El Gobierno aprueba la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual

La Moncloa, Madrid

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que supone avance en la protección integral de las mujeres, en su derecho a la libertad sexual y en la erradicación de todas las violencias sexuales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado que la futura ley se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de coalición, feminista y progresista, con la ampliación de los derechos, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la adecuación del marco legal a las realidades y demandas sociales y a los estándares internacionales. Además, sitúa a España a la vanguardia en la protección de las mujeres, los niños y las niñas.

El texto, ha subrayado Montero, pone el foco en el consentimiento de la mujer como aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual. De esto modo, se cumple con el Convenio de Estambul, sobre la máxima de que "solo sí es sí", dejando claro que el silencio o la pasividad no significan consentimiento, o que no mostrar oposición no puede ser excusa para actuar en contra de la voluntad de la víctima.

"Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento en el centro de nuestra mirada y la cuestión que queremos transmitir desde el Gobierno es muy clara: si tú no quieres no tienes que participar en ningún acto sexual", ha dicho la ministra.

Montero ha explicado que la norma distingue entre "abuso" y "agresión sexual". A partir de ahora "toda conducta sexual realizada sin consentimiento será considerada agresión sexual". El delito de violación ya no solo se reservará, por tanto, a los casos en los que concurre violencia o intimidación. La ministra también ha avanzado que las penas previstas en la actualidad para estos delitos se mantendrán, salvo en el caso de que la violación se realice en grupo, que tendrá penas superiores.

La portavoz ha incidido en que es una ley integral, en cuya elaboración han participado los ministerios de Igualdad, Justicia, Interior, Política Territorial y Función Pública, y Derechos Sociales y Agenda 2030. La norma regula desde la investigación, la educación, la formación y la prevención hasta la atención a las víctimas, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el acceso a la justicia y el derecho de reparación.

María Jesús Montero ha expresado su confianza en que el texto de esta ley "pionera y necesaria" sea aprobado en las Cortes con un amplio consenso y por mayoría absoluta.

Acuerdo para reducir la temporalidad en el sector público

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyo objetivo es que la tasa de temporalidad se sitúe por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones públicas.

María Jesús Montero se ha felicitado por el consenso alcanzado al respecto tras la celebración de dos Conferencias Sectoriales de Administración Pública, la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y el acuerdo con los sindicatos CC.OO, UGT y CSIF. "Es una reforma que urgía en nuestro país porque el sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad", ha señalado, defendiendo que se debe aspirar a la creación de puestos de trabajo fijos, tanto en el público como en el sector privado.

El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) será reformado en su artículo 10, relativo a los funcionarios interinos, para determinar solo cuatro modalidades permitidas para su nombramiento: cubrir plazas vacantes que no puedan ser ocupadas por funcionarios de carrera, con una duración máxima de tres años; sustituir transitoriamente a los funcionarios titulares de las plazas por el tiempo estrictamente necesario; ejecutar programas de carácter temporal con tres años de duración, ampliables por doce meses más en función de los casos, y finalmente, por exceso o acumulación de tareas con un plazo máximo de nueve meses dentro de un periodo de dieciocho meses.

La ministra ha informado de que se realizará un último proceso de estabilización que afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización de 2017 y 2018. Quienes no aprueben estos procesos selectivos obtendrán una compensación económica equivalente a 20 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

Garantizado el poder adquisitivo de las pensiones

El Gobierno ha analizado el Anteproyecto de ley para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público tras el acuerdo alcanzado con los interlocutores sociales.

La portavoz ha explicado que, una vez aprobada la norma, las pensiones se revalorizarán según Índice de Precios al Consumo (IPC) del año anterior, una "reivindicación justa y largamente esperada por el colectivo de pensionistas".

Además, para fortalecer el sistema de pensiones durante las próximas décadas, el texto incluye un conjunto de medidas destinadas a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad ordinaria.

María Jesús Montero ha detallado que el anteproyecto aborda las cuestiones nucleares subrayadas por el Pacto de Toledo. Se incrementan los incentivos a la jubilación demorada mediante un cheque de hasta 12.000 euros por año, un 4% adicional de pensión de por vida o una combinación de ambas. También se eliminan, con ciertas excepciones, las cláusulas de jubilación forzosa que se pueden incluir en los convenios colectivos. Y se mejoran y flexibilizan los coeficientes reductores de la jubilación anticipada.

Por otra parte, el anteproyecto deroga el factor de sostenibilidad de la reforma del año 2013, que se sustituye por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que se concretará con los agentes sociales en los próximos meses y operaría a partir de 2027. Asimismo, se culmina la separación de fuentes de financiación.

