El Gobierno aprueba medidas urgentes para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables

Luis de Guindos ha detallado que la medida afectará a familias numerosas; unidades familiares monoparentales con dos hijos a cargo; familias con un menor de tres años y unidades familiares que tengan a su cargo a personas discapacitadas, dependientes o enfermas. También se aplicará a familias en las que el deudor hipotecario esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, así como a aquellas en las que haya una víctima de la violencia de género.

Además de cumplir estos requisitos, el nivel de renta de los deudores hipotecarios no debe exceder en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que en 2012 es de 532 euros al mes. La medida también se aplicará a las familias que hayan sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.

Tanto la vicepresidenta como el ministro de Economía y Competitividad han anunciado que el Gobierno empezará a negociar la creación de un fondo social de viviendas, que ahora están en posesión de los bancos, destinadas al alquiler social a precios muy bajos para las personas que han perdido su casa.

Soraya Sáenz de Santamaría confía en contar con el apoyo de todos los grupos en la tramitación parlamentaria de esta medida. Además, ha agradecido la labor de los equipos técnicos del Gobierno y del Partido Socialista que han trabajado "mucho y muy bien" con el objetivo para paliar la situación que generan los desahucios.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en el marco de los acuerdos con las instituciones europeas para la recapitalización del sistema bancario español. La decisión permitirá poner en marcha la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) el próximo 1 de diciembre.

Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que la sociedad "agrupa los activos dañados de las entidades en proceso de reestructuración para que sean gestionados y vendidos de manera ordenada". La norma determina los tipos de activos transferibles, cómo se valoran y la estructura legal de la sociedad, siempre "desde la máxima transparencia, profesionalidad y en estado de evaluación continua".

Por su parte, Luis de Guindos ha resaltado que "el objeto fundamental de la sociedad es facilitar el saneamiento definitivo de las entidades, liberar capital, llevar a cabo una gestión profesionalizada y dinamizar el mercado de la vivienda".

El ministro ha informado de que se constituirá una sociedad anónima que será la propietaria de los activos y los gestionará. Los accionistas serán el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que no podrá superar el 50% del capital, e inversores institucionales.

Activos a transferir

Luis De Guindos ha avanzado que el tamaño máximo del conjunto de activos se fija en 90.000 millones de euros, aunque se estima que la cifra se situará en unos 62.000 millones. Se incluye todo el crédito promotor a partir de 250.000 euros, los activos adjudicados inmobiliarios por encima de 100.000 euros y las participaciones en sociedades inmobiliarias. Se excluyen los préstamos que no superen los 250.000 euros y los adjudicados que no superen los 100.000 euros.

El ministro ha indicado que el ajuste medio de precios a los cuales se transferirán los activos desde los bancos con ayudas hacia la sociedad gestora de activos es de aproximadamente un 50%. Un 63% para los inmuebles adjudicados y cerca de un 46% para el crédito a promotor.

En el plan de negocios elaborado para la sociedad de gestión de activos, para la SAREB, la rentabilidad medida proyectada está en el entorno del 15% en un periodo 15 años.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que fija obligaciones de información tributaria sobre bienes y derechos en el extranjero.

Soraya Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata de la adaptación de la Ley General Tributaria al derecho comunitario e internacional en materia de asistencia mutua: "Los contribuyentes tendrán que informar en el primer trimestre de 2013 de los bienes y derechos que tienen en el extranjero, tanto cuentas en entidades financieras como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas. Se excluyen los bienes que no excedan los 50.000 euros por cada bien".

Además, será obligatorio presentar declaración informativa en años sucesivos cuando los límites hayan experimentado crecimientos por encima de los 20.000 euros.

Al inicio de la rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno ha hecho referencia a la celebración en Cádiz, a partir de mañana, de la XXII Cumbre Iberoamericana, "una ocasión muy importante en unos momentos de gran transformación en la zona y en los que consideramos muy importante, desde el punto de vista político, económico y social, estrechar nuestros vínculos con Iberoamérica en una fórmula nueva de integración mucho más equilibrada".

En su opinión, va a ser un evento de gran relevancia "no sólo por su elevada participación, por la presencia de mandatarios, sino también por los temas importantes que se van a abordar en el marco de la misma". Ha recordado que "en Cádiz hace 200 años nació el constitucionalismo español, que fue también un momento constitucional muy importante para buena parte de esos países, para todo el continente latinoamericano, y es buen momento para reforzar ese marco de convivencia y de interrelación mutua que tenemos los latinoamericanos".

Sobre la huelga general de ayer miércoles, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno defiende el derecho tanto de quienes deciden hacer huelga, como el de los que optan por no secundarla y que "indudablemente" el Ejecutivo escucha a la calle, pero también tiene que ser consecuente con "el mandato que le han dado las urnas" y lo que le corresponde es tomar medidas que "estaban pendientes y son muy necesarias" y trabajar para que "en este país podamos volver a crecer y a crear empleo".

Además ha dado a conocer el número de concentraciones y manifestaciones que tuvieron lugar ayer como consecuencia de la huelga: 1.084, en datos del Ministerio del Interior, y ha afirmado que los actos violentos "no pueden ampararse ni justificarse", porque los "destrozos no son el ejercicio de ningún derecho".

Respecto a la postura del Gobierno ante el euro por receta médica, ha recordado que está abierta una mesa de negociación y que en ella, especialmente a la vista del reciente dictamen del Consejo de Estado que considera la medida inconstitucional, se tratará de hacer entender la "necesidad de modificación de la medida".