Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Vicepresidente segundo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Como ven, nos acompaña hoy el Vicepresidente y lo hace porque el Consejo hoy ha vuelto a tener un marcado carácter económico, y es que el Gobierno, como venimos diciendo, está utilizando todos los recursos para reforzar la confianza, para agilizar el crédito, para generar empleo, para dar más ventajas a los emprendedores, para eliminar trámites, para generar incentivos a los que inician proyectos empresariales; en definitiva, para inyectar nueva fuerza y confianza a nuestra economía.

A todo ello van a contribuir, sin duda, las nuevas medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros. La primera nace de la transposición de una directiva europea, la Directiva Europea de Servicios, que ha dado lugar a la aprobación para su remisión al Parlamento de un Proyecto de Ley de Libre Acceso a Actividades de Servicios, un proyecto sobre cuyo desarrollo ya estamos trabajando como demuestra el Anteproyecto de modificación de diversas leyes que también hemos visto esta mañana en el Consejo y que a partir de ahora será sometido a dictamen por parte de los diferentes organismos que han de informarlo.

Les doy tan solo unas pinceladas sobre el gran calado de la reforma que ambos textos promueven. El sector servicios representa casi el 67 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto y de toda nuestra fuerza laboral. Es un sector, por lo tanto, decisivo para el crecimiento, para la competitividad y para el progreso de nuestro país. Si en 2006 los europeos dimos un gran paso para lograr un auténtico mercado único en todo el continente con la Directiva de Servicios, hoy el paso lo da España y lo hacemos poniendo en marcha una profunda reforma del sector servicios. Lo hacemos introduciendo más libertad en nuestros mercados y retirando barreras anacrónicas, y lo hacemos propiciando la competitividad y el empleo porque esta reforma va a aumentar en más de un 1 por 100 nuestro Producto Interior Bruto y va a crear doscientos mil nuevos empleos.

La primera Ley, la que hoy hemos aprobado para remitir al Parlamento, introduce los principios de la Directiva y establece a todas las Administraciones obligaciones en su actuación que van a llevar aparejada la simplificación de trámites, van a facilitar los procedimientos, el acceso telemático, la ventanilla única y, además, van a reforzar las garantías y los derechos de los consumidores.

La segunda Ley, que es la que desarrolla ésta y modifica ya todos los sectores en los que se van a aplicar estos principios, viene a modificar alrededor de 46 leyes. Hemos visto solamente el informe y es una ley que va a afectar a sectores diversos como pueden ser los sectores de servicios, administraciones públicas, energía, transporte y comunicación, etcétera.

El Vicepresidente del Gobierno les informará en detalle de ambas iniciativas.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado esta mañana otra importante decisión para seguir luchando contra la crisis económica. Me refiero a la aprobación del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

Se trata de un Real Decreto Ley que introduce reformas en distintas normas. En primer lugar, aborda una reforma parcial y urgente de la Ley Concursal que va a permitir apoyar a las empresas en situaciones de dificultad en esa coyuntura adversa e introducir flexibilidad en el sistema.

Con esta reforma establecemos más facilidades para acceder a la refinanciación de empresas, incentivos para evitar la liquidación de las que entren en concurso, más tiempo para los deudores antes de comunicar al juez la declaración del concurso, y también establecemos mejora para la situación de los trabajadores de las empresas concursadas, para que puedan cobrar las prestaciones por desempleo con la mayor rapidez posible.

En segundo lugar, también se procede también en este Real Decreto Ley a una reducción de los tipos de interés legal del dinero y de demora para adecuarlos a la situación real de la actividad económica.

En tercer lugar, se habilita al Consorcio de Seguros para la aceptación de reaseguros y también se establece de modo indefinido la vigencia de la deducción por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica regulada en la Ley de Sociedades.

De todos estos temas, el Vicepresidente les dará todos los detalles.

Pero les decía al principio de mi intervención que el Gobierno va a aprovechar al máximo los recursos de que dispone nuestro país y entre esos recursos no son menores los derivados de nuestra situación geográfica, una situación que nos convierte en un país estratégico para el transporte y muy especialmente para el transporte marítimo. Somos el país de la Unión Europea que tiene mayor longitud de costa, unos ocho mil kilómetros. Por tanto, no es casualidad que más de veintiséis millones de personas utilicen anualmente las instalaciones portuarias de nuestras costas para desplazarse. Además, los puertos generan un empleo de más de 35.000 puestos de trabajo directos y de unos 110.000 indirectos. Los datos, como ven, hablan por sí solos.

Para eso, para sacar el máximo provecho al potencial que suponen nuestras infraestructuras portuarias, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley para modificar la Ley sobre el régimen económico y la prestación de servicios de los puertos de interés general. Es una ley que nace con dos principales objetivos: por un lado, impulsar la modernización de nuestros puertos y, por otro, mejorar y ampliar los servicios que ofrecen, dotando de mayor estabilidad y calidad laboral a los trabajadores portuarios. En definitiva, se trata de una ley que dará calidad, más servicios y más competitividad a nuestros puertos y, con ello, también a nuestra economía.

Una economía que va a recibir también un impulso con el plan que hoy hemos aprobado de apoyo a la internacionalización de la economía española en los sectores asociados al cambio climático, un plan que pretende alcanzar tres objetivos: en primer lugar, consolidar el liderazgo de las empresas españolas en el sector estratégico de las energías renovables y de las tecnologías para la lucha contra el cambio climático; en segundo lugar, identificar y desarrollar nuevas oportunidades de actuación para las empresas españolas en el exterior, y, en tercer lugar contribuir a que se alcancen, tanto los objetivos internacionales de reducción de emisiones, como los asumidos por España; u país que, como saben, cuenta con una posición destacada en este ámbito a nivel internacional. De hecho, más del 60 por 100 de los proyectos que desarrollamos dentro del Protocolo de Kioto contemplan inversiones en energías renovables.

Por tanto, este plan de internacionalización con temas que tienen que ver con todo el cambio climático va a ser muy positivo.

