El Gobierno reforma la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han afirmado que la nueva norma se asentará sobre la ley de 2010 que ya construyó unos pilares sólidos para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Montero ha mostrado su reconocimiento expreso a su impulsora y primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Irene Montero ha señalado que ahora se garantizarán y ampliarán derechos y se eliminarán los obstáculos existentes para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, Isabel Rodríguez ha calificado la reforma como "un nuevo avance para las mujeres y para la democracia en nuestro país".

Garantía y ampliación de derechos sexuales y reproductivos

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Irene Montero ha defendido la necesidad de que los niños, adolescentes y jóvenes aprendan a conocer sus cuerpos, a cuidar la diversidad sexual y de género y a tener relaciones sin violencia y basadas en los buenos tratos, el consentimiento y el uso del anticonceptivo y los métodos barrera. Por ello la educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas.

La ministra de Igualdad ha argumentado que la cuestión no es si la sexualidad se debe o no aprender, porque "el aprendizaje sobre nuestra sexualidad se da". La clave está en decidir cómo se aprende, si a través de mecanismos sin especialización -como la pornografía violenta, que en nuestro país tiene una edad media de acceso de 8 años, ha asegurado-, o con un acompañamiento especializado, que es lo que la ley plantea.

Habrá también formación a lo largo de toda la vida, y se crearán servicios públicos de asistencia y de atención integral y especializada, así como una línea de atención telefónica, para facilitar, particularmente a las mujeres, el conocimiento de sus derechos y el acceso a los recursos que les corresponden.

Anticoncepción

La ministra ha explicado que, para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos barrera, estos se distribuirán de manera gratuita en institutos, centros penitenciarios y centros de servicios sociales. Asimismo, se ampliará su financiación pública, dando prioridad a los de última generación, y se promoverá el desarrollo y la investigación de la anticoncepción masculina para fomentar la corresponsabilidad de los hombres.

Interrupción voluntaria del embarazo

Montero ha mantenido que prohibir o limitar el derecho al aborto nunca "ha servido para reducirlo, sino solamente para generar más inseguridad, más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables".

La ministra ha asegurado que se mantiene la garantía del derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres, que la red pública será la red de referencia y las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio "para que no tengan que desplazarse, a veces cientos de kilómetros, como ahora ocurre en muchas comunidades autónomas". También se regulará el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia del personal sanitario.

El periodo actual de reflexión de tres días queda eliminado, así como la información previa obligatoria, y las mujeres que se sometan a esta intervención tendrán derecho a una incapacidad temporal durante el tiempo de recuperación.

La píldora del día después será de acceso gratuito en los centros de salud y en los futuros centros públicos de atención especializada en derechos sexuales y reproductivos, y tendrá que estar disponible en todas las farmacias.

Por su parte, el ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años y aquellas con discapacidad no necesitará de consentimiento de sus tutores legales. "El Estado les garantiza que la decisión sobre sus cuerpos, sus proyectos de vida y su maternidad será suya", ha dicho Montero.

Embarazo y parto

La ley abarca también aspectos relacionados con el embarazo y el parto. Habrá un nuevo permiso preparto desde la semana 39 de gestación, compatible con el posterior permiso de maternidad, y se promocionarán las buenas prácticas gineco-obstétricas y de parto respetado a través de un protocolo que recoja las directrices internaciones y nacionales al respecto.

Salud menstrual

El derecho a la salud menstrual aparece por primera vez recogido en la legislación española como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres: "La regla va a dejar de ser un tabú", ha subrayado Montero.

Las principales novedades son que se regula una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para aquellas mujeres que tengan reglas dolorosas e incapacitantes y que los productos vinculados a la higiene y la gestión menstrual serán dispensados de forma gratuita en centros educativos, penitenciarios y de servicios sociales.

Violencias reproductivas

Finalmente, se reconocen como formas de violencia contra las mujeres la explotación reproductiva, el aborto y el embarazo forzados, y la esterilización y la anticoncepción forzosas, tal y como recoge el Convenio de Estambul.

Agradecimientos

La ministra de Igualdad ha agradecido su trabajo a todos los ministerios que han participado en la redacción de la reforma y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "su confianza y apuesta en que este sea un gobierno feminista que se sitúa a la vanguardia internacional".

Montero ha reconocido las aportaciones del movimiento feminista, "artífice de los grandes avances feministas a nivel institucional en nuestro país", y de los centros privados de interrupción del embarazo.

Finalmente, Montero ha mostrado su apoyo a todas las mujeres en distintos países que luchan por sus derechos sexuales y reproductivos y por un aborto libre, seguro y gratuito.

Teléfono 028 para personas LGTBI

El Gobierno ha aprobado una declaración institucional por el Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se celebra cada 17 de mayo.

El texto reitera su compromiso con los derechos de las personas LGTBI e informa de que el anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI se encuentra ya en su fase final. La ministra Irene Montero ha añadido que será remitido a las Cortes Generales en el actual periodo de sesiones.

Montero también ha anunciado que a partir del verano estará disponible el teléfono gratuito 028 para dar "soporte, acompañamiento, contención emocional y todo el apoyo especializado que las personas LGTBI puedan necesitar para la garantía de sus derechos y la lucha contra los delitos de odio".

Pesca sostenible e investigación pesquera

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que actualiza la legislación vigente desde 2001 y la adapta a la normativa europea.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la importancia de esta actualización, presentada el 1 de junio de 2021, para un sector que representa la primera flota pesquera de la Unión Europea y que genera 60.000 empleos.

