El Gobierno aumenta el Salario Mínimo Interprofesional en 50 euros mensuales

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha fijado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. La cuantía retributiva mínima percibida por un trabajador en España se incrementa en 50 euros al mes y en 700 euros al año. La medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficia a casi 2,5 millones de trabajadores.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha agradecido la labor de los agentes sociales en la negociación de la subida, acordada con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Díaz también ha elogiado las aportaciones de la Comisión Asesora para el Análisis del SMI. En su departamento -ha resaltado-, todas las decisiones se adoptan teniendo en cuenta a los expertos y la ciencia.

Con el aumento aprobado hoy, el SMI ha crecido un 61% desde 2018, lo que supone 6.273 euros más al año. "Hablamos, ya lo sé, de cantidades muy exiguas, pero muy importantes para familias que no tienen nada", ha dicho Yolanda Díaz, que ha sostenido que esa evolución ha permitido reducir la desigualdad en un 18%.

Mujeres y jóvenes, los más beneficiados por la subida del SMI

Por comunidades autónomas, Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia son las que registran un mayor número de beneficiarios de la subida del SMI. En términos relativos, el mayor porcentaje de población asalariada que verá incrementa su nómina corresponde a Extremadura, Canarias, Murcia y Andalucía.

La ministra de Trabajo y Economía Social ha calificado el aumento del SMI como "una herramienta feminista por excelencia", ya que el 65,8% de los perceptores son mujeres, frente al 34,2% de hombres. Díaz también ha destacado la brecha de género en este ámbito: si el porcentaje de hombres que percibe el SMI es del 8,5%, el de las mujeres se eleva hasta el 17,6%.

El segundo colectivo más beneficiado por el aumento del SMI es el de los jóvenes, ya que más de una cuarta parte de los perceptores son menores de 25 años. Por sectores productivos, la medida incide especialmente en la agricultura y los servicios.

La subida del SMI "no solamente no es una amenaza para nuestro país, es lo que hace que camine en la buena dirección", ha dicho Díaz, quien ha abogado por "poner el foco" en la desigualdad que generan las retribuciones "demasiado elevadas" de los consejos de administración de las empresas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha presentado el anteproyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que blinda el sistema de dependencia y lo proyecta para atender a más personas. La norma volverá próximamente al Consejo de Ministros, que la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Pablo Bustinduy ha reiterado que el objetivo es "avanzar hacia un modelo que permita que las personas permanezcan en su domicilio, en su barrio, en su pueblo, en sus ciudades y en su entorno durante todo el tiempo que deseen, con los apoyos y los servicios necesarios para poder mantener niveles de bienestar y de calidad dentro de un sistema de provisión de cuidados público y universal".

Una de las principales novedades es la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y del plazo suspensivo de dos años de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Aprobación de nuevos derechos

La futura ley recogerá cambios normativos para garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad y ampliará el catálogo de servicios a los que pueden optar.

El ministro ha avanzado que reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio: "Queremos que haya una cobertura universal de la teleasistencia garantizada en todo el Estado y se consagra también el derecho exigible a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, comparece en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

En este sentido, la reforma de la ley de discapacidad incluye medidas para concretar ese derecho a la accesibilidad, como la creación de un fondo estatal que financiará las actuaciones necesarias para que todos los espacios y servicios públicos sean accesibles.

En cuanto al ámbito privado, la norma incorpora una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones a acometer obras de accesibilidad en edificios y viviendas.

Ampliación del catálogo de prestaciones

Pablo Bustinduy ha anunciado que el texto amplía el ámbito de la ayuda a domicilio para incorporar actividades de la vida cotidiana que hasta ahora no están cubiertas, como acompañar a la persona dependiente al médico, al centro de día o hacerle la compra. También incorpora la posibilidad de organizar colectivamente los servicios de ayuda a domicilio a personas que convivan en la misma vivienda, en viviendas colaborativas ("cohousing") o en zonas rurales.

El ministro también ha indicado que se incorpora la asistencia personal como un servicio dentro del catálogo y no solo como una prestación económica, como existía hasta ahora. Y se amplían las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar para que no solo los familiares, sino también personas allegadas, convivientes o vecinos que asuman las tareas de cuidados de una persona en situación de dependencia puedan ser beneficiarias de estas prestaciones.

Agilización administrativa y lucha contra la discriminación

La reforma simplificará algunos trámites administrativos con el propósito de agilizar los procedimientos para solicitar las prestaciones y establecerá una pasarela directa para que las personas a quienes se conceda cualquier grado de dependencia sean reconocidas con un grado de discapacidad del 33%.

Pablo Bustinduy participa en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Bustinduy también ha incidido en que se incluyen medidas para luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, por ejemplo, en la contratación de seguros y para evitar que las nuevas tecnologías desarrollen sesgos discriminatorios hacia estas personas.

