Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a darles cuenta de algunos asuntos que han sido adoptados hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo por el que se da luz verde a la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2013 y a la creación del Consejo de Seguridad Nacional en la condición de Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de esta naturaleza.

Para la constitución de este órgano, que no supone coste alguno para las arcas del Estado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de modificación del Real Decreto que regula las Comisiones Delegadas del Gobierno para incluir entre las mismas este Consejo de Seguridad Nacional, que estará presidido por el presidente del Gobierno.

Quiero destacar, en primer lugar, que en, el ámbito de la seguridad nacional, es la primera vez que se produce una combinación de dos elementos de esta naturaleza: de un lado, un documento estratégico del Estado donde se ponen de manifiesto las prioridades que deben seguirse en el ámbito de la Estrategia Nacional y, de otro, un órgano que está formado por los principales actores del Gobierno con responsabilidades en materia de seguridad, para llevar a cabo su ejecución y desarrollarla con éxito.

Esta nueva estructura actualiza, por tanto, el modo de abordar de una manera integral la seguridad en España en línea con lo que están haciendo las naciones más avanzadas de nuestro entorno, como pueden ser Francia, Reino Unido o Estados Unidos, que cuentan con procedimientos e instituciones similares.

Quiero subrayar que esta Estrategia de Seguridad Nacional es una revisión de la Estrategia Española de Seguridad del año 2011, que fue aprobada por el anterior Gobierno, y que cuenta con el respaldo político del principal partido de la oposición. Del mismo modo que en la redacción de la Estrategia de 2011 la oposición participó en la elaboración de la misma, porque ésta es una política de Estado que conviene mantener en el tiempo; del mismo modo, este Gobierno ha mantenido contactos con el principal partido de la oposición para que esta Estrategia, que es una revisión de la anterior, fuera también abordada, dialogada y consensuada en los mismos términos.

La Estrategia de 2013 concibe la seguridad nacional, como decía, de forma amplia y global, con una visión integral que incluye muy diferentes ámbitos de actuación.

Tradicionalmente, como bien saben, el concepto de seguridad nacional estaba ligado a la defensa o a la seguridad públicas; pero hoy hay nuevos actores y nuevas amenazas y se exige una visión completa de la geopolítica y de las debilidades y fortalezas que tienen los Estados para enfrentarse a los nuevos retos de la era global.

Además de la estabilidad del Estado y de la protección de sus ciudadanos, que siempre son los elementos claves de una Estrategia de Seguridad, ésta se preocupa por salvaguardar también nuestra forma de vida democrática y de libertades frente a nuevos riesgos, como son las ciberamenazas. La ciberseguridad se convierte en un elemento clave y esencial en la Estrategia de Seguridad Nacional.

Esta Estrategia contempla hasta doce riesgos para nuestra seguridad: conflictos armados; terrorismo; ciberamenazas; crimen organizado, inestabilidad económica y financiera; vulnerabilidad energética; flujos migratorios irregulares; armas de destrucción masiva; espionaje; emergencias y catástrofes naturales; vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales. Son, por tanto, escenarios muy diferentes, riesgos muy diversos, que lo que exigen es una actuación muy coordinada y, en segundo lugar, una capacidad operativa bien diseñada.

Esta Estrategia, por lo tanto, lo que hace es adaptar e iniciar un proceso de continua revisión y actualización de Estrategias anteriores, al ritmo, si se puede, incluso más rápido en que esos riesgos y esas amenazas pueden consolidarse. Basta pensar en los profundos cambios geopolíticos, como decía hace un momento, en el desplazamiento de los centros de poder, en la repercusión de las nuevas tecnologías o la mayor interdependencia económica, política y social.

Ya no hay esa diferencia tan clara entre seguridad exterior y seguridad interior. La seguridad y el bienestar de España dependen de responder muy bien a este tipo de amenazas desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo, y no perder de vista que muchas veces ambas vertientes están muy, muy, relacionadas.

En lo relativo a la estructura del documento, muy brevemente les diré que cuenta con cinco capítulos: el primero ofrece un concepto de seguridad nacional integral, una visión de conjunto; el capítulo segundo sitúa la seguridad de España en el mundo y presenta las grandes prioridades estratégicas de España; el capítulo tercer identifica los principales riesgos y amenazas para la seguridad, como hace un momento les he relatado; el cuarto define los ámbitos de actuación prioritarios a la luz de esos riesgos y amenazas; y el último define esta nueva fórmula de sistema de seguridad nacional en la que se buscará la máxima coordinación entre Administraciones y, dentro de la Administración, a través de esa nueva Comisión Delegada del Gobierno, que es el Consejo de Seguridad Nacional.

Es un sistema institucional flexible, que también permitirá dar una respuesta muy adecuada a cada una de las situaciones que puedan generarse y estará liderado por el propio presidente del Gobierno. Será, por tanto, un órgano colegiado, que nace con la voluntad de administrar de una forma mucho más eficaz y eficiente los recursos existentes, y de una manera mucho más coordinada.

Gracias a este sistema lograremos un funcionamiento integrado de todas las Administraciones, pero también una mayor implicación de la sociedad civil, que es tanto receptora muchas veces de esos riesgos en primera persona, como mecanismo también para dar solución a alguno de los problemas que pueden producirse.

Como ya digo, será presidido por el presidente del Gobierno, salvo cuando S.M. el Rey asista a las reuniones; tendrá reuniones periódicas, además de las necesarias cuando lo demuestren las circunstancias, y estará integrado por, como digo, el presidente del Gobierno, que lo presidirá; el vicepresidente del Gobierno; los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior, Fomento, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad; los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y de Seguridad; el responsable del Centro Nacional de Inteligencia y, como secretario, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, además de la presencia de responsables del Departamento de Seguridad.

Como ya he dicho, se trata, por tanto, de un Consejo que viene a situarse en línea de lo que se hace en los países de nuestro entorno para discutir colectivamente y coordinar los objetivos del Gobierno en esta materia, y para gestionar aquellas crisis que requieren una participación multisectorial, porque este Consejo asume también las funciones de la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, que se integrará en su seno. El primero de los mandatos que tendrá este Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con la propia Estrategia, es elaborar una propuesta de Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes.

