Consejo de Ministros

9.1.2024

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La Moncloa

SUMARIO

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Hacienda

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Defensa

Agricultura, Pesca y Alimentación

Economía, Comercio y Empresa

Sanidad

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

  • REAL DECRETO por el que se reestructuran las Subsecretarías de los departamentos ministeriales.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Hacienda

Trabajo y Economía Social

Transportes y Movilidad Sostenible

Economía, Comercio y Empresa

Sanidad

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda

MODIFICACIÓN DE VARIOS LOTES DEL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS
El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los lotes 2, 6 y 8 del Acuerdo marco 18/2021 de suministro de vehículos comerciales ligeros, por los importes siguientes (IVA excluido): Lote 2, 5.846.400 euros; Lote 6, 4.920.000 euros; y Lote 8, 1.560.000 euros.
Esta modificación se tramita al amparo del artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El acuerdo marco está dividido en ocho lotes atendiendo a características constructivas y uso:
  • Lotes 1, 2 y 3, vehículos combis clasificados según longitud (Transporte mixto).
  • Lotes 4, 5 y 6, vehículos furgones clasificados según longitud (Transporte mercancías).
  • Lotes 7 y 8, chasis cabina clasificados según longitud (Transporte de mercancías).
Son objeto de modificación los Lotes 2, 6 y 8.
El ámbito del acuerdo incluye a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito estatal, autonómico y local que hayan formalizado su adhesión específica al acuerdo marco.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 2023 - 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización del Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 2023-2027 (PNCCA - 2023), que permitirá reducir de manera muy significativa los niveles de contaminación de compuestos y sustancias muy nocivas para la salud, en cumplimiento de los compromisos establecidos para España en la Directiva de Techos Nacionales de Emisión para 2030. El plan establece un total de 61 medidas dirigidas a todos los sectores contaminantes necesarias para alcanzar esta meta, y proteger la salud de las personas y de los ecosistemas.
Esta directiva estableció unos compromisos nacionales de reducción de emisiones para el dióxido de azufre (SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), el amoníaco (NH3) y las partículas finas (PM2,5) para 2020 y 2030, que España incorporó a su ordenamiento jurídico mediante el Real Decreto 818/2018.
La Directiva citada fija la obligación a los estados miembros de aprobar un Programa Nacional de Control de la Contaminación, y su actualización cada 4 años, en el que se establezcan acciones en todos los sectores pertinentes.
La actualización del PNCCA-2023 contiene políticas y medidas de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM), amoniaco (NH3), y partículas finas (PM2,5) en los sectores que se han considerado particularmente relevantes como son: el mix energético; los transportes por carretera, ferrocarril, aviación y marítimo; el industria; la eficiencia energética en el sector residencial, comercial, institucional y otros; la agricultura y ganadería, y también en el sector residuos. Se recogen un total de 57 medidas sectoriales y 4 medidas objetivo. Con las medidas incorporadas se cumplen los compromisos de reducción de todos los contaminantes para el año 2025 (año de referencia según trayectoria lineal entre 2020 y 2030). En relación con los compromisos a cumplir a partir del año 2030 se cumplen para cuatro de los cinco contaminantes, no cumpliéndose para los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano.
Este programa, que ahora será enviado a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 remitido a la Comisión Europea el pasado mes de junio. En definitiva, este programa hace que confluyan medidas para lograr la descarbonización con aquellas que persiguen mejorar la calidad del aire.
57 medidas por sectores de actividad
La directiva marca un objetivo final de resultado en el año 2030 y objetivo intermedio para el año 2025 (según senda lineal entre objetivos año 2020 y 2030).
Con este objetivo, la actualización del PNCCA plantea un total de 57 medidas que están agrupadas por sectores de actividad en 8 paquetes sectoriales (mix energético, transporte, industria, eficiencia energética en industria manufacturera y en el sector residencial y comercial, generación y gestión de residuos, agricultura y ganadería) y 4 medidas destinados a mejorar la situación a futuro de los compuestos orgánicosvolátiles, de especial relevancia los trabajos iniciados para la elaboración de un futuro Plan nacional de Ozono.
Así, por ejemplo, el paquete de medidas que incide sobre el mix energético tiene por objetivo principal la descarbonización, desnitrificación y desulfuración, con promoción de manera específica de tecnologías renovables y uso eficiente de la energía y, en segundo lugar, de seguridad de suministro del sector energético.
Por su parte, la descarbonización y la reducción de las emisiones contaminantes en el sector del transporte se lograrán mediante la reducción del consumo de combustible (por ejemplo, fomentando el cambio modal a modos más eficientes) y con la contribución de distintas tecnologías (principalmente los biocarburantes y la electricidad renovable). Asimismo, hay medidas encaminadas la reducción de depósito en vertedero, la fertilización eficiente y la reducción de las emisiones de amoníaco en el sector ganadero.
La combinación de las medidas de las actualizaciones del PNIEC y del PNCCA permitirán reducir hasta 2030 el número de muertes prematuras vinculadas a la contaminación atmosférica alrededor de un 49% respecto del escenario tendencial, lo que supone una reducción de 5.885 muertes prematuras en el año 2030 respecto al 2019.
Compromisos nacionales
La Directiva de Techos fijó compromisos nacionales para cada Estado miembro. Los porcentajes de reducción para España en 2030 (con respecto al año 2005) son de un 88% para el dióxido de azufre (SO2); un 62% para el óxido de nitrógeno, un 39% para compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), un 16% para el amoníaco (NH3) y un 50% para partículas finas (PM2,5).
Las medidas propuestas en el PNCCA permiten alcanzar en 2021 y 2025 los objetivos de reducción de todos los contaminantes y, para el año 2030, permitirán cumplir los objetivos de cuatro de los contaminantes (SO2, NOx, NH3 y PM2,5), con reducciones del 95% para el dióxido de azufre, 82% para los óxidos de nitrógeno, 18% para el amoníaco y 58% para las partículas finas.
En cuanto a los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) no se alcanzaría el objetivo (la reducción se quedaría en el 38%, tan solo a un 1% de cumplir con el objetivo).
SO2 NOx COVNM NH3 PM2,5
Objetivos 2020-2029 67% 41% 22% 3% 15%
Cumplimiento Escenario CM 202190% 57% 30% 6% 19%
Valor referencia 2025 (senda lineal 20-30)78% 52% 31% 10% 33%
Cumplimiento Escenario CMA 2025 93% 70% 35% 12% 41%
Objetivos a partir de 203088% 62% 39% 16% 50%
Cumplimiento Escenario CMA 203095% 82% 38% 18% 58%

