​El Gobierno aprueba los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo para modernizar la gestión de los recursos hídricos hasta 2027

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, que definen las líneas de actuación para gestionar los recursos hídricos en España desde ahora hasta el año 2027.

En España existen 25 cuencas hidrográficas, de las que doce dependen de la Administración General del Estado porque abarcan más de una comunidad autónoma. El Gobierno ha aprobado los planes de estas doce cuencas y los de Galicia Costas y Baleares, ya que es competente también para los planes hidrológicos de cuencas interiores y autonómicas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que, por primera vez, estos planes incorporan de manera coherente los escenarios del cambio climático y fijan caudales ecológicos para todas las masas de agua. Asimismo, se han incluido planes específicos para espacios emblemáticos como Doñana, el Mar Menor, el Delta del Ebro, las Tablas de Daimiel o la Albufera de Valencia.

La planificación realizada incluye más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros: "Nunca jamás ha habido tantos recursos para invertir en agua y en una modernización tan importante de las políticas hídricas", ha subrayado Ribera.

Las principales categorías de inversión serán el saneamiento y la depuración, la modernización de regadíos, la mejora de abastecimientos, la gestión del riesgo de inundaciones, la restauración del dominio público hidráulico, la construcción de infraestructuras y la digitalización del ciclo del agua para asegurar un uso más eficiente.

Aportaciones adicionales de agua, depuración y reutilización

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Teresa Ribera ha explicado que los planes cumplen escrupulosamente con la legislación europea y española como "premisa incuestionable", se anticipan a un escenario problemático de escasez de agua derivado del cambio climático y buscan asegurar el equilibrio entre los recursos disponibles y la demanda existente.

Desde el año 1980 el agua media disponible se ha reducido en un 12% y las proyecciones indican que en el año 2050 puede haber una disminución adicional de entre el 14 y el 40%. "No podemos garantizar el abastecimiento para el agua de boca o para usos económicos dependiendo exclusivamente de la lluvia", ha afirmado la ministra, que ha defendido la importancia de las aportaciones adicionales como el agua desalada y la reutilizada, ""tan preciosas como el agua de superficie y la de los acuíferos".

Respecto a los acuíferos, los planes pretenden asegurar que la utilización de sus aguas no supera su capacidad de regeneración. Actualmente, el 40% de los recursos subterráneos están en mal estado de conservación.

Por otro lado, la ministra ha enfatizado que es preciso invertir en mayor medida en saneamiento y depuración, ya que España sigue pagando multas coercitivas por retraso en el cumplimiento de sus obligaciones al respecto y "todavía existe un número importante de expedientes de infracción abiertos por parte de la Comisión Europea". Una depuración adecuada significará también contener los nitratos y pesticidas y otros contaminantes emergentes como microplásticos o antibióticos, para que el agua esté en buenas condiciones de uso y para ser reutilizada.

Aplicación gradual del caudal ecológico en el río Tajo

La vicepresidenta se ha detenido durante su intervención en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo, río que, además de atravesar varias comunidades, desemboca en Portugal, país con el que existe un convenio bilateral para garantizar la buena gestión del recurso.

Por primera vez se ha fijado un caudal ecológico cuya aplicación será gradual. Empezará este año en 7 hectómetros cúbicos (hm3) y en los años 2026 y 2027 será de 8 y 8,65 hm3 respectivamente. "Lo diferimos en el tiempo por la voluntad de conciliar los requerimientos legislativos con el impacto social, económico y ambiental", ha señalado Ribera, de forma que "no pueda suponer ningún riesgo para la disponibilidad de recursos suficientes en las cuencas que se han venido beneficiando hasta la fecha del trasvase Tajo-Segura".

Según Ribera, la inversión para garantizar aportaciones adicionales de aquí a 2027 permitirá compensar la reducción máxima del agua que se podría llegar a trasvasar. En el peor de los escenarios esa reducción estaría entre los 70 y los 110 hm3 y la inversión en desaladoras, reutilización y programas de eficiencia en regadío permitiría ahorrar como mínimo 140 hm3. "Con una ventaja adicional, porque nadie puede controlar si llueve o si no llueve, pero sí se puede controlar cuánto se desala, cuánto se reutiliza y cómo se pueden gestionar esas aportaciones extraordinarias", ha añadido.