Por tanto, lo que estamos haciendo hoy es aprobar un proyecto compartido de una sociedad responsable y concienciada con su propia seguridad, porque de la seguridad depende la garantía de la libertad y de los derechos; un proyecto impulsado por un Gobierno que tiene asumido firmemente el compromiso de proteger a los ciudadanos en cualquier circunstancia, de aglutinar esfuerzos políticos, y la voluntad y el trabajo de todas las Administraciones Públicas en una nueva cultura de seguridad.

En segundo lugar, quiero dar cuenta de que hoy ha visto la luz el Acuerdo por el que se autorizan la firma y la aplicación provisional del Tratado sobre Comercio de Armas. Ésta es una propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Este Tratado se firmará el próximo día 3 de junio de 2013 en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. El texto es el resultado de seis años de negociaciones multilaterales que concluyeron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio de Armas, que se celebró en marzo, y que fue aprobado en la Asamblea General de abril. España siempre ha tenido una posición muy activa y muy favorable a este Tratado. Con él se llena un vacío existente de normativa internacional reguladora de la transferencia de armas convencionales. Se incluyen, además de la lista de registro de armas convencionales de Naciones Unidas, las armas pequeñas y ligeras, municiones, explosivos, así como las partes, componentes y tecnología.

El objetivo esencial de este Tratado, cuya firma se ha acordado, es conseguir un instrumento jurídicamente vinculante sobre normas internacionales comunes que permitan regular el comercio de armas, y España no se queda fuera; será de los primeros en firmarla.

Quiero destacar ya, desde el preámbulo, que este Acuerdo tiene continuas referencias a la Carta de Naciones Unidas y a la necesidad de una normativa que regule el tráfico de armas, que resuelva los problemas que el tráfico ilícito de las mismas provoca en la población civil, con mención expresa a las mujeres y a los niños, así como las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad de dicho tráfico. Además, reconoce el papel activo en su desarrollo llevado a cabo por la sociedad civil en las Organizaciones no Gubernamentales.

Tiene como principios básicos la necesidad de resolver los conflictos por medios pacíficos; el reconocimiento vinculado al convenio de la legítima defensa en este ámbito; la renuncia al recurso de la amenaza y al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado; la no injerencia en asuntos internos; el respeto a los derechos humanos y la obligación --y esto es lo más importante y novedoso del Tratado-- de regular el comercio internacional de armas convencionales y evitar su desvío a otros agentes. Al respecto, además, se reconoce la capacidad que tienen los Estados legítimamente de adquirir armas sólo para ejercer su derecho a la legítima defensa y para operaciones de mantenimiento de la paz, y se establecen reglas muy tasadas para la fabricación, exportación, importación y transferencia de armas convencionales.

Siguiente asunto. Quiero darles cuenta de la aprobación del Real Decreto por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales, como las grandes inundaciones que han tenido lugar en varias Comunidades Autónomas. Como saben, el año pasado se aprobó un Real Decreto Ley, que después se transformó en una Ley de 26 de diciembre de 2012, que establecía un régimen normativo para situaciones de esta naturaleza extraordinaria y permitía, para evitar las demoras que genera la aprobación de normas de esta naturaleza, si son de rango legal, que mediante Real Decreto fuéramos adaptando el ámbito de aplicación y los requisitos previstos en esa Ley a cada una de las catástrofes que se vayan produciendo.

Pues bien, una vez que se han podido valorar todos los daños que se han producido por los fenómenos meteorológicos de gravedad acaecidas entre el 8 de septiembre y el 27 de diciembre de 2012, una vez que ya tenemos toda la relación de los Ministerios afectados, todo el relato de todos los daños, se aprueba este Real Decreto y se habilitan los fondos para que comience la tramitación de las ayudas del Ministerio de Hacienda, y se atiendan los gastos ocasionados en el Ministerio de Defensa.

Quiero señalar que el Ministerio del Interior, hasta la fecha, ha concedido 16 ayudas por fallecimientos, 283 ayudas por daños materiales y 97 por gastos de emergencia, hasta un total, hasta la fecha, de 2.778.000 euros. Pero, además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se gestionarán las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales. Para ello, el Real Decreto se acompaña de un Acuerdo que aprueba un crédito extraordinario de 71 millones de euros para paliar estos daños, una vez que ya se ha producido su valoración.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto u otro.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle sobre, si lo han comentado en Consejo o no, la decisión del Gobierno, o cómo está, para la asunción de algún pacto o acuerdo con el principal partido de la oposición, o con otras fuerzas políticas, sobre las materias que se comentaron, por ejemplo, en la sesión de control del Congreso del otro día en materia de empleo juvenil o algún otro aspecto económico. También ayer se apuntaba la posibilidad de la Ley de Transparencia, por su parte.

También quería comentarle si va a haber una reunión, o está prevista en los próximos días, entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición sobre estos asuntos, y si en esa reunión usted cree que cabría o se podría incluir el tema de la reforma del modelo territorial, dado que el principal partido de la oposición está proponiendo una oferta de reforma de la Constitución e, incluso, otros líderes territoriales han dicho que esperan un movimiento de los dos grandes partidos para ver si se abre una puerta a la solución del modelo territorial.

Y una pregunta de agenda. ¿Va a nombrar el Gobierno, en esta semana o en la que viene, a los dos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden?

Vicepresidenta.- En relación con el primero de los asuntos, yo quiero destacar algunas cuestiones. En primer lugar, hoy hemos presentado una Estrategia de Seguridad Nacional, que es un documento que ha sido abordado y dialogado con el principal partido de la oposición. Con lo que a su relato le añado un tema importante en el que, ni más ni menos, estamos siguiendo una tradición que yo creo que es buena, que es que en asuntos de Estado, y ésta de la seguridad lo es, se llegue a acuerdos y, si se han logrado en algún momento, traten de preservarse pro futuro.

