Agencia de Seguridad Ferroviaria podrá emitir todo tipo de recomendaciones técnicas para favorecer el cumplimiento del Reglamento de Seguridad Ferroviaria.

Y termino ya, señora Vicepresidenta, diciéndoles que todas estas reformas son importantes, no porque sean del sector del transporte, sino porque, fíjense, sólo en cuanto al sector aéreo, más del 10 por 100 del PIB de nuestro país se mueve en torno a este sector, y otra parte muy importante del PIB en torno a los puertos y al transporte ferroviario. Por lo tanto, estas medidas que pone en marcha el Gobierno son un verdadero revitalizador del sector del transporte, que lo va a hacer mucho más competitivo. No se olviden que tenemos muchos kilómetros de costa, tenemos veintiocho Autoridades Portuarias, tenemos aeropuertos y tenemos que hacer de ellos no un lastre, sino hacer de ellos lo que tienen que ser, que es el motor de la economía de nuestro país.

Vicepresidenta.- Por último, y en el capítulo de nombramientos, el Consejo de Ministros ha propuesto la cobertura de la vacante del magistrado del Tribunal Constitucional en la persona de Antonio Narváez Rodríguez, que es fiscal de carrera, que tiene una abultada carrera fiscal, muy amplia. Quiero destacar que durante diez años estuvo como fiscal de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y en la actualidad es teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Tiene un amplísimo currículum y hemos considerado, además, muy oportuno que un miembro de la Carrera Fiscal pasara a integrar también el Pleno del Tribunal Constitucional.

También hemos procedido al cese del secretario de Estado-director del Centro Nacional de Inteligencia, don Félix Sanz Roldán, y al posterior nombramiento del señor don Félix Sanz Roldán. Saben que es exigencia de la Ley reguladora del Centro que se proceda al cese cada cinco años y al ulterior nombramiento en la misma persona o en otro que se considere candidato idóneo. Hemos procedido a su cese y posterior nombramiento. Eso sí, daré instrucciones para que no cese, como solemos hacerlo, agradeciendo los servicios prestados, porque tendrá que seguir prestándolos.

P.- Quería preguntarle a la ministra de Fomento por el bloqueo de Hacienda a los pagos de ADIF a las constructoras del AVE. Están asfixiadas estas empresas y amenazan, incluso, con paralizar obras. Entonces, yo quería saber qué va a hacer el Gobierno y si le parece bien el ejemplo que se da, dado que se han aprobado leyes para pagar a tiempo a los proveedores y el Gobierno parece que no esté predicando con el ejemplo en esta cuestión concreta.

Después, a la ministra de Empleo quería preguntarle por las indemnizaciones por despido. ¿Qué va a ocurrir finalmente? Porque el secretario de Estado de Hacienda dijo ayer que la tributación que se va a poner a las indemnizaciones por despido se está debatiendo con los agentes sociales; pero los agentes sociales, por lo menos UGT, han dicho que no se ha establecido ningún contacto con ellos. ¿El Gobierno está dispuesto a cambiar esta medida que está ahora en estudio público en este procedimiento?

Por último, a la Vicepresidenta. Nos ha comentado que hace dos años le estábamos preguntando continuamente por el rescate; ahora mejora la confianza, hay una mejora del empleo en los últimos datos y parece que todas las medidas que se están aprobando en el Consejo de Ministros son de impulso; no hay recortes. ¿Se ha acabado ya el período de recortes en España y de ajustes del gasto público o de esfuerzos que se les van a pedir a los ciudadanos? ¿Y cuánto van a costar estas medidas de impulso que se están aprobando? ¿Tienen algún cálculo o va a ser compatible con el objetivo de déficit.

Sra. Pastor.- A la primera pregunta que usted ha hecho, no tengo encima de mi mesa ninguna reclamación. Sabe que el ente público al que usted hace referencia se financia, en buena medida, con deuda pública y los ingresos por cánones, y lo que va haciendo es emitiendo deuda pública. No sé si usted a lo que se referirá, que está pendiente en este momento --ya hizo una emisión de deuda pública--, a la autorización de deuda pública. Pero yo no tengo otro conocimiento más que el que usted me está haciendo referencia.

Sra. Báñez.- Respecto a la indemnización por despido, yo quiero resaltar varias cosas. La primera es que ya tributaban en nuestra normativa fiscal las indemnizaciones por despido. Lo que ha hecho el Gobierno es presentar una propuesta de equidad, porque tenía el mismo tratamiento fiscal una persona que cobraba doce mil euros al año que una que cobraba doscientos mil, y nos parecía que ahí había que meter justicia y equidad fiscal.

