El Gobierno refuerza la eficacia y la seguridad de la Ley Antidopaje

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Lucha contra el Dopaje en el Deporte para dotarla de mayor eficacia, eficiencia y seguridad. Al encontrarse el Ejecutivo en funciones, el acuerdo se ha sometido a las observaciones del Consejo de Estado, que ha apreciado que existen razones de interés general, derivadas de compromisos internacionales, que permiten adoptar esa decisión.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha señalado que el reglamento actualiza el marco jurídico de la lucha contra el dopaje para adecuarlo a los avances científicos, tecnológicos y metodológicos que posibilitan "ganar terreno" en la detección de estas prácticas y en la protección de un "deporte limpio".

Más control y prevención del dopaje deportivo

Entre las principales novedades de la norma, la portavoz ha apuntado que regula los equipos de recogida de muestras para hacerlos más ágiles y eficientes y establece con mayor detalle la habilitación de las personas que van a conformar esos equipos.

En segundo lugar, incluye disposiciones relativas al 'pasaporte biológico' que complementan su regulación como un método de prueba válido ante la comisión de infracciones de la normativa antidopaje a nivel mundial.

Y, por último, el texto impulsa los programas de educación y de concienciación social para prevenir este tipo de conductas prohibidas en el ámbito deportivo.

Isabel Rodríguez ha destacado que, en la elaboración de la norma, "como es habitual en el trabajo del Gobierno", han participado organismos públicos y entidades privadas -en ese caso, del sector deportivo y sanitario-, cuyas aportaciones ha agradecido.

Recursos para atender a las personas migrantes en Canarias

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de 50 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de que atienda a las personas migrantes que llegan a las islas.

La portavoz del Ejecutivo ha enmarcado esta iniciativa en la colaboración permanente con las comunidades autónomas para abordar "las crisis migratorias que estamos viviendo en toda Europa y que afectan también especialmente a nuestro país". En el caso concreto del archipiélago canario, estos fondos ya se concedieron el año pasado para gestionar esa migración y atender especialmente a los menores.

La subvención -ha detallado Rodríguez- se concretará en la firma de un convenio con el Gobierno de Canarias para canalizarla hacia tres objetivos fundamentales: atender a los menores nacionales de terceros países acogidos en centros que gestiona la comunidad autónoma, a quien corresponde por sus competencias la tutela de los menores; mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de personas extuteladas; y realizar actuaciones en el país de origen para prevenir esa migración irregular. La subvención permitirá cubrir esos gastos hasta el 31 de diciembre del año 2024.

Además, el Consejo de Ministros ha ampliado hasta abril de 2024 el encargo con la empresa pública TRAGSA para cubrir los servicios especiales que requiere la acogida de inmigrantes llegados a Canarias. La adenda al encargo supone un importe de 14,5 millones de euros. Cuenta con los informes favorables de la Abogacía del Estado por razones de urgencia y de interés general.

Inversiones en digitalización e infraestructuras

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En el ámbito de la mejora de la digitalización de las administraciones públicas, una de las prioridades de los últimos años, el Ejecutivo ha autorizado al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación del sistema para el tratamiento en movilidad de accidentes, denuncias y gestión de la información general de tráfico (TRAMO).

El contrato, por un valor de 12,1 millones de euros, permitirá la continuidad y la mejora, por un plazo de 2 años, de este sistema que ha supuesto un "gran avance tecnológico" en la consulta de los datos de los conductores y los vehículos, la formulación de denuncias por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la recopilación y gestión de la información relativa a los accidentes, según ha explicado la ministra.

En el capítulo de las infraestructuras, el Consejo de Ministros ha destinado 3,3 millones de euros a la ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo edificio de viajeros de la estación de Santiago de Compostela.

Isabel Rodríguez ha manifestado que el Gobierno reafirma así su compromiso con el desarrollo ferroviario de Galicia, que suma inversiones por más de 1.000 millones de euros desde junio de 2018 hasta septiembre de este año. Además, ha recordado que el próximo mes de diciembre se cumplirá el segundo aniversario de la llegada de la alta velocidad a esa comunidad, lo que ha permitido aumentar la oferta y reducir los tiempos de viaje y demuestra la apuesta del Ejecutivo por el ferrocarril y por "la movilidad más sostenible en nuestro país".