En la sesión de control se planteó la coincidencia en el tratamiento de algunos asuntos en la Unión Europea entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. No es un asunto nuevo. En muchas ocasiones o en innumerables ocasiones, y quiero recordar la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, se lograron unas prioridades conjuntas y compartidas. Nosotros pensamos que éste es un buen elemento en el que debe mantenerse ese clima de colaboración y ese clima de diálogo.

Está habiendo y va a haber contactos --hasta ahí le puedo decir-- con el principal partido de la oposición para abordar hasta qué punto podemos ponernos de acuerdo y defender una estrategia común y compartida en Europea, que es muy importante para afrontar la crisis, no sólo la que vive España, sino la recesión que se está viviendo en el conjunto de la Unión Europea.

Como saben, esta semana, el día 5, hay una reunión del presidente del Gobierno y varios ministros con el Consejo de Comisarios. Tenemos que evaluar muy bien cuáles son las posiciones que allí se van manteniendo y dónde podemos avanzar. E, indudablemente, mantendremos informados a todos, pero muy especialmente al Partido Socialista, sobre el resultado de esa reunión, que sirva también para impulsar las posiciones conjuntas que pudiéramos mantener en ese sentido.

Me pregunta sobre la reforma del modelo territorial y yo me voy a remitir a lo que fueron la intervención y la posición del presidente del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la Nación. Éste es un tema importante, en el que no conviene cambiar de opinión a no ser que se tengan muchos motivos fundados.

Yo quiero recordar que en ese Debate del Estado de la Nación, que fue un debate público y muy amplio, sobre muchos asuntos pero también sobre la reforma del modelo territorial, lo que se puso en evidencia es que entre quienes promovían esa reforma los modelos eran absolutamente dispares y los objetivos, radicalmente diferentes. Algunos afectaban a la organización territorial del Estado; otros, a otras materias muy distintas.

Lo que puso de manifiesto ese Debate sobre el Estado de la Nación es que no hay, digamos, ni siquiera un principio de acuerdo en lo que hay que reformar y hacia dónde hay que ir. Y eso no quiere decir que no haya que hacer reformas en las Administraciones Públicas.

Viendo el Gobierno cuál era ese panorama de absoluta disparidad de criterios en hacia dónde ir, nosotros no nos vamos a quedar quietos. Nosotros pensamos que, desde el punto de vista de la reforma de las Administraciones Públicas, hay mucho por hacer.

Ayer el presidente del Gobierno se reunió toda la tarde con los miembros de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, donde se le pusieron de manifiesto las primeras conclusiones de ese informe, que, como saben, tenemos la obligación de presentar en este mes de junio. Y se puso de manifiesto cómo, sin necesidad de una reforma constitucional o sin perjuicio de la misma, se pueden llevar a cabo cambios muy importantes y cambios sustanciales en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. No sólo mecanismos mucho más ágiles para evitar duplicidades entre dos y tres Administraciones, sino instrumentos mucho más ágiles a la hora de que la Administración pueda crear nuevos organismos públicos; la necesidad de que tengamos muy claro que tienen que servir para algo y que tienen que estar financiados, y, si no, probablemente no convenga crearlos. Y, sobre todo, un aspecto muy importante de cara al ciudadano: que tenemos todos, todas las Administraciones, que funcionar de una manera muy diferente y que la Administración electrónica, entre otros asuntos, nos va a permitir un diseño muy distinto de la Administración Pública.

Ayer se habló de transparencia, pero también podemos hablar de simplificación administrativa; de cómo en determinados trámites, que para la gente les resultan muy pesados o muy penosos hacerlos a lo largo de su vida, y a los emprendedores o a los empresarios les exigen mucho tiempo y dinero llevarlos a cabo, podemos hacer que la Administración dé la vuelta en ese sentido.

De modo que éste es uno de los puntos que nosotros también abordaremos en este mes y también consideramos que sería bueno que se llegara a acuerdos de distinta naturaleza.

Y sobre los miembros del Tribunal Constitucional, como saben, el nombramiento por el Gobierno, hace nueve años, se llevó a cabo mediante un Real Decreto, en este caso, del presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo de Ministros, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, si no recuerdo mal, el 9 de junio. Con lo que nosotros antes de esa fecha procederemos a llevar a cabo ese nombramiento, cumpliendo los plazos constitucional y legalmente previstos.

P.- Vicepresidenta, sobre la Estrategia de Seguridad, además de las amenazas exteriores y a pesar de que ha comentado que quizá entre la seguridad exterior y la seguridad interior cada vez hay un estrecho margen en diferenciar una de otras, ¿qué grado de amenaza contempla ese plan o esa Estrategia respecto a la banda terrorista ETA? ¿Se considera en esa Estrategia que sigue siendo una amenaza real en nuestro país o si, por el contrario, considera esa Estrategia o ese plan que la banda terrorista ETA ha sido derrotada? Eso por un lado.

Luego, siguiendo un poco con la pregunta anterior sobre pactos, al margen de éste que ha comentado también de la Administración Pública y el que se puede conseguir sobre Europa, me gustaría preguntarle sobre pensiones, que quizá es algo mucho más concreto. ¿Ese pacto, por parte del Gobierno, sería deseable, necesario o, incluso, obligatorio hacerlo con la oposición?

Vicepresidenta.- En el primero de los puntos, indudablemente, el terrorismo es uno, como yo decía, como he relatado hace un momento, de los riesgos que prevé la Estrategia de Seguridad Nacional y donde expresamente se incluye a la banda terrorista ETA, y donde se tiene muy presente que las instituciones del Estado tienen que seguir trabajando sin descanso hasta que la banda terrorista ETA sea disuelta totalmente.

Se hace evaluación de que la fortaleza del Estado de Derecho, la colaboración internacional y la propia reacción de la sociedad civil han ayudado a que en estos momentos policialmente ETA esté en las circunstancias en la que está. Pero todas las instituciones del Estado, y así se dice en esa Estrategia de Seguridad Nacional, tienen que trabajar, y tienen que trabajar sin descanso, hasta que logremos la completa disolución de esa organización terrorista.

