CONFERENCIA DE PRENSA DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, DON RODRIGO RATO; DEL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, DON JAVIER ARENAS, Y DEL SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COMUNICACIÓN, DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS

Madrid, 11 de abril de 1997

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sr. Rodríguez.- Comparecemos ante ustedes para dar cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros que se ha celebrado esta mañana; un Consejo de marcado carácter económico y social, en el transcurso del cual se ha recibido la noticia del dato del IPC, el 0'1 por 100, que saben que sitúa la tasa interanual en un 2'2 por 100, hecho sin precedentes desde el año 1966 y noticia trascendental para las aspiraciones de España de cumplir los requisitos que marca la Unión Económica y Monetaria.

Se ha aprobado por el Consejo de Ministros el Programa de Convergencia, que será expuesto por el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda.

Se ha valorado también el acuerdo de reforma del mercado de trabajo; valoración que les expondrá el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

Yo les comento cinco Acuerdos, y me remito a la Referencia, que tendrán ustedes después, para el resto de ellos.

Se han aprobado las modificaciones legales para poner en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica; es decir, se establecen los nuevos tributos a las Comunidades Autónomas que han firmado el nuevo modelo de financiación, y también se ha aprobado adelantar a cuenta el dinero que recibirán aquellas Comunidades Autónomas que no han firmado el modelo de financiación. Este dinero se adelanta según el modelo anterior, que sí habían firmado.

Se ha aprobado un Proyecto de Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Es un Proyecto en el que se refuerza la protección al consumidor y también se dan garantías al empresario para caso de impagos. Pongo como ejemplo de defensa del consumidor que, a partir de la aprobación de esta Ley, habrá que hacer constar el precio de lo que se compra a plazos y el precio de lo que hubiera costado esto mismo si no se hubiera comprado a plazos, si se hubiera comprado en efectivo; como ejemplo de defensa del consumidor.

Se ha aprobado también el Reglamento del Impuesto de Sociedades. Me remito a la Referencia de prensa para que tengan conocimiento de este Reglamento.

Un Proyecto de Ley de artículo único reglamenta la competencia de regular las tarifas de interconexión telefónica hasta el día 1 de diciembre del año 1998. Se subsanará así un error que hubo ayer en la votación en el Congreso de los Diputados. Se solicita la aprobación de este Proyecto de Ley por lectura única, en virtud del artículo 150 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Y se ha solicitado la segunda ampliación de extradición de Urrusolo Sistiaga y la tercera de Aguirre Lete.

Vicepresidente.- Como ya les anuncié la semana pasada, el Consejo de Ministros ha debatido por segunda ocasión y ha aprobado el Programa de Convergencia y Estabilidad para el período 1997-2000, que será enviado a Bruselas y será debatido, yo creo que con bastante certeza, en el ECOFIN del 12 de mayo. Ello supone que España, al igual que otros países europeos, sitúa en el debate europeo y ante las autoridades de la Unión Europea sus perspectivas financieras para los próximos años que suponen, como no podía ser de otra manera, el cumplimiento de los criterios de convergencia desde el punto de vista de lo que suponen las condiciones de entrar en la moneda única; pero, sobre todo, supone, en los próximos años, la consolidación de la realidad económica que estamos viviendo en este momento.

Creo que el Programa de Convergencia y Estabilidad que el Gobierno ha aprobado es un Programa que contiene elementos muy positivos para la sociedad española, que son, sobre todo, los que se derivan de una política de estabilidad; una política de estabilidad que, a través de la contención del gasto público y la reducción del déficit público, las modificaciones y las reformas estructurales y unas nuevas políticas tributarias, es capaz de conjugar el crecimiento económico por encima del crecimiento de los precios. Y esa conjugación permite resultados muy espectaculares para España.

Va a suponer, por un lado, las posibilidades de reducir el déficit público a niveles desconocidos en nuestro país en los próximos años; va a suponer, al mismo tiempo, una intensa tasa de creación de empleo, como la que estamos viviendo en 1997; va a suponer una importante reducción de la inflación, que garantizará para los ciudadanos que sus rentas no se van a ver deterioradas por el paso del tiempo. El principio del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o de las pensiones ya no es una cuestión que dependa de las negociaciones o de las tensiones, sino que, en este momento, se garantiza, con una evolución de la inflación como la que ya se está produciendo.

Al mismo tiempo, se presenta una economía española con gran capacidad de competir en los mercados internacionales, con un crecimiento como el que se está manteniendo ya, en este momento, de las exportaciones y con unas reformas y un calendario de reformas estructurales, que en otras ocasiones ya he tenido ocasión de presentarles a ustedes, como el paquete liberalizador que fue aprobado el pasado mes de febrero por el Gobierno para el año 1997.

Por tanto, para aquellos que nos demandan un calendario de nuestras reformas, ya se lo hemos dado y lo volvemos a reiterar: en 1997 se cumplirá la evolución de las previsiones de reducción del intervencionismo en nuestra economía, que aprobamos en febrero. Y otras medidas tan importantes como las que el Ministro de Trabajo va a explicarles posteriormente, como son los acuerdos que permiten una modernización de nuestra legislación laboral.

En ese sentido, el Programa de Convergencia es un Programa realista, de la mejor manera que se puede ser realista, que es describiendo la realidad en este momento. Es un Programa con bases sólidas, de la mejor manera que puede ser un programa con bases sólidas, puesto que el Gobierno ya está haciendo lo que garantiza que el Programa de Convergencia y Estabilidad se cumpla.

A diferencia de otros programas de convergencia que este país ha conocido en el pasado, no describe una realidad muy distinta de la actual para dentro de tres años y, sobre todo, no plantea que las reformas se llevarán a cabo al final de su vigencia sino desde un principio.

En ese sentido, desde luego, creo que tiene una alta credibilidad, como ya lo han demostrado la recepción que ha tenido en la opinión pública y en los mercados, y responde a la realidad de una nueva economía española, con una nueva política económica, que desde mayo del año pasado está puesta en práctica, y una combinación de políticas económicas, una combinación de política presupuestaria y política monetaria, que garantiza, por un lado, la disminución del déficit público y, al mismo tiempo, la disminución de los tipos de interés y de la inflación.

En ese sentido, creo que tienen ustedes el material o los dos programas, el Programa, en sí mismo, de Convergencia y Estabilidad y, después, las medidas de reformas estructurales, y estoy a su disposición para contestar las preguntas que a ustedes les parezcan pertinentes.

Sí quisiera aprovechar esta primera intervención para comentar el dato de inflación que se ha conocido esta mañana para el mes de marzo. Es un buen dato de inflación, sin duda; es el mejor desde los años 60. Pero, sobre todo, tiene, para mi gusto y para mi opinión, un elemento especialmente positivo: es una serie de buenos datos la que estamos recibiendo.

