El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha acordado remitir a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, el proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El Ejecutivo ha aprobado el mismo texto que ya fue presentado por el entonces ministro Miquel Iceta y validado el 27 de diciembre de 2022, y que decayó al disolverse las cámaras por la convocatoria de elecciones generales.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que la futura ley nace con vocación de permanencia para proteger, impulsar y facilitar el desarrollo de la industria cinematográfica. Además, ha recalcado que la norma parte de "una demanda unánime del sector y está hecha con el sector y para el sector".

El primer objetivo del texto legislativo es fortalecer toda la cadena de valor de la producción cinematográfica, desde la escritura de guiones hasta la exhibición de las películas en las salas de cine. Por lo tanto, ha subrayado el ministro, "es una ley integral destinada a apoyar y ayudar al conjunto de la cadena de valor".

La futura ley también está destinada a defender los derechos de autor. Urtasun ha avanzado que la ley en materia de propiedad intelectual se aplicará al conjunto de actores españoles o extranjeros que operan en España a la hora de realizar algún tipo de producto cinematográfico.

El ministro ha destacado asimismo que la norma promueve la diversidad cultural de España y el fomento de la igualdad y de los productores independientes: "Los fondos a la cinematografía darán prioridad a los productores independientes", decisión que goza del consenso del sector.

En materia de igualdad, el titular de Cultura ha trasladado que la reserva del 35% de dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas ahora pasa a ser una obligación recogida en el proyecto de ley.

El texto, ha añadido el ministro, promueve la pluralidad lingüística e incorpora la promoción de las lenguas con reconocimiento estatutario, no solo el castellano y las lenguas cooficiales.

Otra de las novedades de la norma es que actualiza la legislación a la nueva realidad del sector audiovisual, en particular en lo referente a las series. "Las series, que son un producto de consumo cada vez más importante, también podrán ser objeto de ayudas públicas", ha avanzado Urtasun.

Además, el texto incluye expresamente el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico como integrante del Patrimonio Histórico Español, contempla la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual y establece la transparencia en materia de datos.

Consejo Estatal de Cinematografía y Cultura Audiovisual

Ernest Urtasun Domènech, Ministro de Cultura, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Fotos: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

La norma recoge la creación del Consejo Estatal de Cinematografía y la Cultura Audiovisual en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley. Ernest Urtasun ha anticipado que este organismo articulará la relación estable entre las administraciones y el sector.

Con estas actuaciones, ha argumentado el ministro, el Gobierno dota al sector audiovisual de un marco amplio con normas claras, le ofrece estabilidad e impulsa su competitividad internacional. Además, concede a los sectores independientes la protección administrativa que merecen.

Urtasun ha concluido su intervención remarcando que el cine español "nunca había tenido tanto apoyo en nuestro país como desde que existe el Gobierno de coalición". "Nuestro Fondo de Protección a la Cinematografía ha superado ya los 100 millones de euros y, por tanto, estamos dando un impulso definitivo para seguir situando a España en el podido de las potencias cinematográficas europeas y globales", ha añadido.

Estrategia de los cuidados para personas dependientes

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Fotos: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

El Gobierno ha aprobado la estrategia estatal 'Hacia un nuevo modelo de cuidados en comunidad: un proceso de desinstitucionalización' para el período 2024-2030. El objetivo de esta medida es fomentar los cuidados a domicilio y en entornos comunitarios de las personas mayores y de las personas con discapacidad que sean dependientes, y para las personas sin hogar y menores migrantes.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la estrategia "es el inicio de una revolución en el modelo de cuidados en España". La premisa, ha señalado, es que "el futuro no pasa por construir más macro residencias, sino por poner los recursos necesarios para que la gente pueda vivir en su casa, en su barrio, en su pueblo, con sus seres queridos, todo el tiempo de desee". El 90% de la población, ha apuntado, desea envejecer en su casa y hay que posibilitar ese deseo articulando un modelo de cuidados personalizados y de proximidad.

Bustinduy ha precisado que se utilizarán herramientas como la teleasistencia, la atención a domicilio y los centros de día como recursos para favorecer el desarrollo de una vida autónoma. "La necesidad de contar con un sistema de cuidados que sea más eficiente, más racional y más humano debe ser una prioridad para los poderes públicos", ha mantenido.