Sobre las pensiones y sobre la sostenibilidad, en la última reforma de las pensiones que llevó a cabo el Gobierno anterior, en la pasada Legislatura, se establecía la necesidad de regular un factor de sostenibilidad; eso es lo que decía esa Ley. Y tomando el relevo de esa Ley, este Gobierno ha nombrado una comisión de expertos --donde los hay de diferente procedente, y me quedo ahí-- que están analizando cuál es el mejor factor de sostenibilidad, el más acorde con nuestro sistema y, sobre todo, el que dé unas mayores garantías de viabilidad y de seguridad. Y hoy, que hablamos de seguridad, yo también quiero hablar de seguridad a los pensionistas en nuestro país y a los que trabajamos ahora, la seguridad de que cobraremos en el futuro.

Ésa es la base sobre la que hay que trabajar: la presentación de ese informe y la discusión en el Pacto de Toledo. E, indudablemente, nosotros pensamos que un asunto como ése --de lo que estamos hablando es de las pensiones, no de las de ahora, sino en el medio y en largo plazo, de las suyas, de las mías y de la gente que viene trabajando después-- es una política de Estado en la que conviene buscar los pactos y, desde luego, este Gobierno los va a buscar. Ya, si los vamos a encontrar, no me corresponde a mí decirlo; pero la intención del Gobierno es, ya digo, tomando el relevo de esa Ley, que nos obligaba a hacerlo, y de una manera que ya desde el inicio es consensuada --el Gobierno ha preferido escuchar a los expertos para diseñar el sistema--… Pensamos que sería bueno llegar a un acuerdo y para ello trabajaremos.

P.- Vicepresidenta, esta semana Bruselas ha flexibilizado más el déficit de España; nos ha dado más margen, tanto este año, como el que viene. Quería saber si esos ajustes de menos que va a tener que hacer España van a llegar realmente a los ciudadanos, vía, por ejemplo, revirtiendo algunas subidas de impuestos que se pusieron en marcha, este año o el que viene. ¿Hay alguna posibilidad de hacer eso?

Después, sobre el tema de las pensiones, todavía no he escuchado a muchos dirigentes públicos decir que la revisión del factor de sostenibilidad implica una bajada de las pensiones en el futuro, porque la esperanza de vida a futuro es la que es. Entonces, yo quería saber por qué no se dice claramente, o si se dirá claramente cuando se apruebe ese factor de sostenibilidad, para que la gente haga sus planes, como recomiendan todos los expertos, a futuro: planes de pensiones privados o se incentiven otras fórmulas para que la gente complete su pensión. Porque ése es el riesgo que tiene cualquier aplicación en cualquier país de Europa de un factor de sostenibilidad.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas y en relación con las decisiones, en este caso de la Comisión, que tienen que pasar después por el trámite del ECOFIN y del Consejo, como conoce muy bien, yo creo que hay que destacar varios puntos muy concretos y muy claros:

En primer lugar, que tenemos que seguir en la senda de consolidación fiscal, que tenemos que cumplir. Y, como ayer decía el ministro Montoro, no hay relajación posible. Eso tiene que quedar meridianamente claro.

En segundo lugar, tenemos que cumplir una serie de recomendaciones que, en buena medida, coinciden con el Plan Nacional de Reformas que el Gobierno envió a Bruselas y que tenemos y vamos a cumplir en los calendarios que hemos previsto.

Por otro lado, junto a eso, junto a esas reformas estructurales, tendremos que evaluar la evolución de nuestra propia economía y trabajar para que sea mejor que la que prevén algunos.

Por último, me preguntaba sobre el asunto de los impuestos. Pues bien, yo le voy a decir una cosa: no conozco muchos Gobiernos, pero los hay… Al menos a éste la tarea de subir impuestos no es la que le ha resultado más grata. Pero yo quiero recordarles, porque estamos hablando de déficit, que estamos en un 8,9 por 100 de déficit frente a un 6 por 100, que era el que tenía que haber habido. Treinta mil millones. Y que el esfuerzo se ha hecho dos terceras partes por vía de gasto y un tercio, efectivamente, por vía de ingresos.

El presidente del Gobierno, cuando se planteó el Programa Nacional de Reformas, ha asumido el compromiso de poder revertir alguna de ellas, especialmente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto eso sea posible.

No obstante, también somos muy conscientes de que el sistema tributario ha sido tocado en muchas ocasiones, que hay que reanalizarlo, y el Gobierno trabajará en una reforma tributaria completa y sistemática que sirva, además, para reordenar un sistema impositivo del que ha habido muchas reformas parciales pero que creo que tenemos que analizar en su conjunto para favorecer la equidad y la financiación adecuada de los servicios públicos. Es decir, vamos a trabajar en una reforma fiscal completa e integral, en un sistema tributario justo y equitativo, para sufragar esos servicios públicos que pagamos todos con nuestros impuestos.

Sobre las pensiones, la fijación de las pensiones, como a nadie se le escapa, depende de muchos factores. El envejecimiento es uno de ellos y también lo es el nivel de empleo. La mayor garantía de un sistema de pensiones es crear empleo, porque son los afiliados los que mantienen a los pensionistas, con lo que también las políticas de empleo van destinadas a este fin, con lo que tendremos que ver una perspectiva integral.

Ahora, ¿qué están haciendo los expertos? Un análisis en el que inciden, entre otros, esos dos factores: el que usted hablaba y el que yo le he recordado. Y tendremos que analizar cuáles son sus propuestas para ver cuál es la que mejor responde o se adapta al propio sistema español.

Yo creo que no hay que sacar conclusiones a priori. Por ejemplo, y no forma parte del factor sostenibilidad, yo sí quiero recordar que una buena parte de las pensiones este año se actualizaron un 2 por 100, las pensiones más bajas. Y a usted no se le escapa, porque es experto en la materia, como está el Índice de Precios al Consumo este año y cómo puede acabar, con lo que ahí va a haber una mayor revalorización, que es el IPC.