Éste no es un dato aislado que se produce, sin que nadie sepa exactamente por qué, en un mes. Es un dato que continúa a una serie de reducción de los precios desde mediados del año pasado; que responde a unas políticas que ustedes conocen, porque las hemos explicado varias veces aquí, de contención de los precios regulados, de contención del déficit público y de liberalizaciones de la economía; y, sobre todo, que nos indica el camino a seguir para el futuro.

Lo que es importante es que constatemos que la política económica está produciendo resultados y que, por lo tanto, tenemos que continuar con ella. Como me parece que he comentado algunas veces, cuando las cosas van bien es cuando hay que aprovechar la ocasión para que puedan seguir yendo bien y, sobre todo, para que les puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible. En ese sentido, el Gobierno va a continuar en su política de contención del gasto público, de reducción del déficit público, de reformas estructurales y de modificaciones tributarias, porque ése es el camino que garantiza una mayor prosperidad y un mayor empleo para los ciudadanos.

Quiero también significar --me parece que es importante-- que, en los planes del Gobierno y en el Programa de Convergencia y Estabilidad, el Gobierno lo ha sometido ya a un debate de las Administraciones territoriales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer, en el que no hubo ningún voto en contra del Programa de Estabilidad. Además, venía ya ratificado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de enero en Cádiz, en el que las Comunidades Autónomas españolas se comprometieron a los objetivos de los Programas de Estabilidad aprobados en Dublín y que quieren decir, como ustedes saben muy claramente, que las Administraciones públicas españolas se comprometen con una reducción del déficit público y con una situación tendente al equilibrio en los momentos habituales o normales del ciclo.

Creo que esto es muy importante porque transmite, como lo transmite también el acuerdo de los interlocutores sociales, que la sociedad española, tanto las Administraciones Públicas como los interlocutores sociales, como otros muchos estamentos y sectores de la sociedad española, son absolutamente conscientes de lo que hay que hacer en el futuro; y que se están tomando decisiones, no sólo por el Gobierno central sino también por las Comunidades Autónomas, para garantizar nuevas políticas presupuestarias que sean las que garanticen, a su vez, que la sociedad española y la economía española no sólo va a entrar en la moneda única sino que está en condiciones de mantenerse en posiciones de ventaja y de competitividad dentro de la moneda única.

Quiero también decirles que la próxima semana, también para discutir los escenarios de convergencia y estabilidad, mantendremos reuniones con la Federación Española de Municipios y Provincias para completar lo que a todas luces debe ser una fluida relación de diálogo con las Administraciones territoriales, que también han de contribuir, y que contribuyen, y está previsto que lo hagan así, a la contención del déficit público.

Sr. Arenas.- Quiero transmitirles el informe que hemos presentado hoy al Consejo de Ministros sobre el acuerdo de los agentes sociales y algunas conclusiones que a estas alturas ya podemos avanzarles.

En primer lugar, el Gobierno quiere reiterar el reconocimiento al esfuerzo que han hecho sindicatos y organizaciones empresariales para conseguir un acuerdo que consideramos trascendental, y también transmitir nuestra felicitación, porque creemos que la sociedad española es muy receptiva, en positivo, hacia el acuerdo que se ha producido.

Estamos convencidos de que el acuerdo, como decía, es muy trascendente. Ha sido valorado extraordinariamente en el ámbito europeo y en los ámbitos internacionales porque, en el marco de las relaciones laborales, permanentemente se discute si las mismas han de abordarse desde una permanente intervención de los poderes públicos, desde la confrontación o a través del mecanismo que se ha usado en España, que es el instrumento del diálogo y el instrumento del acuerdo.

Por eso, el Gobierno considera que, en sí, el acuerdo tiene ya un valor económico, tiene un valor social y tiene también un valor político, y que, en sí, el acuerdo es una contribución clara a generar confianza, confianza que es determinante a la hora de plantearse la creación de empleo.

Para nosotros, es el acuerdo para el empleo y la contratación, y tiene que tener como objetivo que haya más empleo, y tiene que tener también como objetivo que el empleo sea de más calidad, que tengamos más empleo estable.

Quiero anticiparles que, en el día de hoy, hemos acordado que el Secretario de Estado de Economía, el Secretario de Estado de Presupuesto, el Secretario de Estado de Hacienda, el Secretario General de Empleo y el Secretario de Estado de Seguridad Social en los próximos días analicen los incentivos actuales de todo orden que tenemos en España a la contratación: incentivos que hoy se refieren al marco fiscal --les recuerdo la decisión que tomamos de deducción de IRPF para determinados contratos--, incentivos que hoy se refieren a subvenciones directas, incentivos que también se refieren hoy a bonificaciones en el tratamiento de la Seguridad Social. De esa Comisión saldrá una propuesta de reordenación de los distintos incentivos, que, sin duda, tendrá como finalidad apoyar la conversión de los contratos temporales, apoyar la conversión de los mismos a contratos indefinidos y también la contratación de jóvenes en el marco del nuevo contrato.

En España, tradicionalmente, hemos tenido un problema estructural, y es que, creciendo en ocasiones por encima de la media comunitaria, ese crecimiento no se traducía en creación de empleo. Como ha dicho nuestro Vicepresidente, los umbrales de crecimiento exigibles para la creación de empleo han disminuido satisfactoriamente y creemos que el acuerdo de los agentes sociales también hace una contribución directa a esa deseable transformación de crecimiento económico a crecimiento de empleo.

Quiero anticiparles también que ya se está trabajando en el seno del Gobierno en los textos normativos que buscan la conversión de ese acuerdo en la necesaria eficacia jurídica para el mercado laboral y que el Gobierno tendrá los textos de desarrollo del acuerdo antes del próximo 15 de mayo. Se va a desarrollar dentro del Ministerio de Trabajo, vamos a consultar con sindicatos y empresarios, con los expertos que consideremos convenientes; pero, desde luego, estamos en la idea de que cuanto antes esté en vigor el acuerdo. Cuanto antes, porque no podemos desperdiciar ni un minuto en la buena coyuntura económica que estamos atravesando y en meses que están siendo especialmente efectivos en la creación de empleo.

Desde aquí, quiero pedirles también a los Grupos Parlamentarios que se intente el más amplio respaldo político a este gran acuerdo social. Creemos que sería muy bien entendido en la sociedad española que este gran acuerdo social tenga también un gran respaldo político. Consideramos que los Grupos Parlamentarios que no estén de acuerdo en que la reforma entre en vigor cuanto antes deben dar una explicación a la sociedad española de esa decisión.

Por parte del Gobierno, ya les anticipo que no tomaremos una decisión definitiva en la polémica Decreto-Ley/Proyecto de Ley hasta consultar formalmente a todos los Grupos Parlamentarios. Aprovecho también esta intervención para ofrecerles a esos Grupos Parlamentarios la discusión previa de la norma. En ese sentido, no queremos obviar el debate parlamentario y no queremos obviar la discusión con los Grupos Parlamentarios. Por tanto, el Gobierno ofrece la discusión previa de la norma, una vez que la tengamos acordada con sindicatos y empresarios. Si ofrecemos esa discusión previa de la norma, es para intentar, vuelvo a repetir, que cuanto antes estén en vigor las consecuencias de ese buen acuerdo.