Ejes del modelo de cuidados

Además de que el modelo de cuidados debe transitar hacia los cuidados a domicilio, el ministro ha señalado que es importante la financiación. "En la legislatura pasada, el gobierno de coalición hizo un esfuerzo presupuestario inédito, histórico, para aumentar hasta en un 130% la contribución de la Administración General del Estado (AGE) a la financiación del sistema de la dependencia", ha subrayado Bustinduy.

El acuerdo de Gobierno, ha recordado, "prevé que alcancemos el 50% de la contribución al total del sistema por parte de la AGE, pero es muy importante que esos recursos vayan destinados al cambio de modelo".

La estrategia cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 1.323 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, comprometidos para desarrollar una nueva economía de los cuidados hasta el año 2027.

Por otra parte, el ministro también ha incidido en que hay que mejorar las condiciones salariales y socio profesionales de las personas cuidadoras, de las que el 80% son mujeres y, de ellas, más de un 40% migrantes: "Sus salarios oscilan entre un 40% y un 60% menos que la media salarial en España y, por tanto, es esencial que hagamos un trabajo, a través del diálogo social, no solo de mejora de las condiciones salariales del sector de los cuidados, sino de valorización social, de darle el lugar que le corresponde a esta tarea imprescindible para la sociedad".

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el informe que España va a presentar ante las Naciones Unidas en el próximo mes de julio sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Pablo Bustinduy ha explicado que la Agenda 2030 habla de cuestiones tan fundamentales como vivir en paz sin temer a la guerra, al hambre o a la enfermedad, de respirar aire limpio, del acceso universal a la educación, de la igualdad entre hombres y mujeres, o de combatir la desigualdad entre clases sociales.

El ministro ha informado de que el informe que presentará España refleja el compromiso con estos objetivos. Recoge los hitos que se han logrado en los últimos años, en condiciones muy difíciles, como la reducción de la desigualdad, la protección de los derechos laborales, de transición energética y ecológica, de inversión histórica en ciencia y educación. El texto plantea también los principales retos como país, como atajar las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, los desafíos que presenta la transición ecológica y tecnológica, la crisis de los cuidados, la precariedad laboral o la equidad y la justicia del sistema fiscal.

En la elaboración del informe han participado todos los ministerios, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la sociedad civil por medio del Consejo de Desarrollo Sostenible, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de la Administración Pública.

Reducción de emisiones de efecto invernadero

La Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera Rodríguez. | Fotos: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de ley que modifica el régimen de comercio de derechos de emisión. De esta manera, traspone dos directivas europeas adoptadas en el año 2023 para actualizar la senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que este sistema de comercio de derechos de emisión, una de las medidas más efectivas en la reducción de estos gases por parte de la Unión Europea, se ha ampliado tras un proceso de negociación para conseguir que las emisiones en el año 2030 bajen al menos un 55%.

En los sistemas de comercio de emisiones, cada uno de los participantes debe entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones; si emite más que los derechos que obtiene de forma gratuita, debe comprar derechos en el mercado. Este coste adicional incentiva a la reducción de sus emisiones.

Las directivas que ahora se trasponen -ha añadido Ribera- se enmarcan en las políticas con las que Europa está respondiendo al desafío climático. La vicepresidenta tercera ha recordado que la temperatura media alcanzó en 2023 uno de los niveles más altos registrados. El incremento de esa temperatura, además, ya roza los 1,5 grados que se fijaron como límite en el Acuerdo de París.

Cambios frente al desafío climático

Entre las novedades recogidas en el proyecto de ley, Teresa Ribera ha destacado que la norma adecua las sendas de reducción de emisiones y de asignación de derechos a los sectores industriales y a las infraestructuras de generación de electricidad incluidas en este ámbito. La meta es que sus emisiones estén un 62% por debajo de las registradas en el año 2005.

También se reducen las asignaciones al sector de la aviación, que ya forma parte del sistema de comercio de derechos de emisión, y se amplía la aplicación del régimen a las emisiones procedentes del transporte marítimo de pasajeros y mercancías.