Planas ha explicado que los dos grandes pilares de la futura ley son la sostenibilidad y la investigación pesquera. La sostenibilidad tiene una triple perspectiva: conservación de los recursos pesqueros, actividad económica y empleo, y cohesión social de las zonas pesqueras.

El ministro ha recordado que los recursos pesqueros son limitados, por lo que la norma incluye medidas de conservación y uso sostenible de esos recursos. En este sentido, limita el volumen de capturas, regula las artes y aparejos utilizados, establece vedas y zonas de especial protección para la reconstitución de los stocks biológicos. Todo ello, ha afirmado, "con el fin de dotar a nuestros mares y océanos de una mejor salud".

Una de las novedades apuntadas por Luis Planas es la regulación de los recursos genéticos pesqueros (plantas, cultivos, microorganismos…), que tendrán la consideración de recursos pesqueros.

La ley también apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Los barcos que desarrollen esta actividad tendrán que estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, tener licencia y estar adscritos a una modalidad y caladero. La atribución de las cuotas de pesca aparece vinculada a un barco o grupo de barcos y a un armador. Si la Administración comprueba que parte de la cuota pesquera no ha sido utilizada o está infrautilizada podrá ser usada por otros buques pesqueros del mismo caladero y modalidad.

"Queremos eliminar cualquier tipo de especulación que se pueda hacer por parte de personas que disponiendo de un derecho de pesca vinculado a la existencia de una cuota definida y atribuida pueden utilizarla como elemento de pura transacción mercantil, sin relación con la actividad pesquera", ha remarcado el ministro.

Por otra parte, la norma aborda la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores e introduce la creación de la figura de un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán los grandes actores del sector.

En cuanto a la investigación pesquera, el ministro ha asegurado que no es un trabajo complementario, sino "absolutamente necesario" para la preservación de los recursos. Al respecto, ha destacado la labor de los buques oceanográficos Miguel Oliver, Emma Bardán y Vizconde de Eza.

Protección a trabajadores del mar

La futura ley también incluye medidas que otorgan mayor protección ante la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas labores son especialmente penosas y suponen un gran desgaste.

Luis Planas se ha referido a las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote, y los buceadores profesionales. Un segundo grupo estaría formado por rederas, neskatillas y empacadoras, que hasta ahora no contaban con este trato favorable. Estas ocupaciones son en su mayoría desarrolladas por mujeres.

El ministro ha concretado que este tratamiento más favorable beneficiará a unas 5.300 personas.

Contratación en el sector lácteo

El Ejecutivo ha aprobado un real decreto que establece las condiciones de contratación en el sector lácteo, regula el reconocimiento de las organizaciones de productores e interprofesionales y persigue garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. El objetivo es que en cada operación de compra y venta entre los distintos eslabones se repercutan los costes de producción.

La principal novedad de esta norma, según ha subrayado el ministro, es que los productores con contratos suscritos a precio fijo que tengan una duración superior a seis meses podrán revisarlos si, durante al menos tres meses, se han incrementado los costes de producción por encima del coste fijado.

Líneas agrícolas y ganaderas

Luis Planas también ha informado de que el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución entre las comunidades autónomas de más de 48 millones de euros para financiar diversas líneas agrícolas y ganaderas. La distribución final y los criterios de reparto se fijarán en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural prevista para mañana.

Impulso de la Formación Profesional

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

El Consejo de Ministros ha acordado el reparto de más de 1.200 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar la Formación Profesional.

La portavoz del Ejecutivo ha concretado que más de 800 millones se dirigirán a la formación de trabajadores empleados y desempleados. Casi 400 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se destinarán a la modernización del sistema de Formación Profesional.

Isabel Rodríguez ha resaltado que potenciar la Formación Profesional es una de las prioridades políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, el número de jóvenes que se ha matriculado en estas enseñanzas se ha incrementado un 20% y más de un millón de personas está cursando Formación Profesional en España. Los grados medios están alcanzando más del 80% de empleabilidad y alguno tiene el 100%.

La portavoz ha añadido que el Gobierno destinará más de 5.500 millones a la Formación Profesional, a los que se suman los 2.200 recogidos en el plan de modernización del sistema del año 2020: "En total, en estos años, vamos a destinar 7.700 millones de euros".

Estrategia de Juventud 2022-2030

El Gobierno ha aprobado la Estrategia de Juventud 2022-2030, en la que plasma sus prioridades en relación con la población más joven.

Isabel Rodríguez ha señalado que la Estrategia muestra el esfuerzo de planificación del Gobierno con este colectivo: "No miramos a corto plazo, no miramos solo a esta legislatura. Estamos mirando a una década de planificar bien las políticas dedicadas a la juventud española".

Además, la ministra ha resaltado que el documento se ha elaborado con la participación de todas las administraciones y del Consejo de la Juventud de España.

Proyectos de Inclusión

El Ejecutivo ha impulsado 18 proyectos piloto de inclusión vinculados al Ingreso Mínimo Vital, que serán financiados con 102 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La portavoz ha precisado que los convenios se suscribirán con comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades del tercer sector, en los que participarán 130.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y rentas mínimas autonómicas en todo el territorio nacional.

Eficiencia energética

El Gobierno ha declarado de interés general un total de 240 actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado para la Transición Energética, mediante las cuales promueve el ahorro y la eficiencia energética y fomenta el uso de energías de origen renovable.

Isabel Rodríguez ha concretado que se destinan 400 millones de euros a la construcción, reforma, mejora o rehabilitación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos del Ministerio de Interior, en especial cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional.