El Gobierno mejora la integración social y laboral de los migrantes
Consejo de Ministros - 19.11.2024
Pool Moncloa/ Javier de Amescua
- Pilar Alegría Continente Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno
- Elma Saiz Delgado Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería, definido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como la "reforma más ambiciosa e integral" de esta norma desde su entrada en vigor hace 13 años. Saiz ha destacado que el texto ha superado de manera satisfactoria trámites exhaustivos y complejos, incluyendo el de audiencia pública y el del Consejo de Estado. "Se trata de una norma rigurosa y determinante para transformar nuestro país a mejor", ha señalado tras la reunión del Consejo.
La ministra ha recordado que España cuenta con 7 millones de personas extranjeras con documento de residencia en vigor, "lo cual hace imprescindible contar con un marco normativo adecuado que responda de manera eficaz a sus situaciones y a sus necesidades especiales". Las personas extranjeras que cotizan a la Seguridad Social ya suman 2,9 millones, el 13,6% del total de los afiliados, 2 puntos más que hace 2 años. Además, representan el 16% del conjunto de los trabajadores autónomos.
"Somos un polo de atracción de inversiones y talento y de crecimiento económico", ha dicho Elma Saiz, quien ha defendido una política volcada en la integración y la inclusión y en "combatir los catastrofismos con información veraz". Para lograr que España "sea un país complemente abierto y próspero", ha añadido, hay que luchar contra la discriminación laboral y educativa de la población extranjera, que provoca a la economía española unas pérdidas de 17.000 millones de euros cada año, según un informe reciente. España necesita unos 250.000-300.000 trabajadores extranjeros al año para sostener su Estado del bienestar, de acuerdo con diversos organismos nacionales e internacionales.
Claves y novedades del nuevo Reglamento de Extranjería
El nuevo Reglamento de Extranjería reduce plazos y trámites, elimina duplicidades y aumenta las garantías y el rigor jurídico, según ha manifestado Elma Saiz. La ministra ha remarcado igualmente que introduce las mejoras contempladas en la normativa europea, impulsadas durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. "Va a servir para combatir mafias, fraudes y la vulneración de derechos", ha asegurado.
Clarificación de requisitos y trámites de los visados
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
La norma dedica un apartado específico a los visados, tanto los de corta como los de larga duración, para que la regulación sea más comprensible. También simplifica los procedimientos, delimita las competencias entre consulados y oficinas de extranjería y reduce la burocracia. Todas las autorizaciones iniciales serán de un año y las renovaciones, de cuatro. También tendrá una vigencia de un año el visado de búsqueda de empleo, que antes era una autorización de tres meses.
Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, integrado en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2023 se expidieron 1,3 millones de visados.
Arraigo: regularización de unas 300.000 personas al año
Otro gran capítulo del reglamento se refiere a los arraigos. "España es el único país de la Unión Europa que dispone de una figura específica para regularizar personas día a día, lo que les permite obtener un permiso de residencia y de trabajo", ha indicado la ministra.
La norma recoge cinco modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad. La principal novedad consiste en que se homogeneizan y se reduce de 3 a 2 años el tiempo de permanencia en España para acceder al arraigo. Además, el texto flexibiliza los requisitos y habilita a trabajar no solo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia desde el primer momento.
A finales del año 2023, había en España 210.334 personas con autorización por arraigo, 84.983 más que en 2022. El Gobierno estima que esta reforma permitirá regularizar su situación, de media, a unas 300.000 personas al año durante los próximos tres años.
Tres llaves de inclusión: formación, trabajo y familia
Elma Saiz ha explicado que el reglamento abre puertas a la inclusión mediante tres llaves: formación, empleo y familia.
A juicio de la ministra, una sociedad próspera debe saber formar y captar el talento: "España da la bienvenida al talento de todas las nacionalidades porque sabemos que el talento no entiende ni de sexo ni de estatus ni de origen".
Las ministras Elma Saiz y Pilar Alegría, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
Por ello, en materia de formación, las personas sujetas a este reglamento podrán disfrutar de una autorización de estancia durante el tiempo que duren sus estudios. Con esto, ha mantenido Saiz, "evitamos la preocupación de caer en una situación de irregularidad sobrevenida por motivos burocráticos".
Además, la norma facilita una vía rápida para que los migrantes puedan enlazar la autorización de estancia por estudios con una autorización de trabajo una vez que terminen su formación. Durante los estudios, además, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.
La ministra ha añadido que el texto refuerza los requisitos y las obligaciones de los centros de estudios para ofrecer a los estudiantes una protección superior a la actual: "Nos aseguramos de que obtengan una formación digna y suficiente y evitamos que sean víctimas de fraudes".
Trabajo
El reglamento facilita la incorporación al trabajo, profundiza en los derechos de los trabajadores migrantes y atiende a las necesidades vacantes del mercado nacional.