Sr. Rodríguez.- Les doy los datos de la agenda del Presidente. Esta tarde parte para el Parque Nacional de Doñana, donde pasará el fin de semana con el Primer Ministro luxemburgués Juncker y con el Presidente del Partido Popular Europeo, Martens; y el miércoles 16 inicia el viaje oficial a la República de Brasil y a la República Argentina, de donde volverá el día 22.

P.- Algunas cuestiones sobre el Plan de Estabilidad. Entiendo del texto que se prevé que, de cumplirse el Plan de Estabilidad, la tasa de paro podría bajar cuatro puntos en el período de vigencia. Quería saber qué creación de empleo supone cumplir ese objetivo. ¿Cuántos empleos se van a crear en estos cuatro años?

También se alude en el texto a la progresiva sustitución de impuestos por tasas. Quería una aclaración sobre esta cuestión. ¿Qué impuestos van a bajar y qué tasas van a aumentar o se van a implantar a los usuarios de servicios públicos?

Y hay otra duda que tengo. Se dice que en dos años quedará saneado el sector público y se habrán culminado, entiendo, las privatizaciones pendientes. Sin embargo, va a seguir aumentando el capítulo de transferencias corrientes y de subvenciones de capital. No sé cómo cuadran esas dos cuestiones.

Vicepresidente.- Desde el punto de vista de la creación de empleo, ustedes saben que la previsión es una creación de empleo, en promedio, del 2'2, que es muy similar a la que se está produciendo en este momento, con una evolución de la población activa durante el período, en media anual, del 0'8.

Aunque no es una cuestión que me parezca que debamos cifrar en un determinado montante de una cifra de creación de empleo, estamos hablando de una intensidad bastante importante. Por lo tanto, los números giran alrededor del millón de personas durante el período, si se cumplen las previsiones de creación de empleo y también las previsiones de la intensidad en la creación de empleo. Estamos hablando de, aproximadamente, un millón de personas.

En cuanto a las tasas, no se trata de la sustitución de impuestos por tasas; se trata de hacer que para los usuarios de determinados servicios, que no son servicios esenciales y que están plenamente recogidos en la Ley de Tasas, se cumpla esa Ley.

Creo que en el Debate de Presupuestos para 1997 ya hubo ese debate. Parecía que algunos Grupos Parlamentarios entendían que lo equitativo es que los usuarios de servicios públicos no esenciales estuvieran financiados por la totalidad de los contribuyentes. La opinión del Gobierno es otra: es que los impuestos deben financiar los servicios públicos esenciales y aquellos que están recogidos en la Ley que deben financiar; pero prestaciones de servicios no esenciales y que plenamente están recogidas en la Ley de Tasas deben ser financiadas por sus usuarios. Si no, estaríamos cometiendo, en nuestra opinión, una injusticia, y es que determinadas prestaciones que no son esenciales son financiadas por todos los españoles en beneficio de nada más que de unos determinados usuarios.

Creo que los ejemplos los conocemos todos y, seguramente, en el próximo Debate de Presupuestos, espero que algunos Grupos Parlamentarios hayan evolucionado y estén dispuestos al cumplimiento de la Ley de Tasas. Pero no va a ser una sustitución de impuestos por tasas. Los ejemplos los conocen ustedes de este año; es decir, la obtención del pasaporte, las relaciones que puede tener un ciudadano al que le guste la caza en la obtención de sus licencias, la seguridad en los aeropuertos.

Hay muchas cuestiones que son absolutamente justificables que se financien, no por todos los españoles, sino por los usuarios de esos servicios. Ésa es una tendencia absolutamente razonable que, además, responde a la literalidad de la Ley de Tasas, y no dedicar impuestos generales a esa financiación de esos servicios.

Por último, efectivamente, nuestra previsión es que a lo largo del período se produzca una suficiente financiación de empresas públicas para que los saneamientos de esas empresas públicas se produzcan y, por lo tanto, los planes de reconversión y los contratos-programa que respaldan las actuaciones del Gobierno en esas empresas públicas se cumplan; y, por ese camino, estemos en condiciones de tener una empresa pública más competitiva y en condiciones de ser privatizada.

P.- Varias cuestiones al Secretario de Estado para la Comunicación.

En primer lugar, si ha habido algún comentario, por parte de la Ministra de Justicia, respecto al enfrentamiento entre el Fiscal General del Estado y el Consejo Fiscal. En cualquier caso, si no ha habido esos comentarios, ¿cuál es la postura del Gobierno frente a ese enfrentamiento?

Por otro lado, quería saber si ya está en poder del Gobierno la sentencia sobre los "papeles del CESID".

Por último, ¿qué opinión tiene el Gobierno de las declaraciones hechas por el Secretario General del Partido Socialista, Felipe González?

Sr. Rodríguez.- No, no ha habido ningún informe de la Ministra de Justicia sobre el asunto de la Fiscalía. Quiero decirles que me ha sorprendido la noticia de que es el Consejo de Ministros el que debe avalar o no la decisión del Fiscal. No es así. El Consejo de Ministros no tiene que tomar ninguna decisión sobre la decisión anterior del Fiscal General del Estado, que actúa con su competencia. Por tanto, este asunto no se verá en el Consejo de Ministros; no se ha visto hoy y no se verá en el Consejo de Ministros.

Les aclaro que, sólo en el caso de que a la decisión del Fiscal hubiera un recurso, sería la Ministra de Justicia, en atribución de sus competencias, quien tendría que decidir; pero nunca el Consejo de Ministros.

Con respecto a la sentencia, no ha llegado al Gobierno. En este punto, he de aclararles también que ayer se ha comunicado a las partes la sentencia. Aún en el Tribunal Supremo hay tres días de espera, por así decirlo, por si alguna de las partes quisiera alguna aclaración sobre la sentencia y, a partir de ese momento, habría todavía otros siete días para que el Supremo hiciera llegar al Gobierno la sentencia, y se la hace llegar como órgano al que requiere la documentación. Por tanto, esperamos que la semana que viene, tranquilamente, el Supremo haga llegar oficialmente la sentencia al Gobierno.

Con respecto a las declaraciones del Secretario General del Partido Socialista, evidentemente no se ha hablado en el Consejo de Ministros. Pero, si me piden opinión, le digo: no son las más afortunadas, y menos en boca de un ex-Presidente del Gobierno. Aunque tenga pensado no volverse a presentar, pero es un ex-Presidente del Gobierno. También le digo: si ha sido una maniobra de despiste a la opinión pública, no le ha salido bien porque esta semana se ha hablado del buen índice de empleo, con 35.000 parados menos; se ha hablado del Plan de Convergencia; se ha hablado del acuerdo de la reforma laboral; hoy se hablará del histórico dato del IPC. Si González ha hecho esas declaraciones para despistar a la opinión pública de los buenos datos del Gobierno, he de decir que, políticamente, no le ha salido bien.

