Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días. Nos acompaña el Ministro de Justicia, que ha informado al Consejo de Ministros sobre el balance de actuaciones de su Departamento en distintas materias de su competencia, así como de la propuesta de indultos aprobados hoy por el Consejo, en vísperas del vigésimo segundo aniversario de la Constitución Española. Pero, antes de cederle la palabra a don Ángel Acebes, permítanme darles cuenta, como siempre, de los acuerdos más destacados que se han adoptado en la reunión de esta mañana.

En primer lugar, un muy importante convenio de colaboración que se ha suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y Renfe para la mejora de la red ferroviaria interior de dicha Comunidad. La inversión supone un total de 160.000 millones de pesetas, de los cuales 130.000 millones corresponden a la Administración del Estado y otros 30.000 millones son aportados por la Xunta de Galicia, lo cual constituye un hecho especialmente destacable. Con los 160.000 millones de pesetas se acometerán obras en la red convencional de Galicia por importe de 40.832 millones y, sobre todo, 119.000 millones se destinarán a las mejoras inmediatas en la Red de Alta Velocidad, concentradas fundamentalmente en el Eje Atlántico, en el estudio informativo del tramo A Coruña-Ferrol, en el acondicionamiento a Alta Velocidad de los tramos Santiago-A Coruña, Santiago-Villagarcía, Villagarcía-Pontevedra y Pontevedra-Vigo, incluyendo el acceso a Vigo.

Además, es importante señalar aquí que para la red de Alta Velocidad en Galicia está previsto construir 704 kilómetros, que suponen una inversión superior a los 500.000 millones de pesetas y que, si los sumamos a los que es necesario contar, evidentemente, para el corredor Madrid-Valladolid-Puebla de Sanabria, alcanzarían una inversión en dicho corredor desde la capital de España hasta Galicia de 1.100.000 millones de pesetas. Como comprenderán, la importancia de este convenio sale de sus propios datos.

Su objetivo será asegurar la modernización de las infraestructuras ferroviarias existentes, de forma que sean eficientes y garanticen las debidas condiciones de seguridad, velocidad, capacidad y confort, y constituyan una alternativa competitiva frente a otros modos de transporte. Para ello se tendrán en cuenta, especialmente, el transporte intermodal, los tráficos de mercancías peligrosas y la conexión ferroviaria de puertos, aeropuertos y parques industriales.

Ambas Administraciones han programado las actuaciones y han fijado los compromisos adquiridos por cada una, y se prevé que el Ministerio de Fomento se responsabilice de la redacción de los correspondientes proyectos. Por último, para velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el convenio se crea una comisión de seguimiento formada por representantes del Ministerio de Fomento, de la Xunta de Galicia, de Renfe y de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, también el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se determinan los criterios generales para la suscripción de convenios de colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para coordinar las acciones de lucha contra la encefalopatía espongiforme bovina.

En este Acuerdo se recogen distintas formas de colaboración para realizar el control oficial de la EEB en todo el territorio nacional, realizando en los laboratorios oficiales que las Comunidades Autónomas designen las pruebas analíticas de detección de la enfermedad, contemplándose para ello la utilización compartida de instalaciones y personal específicamente formado para efectuar los análisis de detección. Dichos análisis se aplicarán a animales de riesgo. Bajo este concepto se agrupan los bovinos de más de 24 meses que vayan al sacrificio especial de urgencia, así como los que en la inspección ante-mortem en el matadero presenten síntomas de cualquier enfermedad, y los bovinos de más de 24 meses muertos en granja o durante el transporte, con el objetivo final de que todos los animales de más de dos años sacrificados para consumo humano puedan ser diagnosticados.

El texto contempla, además, entre los criterios que deberán ser tenidos en cuenta en los Convenios bilaterales que se suscriban, la aportación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y con cargo a sus presupuestos generales, de al menos 350.000 muestras para la realización del test de detección conocido como "prionic", durante el período 2000-2001.

Para financiar la compra de los "kits" de diagnóstico, el Consejo ha aprobado una partida presupuestaria de 2.417 millones de pesetas con los que podrán adquirirse un total de 546.000 muestras --196.000 más de las previstas--, para cubrir el incremento de análisis en el próximo ejercicio, al haberse de hecho reducido la edad de los bovinos que están sujetos a controles de 30 a 24 meses. Con cargo igualmente a los presupuestos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvencionará hasta un 50 por 100 el costo del equipo material y personal técnico necesario para los laboratorios, a los que hice antes referencia, de las Comunidades Autónomas.

A través del Centro Nacional de Referencia de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete se llevarán a cabo la recepción y el procesado de las muestras recibidas de los laboratorios designados por las Comunidades Autónomas para, en su caso, la confirmación del diagnóstico.

En otro orden de cosas, el Consejo ha acordado una materialización adicional del Fondo de Reserva de la Seguridad Social por importe de 60.000 millones de pesetas. Con este acuerdo queda contemplada la materialización financiera del 100 por 100 de la dotación actual del Fondo. El Gobierno cumple así su compromiso de alcanzar antes de fin de año los 100.000 millones de pesetas que componen la dotación actual del Fondo de Reserva.

A este respecto, quiero recordarles que el Gobierno ha previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 incrementar en 90.000 millones más la dotación del Fondo de Reserva, con lo que se alcanzaría la cifra de 190.000 millones de pesetas en el próximo año. El objetivo, como saben, de este Fondo es constituir reservas que permitan atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema español de pensiones.

También el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Dicho Real Decreto sienta las bases para culminar la liberalización acometida por el Gobierno en el sector eléctrico, a la vez que sirve para adecuar la normativa existente, adaptándola a la nueva situación de competencia en la que se halla el sector. Para ello se desarrolla la forma de llevar a cabo la planificación en el sector de la energía eléctrica, se regulan las condiciones que permiten a los nuevos inversores que pretendan entrar en el sector el acometer las infraestructuras necesarias, sin que el sistema eléctrico nacional deba soportar determinados costes asociados con iniciativas de carácter privado, y se regula, igualmente, el acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica de los distintos agentes, tanto generadores como consumidores.

El Real Decreto introduce también importantes novedades en la regulación de la calidad del servicio de suministro eléctrico y, en cuanto a medidas de seguridad, impide la construcción debajo de las líneas eléctricas de alta tensión y aumenta las distancias entre las mismas.