El cumplimiento de la Directiva de Techos ayudará a cumplir también los valores límite y objetivo de calidad del aire establecidos en la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
Durante el proceso de elaboración del Programa se ha contado con la participación de otros departamentos ministeriales implicados en la ejecución de las medidas del mismo. También se han tenido en cuenta las aportaciones de las comunidades autónomas, de los interesados y del público, a través de un proceso de participación pública que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 18 de septiembre de 2023.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A POBLACIÓN PALESTINA
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población palestina afectada por la crisis humanitaria provocada por la escalada de violencia en la Franja de Gaza, que dio comienzo el 7 de octubre de 2023, por un importe máximo de 325.000 euros.
En el contexto de la crisis humanitaria provocada por la escalada de violencia en la Franja de Gaza, la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas ha recibido solicitudes de ayuda por parte de las Autoridades Palestinas y del Ministerio de Cooperación Internacional de la República Árabe de Egipto. Se solicitan prioritariamente medicamentos por las autoridades palestinas y equipamiento médico por las autoridades egipcias con el fin de tratar a pacientes desplazados.
En respuesta a estas solicitudes de ayuda, la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID ha procedido al envío de kits de medicamentos a la Franja de Gaza, a través de la Capacidad Europea de Respuesta Humanitaria (EHRC) y equipamiento médico a la República Árabe de Egipto a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEPC).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A POBLACIÓN UCRANIANA
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por la invasión rusa de Ucrania, por un importe máximo de 250.000 euros.
En el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, el Ministerio de Salud de Ucrania ha solicitado ayuda a la Unión Europea para el transporte médico de pacientes y víctimas de guerra.
En respuesta a la solicitud ucraniana y tras la aceptación de la oferta de ayuda, la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID va a proceder al envío de dos vehículos blindados medicalizados para la evacuación de pacientes. El consignatario de la ayuda será el Ministerio de Salud de Ucrania.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AYUDA HUMANITARIA A POBLACIÓN MEXICANA
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de la contratación para una ayuda humanitaria a la población afectada por el huracán Otis ocurrido en el Estado de Guerrero en los Estados Unidos Mexicanos el día 25 de octubre de 2023, por un importe máximo de 200.000 euros.
El paso del huracán Otis (de categoría 5) por la Costa Grande del Estado de Guerrero de México ha sido devastador, dañando vías de acceso a la costa y las telecomunicaciones, 120 establecimientos de salud, el 80% de la infraestructura hostelera y 273.844 viviendas, sobre todo en la ciudad de Acapulco. Un gran porcentaje de la población afectada no tiene acceso a servicios básicos de agua, electricidad, alimentos y vivienda.
El 8 de noviembre, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de los Estados Unidos Mexicanos solicitó a España, por vía bilateral, bienes para atender las necesidades más urgentes.
La ayuda humanitaria de la AECID ha consistido en el envío de ayuda en especie, a través de un libramiento de fondos a la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de la AECID en los Estados Unidos Mexicanos, para la adquisición de tiendas de campaña, lonas plásticas, potabilizadoras, equipos de primeros auxilios, y otros, en línea con las necesidades expresadas por las autoridades mexicanas, haciendo uso de la contratación mediante el procedimiento de emergencia.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

OBRAS EN LA CANCILLERÍA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN KIEV
El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para instalar un tren de filtrado para la renovación del aire del sótano de la cancillería de la Embajada de España en Kiev, necesario para su uso como refugio seguro en caso de accidente en una central nuclear, por un importe de 313.956,28 Euros (IVA incluido).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se da cuenta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para instalar un tren de filtrado para la renovación del aire del sótano de la cancillería de la Embajada de España en Kiev.
La Embajada de España en Kiev comunicó a la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales su preocupación por una posible fuga radioactiva como consecuencia de un eventual accidente en la central nuclear de Zaporiya, informando de las soluciones adoptadas por otras embajadas occidentales, y solicitando que se adoptasen de manera urgente las medidas necesarias para esta eventualidad.
Estas razones justifican la aplicación el procedimiento de emergencia, del artículo 120 de la Ley de Contratos, para garantizar la seguridad del personal adscrito a la Representación en caso de que se produzca la eventualidad de un accidente en una central nuclear como consecuencia de la evolución del conflicto bélico en Ucrania y considerar que se cumple el presupuesto de "situaciones que suponen un grave peligro".

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

PROGRAMA NACIONAL DE REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS EN ESPAÑA PARA 2024
El Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados (PNR) en España para 2024. Un año más, España contrae el compromiso de acoger hasta 1.200 personas refugiadas cuyos perfiles se determinarán conforme a su capacidad de integración en la sociedad española, y a las características e idoneidad de los recursos de acogida e integración disponibles.
En 2022 se aprobó un PNR con un cupo máximo de 1.200 personas a reasentar durante 2023, cuyo cumplimiento es en este momento del 90% con personas procedentes fundamentalmente de Turquía, Líbano y Costa Rica.
La necesidad de recurrir a este instrumento se ha hecho más urgente en los últimos años, debido a acontecimientos como la crisis en Afganistán y en Ucrania, que se suma a la necesidad de dotar de protección a las personas provenientes de Siria, Turquía, Líbano, Jordania, Libia, Níger, Sudán, Etiopía y Egipto. Gracias al mismo se ofrece protección a personas refugiadas procedentes de países afectados por conflictos y graves crisis humanitarias.
El compromiso del Gobierno de España con este programa se incluye en las prioridades globales de reasentamiento identificadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unión Europea, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el encargado de ofrecer acogida en el marco del Sistema de Acogida de Protección Internacional.
El Plan Nacional de Reasentamiento es una "pieza muy importante en una política migratoria coherente como la de España. No solo cumplimos nuestros compromisos internacionales, sino que seguimos potenciando por esta vía una migración segura, ordenada y regular".
La ejecución del PNR se rige por el Protocolo de actuación elaborado por los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Interior y de Inclusión, de manera consensuada con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En dicho protocolo se determinan y definen tanto los criterios de selección de las personas a reasentar, el reconocimiento de la protección internacional, los traslados a España y el desarrollo por parte del Ministerio de Inclusión del programa de acogida para personas refugiadas.

Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE ESPAÑA Y EEUU
El Consejo de Ministros ha autorizado la formalización de un nuevo Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos de América.
El vigente Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos de América, suscrito el 30 de septiembre de 1986, está en vigor desde el 1 de abril de 1988. En febrero de 2012, España propuso su modificación con el fin de adecuarlo a los cambios legislativos internos y a las técnicas convencionales actuales.
Tras un largo proceso negociador, en el mes de mayo de 2017, se alcanzó un acuerdo sobre la redacción del convenio y el acuerdo administrativo para su aplicación.
La entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales, así como a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, hizo necesaria la adaptación del contenido de los artículos sobre protección de datos para garantizar las exigencias de ambas normas, alcanzándose finalmente un acuerdo en mayo de 2023.
Este convenio es aplicable únicamente a las prestaciones contributivas del Sistema de Seguridad Social, estando excluida la prestación de asistencia sanitaria y demás prestaciones no contributivas, por lo que su aplicación no tiene impacto económico en la Hacienda Pública.

Defensa

ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE GRASAS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de grasas, lubricantes y productos funcionales de uso en aeronaves, buques, vehículos militares y en otros sistemas y maquinaria del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
Esta contratación permitirá optimizar el gasto, garantizando la disponibilidad de productos de la calidad requerida y reduciendo los plazos de entrega de los proveedores.
El valor estimado del Acuerdo Marco es de 14.029.400 euros.

Defensa

AMPLIACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA DE LAS OBRAS EN DOS ACUARTELAMIENTOS DE MADRID
El Consejo de Ministros ha autorizado la toma de razón de la ampliación de la declaración de emergencia relativa al suministro de equipamiento de climatización de los centros de proceso de datos y centro de conducción de datos del Ministerio de Defensa.
A fin de afrontar las consecuencias de la crisis migratoria en las Islas Canarias, que produjo la saturación de las infraestructuras existentes, se hizo necesario llevar a cabo una serie de actuaciones de emergencia en los acuartelamientos General Arteaga en Madrid y Primo de Rivera, en Alcalá de Henares.
Una vez iniciadas las obras, se constató que en las instalaciones del acuartelamiento General Arteaga no se alcanzaban los requisitos de seguridad necesarios para una correcta coexistencia entre las actividades desarrolladas para la acogida de migrantes y las propias de la instalación militar, resultando preciso acometer un nuevo acceso al acuartelamiento, así como mejorar el estado de los viales circundantes y de la iluminación del recinto.
El importe máximo de la ampliación asciende a 878.027,48 €

Agricultura, Pesca y Alimentación

PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DE LAS PÉRDIDAS Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales.
Dada la importancia que tiene para la sociedad española en términos de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico, el Gobierno ha considerado prioritario retomar esta iniciativa legislativa y aprobar este proyecto de ley en el primer Consejo de Ministros de 2024, para su posterior tramitación parlamentaria.
Imperativo ético del desperdicio
La motivación de la ley responde al imperativo ético que tienen los poderes públicos de reducir drásticamente el volumen de pérdidas y desperdicio alimentario, en consonancia con las grandes líneas del Gobierno de justicia social, protección ambiental y crecimiento económico. El desperdicio perjudica especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad; malgasta recursos naturales escasos y aumenta los residuos y el impacto ambiental; y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Es, por tanto, una obligación también para todos los operadores de la cadena, y una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad.
Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.
Con este proyecto de ley, España se dota, por primera vez, de un marco legal para el conjunto del Estado para prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario, con un enfoque centrado en la prevención y la concienciación de todos los actores de la cadena alimentaria. La nueva norma busca fomentar la utilización eficiente de los alimentos, la recuperación, la reutilización de subproductos, la donación y contribuir de esta manera a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable.
De esta forma, la futura ley establece una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario. Es un aspecto esencial, ya que se establece como prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.
En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos (zumos, mermeladas) y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos o la obtención de compost o biocombustibles.
Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022.
La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos 'imperfectos'; de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. Y también para la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima.
La norma, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, se fundamenta en valores ampliamente compartidos por la mayoría de la sociedad y es una ley con más vocación de convencimiento y sensibilización que de coerción. Como todas las leyes cuenta con un régimen sancionador, si bien su objetivo es la concienciación.
Y, en un contexto como el actual, no podemos permitirnos, como sociedad, el lujo de desperdiciar el trabajo de agricultores, ganaderos y pescadores o despilfarrar recursos como el agua, la energía o los fertilizantes.
Prevención para evitar el despilfarro de recursos
Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno de España de prevenir y reducir estas pérdidas, no solo para asegurar el suministro alimentario, sino también para disminuir riesgos ambientales y preservar recursos naturales y energéticos.
El proyecto de ley está en línea con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que establece en su punto 12.3 la necesidad de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de venta al por menor y consumo, así como disminuir las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y suministro para el año 2030.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aproximadamente se desperdician en el mundo unos 1.300 millones de toneladas anuales, lo que supone un 30 % de los alimentos que se producen.
España está comprometida con la solución a este problema, con medidas que van desde la creación de metodologías de medición del desperdicio, campañas de sensibilización y publicidad y otras acciones de colaboración con otros agentes de la cadena alimentaria.
Desde hace unos años, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mide el desperdicio que se produce dentro y fuera de los hogares. Así, durante el año 2022, los hogares españoles registraron un desperdicio total de 1.170,45 millones de kilos o litros, con una disminución del 6,1% en comparación con el año anterior y un notable descenso del 13,5 % respecto al periodo prepandemia, en 2019.
A pesar de este avance positivo, el Gobierno considera necesario mantener el esfuerzo de sensibilización de los consumidores, para garantizar un aprovechamiento más eficiente de los alimentos. Son cifras aún altas que es necesario reducir, con un mejor aprovechamiento de los alimentos y una cadena alimentaria más eficiente y sostenible.
Plan de prevención de pérdidas y desperdicio
Para lograr estos objetivos, la nueva ley establece la obligatoriedad para todos los agentes de la cadena alimentaria de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio. El propósito es que las empresas realicen un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen áreas donde se producen pérdidas de alimentos e implementen medidas para minimizarlas y asignen usos alternativos, siguiendo una jerarquía de prioridades adaptada a las características de cada agente.
Un aspecto esencial de la ley es la jerarquía de prioridades, que permite a los agentes establecer una prelación en el destino de los alimentos para evitar su desperdicio. En este sentido, la prioridad máxima será siempre el consumo humano, a través de la donación o redistribución de alimentos.

Para la donación de los excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones. Quedarán exceptuados de la obligación de realizar estos convenios de donación las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m2.