Precisamente además, y en correlación con ello, hemos aprobado el Observatorio de la Internacionalización, un observatorio que estudiará y propondrá precisamente medidas para estimular la competitividad de nuestra economía en un mundo cada vez más abierto e interconectado. Este Observatorio de Internacionalización presentará un informe anual al Parlamento detallando la evolución de la economía mundial, las estrategias empresariales y las actuaciones emprendidas por la Administración española destinadas a mejorar nuestra posición internacional y la posición o los campos que se abren a nuestras empresas. No cabe duda que se convertirá en el mejor compañero de viaje de nuestras empresas en el exterior.

En materia de vivienda, el Consejo ha aprobado tres Acuerdos para poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que, como recordarán, aprobamos hace apenas unas semanas. El primero es un Acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Vivienda a firmar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla. Los otros dos Acuerdos son de carácter financiero con el fin de fijar el gasto máximo que supondrán las ayudas financieras del Plan y para autorizar al Ministerio de Vivienda a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

En materia de infraestructuras les doy cuenta de una buena noticia para los ciudadanos de Baleares. El Consejo ha autorizado hoy al Ministerio de Fomento a firmar cuatro nuevos convenios de carreteras con los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Se trata de una decisión que supone una importantísima inversión: más de 550 millones de euros en las islas desde este mismo año en varias anualidades.

También el Consejo de Ministros, contando con el dictamen favorable del Consejo de Estado, ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad de Madrid de Medidas Fiscales y Administrativas.

Se recurren dos cuestiones. En primer lugar, el Gobierno entiende que la disposición de la ley autonómica que regula la situación administrativa del personal estatutario fijo de la sanidad pública vulnera la norma básica estatal vinculante para las Comunidades Autónomas al regular de forma distinta al Estatuto-Marco la situación de quienes pasan a prestar servicio en instituciones sanitarias creadas bajo nuevas fórmulas de gestión, incluidas las que se conciertan con la sanidad privada.

En segundo lugar, el Gobierno va a impugnar el artículo 28 de la citada Ley que reforma la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid. Esta Ley de la Comunidad, al establecer fórmulas de ponderación, provoca que el sistema de representación de las Corporaciones Locales y de los impositores en la Asamblea General sea contrario al criterio de proporcionalidad establecido en la Ley estatal de 2003 de órganos rectores de Cajas de Ahorro.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado también un Real Decreto que desarrolla la Ley que aprobamos en el año 2006 que regula el contenido de las declaraciones y comunicaciones que han de presentar los Ministros y los Secretarios de Estado sobre su situación patrimonial.

Es un Reglamento que desarrolla la Ley. Estas declaraciones, como les digo, con arreglo a esta disposición se publicarán en el Boletín Oficial del Estado una vez al año, con referencia a los datos de la toma de posesión y del cese. También se regulan las funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses. El Real Decreto establece, además, que antes del 15 de octubre deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado el contenido de estas declaraciones de bienes y derechos patrimoniales correspondientes a los Ministros y Secretarios de Estado cuya toma de posesión sea anterior al 30 de junio de 2009.

Y ya brevísimamente quisiera decirles que el Consejo ha autorizado dos acuerdos para remitir a las Cortes Generales los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Hemos aprobado también un Real Decreto para traspasar a la Comunidad Valenciana los medios personales adscritos al General Hospital Básico de la Defensa de Valencia, una decisión que dota de más recursos sanitarios a los valencianos y que posibilita que más de 250 trabajadores se incorporen al nuevo destino de manera inmediata.

Por último, el Consejo ha acordado desclasificar documentación del Centro Nacional de Inteligencia solicitada por el magistrado juez del Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid en las actuaciones seguidas contra el ex agente del Centro Nacional de Inteligencia Roberto Flórez García.

Finalmente, hemos aprobado, con efectos del próximo día 14 de abril, la renuncia del Subgobernador del Banco de España, don José Viñals Iñiguez, y se ha procedido al nombramiento de don francisco Javier Ariztegui Yáñez para el citado puesto y con los efectos en la misma fecha.

Vicepresidente.- El Consejo de Ministros hoy ha aprobado un conjunto de medidas de reforma estructural y estímulo económico. En este primer año de Legislatura la actividad del Gobierno ha estado volcada en la puesta en marcha de medidas fiscales y acciones sociales para hacer frente a la crisis económica, hemos aprobado un centenar de medidas, a grosso modo, y yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos de los resultados obtenidos hasta ahora.

Es verdad que, al igual que el resto de los grandes países desarrollados, la economía española se encuentra en recesión, sin embargo, nuestros resultados en el año 2008 en términos de crecimiento fueron algo mejores que la media europea y nuestro sistema financiero, sobre todo, se ha revelado como uno de los más fuertes a nivel internacional; probablemente el que mejor está soportando una crisis financiera mundial que dura ya veinte meses.

Hay un aspecto, sin embargo, en el que nadie puede estar contento, y nosotros tampoco, porque nuestra situación es claramente desfavorable. Estoy hablando, como es lógico, del empleo y su contrapartida: el paro. Por tanto, todo el esfuerzo del Gobierno se centra en la aplicación de medidas que ayuden a la reactivación de la economía y a la generación de empleo.

Ahí hay que encajar las medidas que hoy se adoptan, que se dirigen, por un lado, a facilitar la actividad de las empresas asegurándoles cobertura para que puedan continuar desarrollando su actividad comercial, rebajándoles los intereses que pagan al Estado cuando piden el aplazamiento de sus deudas, dándoles certidumbre sobre el mantenimiento de la deducción de actividades de Investigación y Desarrollo, y mejorando la Ley Concursal que se ha mostrado, en una situación de crisis, como excesivamente rígida y planteando algunos problemas prácticos de importancia. Por otra parte, se dan más garantías para los inversores para que suscriban emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado, de forma que reforzamos esa vía de financiación en nuestro sector financiero.