En el área de Fomento se ha autorizado el contrato de las obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, en el tramo Lleida-Barcelona (Martorell), subtramo de Roda de Bará a El Vendrell y subtramo de El Vendrell, ambos en la provincia de Tarragona. La suma de los presupuestos correspondientes se acerca a los 10.000 millones de pesetas y, como en todo este corredor ferroviario, el nuevo trazado se ha diseñado con ancho de vía internacional, apto para velocidades de hasta 350 kilómetros por hora.

Se ha autorizado también el contrato de las obras de infraestructura ferroviaria del proyecto de remodelación de la Estación de Cádiz. Su presupuesto supera los 6.000 millones de pesetas y su plazo de ejecución será de doce meses. Las obras tienen el doble objetivo de adecuar a las nuevas necesidades de explotación ferroviaria la infraestructura de la estación y mejorar los servicios ferroviarios, modernizando el recinto arquitectónico e integrándolo en el entorno urbano.

También se han autorizado las obras correspondientes al nuevo trazado de la Carretera C-503, de Jerez a Cortes, y a la conducción de abastecimiento de agua de Algar en varios términos municipales de la provincia de Cádiz. Su importe asciende a 2.090 millones de pesetas.

Se ha aprobado la creación del Comité Español de Coordinación del Año Internacional del Voluntariado en el año 2001. Este Comité tendrá la finalidad de promover y coordinar las acciones adecuadas a los objetivos que se asignan a la celebración de dicho evento, así como evaluar, como es natural, los resultados alcanzados. Este Comité se adscribe al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo titular asumirá la presidencia.

Se han aprobado Convenios de Colaboración para el desarrollo de Planes de Excelencia Turística en Adeje y Arona, de Tenerife, y en el Port de Soller, de Baleares, y un Convenio de Colaboración para el desarrollo de planes de dinamización turística en las cuencas mineras de Asturias, por un importe total de prácticamente tres mil millones de pesetas.

Se han concedido diez nuevas Grandes Cruces de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a las siguientes personas: a don Santiago Fisas Mulleras, don Emilio Hernández Lumeras, don Juan Martí Salavedra, don Juan José Menéndez Gutiérrez de la Torre, don Manuel Otero Luna, don José María Pujol Artigas, don Luis Ramallo García, don José María Sánchez-Silva García-Morales y doña Carmen Vidal Ballester.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se promueve al Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, a los empleos de Comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada y de Comandante del Cuerpo General del Ejército del Aire. El ascenso del heredero de la Corona a estos empleos se produce con antigüedad del 16 de julio de 2000, fecha en que tuvo lugar la primera vacante de Comandante.

En el capítulo de nombramientos, se designa Embajador Representante Permanente de España ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa a don Joaquín Pérez Gómez, y Embajador de España en la República del Paraguay, a don José Antonio Bordallo Huidobro. Asimismo, se nombra Juez de enlace con Italia a don Ignacio Peláez Márquez.

Por último, y en lo que se refiere a las actividades del Presidente del Gobierno desde el día 2 al día 9 de diciembre, el sábado, día 2, a la una de la tarde, clausurará en Segovia la reunión de presidentes y secretarios generales y provinciales del Partido Popular.

El lunes, día 4, a las once de la mañana, presidirá, en La Moncloa, la reunión de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. A la una de esa misma mañana, del lunes día 4, recibirá a Pablo Muñoz-Cariñanos, hijo del coronel médico asesinado el pasado mes de octubre en Sevilla por la organización terrorista ETA.

El miércoles, día 6, a las doce, asistirá, en el Congreso de los Diputados, a la recepción que se celebrará con motivo del Día de la Constitución. Y, a las dos de la tarde, viajará a Niza para asistir a la reunión de líderes del Partido Popular Europeo, que se celebrará con motivo del Consejo Europeo.

El jueves, día 7, a las 9,45, asistirá a la Conferencia Europea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países candidatos al ingreso. A las tres de la tarde de ese jueves, día 7, asistirá al Consejo Europeo de Niza, que pondrá fin a la Presidencia francesa de la Unión Europea.

La semana que viene no habrá Consejo de Ministros.

Sr. Acebes.- Tal como ha anunciado el Ministro Portavoz, he tenido la ocasión, durante el Consejo de Ministros de hoy, de hacer un balance de lo que ha supuesto la actividad y la iniciativa del Ministerio de Justicia en estos siete últimos meses, balance que recuerdo con toda rapidez.

Se ha aprobado ya en el Congreso de los Diputados el Plan de Medidas para la agilización de la Justicia, aquello que se conoció como el Plan de Choque; también se han aprobado en el Congreso de los Diputados las medidas para la entrada en vigor adecuada de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, en especial a través de la reforma de la Ley del Estatuto Fiscal; ayer mismo se aprobó también la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal y de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, para reforzar al Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo.

También se ha constituido, como también ustedes conocen, una comisión técnica para hacer una revisión del sistema de penas de nuestro Código Penal. Quiero destacar un acuerdo muy importante con el Consejo General de la Abogacía para constituir los turnos de asistencia gratuita y durante veinticuatro horas, de forma permanente, a las víctimas de malos tratos, y también, como conocen, hemos alcanzado un importantísimo acuerdo con Italia para crear el primer espacio común de justicia y de libertad que existe en Europa.

Aparte de ello, en el propio Ministerio hemos iniciado un proceso de reorganización de distintos servicios, como es el propio Servicio Jurídico del Estado, con una gran trascendencia, y también hemos abordado algunas cuestiones pendientes y de relevancia, que tienen también que ver con lo que les voy a informar a continuación, que es la propuesta de indultos que he llevado al Consejo de Ministros.

En el Ministerio de Justicia existían varios miles, más de 3.000, expedientes de indulto que teníamos que resolver. Éste es un proceso de solicitudes, que ya ustedes conocen, que se inicia siempre con la petición a instancias de parte y que lleva un proceso, que necesita un informe preceptivo del Ministerio Fiscal, del tribunal sentenciador y una resolución por parte del Consejo de Ministros.

Dentro de ese proceso de agilización y de regular aquellas cuestiones que creíamos convenientes, se dan este año unas especiales circunstancias. Es evidente que nos encontramos en el fin del milenio y, con respecto a los indultos, se han producido durante este año, y precisamente con motivo del año 2000 y del Año Jubilar, por parte de la Santa Sede dos peticiones a todos los Gobiernos, pero al Gobierno de España en dos ocasiones, tanto el 24 de julio como el 3 de noviembre pasado, para que el Gobierno de España hiciese un gesto de sensibilidad, de generosidad y de perdón hacia la reinserción con los penados, con los que cumplen penas. Y precisamente hoy, día 1 de diciembre, es el último Consejo de Ministros antes de la celebración de la conmemoración del aniversario de la nuestra Constitución.

