El Gobierno aprueba el Plan Más Seguridad Energética para proteger a los consumidores y reducir el consumo de gas

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Más Seguridad Energética (+SE) para reforzar la protección de los ciudadanos frente a la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania, en el marco del compromiso europeo de ahorro energético. La iniciativa también busca reducir el consumo de gas, mejorar la autonomía energética, aumentar la competitividad de la economía y elevar las exportaciones energéticas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que es un plan que se seguirá actualizando, dada la incertidumbre de la evolución de la guerra y sus consecuencias, y mensualmente se hará público un informe de seguimiento de la eficiencia y ahorro en electricidad y gas de las distintas medidas.

Ribera ha resaltado que el documento se ha construido sobre el diálogo y ha agradecido las aportaciones de instituciones y administraciones, grupos parlamentarios, asociaciones de consumidores industriales y domésticos y operadores industriales y energéticos, con los que se han mantenido más de treinta reuniones. La vicepresidenta ha señalado que todos estos actores han coincidido en la prioridad del enfoque para el plan: "Cómo podemos ser más eficaces para canalizar ahorro preservando el confort de las familias y el tejido productivo".

6 objetivos y 73 medidas en el Plan +SE

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Plan +SE incluye 73 medidas de seguridad energética agrupadas en torno a seis grandes objetivos: ahorro y eficiencia; transformación del sistema energético; ampliación de la protección a los ciudadanos, especialmente los vulnerables; medidas fiscales; transformación de la industria gracias a las energías renovables o el hidrógeno, y solidaridad con el resto de los países europeos.

Para garantizar y mejorar la protección de la población se ampliará la cobertura del bono social eléctrico y el bono social térmico, aumentando el volumen de población protegida. También se reducirá la factura de 1,6 millones de hogares con calderas comunitarias con vistas al próximo invierno y las familias tendrán apoyo fiscal para implantar sistemas de climatización renovable, se fomentarán los repartidores de costes en calefacciones centralizadas y se instalarán contadores inteligentes de gas natural.

En el ámbito del ahorro y la eficiencia, se realizarán campañas de concienciación, se extenderá al resto de administraciones el Plan de ahorro de la Administración central, y habrá un programa de sustitución del alumbrado público. Las pymes contarán con apoyo del ICO para implantar renovables y medidas de ahorro.

Otras medidas incluyen el impulso a los tejados solares, las comunidades energéticas y el autoconsumo, y la agilización de la tramitación de los proyectos renovables. Asimismo, se aumentará el apoyo a la industria y al refuerzo de las capacidades de la transición energética, con un incremento de 1.000 millones a la dotación del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, y se lanzará un nuevo PERTE de Descarbonización de la Industria.

Eficacia de las medidas ya adoptadas

La vicepresidenta ha afirmado que el plan aprobado hoy es un escalón más en el trabajo que España lleva meses realizando, con carácter estructural para reducir la dependencia de las materias energéticas más volátiles y transformar el sistema energético, y, desde el punto de vista coyuntural, para proteger a los consumidores.

Ribera ha defendido que las decisiones adoptadas en fiscalidad y costes fijos del sistema y el impacto del mecanismo ibérico han permitido controlar el precio de la electricidad: "En agosto de 2022, si no hubiéramos venido adoptando medidas desde septiembre de 2021, el precio hubiera sido un 33% más alto de lo que hemos pagado en promedio el conjunto de los consumidores domésticos".

De hecho, ha subrayado, en el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables extremos, se ha mantenido el mismo precio en sus facturas que el que pagaban con anterioridad a la invasión y a la situación derivada de la crisis de Ucrania.

El ahorro acumulado, ha continuado la vicepresidenta, ha sido de 2.837 millones de euros, e incluso con la introducción del ajuste para pagar el precio del gas, en España el precio de la electricidad ha estado muy por debajo del precio del mercado mayorista en Italia, Francia y Alemania.

Contexto europeo

La vicepresidenta tercera y ministra, Teresa Ribera, interviene en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la portavoz Isabel Rodríguez y el ministro Luis Planas. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En el Plan +SE se ha incluido un análisis de la coyuntura energética en España y en la UE. A diferencia de otros países europeos, España no depende de las importaciones energéticas rusas y tiene garantizado el suministro y, de hecho, está exportando electricidad y gas natural, principalmente a Portugal y Francia.

"Si descontamos las exportaciones de electricidad necesarias para garantizar el suministro de nuestros vecinos, se ha producido una reducción de la demanda de gas en nuestro país para producir electricidad muy significativa", ha explicado Ribera, que ha recordado que la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre energía del pasado julio fijó una reducción para España en un 6,4% frente al 15% para el resto de países.

Las medidas que adopten todos los estados miembros, ha recordado la vicepresidenta, son de carácter voluntario, pero pasarán a ser obligatorias si varios de ellos activan el estado de alerta o la Comisión Europea considera que hay un riesgo real y serio de desabastecimiento.

Precisamente mañana tendrá lugar en Praga la reunión informal del Consejo de Ministros de Energía, al que asistirá Ribera y en el que, ha explicado, seguirán trabajando en las propuestas marcadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: desacoplar el precio del gas del precio de la electricidad, cambiar los indicadores que utilizan todos los operadores como referencia del precio del gas, acelerar la transformación del sistema energético y realizar una reforma estructural del mercado eléctrico.

"Probablemente estamos ante el momento de intensidad mayor en términos de política energética de la Unión Europea en muchísimos años", ha afirmado Ribera, para quien "la capacidad de responder unidos es crítica y la oportunidad de consolidar un proyecto europeo en materia de energía es una gran oportunidad, evidentemente por motivos no deseables en ningún caso, pero que no debemos perder".

Política Agrícola Común, inversiones y nuevo foro sobre regadío

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado de varios acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros relativos a la Política Agrícola Común (PAC), la distribución de fondos entre comunidades autónomas y la creación de la Mesa Nacional del Regadío y del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Pago de anticipos de la PAC

Planas ha anunciado que a partir del próximo lunes 17 de octubre se abonarán 2.800 millones de anticipos de las ayudas de la PAC a 680.000 agricultores y ganaderos. Este adelanto supone el 70% del total de las ayudas, un 20% más que el porcentaje vigente hasta ahora, tras la modificación aprobada por la Comisión Europea a petición de España y otros países.

"Es un esfuerzo notable del Gobierno de España", ha destacado el ministro, que lo ha justificado por la conveniencia de dotar a los beneficiarios de liquidez "en el momento justo", cuando se planifican las siembras y la producción y se adquieren las semillas, fertilizantes, piensos o combustible, que, a causa de la guerra en Ucrania, también han sufrido incrementos de precios considerables.

Normativa sobre la PAC 2023-2027

El Gobierno ha aprobado dos Reales Decretos relativos a las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH). Son los primeros de los dieciocho previstos hasta final de año para adaptar la actual legislación a la PAC que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

El ministro ha subrayado la importancia de esta nueva normativa para mejorar la sostenibilidad y competitividad del sector de frutas y hortalizas en España, "tan importante para el conjunto del sector agroalimentario y para proveer de un alimento fundamental a todos los ciudadanos de Europa".

Las frutas y hortalizas constituyen el 30% de la exportación del sector agroalimentario, que es, a su vez, el primer sector exportador de España.

Creación de la Mesa Nacional del Regadío

El Consejo de Ministros ha acordado constituir la Mesa Nacional del Regadío y del Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío como órgano de colaboración entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Luis Planas ha considerado que será "un elemento fundamental para tener una visión de conjunto de regantes, comunidades, comunidades autónomas y el resto de administraciones" de cara a la inversión de 2.130 millones de euros hasta el año 2027 en la mejora de la sostenibilidad y eficiencia de los regadíos en España.

Distribución de 135,4 millones entre las CCAA

Las comunidades autónomas recibirán 135,4 millones de euros, la mayoría correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como ha acordado hoy el Gobierno. La distribución de esta cantidad se realizará el próximo 13 de octubre en la Conferencia Sectorial de Agricultura.

Las distintas líneas de inversión se dirigen a fomentar la agricultura de precisión, la eficiencia energética y la economía circular; mejorar la bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección animal; erradicar enfermedades animales; prevenir y luchar contra plagas, y sufragar el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei), en Canarias.

Promoción de viviendas de alquiler asequible

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a suscribir un convenio con la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de viviendas en alquiler social o asequible en suelo público. El objetivo es construir 100.000 en alquiler asequible o social.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha subrayado que es necesario acelerar los procesos para ofrecer este tipo de vivienda a toda la ciudadanía y "especialmente a los jóvenes que emprenden nuevos proyectos vitales".

Mitma traspasará este año a Sepes 115,3 millones de euros, incluidos en los Presupuestos de 2022, y el año que viene, 260 millones, tal y como consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

El Consejo de Ministros ha conocido el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 antes de su remisión formal a la Comisión Europea para su aprobación definitiva.

Isabel Rodríguez ha explicado que este documento estratégico recoge las grandes líneas de actuación y prioridades de inversión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del Fondo de Transición Justa (FTJ).

En conjunto, el Acuerdo de Asociación supone una inversión total de casi 60.000 millones de euros, un 15% más respecto a los obtenidos en el periodo 2014-2020.

Refugiados y situación en Ucrania

El Gobierno ha acordado conceder subvenciones directas por valor de más de 361 millones de euros a las comunidades autónomas de Cataluña y Comunidad Valenciana y a cuatro entidades que trabajan con personas refugiadas: la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Fundación CEPAIM Acción Integral con Migrantes, la Asociación Comisión Católica Española de Migración y Cruz Roja Española.

Isabel Rodríguez ha definido a España como un país solidario, el quinto que más refugiados ucranianos ha acogido en Europa, concretamente a más de 147.000 personas: "Seguimos dándoles acogida y oportunidades".

La ministra ha mostrado su preocupación por el recrudecimiento de los ataques de Putin contra la población civil, como el bombardeo de ayer en la capital ucraniana, Kiev. No obstante, ha trasladado un "mensaje de certidumbre" a la ciudadanía española porque "se analizan rigurosamente todos los acontecimientos y se adoptan las medidas necesarias para la seguridad, tanto en el contexto nacional como en el internacional".