Junto a estas medidas de carácter inmediato, como insisto siempre, no hay que olvidar el después de la crisis y el después de la crisis es qué tipo de medidas estructurales conviene ir poniendo en marcha para estar en buenas condiciones en el momento en que la crisis se haya superado. A esa idea responde el conjunto de medidas de tipo estructural que se han adoptado hoy que, en mi opinión, son las más importantes de esta Legislatura. Me estoy refiriendo a la liberalización del sector servicios, la aplicación de la famosa Directiva comunitaria de liberalización de servicios, que incluye también una reforma de cierta entidad en los Colegios Profesionales y que, como ha dicho la Vicepresidenta, podría generar hasta la creación de doscientos mil empleos en nuestro país y añadir más de un punto del PIB de crecimiento.

A partir de ahí, voy a entrar a hacer algún comentario rápido sobre la trasposición de la Directiva de Servicios; tienen ustedes todos la información.

Como decía, el Gobierno ha dado ahí un paso importante en esta liberalización y hemos aprobado dos leyes. La primera es la que traspone a la legislación española la Directiva de Servicios. Ésta es una ley que, como ustedes conocen, es la que denominamos "ley paraguas". Es una ley de naturaleza horizontal, que recoge los principios de la Directiva de Servicios, es decir, el libre acceso de todas las actividades de servicio, la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios; y a partir de ahora será referencia para cualquier norma que afecte al sector servicios. Esta Ley ya viene del Consejo de Estado, por lo tanto la aprobación ya es definitiva, y pasa al Parlamento para iniciar el debate.

Sin embargo, es verdad que esta Ley, llamémosla de naturaleza horizontal, luego hay que aplicarla a los distintos servicios prestados en el país y a toda la normativa que afecta a servicios, y eso se lo que se llama la "ley ómnibus". La "ley ómnibus" no es ni más ni menos cómo se aplican a los distintos sectores esos principios generales de la ley horizontal. Aquí afecta, de momento y digo "de momento" porque éste no es un proceso que termine con esta norma y va a seguir vivo en el procedimiento que ahora iniciamos a 46 leyes estatales, se eliminan completamente catorce regímenes de autorización previa, otros veintisiete se sustituyen por comunicaciones, notificaciones o declaraciones responsables y se reforma, como he dicho antes, en algunos aspectos la Ley de Colegios Profesionales.

A diferencia de la primera Ley, que digamos que ya está terminada y va al Parlamento, para la "ley ómnibus" es el primer debate del Consejo de Ministros. A partir de ahora se colgará en la web del Ministerio y se abre a debate público. Estamos seguros de que recibiremos mucha información de todos los afectados; con esa información se perfilará el Anteproyecto de Ley del que actualmente disponemos; irá al Consejo de Estado, como ha ido la anterior; y sólo a partir de ese momento, cuando ya tengamos todo ese camino recorrido, la enviaremos al Parlamento para que sea aprobada.

Decía que, si conseguimos avanzar en la Directiva de Servicios en la línea que está prevista por la Comisión Europea, y ésta es una operación compleja, que va a durar muchos meses o incluso años, al final tendremos un incremento del PIB del 1,2 por 100; del empleo, en el 0,24 por 100; de la productividad en casi un punto; del consumo, un 1,2 por 100 prácticamente; de la inversión, un 0,8 por 100, pero también tendremos un incremento del salario real de los ciudadanos del 1,3 por 100.

En cuanto a la Ley, la que hablamos hoy como primera ley que vaya al Parlamento, del Libre Acceso a actividades de servicio y su ejercicio, este país tiene una tradición de pedir autorización para todo, pero el problema es "suprimamos la autorización"... Imaginemos que los ciudadanos ya son mayores de edad, que saben qué obligaciones tienen que cumplir y, en consecuencia, para ejercer ciertas actividades no hace falta que se lo autoricemos; basta con que nos hagan una comunicación diciendo que cumplen las condiciones y, por lo tanto, pasan a ejercer esa actividad.

Por supuesto, eso no quiere decir que no haya casos específicos en que no haya que pedir autorización o se siga pidiendo esa autorización, pero esos casos tienen que ser muy justificados por interés general y, por supuesto, la demanda de documentación y de trámites administrativos que se exigen tienen que ser proporcionados. Eso supone que tenemos que llevar a cabo un análisis de todos los requisitos actualmente existentes, ver si cumplen con esos principios comunitarios y aceptarlos o corregirlos.

Por otra parte, se garantiza la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro Estado miembro que quieren ejercer temporalmente una actividad de servicios en el territorio español. Evidentemente, esto tiene una contrapartida que todos ustedes entenderán: si un alemán puede ejercer su actividad en cualquier sitio de España, parece razonable que cualquier español también pueda ejercer su actividad en cualquier sitio de España, sea cual sea su lugar de residencia.

Simplificamos al máximo todos los procedimientos administrativos y limitamos el uso de trámites físicos a situaciones muy excepcionales.

Y hay un punto al que le damos especial importancia, y es que hasta ahora la Administración ha estado muy preocupada por tener la garantía de que se cumplen ciertos procedimientos en una declaración a priori; ver si se cobran ciertas tasas o no se cobran; tenemos las estadísticas, que nos vienen muy bien… Todo eso es estupendo pero, y el ciudadano ¿qué? Aquí el problema es invertir el modelo y decir: el derecho y la protección de los consumidores, de los ciudadanos, es fundamental y, por tanto, lo que es importante es que el ciudadano funcione de manera más eficiente; que si la Administración tiene que controlar ciertas cosas, que las controle pero generando el menor número de problemas a los ciudadanos y, evidentemente, en vez de pasar de sistemas de control a priori pasar a sistemas de control a posteriori.

Un buen ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en la evolución del sistema fiscal español, desde las viejas declaraciones de Hacienda al nuevo modelo de declaraciones que recibe uno de la Agencia Tributaria y que confirma que está de acuerdo o no está de acuerdo. No es exactamente el mismo procedimiento. Aquí será el ciudadano quién hace su declaración, pero corresponde a la Administración, lógicamente, comprobar que esa actividad se va a producir de forma correcta.

A partir de ahí nos queda el segundo gran paso, que es la nueva Ley, la que llamamos "ómnibus". La nueva Ley lo que hace es dar un repaso a todas las leyes actualmente en vigor y ver qué es lo que se puede hacer ya. Aquí ponemos algunos de los ejemplos que se incluyen en la nueva Ley; pero, como digo, esta nueva Ley tiene una cierta tendencia a ir ampliándose al futuro e ir introduciendo otros procedimientos que sin duda existen.

En actividades industriales, por ejemplo, se sustituye el régimen de autorización administrativa previa de las actividades industriales por el de comunicación o declaración responsable del interesado. La declaración responsable es un nuevo concepto que se incluye en la "ley paraguas", que lo que quiere decir es que quien hace la declaración la hace conociendo cuáles son las condiciones que tiene que cumplir y, en cierta medida, se responsabiliza de que lo que declara es correcto, de acuerdo con lo que tiene que cumplir.

En el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de actividad a la autoridad competente.

En telecomunicaciones se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable.

En servicios medioambientales y agricultura, en términos generales, se eliminan autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos, o bien la declaración responsable, o la simple comunicación, en todas las actividades de los servicios relacionados.

En Colegios Profesionales no es un gran cambio, no es una modificación total de la Ley de Colegios, pero, sin embargo, sí hay algunos aspectos muy importantes. Los Colegios Profesionales son agentes cooperadores de la Administración, por llamarlo de alguna forma. Es verdad que tienen una capacidad de actuación, en algunos casos, por Ley y en otros casos han ido más lejos que lo que las leyes establecen. Muchas veces ese ir más lejos no necesariamente es compatible con las normas de competencia y hay que volver al origen de algunos de estos elementos.

Por eso, hay que eliminar las restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales. Se debe suprimir la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de horarios o cualquier recomendación sobre precios como normal general; puede haber algún caso específico que por sus características, y algún caso estamos viendo, tenga que respetarse, pero la norma general debería ser ésa. La solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales, que en estos momentos se pide de forma general, debe ser voluntaria, excepto en los casos específicos que estén fijados por Ley. Se deben eliminar las restricciones impuestas por los Colegios para el ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones, pues no hay ninguna razón de, por estar colegiado en un sitio, no poder ejercer otra profesión.

En definitiva, son correcciones importantes sobre el sistema actual de Colegios que, no obstante, yo creo que permitirán que los Colegios mantengan sus responsabilidades fundamentales y que, sin embargo, no sean contradictorios con la legislación existente en términos de competencia.

En cuanto al Real Decreto Ley, como he dicho, incluye una serie de elementos que pueden ser de interés. El primero es poner en marcha el reaseguro de operaciones de seguro de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Algunos de ustedes, que han seguido lo que hemos estado haciendo durante este período, saben que en las operaciones de liquidez --para que nos entendamos-- del ICO en una línea concreta el riesgo se corre en parte por el ICO y en parte por la entidad financiera.

Aquí ahora nos encontramos con que en el seguro, precisamente por el exceso de riesgo, algunas compañías de seguro no cubren ciertos seguros, especialmente en lo que se refiere al crédito, con lo cual es difícil muchas veces que los ciudadanos o las pequeñas empresas vayan a los Bancos y obtengan recursos. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es reasegurar, y por lo tanto tomar nosotros parte del riesgo de ese seguro, de tal forma que ampliemos la capacidad de las empresas de seguros para dar más seguro de crédito.

En momento de dificultades económicas como las actuales, evidentemente, el comportamiento de las empresas de seguros es restringir el crédito. Con esta medida lo que hacemos es incentivar ese seguro de crédito, porque es fundamental.

¿Quién va a jugar el papel que juega el ICO en el otro tema? Por supuesto, el Consorcio de Compensación de Seguros, que va a reasegurar las operaciones de seguro de crédito.

Evidentemente, limitamos los riesgos de las aseguradoras, favorecemos a las empresas y el resultado final es que, lógicamente, con mayor crédito pueden aumentar las ventas y puede aumentar la actividad.

Para que tengamos un orden de magnitud de lo que estamos hablando, con una cantidad que vamos a aportar inicial de unos doscientos millones de euros podemos asegurar y llevar a cabo operaciones comerciales por valor de hasta cuarenta mil millones de euros. Evidentemente, este riesgo lo va a financiar el Consorcio de Seguros con sus medios y con sus márgenes de maniobra.

El segundo tema del Real Decreto Ley, al que ha hecho también referencia la Vicepresidenta, es la rebaja de los tipos de interés legal del dinero y de demora. El tipo de interés legal del dinero es referencia para muchas actividades económicas y lo bajamos del 5,5 al 4 por 100. El tipo de demora es el tipo que tienen que pagar los ciudadanos, especialmente los contribuyentes, cuando no llevan a cabo el pago de sus obligaciones tributarias. Lo que hacemos aquí es bajar del 5,5 al 4 por 100 el tipo de interés legal del dinero y, el de demora, del 7 al 5 por 100.

Éste es un debate que lo hemos visto en el Parlamento en los últimos días, haciendo una comparación, por otra parte, incorrecta por parte de quien planteaba el tema, diciendo "dado que el dinero es más barato entendiendo por el coste del dinero el del Banco Central Europeo, que no es el dinero que dan los Bancos, sino el precio al que reciben los Bancos el dinero--, tendrían que bajar de forma muy sustancial estos tipos".

Hemos seguido la misma técnica que se ha utilizado siempre para el cálculo del interés legal del dinero y del tipo de demora, que es ver la evolución de los bonos del Estado a cinco años, que es más o menos el coste que le cuesta el dinero al Estado, y establecer un cierto diferencial. El resultado final es esta reducción en la situación actual y, tomando un ejemplo, una deuda de mil euros pasaría de pagar 52,5 euros al año a pagar, con esta nueva rebaja, 37,5 euros al año.

Otro tema importante es el de deducción por actividades de I+D+i. Aquí ¿cuál es la idea? Recuerden ustedes que tenemos todavía un sistema en vigor de I+D+i de apoyo a las empresas. Este sistema de I+D+i plantea algunas dificultades por el ámbito de aplicación como consecuencia de la normativa comunitaria, y en la modificación del Impuestos de Sociedades lo que hicimos fue suprimir a largo plazo el modelo de I+D+i tradicional español por las desviaciones que podía generar y sustituirlo por un modelo de apoyo a los investigadores, que nos parecía de más interés.