Por tanto, creíamos que se deban condiciones muy oportunas para presentar, como he hecho, un paquete importante de indultos al Consejo de Ministros, que lo ha aprobado.

Este acuerdo supone la concesión de 1.443 indultos, que se han seleccionado a través de criterios lo más objetivos posibles y que les voy a explicar a continuación:

Una vez que conocen el proceso, todos los indultos que se han concedido han sido solicitados por el penado o por el condenado. En todos ellos el requisito de que haya informe favorable de uno de los dos preceptivos, bien que haya informe favorable o del tribunal sentenciador o del Fiscal, era requisito indispensable para la concesión del indulto. Además, hemos separado, primero, en delitos sancionados con penas leves --como ustedes conocen, son las inferiores a tres años-- y en este caso los indultos, o bien son totales, o bien por el tiempo que resta para el cumplimiento de la pena, de tal forma que, insisto, a todos los condenados por delitos leves que cumpliesen las condiciones que acabo de decir, es decir, que tengan informe favorable del tribunal sentenciador o del fiscal, y con lo que luego añadiré, se les ha concedido el indulto total o bien por el tiempo que restaba de cumplimiento de condena.

En cuanto a los delitos castigados con pena grave, sólo se procede a un indulto parcial, que suponga mitigar la pena, también en base a determinados criterios, que vienen siendo objetivables a la hora de la concesión de indultos. En primer lugar, está el informe del tribunal sentenciador o del fiscal. Como ustedes conocen, en el informe en el que se propone o en el que informan favorable o desfavorablemente a la concesión del indulto, en algunos casos proponen la medida sustitutoria cuando se trata de indultos parciales. En esos casos hemos procurado atender cuál ha sido la propuesta del Tribunal o del fiscal en su informe, y también atendiendo a dos de los criterios esenciales a la hora de conceder el indulto, que son la falta de reincidencia en el delito y la reinserción social. Como ustedes saben, en todo el proceso esto se acredita mediante informes, documentación, etcétera, que en la tramitación se van incorporando.

Por lo tanto, los criterios para la reducción de la pena en aquellos delitos con sanciones superiores a los tres años han sido con estos tres criterios: la propuesta que realizaban el tribunal sentenciador o el Ministerio Fiscal, criterios de reincidencia y de reinserción del sancionado.

Para ambos supuestos hemos excluido, en todo caso, determinados tipos de delito. No se concede ningún indulto para casos de terrorismo, de crimen organizado, de malos tratos, de agresiones o tráfico sexual y torturas o tráfico de drogas, graves en estos dos casos. También, en relación con lo anterior, cuando se ha apreciado especial reincidencia o especial reiteración en el delincuente. La obligación de pagar, en su caso, multas y la responsabilidad civil permanecerán en todo caso.

Como les he dicho, el número de personas afectadas alcanza a un total de 1.443, de los que 460 son afectados en casos de insumisión. En el supuesto de insumisión, como ustedes conocen, hay una legislación anterior y posterior al año 1998, en virtud de la cual antes del año 1998 se venían imponiendo, a los que eran condenados por delitos de insumisión, penas superiores o en torno a los diez años; después del año 1998, las penas, tanto por la jurisprudencia como por las sentencias que se han venido produciendo por el Tribunal Supremo, con ocasión, lógicamente, de esa reforma, estaban en cuatro años.

De tal forma, en los delitos de insumisión leves, que son 36 supuestos, el indulto es total y en el resto, en la inmensa mayoría, lo que hemos hecho es rebajar para los insumisos todas las penas de inhabilitación, que estaban en torno a los diez años, homologarlas en indultos parciales para fijarlas en los cuatro años que se vienen produciendo desde el año 1998. Por lo tanto, se reducen, insisto, las inhabilitaciones a los insumisos desde los diez a los cuatro años. 36 son indultos totales y el resto para los casos graves, los cuatrocientos cincuenta y tantos restantes, de diez a cuatro años.

De los restantes indultos, que suman un total de 981, 703 son delitos leves y 278 son con penas superiores a los tres años.

La concesión viene condicionada, lógicamente en un volumen tan amplio y de estudio de tantos cientos de expedientes, a que, en todo caso, el interesado mantenga las circunstancias que constan en la documentación, en lo que figura en el expediente. Lógicamente, se ha resuelto conforme a la documentación que obra en el expediente, si existe. Ya nos hemos dirigido a todos los tribunales que se ocupan de cada uno de los casos para que ratifiquen o no las circunstancias, tanto personales como penitenciarias, en las que se encuentra cada una de estas personas. También se ha condicionado a que no se vuelva a cometer delito alguno.

Por lo tanto, creemos que es una decisión oportuna en el tiempo; cumplimos un requerimiento, al que damos una gran importancia, como es el reiterado por la Santa Sede; creemos también que es momento oportuno, cuando vamos a conmemorar de nuevo el XXII aniversario de nuestra Constitución y es el último Consejo de Ministros antes del mismo, y en un año tan importante que supone un cambio del milenio. Son todas medidas de una prudencia enorme, en las que hemos revisado cada uno de los supuestos para que encajasen perfectamente en los criterios objetivos que se han establecido y, además, con medidas muy proporcionadas. Con ello se pretende cumplir esa petición de un gesto de sensibilidad y de dar a muchos españoles también una nueva oportunidad.

P.- Para el señor Acebes. En lo de los insumisos es una aclaración. Entiendo que en todos los expedientes que tenían de insumisos, a todos se les ha concedido el indulto parcial o total. Y quisiera saber si en la lista de indultados está el señor Gómez de Liaño.

Para el Ministro Portavoz, quisiera saber si está previsto o si el Gobierno cree necesario que se celebre una reunión entre el Presidente del Gobierno y el señor Zapatero, para ver si finalmente firman o no un acuerdo de lucha antiterrorista.

Me gustaría saber, en opinión del Gobierno, qué aporta el documento que ha presentado el Partido Popular al Partido Socialista que no aportaba o que le faltaba al del Partido Socialista.