En el segundo orden de prioridades se contempla la transformación de los alimentos que no se hayan vendido, pero que mantengan sus condiciones óptimas de consumo, en otros productos como zumos o mermeladas. Cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria y, ya como residuos, la obtención de compost o biocombustibles.
Buenas prácticas
Asimismo, el proyecto de ley establece medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio de alimentos. Por ejemplo, que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos, o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.
Además, la norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. El Gobierno adoptará políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio, para lo que se llevarán a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente.
Por su parte, el Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan, que se revisará cada cuatro años, definirá la estrategia general contra el desperdicio alimentario, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas en sus actuaciones en este ámbito.
Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario, que contendrá objetivos generales y prioridades para las tareas de control.
Datos del desperdicio alimentario en España
Durante el año 2022, cada hogar español desperdició, de media, aproximadamente 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas. Los productos sin elaborar siguen siendo los más desperdiciados, aunque en 2022 fueron un 9 % menos que en 2021. Respecto a los platos cocinados, su desperdicio aumentó un 6,7 % respecto a 2021.
En cuanto al comportamiento fuera del hogar, aunque el consumo alimentario aumentó un 6,1 % en el año 2022, se produjo una reducción del desperdicio del 11,3 %, lo que supone una reducción en más de 4 millones de kilos o litros respecto del 2021.
Los datos reflejan que se camina en una buena dirección, pero resulta necesario continuar la labor de sensibilización y educación sobre el control de los productos frescos perecederos y no perecederos, y su aprovechamiento, en especial tras la implementación de las nuevas rutinas tanto de trabajo como de consumo fuera del hogar.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS AL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD, MODERNIZACIÓN Y BIOSEGURIDAD DEL SECTOR AGRARIO
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica las bases reguladoras de las ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión en materia de competitividad, modernización y bioseguridad del sector agrario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La principal modificación es la ampliación del plazo para la concesión de estas ayudas, cuyos importes han sido transferidos por el ministerio a las comunidades autónomas entre 2021 y 2023.

La modificación aprobada, tiene como finalidad dar mayor flexibilidad para la consecución de los objetivos propuestos y conseguir así la mejora en la sostenibilidad y competitividad perseguida con esta inversión. Se trata de ajustes técnicos en el real decreto que implementa el Plan de impulso a la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (II), cuyo objetivo es mejorar la eficacia en la gestión de los fondos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia.
De esta forma, se establece el 30 de septiembre de 2024 como fecha límite para que las autoridades de gestión de las comunidades autónomas adjudiquen el total del importe que se les ha transferido para este fin, entre los años 2021 y 2023.
Desde noviembre de 2021 hasta la actualidad se han realizado transferencias a las comunidades autónomas por un importe total de 36,7 millones de euros, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, con el siguiente desglose:
  • 12,6 millones de euros en el año 2021.
  • 12,7 millones de euros en el año 2022.
  • 11,4 millones de euros en el año 2023, como última transferencia.

A su vez, las comunidades han ido publicando convocatorias para el reparto de estas ayudas a los destinatarios finales. Actualmente muchas de ellas se encuentran inmersas en la tramitación de la tercera convocatoria de ayudas y la ampliación del plazo al 30 de septiembre de 2024 supondrá un aumento significativo en el número de beneficiarios.

Economía, Comercio y Empresa

BALANCE DE LA FINANCIACIÓN DEL TESORO PÚBLICO EN 2023 Y ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN EN 2024
El Consejo de ministros ha recibido Informe del Balance de la financiación del Tesoro Público en 2023 y Estrategia de Financiación en 2024
El Tesoro Público ha presentado su estrategia de financiación para 2024 con una reducción de 10.000 millones de euros de las emisiones netas frente el cierre de 2023, situándose en 55.000 millones de euros. Se mantiene así la senda de disminución en la emisión neta de los últimos años gracias al sólido crecimiento económico y a la consolidación de las cuentas públicas.
Esta reducción está en línea con el compromiso del Gobierno de reducir el déficit y la ratio deuda/PIB, que mantendrá su senda descendente este año con la previsión de situarse en el 106,3%, lo que supondrá una caída de 19 puntos porcentuales en menos de 4 años, desde el pico en el primer trimestre de 2021.
La estrategia de financiación se desarrollará en un entorno internacional que continúa siendo complejo y con tipos de interés más elevados que en el pasado. Por ello, el programa mantiene la prudencia y flexibilidad de años anteriores para hacer frente a la evolución de las necesidades de financiación. Adicionalmente, se seguirán recibiendo recursos del programa Next Generation EU, que permitirán mantener el impulso inversor y reformista del Plan de Recuperación, incluida la Adenda aprobada recientemente.
En este contexto son especialmente relevantes la positiva evolución de la economía española que, junto con el compromiso con la consolidación fiscal y el trabajo realizado por el Tesoro durante los últimos años, están permitiendo mantener una sólida y diversificada base inversora y contenidos los costes de financiación, que se reflejan en el aumento de la participación de inversores extranjeros y en el mantenimiento de la prima de riesgo en el entorno de los 100 puntos básicos.
La emisión bruta prevista ascenderá a 257.572 millones de euros, un 2% superior a la de 2023 debido al incremento de las amortizaciones, y el grueso se cubrirá mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo con el objetivo de mantener la vida media de la cartera de deuda pública. .De esta forma, la previsión es mantener la vida media en el entorno de los 8 años, lo que ha permitido suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés y contener el coste de la deuda en circulación
Se mantendrá el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes como elemento estructural del programa de financiación, reforzando de esta forma el mercado de finanzas sostenibles en España. Para ello el Tesoro continuará realizando reaperturas del bono verde emitido en 2021 con el objetivo de alcanzar en los próximos años un volumen similar al del resto de referencias de la curva del Tesoro y seguir contribuyendo a la financiación de los proyectos de transición ecológica.
Toda la financiación neta se obtendrá a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo, que ascenderá a 55.000 millones, correspondientes con una emisión bruta de 173.118 millones de euros. Por su parte, la emisión bruta de Letras del Tesoro será de 84.454 millones de euros, cifra similar a la del pasado año.
Por lo que respecta a las emisiones regulares de valores del Tesoro, está prevista la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y Bonos y Obligaciones del Estado.
En 2024, el Tesoro recurrirá nuevamente a las sindicaciones para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.
Cierre ejercicio 2023
El Tesoro cerró el programa de financiación de 2023 con una emisión neta total de 65.126 millones de euros, con una reducción de casi 5.000 millones sobre la previsión inicial, gracias al mayor crecimiento económico, la buena evolución de los ingresos públicos y la prudencia en las estimaciones. Por su parte, la emisión bruta fue de 251.995 millones de euros.
En un contexto marcado por la incertidumbre internacional, el incremento de los tipos de interés y la finalización de las compras netas por parte del Banco Central Europeo, el Tesoro mantuvo una posición sólida en el mercado, con una gran demanda tanto en las sindicaciones como en las subastas ordinarias. De esta forma, la reducción gradual del balance del BCE fue bien absorbida por el mercado gracias al fuerte apetito de los inversores por la deuda pública española.
En efecto, se siguió incrementando y diversificando la base inversora, gracias a la fluida e intensa interlocución con los inversores y la emisión de otros instrumentos de financiación, como los bonos ligados a la inflación y los bonos verdes, que contribuyen a la financiación de proyectos públicos sostenibles y la promoción del mercado de finanzas sostenibles en nuestro país.
En este sentido, en 2023 destacó el fuerte interés de los inversores institucionales internacionales y el incremento histórico de las compras minoristas de las Letras del Tesoro.
Durante el pasado año fue especialmente significativo el elevado interés de los inversores domésticos en las Letras del Tesoro, que han encontrado en este producto un activo líquido, seguro y rentable. Así, los inversores minoristas han elevado sus tenencias hasta casi los 23.000 millones de euros a cierre de octubre, representando más del 31% del total de Letras en circulación, un máximo hasta la fecha que compara con el 2,4% de finales del pasado año, pasando de esta forma a ser su principal tenedor.
También en 2023 los inversores no residentes aumentaron sus tenencias de deuda del Estado, tanto en términos absolutos como relativos, situándose en el 40,7% del total, poniendo de manifiesto su confianza en la situación y perspectivas de la economía española.
Asimismo, el importante esfuerzo que ha hecho el Tesoro por mantener la vida media de la deuda, que se sitúa actualmente cerca de los 8 años, está permitiendo suavizar el efecto del alza de los tipos de interés y reducir el riesgo de refinanciación. Así, el coste medio de la deuda en circulación se sitúa en el 2,09%, solo 45 puntos básicos sobre el mínimo histórico de 2021. Se trata de un incremento diez veces menor que la subida de 450 puntos básicos experimentada por los tipos de interés del Banco Central Europeo durante el mismo periodo. Esta política está permitiendo contener y estabilizar la carga de intereses sobre el PIB, reforzando la sostenibilidad de la deuda pública española.