Sin embargo, es verdad que el sistema de I+D+i en su conformación tradicional ha funcionado de manera eficiente durante este período. Habíamos puesto un plazo de vigencia hasta el año 2012, pero algunas de las inversiones de I+D+i exigen más de tres años para ponerse en marcha. Lógicamente, hemos visto cuál ha sido el comportamiento presupuestario de este concepto durante estos años y creemos que se puede suprimir ese año, el año 2012, como año en que se debe revisar y, por lo tanto, se podría modificar el sistema. Dicho de otra forma, prorrogamos indefinidamente el sistema y creemos que esto va a tener un impacto positivo en algunas inversiones de I+D+i que en estos momentos se están planteando.

Hay otro tema muy técnico, pero importante, que es mejorar la garantía para los inversores en emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado. Como saben ustedes, estamos avalando emisiones de empresas, de Bancos; sin embargo, las agencias de "rating" se plantean un problema diciendo: "en el caso de que haya un fallido, ¿qué sucede mientras se produce el fallido y usted me paga?", porque hay necesidad de cubrir ese coste que, por razones de procedimiento, se produce inevitablemente. Desde que se produce el fallido hasta que se pueda pagar van a producirse equis meses de demora o equis semanas. Aquí lo que decimos es: "no se preocupe usted, esas semanas las vamos a pagar también porque nuestro interés, evidentemente, es que ese sistema funcione y funcione de la forma más eficiente posible, y no se planteen dudas a nadie respecto a lo que esto significa".

Por último, viene todo el paquete de Ley Concursal, sobre el que ya la Vicepresidenta ha hecho algún comentario. Yo únicamente les diré que afecta al tema de refinanciación de empresas fiables y favorece los convenios anticipados para la pervivencia de las empresas evitando su liquidación.

Éste es un tema muy, muy, fundamental en una situación de crisis. Seguramente, ustedes han oído en algún momento o han escrito en algún momento sobre que los acreedores, en muchos casos los Bancos, no están dispuestos a llegar a acuerdos con ciertas empresas, porque en el modelo actual de concursos de acreedores esos pactos se pueden revisar y pueden incluirse en la masa de la quiebra perdiendo sus derechos prioritarios que pudieran tener. Esa posición, que lógicamente lo que pretende es evitar el fraude en una situación de normalidad, en una situación como la actual lo que produce es que se recurra excesivamente al concurso y que paralicemos la solución de algunos problemas.

Se agilizan los procedimientos para cubrir los costes, se revisa la situación de determinados créditos en cuanto a la prelación y se mejora, como ha dicho la Vicepresidenta, la situación de los trabajadores en empresas en concurso.

Éstas son las medidas fundamentales que creemos que van a jugar un papel clave. Son otro impulso más para mejorar las cosas, pero para mejorar las cosas, no tanto o no sólo a corto plazo, sino sobre todo a medio y largo plazo.

No olviden ustedes que los servicios son en estos momentos más del 60 por 100 de la actividad de este país. Si somos capaces de tener unos servicios mucho más eficientes, tendremos, sin duda alguna, precios más baratos, más PIB y más empleo. Ésa es la idea y con ese objetivo se va a seguir trabajando en esta línea que, como decía, la empezamos hoy, pero va a durar muchos meses.

P.- Para la Vicepresidenta. Dado que ayer la Ministra de Defensa volvió a negarse a hacer declaraciones a la prensa, quisiera preguntarle a usted cómo fue la reunión de la Ministra de Defensa con el Secretario General de la OTAN y si en esa reunión se aclaró cuándo va a salir el último soldado español de Kosovo.

En segundo lugar, también en el ámbito de la defensa, quisiera saber si España ha decidido ya o está estudiando el aumento de los efectivos en Afganistán, como ya han anunciado otros socios europeos.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, yo creo que ya la Ministra dijo que la reunión había ido bien. Yo creo que la reunión de ayer muestra que la decisión de retirar las tropas de Kosovo se adopta en un marco de normalidad y de actuación en las relaciones de España con nuestros socios de la Alianza. Y la reunión confirma, igualmente, que la retirada se va a producir en coordinación con nuestros socios de la Alianza y en colaboración con la Secretaría General de la Alianza.

Eso es lo fundamental de lo que se habló ayer. Por lo demás, yo sí quiero señalar que ya saben que España está y estará donde se le necesite: a favor del mantenimiento de la paz, del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la resolución pacífica y multilateral de los conflictos. Trabajando en la defensa de estas prioridades estarán, como han estado siempre, nuestras tropas.

Yo creo que eso es lo más importante. Lo más importante es que la reunión fue bien y que se va a empezar a trabajar ya en fijar fechas a través de los responsables militares sobre cuáles van a ser los momentos en que esa retirada gradual y coordinada se va a producir. Por tanto, nos damos por satisfechos con la… Creemos que ha sido positiva.

En cuanto al segundo tema que me plantea, le diré que no es un tema que ayer se abordara pero, como usted sabe, el día 31 de marzo hay una reunión en La Haya, que está promovida por la Administración americana, que se realiza a instancias de la Secretaria de Estado Clinton, en la que participarán todos los países, a la que asistirá nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y en la que la Administración americana parece que va a concretar sus planes respecto a Afganistán. A raíz de ahí analizaremos lo que se haya propuesto y, si hay que tomar alguna decisión y la tomamos, se la comunicaremos con mucho gusto.

P.- Quería hacer una pregunta a cada uno de ustedes. A la Vicepresidenta quería preguntarle si el Gobierno entiende que, a la luz del desarrollo del juicio sobre el Yak-42, quien en aquellos momentos era Ministro de Defensa debe asumir algún tipo de responsabilidad política, habida cuenta que sigue en primera línea de esa actividad política y, además, en un ámbito relacionado con la Justicia.

