El Consejo de Ministros aprueba nuevas medidas urgentes para apoyar a los agricultores y ganaderos y paliar los efectos de la sequía

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado medidas urgentes de apoyo al sector agrario y en materia de agua para afrontar la prolongada situación de sequía y el empeoramiento de las condiciones del sector primario como consecuencia de la guerra de Ucrania.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que las iniciativas aprobadas, que ascienden a 784 millones de euros, amplían las ya adoptadas a lo largo de la legislatura.

Planas ha desgranado las nuevas medidas, que tienen como objetivo aliviar las cargas de los agricultores y ganaderos, producidas por la sequía, y regular el funcionamiento de la producción agroalimentaria para garantizar la oferta y evitar el alza de los precios. El ministro ha incidido en que las decisiones adoptadas son fruto del diálogo y de las reuniones mantenidas con las comunidades autónomas y con las organizaciones y cooperativas agrarias.

Ayudas directas al sector primario

Luis Planas ha indicado que se vuelve a incrementar en casi 40,5 millones de euros la partida destinada a subvencionar la contratación de seguros agrarios, "uno de los instrumentos fundamentales para responder a contingencias como la sequía". Esta dotación permitirá subvencionar hasta el 70% del coste de las pólizas ya contratadas que incluyan riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Además, el Ejecutivo destinará 355 millones de euros a los productores ganaderos de carne y de leche de vacuno, ovino y caprino para compensarles por el incremento del pienso y otros insumos.

El sector de la apicultura recibirá ayudas directas por importe de 5 millones de euros, dado, ha indicado el ministro, que el calor está afectando a la polinización y disminuye la producción de miel.

Los sectores agrícolas dispondrán de un fondo de ayudas directas por importe de 276,7 millones de euros. Planas ha asegurado que su departamento identificará a los destinatarios que más las necesiten.

Medidas fiscales

En materia fiscal, el Consejo de Ministros ha decidido eximir del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) las propiedades de los titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido, en el ejercicio 2023, una reducción del rendimiento neto de las actividades agrarias de, al menos, un 20 % en zonas con limitaciones naturales o de un 30 % en las demás. La medida supondrá al Tesoro 53 millones de euros.

El ministro ha detallado que se beneficiarán unos 270.000 agricultores y ganaderos, que podrán solicitar a final de este año la devolución del impuesto. Asimismo, ha resaltado que se exime del pago de IRPF y del impuesto de sociedades a las ayudas que se perciban por los ecorregímenes de la Política Agrícola Común (PAC).

Medidas de apoyo a la liquidez

El Gobierno contempla una nueva ampliación en 20 millones de euros de la dotación para la bonificación de créditos de la línea ICO-MAPA-SAECA que pueden llegar hasta el 15 % del principal del préstamo. "Se trata de préstamos bonificados, dedicados a la continuidad productiva entre campañas de nuestros agricultores y ganaderos y que tienen una gran demanda", ha dicho el ministro.

Igualmente se amplía en 3 millones de euros la línea de financiación de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que son necesarios para la obtención de estos créditos.

Luis Planas también ha anunciado que se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2023, la medida excepcional de reducir a 10 el número de peonadas necesarias para tener acceso al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

Flexibilización de la PAC

En relación con la Política Agrícola Común (PAC), se alarga hasta el 30 de junio el plazo para solicitar las ayudas, medida que beneficiará a unos 600.000 agricultores y ganaderos según ha precisado el titular de Agricultura.

Asimismo, se escalona en cuatro fases la entrada en vigor del cuaderno digital de explotación, que podrá retrasarse hasta el 1 de enero de 2024 o de 2025 según los tipos.

Más agua, mejor gestionada y de mayor calidad

Del total de las inversiones acordadas hoy, 1.400 millones de euros corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La vicepresidenta tercera y titular de ese Ministerio, Teresa Ribera, ha subrayado que "España es un país acostumbrado a afrontar períodos de sequía, pero como consecuencia del cambio climático asistimos a una incidencia mucho mayor", lo que exige tanto medidas estructurales como otras de "auxilio inmediato". Ribera ha defendido que "no basta con ofertar más agua, necesitamos gestionar la demanda, impulsar la eficiencia del uso del recurso y trabajar en los aspectos de calidad", en primer lugar, para el abastecimiento urbano, "un derecho fundamental de todos los españoles", pero también para atender a los sectores que dependen más de su disponibilidad.

