El Gobierno refuerza el Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible con 260 millones de euros más

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha autorizado una adenda al convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Entidad Pública Estatal de Suelos (SEPES) para impulsar la oferta de vivienda en alquiler asequible.

La responsable del Ministerio, Raquel Sánchez, ha explicado que el gasto previsto -115 millones- se incrementa así en 260 millones, con lo que el importe máximo del gasto previsto para este año alcanza los 375 millones de euros. Sánchez ha destacado que los fondos transferidos a SEPES desde el año 2018 ascienden a casi 622 millones de euros.

"Estamos comprometidos con la promoción de la vivienda porque consideramos que disponer de una vivienda, de un hogar, es una de las principales fuentes de dignidad y de bienestar para las personas, y especialmente para aquellas que no pueden hacer frente al pago de un alquiler o una hipoteca y, sobre todo, para atender a las necesidades de los más vulnerables y también de los jóvenes", ha afirmado la ministra.

Raquel Sánchez ha señalado que España cuenta con un parque de apenas 290.000 viviendas públicas que dan cobertura a tan solo el 1,6% de los hogares, muy lejos de la media de los países de su entorno: ese porcentaje ronda el 30% en Holanda, el 24% en Austria y el 16,8% en Francia. De ahí la importancia -ha manifestado- del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible y la adenda aprobada hoy: "Estamos trabajando sin dilaciones para hacer llegar estas políticas públicas allí donde el mercado no llega".

Promoción de viviendas asequibles

La titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha detallado que ese Plan ya ha movilizado en torno al 60% de las viviendas previstas. En concreto, son 14.266 las viviendas impulsadas en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en el marco de los últimos dos planes estatales de vivienda.

A esa cantidad hay que sumar las 9.849 viviendas fruto del acuerdo directo con las entidades locales y las comunidades y, por otro lado, las que se van a ejecutar gracias a los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: ya existen acuerdos para construir casi 14.000 viviendas, "y vamos a alcanzar sin duda alguna los objetivos del Plan de Recuperación de construir 20.000 viviendas para el año 2026", ha asegurado Raquel Sánchez.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La ministra ha apuntado que su departamento está movilizando, además, las viviendas que forman parte de la cartera social de la SAREB, la sociedad que gestiona los activos procedentes de la reestructuración bancaria: 15.000 ya están habitadas y se prevé alcanzar las 28.000. Y en relación con las viviendas recogidas en el acuerdo con las entidades bancarias para constituir un fondo social, casi 10.000 ya están arrendadas.

Asegurar la función social de la vivienda

Raquel Sánchez ha remarcado el papel que SEPES desempeña en el desarrollo de las políticas de vivienda asequible y la importancia de que disponga de herramientas para recuperar suelos públicos que están en desuso o son obsoletos, ya sean de la Administración General del Estado, de otras administraciones o de otras entidades. Esa mayor capacidad -ha añadido- permite responder también al reto demográfico con convenios como los alcanzados, por ejemplo, en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) o Sarrià de Ter (Girona), así como buscar sinergias con proyectos como el de la gigafactoría de baterías que se establecerá en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La adenda autorizada hoy dota a SEPES de la liquidez suficiente para afrontar nuevas actuaciones y refuerza su posición para desarrollar las que ya recogía el convenio, como las de Ca n'Escandell (Ibiza), Son Busquets (Mallorca) o el cuartel de Ingenieros y de Artillería de Valencia. Otra iniciativa clave es la Operación Campamento en Madrid, una de las mayores operaciones de regeneración del espacio urbano en Europa de los últimos años, que va a permitir la construcción de unas 11.000 viviendas asequibles.

La ministra ha indicado que esas actuaciones y la planificación en nuevos suelos debería permitir a SEPES superar las 30.000 viviendas a lo largo de la próxima década, y ha afirmado que la vocación del Ejecutivo es aprobar nuevas adendas: "Este Gobierno ha tenido que empezar prácticamente de cero para intentar revertir un modelo de vivienda que ha marginado a muchas personas, a familias de bajos ingresos, también a las mujeres, a los jóvenes, a los migrantes. Llevamos cinco años trabajando para conseguir garantizar esa función social que tiene la vivienda y que deje de ser un instrumento que sirva para el enriquecimiento de unos pocos". Sánchez ha recordado que el presupuesto para políticas de vivienda se ha multiplicado por ocho a lo largo de ese período.

Mayores garantías del derecho de defensa

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que desarrolla este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expuesto que la norma, pionera en el contexto europeo, se enmarca en los planes de modernización del sistema judicial, refuerza el Estado de Derecho, impulsa la confianza en la justicia y responde a las necesidades de los 250.000 hombres y mujeres que conforman la abogacía y, en general, a las del conjunto de los ciudadanos.

La ley recoge distintos aspectos de la tutela judicial efectiva, como el libre acceso a los tribunales de justicia, el derecho a una resolución congruente y fundada por un juez imparcial, la invariabilidad de las resoluciones firmes o la ejecución de las resoluciones en términos exactos. También se contemplan las garantías y los derechos de la abogacía.

En resumen, "se trata de dotarnos en el sistema de justicia de mayores garantías, que el derecho de defensa no pueda depender del bolsillo de cada uno, y por eso todos los servicios de orientación jurídica también se atienden y se respetan con independencia de los recursos económicos de la persona que los precise", ha señalado Isabel Rodríguez.

Sostenibilidad y mantenimiento del empleo industrial

Por otra parte, el Ejecutivo ha destinado 450 millones de euros a la ejecución del proyecto de hidrógeno circular de Arcelor en Asturias, una ayuda enmarcada en el PERTE de Descarbonización.

La portavoz del Gobierno ha remarcado la importancia de esta iniciativa dentro del proyecto de transformación de la industria española, tanto por el mantenimiento de más de 6.000 empleos como por el carácter singular que supone el uso del hidrógeno como una energía renovable. No hay precedentes -ha sostenido- de un proyecto de estas características en el sector de la industria siderúrgica en España y en otros países de su entorno.