Al Vicepresidente quería preguntarle si el Gobierno entiende que la situación ha evolucionado de forma suficiente como para permitir plantearse un nuevo plan de estímulo fiscal.

Y a quien me lo pueda aclarar, si es posible, quería saber, por último, si la decisión que han tomado en relación con la Ley de Caja Madrid tiene algún impacto en el conflicto político que se está produciendo dentro de esta entidad y, en su caso, ¿cuál es?

Vicepresidenta.- Yo, en primer lugar, en relación con el tema que me plantea, quiero aprovechar de nuevo la ocasión de esta pregunta para reiterar la solidaridad y el apoyo del Gobierno a los familiares de los 62 militares españoles que fallecieron hará pronto seis años en el trágico accidente. Como todos además recordamos y estamos recordando estos días, fallecieron en un acto de servicio a nuestro país, en una misión de paz, lo que a su vez me permite volver a reconocer la enorme labor que realizan todos nuestros soldados.

Somos perfectamente conscientes --yo creo que todos los españoles--, además, del duro trance por el que están pasando las familias. Sabemos que las heridas por la pérdida de los seres queridos están ahí, están aún sin cicatrizar y, por lo tanto, creo que debemos ser sumamente respetuosos con los duros momentos que están pasando ahora, reviviendo toda esa situación a través del juicio oral.

En segundo lugar, quería señalar que sobre los errores cometidos y sus supuestos responsables será la Justicia la que determine esas responsabilidades.

Y, en tercer lugar, en el terreno estrictamente político, creo que los responsables que estaban al frente del Ministerio de Defensa son los que tienen que dar las explicaciones.

Vicepresidente.- En cuanto al primer tema que ha planteado usted, Estados Unidos y Reino Unido siguen insistiendo en la necesidad de impulsos fiscales adicionales para, digamos, incentivar la economía. Se nos pidió un estímulo fiscal. En el ámbito europeo, y especialmente en el ámbito de la zona euro, este tema se debatió.

Nuestra situación es muy distinta de la de Estados Unidos o Reino Unido, que cuentan con políticas monetarias propias y con tipos de cambio propios. En la zona euro es uno para todos. Uno de los elementos básicos del equilibrio de la zona monetaria para que la política monetaria no sea afectada por el comportamiento de los Estados es tener unos ciertos comportamientos fiscales. Ese comportamiento fiscal que es, lógicamente, el Pacto de Estabilidad dice que debemos tener déficits por debajo del 3 por 100 y también hay márgenes de flexibilidad que nos permiten que utilicemos los estabilizadores automáticos.

Del estímulo que se pidió a Europa, que era de dos puntos, España concretamente ha hecho un impulso fiscal que prácticamente es de cinco puntos, en una parte como consecuencia de estabilizadores automáticos y en otra parte como consecuencia de medidas discrecionales adoptadas por nuestro país. Esos cinco puntos de estímulo fiscal quieren decir que vamos a pasar de una situación de superávit de más de dos puntos a una situación de un déficit claramente por encima del 3 por 100 este año, y en esas condiciones en el ámbito fiscal yo, como los restantes colegas de la zona euro, consideramos que no hay lugar para nuevos planes de estímulo fiscal; lo cual no quiere decir, como muchas veces algunos han interpretado diciéndome cosas que nunca he dicho, que no haya plan para hacer muchas más cosas para hacer frente a la crisis, que no es lo mismo que el que no haya margen en el ámbito fiscal para hacer esfuerzos adicionales.

Como supongo que lo de Caja Madrid me toca a mí, yo le cuento los datos tal como yo los conozco. Se inicia un proceso de elección en Caja Madrid y ese proceso de elección coincide con unas normas tomadas correctamente por la Comunidad de Madrid; pero en el momento en que ya el procedimiento se había puesto en marcha, de forma un poco chocante, en el sentido de que parece razonable que se cambien las reglas del juego antes de que el juego empiece… Pero, en fin, en ese tema no voy a entrar y no es tema de mi interés.

Lo que sí es tema de mi interés como Ministerio de Economía es si las normas que se aprueban son coherentes con la legislación actualmente en vigor. Evidentemente, ésa es una pronunciación mía y de todo el Gobierno. Y es un tema discutible, porque hay argumentos a favor y en contra, en visto de lo cual se tomó la decisión que parecía más razonable, que era enviar el tema al Consejo de Estado y que el Consejo de Estado nos diera su opinión. En el informe del Consejo de Estado se dice de forma tajante, y yo creo que casi, casi, textual, que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucional. Con esa recomendación del Consejo de Estado yo creo que es muy difícil no actuar.

A partir de ahí, la incidencia política que pueda tener o no se me escapa.

P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta sobre la situación por la que atraviesa el Gobierno en los últimos días. Le cuesta sacar adelante sus propuestas y en el Parlamento se está haciendo evidente la soledad de sus políticas, porque le está costando trabajo llegar a acuerdos con otros Grupos. Al mismo tiempo han comenzado las protestas de algunos sectores en la calle, como por ejemplo ayer los autónomos. Una primera pregunta es hasta qué punto les preocupa esta situación, qué análisis hacen de esta situación, si hay alguna autocrítica por parte del Gobierno o creen que todo esto se debe a cuestiones externas al Ejecutivo.

Una segunda pregunta es si temen que el Partido Popular presente una moción de censura que, aunque no salga adelante, haga evidente otra vez, de nuevo, la soledad del Gobierno.

Vicepresidenta.- Primero, me ha planteado usted una cosa de la que venimos hablando ya en varias ocasiones, en las últimas semanas, sobre la situación en el Parlamento. Con mucho gusto le vuelvo a responder sobre el tema parlamentario.

En el tema parlamentario la composición y la situación del Parlamento no han variado mucho. Es un Parlamento en donde, como usted recordará, la investidura salió en segunda vuelta y hemos ido sacando todas las actuaciones importantes del Gobierno. Todas han salido adelante con mucho trabajo y con el apoyo de los Grupos. Hemos tenido las mayorías necesarias y suficientes, aunque a veces han sido diferentes en función de la naturaleza de la iniciativa.