Compromiso con las cuencas más secas

Ribera ha manifestado el "compromiso total del Gobierno con las cuencas más secas del Levante" en las que se realizarán inversiones adicionales y un seguimiento exhaustivo del calendario de actuación a través de una comisión bilateral con cada una de las comunidades autónomas afectadas, Andalucía, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Las provincias de Alicante, Almería y Murcia recibirán 547 millones para el incremento de la capacidad de las desaladoras ya existentes, y se establecerán interconexiones entre estas infraestructuras para asegurar que todo el territorio queda cubierto. Del mismo modo se ha llegado a un compromiso sobre el precio del agua desalada para que no suponga una carga inasumible para los agricultores y, aunque está pendiente de aprobación definitiva, podría quedar fijado en torno a los 34 euros por hectómetro cúbico.

Certificados de ahorro energético

El Gobierno ha regulado el sistema de Certificados de Ahorro Energético, una nueva herramienta que facilitará el cumplimiento de los objetivos de ahorro de energía comprometidos con la Unión Europea.

La medida facilitará a las comercializadoras de gas y electricidad, de productos petrolíferos al por mayor y a los operadores de gases licuados de petróleo al por menor, una cuota anual de ahorro energético según sus ventas. Además, beneficiará a los consumidores e impulsará el empleo, la productividad y la competitividad empresarial.

En este sentido, Teresa Ribera ha afirmado que la regulación de los certificados impulsará el papel del sector privado en "iniciativas de inversión que nos permitan reconocer ahorros y eficiencia en los consumos de energía".

Mejora de la calidad del aire

El Consejo de Ministros ha actualizado el marco de acciones para luchar contra la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire.

La medida permitirá reducir la contaminación, en especial en las grandes ciudades, y se complementa con otras iniciativas ya en marcha, como el Plan de Salud y Medioambiente o el Índice de Calidad del Aire.

Teresa Ribera ha resaltado que la decisión permitirá contar con instrumentos específicos y homologables en todo el territorio y fortalecer la divulgación de las alertas y mejorar la capacidad de respuesta.

Modificación del IRPF para cumplir con el Estatuto del Artista

La ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha acordado modificar el Reglamento del IRPF para cumplir en materia de retenciones con el Estatuto del Artista. La medida busca dotar de mayor liquidez a las rentas más bajas de este colectivo.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha precisado que se reduce del 15% al 2% el tipo mínimo de retención a los artistas sujetos a la relación laboral especial y se rebaja del 15% al 7% la retención de los artistas que tributen como autónomos con rendimientos inferiores a 15.000 euros.

Ambas medidas, ha apuntado la ministra, han sido consensuadas en la Comisión Interministerial para el Desarrollo del Estatuto del Artista. Es la primera vez que un Gobierno está contemplando, de forma integral, a los creadores, en su desempeño profesional y en sus derechos laborales, ha añadido.

Isabel Rodríguez ha indicado que el Ejecutivo también reconoció hace dos semanas la primera prestación especial por desempleo para los trabajadores del sector cultural y artístico. "El objetivo del Gobierno es que los creadores y los técnicos culturales puedan vivir dignamente de su trabajo", ha mantenido.

La portavoz ha recordado que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el informe para la elaboración del Estatuto del Artista en el año 2018 y que el 80% de las medidas contempladas en la norma ya están en marcha.

Utilización de los inmuebles vacíos de la Seguridad Social

El Gobierno ha acordado modificar la normativa para facilitar que otras administraciones puedan usar inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social y que no están siendo utilizados por ninguna de sus entidades gestoras.

Los bienes adscritos o cedidos tendrán que ser empleados en fines de utilidad pública. Según la auditoría interna elaborada por la Tesorería General de la Seguridad Social, están vacíos 1.028 inmuebles, que comprenden desde edificios hasta solares, pasando por locales, fincas rústicas y naves o garajes.

Isabel Rodríguez ha destacado que la reforma tiene tres objetivos. Crear el concepto de adscripción gratuita a otra administración pública, eliminando todas las trabas e impedimentos burocráticos. Regular la cesión de uso a otros fines públicos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones u otras entidades que quieran y puedan hacerse cargo de esos bienes para dar un servicio a la ciudadanía. Y el compromiso de la Tesorería de la Seguridad Social de presentar un plan de optimización y mejora de la gestión de ese patrimonio en tres meses.