P.- Tengo algunas curiosidades también en relación con los "papeles del CESID". Pese a que no les hayan llegado las sentencias, supongo que las habrán leído en los periódicos, que han salido publicadas extensamente. Quería saber cómo ha acogido el Gobierno la rotundidad con la que el Supremo afirma que el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto no se ajustó a Derecho, cuando se negó a desclasificar estos "papeles", amparándose en el secreto de Estado.

En segundo lugar, quería saber si la previsión del Gobierno es acatar en su integridad y sin matices todos los fundamentos jurídicos de las sentencias, incluso en lo que se refiere al control jurisdiccional de las materias secretas, y si, por por tanto, excluye definitivamente la creación de un órgano judicial más reducido o mixto, con participación parlamentaria y del Poder Ejecutivo.

Por último, ¿considera que la mera exclusión de los documentos procedentes de servicios extranjeros es garantía suficiente para atajar el actual desprestigio de los servicios de espionaje españoles?

Sr. Rodríguez.- No voy a entrar en valoración de la sentencia, porque estoy convencido de que ustedes tendrán múltiples preguntas para hacer el viernes que viene, si el viernes que viene se produce la desclasificación. Me voy a remitir a las palabras que tuve la oportunidad de dirigirles a ustedes yo creo que hace cuatro sábados --no recuerdo la fecha ahora--, en que les dije: el Gobierno acatará la sentencia.

A partir de ese momento, como usted comprenderá, el Gobierno lo que tiene que hacer es recibir la sentencia y estudiarla; estudiar lo que usted me ha preguntado de los fundamentos jurídicos y las repercusiones. En estos momentos, sería poco responsable por mi parte hacerle una valoración; pero sí le digo o le repito lo que dije en su día: el Gobierno acatará la sentencia.

P.- Una pregunta al señor Rato y otra al señor Arenas, respectivamente. En el tema del Plan de Estabilidad, ¿qué peso tiene la financiación de la Sanidad? En el tema de la reserva de la Generalidad, ¿qué va a hacer? ¿Va a apoyar, con matices, un acuerdo en el tema de la Sanidad si esta reserva puede, posteriormente, ser un "no" a cumplir el criterio por parte de la Generalidad?

Por parte del señor Arenas, me gustaría saber, en la reducción de ingresos que pueda haber en las ayudas y subvenciones que se hagan a la creación de trabajo estable, ¿qué contrapartida va a haber? ¿Va a suponer un aumento del déficit? ¿Se van a reducir, por otro lado, o si piensa que la sola creación de empleo puede compensar?

Sr. Arenas.- Con respecto a la cuestión que plantea, lo primero que tenemos que analizar es el coste de los actuales incentivos, analizarlos, y lo primero que hay que plantearse es ver qué coste tenemos en los incentivos en las tres direcciones que he citado (vía fiscal, vía subvenciones, vía cotizaciones) y ver un análisis que nos lleve a analizar la reordenación de los incentivos. En principio, el Gobierno es muy partidario de que la canalización básica de esos incentivos sea a través de las cotizaciones de Seguridad Social. Por tanto, no se puede hoy afirmar que vaya a haber un incremento en las cuantías finales.

En segundo lugar, le contesto a su pregunta. Siempre que se plantean incentivos que suponen, al final, empleo estable, eso repercute favorablemente en dos direcciones: la primera, que las cotizaciones a la Seguridad Social son de calidad, que se puede producir un incremento de las cotizaciones, de la calidad de las mismas; también tenga en cuenta que hay una repercusión directa en las prestaciones por desempleo y en los subsidios de desempleo. Esa cuenta siempre habrá que echarla. Evidentemente, hoy estamos iniciando los trabajos; pero, en mi opinión, si se tienen en cuenta todos esos elementos, los incentivos a la contratación estable, por una vía o por otra, compensan siempre al Estado.

En el tema anterior, decir, si me permite el señor Vicepresidente, que los datos del Programa de Convergencia que se han puesto de manifiesto sobre la evolución de Seguridad Social están contemplados en un escenario de separación progresiva de las fuentes de financiación del sistema.

Vicepresidente.- Con respecto al Programa de Convergencia y la financiación de la Sanidad, indudablemente, el Programa de Convergencia prevé la evolución de la financiación de la Sanidad pública. Quiero recordarles a todos los presentes que ya en 1997 el Gobierno no sólo ha mantenido, como era su obligación, el crecimiento de la Sanidad pública a ritmos similares al Producto Interior Bruto, es decir, aproximadamente el 6 por 100, sino que ha introducido en el sistema, aproximadamente, más de 70.000 millones de pesetas de financiación adicional. Por lo tanto, somos los primeros en reconocer que es imprescindible partir de una base de financiación de la Sanidad pública suficiente y que, después, el sistema tiene que tener una evolución que satisfaga las necesidades de la sociedad.

Yo quiero volver a insistir en que la combinación de políticas de crecimiento que permitan que la economía crezca a ritmos más fuertes que los precios, en términos reales, es la que nos va a permitir una evolución que, al mismo tiempo, produzca la reducción del déficit público y el mantenimiento de las políticas sociales a los ritmos de porcentaje del Producto Interior Bruto en que se está moviendo en este momento. Por tanto, no tengo ninguna duda sobre la capacidad del Programa de Convergencia de responder a la financiación de la Sanidad.

La preocupación por su financiación de las Comunidades Autónomas que tienen transferida la Sanidad es absolutamente comprensible. No me parece nada extraño que las Comunidades Autónomas que tienen transferida la Sanidad estén interesadas en que el nuevo modelo, que debe quedar aprobado antes del 1 de enero de 1998, sea un modelo suficiente. Creo que su experiencia con este Gobierno, en el primer año, les demuestra ya que el Gobierno tiene intención de que el nuevo modelo sea suficiente.

P.- Quería preguntarle al Vicepresidente del Gobierno si, en su opinión, ya se ha tocado techo para seguir bajando los tipos de interés en este ejercicio o todavía existe margen.

La segunda pregunta es si con este millón de parados menos que se va a producir en este período...

Vicepresidente.- Perdón, perdón. Yo he dicho creación de empleo. Además, simplemente quisiera decir que son doscientos treinta y tantos mil al año, que es la cifra del año 1997; por lo tanto, estamos hablando entre 240.000 nuevos empleos al año. Ésa es la previsión que el Gobierno contiene en el Programa de Convergencia.

P.- Una vez que se cree este empleo, ¿se podrían alcanzar niveles comparables con la media europea de desempleo o España seguiría estando por encima de la media?