En tercer lugar, quisiera saber si el Gobierno no tiene la preocupación de que, después de este intercambio de documentos y reticencias a la hora de firmar, los ciudadanos pueden pensar que están mareando demasiado la perdiz.

Sr. Acebes.- Afecta, como en todos los casos, a aquellos que cumplen las condiciones, es decir, a aquellos insumisos que hayan sido condenados por el delito de insumisión; que hayan solicitado ellos, personalmente, el indulto y, por lo tanto, hayan puesto en marcha el mecanismo, porque seguro que hay condenados que no han querido solicitar el indulto, y ya la propia solicitud de indulto es poner en marcha un mecanismo que muestra una predisposición. Que lo hayan solicitado, que se haya concluido todo el expediente y que tengan informe favorable del tribunal sentenciador y/o del fiscal, cualquiera de los dos supuestos. Éstos son los requisitos.

Aquellos insumisos que, habiéndolo solicitado, no cumplan este requisito no entran dentro de los requisitos que aquí habíamos establecido u otros supuestos: que pueda haber reincidencia con otro tipo de delito, etc., etc. Es decir, tienen que ser aquellos casos que encajan en los supuestos que hemos objetivado para que se pudiese conceder.

Me preguntaba por el señor Gómez de Liaño que, efectivamente, encaja en los supuestos que he dicho: tiene informe favorable del tribunal sentenciador, la pena que tenía era superior --en cuanto a pena de inhabilitación, en este caso-- a tres años y, por lo tanto, de acuerdo al criterio general, el indulto que se le concede es exactamente la propuesta que hizo el Ministerio Fiscal. Era el indulto de la pena de inhabilitación especial impuesta, con todas sus consecuencias, lo que supone el reintegro en la carrera judicial, a condición de no desempeñar cargo en la Audiencia Nacional ni en juzgado alguno de la misma en el plazo de veinticinco años desde la publicación del presente Real Decreto. Ésas son las condiciones, que es exactamente la petición que tenía el fiscal del caso.

Sr. Cabanillas.- Sobre la primera pregunta, en lo que se refiere a una reunión, no está prevista en estos momentos. No hay ninguna reunión prevista y no le puedo decir nada más al respecto. Yo creo que los dos partidos están negociando, están hablando, se están teniendo los contactos, precisamente porque se trata de unos temas fundamentales.

Al igual que no hay tal reunión prevista, sí que creo que es injusto hablar de marear la perdiz, como ha apuntado usted en su comentario. Si ha habido algo claro desde el principio, es lo que ha sido, por un lado, la postura del Gobierno y, desde luego, la postura del Partido Popular. No ha surgido dicha posición o dicha propuesta en los últimos días, sino que se ha venido manifestando ya como política, insisto, de este Gobierno y desde hace meses. En ese orden de cosas, no se trata de aportar, sino que lo que han estado, desde luego, el partido y el Gobierno es deseosos de que hubiera aportaciones y clarificaciones por parte de los demás.

Puesto que está en este momento de negociación, no querría hacer en ese sentido más comentarios. Únicamente insistir en lo que para nosotros ha sido fundamental, que ha sido la defensa de la Constitución y la defensa del Estatuto desde un primer momento. Es curioso que, a veces, se plantee o se nos atribuya el término de exclusión por mantener ese tipo de política. Yo creo que si hay algo que está claro es lo que significa una Constitución y lo que significa un Estatuto como elementos de unidad, como elementos de todos y para todos.

Por lo tanto, no hay esa reunión prevista; en segundo lugar, las aportaciones han sido la política de este Gobierno y la postura del Partido Popular ya desde hace tiempo y no se marea la perdiz, sino que se está, y muy concienzudamente, trabajando para la resolución de un problema que nos afecta a todos.

P.- Al hilo de este tema, puesto que el Partido Socialista está urgiendo la consecución de un acuerdo --hoy mismo el señor Rodríguez Zapatero ha dicho que él estaría dispuesto a firmarlo ya mismo--, me gustaría saber si el Gobierno cree que hay prisa o que es mejor negociar con calma y sosiego.

En segundo lugar, si cree que el documento definitivo, sea cual sea, debe comprometer a ambas partes en lo que se refiere al futuro diálogo con el nacionalismo vasco o debe dejar la puerta a que los firmantes puedan pactar con el PNV en el futuro.

Al Ministro Acebes. En primer lugar, si en la lista de indultados figura también Teresa Moreno. Luego, una pregunta más instrumental, digamos: al tratarse de un indulto tan generalizado, de 1.400 beneficiados, puesto que la Constitución prohibe explícitamente las amnistías, me gustaría saber por qué el Gobierno no ha buscado alguna especie de convalidación parlamentaria en cuanto a los criterios de adjudicación de este perdón, digamos.

Por último, hoy el Comisario de Salud ha criticado a la Ministra de Sanidad aquí, en Madrid. Ha lamentado las declaraciones alarmistas que hizo en relación con los mataderos ilegales y le ha instado a usted, personalmente, a tomar medidas para cerrar estos mataderos ilegales, en el caso de que existan. Me gustaría saber cuál es su respuesta.

Sr. Cabanillas.- En el tema de las "vacas locas", yo quiero hacer un llamamiento formal, primero, al sentido común y, en segundo lugar, a que un problema que existe, y que tiene evidentemente una trascendencia --y máxime cuando tiene una trascendencia para lo que es la salud pública--, que nos concentremos en los mensajes fundamentales.

En primer lugar, para un Gobierno, ¿qué es lo fundamental? Garantizar, por un lado, la salud de los ciudadanos y garantizar, evidentemente, todo lo que es la cadena alimentaria. Segundo, estamos hablando solamente de la existencia de un caso, de un caso confirmado. El Gobierno siempre ha dicho que será el primero en comunicar a la opinión pública la existencia de los casos. Hay un caso y hay otro en estudio. Ésa es la situación y, por lo tanto, no hay epidemia. No abramos otras vertientes cuando, sencillamente, no existen. ¿Por qué? Precisamente para evitar, desde la transparencia, todo lo que son los procesos de alarma social, que a mí me parece que son injustificados.

En segundo lugar, demos bien las informaciones, y no lo digo como una crítica, sino que hay una en la que creo que no se está insistiendo y que es importante en este contexto: el 95 por 100 --punto arriba, punto abajo-- de la carne que se consume en este país, la que constituye el eje fundamental de los hábitos de consumo de España, se sacrifica entre los ocho y catorce meses y no puede ser afectada o no puede generar la enfermedad, porque en esa edad no se desarrolla el prión; segundo, se están tomando esas medidas a partir de los veinticuatro meses, como les he anunciado al principio.