Dejemos trabajar a los expertos, analicémoslo bien, procuremos pactarlo, pero seamos muy conscientes de que son varios factores los que influyen sobre este punto.

P.- Vicepresidenta, en relación con el aprobado que ha dado la Unión Europea, y a falta de los dos trámites que usted ha dicho, el presidente del Gobierno estableció la posibilidad de que se llegara a un acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebraría a final de junio o principios de julio. Usted estuvo presente en una reunión donde dirigentes de un mismo partido, del Partido Popular, expresaron diversas fórmulas en las que se podía aplicar ese margen. Mi pregunta es: si no se llega a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿el Gobierno va a arbitrar unilateralmente los baremos y el porcentaje que deberá cumplir cada Comunidad Autónoma?

En segundo lugar, no sé si al Gobierno, o lo han abordado, o le preocupan, los abucheos que recibieron ayer los Príncipes como representantes de la Jefatura del Estado en un acto cultural en Barcelona.

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los puntos, como usted bien dice, aquí hay unos procedimientos que cumplir y, hasta que no acaba el último de esos trámites, la senda de no está definitivamente cerrada.

¿Cómo se va a fijar? Como ya acordamos en la Conferencia de Presidentes en su día, será el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que escuchará las opiniones y los criterios de cada cual, y tendrá que decidir en su caso. El compromiso es que los criterios sean siempre económicos y objetivos, criterios racionales, teniendo también presente que no podemos dejar la senda de consolidación fiscal y que el compromiso de todas las Administraciones tiene que ser serio, firme y decidido, y, a partir de ahí, encontrar el mejor sistema que dé credibilidad a nuestras propias cuentas públicas de acuerdo con criterios objetivos. En lo que hay que trabajar es en el acuerdo; no nos vamos a poner ya en la solución final. Hay que trabajar por ese acuerdo.

Sobre los abucheos a los Príncipes de Asturias, yo tengo mucho respeto a las instituciones y creo que es una falta de respeto institucional ese tipo de comportamientos.

P.- En primer lugar, sobre lo que ha comentado ahora del déficit para las Comunidades Autónomas, me gustaría saber si, después de conocer la cifra que la Comisión nos concede para el año 2013, la cifra para las Comunidades Autónomas del 1,2 por 100 es inamovible o está dispuesto el Gobierno a ampliarla, como han pedido algunas Comunidades Autónomas, en función del gasto real que tienen las Comunidades Autónomas en el peso del gasto de todas las Administraciones Públicas.

Respecto a los pactos, usted misma decía que, en materia de Europa, PSOE y PP han tenido coincidencias a lo largo de este año. Me gustaría saber, entonces, la voluntad de que se visualice ese acuerdo, a qué se debe, por un lado y si esa voluntad de acuerdo podría incluir algunos temas en los que después de un año se ha visto que no ha podido llegarse a ningún acuerdo, como puede ser el de la reforma local. ¿Es todavía posible algún pacto en este asunto, en el que el Gobierno ha dado por cerrado su documento y que no cuenta con el apoyo del PSOE?

Vicepresidenta.- Como Gobierno, hasta que no se cumplan todos los trámites, nosotros no vamos a dar ninguna cifra.

Sí quiero poner una cosa de manifiesto. Usted me dice: habida cuenta que las Comunidades Autónomas gestionan la inmensa mayoría de los servicios públicos… Yo quiero recordarle un servicio público esencial que tiene las circunstancias económicas y financieras que tiene, que es la Seguridad Social. En la Seguridad Social eso de diferenciar entre Estado y Comunidades Autónomas, es una línea bastante difusa, porque estamos hablando de las pensiones de los pensionistas de toda España. Ése es un servicio público de primera necesidad, con lo que también tenemos que ser conscientes de que precisamente es en esa área donde la propia situación de la crisis y de la recesión va a exigir unos mayores esfuerzos, y yo creo que esos esfuerzos es mejor hacerlos por la vía de los márgenes que tenemos de déficit que por otro tipo de medidas que, por desgracia, en este país se han producido en fechas anteriores.

Sobre los pactos, a nosotros lo que nos importa es el contenido en estos pactos en relación con la Unión Europea, ser muy conscientes de cómo están las cosa y qué estrategias se pueden llevar a cabo para sacar adelante asuntos que nos importan mucho, como pueden ser el empleo juvenil, la financiación de las Pymes o la supervisión bancaria. En lo que trabajaremos es para darle contenido.

¿La visualización? He de decirles que me han preguntado más ustedes por la visualización, por cómo se iba a hacer, que por lo que, digamos, en este momento a nosotros nos tiene más ocupados, que es ver las coincidencias que podemos tener y en qué manera puede coincidir con los propios calendarios de la Unión Europea.

¿Sobre otros asuntos? Se trata de trabajar e ir viendo. Ya le digo, la Estrategia de Seguridad Nacional se ha trabajado conjuntamente y ahí está ese diálogo. Y en la Ley de Transparencia se ha abierto un diálogo que yo espero que llegue a buen término. En la reforma local, se seguirá trabajando. Indudablemente, hay que hacer una reforma y nosotros queremos que sea la mejor posible. No es fácil, la materia es muy compleja; el reparto competencial, lo es; la financiación de esos servicios públicos también lo es. Son muchos los actores implicados, no sólo los partidos políticos y su posición, sino también las propias Administraciones Públicas, que en este caso son tres las que se ven afectadas. Siempre es difícil construir acuerdos de esta naturaleza, porque algo se tiene que cambiar y, cuando se cambie, y más en esta materia, uno ve alterada o afectada su situación.

Pero nosotros seguiremos trabajando en una reforma que es necesaria y que se ha venido reclamando desde hace muchos años, porque darle una solución a las competencias impropias de los Ayuntamientos yo creo que es una materia obligada, porque asumir recursos sin financiación es un problema a la hora de la gestión, y a la inversa: que las Comunidades Autónomas tengan que volver a asumir recursos con financiación también lo es, con lo que hay que buscar ahí un equilibrio.

