​El Gobierno destina 920 millones de euros a contratos de personal investigador y proyectos científicos

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado cinco convocatorias que suman más de 920 millones de euros para la realización de proyectos de investigación científica y para la contratación de personal investigador.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que el Gobierno materializa así su apuesta sin precedentes por la ciencia y la innovación, "cuidando el talento, a nuestros científicos y a nuestras empresas" y convirtiendo a España "en un Estado emprendedor en el que la inversión pública tracciona la inversión de las empresas privadas en innovación y en ciencia".

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En concreto, más de 625 millones se destinan a la concesión de ayudas a proyectos de generación de conocimiento, una convocatoria conocida de manera generalizada por los investigadores como Plan Nacional de Investigación, ha explicado la ministra.

Morant ha resaltado que, por primera vez, este plan se convoca asociado a la convocatoria de contratos de formación de personal investigador predoctoral. Hasta ahora, primero se aprobaban los proyectos de investigación para un determinado centro y después se asignaban los contratos de formación: "Esto podía provocar un tiempo al descubierto para jóvenes que están entre 24 y 25 años, y no tener cobertura contractual podía significar para ellos la diferencia entre seguir con la carrera científica o abandonarla definitivamente".

Otra novedad es que se aumentan un 10% los recursos y se incrementan en un 25% los costes indirectos para los centros, de tal modo que puedan hacer frente a los nuevos derechos reconocidos para los investigadores, ya sean indemnizaciones o el paso de trabajador temporal a indefinido.

Las otras cuatro convocatorias están dedicadas a fomentar la contratación de investigadores en centros de investigación, universidades y empresas y su dotación total asciende a 295 millones de euros. El programa Ramón y Cajal financiará 497 contratos para personal investigador, otra convocatoria es para contratos predoctorales dentro del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, y las dos últimas se refieren a los programas Torres Quevedo para la contratación de doctores en empresas y Doctorados Industriales para la formación de doctores en empresas.

Plan de Transferencia y Colaboración

En el mismo ámbito científico, el Gobierno ha aprobado el "Plan de Transferencia y Colaboración: La ciencia y la innovación al servicio de la sociedad" que movilizará un presupuesto aproximado de 1.200 millones de euros en 2023.

Diana Morant ha señalado que es una tarea pendiente convertir el excelente conocimiento que se genera en la comunidad científica en soluciones innovadoras con impacto social y económico. Actualmente, España ocupa el puesto número 11 en producción científica pero se sitúa en el puesto 29 en los rankings mundiales sobre innovación: "No podemos desperdiciar ninguno de los hallazgos o resultados científicos que se generan en nuestra sociedad, es un asunto prioritario".

El Plan de Transferencia y Colaboración se articula en torno a tres ejes: la transferencia directa del conocimiento desde el ámbito académico y de investigación a empresas, a otras comunidades científicas (ciencia abierta) o a la ciudadanía en general; la colaboración entre agentes, ya sean sociales (ciencia ciudadana) o empresas; y la capacitación y desarrollo de un sistema para que haya un puente intermedio profesionalizado entre los científicos y las empresas.

Morant ha puesto como ejemplo de transferencia de conocimiento y colaboración la próxima convocatoria para diseñar y fabricar el primer lanzador de microsatélites en Europa. "Tenemos la aspiración y la ambición de que nuestro país alcance esa capacidad innovadora", ha concluido.

Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha aprobado el proyecto de adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que será enviado a la Comisión Europea los próximos días. Previamente, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, lo presentará ante las Cortes Generales "dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno", ha señalado.

Esta actualización del PRTR permitirá movilizar más de 94.300 millones de euros adicionales: 7.700 millones de transferencias adicionales, 84.000 millones en préstamos y 2.600 millones del nuevo mecanismo REpowerEU destinado a acelerar el despliegue de energías renovables, el almacenamiento y el desarrollo pleno del hidrógeno verde y actuaciones de eficiencia energética.

Las inversiones y reformas adicionales se concentrarán en el impulso de la industrialización y la autonomía estratégica de España en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital. Se reforzarán los 11 proyectos estratégicos y se pondrá en marcha un nuevo PERTE de descarbonización industrial.

Impacto positivo del Plan de Recuperación

Respecto al desarrollo del Plan de Recuperación, España ya ha recibido el pago de prefinanciación y dos pagos semestrales, estando pendiente el tercer pago, cuyo siguiente hito será la aprobación por la Comisión Europea prevista para principios de febrero.

En total se han recibido ya 31.000 millones de euros del presupuesto comunitario, con más de 136.000 proyectos beneficiarios entre empresas -más del 40% del total-, entidades locales, comunidades autónomas, universidades, fundaciones y centros tecnológicos y de investigación. Asimismo, la estimación es que, incluyendo la adenda, el nivel del Producto Interior Bruto de España se eleve en 3 puntos porcentuales de media hasta 2031.