Sanidad

ACUERDO MARCO PARA EQUIPOS DE SALAS DE RADIOGRAFÍA PARA VARIAS COMUNIDADES
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro respetuoso con el medio ambiente, de equipos de Salas de Radiología para varias comunidades autónomas, centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y Organismos de la Administración del Estado, con un valor estimado de70.540.451 euros.
En este Acuerdo Marco participan las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Comunidad Valenciana, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través de Ingesa.
Este Plan de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria del INGESA (Plan AMAT-I) pretende dar continuidad a los objetivos, que se fijaron con el Plan INVEAT, de reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud, aumentar las capacidades diagnósticas de los centros mediante la mejora de la banda tecnológica de los equipos a renovar y ampliar el parque tecnológico.
Una parte importante de los equipos de diagnóstico por imagen, como los de radiología convencional, de mamografía y de ecografía no se pudieron incluir en el Plan INVEAT. En el caso de los equipos de radiología, más de la mitad llevan, al menos, una década instalados y, de estos, el 50% están basados en tecnología analógica para la obtención de imagen, lo que limita mucho la implementación y utilización de las nuevas tecnologías de gestión y distribución de imágenes. Una situación semejante la presentan los equipos instalados de ecografía, que además tienen un ciclo de vida más corto debido a la constante incorporación de innovaciones tecnológicas.
Todo esto hace necesaria su renovación, y la compra centralizada a través de Acuerdos Marco a los que se adhieren voluntariamente los servicios de salud de las CCAA, del INGESA u organismos de la Administración del Estado que manifiestan su interés. Este proceso de racionalización es una técnica de agregación de la demanda que permite que las Administraciones públicas sumen sus necesidades y actúen de forma coordinada en el mercado para obtener eficiencia en el gasto y una mejor utilización de los recursos públicos, de manera que se puedan estandarizar las condiciones de adquisición, mejorar la posición de negociación y el precio final, y hacer más eficiente el proceso de contratación.

Sanidad

PLAN NACIONAL CONTRA EL RADÓN
El Consejo de ministros ha aprobado el Plan Nacional contra el Radón con el objetivo de proteger la salud del conjunto de la población, y las personas trabajadoras en particular, frente a los riesgos de la exposición a este elemento químico en forma gaseosa.
El Plan describe los riesgos derivados de la exposición al mismo, analiza la situación en España con respecto a las medidas de protección y recoge las estrategias y actuaciones que se desarrollarán por las distintas administraciones durante un periodo de 5 años, para el control del riesgo para la salud de la población derivado de la exposición al gas.
Este Plan se articula en torno a cinco ejes estratégicos:
  1. Conocimiento e infraestructura básica
  2. Edificación
  3. Lugares de trabajo
  4. Zonas de actuación prioritaria.
  5. Comunicación y concienciación.
Estos cinco ejes engloban, a su vez, actuaciones para conocer la magnitud del problema, como evaluar la exposición de la población al radón y estimar su incidencia sobre la salud de la población, reducir la concentración de radón en los edificios o impulsar programas de formación específicos para los distintos agentes que intervienen en el ámbito de la edificación.
Otra de las actuaciones va servir para potenciar la concienciación del público, los profesionales y administraciones sobre los efectos del radón en la salud y, en particular, en combinación con el tabaco. En este caso los efectos se encuentran notablemente aumentados, debido al efecto sinérgico de radón y tabaco.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Director del Departamento de Políticas Públicas

D. JOSÉ FERNÁNDEZ ALBERTOS
Licenciado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard (Estados Unidos).
Ha sido profesor de Economía Política Internacional y Política Comparada en el Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) desde 2007 hasta 2009, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 2009 hasta 2020, vocal asesor en el Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde febrero de 2020 hasta junio de 2022 y director general de Ordenación de la Seguridad Social desde junio de 2022 hasta la fecha.