Por otra parte, se establece un régimen específico paralelo para posibilitar la reducción de emisiones del sector de la edificación y el sector de transporte por carretera. Las obligaciones no están dirigidas a los usuarios finales, sino a las empresas que venden los combustibles para ese destino, según ha aclarado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En 2024 ya empezará a funcionar un sistema de monitorización, y la aplicación será plenamente efectiva en 2027.

Además, el texto incorpora la asignación gratuita de derechos de emisión a algunas tecnologías limpias que no emiten esa clase de gases y son importantes para la transformación del sistema energético, como es el caso de la producción de hidrógeno verde, con el objetivo de incentivarlas.

Otra novedad fundamental es la posibilidad de introducir en frontera una tasa para aquellos productos procedentes de terceros países que no cuenten con un régimen de reducción de emisiones. De este modo, se protege la competitividad de la industria europea y se fomenta la expansión de ese tipo de instrumentos en el resto del mundo, según ha sostenido Teresa Ribera.

La ministra ha señalado que el nuevo régimen estará vigente "tan pronto" como se incorpore a la legislación nacional y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Mientras tanto, su departamento seguirá trabajando con los distintos operadores para que puedan conocer, con arreglo a la metodología aplicable, cuál es el volumen de derechos de emisión que les corresponde de manera gratuita y organicen sus planes ya en 2024.

Comisión interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros

Pilar Alegría, Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Fotos: Pool Moncloa / José Manuel Álvarez

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado que el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión interministerial para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Según la portavoz, se trata de "un paso importantísimo para convertir este espacio en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos".

La ministra, que ha subrayado durante su intervención el compromiso del Ejecutivo con la memoria democrática, ha explicado que la comisión se pondrá en marcha en el plazo de un mes y estará presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Formarán parte de la comisión los titulares de nueve ministerios: Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Hacienda; Transportes y Movilidad Sostenible; Trabajo y Economía Social; para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Vivienda y Agenda Urbana; Cultura; y Ciencia, Innovación y Universidades.

El Valle de Cuelgamuros, antes denominado Valle de los Caídos, fue concebido por el dictador Francisco Franco para conmemorar su victoria militar en la guerra desencadenada tras el golpe de Estado de parte del ejército contra el Gobierno democrático de la Segunda República. Inaugurado el 1 de abril de 1959, en el vigésimo aniversario de su victoria en la mencionada guerra, este monumento ha sido siempre considerado como uno de los principales símbolos del régimen franquista.

Nueva Prueba de Acceso a la Universidad para 2025

La titular de Educación, Formación Profesional y Deportes ha informado sobre la regulación de la nueva Prueba de Acceso a la Universidad que se empezará a aplicar en la convocatoria de junio de 2025 y, tal y como ha explicado, planteará estructuras, características básicas y criterios de corrección comunes para todo el territorio. De acuerdo con la portavoz del Gobierno, la nueva prueba ha sido "ampliamente debatida" con comunidades autónomas, universidades, órganos de los rectores, estudiantes y familias.

De esta manera, los alumnos y alumnas que el próximo curso superen con éxito segundo de Bachillerato y se presenten a esta prueba, se examinarán de cuatro materias (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía), en el caso de las comunidades sin lengua cooficial. En aquellas comunidades con más de una lengua oficial, los estudiantes se examinarán también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).

Además, quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán examinarse de hasta cuatro materias más, que serán elegidas por el alumno entre las materias de modalidad -cursadas o no-, la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía) y una segunda lengua extranjera.

Oferta de empleo público para Guardia Civil y Policía Nacional

Pilar Alegría ha anunciado la aprobación de una nueva oferta de empleo público para la Guardia Civil y la Policía Nacional en 2024, con un total de 5.428 plazas (2.707 para Policía Nacional y 2.721 para Guardia Civil).

"Desde el año 2018 este Gobierno ha ofertado un total de 33.743 plazas", ha explicado Alegría, que ha destacado que, con todas las convocatorias activadas desde entonces y hasta la fecha, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suman una plantilla total de más de 154.000 hombres y mujeres, "la mayor de la historia".

En este contexto, la ministra ha agradecido y felicitado a este colectivo por su trabajo en la jornada electoral del pasado domingo, que "permitió que celebrásemos una jornada absolutamente normal".