P.- El ministro Montoro nos dijo aquí mismo que no iban a tocar el IVA, ahora Bruselas nos pide que lo toquemos y usted ha hablado de una reforma --le he escuchado-- completa de impuestos. ¿Entiendo que eso incluye el IVA, o sea, que se podría tocar el IVA? Sobre todo, ¿qué plazos se marcan para esa gran reforma? ¿De cuándo estamos hablando?

Otra cuestión. En el tema de los pactos, Rajoy les dijo a los sindicatos --nos lo contaron aquí-- que no había condiciones políticas para un gran Pacto de Estado por el empleo. Le quiero preguntar, en función de lo que está usted diciendo y lo que se vio en el Congreso antes de ayer, si han cambiado de opinión y si ahora sí ven esas condiciones. ¿Hay ahora más facilidad para ese gran Pacto por el Empleo o sigue como estaba hace tres semanas?

Y le quiero preguntar por unas palabras que ha pronunciado Alfonso Alonso, un compañero suyo, que ha dicho: "lo paso muy mal con el tema Bárcenas y el tema Gürtel. Es vergonzoso. Hay cosas muy difíciles de explicar". Quería saber si usted tiene esta misma sensación, si coincide con su compañero.

Por último, con la Ley de Transparencia que se aprobó ayer --que se inicia ayer el trámite, pero parece que puede haber acuerdo--, si en ese ambiente nuevo de transparencia, también piensan cambiar de alguna manera la política de información de las actividades del Presidente, porque esta semana, por ejemplo, nos hemos enterado que se ha reunido con un importante empresario y nos hemos enterado gracias a los medios. Quería saber si ustedes creen que el que el presidente del Gobierno hable con una persona como Adelson de la Ley del Tabaco eso es un asunto privado y si no se debería informar de eso.

Vicepresidenta.- Sobre el IVA, me viene bien su pregunta para explicar alguna cosa que yo he leído y que no es así. En la regulación del IVA --estoy hablando de la teoría, ¡eh!--, una cosa son los tipos (superreducido, reducido y el general? y otra cosa son los productos a los que van esos tipos. Porque yo he leído: "hay que subir el tipo reducido o el superreducido del IVA". No es eso lo que ha planteado la Comisión.

En segundo lugar, tanto el ministro Montoro, como el presidente del Gobierno, han sido muy claros en ese punto.

Y sobre el tercero de los asuntos, un sistema tributario es un ordenamiento jurídico muy amplio, donde hay muchas piezas. En relación con el IVA, la normativa europea es mucho más armonizada por la naturaleza de ese impuesto que otras; pero de lo que estamos hablando es, fundamentalmente, de otras cuestiones. Probablemente, tengamos que avanzar cómo tratamos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y cómo logramos ganar en competitividad, de manera que puedan analizarse y estudiarse, dentro de un diseño conjunto, asuntos importantes como es el asunto de las cotizaciones sociales, etc., etc.

Es decir, me preguntaba usted por una cosa muy puntual y yo le estoy hablando de unos trabajos que están ahí, en el horizonte --ya lo hemos dicho en alguna ocasión--, y que, indudablemente, requerirán un trabajo muy arduo y muy amplio, porque ni más ni menos que estamos hablando del sistema de ingresos públicos en nuestro país. Pero yo sólo aquí anticipo que ésa es una de las reformas que este Gobierno hará, no con carácter inmediato, pero sí sobre esa línea.

Perdóneme, me he extendido tanto que se me olvidaba que tenía tres preguntas, ni más ni menos.

Sobre los Pactos. Yo creo que las cosas hay que construirlas poco a poco, y ahora estamos abordando algunos aspectos importantes en el seno de la Unión Europea este mes, que es el previo al del Consejo, y yo creo que las cosas hay que analizarlas despacio y ver qué propone y dónde está cada cual.

Indudablemente, todos estamos --yo quiero pensarlo así-- por que en España se cree empleo, pero, indudablemente, hay diferentes políticas para crearlo. Las de la pasada Legislatura, indudablemente, dieron el resultado que está ahí y este Gobierno está llevando a cabo otro tipo de reformas. Creemos que ésta es la senda pero, como en este tema y en otros, atendemos y escuchamos a los sindicatos y a los partidos, y, si algún aspecto nos parece positivo, como hemos demostrado, no tenemos ningún inconveniente en incorporarlo o en acordarlo.

Sobre las declaraciones, no acostumbro aquí a comentar declaraciones de cada cual. Cada uno expresa lo que tiene por conveniente. Como Gobierno, nuestra tarea es dotarnos de leyes y de normas que nos hagan ser mucho más rigurosos y mucho más eficaces. Ayer empezó la tramitación de una de ellas, como usted me decía.

Y sobre el último de los asuntos, lo que hará este Gobierno es cumplir la Ley de Transparencia, las obligaciones que se tengan, indudablemente, de agenda pública del Presidente. Y hay otras reuniones, la que dice y otras muchas, que, sencillamente, un presidente del Gobierno tiene que mantener, porque su tarea también es conocer las opiniones de cada cual y donde está cada cual. E, indudablemente, si reportan decisiones, como no puede ser de otra manera, cuando se adoptan se comunican y se informan, y después ya se critican.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle sobre la Estrategia de Seguridad Nacional. ¿Cuál considera el Gobierno que es el principal riesgo que tiene España ahora mismo? ¿Qué lugar ocuparía la crisis económica en ese ranking; no solamente la crisis económica sino también la crisis institucional, el mayor distanciamiento que se está produciendo entre los ciudadanos y sus políticos? ¿Eso forma parte también de la seguridad nacional y hasta qué punto preocupa en esta Estrategia?

También quería referirme a otra cuestión. El Gobierno ha enviado una respuesta escrita al Congreso de los Diputados según la cual los constructores imputados en el caso de los "papeles de Bárcenas" recibieron nueve mil millones de euros más por parte de los Gobiernos socialistas que del PP, y solamente la ministra Magdalena Álvarez dio el doble de cantidad en contratos que el PP también. Quería conocer una valoración política del Gobierno en este asunto.