La ministra de Hacienda ha destacado que el acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales incluye otras medidas muy relevantes que se materializarán en los próximos meses, como la cotización de los autónomos por ingresos reales, la equiparación de las parejas de hecho en el acceso a la pensión de viudedad o la cotización de los becarios.

Fase de audiencia pública para la Ley de Startups

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Consejo de Ministros ha acordado someter a audiencia pública el Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como Ley de Startups.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la nueva norma se enmarca en uno de los ejes principales de reforma estructural del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar la demografía empresarial y el clima de negocios, aumentar el tamaño de las empresas, impulsar el emprendimiento y reforzar el incipiente ecosistema de empresas emergentes de carácter innovador, especialmente en la nueva economía digital.

La meta, ha dicho, es "aumentar la productividad, el empleo de calidad, reforzar el tejido productivo y tener una mayor y mejor perspectiva de crecimiento futuro y de bienestar para nuestro país". Para ello, el Gobierno también elevará próximamente a audiencia pública otros dos anteproyectos de ley, para la creación y crecimiento empresarial -ley Crea y Crece- y de reforma de la ley concursal.

Fomentar las empresas emergentes

El anteproyecto analizado hoy prevé un paquete de medidas para fomentar las empresas emergentes mediante beneficios fiscales, instrumentos de apoyo a la inversión y atracción de talento. Para ser consideradas como tales, las empresas deberán tener carácter innovador, una facturación inferior a 5 millones de euros, su sede social y más de la mitad del empleo con contratos en España, una antigüedad menor a 5 años -que puede llegar a 7 años en el ámbito de la biotecnología, la energía o industrial- y no pueden ser una sociedad cotizada ni haber distribuido dividendos.

Entre las medidas tributarias y fiscales propuestas para lograr que España sea atractiva para este tipo de empresas destaca la reducción del tipo impositivo en los impuestos de sociedades y sobre la renta de no residentes del tipo general del 25% al 15% durante un máximo de 4 años. También se adoptan medidas favorables a las opciones sobre acciones de la propia sociedad (stock options) como modo de pago o retribución a los trabajadores de la misma. Y se crea un régimen tributario favorable para los nómadas digitales -personas que teletrabajan desplazadas a territorio español- relajando los requisitos para acceder al régimen del impuesto sobre la renta de no residentes y la creación de un visado específico para personas que trabajan en España para empresas extranjeras.

El fomento de la inversión -business angels- se refuerza al elevarse la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación desde 60.000 a 100.000 euros anuales, el tipo de deducción del 30 al 40% y el periodo en que se considera que la empresa es de reciente creación.

La simplificación de procedimientos administrativos, la colaboración entre las startups y el resto de empresas, la permeabilidad con los centros universitarios y de investigación y la compra pública innovadora por parte de la Administración son otros aspectos recogidos en la ley. Calviño ha destacado que el emprendimiento se favorecerá también fuera de los polos urbanos existentes "para promover el crecimiento económico y la innovación en todo el territorio español".

Más dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19

Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la BellacasaEl Ejecutivo ha acordado ampliar el número de dosis de la vacuna de Moderna contra el COVID-19 que España recibirá entre el segundo y el cuarto trimestre de 2022. Serán, en concreto, 18.589.175 dosis las que lleguen durante ese período gracias al segundo acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y la farmacéutica.

María Jesús Montero ha indicado que el Gobierno ha invertido cinco mil millones de euros para que se cumpla el objetivo de adquirir la inmunidad de grupo en el mes de agosto. Además, ha resaltado que el ritmo de vacunación es "excelente", ya que el 40% de la población está vacunada con la pauta completa y el 56%, al menos, ha recibido una dosis.

No obstante, la ministra ha pedido a los grupos de población más jóvenes, que aún no han recibido la vacuna y en los que las tasas de incidencia han crecido, que realicen un último esfuerzo para derrotar al virus. "El hecho de que estemos muchísimo mejor que hace unos meses no significa que podamos relajar las medidas, que podamos dejar de protegernos o de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás", ha dicho.

Otros acuerdos

• Acordada la distribución territorial de 687 millones de euros entre las comunidades autónomas para el Plan Nacional de Competencias Digitales y las nuevas políticas públicas para el mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo.
• Autorizada la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para convocar subvenciones para proyectos de desarrollo y educación de ONG en otros países.
• Aprobada la distribución de 511 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para conservación y restauración de ecosistemas, su biodiversidad y la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos.

Asuntos de actualidad

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, la portavoz ha trasladado la solidaridad del Gobierno con la familia y los amigos de Samuel Luiz, el joven asesinado este fin de semana en A Coruña, víctima de una agresión que está siendo investigada y puede estar motivada por conductas homófobas.