Vicepresidente.- Como usted sabe, los porcentajes de desempleo están en relación, no sólo con la creación de empleo, sino con la población activa. Es indudable que prevemos para los próximos años un crecimiento importante de la población activa. En ese sentido, todavía hay una parte de los ciudadanos españoles que, seguramente como consecuencia de las nuevas circunstancias económicas, van a apuntarse a buscar un empleo. Lo importante es que lo encuentren y, además de que lo encuentren, que lo encuentren en buenas condiciones y con condiciones de estabilidad. A eso es a lo que el Gobierno está dedicando sus esfuerzos. Por tanto, una creación de empleo de 240.000 empleos al año me parece que es absolutamente realista, entre otras cosas, porque se va a producir en el año 1997.

La otra pregunta ya sabe usted que depende de la autoridad monetaria.

P.- Quería plantearle dos preguntas al Secretario de Estado sobre la sentencia de la Sala Tercera del Supremo. En esa sentencia, textualmente, la Sala Tercera dice: "ordenamos al Gobierno que desclasifique los documentos". Quería saber si el Gobierno considera normal que se utilicen verbos tan contundentes, como "ordenar", en las relaciones entre dos poderes del Estado.

En segundo lugar, quería saber hasta qué punto se va a tener en cuenta la sentencia de la Sala Tercera para elaborar la Ley de Secretos Oficiales.

Sr. Rodríguez.- No haré comentarios sobre la sentencia; no la conoce el Gobierno oficialmente. Ha sido publicada hoy en algunos medios de comunicación o en todos los periódicos de España, quería decir; pero oficialmente el Gobierno la conocerá, seguramente, en el transcurso de la semana que viene, por las razones que ya les he explicado.

Ya he explicado también que, una vez que el Gobierno conozca la sentencia, los equipos jurídicos harán los informes pertinentes para que yo le pueda contestar con solvencia a la pregunta que usted me hace y que en estos momentos no voy a responder, por lo que supondría hacer una valoración improvisada de la sentencia.

Evidentemente, sí le digo que tanto la sentencia como los votos particulares serán base también para el estudio de los órganos de gobierno de los distintos Ministerios que están afectados por la Ley de Secretos de Estado, que están elaborándola. Sin duda, es una documentación con la que trabajarán. Lo que no le puedo decir en este momento es en qué grado van a trabajar con ella y hasta dónde esos planteamientos serán asumidos por el Gobierno, porque es muy prematuro. Pero, sin duda, es un texto que servirá para los equipos de trabajo que están trabajando sobre la Ley de Secretos de Estado.

P.- Al señor Arenas. Cuando ha planteado que el Gobierno contempla actuar sobre las cotizaciones sociales, entiendo que sería una rebaja, ¿no?, de las cotizaciones sociales, y quería saber si sería una rebaja general o sería una rebaja para colectivos determinados.

Al señor Rato, dos cuestiones. Una, si el Plan de Estabilidad contempla privatizarlo todo de aquí al 2000, o si hay alguna parcela que se piensa reservar el Estado. También quería preguntarle, dentro de los gastos corrientes, porque es el único sacrificio aparente que se ve en este Programa de Convergencia, dónde se va a actuar en las transferencias corrientes y en qué dirección.

Sr. Arenas.- Decirle que me ha interpretado correctamente. En ningún caso he pretendido fomentar la contratación subiendo las cotizaciones sociales; me ha interpretado correctamente. Ahora le contestaré a sus preguntas.

La primera, el escenario de una reducción generalizada de las cotizaciones a la Seguridad Social no es planteable mientras no finalice la separación definitiva de fuentes de financiación del sistema; antes, no es planteable. Desde luego que sería deseable, pero no es planteable hasta que tengamos separación definitiva de las fuentes de financiación y del gasto en el seno del sistema de Seguridad Social.

Con respecto a la segunda cuestión, cuando estamos hablando de posibles bonificaciones, estamos hablando de bonificaciones en la dirección del contrato indefinido.

Vicepresidente.- Por ejemplo, la Educación, la Sanidad, las prestaciones por desempleo, el fomento del empleo, las pensiones, son ejemplos de cosas que el Gobierno nunca ha tenido la menor intención de privatizar. Por lo tanto, si quiere usted una lista, seguramente podemos seguir con Defensa, el Ministerio de Economía y Hacienda, y alguna cosa más.

Desde el punto de vista de las privatizaciones, este Gobierno ha puesto el acento en la liberalización de mercados. Estamos más interesados en que los mercados sean libres y funcionen eficientemente que en la titularidad de las acciones. Es verdad que, desde el punto de vista económico, no tiene demasiado sentido que el Gobierno pretenda hacerse responsable de la gestión de empresas comerciales, industriales, de cualquier tipo; pero estamos mucho más interesados en que los mercados energéticos o los mercados de telecomunicaciones sean competitivos que en plantear una política simplemente de aumento de recursos financieros.

También es verdad que, como hemos demostrado en el caso de Telefónica o en el caso de Repsol, las empresas deben, primero, estar en un marco de mayor competencia y, segundo, el Estado no tiene demasiado interés en ser responsable de su gestión. Seguramente, esos fondos son mucho más útiles en creación de infraestructuras o en políticas de reducción del "stock" de deuda, que es a lo que nos estamos aplicando.

¿Los gastos corrientes? Continuar la política de austeridad que el Gobierno ha mantenido hasta ahora. En ese sentido, creo que el Presupuesto de 1997, con una reducción del Capítulo II como la que plantea, indica claramente por qué camino queremos ir. Tengo que decir que los planes de austeridad de los Ministerios, en su funcionamiento, están todos en este momento en un proceso de elaboración; algunos de ellos ya han sido presentados públicamente y lo serán a lo largo de las próximas semanas. Y tengo que decir que, en el funcionamiento del conjunto, de la eficacia, de la prestación de servicios públicos, se puede conseguir, sin duda, dar servicios públicos de calidad y, al mismo tiempo, tener políticas eficientes de costes, como lo hemos puesto de relieve, por ejemplo, en la Sanidad. Las medicinas hoy son más baratas para la Administración pública, la distribución de fármacos es más barata para la Administración pública y también hemos introducido criterios de flexibilidad en el funcionamiento de los hospitales, para que la prestación de servicios pueda ser, al mismo tiempo, de gran calidad y a costes competitivos.

Creo que ese ejemplo, junto con lo que va a ser la reforma de la Administración y el nuevo Estatuto de la Función Pública que ya está mencionado en el Programa de Convergencia, es un ejemplo claro de que podemos tener una Administración eficaz y, al mismo tiempo, austera, que es el camino por el que este Gobierno ha planteado su evolución de los gastos y el funcionamiento de la Administración desde un principio.

P.- Me gustaría hacer dos preguntas al Secretario de Estado. Querría saber si el Gobierno considera que, con las medidas disciplinarias que el Consejo Fiscal adoptó ayer contra determinados fiscales de la Audiencia Nacional, se puede dar por cerrada la crisis interna que hace unos cuantos meses se reveló en este órgano o si, por el contrario, el Gobierno tiene algún plan para remodelar el órgano de la Audiencia Nacional.

También querría saber si el Gobierno coincide con la opinión del Partido Popular catalán de que no hay que hacer ni caso a las muestras de debilidad de Pujol. Además, me gustaría que se aclarara aquí hasta qué punto el President tiene posibilidad de marcar o influir, de una manera decisiva, en el calendario electoral nacional. Además, cómo interpreta el Gobierno el que, precisamente en una semana con tan buenos datos económicos, sea justamente un socio que apoya al Gobierno el que empañe con sus declaraciones estas buenas noticias.

Sr. Rodríguez.- No hay, en estos momentos, sobre la mesa del Consejo de Ministros ningún plan de reforma sobre la Audiencia Nacional.

Sobre la segunda pregunta, he pedido que me transcribieran algunas de las declaraciones del Presidente de la Generalidad del último mes. Quiero decirle que en todas las declaraciones habla de la colaboración espléndida con el Gobierno, de la comodidad en la que se encuentran con el Gobierno del Partido Popular; se han matizado, en muchas ocasiones, declaraciones que se han interpretado en otro sentido: "Convergencia y Unión hará lo imposible por agotar la Legislatura". Yo creo que cualquiera puede acudir a la hemeroteca para darse cuenta de que las declaraciones, en líneas generales, del Presidente Pujol son favorables, tanto al acuerdo con el Partido Popular, con el Gobierno, como para terminar la Legislatura. Evidentemente, luego, los hechos noticiables son también noticiables, y posiblemente sea la otra cara de la moneda la que se suele sacar como más noticia.

Pero, sobre la declaración a la que usted se refiere, concretamente en esa misma declaración hace un balance positivo de la colaboración de Convergencia y Unión con el Gobierno y apuesta por mantener la Legislatura.

Constitucionalmente, siguiendo su pregunta, la potestad de convocar elecciones, ya se sabe, es del Presidente del Gobierno.

En el año 1995, el señor Pujol o Convergencia y Unión dejaron de sostener un Gobierno insostenible; dejaron de sostener un Gobierno en un clima de corrupción, del GAL, en una situación económica asfixiante. En estos momentos, la situación no sólo no es que sea ni parecida, no tiene nada que ver. Si me permite, tengo el honor de acompañar hoy a dos miembros del Gobierno de un Gobierno que está devolviendo la confianza a los españoles. En las declaraciones que usted cita, el mismo Presidente Pujol dijo: "y moveríamos otra vez si conviniera el país". Está claro hoy que no conviene al país.

Por tanto, el Gobierno está muy tranquilo con la colaboración, tanto de los nacionalistas canarios, como de los nacionalistas vascos, como de los nacionalistas catalanes. Creo que el otro día les dije que las elecciones generales tocan el año 2000 y creo que les dije que "tomaran nota". Vuelvo a decir lo mismo y mucho más después de una semana en la que, como usted también ha calificado, este Gobierno ha podido dar a la sociedad española algunas alegrías.

P.- Relacionado con el tema de la Audiencia Nacional, quería saber cómo valora el Gobierno el hecho de que el fiscal Gordillo haya anunciado que, en solidaridad con su compañera Márquez de Prado, van a pedir todos los fiscales que no han sido sancionados el traslado forzoso.

Sr. Rodríguez.- No hay valoración del Gobierno. Si ese recurso existe, será la Ministra de Justicia, en sus competencias, quien tenga que dilucidarlo. El ámbito es estrictamente de la Fiscalía y, en su caso, sería de la Ministra de Justicia, no del Consejo de Ministros.

P.- Quería una pequeña valoración, pero veo que ya el Secretario de Estado la acaba de aclarar del todo. Entonces, ¿no es necesario para el traslado de esa fiscal, que ha propuesto el Fiscal General, que sea el Consejo de Ministros el que apruebe ese traslado concreto?

Sr. Rodríguez.- No, no. El Consejo de Ministros no trata ese asunto; es competencia del Fiscal.

P.- Luego, quería una valoración. ¿El Gobierno ha visto con preocupación el hecho de que se haya puesto en libertad, aunque sea bajo fianza, a un capo de la "Camorra" italiana, que desde Italia se dice que es muy peligroso, y que en estos momentos está en libertad en España, aunque sea bajo fianza?

Sr. Rodríguez.- Me hace usted una pregunta que no puedo responder porque el Gobierno, desde luego, no ha escuchado ningún informe sobre el asunto. He leído la noticia en los periódicos, como usted; pero no le puedo hacer ninguna valoración, y espero que ustedes lo entiendan.

P.- Al Ministro de Economía le quería preguntar si puede concretar qué son servicios públicos no básicos por los que habría que pagar por su uso. Y también si, cuando en el documento se lee "revisión de la fiscalidad indirecta, con el fin de armonizar la cola de la Unión Europea", podría llevar implícito una subida en el alcohol, el tabaco o las gasolinas.

Vicepresidente.- De los servicios públicos no básicos he puesto algunos ejemplos antes. Los hemos puesto en la Ley de Presupuestos y son los que la propia Ley de Tasas recoge. Es decir, hay muchos servicios o prestaciones que da la Administración central a unos determinados ciudadanos, que no están previstas que se financien con impuestos generales; por lo tanto, ya las pagamos. Cuando obtenemos carnets, pasaportes, etcétera, estamos pagando tasas. Lo que hay que ver es si esas tasas están reflejando el coste efectivo del servicio. Es lo único que vamos a hacer; lo que hemos hecho en el año 1997 lo vamos a seguir haciendo.

Indudablemente, la financiación del funcionamiento del Estado está basada, en una gran parte o en su mayoría, en servicios financiados con impuestos generales. Lo cual no quiere decir que un camino que hemos empezado en 1997, que es la revisión de las tasas para que realmente cubran el coste efectivo de lo que están supuestas a cubrir, se haga. Vuelvo a insistir porque, si no, lo que estamos haciendo es que un servicio, que teóricamente y legalmente no debería estar financiado con impuestos generales, lo está, lo cual nos parece injusto para el conjunto de los ciudadanos.

No estamos hablando de nuevas definiciones de servicios no esenciales; creo que son obvias las que ya están en la Ley de Tasas. Lo que haremos será garantizar que esas tasas se adecuen al precio efectivo o al coste efectivo del servicio que están supuestas a financiar.

A la segunda pregunta, yo creo que hay una serie de impuestos indirectos en nuestro país que no están en la media europea y que el Gobierno tomará sus decisiones, en función de su política económica, a lo largo de los próximos años. Quiero poner de relieve que, por ejemplo, en 1997, por primera vez en muchos años, no hemos revisado, en consonancia con el índice de precios previsto, los impuestos de la gasolina. Por lo tanto, en 1997, de hecho, los impuestos sobre la gasolina han decrecido, en términos reales.

Eso quiere decir que tomaremos las decisiones que nos parezca que más convienen al cumplimiento de los objetivos macroeconómicos que se fijan en este Plan de Estabilidad, que son los que orientan la política del Gobierno y que claramente son los que ya estamos consiguiendo.