Vicepresidenta.- Sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, uno de los puntos o uno de sus objetivos es precisamente la estabilidad institucional y la estabilidad económica, el quinto. Realmente, el ranking es muy difícil de hacerlo en una cuestión de esta naturaleza y, además, va variando. Según cómo vaya evolucionando la geopolítica, a veces determinados riesgos ocupan --lo ven ustedes en sus portadas-- una atención máxima y momentos después puede ser otro. Lo que hacemos es intensificar la coordinación y el esfuerzo sobre todos y cada uno de esos puntos.

¿Y cómo se hace eso? Adoptando medidas y cambio en normativa, pero también en actitudes, para evitar ese distanciamiento. Creo que los acuerdos en este punto son buenos --y yo quiero agradecer, por ejemplo, ayer, en la Ley de Transparencia, esa voluntad de acuerdo de todos-- y ver lo que se puede cambiar y lo que nos puede acercar para construirlos. Pero ésa no será la única Ley. Nosotros tenemos el encargo de hacer más propuestas; así además lo ratificaron las Cortes Generales en el Debate sobre el Estado de la Nación, y ésa es la línea en la que vamos a seguir trabajando: medidas que permitan profundizar la responsabilidad, la rendición de cuentas y la ejemplaridad en el cumplimiento de los encargos públicos o de los cargos públicos.

Sobre la pregunta a la respuesta escrita, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que sabe que depende del Ministerio de la Presidencia, recibió una pregunta escrita, como muchas que recibimos. Ayer se sorprendían algunos de ustedes porque en lo que va de Legislatura llevamos contestadas dieciocho mil, casi diecinueve mil. Pues entre las diecinueve mil iba esta pregunta, donde lo que un diputado pedía es que se relacionara quién eran los adjudicatarios de distintas licitaciones en distintas obras, y a lo que se dio respuesta es a qué obras habían correspondido y a quién; información que, por otro lado, como ustedes saben, es pública de otra manera. Pero ahí lo que se hizo es que, sobre las que nos preguntaban, se contestó.

Y como también iban encaminadas, por la información que dieron esos diputados, a analizar cómo habían contratado esas empresas, de la valoración del volumen de contratación en estos años se demuestra que la inmensa mayoría de ellas, porque son empresas del sector, dio la casualidad de que contrataron más en periodos subsiguientes. Lo que pone de manifiesto que aquí no hay que anticiparse nunca hasta que los hechos y los datos están encima de la mesa, y con los hechos y los datos, y yo no entro en valoraciones, lo que se pone en evidencia es que esas empresas, que son del sector, y otras, vienen contratando, y dio la casualidad de que por las que preguntaba o por las que parecía que preguntaba ese diputado contrataron más en períodos posteriores.

Ésos son los hechos. Nosotros sólo contestamos con hechos, no con valoraciones, y los hechos, los datos y las cifras dicen, en este caso, claramente lo que dicen.

P.- Vicepresidenta, quería preguntarle por la reforma de las Administraciones Públicas, a la que usted hacía referencia. Quería saber si el presidente del Gobierno, en la reunión que mantuvieron ayer aquí, en el Palacio de La Moncloa, les ha dado plazos más concretos, porque precisamente ésta es una de las reformas que demanda Bruselas.

Quería retomar la pregunta que le han hecho sobre las pensiones, porque también la Comisión Europea en este tema habla de ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida. Quería saber si el Gobierno va a atender esta recomendación, aunque usted ha dicho anteriormente que lo están hablando en el Pacto de Toledo y que quieren alcanzar acuerdos. Pero si esa recomendación el Gobierno quiere atenderla o la tiene en mente.

En segundo lugar, quería preguntarle por la situación del señor Camps y de Rita Barberá, porque el juez aprecia indicios de delito racional de prevaricación, de malversación… Quería saber si el Gobierno está preocupado por la posible imputación de Camps y Barberá.

Vicepresidenta.- El informe de la reforma de las Administraciones Públicas se va a tener este mes de junio. Ayer lo que el presidente del Gobierno pudo comprobar es que el informe está prácticamente ultimado. Ya les voy avanzando que es un informe de líneas generales, es una auditoría completa de las Administraciones Públicas; pero completa.

A lo largo de estas fechas, o con anterioridad, siempre se ha dicho "hay que eliminar tal, hay que tal, hay que…". Si me permiten, los "hay qués". Este informe ya no es de "hay que", este informe es "aquí hay esta duplicidad", "lo oportuno a hacer es esto", "tenemos que cambiar estas leyes", "hay todas estas materias", "cuánto cuesta cada una de ellas y cómo nos podemos ahorrar dinero", "qué nos hemos encontrado", "cómo se puede paliar", "qué problemas tiene la gente"...

Ha sido muy curioso. Se abrió un buzón, ¿no?, en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y ha colaborado muchísima gente; además, muchísima gente en toda España, donde te cuentan sus problemas reales en sus relaciones con la Administración. Porque, junto a lo que hablamos muchas veces aquí, que es de las grandes concepciones de la Administración, luego está el ciudadano, que no el administrado, que se enfrenta con una burocracia diaria que a mucha gente le resulta muy penosa. Estoy hablando de ir a inscribir un hijo o un matrimonio; qué tengo que hacer para jubilarme; cómo doy de alta a un trabajador…

Y a eso también se dedica, y mucho, ese informe: a que mucha gente que, hasta ahora, cada vez que se tiene que enfrentar a la Administración "lo que voy a tardar", "lo que me voy a encontrar", "la cola de tal", "voy a llegar y me van a decir que me falta este papel", "tengo…". A esa gente convertirles, no en administrados, sino en clientes de la Administración y que la Administración esté ahí para ayudarles a resolver y acompañarles a resolver un problema que muchas veces supone un engorro muy importante, y una gran dificultad y una gran preocupación, porque te cuesta enfrentarte a ello. Y ésos son esos tomos que han visto en alguna foto.