Por lo tanto, estamos hablando de una situación que tiene sus límites, tanto en el buen sentido como en el mal sentido; pero tiene sus límites y no debemos salir de ellos.

Ha habido ya una comparecencia específica del Ministro de Agricultura ante el Parlamento y se están tomando medidas, medidas propias y medidas que se discuten en el contexto de la Unión Europea; Unión Europea que, por cierto, analiza y plantea las medidas a partir del 1 de enero. Aquí se han tomado antes, y prueba de que se han tomado antes es que los mecanismos de detección han funcionado. Así se ha detectado, evidentemente, esa vaca.

¿Medidas que se están tomando? Insisto, aparte de las ya anunciadas, aparte de la creación de la Comisión Interministerial a la que se hizo referencia la semana pasada, y aparte de todo lo que significa la coordinación y el trabajo conjunto con las distintas Comunidades, centrémosnos en esa perspectiva, porque, si no, lo único que vamos a crear es un grado de confusión, que ni refleja la realidad ni, desde luego, ayuda a lo que todos tenemos que combatir.

Sr. Acebes.- Yo no tengo nada que responderle. El señor Ministro de Justicia no tiene ninguna competencia en esa materia, evidentemente.

En cuanto a la pregunta ya de personas concretas, la generalidad, la inmensa mayoría, de los indultados son personas que no tienen mayor notoriedad. Detrás de cada una existe, sin lugar a dudas, un profundo drama humano. No sale en los periódicos pero que detrás tienen sus familias, sus hijos, sus padres; personas que se han rehabilitado, que se han reinsertado, por lo menos es el criterio que hemos tratado de seguir; que cometieron un error en un momento determinado y no han vuelto a delinquir y es a las que pretendemos dar una oportunidad.

Para no ir caso a caso, son escasísimos los supuestos que han tenido alguna notoriedad. Además del que ya me han preguntado, se los voy a decir y así nos ahorramos que vayan preguntándome uno a uno.

Efectivamente, se concede el indulto a Teresa de Jesús Moreno Maya, "Tani", que ha tenido las circunstancias que todos ustedes conocen y que, por tanto, yo no les voy a reiterar. Como conocen, la pena impuesta era de catorce años y ocho meses, y se la hemos condonado por una pena de dos años y seis meses. Ahora la autoridad competente, lógicamente, puede conceder la libertad condicional o no, en el cumplimiento del resto de requisitos y apreciación que le corresponde, por lo tanto, a la autoridad correspondiente. Dado el tipo de delito, como decíamos, era indulto parcial también y se condona por este tiempo de dos años y seis meses, para que pueda estar en condiciones de concedérsele la libertad condicional.

Hay también personas implicadas en el "caso Filesa". Se concede también indulto parcial por su pena a Alberto Flores, a Luis Oliveró y a Carlos Navarro. Todos ellos tienen, cumplen y encajan en los requisitos que hemos dicho: hay informe favorable o del tribunal sentenciador o del fiscal, y también en la reducción de los tiempos que para cada uno de ellos se propone por sus tribunales sentenciadores o por el fiscal.

También existen diversos alcaldes y cargos públicos. Hay varios afectados, que eran los condenados por aquel asunto del PER, de distintos partidos políticos y diversos cargos públicos, concejales, alcaldes, está el ya conocido José María Peña, que fue Alcalde de Burgos, y distintas personas que me parecen que no tienen mayor notoriedad ni conocimiento.

Fuera de éstos, me parece que no hay ninguno, a pesar de la lista tan grande, que puedan tener notoriedad o que hayan tenido una repercusión, y son esas personas anónimas a las que hemos querido dirigir este acto.

Sr. Cabanillas.- Creo que usted centraba sus preguntas en la idea del tiempo, con respecto al pacto, y al diálogo, con respecto al Partido Nacionalista Vasco.

En estos momentos, también por centrarnos en lo fundamental, hay un grado de consenso, así declarado y que es real, entre los partidos que están negociando, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que a todos nos hace, en ese sentido, ser optimistas. Yo creo que eso hay que respetarlo por el propio bien de la negociación en curso.

En segundo lugar, el calendario aquí no es decisivo, no se trata de decidir si esto es mañana, pasado o el lunes. Evidentemente, todo el mundo está interesado en llegar a un acuerdo cuanto antes. Los dos partidos han planteado, yo creo, dos cuestiones fundamentales en estos últimos tiempos: la lealtad a la Constitución y al Estatuto y, en segundo lugar, evidentemente, la ruptura, en lo que se refiere al Partido Nacionalista Vasco, del Pacto de Estella. Por parte del Partido Popular hay otras cuestiones en las que todavía no existe una posición clara por parte del Partido Socialista.

En lo que se refiere al diálogo con el Partido Nacionalista Vasco también es clara, no ya la postura del Gobierno o del Partido Popular en este momento de esta negociación, sino desde siempre.

¿Qué significa, en el fondo, Estella? En el fondo significa exactamente la antítesis de lo que estamos hablando. Estella significa la exclusión, por un lado, de la Constitución y el Estatuto, insisto, en esa idea de que es curioso que se pueda atribuir por algunos el carácter o la condición de ser excluyentes a aquellos que defienden la Constitución y el Estatuto; también significa la exclusión de partidos específicos, como fueron el Partido Popular y el PSOE, y así se decía que había que excluir a esos dos partidos en cualquier proceso de futuro, y de hecho el señor Egibar ha dicho prácticamente lo mismo en las últimas veinticuatro horas. En tercer lugar, ese pacto, ¿qué significaba? El minado de las instituciones. No es otra cosa lo que significa "Udalbiltza": el minado de las instituciones de Gobierno del País Vasco. Es un pacto, además, con un grupo terrorista.

Comprenderá que es prácticamente imposible plantearse una cuestión en abstracto, por mucho que nos guste la palabra, plantearse en abstracto la idea, de un diálogo con alguien que no ha roto con esos presupuestos, porque son la esencia de lo que estamos hablando o, insisto, la antítesis de lo que estamos hablando.