Directora del Departamento de Asuntos Europeos

Dª. MAIDER MAKUA GARCÍA
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Universidad de Deusto y año de intercambio en Boston College, EEUU (1999 - 2004). Máster en Desarrollo Directivo-MBA - Especialidad en Gestión de Organizaciones. Universidad de Deusto (2004).
Ingresó en la carrera diplomática por oposición en 2008. Curso de la Escuela Diplomática para funcionarios de nuevo ingreso. Prácticas en la Embajada de España en Grecia. Alumna del Programa de Liderazgo para la Gestión Pública del IESE (curso 2023-24).
Consultora junior - BearingPoint- Bilbao (2004-2005). Jefa de servicio, posteriormente Jefa de Área, en la Subdirección General de Asuntos de Justicia e Interior en la Secretaría de Estado de la UE, MAEUC (2008-2010). Segunda jefatura y encargada de Asuntos Consulares en la Embajada de España en Haití (Puerto Príncipe, 2010-2013). Policy Officer en la División Regional y asistente política del Managing Director del Departamento de las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior (Bruselas, 2013-2015). Jefa de la sección política, de prensa y comunicación de la Delegación de la UE en Nicaragua y ante el SICA - Servicio Europeo de Acción Exterior (Managua, 2015-2019). Consejera en la Embajada de España en el Reino de Bélgica (Bruselas, 2019-2020). Jefa de Unidad de Protocolo en el Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno (2020-21). Directora de Gabinete Técnico de la AECID (2021-actualidad).

Directora del Departamento de Proyectos Estratégicos y Políticas Sectoriales

Dª. MARÍA ANTONIA SCHEIFLER ALÁCANO
Doctora en Ciencias Económicas, Universidad del País Vasco, UPV-EHU, 1988. Diplôme d´Etude Approfondie (D.E.A.) en Economía. Universidad de Niza (Francia),1987. Técnico Especialista en Técnicas de Exportación y Comercio Exterior, Master expedido por Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Bilbao, 1983. Licenciatura en CC.EE. (Economía Internacional), Universidad del País Vasco, 1982. Programa de Consejeros XI Edición. ESADE, 2023. Curso de Excelencia en las Operaciones IESE Business School, 2010. Executive Program, Real Colegio Complutense at Harvard University, 2009 y 2011.
Socia Fundadora de SIfdi, empresa de consultoría internacional dedicada a la Inteligencia Estratégica en Inversión Extranjera. Gestión Pública en el ámbito del análisis y la internacionalización: dirección y gestión en ámbitos de Inversión Extranjera Directa, Promoción Exterior y Dirección de Estudios. 20 años de experiencia acumulada en el Ministerio de Industria (Invest in Spain) y en diversos puestos en la Comunidad de Madrid.
En el ámbito de la docencia e Investigación universitaria: 12 años de experiencia en gestión académica, docencia e investigación en universidades públicas y privadas. Socia Directora (2014-actualidad) de la Empresa SIfdi. Consultora internacional, asesoramiento en materia de inversión extranjera en LATAM. Contratos como consultora especialista individual: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FIIAPP, Cooperación Española, Ministerio de Asuntos Exteriores.
Directora del Máster en Comercio Exterior e Internacionalización de la Empresa (2018-2020) de la UNIR. Directora general y vicepresidenta de la Cámara de Comercio Canadá España: (2016-2017).Directora Departamento de Economía y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Camilo José Cela (2014-2016). Consejera delegada de Madrid Reseach Institute, MRI-International (2012-2013) . Asesora y prescriptora de Madrid Network (2012-2013). Directora ejecutiva de Operaciones en ICEX-Invest in Spain (2006-2012). Miembro de la comisión de evaluación del Programa Campus de Excelencia Internacional, Ministerio de Educación y Ministerio de Ciencia e Innovación, 2009, 2010 y 2011. Directora de Internacionalización en PromoMadrid, Comunidad de Madrid (2005-2006). Instituto Madrileño de Desarrollo. Comunidad de Madrid. (1991-2004). Directora de Estudios, Planificación y Prospectiva Estudios y planificación interna y gestión de empresas subcontratadas. Instituto Madrileño de Desarrollo. Comunidad de Madrid. Directora Área Internacional. (2004-2005). Investigadora principal y directora de equipo de investigación (1989-1991) del proyecto "Modelo socio-económico de la Comunidad de Madrid" en el Instituto Universitario de Sociología de Nuevas Tecnologías, de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora titular interina en la Universidad del País Vasco (1983-1989), profesora asociada en Universidad de Alcalá de Henares (1994-1996) y profesora tutora en la UNED (2004-2007). Investigación científica en el campo de la Economía Industrial, Economía Regional y Comercio Exterior. Directora del Máster en Comercio Exterior de la Universidad del País Vasco en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao (1983).

Hacienda

Director del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno

D.CARLOS MORENO MEDINA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, experto universitario en Gestión Sanitaria y máster en Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias por la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Ha desarrollado su carrera profesional en empresas de consultoría. En 2004 entró a formar parte del gabinete de la Consejería de Salud y desde 2014 en el de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El 8 de junio de 2018 fue nombrado director del Gabinete de la Ministra de Hacienda y el 22 de noviembre de 2023, director del Gabinete de la entonces Vicepresidenta Cuarta del Gobierno.

Director del Gabinete adjunto de la vicepresidenta primera del Gobierno

D.CÉSAR VELOSO PALMA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Sevilla. Curso de Alta Dirección de Empresas del Sector Agroalimentario en la Escuela de Organización Industrial (EOI). Curso de posgrado de Economía Bancaria en la Universidad de Sevilla.
Controller Scania Hispania, (1997-1999). Responsable financiero de tiendas del Grupo Master Cadena Andalucía, 1999-2004. Técnico de gabinete, asesor y asesor vocal Junta de Andalucía, 2004-2014 (Consejería de Obras Públicas y Transportes, Consejería de Vivienda Y Ordenación del Territorio, Consejería de Salud y Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales). Asesor técnico economista, Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía. 2014-2018. En noviembre de 2023 fue nombrado Director del Gabinete Adjunto de la entonces Vicepresidenta Cuarta del Gobierno.

Subsecretaria de Hacienda

Dª.MARÍA DEL PILAR PANEQUE SOSA
Licenciada en Medicina y Cirugía, diplomada en estadística por la Universidad de Sevilla y máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Desde 1985 es médica inspectora de la Seguridad Social, y desde 2001 pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de la Junta.
Ha desempeñado diversos puestos como consejera técnica de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2000-2004), coordinadora del Plan Estadístico Andaluz del Instituto de Estadística de Andalucía (1995-1999). Además, fue secretaria de la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitaria, y participó en la elaboración del Sistema de Información Sanitario y de Registros de Centros. Fue viceconsejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Ha sido subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Función Pública desde junio de 2018.