Es verdad que últimamente se ha empezado a hacer un debate que es un poco curioso: es el debate de que cada vez que un Real Decreto Ley, últimamente, en los últimos días, se tramita como Proyecto de Ley se pone de manifiesto "el Gobierno está en dificultades porque tiene que tramitar el Real Decreto Ley como Proyecto de Ley". Yo les diré que esto es de lo más habitual. Incluso si ustedes miran legislaturas anteriores verán que hay muchísimos Reales Decretos Leyes que incluso con mayoría absoluta se tramitaron como Proyectos de Ley; muchísimos, les puedo dar en épocas de las anteriores Legislaturas. Fíjese que en la VI Legislatura, de 1996 al 2000, la primera Legislatura del señor Aznar, diecinueve Reales Decretos Leyes se tramitaron como Proyectos de Ley.

Eso no es una anormalidad, es una cuestión que está prevista en el procedimiento y que, por tanto, se utiliza en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de Reales Decretos Leyes que afectan a temas sociales y mercado laboral. Si mira usted la historia, verá que es así.

Por lo tanto, en el Parlamento vamos a seguir trabajando; vamos a seguir buscando el consenso, el acuerdo y el diálogo con todas las fuerzas políticas, y creemos que iremos sacando las cosas adelante con las mayorías que tenemos y con la responsabilidad, además, de muchos Grupos que van apoyando, porque las propuestas que presenta el Gobierno yo creo que son muy sensatas. Todas las que hemos presentado para hacer frente a la situación actual han salido adelante y ahí están.

Eso en cuanto al Parlamento. En cuanto a la situación a la que usted se refería de que hay personas, ciudadanos, que en estos pueden estar expresando una situación de inquietud a través de algunas manifestaciones o manifestaciones diversas, yo le diré que desde luego el Gobierno entiende las razones que pueden mover a todos estos ciudadanos a manifestarse, porque creemos y sabemos que en estos momentos estamos viviendo los peores momentos de la crisis y de la situación económica, y las personas se ven afectadas. No compartimos que ése sea el método, pero desde luego lo respetamos.

Creemos que hay que trabajar, como los ciudadanos vienen trabajando. Yo quiero aprovechar para, además, hacer un reconocimiento a los trabajadores y a todos los ciudadanos de este país, y agradecer la responsabilidad de todo el mundo en afrontar la situación de dificultad que tenemos, porque, como en muchas ocasiones hemos dicho, entre todos juntos, haciendo un esfuerzo ciudadanos, agentes sociales, trabajadores y fuerzas políticas --también me gustaría que estuviera el PP--, saldremos adelante; y yo creo que vamos a salir.

Por lo tanto, comprendemos la situación, vamos a seguir trabajando y saldremos entre todos adelante. Yo quiero lanzar ese mensaje de esperanza.

Luego, la moción de censura que usted me plantea. Yo entiendo que el señor Rajoy lo esté valorando, entiendo que esté sopesándolo. Ahora bien, lo entiendo porque, teniendo en cuenta cómo han acabado los líderes del Partido Popular que presentaron en su momento mociones de censura, no me extraña nada que el señor Rajoy esté reflexionando sobre eso.

Pues bien, le diré que, mientras el señor Rajoy deshoja la margarita, el Gobierno trabaja e impulsa medidas para superar la crisis, para reactivar la economía, para crear empleo, para hacer frente a las situaciones de dificultad y para que cuanto antes nos situemos en la senda del crecimiento. Ésa es nuestra responsabilidad y en eso estamos.

Como le decía antes, estamos en eso, afortunadamente, con el apoyo de los agentes sociales, de los empresarios, de los trabajadores, de los sindicatos y de las instituciones. Y, desde luego, estamos en eso también, por descontado, con nuestros socios europeos, y conjuntamente en el ámbito de Europa y de la Comunidad Internacional se están adoptando medidas, para también hacer las reformas que necesitan las instituciones financieras y que seguro que van a tener repercusión en la mejora de todas nuestras economías. Así que ésa es la posición del Gobierno.

Y lo razonable sería que el señor Rajoy planteara propuestas sensatas.

P.- Quería volver un poco a la cuestión de Kosovo por un par de detalles. Quisiera saber si el Gobierno teme que en la Cumbre de la Alianza Atlántica de Estrasburgo algunos países aliados vayan a expresar su malestar por la decisión que tomó España, como se ha puesto de manifiesto en algunas comunicaciones.

Y también a quién hay que creerse: ¿hay que creer a lo que se comentaba tras la reunión de Bernardino León con el Consejero de Seguridad de Obama de que las tropas ser irían más tarde o van a salir antes de que finalice el verano? ¿La idea de que se va a hacer de manera coordinada, que se ha reflejado ahora tras la reunión de la Ministra de Defensa, esa "de forma coordinada" quiere decir que es posible que se retrasen hasta más allá de esa fecha?

Luego, una pequeña cuestión es cómo valora el Gobierno un acuerdo adoptado por Farmaindustria, que permite la inversión de tres mil y pico millones de euros, y si cree que ésa es una vía que se puede adoptar con otros sectores.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, yo creo que es evidente que se está hablando con todos los aliados, que se ha quedado además en volver a hablar con todos los aliados y, por tanto, las cosas se van a hacer como ya ha señalado la Ministra de Defensa: en coordinación con nuestros aliados, en coordinación con la Secretaría General de la OTAN y de una forma gradual y de una forma coordinada. El regreso se realizará, por tanto, como se ha ido diciendo y ahora hay que esperar a que sean los mandos militares los que establezcan ya, junto con los aliados y en el ámbito de la OTAN, las fechas y el procedimiento de esa grandualidad y coordinación de la que ha hablado la Ministra. Eso es todo lo que le puedo decir.

Por lo demás, no hay nada más que decir. Está ya todo dicho y está ya todo yo creo que aclarado: coordinado, gradual y en colaboración con nuestros aliados de la Alianza Atlántica y europeos.

Farmaindustria. Es una buena noticia el acuerdo adoptado por Farmaindustria. Es un acuerdo que, como ellos mismos han dicho, supone dar, de alguna manera, una respuesta al compromiso del Gobierno de mantener las prestaciones sociales Ese mantenimiento de las prestaciones sociales por parte del Gobierno, sin duda alguna, le da una estabilidad al sector y establece, además, un marco de actuación de cara al futuro, y eso ha determinado un compromiso de Farmaindustria para un período de tiempo, 2009-2012, de mantener el empleo, de aumentar la competitividad y las exportaciones, y aumentar el I+D+i.

Creemos que es una buena posición y es una posición que responde también a esa actitud que también ha tenido el Gobierno y que está teniendo el Gobierno, reiteradamente anunciada, de mantenimiento de las prestaciones sociales, que tiene, sin duda, repercusiones también para el sector. O sea, lo valoramos positivamente.

P.- Mi pregunta es para la Vicepresidenta. En primer lugar, me gustaría preguntarle por las explicaciones que ha dado la Vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mato, sobre el "Jaguar" de su ex marido. Ana Mato ha asegurado que sus aficiones no pasan por los coches, pero sí le gustan mucho a su ex marido, al señor Sepúlveda. Me gustaría pedirle una opinión al respecto.

En segundo lugar, me gustaría pedirle una valoración sobre el respaldo que, según ha confirmado la propia Mato, estaría dando la dirección nacional del Partido Popular a la política de acercamiento de presos de ETA al País Vasco, a través de Federico Trillo.

Vicepresidenta.- No conozco las declaraciones de la señora Mato y, por lo tanto, me resulta difícil ahora hacer valoraciones sobre esas declaraciones. Usted sabe que desde hace ya semanas lo que venimos diciendo desde esta mesa en relación con todas estas cuestiones que están ocurriendo referidas al Partido Popular es que den explicaciones políticas. Lo que estamos pidiendo son explicaciones políticas a los ciudadanos sobre todos esos temas, pero en estos momentos no puedo valorar porque no conozco con exactitud esas declaraciones a las que usted se está refiriendo.

En relación al otro tema que me está planteando, usted ya sabe en estos momentos nuestra política antiterrorista es una política que está basada, fundamentalmente, en el fin de ETA; que el destino que tienen los terroristas es el destino de acabar en la cárcel y que el camino, además, que van a seguir incluso los terroristas que hicieron ayer un atentado es el mismo: el acabar en la cárcel. Con la inestimable ayuda siempre de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y con el apoyo y el consenso de todas las fuerzas políticas, también los del Partido Popular.

P.- Para la Vicepresidenta. El PP vasco y el Partido Socialista de Euskadi están a punto de cerrar un acuerdo sobre las bases del nuevo Gobierno vasco. Mi pregunta es si va a haber algún de traslado de ese acuerdo al Presidente del Gobierno y al líder de la oposición, Mariano Rajoy; es decir, si van a abordar este asunto, si van a avalar ese acuerdo entre los dos partidos en el País Vasco y si ese tipo de políticas también se van a trasladar a escala nacional, por ejemplo, en materia antiterrorista. Hay una serie de puntos que se van a abordar en ese acuerdo y si son trasladables, por ejemplo, medidas de deslegitimación de ETA, y quería preguntarle si esto se va a abordar también a escala nacional.

Vicepresidenta.- Vamos a ir por partes. En primer lugar, yo quiero señalar que, como puede imaginar, el Gobierno está satisfecho porque se haya alcanzado un principio de acuerdo en el País Vasco, para el Parlamento y para que Patxi López se convierta en el Lehendakari de todos los vascos. Creemos que es un acuerdo que está forjado con plena y total autonomía, y así ha sido, de los partidos políticos vascos en un marco de diálogo para hacer el cambio tranquilo que han reclamado los ciudadanos en las urnas. Yo estoy convencida, además, de que Patxi López va a ser un gran Lehendakari y que será, además, un Lehendakari que va a ser capaz de sumar a todos los vascos en un mismo proyecto de convivencia. Evidentemente, si partimos desde la perspectiva de que son decisiones que han adoptado legítimamente los representantes políticos en el País Vasco con absoluta autonomía, esa autonomía hay que respetarla.

Hay cuestiones de la política vasca que tienen repercusión en la política nacional, como es la política antiterrorista; pero la política antiterrorista en España, a nivel nacional, en estos momentos ya ustedes la conocen y compartimos esa política y está consensuada, afortunadamente, en estos momentos con todas las fuerzas políticas, incluido también el Partido Popular.

P.- Para el Vicepresidente Solbes. Más allá del baile de cifras al que hemos asistido en los últimos meses de Comunidades Autónomas sobre el modelo de financiación autonómica, yo le quería preguntar si queda algún tipo de margen de negociación sobre el modelo de aquí a que se constituya el Gobierno gallego, que es la premisa que pone el Gobierno para, lógicamente, poder convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo digo porque, recordando el pasado 30 de junio, si no recuerdo mal, cuando se presentó la primera propuesta del Ministerio de Economía, usted mismo dijo que la voluntad era llegar a un acuerdo con todas pero, si no se llegaba a un acuerdo, se prorrogaba el que estaba o se llegaba a otro tipo de solución.

Vicepresidente.- Siempre he dicho que lo importante son los principios y los criterios, y que la cifra, lógicamente, será el elemento resultante de esos principios y de esos criterios. Evidentemente, estamos manejando y tenemos en la cabeza un cierto entorno, que es el que hemos venido comentando a cada Comunidad Autónoma, si los criterios que en estos momentos hemos definido se aceptaran.

A partir de ahí, tenemos una dificultad, y es que en estos momentos no hay Gobierno en Galicia y nos parece que, por razones casi simplemente de educación, convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin Gobierno en Galicia no tiene sentido. Por tanto, tan pronto como haya Gobierno en Galicia, se convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se intentará cerrar.

Evidentemente, nosotros tenemos una idea clara sobre qué cifra tenemos que cerrar y no sabemos cuál es la idea de la otra parte. Una negociación al final consiste en llegar los dos a una cifra, que seguramente no será cómoda para nadie, pero será suficiente para que todos nos encontremos razonablemente incómodos.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.