Por otra parte, antes de la presentación del Proyecto de Ley y su paso por el Consejo de Ministros, el Gobierno está manteniendo un diálogo y una negociación con los interlocutores sociales, y ya ha empezado a recibir propuestas alternativas de ellos, para que entre todos busquemos la mejor solución sobre esos criterios: que haya una tributación más equitativa y más justa. Porque hoy ese tratamiento fiscal es el mismo, insisto, para aquellos que tienen salarios mucho más bajos, de doce mil euros, que para el que tiene doscientos o trescientos mil euros al año de salario.

Además, quiero resaltar, que es muy importante, que ya ha señalado el Gobierno en la presentación de la reforma fiscal que, en todo caso, la propuesta que presentó dejaba exentos de tributación a más del 80 por 100 de los contribuyentes, con lo cual estaban salvados de tributar aquellos ciudadanos que recibían salarios medios y salarios bajos.

Por tanto, estamos recibiendo propuestas y alternativas a esta inicial propuesta del Gobierno sobre la tributación por indemnización por despido.

Vicepresidenta.- Sobre su última pregunta, efectivamente, hace dos años aquí de lo que hablábamos era del rescate y las posibles consecuencias que la petición de un rescate hubiera supuesto para la sociedad española. Sólo hace falta que reflexionemos o recordemos las medidas que en relación con las pensiones, o los sueldos de funcionarios públicos, o las prestaciones por desempleo, se han adoptado en otros países que se vieron abocados a pedir un rescate.

Aquí, en España, la sociedad española hizo un esfuerzo tremendo y se adoptaron muchas medidas. Hemos conseguido evitar eso que, indudablemente, hubiera consistido, como hemos visto en otros Estados, en unos ajustes en el Estado del Bienestar muy grandes. Aquí lo que se ha procurado, y lo hemos hecho, es mantener las pensiones; de hecho, no se han congelado, y hemos establecido un régimen para su actualización constante; además, en un momento en que la inflación es muy moderada. Se han mantenido las prestaciones por desempleo, que son la parte de los servicios sociales que más depende de la Administración General de Estado. Y se ha tratado de preservar, pagando además las deudas pendientes, por ejemplo los dieciséis mil millones de la deuda sanitaria, los otros grandes pilares del Estado de Bienestar.

Ahora, como decía, estamos ante otro momento diferente. Hemos pasado por una situación tan grave y tan crítica de España --estuvimos al borde del abismo--; estamos consiguiendo cumplir los objetivos de consolidación fiscal y, como ya les señaló el ministro Montoro la pasada semana, cuando presentamos los objetivos de estabilidad presupuestaria --ya conocen ustedes las cifras--, no va a haber más ajustes.

Ahora de lo que se trata es de centrarnos en medidas de crecimiento. La reforma fiscal es una medida de impulso y este paquete de medidas de competitividad y de eficiencia lo es, y es por donde tenemos que seguir trabajando. Lograr, además, que en determinados sectores y en determinados mercados seamos más competitivos y logremos generar empleo; y, además, adoptar medidas específicas para colectivos como el juvenil, que lo hemos hecho hoy, que tienen más dificultades de acceso e impulsar por esa vía.

Me pregunta por el coste. Se lo señalamos cuando aprobamos este Plan. Es plenamente compatible con los objetivos de consolidación fiscal y son medidas que estaban previstas en el Plan Nacional de Reformas. Se harán con los créditos presupuestarios que tenemos, salvo el Real Decreto Ley de créditos extraordinarios para los Programas de I+D, que además sabe que tienen un cómputo especial en materia de déficit, y lo que afecta al PIVE 6. Estamos cumpliendo con nuestros objetivos presupuestarios e incorporaremos, además, y, en la medida de lo posible, lo anticiparemos, la recepción o lo que vamos a recibir de Fondos Estructurales europeos, porque es importante en paquetes como el de eficiencia energética.

Queremos trabajar en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales para hacer todos juntos programa de eficiencia energética coordinados, que nos permitan, en ámbitos como la edificación o la vivienda, en los que tienen competencias, y también en el ámbito de los modelos urbanos, poder adoptar medidas que generan mucho ahorro en materia energética, pero que además son muy intensivas en mano de obra a la hora de los cambios y de las reposiciones.