Director general de Costes de Personal

D.ANTONIO MIGUEL CERVERA GUERRERO
Licenciado en Derecho, máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Escuela Andaluza de Salud Pública, con formación en gestión empresarial por el Instituto Internacional San Telmo. Profesional del Servicio Andaluz de Salud integrado en el personal estatutario del grupo A.
Desde enero de 2019 hasta finales del año 2023 ha desempeñado funciones como presidente de SEPIDES. Desde enero de 2014 ha sido director general de Patrimonio de la Junta de Andalucía hasta enero de 2019. Anteriormente desempeñó el cargo de secretario general técnico en la Consejería de Salud y Bienestar Social (2012-2013). Ha desarrollado toda su actividad profesional en la sanidad pública andaluza y cuenta con una amplia experiencia en dirección y gestión.
Entre otras responsabilidades, ha desempeñado los puestos de director general de Gestión Económica (2009-2012) y subdirector de Personal y Desarrollo Profesional (2000-2009) del Servicio Andaluz de Salud. Ha sido director gerente del Hospital de Valme de Sevilla (1997-2000); subdirector gerente del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla (1995-1997) y director económico de los hospitales Reina Sofía de Córdoba (1990-1995) y Virgen de las Nieves de Granada (1983-1990).

Trabajo y Economía Social

Directora del organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Dª.CRISTINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Licenciada en Derecho, por la Universidad Carlos III de Madrid (octubre 1994-junio 1998).
Ingresa en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en noviembre de 2001. Ha ocupado distintos puestos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Desde octubre de 2021, desempeña el puesto de directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Ha participado como consejera técnica en la Conferencia Internacional del Trabajo (2006). Es miembro de la Plataforma Europea de Trabajo no Declarado, desde octubre de 2021. Es ponente en diversos cursos y jornadas técnicas. Colabora en revistas especializadas, con artículos sobre trabajo doméstico y sobre trabajo forzoso.


Transportes y Movilidad Sostenible

Directora del Gabinete del ministro

Dª. ENCARNACIÓN SANDONIS RODRÍGUEZ
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid.
En el sector privado desempeñó diversas labores como operaria en distintos sectores de la construcción. En 2013 comienza a trabajar realizando dosieres de prensa y comunicación digital hasta 2014, que entró en el consistorio de Medina del Campo como secretaria de alcaldía y jefa de prensa. Entre 2015 y 2023 pasó a desempeñar diversas funciones en el Ayuntamiento de Valladolid, primero de jefa de prensa del Grupo Socialista, más tarde de directora de Comunicación del Ayuntamiento de Valladolid, y desde el 2019 a 2023 como directora del Gabinete del Ayuntamiento de Valladolid.

Economía, Comercio y Empresa

Director del Gabinete del Ministro de Economía, Comercio y Empresa

D.ANDRÉS VALVERDE ÁLVAREZ
Letrado asesor del Banco de España desde el año 2016. Previamente, fue técnico de dicho organismo. Desde su incorporación en el Banco de España, en el año 1994, su experiencia profesional se centró en la protección de los clientes bancarios, siendo su primer destino el Servicio de Reclamaciones. A partir del año 2012, desempeñó el puesto de responsable de unidad, primero en el Servicio de Reclamaciones y a partir de 2013 en el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.
En el año 2014, pasó a desarrollar su actividad en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Competitividad, en concreto en la Subdirección General de Legislación y Política financiera, asesorando sobre normativa financiera y participando en distintas negociaciones, talleres y seminarios celebrados por la Comisión Europea y el Consejo, en materias relacionadas con la protección de los clientes financieros.
En el año 2021, se incorporó al Gabinete de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, asesorando en materia económica y de digitalización. A finales de 2021, fue nombrado director del Gabinete Adjunto de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, cargo que ocupó hasta diciembre de 2022, momento en el que fue nombrado director del Gabinete de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En noviembre de 2023 fue nombrado director del Gabinete de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Economía, Comercio y Empresa.
Ha sido consejero de Red.es, entidad pública empresarial, desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023, y es patrono de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas desde enero de 2023.

Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa

D. ISRAEL ARROYO MARTÍNEZ
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Sociología por la Universidad Complutense, y Diploma de Estudios Avanzados en Economía Pública (UCM/IEF/UNED). Funcionario del Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social.
Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones entre enero de 2020 y junio de 2022. Ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en la administración de Seguridad Social y la AIReF. Entre 2018 y 2020 fue subdirector general de Endeudamiento en la AIReF. Entre 2012 y 2017 fue subdirector general de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas en la Tesorería General de la Seguridad Social. Entre los años 2009 y 2012 ocupó el puesto de subdirector general de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva y con anterioridad fue jefe de Área de Estadísticas, Estudios Económicos y Análisis de Coyuntura en ese mismo organismo.

Sanidad

Comisionada de Salud Mental

Dª. BELÉN GONZÁLEZ CALLADO
Licenciada en Medicina, especialidad psiquiatría. Máster en Estudios Feministas, así como en Gestión Dirección Médica y Asistencial. Ha desarrollado su carrera profesional en la Comunidad de Madrid, donde ha compatibilizado la actividad laboral, normalmente desempeñada en el ámbito asistencial de la sanidad pública, con el compromiso por la mejora de las condiciones de atención a las personas con sufrimiento psíquico. Su actividad profesional se ha centrado en la reformulación feminista de la práctica y teoría clínica, el desarrollo de posibilidades de trabajo comunitario y la lucha por la mejora de las condiciones laborales en salud mental.
Ha participado en la junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental (AEN-PSM), siendo actualmente su presidenta. También ha colaborado con el Ministerio de Trabajo y Economía Social como miembro de la Comisión de Expertas en Precariedad Laboral y Salud Mental, y en los últimos años ha contribuido como técnica externa en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Su formación de le han proporcionado un marco de formación imprescindible para respaldar esta perspectiva.

Director general de Salud Pública y Equidad

D.PEDRO GULLÓN TOSIO
Licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Máster y doctorado en epidemiología y salud pública. Ha trabajado en diferentes ámbitos relacionados con la epidemiología y la salud pública. En los últimos años ha sido profesor e investigador en el área de salud pública y epidemiología de la Universidad de Alcalá. Ha realizado sus principales tareas profesionales en el ámbito académico como profesor e investigador, trabajando en instituciones de España, Estados Unidos y Australia. Su principal campo de investigación ha sido analizar cómo diferentes políticas, tanto sanitarias como de otros sectores como el urbanismo, afectan a la salud de la población y a la equidad en salud.
Durante la pandemia, trabajó en la evaluación de intervenciones no farmacológicas, las desigualdades sociales del COVID-19 y los determinantes de la vacunación y la reticencia vacunal, y colaboró con servicios de salud pública como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias y el Departamento de Salud de Navarra en labores de asesoramiento y elaboración de informes.
Ha trabajado en servicios de vigilancia epidemiológica local, el Plan de VIH, la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, servicios de promoción de la salud o calidad asistencial en el ámbito hospitalario, entre otros. Ha desarrollado una labor de divulgación y defensa de la introducción de la salud en todas las políticas, para que desde todos los sectores se contribuya a mejorar la salud de la población y a reducir las desigualdades sociales.


