El Gobierno aborda de manera integral la lucha contra la trata y explotación de seres humanos

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que aborda de manera integral la lucha contra todas las formas de trata y de explotación, desde la sexual y la laboral al tráfico de órganos.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado que la futura ley "será un antes y después en el compromiso con la protección de los derechos humanos", permitirá amparar a través de herramientas legales, institucionales y de carácter social "a personas que sufren mucho en nuestro país y también en otros países del mundo" y reforzará la lucha contra las mafias de explotación y el crimen organizado. La trata es el tercer negocio más lucrativo después del tráfico de armas y de drogas según los organismos internacionales.

El anteproyecto parte de un texto elaborado por encargo de la propia ministra a una comisión especial constituida dentro de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia, ha sido coordinado por los ministerios de Igualdad, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Interior y Justicia y ha incorporado aportaciones de otros nueve departamentos.

Llop ha subrayado este compromiso de todo el Ejecutivo, encabezado por su presidente, Pedro Sánchez, y ha manifestado su implicación personal con un proyecto "que realmente merece la pena, porque no hay nada más importante que la protección de las personas más vulnerables".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Protección y asistencia a las víctimas de trata

Pilar Llop ha explicado que la norma incide en la asistencia y protección a las víctimas, a la que se garantiza toda una serie de derechos y medidas de apoyo: "Como estado social y de derecho que somos, es fundamental que ofrezcamos un itinerario para que quiénes están atrapados, quiénes se ven inmersos en estas redes, puedan salir".

Una de las principales novedades es la creación del Mecanismo Nacional de Derivación (MND) como órgano encargado de la inmediata derivación de las presuntas víctimas de trata a los servicios especializados. Este Mecanismo estará adscrito a una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación y desempeñará el papel de coordinador nacional a los efectos de representación de España en el ámbito internacional.

Pilar Llop ha destacado que la norma sigue todas las recomendaciones internacionales del Convenio de Varsovia, el protocolo de Palermo, el protocolo de la Organización Internacional del Trabajo, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y el Consejo y las del Grupo de Expertos contra el Tráfico de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA).

La futura ley también incluye medidas para desincentivar la demanda y "tratar de romper la cadena de negocio que se genera utilizando a los seres humanos como mercancías", y consecuentemente, aspectos de carácter penal, jurídico y procesal "para combatir más eficazmente contra el crimen y evitar la impunidad", ha concluido la ministra.

Designados dos candidatos para el Tribunal Constitucional

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha acordado proponer como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.1 de la Constitución.

Juan Carlos Campo Moreno es doctor en Derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, actualmente, magistrado de la Audiencia Nacional. Ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y, entre enero de 2020 y julio de 2021, ministro de Justicia. Laura Díez Bueso es doctora en Derecho y catedrática de Derecho Constitucional y, en este momento, vicepresidenta del Consell de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha considerado que ambos cumplen con los requisitos formales de idoneidad para ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional -ser españoles y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo - y ha destacado, además, su amplio conocimiento del Derecho y la administración y su compromiso y vocación de servicio público.

Campo y Díez sustituirán a los dos magistrados designados por el gobierno en 2013, Pedro José González-Trevijano Sánchez, que ahora preside el Tribunal Constitucional, y Antonio Narváez Rodríguez, que en 2014 ocupó el puesto de Enrique López y López tras presentar este su renuncia.

Renovación pendiente

Félix Bolaños ha afirmado que, con esta propuesta de renovación del Tribunal Constitucional, el Gobierno cumple con la Constitución y las leyes: "El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales".

Bolaños hacía referencia así al hecho de que el CGPJ no haya propuesto todavía a los dos magistrados cuya designación les corresponde según la Constitución. El pasado mes de julio, mediante una modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, se facultó al CGPJ para que pudiera realizar esta propuesta a pesar de estar en funciones y se estableció un plazo, que ya ha vencido.

El ministro ha señalado expresamente que el incumplimiento de la Constitución y la ley "es atribuible a los ocho vocales conservadores del CGPJ y no al órgano en su totalidad", al que ha invitado a nombrar a los dos magistrados que les corresponden para que el Tribunal Constitucional pueda renovarse en su totalidad y "se recupere la normalidad constitucional en nuestro sistema democrático".

Planes para la Sostenibilidad Turística Destino 2022

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha autorizado el reparto territorial de 720 millones de euros correspondientes a la convocatoria extraordinaria del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, financiada con los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha reiterado la importancia del sector turístico en la economía española y mostrado su satisfacción por que se hayan recuperado los niveles anteriores a la pandemia: "Los datos nos dicen que hasta octubre de este año han visitado nuestro país cerca de 8 millones de turistas internacionales, con gastos similares a 2019, que fue un año récord, y por tanto estamos ante una buena marcha del turismo".

Los Planes aprobados hoy podrán beneficiar a más de 700 proyectos, que se aprobarán en la Conferencia Sectorial de Turismo y que se desarrollarán en colaboración con las comunidades autónomas y la administración local para avanzar en sostenibilidad, digitalización, diversificación de ofertas y mejora del patrimonio natural a través de la reducción de emisiones y residuos y la mejora de la gestión de recursos.

Plan de Seguros Agrarios Combinados 2023

El Ejecutivo ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el año 2023, con una línea de subvenciones de 317,7 millones de euros.

Isabel Rodríguez ha resaltado el incremento de las ayudas respecto a 2018, cuando se destinaron 210 millones: "Apoyamos al sector agrícola a través de tres grandes instrumentos, que son la ley de cadena alimentaria, la nueva estrategia de la PAC y este refuerzo de los seguros agrarios".

La novedad más importante incorporada es el aumento en 10 puntos porcentuales en la subvención base que perciben la gran mayoría de los asegurados, que se comenzó a aplicar en aquellas líneas cuyo periodo de contratación comenzó el 1 de septiembre de 2022 y se consolida ahora para todo el ejercicio 2023.

La portavoz ha añadido que también la gestión de estos recursos ha mejorado, puesto que una vez solicitadas, los asegurados están recibiendo las ayudas en menos de 30 días.

Otros acuerdos

• Marco de Actuaciones para Doñana, el humedal más importante de España, dotado con 356 millones de euros
• Cofinanciación de la ampliación de la línea 3 del Metro de Sevilla con 650 millones de euros
• Convenios con la Comunidad Valenciana, por valor de 300 millones de euros, para impulsar la movilidad y la mejora de las carreteras y el ferrocarril hasta 2025