Pero, como digo, lo hacemos con los créditos presupuestarios que teníamos, con pleno cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal y tratando, en la medida de lo posible, de anticipar y maximizar los fondos europeos que tenemos para estas materias.

P.- Para la Vicepresidenta. Querría una valoración del Gobierno ante las reticencias del Partido Socialista a la propuesta planteada por el presidente del Gobierno en torno a la elección de alcaldes, considerando que es oportunista hacerla a escasos meses de unas elecciones municipales, y si el Gobierno estaría dispuesto a seguir con ella adelante sin el apoyo del PSOE.

Por otro lado, ¿el Gobierno comparte el temor expresado por el presidente de la Comunidad Valenciana de que se pueda extender por ese territorio un frente soberanista? ¿Comparten con él que podría evitarlo una mejora de la financiación autonómica?

Vicepresidenta.- Sobre la reforma de la Ley Electoral en materia de los alcaldes, la propuesta, que en este caso ha efectuado el partido que apoya al Gobierno, es un asunto que se ha presentado a los ciudadanos en el programa electoral, no sólo de su partido sino también, por lo que en su día vi y por lo que se ha recordado en estos días, en los programas electorales de otros partidos políticos. Se trata de, dentro de las medidas de acercar a los ciudadanos determinada toma de decisiones, la garantía de que aquella persona que ha recibido, en este caso aquella candidatura, un mayor número de apoyos, que tiene la mayoría, pueda gobernar. En términos de democracia, parece ser lo lógico, pero no siempre es así.

Se ha lanzado una propuesta para el debate. Yo creo que el debate es importante, es constructivo. Creo que los ciudadanos valoran que, al final, se respeten las decisiones de la mayoría y, desde luego, el Gobierno está dispuesto a ayudar y a colaborar con los partidos políticos en la redacción o en la búsqueda de un consenso en este punto, que yo creo que sería importante.

Me parece que si en otros momentos varios partidos, en este caso los dos grandes partidos llamados a alternarse en el poder, lo han defendido en sus programas electorales será porque algo tiene de bueno. No creo que eso se pierda por el momento en que se presenta. Habrá que trabajar para lograr ese entendimiento.

Sobre los temas de la Comunidad Valenciana, yo comprendo la visión del presidente de la Generalitat que considere que la autonomía de la Comunidad Autónoma pueda verse minorada como consecuencia de determinados postulados de ciertos partidos políticos en la Comunidad Autónoma, que consideren que su relación con otras Comunidades Autónomas tiene que ser distinta en el terreno de autonomía que tienen entre Comunidades Autónomas; o que quieran, como otras Comunidades lo hacen, poder tener y disfrutar de sus hechos diferenciales propios, que no tienen por qué ser los mismos ni tienen por qué provenir de otro tipo de Comunidad Autónoma.

No obstante, el debate de la financiación también es un debate más amplio porque, sin perjuicio de que pueda utilizarse por algunos partidos políticos, en el debate político estamos hablando de la financiación de los servicios públicos, y eso es lo que interesa desde el punto de vista del Gobierno: cómo logramos el mejor sistema que garantice suficientes ingresos públicos para prestar esos servicios públicos en garantía para todos.

Para nosotros éste es el eje central en el diseño del modelo de financiación, aunque sí entendemos, porque se ha visto y lo hemos constatado, que en el debate político, a veces, se utilizan por determinadas fuerzas estas cuestiones al servicio de sus intereses políticos que los ciudadanos valencianos tendrán que valorar, como consecuencia de que son ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, de acuerdo con nuestra Constitución y sus Estatutos de Autonomía.

P.- Vicepresidenta, sobre otra propuesta del presidente del Gobierno, que ha formulado esta semana, de recortar el número de aforados, yo quería saber cómo y cuándo se va a proceder a ese recorte de los casi diez mil aforados que hay en España; si afectará a jueces y fiscales, que son la mayoría, o también a políticos. ¿Cuál es la idea que maneja el Gobierno del PP en estos momentos?

A la ministra de Fomento. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha criticado el modelo de privatización de AENA y se muestra favorable a la privatización por lotes. Yo quería saber si el Gobierno va a cambiar su orientación sobre este modelo y no privatizar en bloque, como era su idea original.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, cuando hace unos meses… Aquí, a veces, parece que las cosas salen de nuevo en el debate, pero aquí ya hay un historial de reformas de regeneración democrática; no sólo la Ley de Transparencia y los cambios que se han hecho en la legislación de partidos, que ya está aprobada; sino las propuestas de los cambios en el Código Penal y las leyes que el Gobierno remitió hace dos meses al Congreso de los Diputados. Ahí nosotros lo que planteábamos era una Ley más amplia del control económico-financiero de los partidos políticos y del Estatuto de los Altos Cargos.

