El Gobierno aprueba medidas de apoyo a los deudores hipotecarios sin recursos

El Real Decreto Ley incorpora a su texto un Código de Buenas Prácticas que establece varias fases para evitar los desahucios: la reestructuración de la deuda, la quita de parte de la hipoteca y, como último recurso, la dación en pago.

La vicepresidenta ha indicado que en la primera fase se establece un periodo de cuatro años de carencia en el pago del capital, se amplia el plazo de vigencia de la hipoteca hasta los 40 años y se limitan los tipos de interés al Euribor + 0,25. Si el deudor está en una situación económica que le impide afrontar estas condiciones se prevé, como segundo proceso de reestructuración, la posibilidad de quita de parte de esa hipoteca con arreglo a una serie de cálculos porcentuales que se establecen en el Real Decreto Ley.

En el caso de que el deudor no pudiera hacer frente a ese programa de reestructuración y su situación fuera inviable se prevé la dación en pago, la entrega de la llaves de la vivienda para liquidar la deuda.

Soraya Sáenz de Santamaría ha indicado que, ante esta situación, está previsto que durante dos años prorrogables el inquilino pueda quedarse en alquiler en esa vivienda que ha entregado en pago pagando un interés limitado, que supone aplicar a lo que le quedaba de la deuda un porcentaje del 2%.

La vicepresidenta ha subrayado que las entidades bancarias podrán adherirse de forma voluntaria al Código pero, una vez suscrito, es de obligado cumplimiento y se podrá invocar ante los tribunales. Además, se creará una comisión de seguimiento que semestralmente publicará un informe actualizado sobre su cumplimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación del Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que les permitirá empezar a cobrar en el mes de mayo las deudas pendientes. Además de saldar las deudas comerciales de las Corporaciones Locales, supondrá una importante inyección de liquidez a la economía productiva.

Esta herramienta se podrá aplicar también a los pagos pendientes de las Comunidades Autónomas, en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 6 de marzo.

La medida supondrá una inyección de 35.000 millones de euros en la economía productiva. Se trata de la mayor operación de refinanciación realizada en España.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que "por primera vez se establece un mecanismo de pago que sirve para devolver a las administraciones su credibilidad, que es un estímulo importante para la reactivar la economía, e inyecta liquidez en un año complicado para todos los españoles".

• Aprobada una línea de créditos del Instituto de Crédito Oficial para la isla de El Hierro a fin paliar los efectos económicos de la reciente crisis sismo-volcánica que ha sufrido la Isla.
• Acordado solicitar a Francia la ampliación de extradición del miembro de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga por los delitos de asesinato frustrado y terrorismo.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha manifestado que respeta la decisión de Comisiones Obreras y UGT de convocar una huelga general el próximo 29 de marzo, aunque considera que "no es la solución" a la crisis.

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que la reforma laboral fue convalidada ayer por el Congreso de los Diputados "no sólo con los votos de apoyo del partido que sustenta el Gobierno sino también de otros partidos políticos".

Por otra parte, la vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo ha proporcionado información con "total transparencia" a la Comisión Europea, cuyos expertos han mantenido esta semana contactos en Madrid con representantes de los ministerios de Economía y Competitividad, y Hacienda y Administraciones públicas.