El Gobierno aprueba un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

No podrán pagarse en efectivo operaciones superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional, cifra que se eleva a 15.000 euros cuando se trate de no residentes. La vicepresidenta ha explicado que si las operaciones se efectúan entre dos particulares entre sí podrá superarse ese límite.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago en efectivo. Además, tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, si bien la parte que denuncie los hechos podrá eludir la sanción con Hacienda.

Todos los contribuyentes deberán informar a la Agencia Tributaria sobre las cuentas, valores e inmuebles que se tengan en el extranjero. Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que las ganancias patrimoniales no declaradas no prescribirán nunca y se imputarán al ejercicio económico del año en que se descubran.

Además, en este caso, la vicepresidenta ha aclarado que los contribuyentes se enfrentarán una multa como mínimo de 10.000 euros que "se incrementará en 5.000 por cada dato no comunicado".

El texto también recoge la exclusión del régimen de módulos de los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y a los que obtengan rendimientos por importe superior a 225.000 euros procedentes de otros empresarios o profesionales.

La vicepresidenta del Gobierno ha resaltado que, para evitar que los contribuyentes escapen a sus obligaciones fiscales, si la Agencia Tributaria cree que un comportamiento puede ser constitutivo de delito podrá adoptar medidas cautelares para impedir "que el supuesto delincuente fiscal se desapodere de sus bienes" y, si es condenado, no tenga dinero con el que pagar.

Por otra parte, las sanciones para los ciudadanos que no colaboren u obstruyan las actuaciones de la inspección tributaria estarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 100.000 euros si no desarrollan actividades económicas, y de entre 3.000 y 600.000 euros si las desarrollan.

Para evitar fraudes en la declaración del IVA en las operaciones inmobiliarias, el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que se ha ingresado el IVA repercutido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que en "España se tiene que acabar el 'con IVA' y el 'sin IVA'". "El 'sin IVA' nos perjudica a todos, a los que pagan, a los que cumplen sus obligaciones tributarias, a la Administración Tributaria. Y Hacienda no es que seamos todos, es que son nuestros servicios públicos, es nuestra educación y nuestra sanidad. Y el que va por la vida de 'sin IVA' está defraudando a la sociedad en su conjunto".

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) diseñado para el período 2012-2016, que contiene 28 medidas que engloban más de 100 acciones para dinamizar la economía y crear empleo.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que el Gobierno se propone que "el sector turístico se consolide y siga teniendo una posición de liderazgo mundial a lo largo de los próximos años". "Queremos que siga siendo un motor de impulso y uno de los sectores sobre los que se asiente la recuperación económica", ha dicho.

El plan, según Soria, "define las líneas maestras para mejorar la capacidad de competir del sector turístico como motor de la economía española. El Gobierno ha incluido en el documento más de 200 aportaciones de todas las comunidades y de las dos ciudades autónomas, de organizaciones sociales y sindicatos.

Los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Plan, según el ministro, son el liderazgo del Gobierno de la Nación, la marca España, la estructura institucional para mejorar la competitividad empresarial y la colaboración público-privada.

El Gobierno pretende mejorar el posicionamiento de la marca España en mercados consolidados e incrementar su notoriedad en los no tradicionales. Además, se desarrollará un plan de fidelización para los turistas y campañas para estimular la demanda turística nacional.

Soria también ha anunciado que se trabaja para optimizar y agilizar la expedición de visados, se homogeneizará la clasificación de los alojamientos hoteleros y se pondrán en marcha nuevas líneas de crédito para las empresas turísticas con el objetivo de renovar las infraestructuras.

Para favorecer la corresponsabilidad público-privada, José Manuel Soria ha avanzado que se modificará la legislación laboral, la Ley de Costas, la de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Aguas.

El ministro ha apuntado que en 2012 se destinarán al turismo 438 millones de euros, al igual que en 2013. En el año 2014 el sector recibirá 460 millones de euros y en 2015 la cifra asciende a 480 millones.

Preguntada por la valoración del Gobierno ante la sentencia del Tribunal Constitucional que legaliza a Sortu, la vicepresidenta ha afirmado que el Ejecutivo asumió la posición procesal y de partida del Gobierno anterior, que no se ha visto reconocida en la sentencia. No obstante, ha dicho que el Gobierno "acata la sentencia" pero "mantiene su posición procesal, entendiendo que debería haberse resuelto como pedía la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal".

Sobre la supresión del Debate del Estado de la Nación, Soraya Saénz de Santamaría ha comunicado que la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha remitido al Congreso de los Diputados la petición de comparecencia del presidente del Gobierno después del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio y que probablemente ésta se produzca el 11 de julio.

Respecto a la petición de excarcelación de Otegui, la vicepresidenta considera que es una decisión de los tribunales y ha afirmado que "deben cumplirse íntegramente las sentencias que se imponen en casos de naturaleza tan grave".

Por su parte, a la pregunta de los periodistas sobre las aerolíneas que anuncian la retirada de sus bases a causa de las tasas aeroportuarias, el ministro de Industria, Energía y Turismo, ha declarado que "el nivel medio de las tasas está por debajo de la media europea".

Respecto a la reunión de la Mesa del Carbón y a la posible concesión de ayudas para el sector, José Manuel Soria ha respondido que "no hay ningún sector en la economía española que, con cargo a los presupuestos públicos, tenga tal volumen de recursos como el sector de la minería del carbón", aunque "sea un presupuesto inferior al de 2011" por el actual "contexto de restricción presupuestaria".

El ministro ha explicado que respecto al presupuesto del año 2012, "no hay margen de maniobra", pero sí se deben concretar las medidas del plan de 2013 a 2018 de acuerdo al plan de cierre de la minería del carbón remitido a Bruselas por el anterior Gobierno.