Como saben, cuando las enviamos a las Cortes, convocamos una reunión con todos los Grupos Parlamentarios sobre esas leyes y la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas. En particular, de lo que se habló en esa reunión era de las reformas en el Código Penal; pero también de determinadas medidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En esa reunión salió el asunto de los aforados e, indudablemente, hay que tener presente que el Gobierno tiene en marcha una Ley Orgánica del Poder Judicial, que es donde se regulan --éste es el segundo tema en el que quiero incidir-- algunos de esos aforamientos.

Aquí hay que explicar varias partes. En primer lugar, hay aforamientos que vienen determinados por nuestra Constitución. Nuestra Constitución señala, por ejemplo, qué diputados y senadores están sujetos, en el ámbito penal y civil, a la jurisdicción del Tribunal Supremo. Y hay otros aforamientos que están regulados o están determinados por Estatutos de Autonomía; por poner un ejemplo, presidentes y consejeros de los Gobiernos autonómicos. Como ustedes saben, los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas de las Cortes Generales, pero también son leyes de los territorios de las Comunidades Autónomas, con lo que el tratamiento de esa cuestión es un tanto distinto, al menos desde el punto de vista procedimental.

Por tanto, nosotros, en el seno de esa reunión, y también al hilo de la tramitación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, queremos plantear a los Grupos --ya se planteó en esa reunión y quedamos en trabajar; quedamos, como les informamos entonces, en fijar una serie de índices de temas de debate, y uno de ésos era el asunto del aforamiento-- y queremos trabajar para poder entre todos --allí hay distintos partidos políticos que han reflexionado, igual que hemos hecho nosotros, sobre esta cuestión-- cómo abordamos un tratamiento global de este asunto.

Por lo tanto, hay aforamientos previstos por una norma con rango de Ley, en los que la modificación puede hacerse de una manera más o menos relativamente sencilla; aforamientos previstos por leyes orgánicas que aprueban Estatutos de Autonomía, en cuyo caso también es importante la voluntad de las Comunidades Autónomas y el acuerdo con ellas; y aforamientos que vienen previstos en la Constitución.

Entonces, en ese marco, como digo, empezamos a trabajar y seguiremos trabajando. Hubo contactos en las últimas semanas y en el mes de septiembre retomaremos ya los trabajos con plena intensidad porque, además, nuestro acuerdo fue que las leyes, especialmente estas dos --control económico-financiero de los partidos y Estatuto del Alto Cargo--, estén no sólo acordadas, aprobadas en diciembre del año 2014.

O sea, ése es el marco en el que ya estamos trabajando y vamos a seguir trabajando.

Sra. Pastor.- Con respecto a su pregunta, quiero decirle el Gobierno, como sabe, defendemos un modelo en red de los aeropuertos españoles y precisamente es lo que queremos. Lo que queremos es garantizar que haya una red de aeropuertos, queremos que se preserve ese servicio público y garantizar la movilidad de los ciudadanos. Tanto es así que, no solamente es que nos parezca que ése es el modelo, sino que, como usted sabe, hace dos años y medio los aeropuertos españoles tenían un déficit, una caja negativa, de quinientos millones, y en estos momentos estamos en un superávit, en un más ochocientos millones. Es decir, con una muy buena gestión, o una buena gestión, se pueden hacer eficientes los aeropuertos. Lo que me extraña es que nadie se hubiera dado cuenta de que cuando no había competencia real es cuando los aeropuertos perdían dinero a chorro y cuando se invertían cientos de millones en obras innecesarias.

Dar competencia, como usted sabe, es fundamentalmente garantizar que los ciudadanos tengan tarifas que sean competitivas y que los aeropuertos españoles sean competitivos con respecto a los de países de nuestro entorno; que, por cierto, en este momento las tasas de aeropuertos, comparadas en algunos casos ya, las de España son la mitad que las de aeropuertos de nuestro entorno, precisamente porque trabajamos en red. Por lo tanto, ése es el modelo que defiende el Gobierno.

P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta. Siguiendo con ese plan de regeneración democrática y con la elección directa de alcaldes, y con esas críticas que ha habido de la oposición, querría saber si el Gobierno estaría dispuesto, en último caso, a aprobarlo en solitario, solamente con los votos del Grupo Popular, mayoritario en la Cámara.

Vicepresidenta.- Como decía, ésta es una cuestión que afecta fundamentalmente a los partidos y yo creo que estas cosas hay que construirlas paso a paso. Creo que hay que trabajar en una propuesta e imagino que el Partido Socialista estará dispuesto a estudiarla, así lo ha manifestado. También, lógicamente, dependerá de que pasen estos momentos temporales y con la estabilidad y serenidad que necesitan estas cosas se abra un diálogo. Entonces, yo creo que estas cosas hay que hacerlas poco a poco y no merendarse la cena.

Ya digo, trabajar por el diálogo. Ha habido momentos en que coincidían los programas de los dos principales partidos y también habrá que hablar con otros. Como digo, desde el Gobierno, nuestra voluntad de colaborar y ayudar con cuanta información sea necesaria en ese punto.

P.- Mis preguntas también son para la Vicepresidenta. Insistiendo en la agenda de reformas del Ejecutivo, el lunes también en Génova se habló de la posibilidad de reducir el número de diputados autonómicos y de reducir municipios. Me gustaría saber si también éste va a ser un planteamiento formal por parte del Ejecutivo y si va a trabajar en este sentido.

En un segundo orden de cosas, y teniendo en cuenta el respeto a las decisiones judiciales, al mundo judicial, me gustaría preguntarle por ese rifi-rafe que están manteniendo el fiscal y el juez Castro, y si esto es bueno o malo para la Justicia.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta en relación con la reducción del número de diputados autonómicos y otro tipo de medidas, cuando aprobamos el Informe para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio del año pasado, uno de los puntos en los que entramos fue precisamente en el ámbito de las recomendaciones en las instituciones autonómicas. Entramos en el ámbito de los Parlamentos autonómicos y en algunas otras instituciones autonómicas, porque considerábamos que podrían suprimirse, o al menos reducirse, en términos de eficacia, los gastos de esas instituciones, y ése es uno de los puntos que abordábamos.

Se analizó por parte de los que llevaron a cabo el Informe de la llamada CORA, de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, y una de las medidas que se aconsejó fue esa reducción de diputados autonómicos, igual que en el ámbito de las empresas públicas y en el ámbito de determinados órganos de las Comunidades Autónomas. Ésa era nuestra recomendación, porque no es un asunto en el que el Gobierno y la Administración General del Estado puedan decidir, por cuanto el número de diputados autonómicos depende de los Estatutos de Autonomía, en algunos casos, y, en otros, de las leyes electorales de las Comunidades Autónomas.

Desde esa evaluación que hicimos hace un año… Es que estos debates no son nuevos; lo que pasa es que, probablemente, el año pasado el debate era sobre otra cosa y esto pasó más desapercibido; pero el documento está ahí. Yo creo que en el mismo resumen tienen incluso un parrafillo de esa recomendación; se recomendaba a las Comunidades Autónomas que, igual que podían o reducir gastos o eliminar algunos órganos propios --de hecho, lo han hecho algunas Comunidades Autónomas; estoy hablando de los Defensores del Pueblo, que en unas se han suprimido y en otras se han redimensionado--, también aconsejábamos que se redujera el número de diputados autonómicos. Algunas lo han hecho; algunas, con reformas estatutarias y otras, con reformas legales.

Nuestra recomendación entonces, porque, como digo, no es competencia del Gobierno… Nosotros no podemos entrar a reducir, con nuestra sola voluntad, ese número de diputados, pero sí lo recomendamos en su día. Entonces, desde el Informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas nuestra satisfacción es que, aunque sea un año después --entre tanto, ya digo, hay Comunidades Autónomas que lo han hecho--, ese debate y esa recomendación que nosotros hicimos, si bien como recomendación porque no era nuestra competencia, estén encima de la mesa.

Sobre el segundo asunto, yo tengo que respetar las decisiones judiciales y los procedimientos judiciales, y el ámbito de los recursos que se plantean entre las partes, incluido como tal el Ministerio Fiscal, y los órganos constitucionales. No puedo entrar a valorar ni una ni otra posición. Esto lo decide el tribunal sentenciador y, en su caso, los que conozcan de ulteriores recursos, pero no el Gobierno.

Muchas gracias.