Nadia Calviño ha remarcado que el plan está contribuyendo muy positivamente al crecimiento económico, al empleo de calidad y la inversión, así como al proceso de modernización y de cambio estructural "sin parangón en la historia reciente de nuestro país".

Calviño ha valorado positivamente que el Banco de España haya revisado hoy mismo al alza las previsiones de crecimiento para este año, hasta el 4,6%: "Casi con toda probabilidad cerraremos 2022 con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico que sirvió de base para los Presupuestos Generales del Estado".

Anteproyecto de Ley de Función Pública

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de la Función Pública, que desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha destacado que el texto incorpora elementos importantes de transformación y mejora de la Administración General del Estado (AGE) en consonancia con el proceso de modernización del conjunto del país que impulsa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya cuarta palanca es precisamente "Una Administración para el Siglo XXI".

Rodríguez ha explicado que la norma incluye por primera vez la carrera profesional horizontal -que consiste en la progresión en un itinerario de tramos sin que sea necesario un cambio de puesto de trabajo- y la evaluación del desempeño con carácter obligatorio, "para mejorar la productividad y adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público". Se crearán también dos complementos nuevos, el de carrera y el de desempeño.

Otras novedades son la regulación de la figura del personal directivo público profesional y la planificación estratégica que permitirá adaptar la selección de personal a las necesidades de la AGE y sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Entidades Públicas Empresariales, Agencias Estatales, Autoridades Administrativas Independientes, Universidades Públicas no transferidas y demás entes de derecho público, que constituyen el ámbito de aplicación de la nueva ley.

Protección de los intereses colectivos de los consumidores

La ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores, que traspone la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que el Gobierno tiene un "firme compromiso con la protección de los consumidores", no solo porque sea una prioridad en la política europea, sino porque responde a la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios establecida en el artículo 51.1 de la Constitución.

La nueva norma completará los mecanismos de defensa de los intereses colectivos de los consumidores ya existentes en nuestro país y permitirá mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de un empresario que aquellos consideren ilícitas.

El objetivo, ha dicho Llop, "es acabar con esa posición desequilibrada, más débil, de consumidores y usuarios en las relaciones de mercado". La ministra ha explicado que, ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, acudir a la vía judicial genera una desproporción entre los gastos que conlleva y las cantidades que el consumidor recupera, lo que "desincentiva en muchas ocasiones para litigar y perpetúa comportamientos irregulares".

Las entidades habilitadas para el ejercicio de estas acciones de representación, tanto a nivel nacional como trasfronterizo, constarán en un Registro Público de Acciones de Representación que dependerá del Ministerio de Justicia, aunque también se considerarán legitimadas las inscritas en registros autonómicos. El Ministerio de Consumo será un punto de contacto nacional para el ejercicio de acciones de representación de carácter transfronterizo cuando sean casos concernientes a empresas con sede fuera del territorio español.

Cooperación judicial internacional e investigación penal

El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley Orgánica que amplía la figura del agente encubierto y del registro remoto para las investigaciones de máxima gravedad y complejidad, como los homicidios y sus formas agravadas.

El agente encubierto se introdujo en el ordenamiento penal español en el año 1999 y consiste en la infiltración o actuación de funcionarios de policía con una identidad supuesta, bajo el control del juez o del fiscal, para investigar delitos propios de la delincuencia organizada y de difícil averiguación cuando han fracasado otros métodos de la investigación o estos son insuficientes.

La regulación actual permite, por ejemplo, su uso sobre un investigado que forme parte de una organización que comete un delito contra la propiedad intelectual, pero no se puede aplicar a un investigado por violar, asesinar y luego ocultar el cadáver de una persona. La ministra de Justicia ha considerado necesario poder aprovechar este mecanismo de investigación para crímenes graves, por lo que la nueva norma ampliará su ámbito de aplicación.

Por otro lado, se establece una nueva regulación para la constitución de los equipos conjuntos de investigación entre las autoridades competentes de España y las de otros Estados de la Unión Europea (UE) con la finalidad última de reforzar el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, y la confianza en los Estados. Asimismo, se regularán, por primera vez, estos equipos entre España y otros Estados no miembros de la UE, ante el creciente interés por esta herramienta mostrado por países iberoamericanos.

El texto también reforma la Ley de Reconocimiento Mutuo, para hacer más efectivos los decomisos, embargos y la ejecución de sanciones administrativas, y recoge de manera expresa el principio de reciprocidad, que Llop ha definido como "el principio clásico de la cooperación jurídica internacional".

Candidatura para el Mundial de Fútbol 2030

El Ejecutivo ha concedido una subvención de 7,5 millones de euros a la Real Federación Española de Fútbol para respaldar la candidatura conjunta de España, Portugal y Ucrania para organizar el Mundial de Fútbol de 2030.

"No es solamente un mensaje de apuesta por el deporte sino también un mensaje de paz", ha afirmado la portavoz del Gobierno, que ha alabado la calidad de la candidatura y el "buen equipo" que forman los tres países.