Secretario general técnico

D. JACOBO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Europeo por la Universidad San Pablo CEU en 2002. Diploma en European Business Studies por la Business School de Portobello College, Dublín (2002). Programa Liderazgo Público IESE 2022. Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2006 (XLII promoción. Especialidad jurídica).
Ha prestado servicio en diversos destinos de la Administración General del Estado: en la Agencia Española de Protección de Datos; Ministerio de Fomento; la Subdirección General de Régimen Jurídico Autonómico del Ministerio de Política Territorial; y en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. En 2011 es nombrado vicesecretario general técnico del Ministerio de Justicia. En 2014 ocupa el cargo de subdirector general de Política Legislativa del Ministerio de Justicia, puesto que lleva aparejado la Secretaría General de la Comisión General de Codificación, hasta el año 2021, cuando pasa a prestar servicio en la Dirección del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Es nombrado secretario general técnico del Ministerio de Justicia en noviembre de 2021, cargo que desempeña hasta diciembre de 2023. Ha sido vocal de la Junta Consultiva de Seguros, de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, copresidente de la Comisión del Baremo de autos y presidente del Foro para la Mediación. Ha impartido clases en el IE, y en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, en materia de protección de datos y derecho de las nuevas tecnologías, derecho concursal, así como de compliance y protección de informantes.
En 2019 se le otorga la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Secretaria general de Inclusión

Dª. MÓNICA MARTÍNEZ BRAVO
Licenciada en Economía por la Universidad Pompeu Fabra (2004), doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) (2010).
Ha sido profesora del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), profesora de en la Universidad Johns Hopkins (2010-2012) y profesora visitante en MIT (2018-2019). Ha publicado en las mejores revistas científicas de economía y ha recibido varios premios y distinciones (Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 'Clara Campoamor' en 2023, premio del Banco Sabadell al/ a la mejor economista menor de 40 años en 2021). En 2022 le fue concedido un proyecto del European Research Council en su modalidad de Consolidator Grant. Entre 2021 y 2023 fue investigadora principal y coordinadora científica del equipo de investigadores que da apoyo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la evaluación de los itinerarios de inclusión asociados al ingreso mínimo vital.

Para la Transformación Digital y de la Función Pública

Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Dª. MARÍA TERESA LEDO TURIEL
Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid en 1992, en 1994 completó el master en el Centro de Estudios Financieros y Monetarios (CEMFI) del Banco de España. Realizó los cursos de doctorado en Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid.
En 1994 se incorporó a la corporación bancaria Argentaria como analista de mercados financieros en la sala de Tesorería y Mercados de Capitales y en 1997 al Servicio de Estudios de BBV como especialista en economía internacional y mercados financieros. En 1999 fue nombrada economista jefe de escenarios económicos y financieros en el grupo BBVA y en 2010 añadió la responsabilidad de regulación financiera, siendo responsable del Comité de Regulación Financiera de BBVA. En 2011, se incorporó a la Dirección Financiera del grupo BBVA, formando parte del comité de dirección del área financiera global desde entonces, primero como responsable de tendencias financieras y de las relaciones con reguladores y supervisores hasta 2013. A partir de 2014 asumió además la responsabilidad de elaboración del plan de recuperación del grupo BBVA. Entre 2016 y 2018 se encargó de la estrategia financiera. En 2018 paso a ser responsable global de operaciones del grupo y en 2019, fue nombrada responsable global de costes, compras e inversiones. Desde entonces se encargó de la gestión de la Single Development Agenda (SDA). En 2021 se incorporó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como directora de gabinete del ministro, participando activamente en las reformas sustantivas que se llevaron a cabo. En 2023, fue nombrada directora de gabinete del ministro de Transformación Digital.


Secretaria de Estado de Función Pública

Dª. CLARA MAPELLI MARCHENA
Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha desempeñado los cargos de directora general de Gobernanza Pública y secretaria general técnica-directora del Secretariado del Gobierno, así como los puestos de subdirectora general de Propiedad Intelectual, subdirectora de Estudios e Investigación del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, vicesecretaria general técnica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y directora de los gabinetes del Secretario General de Función Pública y del Secretario de Estado de Justicia, entre otros.
Autora de diversas publicaciones en materia de reforma de la función pública y espacio judicial de la Unión Europea. Ha coordinado actividades formativas e impartido docencia en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es miembro de los grupos de expertos de la Comisión Europea sobre Administración Pública y Gobernanza, y Mejora Regulatoria y Simplificación.

Subsecretaria para la Transformación Digital y de la Función Pública

Dª. IRIA ÁLVAREZ BESTEIRO
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF) de Madrid, con premio extraordinario de fin de carrera, así como en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Desde su ingreso por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado en 2009, ha prestado servicios en el Ministerio de Economía Dirección General de Política Económica y Dirección General del Tesoro, así como en la Secretaría de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y como subdirectora general de Políticas Sectoriales en la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno. También ha sido subdirectora general de Relaciones Energéticas Internacionales en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y consejera coordinadora de energía en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Desde 2020 hasta noviembre 2023, fue secretaria general técnica en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y desde noviembre 2023 hasta la actualidad subsecretaria de Transformación Digital.

Directora de Gabinete del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública

Dª. AGUSTINA PIEDRABUENA MORALEDA
Ingeniera superior de Telecomunicaciones por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Ha trabajado para Ericsson, Telefónica Móviles y Altran SDB. En 2005 se une a la oficina técnica del proyecto "Miguelturra, Ciudad Digital", y después se incorpora al Servicio de Informática del Hospital General de Ciudad Real, área de Redes y Comunicaciones. Fundadora y directora de exclamation!, empresa enfocada en el desarrollo de proyectos de digitalización en Castilla-La Mancha. Premio "eMe de Mujer" como Mujer Empresaria, año 2008. directora general para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha entre los años 2009 y 2011. Posteriormente se incorpora a Telefónica de España, área de Ventas y Desarrollo de Negocio TI. Entre 2018 y 2021 ha sido asesora en los gabinetes del Secretario de Estado para el Avance Digital y del secretario de estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. En 2021 entra a formar parte del gabinete de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital como asesora de Transformación Digital. En la actualidad, es asesora en el gabinete del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.