El Gobierno acuerda establecer un arbitraje obligatorio para resolver el conflicto laboral en El Prat

La Moncloa, Madrid

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha informado del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece un arbitraje obligatorio como medio de solución de la huelga declarada en la empresa Eulen Seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, una vez que ha fracasado el proceso de mediación de la Generalitat de Cataluña y no hay otro recurso legal para hacer frente a la situación.

El ministro ha explicado que en el plazo máximo de 24 horas desde que se notifique a los sindicatos y a la patronal este acuerdo, estos deberán designar un árbitro de mutuo acuerdo. Si transcurrido dicho plazo no se ha logrado el acuerdo, el árbitro será designado por el Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes.

A fin de garantizar la imparcialidad del árbitro, el Ministerio someterá con carácter previo a las partes el nombre de la persona a designar y estas pueden, en el plazo de esas 24 horas, realizar cuantas alegaciones consideren oportunas al objeto de aclarar la relación de imparcialidad.

La decisión de arbitraje, ha concretado el ministro, "habrá de ser resuelta en equidad en un plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de designación de la figura del árbitro". Este acuerdo se notificará al comité de huelga y a la empresa Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

EFE/Fernando AlvaradoÍñigo de la Serna ha resaltado que el acuerdo tiene un "carácter excepcional" y una aplicación específica a un caso singular y en unas circunstancias muy concretas. Además, ha subrayado que "el Gobierno entra con firmeza en un conflicto que está generando un problema importante a la economía, a los españoles, a los turistas que nos visitan y a la imagen del país, y entra desde el momento en que ha fracasado la mediación, con la agilidad suficiente para tomar decisiones que hacen que el aeropuerto haya recobrado la normalidad y se establezca un cauce para la solución definitiva del conflicto".

Es un procedimiento legal, según ha apuntado el ministro, que tiene precedentes en España, y que ha sido utilizado en circunstancias similares. El Gobierno considera que "tiene que suponer el fin del conflicto en el momento en el que se establezcan las condiciones que serán vinculantes para las partes", ha dicho.

Propuestas sindicales

Íñigo de la Serna ha anunciado que, como decisión informal tras el debate sostenido en torno a la situación de El Prat, el Gobierno ha estudiado las propuestas que los sindicatos, en especial UGT y Comisiones Obreras, le han trasladado para establecer un marco global de carácter nacional que determine condiciones relacionadas con el trabajo en los sistemas aeroportuarios y en otros servicios de la seguridad privada.

El ministro ha afirmado que al Ejecutivo le "parece bien" la sugerencia de crear un grupo de trabajo con los sindicatos para abordar las condiciones del sector de la seguridad privada en aspectos como la formación, la calidad del servicio, la productividad y las condiciones laborales y salariales. No obstante, ha aclarado que este grupo de trabajo no sustituye a la mesa de negociación sectorial que está en marcha entre las partes.

Asuntos de actualidad

En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre cuál será la reacción del Gobierno ante la pretensión del Ejecutivo catalán de celebrar una consulta soberanista, el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha dicho que el referéndum "es ilegal y no se va a celebrar". Ha añadido que el Gabinete tiene previstos y contemplados todos los escenarios para, dentro de la Constitución y el Estado de Derecho, defender la democracia, la soberanía nacional y la igualdad de todos los ciudadanos y actuará con "firmeza y proporcionalidad".

A juicio de Méndez de Vigo, esta consulta soberanista se quiere llevar a cabo sin convocatoria, sin censo, sin urnas, sin apoyo internacional, sin funcionarios, sin presupuesto y, según se ha sabido hoy, sin calendario ya que la Mesa del Parlament de Cataluña ha pospuesto la admisión a trámite de la ley del referéndum.