P.- Al Ministro Acebes quisiera pedirle alguna aclaración. Se ha subrayado mucha que esta decisión se toma en el marco del fin del milenio, de la recomendación de la Santa Sede, incluso del Jubileo. Yo quisiera saber si estos criterios que se han aplicado ahora para conceder estos indultos son sólo para esta vez, son sólo un caso extraordinario, o de algún modo sientan algún tipo de jurisprudencia o de referente que se pueda invocar en el futuro. En caso de que eso sea así, quisiera saber si se está sentando, de algún modo, el precedente de que el terrorismo es inindultable, en cualquier caso.

Ministro Portavoz, usted nos ha aclarado que no hay ninguna reunión prevista, ahora mismo, entre el Presidente del Gobierno y el señor Rodríguez Zapatero. Ya nos ha quedado claro que no la prevé. Quisiera saber si el Gobierno la desea, si veía con buenos ojos la posibilidad de celebrar esa reunión.

Se ha apuntado un cierto optimismo, pero también se han señalado unas dificultades en el diálogo. Quisiera saber si, en caso de fracasar este intento de firmar un acuerdo unitario, de algún modo se da por perdida la posibilidad de un acuerdo de este tipo antes de las elecciones vascas, como mínimo. Si estamos ante una última oportunidad.

Sr. Acebes.- Como decía, efectivamente, la Santa Sede --yo creo que lo conocen, porque fue público-- se ha dirigido reiteradamente --en dos ocasiones he citado, en concreto-- a los Gobiernos para que, con motivo del año 2000 y del Jubileo, adoptasen una medida de estas características. Por tanto, se ha atendido esta solicitud y esta petición.

Esta decisión de hoy se realiza por una sola vez, como un paquete, con las motivaciones que he explicado. Después, cada semana, como yo creo que ustedes conocen, el Consejo de Ministros atiende las peticiones que a partir de este momento vayan entrando, una vez que cumplan la tramitación pertinente. Los informes, como antes hemos dicho, son preceptivos, pero luego tiene el Gobierno la facultad en tomar la decisión.

No supone esto una reglamentación, si es lo que me pregunta. Ahora, éstos son criterios que permanecen constantemente en la decisión del Consejo de Ministros. Cuando se concede un indulto, evidentemente, ¿a qué se atiende? A que el propio tribunal sentenciador, el fiscal que ha instruido el caso, que ha llevado la acusación, que ha sido quien ha acusado, han apreciado que realmente, a pesar de la aplicación de la norma, porque así lo establece el Código Penal, se dan circunstancias que aconsejan o bien el indulto total o bien el indulto parcial.

¿Eso lo va a seguir teniendo en cuenta el Consejo de Ministros? Claro, cómo no. ¿Va a seguir teniendo en cuenta de que sean personas que no hayan vuelto a delinquir, que no hayan reincidido o, en su caso, que sí que lo hayan hecho, para concederlo o denegarlo? Por supuesto que sí. Que haya personas que se hayan reinsertado en la sociedad, que puedan tener un trabajo o unas condiciones de convivencia, evidentemente son los criterios esenciales a la hora de conceder un indulto. Es decir, no estamos inventando, lógicamente, ningún criterio, sino aplicando mucho sentido común y, efectivamente, también mucha prudencia.

Con ello no se va a producir una salida masiva de gente de la cárcel, ni nada; más bien se produce la otra circunstancia: que es gente a la que, habiendo apreciado el tribunal sentenciador o el fiscal, como decía, que se ha iniciado el proceso de indulto y que ellos mismos han informado favorablemente, han suspendido la ejecución de la sentencia, en muchos casos --me estoy refiriendo a internamientos en prisión--, hasta que se resuelva el expediente. Por eso también está la necesidad de, cuando hay un volumen grande, resolver los expedientes, porque eso genera, como es evidente, muchísima incertidumbre. Y eso también aconsejaba tomar una decisión de estas características.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta sobre el deseo o no de reunión, insisto, no equivoquemos aquí los debates. El debate no es el concepto de diálogo, el debate no es el papel o no papel, el debate no es la reunión o no tener una reunión; lo importante y lo que desea el Gobierno es que exista un acuerdo, es decir, una unidad de acción de los demócratas y lo hace desde una convicción absoluta, que es necesariamente --insisto, y ésa es la convicción-- compartible: la necesidad de una búsqueda de esa alternativa de libertad para el País Vasco; la necesidad de no disociar la lucha en la que estamos embarcados ahora todos, la lucha antiterrorista, de lo que es la propia gobernabilidad y la esencia del futuro político del País Vasco; la defensa de aquello, insisto, que nos une y que nos enmarca, que son la Constitución y el Estatuto, porque eso es lo que se han dado los españoles y los vascos.

Por eso, evidentemente, tenemos esa convicción, precisamente porque a nadie, desde luego a mí no, nos cabe en la cabeza que ese planteamiento no pudiera ser asumido desde el Partido Socialista. A todo ello añadirle, además, una última convicción, que es la que prueban los hechos, que es la que prueban los puntos a los que antes hice referencia, y que es, sencillamente, que el PNV que hoy conocemos sencillamente no es parte o no puede ser parte, por lo que ya le he expuesto, de ese diálogo, de ese futuro y de esa alternativa de libertad, porque no podemos sencillamente olvidar lo que son los planteamientos soberanistas y autodeterministas que, no por cualquier militante sino por las personas esencialmente representativas de este partido, se están haciendo. Y eso choca frontalmente contra los puntos que se han expresado desde este Gobierno y desde el Partido Popular con anterioridad.

Por tanto, eso es lo esencial, sobre eso es sobre lo que se está hablando y no nos perdamos en lo accesorio.

P.- Dos peticiones de aclaración al Ministro Acebes. Dos datos: ¿cuántas de estas personas que se han indultado hoy están hoy mismo en prisión?

En segundo lugar, en el caso del juez Gómez de Liaño me gustaría saber si el indulto supone la vuelta automática a la carrera judicial.

Sr. Acebes.- Empezando por esta última, las condiciones son las que les he leído y lo que hemos hecho es atender estrictamente la petición del Ministerio Fiscal. En esas condiciones --se las he leído textualmente-- es en las que se concede el indulto y en qué circunstancias; por tanto, a qué puede volver y a qué no.

En cuanto al número de personas que en estos momentos se encuentran en prisión, como decía antes, son muy pocas. No me gustaría dar una cifra exacta porque, como he dicho antes, ya nos hemos dirigido a todos los tribunales de los que dependen estas personas para acreditar exactamente cuál es la condición penitenciaria. Pero estará en torno a las cincuenta personas, más o menos.