La reducción de las lluvias durante los últimos años y, en particular, en el primer trimestre de 2023 ha llevado a una situación "delicada" en las cuencas del Guadalquivir, las cuencas andaluzas y las cuencas interiores de Cataluña, y es necesaria una "vigilancia especial" en las del Guadiana, el Júcar y el Segura, según ha explicado la vicepresidenta.

Reutilización de aguas y apoyo a los regantes

En primer lugar, las iniciativas acordadas hoy completan el marco regulatorio para seguir incrementando la reutilización de aguas, en línea con la normativa europea. Si en la actualidad el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, el objetivo es que ese porcentaje se duplique en el año 2027.

En segundo lugar, para apoyar a los regantes que están viendo reducidas sus dotaciones de agua, se les exime del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. La exención será del 50% si la dotación desciende entre el 40 y el 60%, y del 100% si la reducción de la dotación es mayor.

Actuaciones inmediatas y nuevas infraestructuras

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha destinado 35,5 millones de euros a actuaciones de ejecución inmediata en las cuencas afectadas por la sequía para garantizar el suministro, como bombeos de emergencia o conexiones para el abastecimiento.

Además, el Estado asume obras de interés general que, en principio, corresponden a administraciones autonómicas. La vicepresidenta tercera ha señalado que son "obras de ejecución prioritaria" para construir desaladoras en Málaga y el Levante almeriense (200 millones de euros) y en Cataluña (220 millones) y para intensificar la reutilización del agua en la provincia de Alicante (224 millones).

Es el caso también -ha apuntado Ribera- de algunas intervenciones en la zona de Doñana: con el objetivo de contribuir a la rápida sustitución de bombeos de agua subterránea que abastecen a Matalascañas, el Estado central facilitará las obras de conexión entre el Tinto y el Piedras y ese enclave, y también autorizará una concesión de agua de tres hectómetros cúbicos de agua al año.

La vicepresidenta tercera ha indicado que el Gobierno va a anticipar igualmente obras muy significativas que aparecían recogidas en los planes hidrológicas del Segura, el Júcar y el Tajo. La gestión directa se encarga a la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que contará con un convenio especial para activar la inversión en parques fotovoltaicos y determinar un precio de venta máximo a los usuarios de agua desalada.

Protección de las personas trabajadoras

En materia de prevención de riesgos laborales, el Ejecutivo establece la obligación de prever medidas para preservar la salud de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo las temperaturas extremas. Esas medidas se sustentarán en una evaluación de riesgos laborales que tendrá en cuenta las características de la tarea, así como las individuales del trabajador.

El texto incluye la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en que se produzcan esos fenómenos meteorológicos. Además, cuando las agencias de meteorología emitan avisos de nivel naranja o rojo, será necesario adaptar las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de la jornada.

También en relación con la salud, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha informado de que la Comisión de Salud Pública acordó el 27 de abril adelantar 15 días la puesta en marcha del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Temperaturas sobre la Salud. De esta forma, comenzará a funcionar el 15 de mayo y se extenderá hasta el 15 de septiembre.

Descuento en los billetes de autobús y tren para los jóvenes

Isabel Rodríguez también ha informado de que el Gobierno ha regulado los descuentos de billetes de hasta un 90%, anunciados en el Consejo de Ministros del martes pasado, para facilitar que los jóvenes de entre 18 y 30 años, viajen en trenes y autobuses de titularidad estatal este verano, tanto por España como por Europa.

El Gobierno estima que estima que las rebajas puedan beneficiar a 12,5 millones de viajes realizados por jóvenes en España durante los tres meses de vigencia de los descuentos y llegar a duplicar la venta de pases de Interrail.