En materia de empleo, crea una autorización específica de residencia y trabajo que facilita la contratación para las actividades de temporada. Además, Elma Saiz ha avanzado que la norma mejora la protección de los derechos de los trabajadores, así como sus condiciones de habitabilidad y la seguridad desde que salen de su país hasta que se dan de alta en la Seguridad Social en España. Potencia, asimismo, la colaboración con autoridades de terceros países y la implicación de los agentes sociales.
La ministra ha afirmado que una de las principales batallas del Gobierno es evitar situaciones de irregularidad sobrevenida y la explotación laboral: "Facilitamos la regularización de aquellos migrantes que sean objeto de explotación laboral".
Por otra parte, los empresarios van a disponer de más información de todo el proceso, que se ha simplificado y flexibilizado para adaptarse mejor a sus necesidades concretas, como la duración determinada o la gestión colectiva de contrataciones, entre otras.
Familia
La titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ha resaltado que la familia es, junto al trabajo, imprescindible para la inclusión social de las personas que llegan y para retener el talento que aportan.
La reforma mejora la reagrupación familiar para personas extranjeras residentes y para ciudadanos con nacionalidad española que tengan familia extranjera residiendo fuera de España. En el caso de familiar de español, tiene en cuenta realidades que antes no se contemplaban, como parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga, o la reagrupación de hijos de hasta 26 años.
También permite la reagrupación de hijos y progenitores de víctimas de trata, de víctimas de violencia sexual o violencia de género.
DANA: Comisionado especial para la reconstrucción y la reparación
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante su comparecencia en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Comisionado especial para la reconstrucción y la reparación de los daños provocados por la DANA, que trabajará de la mano de la Comisión Interministerial creada para atender las necesidades de las personas afectadas por la DANA.
Planteado con rango de Subsecretaría y vigencia temporal, este Comisionado dependerá del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y se encargará del impulso, coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado en las zonas afectadas por la DANA, así como de la coordinación con las administraciones territoriales involucradas.
En este punto, Alegría ha recordado que el Gobierno tiene como prioridades en estos momentos la búsqueda de desaparecidos, la limpieza de las zonas afectadas y la agilización del pago de las ayudas a personas, trabajadores y empresas. "En definitiva, trabajar para que el pueblo valenciano pueda recuperar cuanto antes la normalidad", ha concluido la portavoz del Ejecutivo, que ha subrayado la necesidad de acelerar la ejecución de las ayudas y ha recordado la apertura de 62 nuevas oficinas con 600 trabajadores para agilizar el pago de las mismas.
Nuevos proyectos de ley para garantizar los derechos de los menores
Pilar Alegría ha anunciado, además, la remisión a las Cortes de dos proyectos de ley por los que se regula el procedimiento de determinación de la edad. De acuerdo con Alegría, el objetivo de estas medidas es "proteger y garantizar los derechos de los menores, así como cumplir con las recomendaciones de los órganos internacionales responsables en esta materia".
El primer proyecto de ley regula el nuevo procedimiento de determinación de la edad, que pasa de ser un proceso administrativo a ser proceso judicial de orden civil, puesto que afecta al estado civil de las personas. Este nuevo protocolo garantiza la asistencia jurídica gratuita desde el inicio del procedimiento y la asistencia de intérprete y de quien ejerza la representación legal de la persona menor de edad.
El segundo proyecto de ley atribuye la determinación de la edad a los Juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de familia o, en el caso de que no exista especialización, al que por turno de reparto corresponda. En el caso de que la persona se encuentre detenida por presunta participación en una infracción penal y exista duda razonable sobre su minoría o mayoría de edad, corresponderá al Juzgado de Menores determinar su edad.
25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa. | Pool Moncloa / Jose Manuel Álvarez
La portavoz del Gobierno se ha referido también durante su intervención a la declaración institucional aprobada por el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Con esta declaración, ha explicado la ministra, el Gobierno de España "vuelve a manifestar de una manera clara y rotunda su más absoluto rechazo frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas" y, ha añadido, expresa "su compromiso para seguir avanzando en favor de las políticas de igualdad".
En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado un protocolo de condena y repulsa ante asesinatos por violencia de género. El objetivo del texto aprobado es formalizar el procedimiento que debe seguirse para condenar públicamente los asesinatos por violencia machista, manifestar solidaridad con las víctimas y ofrecer una respuesta unitaria y coordinada a este problema en todo el territorio español.
De esta manera, se unifica el procedimiento de condena con la convocatoria de un minuto de silencio, una declaración institucional, un mensaje de solidaridad y apoyo y el llamamiento a la unidad ante la violencia machista. El protocolo también contempla la difusión del mensaje de esa declaración en los canales oficiales de comunicación de cada institución y la coordinación con las comunidades autónomas y entidades de la sociedad civil.