Esto es una auditoría completa y que, además, tendrá unos plazos de cumplimiento muy, muy, definidos y un seguimiento… Esto va en serio. Esto no es un informe de "hemos pensado que lo que hay que hacer es…", y se dan ahí diez conclusiones. De ésos yo ya he leído muchas, bastantes. Aquí se dice: hay que hacer esto, pero esto se hace de esta manera. Y, a partir de ahí, a trabajar.

Incidirá también en alguno de esos puntos sobre los que expresamente se pronuncia la Comisión Europea, sobre el análisis de costes, etc., etc., o una nueva forma de presupuestar. Sí, también eso lo haremos.

En cuanto al otro asunto, hay una decisión de un órgano judicial que tiene que recabar, en este caso, la posición de otro y su opinión sobre este asunto, y nosotros respetamos tanto las decisiones de unos y de otros. Como Gobierno, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos en qué sentido tiene que determinarse este asunto.

Y sobre las pensiones, poco más le puedo decir que lo que le he dicho a su compañero. En todos los sistemas y en todos los factores de sostenibilidad se tienen en cuenta diferentes elementos y esto de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población es que no es nuevo; es de lo que siempre se ha hablado cuando se habla de la sostenibilidad de las pensiones. Desde luego, para el Gobierno no es ninguna sorpresa, creo que para nadie.

Hay que analizar eso, hay que analizar también la evolución de las cuantías de las pensiones, hay que analizar el empleo y las cotizaciones. Indudablemente, ahí están los expertos analizando el mejor sistema y nosotros buscaremos el más equilibrado.

P.- Yo quería insistir en la pregunta sobre ETA. Hay un punto que no ha respondido. ¿Con qué nivel de riesgo o amenaza se define a ETA en ese plan? ¿El Gobierno la considera derrotada o ha evaluado que existe la posibilidad de que vuelva a actuar?

Vicepresidenta.- Cuando se habla de la organización terrorista ETA, hay una cosa que hay que tener muy presente: que, mientras no se disuelva, está ahí y en lo que hay que trabajar es sin descanso para lograr su completa disolución y su desaparición. ETA está prevista en esa Estrategia de Seguridad Nacional y, desde luego, es una tarea que preocupa y ocupa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones del Estado para lograr su completa disolución.

Indudablemente, no estamos…, especialmente ETA, pero gracias a la fortaleza de todos no está en la situación en la que estaba hace tiempo; pero aquí hay que seguir trabajando porque, mientras no desaparezca, está ahí. Y, desde luego, el Gobierno, ni el Estado, ni el conjunto de sus instituciones, se va en este sentido a relajar mientras ETA no sea el pasado y una organización terrorista disuelta y finiquitada. Mientras no sea así, a seguir trabajando.

Mire, me sirve su pregunta para, además, reconocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --en su conjunto, no sólo las del Estado, sino también las autonómicas-- el esfuerzo que se está haciendo para que desaparezca una lacra, y así sigue considerándolo la Estrategia de Seguridad, que ha amenazado y ha asesinado a muchos españoles por el simple hecho de ser ciudadanos y españoles. Estos señores tenemos que acabar con ellos, directamente.

P.- La Monarquía aparecerá en la Ley de Transparencia. El otro día destacó en el Congreso que será la primera monarquía europea que estará sometida a una ley; pero, en el caso particular de la Monarquía española, hay indicadores, como ha vuelto a decir el último barómetro del CIS, de que tiene poca popularidad. No sé si con esta aparición de la Monarquía en la Ley de Transparencia esperan revertir esta tendencia, mejorar la imagen de la Monarquía. ¿Creen que se llega a tiempo? ¿Les preocupa la imagen de la Monarquía, que no es otra que la de la Jefatura del Estado?

Vicepresidenta.- La Jefatura del Estado, y en concreto S.M. el Rey, a lo largo de todos estos años ha llevado a cabo una tarea que hay que reconocer en la construcción de la democracia española y como árbitro y moderador de las instituciones en momentos muy delicados y muy complejos. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos siempre que tener presente: como nuestra Jefatura del Estado otorga, ha dado y da una gran estabilidad a nuestro sistema.

Ha sido la propia Casa quien ha impulsado activamente esa inclusión en la Ley de Transparencia, algo a lo que no estábamos obligados por la ratificación, cuando se haga la firma, porque primero hay que firmarlo y luego ya veremos si entra en vigor, del Convenio del Consejo de Europa. Las monarquías no tienen por qué estar incluidas. De hecho, no hay ninguna que esté sometida a una Ley de Transparencia. Otra cosa es que las distintas Casas Reales se hayan autoexigido estándares de transparencia que no estaban determinadas por las leyes.

Sin embargo, en este caso, la Corona va a estar como una institución más en una Ley y sometida a la Ley, con lo que yo creo que eso es también un avance muy importante a la hora del fortalecimiento institucional, no sólo de la Casa, sino de todas las instituciones que a partir de ahora tenemos unos estándares de transparencia, en algunos de los casos inéditos respecto a lo que hay en otros Estados.

P.- Vicepresidenta, acaba de salir el informe del Banco de España en el que pide anticipar la jubilación a los 67 años y también que desaparezca el Salario Mínimo para que los jóvenes puedan ser contratados sin que tengan ese límite. Quería saber si van a tener en cuenta estas propuestas.

Vicepresidenta.- Me imagino que el informe del Banco de España, que no conozco, será mucho más amplio. Permítanme que lo conozca y lo analice exhaustivamente para pronunciarme sobre el mismo.

Como siempre, el Banco de España da sus recomendaciones y da su opinión, que es su tarea; pero el Gobierno toma las decisiones que le corresponden atendiendo a lo que en cada momento es más adecuado.

Por la preocupación del Salario Mínimo Interprofesional, en algunas ocasiones hemos hablado de cuál es la cifra real de trabajadores que cobran ese salario; como verán, muy acotada. Eso no quiere decir que me pronuncie ni en un sentido ni en otro. Queremos analizar bien el informe. Pero sólo le digo ese detalle para que también lo tenga presente.

Muchas gracias.