P.- Al Ministro Acebes. Hoy, en Barcelona, catorce Juzgados se han quedado sin su titular y han dejado de ser operativos, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Juez Decano. Me gustaría saber a qué atribuye usted esta situación; en todo caso, si el factor lingüístico puede tener algún valor determinante y qué medidas está estudiando su Ministerio para resolver esta situación.

Sr. Acebes.- Lo he dicho al comienzo de mi intervención. Precisamente a los pocos días, porque ni siquiera habían transcurrido meses desde la toma de posesión como Ministro de Justicia, presenté un Proyecto de Ley de medidas urgentes para la agilización de la Justicia. Y esta pregunta que usted hace es un buen ejemplo para algunos grupos que se opusieron en el último debate parlamentario y que decían que esto era poco útil. Evidentemente y desgraciadamente, nos ha dado la razón muy prontito la necesidad de cubrir con jueces profesionales y de carrera todas las vacantes que existen en España. Ahora habrá que sumar a las 500 que existían las que usted acaba de citar.

El principal problema de España, insisto, no es de calidad en las resoluciones judiciales, porque las sentencias de los tribunales españoles, en su mayoría, en su inmensa mayoría, son de una altísima calidad; el problema de verdad de la Justicia en España es un problema de agilidad, de rapidez en la resolución de los pleitos que se someten al conocimiento de los distintos jueces y tribunales.

Uno de los problemas esenciales de esa falta de agilidad es que, de cuatro mil jueces, dicho también en números redondos, que hay en España, hay sin cubrir por jueces profesionales y de carrera, quinientos. Entonces, eso supone, claro, retrasos, dilaciones, recursos, y por eso había que tomar medidas inmediatas y urgentes, porque, si el principal problema es la agilidad y tenemos un problema de que quinientos de un total de cuatro mil están sin cubrir por jueces profesionales, adoptemos las medidas necesarias.

Como usted sabe, ya se han aprobado en el Congreso de los Diputados, esta semana han iniciado su tramitación en el Senado por vía de urgencia --el Gobierno pidió la vía de urgencia en el Senado-- y yo espero que muy pronto, en las próximas semanas, estén en marcha, tengan eficacia inmediata y empezarán a cubrirse para que toda la planta judicial en España esté cubierta por jueces profesionales y de carrera, lo cual agilizará muchísimo y, lo que es más importante o tan importante como eso, irá en beneficio de la calidad de las resoluciones.

P.- Cambiando un poco de tema. Hasta hoy, que ha finalizado el plazo de presentación de alegaciones al borrador del Plan Hidrológico, desde Aragón se han presentado más de 100.000, entre asociaciones ciudadanas, partidos, instituciones o sindicatos. ¿Hasta qué punto se van a tener en cuenta estas alegaciones?

Sr. Cabanillas.- Creo que lo ha podido leer usted. El Ministro de Medio Ambiente ha sido muy claro al respecto, en el sentido de expresar su satisfacción porque se presenten esas alegaciones; pero ni por su cantidad ni por de dónde provienen, sino por el hecho de que subrayan y reconocen lo que es en interés de todos: la importancia de uno de los proyectos más integradores que existen en marcha, desde el punto de vista de Gobierno y legislativo, en nuestro país.

Cualquier contribución, evidentemente, es positiva. En ese sentido, también es bueno resaltar que, y lo he dicho ya en repetidas ocasiones, no debemos circunscribirnos a lo que es Aragón y el Plan Hidrológico; es decir, el trasvase no es el Plan Hidrológico y tendemos sólo a enfocarlo en ese sentido. Todo lo que está en marcha no es solamente aquello que quizás está teniendo más relieve.

Insistir también desde aquí en la consideración de Aragón como una tierra solidaria, como una tierra a la que se ha dirigido, desde luego, recientemente, una atención específica, no solamente económica sino de distintos proyectos.

Por lo tanto, visto desde esa perspectiva quizás más optimista, desde la idea de contribución y de que, si todas las partes, en el contexto del Consejo del Agua, miran al futuro desde el interés de todos, no me cabe la más mínima duda de que podemos estar tranquilos en el buen fin de ese proyecto.

P.- Ministro de Justicia, ¿qué tiene que decir a la petición del Defensor del Pueblo para que haya una moratoria en la Ley del Menor, teniendo en cuenta que están alegando falta de medios, etc., etc?

Ministro Portavoz, tres precisiones. Una es si, por parte del PNV hubiera una ruptura clara del Pacto de Estella y una asunción del Estatuto como tal, sin que sirviera el Estatuto como base para otras cosas, sino el Estatuto como tal, el Gobierno estaría dispuesto a asumir un futuro pacto con el PNV, sea pacto de Gobierno o sea pacto escrito antiterrorista, o lo que sea, que son dos cosas distintas.

Segunda cuestión, si hay, como ha dicho, coincidencias de principios básicas con el PSOE en materia de Estatuto y Constitución, ¿por qué no termina el Gobierno de responder al papel que le mandó el PSOE? ¿Qué tiene que decir a esta apelación que ha hecho hoy, por la mañana, el Secretario General del PSOE, diciendo que esto se podría zanjar en pocas horas o en muy pocos días?

En tercer lugar, el PSOE, en su primer texto, hablaba de medidas concretas de colaboración en el terreno antiterrorista y hablaba de que, en definitiva, querían pasar, ellos dicen, del estado de consenso al estado de coparticipación.

Sr. Cabanillas.- ¡Qué bien se conoce ese papel!

P.- Han salido por ahí cosas. Yo creo que no lo ha visto nadie, más que los interlocutores, pero cosas se van sabiendo. En este sentido, ¿qué le parece esto de la coparticipación? Concretamente, por ejemplo, ellos alegaban --por aclarar este asunto-- que las medidas legales fueron planteadas de manera unilateral, que no se consultó con ellos, etc., etc. Si el Gobierno está dispuesto a dar ese paso.

Sr. Acebes.- ¿Qué las medidas del terrorismo se plantearon de manera unilateral? ¿Eso quién lo ha dicho?

P.- Cuando aparecieron. Ya sé que se han concertado.

Sr. Acebes.- Desde el primer día. Con el Partido Socialista, desde el primer día. Antes de que fuesen Anteproyecto de Ley, ya las conocía el Partido Socialista, ya habíamos hablado con ellos. Eso, de ninguna manera.