P.- Me gustaría saber si el Gobierno considera que la decisión que tomó el día 2 de agosto fue un acierto político o si piensa ahora que, quizá, hubo algún error o si ha habido un acierto colectivo, es decir, el Gobierno no desclasificando y el Supremo desclasificando.

Me gustaría saber también, respecto del Vicepresidente, cómo ha visto el arranque de la Comisión sobre el fraude fiscal y si cree que, a la vista de ese arranque, no hay muchas esperanzas de que la Comisión pueda trabajar de forma pacífica y de forma esclarecedora.

Dentro prácticamente de nada empezará usted a pensar en los Presupuestos ya del año que viene. Quería saber sobre eso si el tema Impuestos Especiales, que se sigue reclamando desde Cataluña, puede entrar dentro del pacto para la configuración de esos Presupuestos o si bastantes líos hay ya en torno al sistema de financiación para incrementarlos.

Sr. Rodríguez.- Con respecto a la pregunta que me hace a mí, el 2 de agosto, el Gobierno tomó la decisión que tenía que tomar en ese momento y el Gobierno está convencido de que ésa fue la mejor decisión de las posibles. A partir de ahí, el Tribunal Supremo ha decidido pedirle al Gobierno que desclasifique los documentos que estaban clasificados como secretos y el Gobierno lo que hace es acatar la sentencia, y la acatará formalmente cuando formalmente la sentencia llegue al Gobierno. Pero esto no significa que el Gobierno entienda que el día 2 de agosto no tomó la decisión que tenía que tomar.

Vicepresidente.- Sobre la Comisión de investigación sobre los 200.000 millones, usted me pregunta mi impresión de cómo ha comenzado. Ha comenzado con que el Partido Socialista quiere que se cierre, lo cual me ha sorprendido. Probablemente, indica claramente a quién le parece positiva la Comisión y a quién no. También tengo que recordar que el Partido Socialista siempre consideró injustificado que los ciudadanos supieran lo que había pasado.

A mí me parece que de la Comisión y de los documentos que ya se han remitido, y de los que se van a seguir remitiendo, de los nuevos documentos que se enviarán, se van a desprender, por lo menos, tres conclusiones innegables: una, los responsables políticos de la Hacienda Pública de los años anteriores sabían exactamente lo que se estaba produciendo y los riesgos que se estaban corriendo; segunda, los efectos de esa negligencia afectaron a unos muy pocos contribuyentes. Quisiera ahí insistir en que no debemos confundir el número de expedientes con el número de contribuyentes; pero, en cualquier caso, son pocos expedientes y todavía menos contribuyentes. Y, tercero, es mucho dinero.

En ese sentido, creo que eso está meridianamente claro, va a seguir estando meridianamente claro y, probablemente, ésa es la razón por la que el Grupo Socialista lo que ahora plantea es que cerremos la Comisión. Pero la verdad es que me parece imposible que los demás Grupos Parlamentarios lo acepten.

En cuanto a la documentación que nos pidan, como es natural, la remitiremos; pero me parece que, de la documentación que ya hay y de toda la que va a haber, se van a desprender esas tres obviedades o esas tres verdades, sin ninguna discusión.

Hay un nuevo sistema de financiación autonómico en vigor. Hoy mismo hemos aprobado las Leyes para modificar los Estatutos de Autonomía, que respaldan la modificación del sistema de financiación autonómico pactada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y votada mayoritariamente por las Cortes Generales. Hoy mismo también hemos aprobado el Real Decreto-Ley por el cual se aplican las partidas presupuestarias que estaban ya en el Presupuesto a las Comunidades que han aceptado el nuevo sistema y también a las que no.

Por lo tanto, hay un nuevo sistema de financiación autonómico, conocido, suficiente y creíble, que también va a ser conocido y suficiente y creíble para las Comunidades que no acepten el sistema, aunque pierden claramente oportunidades y, desde luego, pierden capacidad política. Eso no lo acabo de entender; no acabo de entender cómo se puede renunciar a la posibilidad de mejorar las posibilidades de un Parlamento de actuar en beneficio de los ciudadanos que le eligen. Pero ésa es una contestación que yo no puedo dar y que tendrán que dar los que toman esa decisión.

Por lo tanto, hay un nuevo sistema de financiación, que acaba de empezar su marcha. Me parece que, en este momento, discutir nuevos sistemas de financiación, como es natural, es posible, como es posible discutir cualquier cosa; pero el nuevo sistema de financiación es el que hay en este momento y me parece que, además, va a ser un nuevo sistema de financiación que va a dar un gran juego, si se me permite la expresión.

Yo recomendaría a los que, por disciplina de partido, han tenido que negarse a aceptar competencias que vean la evolución del crecimiento del Producto Interior Bruto en sus Comunidades Autónomas ya, para que vayan empezando a preparar las explicaciones, porque me da la sensación de que deberían de sentarse un momento, no pensar en los intereses electorales o partidistas de don Felipe González y empezar a darse cuenta de cómo está evolucionando el Producto Interior Bruto en sus Comunidades. Cuando lo vean y empiecen a pensar en la elasticidad entre IRPF y Producto Interior Bruto, sería bueno que meditasen seriamente por el bien de los ciudadanos y porque los ciudadanos no tengan, dentro de unos meses o dentro de unos años, la impresión de que se les sacrificó por una estrategia absolutamente partidista.

Nosotros hemos cumplido lo que era nuestra obligación, que era tener un nuevo sistema de financiación autonómico, proponérselo a todas las Comunidades Autónomas y dar una solución absolutamente lógica y, vuelvo a decir, suficiente, estable y cierta a aquellas Comunidades Autónomas que decidan no llegar a un acuerdo con el Estado en un sistema de financiación. No será la primera vez que se produce y, por lo tanto, hay unos pagos a cuenta que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos en las Comunidades Autónomas; pero se pierde una gran oportunidad y se pierde también una capacidad política.

Yo creo que deberían de empezar a pensar que los números pueden esclarecer mucho las cosas en muy poco tiempo.

P.- Quería hacerle dos preguntas al señor Arenas. Por un lado, si, además de los incentivos a la contratación indefinida, el Gobierno se plantea desincentivar la contratación temporal. En todo caso, ¿cómo se aplicaría? ¿A través de qué vía? ¿Cotizaciones? ¿Cuál sería el criterio? ¿Sería genérico, o sería por sectores, o algún tipo de contrato?

Por otra parte, ¿cuál es la perspectiva de aplicación de los acuerdos sobre reforma laboral, teniendo en cuenta que, si el 15 de mayo es cuando puede estar listo todo el paquete, si se hace por Proyecto de Ley no podría aplicarse antes de julio, cuando la temporada turística ya está muy avanzada?

Sr. Arenas.- A la segunda de las dos cuestiones que me plantea, si pudiéramos tener en vigor, con eficacia jurídica, los contenidos del acuerdo a principios de mayo mejor que a mediados de mayo o a finales de mayo; cuanto antes. Lo que no puedo entender es que algún Grupo Parlamentario esté sosteniendo que el acuerdo es bueno para la sociedad, aunque también estos días se hayan producido algunas declaraciones que no se entienden. Dentro del Partido Socialista, la mayoría no tengo duda de que apoyarán el acuerdo; pero ha habido algunas actitudes que no han puesto de manifiesto, ciertamente, alegría por la consecución de los acuerdos.

No se puede entender que se diga: "el acuerdo es bueno, que se aplique, pero nos oponemos frontalmente a una tramitación parlamentaria rápida". Eso no se puede entender, sobre todo, cuando en España hay precedentes de reformas laborales sin consenso social que se han tramitado por la vía más rápida.

Yo creo que es muy bueno que, frente al acuerdo de sindicatos y empresarios, no se tenga la óptica de partido ni la óptica de desgaste del Gobierno, sino que se tenga en cuenta la óptica de la sociedad y de las esperanzas que suscita en la sociedad ese acuerdo.

En segundo lugar, me plantea si tenemos pensado o estamos pensando algún sistema para no incentivar la contratación temporal. Yo creo que del conjunto del acuerdo que se acaba de firmar es, precisamente, ésa la finalidad que tiene: el conjunto del acuerdo. Cuando se hace el esfuerzo de reducir las indemnizaciones por despidos objetivos improcedentes, se está buscando nunca la reducción del coste del despido, sino que se está buscando que muchos jóvenes, que no tienen trabajo, tengan trabajo y, en consecuencia, tengan derecho, y que muchos parados tengan trabajo y, en consecuencia, tengan derecho. Ésa es una visión positiva del problema.

Nosotros entendemos que todo el acuerdo en sí persigue, precisamente, no incentivar la contratación temporal.

La pregunta que usted me hace se la contestaré más adelante. Hace falta hablar con sindicatos y empresarios sobre esa cuestión. No soy partidario de tomar ninguna medida que afecte a cotizaciones sociales sin hablar con los empresarios y con los sindicatos, muy especialmente en ese caso con los empresarios. Y les recuerdo a ustedes que, incluso en el Pacto de Pensiones, aunque no fue suscrito por la CEOE y CEPYME, a la hora de hablar del destope de las bases de cotización tuvimos conversaciones previas con CEOE y con CEPYME.

En consecuencia, yo creo que la dirección que usted apunta en su pregunta es la dirección del acuerdo, y tenemos que ver si es suficiente con lo que se ha hecho en el acuerdo o si se puede plantear alguna medida. Pero no tomaremos la medida de penalizar ningún contrato sin el acuerdo de sindicatos y empresarios.

P.- Al Secretario de Estado para la Comunicación. Si el Gobierno, en la famosa declaración de Pujol de "pasar por el aro", había dado algún toque discreto al Presidente de la Generalidad para que moderara ese tipo de declaraciones.

Luego, también, si esta nueva oleada reivindicativa por parte de Jordi Pujol, de la Generalidad, tiene que ver con que se ha cumplido una parte sustancial del pacto del programa de investidura de hace un año.

Sr. Rodríguez.- ¿"Toque"? ¿Entiendo si ha habido alguna llamada telefónica discreta? No, no conozco ningún toque discreto. Sí conozco que, inmediatamente después de las declaraciones a las que usted se refiere, el mismo partido Convergencia Democrática de Cataluña y los portavoces de la coalición matizaron qué querían decir las declaraciones; esto fue, de manera inmediata, esa misma tarde y, al día siguiente, de manera mucho más explícita, del portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados. Pero no conozco que haya habido una conversación en ese sentido.

Me pregunta después sobre si obedece a que se ha cumplido parte del acuerdo. Es verdad que los acuerdos firmados están cumplidos en un alto porcentaje; pero es verdad que los acuerdos firmados eran --así se explicó-- un apoyo para toda la Legislatura. Por tanto, sólo se cumplirán los acuerdos por las dos partes cuando toda la Legislatura esté cumplida; digo "por las dos partes".

El Gobierno es verdad que está actuando con celeridad en sus acuerdos, tanto con los nacionalistas canarios, como con los nacionalistas vascos, como con los nacionalistas catalanes; pero no entendemos que eso sea causa de ninguna declaración que, en un momento determinado, pueda sonar equívoca. Le repito lo que le he dicho antes: esas declaraciones, que han podido sonar equívocas, se dicen al mismo tiempo y en el mismo lugar, un minuto antes o un minuto después, de declaraciones explícitas en favor del apoyo al Gobierno y de apoyo a la Legislatura. Y, si acaso, no han quedado claras, siempre se han matizado, bien por el mismo Presidente Pujol, bien por algún miembro de su partido o de la coalición Convergencia y Unión.

P.- Dos precisiones. Una es para una pregunta que quedó sin responder de la compañera, y es si el Gobierno considera que ha quedado cerrado el conflicto de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con esta solución y, si considera que ha quedado cerrado, si le parece buena la solución.

Otra es respecto a la sentencia de los "papeles del CESID". Si consigue llegar en esta semana la sentencia y les da tiempo a leerla, en fin, si se cumplen los plazos previstos, desclasificarían, creo entender, la semana que viene. Eso sería sin el Presidente del Gobierno en el Consejo de Ministros. ¿Han valorado esa situación, que no esté él presente en España?

Sr. Rodríguez.- El Consejo de Ministros, el viernes que viene, se celebrará bajo la presidencia del Vicepresidente Primero. No tiene mayor misterio que el Presidente del Gobierno está de viaje. No hay ningún símbolo en aprovechar que el Presidente del Gobierno no está para que, entonces, se proceda a la desclasificación, porque hemos estado toda la semana pidiendo al Supremo que no llegaran los "papeles" hoy para que llegaran el viernes que viene, y así estaríamos dos días más...

No, simplemente se celebra un Consejo de Ministros bajo la presidencia del Vicepresidente Primero. Es mejor ser eficaces en el cumplimiento de la sentencia, en el acatamiento de la sentencia, tal y como ha anunciado el Gobierno, que eso es colaborar con la Justicia, que no dejar una semana más de paréntesis que, sin duda, sería peor para todos.

Con respecto a la pregunta que no respondí a Marisa, lo puedo hacer en silencio o lo puedo hacer explícitamente. No tengo nada que decir a las decisiones que toma el Fiscal, porque las toma en su independencia.

P.- A mí me gustaría saber si, además de corregir el error de votación de ayer del Grupo Popular con un Proyecto de Ley hoy el Gobierno, el Consejo de Ministros ha entrado en el fondo de por qué se produjo ese error; si existe algún malestar en el Gobierno por el funcionamiento del Grupo Popular.

Sr. Rodríguez.- No, no. El Gobierno entiende que tiene un Grupo Parlamentario que, desde luego, está haciendo un trabajo ímprobo, se está comportando de manera estupenda en todas las actuaciones. Si analizáramos profundamente lo que ha pasado ayer, es que parece ser que quien estaba encargado de hacer así o hacer así, debió hacer algo con las manos y equivocó a ochenta.

Muchas gracias.