Esfuerzo de financiación sin precedentes

El ministro ha subrayado que la reforma presentada hoy "es ambiciosa y extraordinariamente positiva para el cambio de modelo de cuidados y va acompañada de un esfuerzo de financiación sin precedentes: "En el año 2024, alcanzamos los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado (AGE), esto es un máximo histórico, supone un 150% más respecto al año 2018 y un 200% más respecto al año 2014".

En el año 2024, ha añadido, "a pesar de estar en un contexto de prórroga presupuestaria, la contribución de la AGE se incrementó en 213 millones de euros, y además completamos las transferencias a las comunidades autónomas del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los fondos europeos que, de manera pionera, España decidió dedicar al ámbito de la economía de los cuidados".

Demolición del hotel ilegal de la playa de El Algarrobico

El Ejecutivo ha aprobado dos medidas "extraordinarias" para la protección del medio ambiente, según ha afirmado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

En primer lugar, ha iniciado el proceso para derribar el hotel construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), como anunció ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La edificación se asienta en suelo no urbanizable -según una sentencia del Tribunal Supremo- del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En concreto, el Consejo ha acordado la declaración de utilidad pública de esos terrenos. Aagesen ha explicado que la tramitación seguirá con el acuerdo de urgente ocupación y otros hitos administrativos "hasta la expropiación y la demolición" de una construcción que "afecta también a nuestra reputación como país".

La vicepresidenta tercera ha calificado el hotel de "símbolo de urbanismo acelerado" y "atropellos urbanísticos" contra unos ecosistemas que, además de poseer valor ambiental, generan riqueza por su contribución al atractivo turístico de España. Además, el dominio público marítimo-terrestre "es fundamental para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones", ha apuntado.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

Aagasen ha indicado que una parte de las actuaciones conducentes al derribo corresponde a la Junta de Andalucía. Además, ha recordado el protocolo firmado en 2011 por el que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía acordaron "de forma clara y contundente" quién era responsable de la demolición, la gestión de los residuos y la restauración de la playa. El Ejecutivo se compromete a encargarse de la demolición y la gestión de los residuos, con un coste que puede ascender a 7 millones de euros.

"En este contexto, no vale solo con proteger, sino que es fundamental restaurar", ha dicho Aagesen, quien ha destacado la importancia de la ley de restauración de la naturaleza aprobada el año pasado a escala europea. "Empezamos con El Algarrobico, hemos protegido otros humedales también emblemáticos y vamos a actuar de forma decidida con un plan de restauración de la naturaleza", ha avanzado.

Representación y gobernanza del mar Menor

Sara Aagesen también ha informado de que el Consejo de Ministros ha regulado el régimen de constitución, composición y funcionamiento de los órganos de representación y gobernanza del mar Menor y su cuenca. Esta medida permite la aplicación efectiva de la personalidad jurídica del mar Menor, cuya ley estaba aprobada desde el año 2022 y considera a este ecosistema como sujeto titular de una carta de derechos propios capaz de ejercer por sí mismo.

La titular de Transición Ecológica ha destacado que la ciudadanía lideró este "instrumento extraordinariamente innovador", pionero en Europa. La ley, ha añadido, ha sido reconocida internacionalmente por Naciones Unidas como un "ejemplo relevante en los avances de la protección de los ecosistemas naturales y en los avances del liderazgo desempeñado por la sociedad civil".

Además, Sara Aagesen ha remarcado que "actuaciones irresponsables" han redundado en una creciente fragilidad del ecosistema de esta área, en la que su departamento lleva tiempo realizando numerosas actuaciones para restaurarlo.

Recurso contra la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de que el Consejo de Ministros ha aprobado impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cantabria 1/2024, que deroga la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

La portavoz ha recordado que el Ejecutivo activó el mismo recurso cuando el Gobierno de Aragón derogó su Ley de Memoria Democrática, ya que "tanto Cantabria como Aragón rechazaron la posibilidad previa de alcanzar un acuerdo" con el que evitar el recurso a través del diálogo en la Comisión Bilateral de Cooperación.

Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia

Pilar Alegría ha subrayado el compromiso del Gobierno con la igualdad entre hombres y mujeres, en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Con motivo de esta celebración, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en la que destaca los avances logrados en España en este ámbito.

"Queremos volver a manifestar nuestro compromiso con la necesidad de seguir visibilizando referentes que nos permitan despertar vocaciones para aprovechar todo el talento que tenemos en nuestro país, con ese objetivo fundamental de seguir avanzando hacia la participación plena y equitativa de las mujeres, también en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de la innovación", ha concluido.

Hoja de ruta "en favor de los trabajadores" con "datos históricos"

Alegría ha enmarcado la subida del SMI en la hoja de ruta que el Ejecutivo está desplegando "en favor de los trabajadores y la clase media". De acuerdo con la portavoz, las medidas aprobadas en esta hoja de ruta, entre las que ha subrayado la reforma laboral, han logrado datos en materia de empleo que ha calificado como "históricos".

"Hablamos de más de 21.300.000 personas cotizando a la Seguridad Social y, además, son más de 3,6 millones los contratos indefinidos que se han firmado en este país. También se ha referido al impulso de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y a la subida acumulada durante los últimos años en pensiones y becas.