A la pregunta que me formulaba sobre la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y su entrada en vigor. Yo creo que las peticiones hay que colocarlas en sus justos términos. Es el Parlamento, no es el Gobierno, el que aprueba la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y el que establece el período de "vacatio legis". Pero también es el Parlamento, las dos Cámaras, el Congreso y el Senado, el que establece y distribuye las responsabilidades y las obligaciones para su entrada en vigor: una al Gobierno, otras a las Comunidades Autónomas, otras a los Tribunales. Es decir, el reparto lo hace el Parlamento y, en este caso, además, por una amplísima mayoría y con un altísimo grado de consenso.

Por lo tanto, el Gobierno, en el período de "vacatio legis" que le estableció el Parlamento, ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades que le atribuían para que sea plenamente eficaz en su fecha la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que garantice los derechos de los mismos, orientada a su rehabilitación, que es la pretensión fundamental de esta Ley.

He tenido esta misma semana la ocasión de contestar una pregunta en el Congreso de los Diputados en esta materia, facilitando todos los datos, a los que me remito para no cansarles. Pero hoy mismo, en este repaso, he hecho referencia a la aprobación del Estatuto del Ministerio Fiscal, a la creación de los Juzgados de Menores. Hemos invertido más de mil millones de pesetas en rehabilitaciones y en obras para adaptar los Juzgados a los menores y que tengan las garantías que establece la Ley; hemos creado 35 nuevos fiscales; vamos a crear 129 nuevas plazas de fiscales.

Es decir, lo que eran nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones las hemos cumplido. Sé que otros también, porque en el debate parlamentario que hubo con el Plan de Medidas Urgentes hubo Comunidades Autónomas que dijeron que ellos también habían cumplido con sus obligaciones y que estaban plenamente preparadas para su entrada en vigor. Creo que el Grupo de Convergència i Unió así lo dijo, creo que el Partido Nacionalista Vasco también lo dijo en su intervención y que, por tanto, estaban cumplidas sus obligaciones.

Por tanto, quien quiera hacer preguntas tendrá que dirigirse a cada uno, en el ámbito de sus competencias; las que corresponden al Gobierno están cumplidas, para que entre en vigor con plena eficacia.

Si el Parlamento decide en algún tramo hacer un aplazamiento... Lo digo a los efectos de que había una enmienda en la Ley Orgánica que se ha discutido esta misma semana para aplazar un tramo de edad, el tramo superior, de 18 a 21 años, que siempre es optativo. De 18 a 21 años, como saben, será cada juez el que establezca si se le aplica el Código Penal o se le aplica la Ley del Menor, cuando haya solicitud de aplicación de la Ley del Menor. Había una enmienda, creo que era de Coalición Canaria, pidiendo que se aplazase su entrada en vigor; pero tiene que ser el Parlamento el que lo decida y, desde luego, no va a ser una iniciativa del Gobierno. El Gobierno ha cumplido con sus obligaciones.

Sr. Cabanillas.- Seré breve, porque es una pregunta, la primera de ellas, que ya es recurrente; que, en cierta forma, expresa el recuerdo de lo que fue y que ya no es. Seguir especulando sobre el futuro, hablar de futuro, de cambios o no... Lo único que hay son los hechos y los hechos precisamente van en la dirección contraria a esa hipotética ruptura de Estella o asunción o defensa de Constitución y Estatuto por parte del PNV. Por tanto, hacer esa matización.

Insistir en que es, desde luego, la convicción del Gobierno que los dirigentes que han llevado al PNV a este punto no pueden ser partícipes del cambio en libertad que es necesario en el contexto vasco, porque defienden aquello que es contrario a lo que, a nuestro entender, hace falta.

La respuesta a papeles o no. Insisto, no es cuestión de un papel u otro papel. Hay preguntas todavía en el contexto de lo que fueron incluso las declaraciones del Presidente, que siguen sin ser contestadas. Pero eso no es lo importante; lo importante es lo que se está haciendo ahora, las conversaciones que se están teniendo precisamente para llegar, cuanto antes mejor, a un acuerdo que parte de unos presupuestos fundamentales en los que ya se está de acuerdo.

Por lo tanto, y me lo oirán decir muchas veces, no se trata de pasar la pelota de un campo a otro con papeles; se trata de llegar a algo que es muy importante para el futuro del País Vasco, que sería ese acuerdo.

En lo que se refiere a las medidas concretas, si algo ha caracterizado a este Gobierno desde el comienzo de la Legislatura ha sido la concreción en fines, en principios y en medidas a adoptar. Yo creo que las iniciativas, como además, por otro lado, le corresponden, han estado siempre del lado del Gobierno. Ayer fue, evidentemente, un día también importante y todo ello, no solamente porque es iniciativa del Gobierno, sino también desde un intento y una búsqueda que, en muchos casos, se ha producido de consenso. S se analizan, se estudian esas medidas, se cambian, porque de hecho sí ha habido cambios en distintas materias, y también lo ha habido en esas cuestiones relativas al terrorismo.

Por lo tanto, la participación, no es que exista, es que es buscada por el Gobierno; la iniciativa no es que exista, es que ha sido la tónica desde el principio, y creo y espero que esa última iniciativa, tanto por parte del Gobierno como por parte del Partido Popular, para llegar definitivamente a una unidad de los demócratas encuentre también acogida en el Partido Socialista.

P.- Simplemente, quería formular una pregunta al Ministro de Justicia. ¿Quedan más insumisos por indultar?

Sr. Acebes.- Con "más insumisos", ¿qué quiere decir? ¿Qué si hay más condenados por insumisión que éstos? Sí, seguro que habrá insumisos que no cumplen estas condiciones y estos requisitos, claro.

P.- Al Ministro de Justicia. Simplemente, creo que han tenido una reunión con Amnistía Internacional sobre el tema de la Ley del Menor o algo parecido. Si me puede valorar, si ha habido esa reunión con Amnistía Internacional, y qué conclusiones han sacado al respecto.

Sr. Acebes.- Yo no he estado reunido con Amnistía Internacional, estuvo alguien del Ministerio; fue el Secretario de Estado, al cual le puede preguntar cómo ha resultado. Pero lo que nosotros hemos transmitido es lo que acabo de decirle y, además, todas las actuaciones que hemos hecho, incluida la Ley Orgánica que se aprobó ayer, son escrupulosas con los objetivos de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.

Sr. Cabanillas.- Muchísimas gracias a todos.