Referencia el Consejo de Ministros

La Moncloa

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los trabajos de composición, edición y distribución de hojas informativas para el voto por correo, con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el 23 de julio de 2023, por importe máximo de 217.201,05 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de impresión, ensobrado y transporte a las oficinas de correos de los sobres correspondientes al primer envío del voto CERA para las elecciones generales de julio de 2023 de las provincias de Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Asturias, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra y León, por importe máximo de 429.485,11 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los servicios de impresión, ensobrado y transporte a las oficinas de correos de los sobres correspondientes al primer envío del voto CERA para las elecciones generales de julio de 2023 de las provincias de Málaga, Granada y Bizkaia, por importe máximo de 47.432 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación por el Instituto Nacional de Estadística de los trabajos de composición, edición, manipulado y entrega al operador postal Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. de aproximadamente 35.500.000 tarjetas censales que se enviarán a los electores residentes en España, con motivo de las elecciones al Congreso de los diputados y al Senado que se celebrarán el 23 de julio de 2023, por importe máximo de 1.288.650 euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C11, R1). ACUERDO por el que se determinan los supuestos de validez de sistemas identificación y firma electrónica en la Administración del Estado cuya verificación se lleve a cabo por medio de un sistema de tecnología de registro distribuido.
• INFORME sobre las últimas novedades de la situación macroeconómica.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a comunicar a la Comisión Europea el borrador de actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021- 2030, para el período 2023-2030.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de restauración del área afectada por el incendio forestal de San Agustín (Teruel), por un importe máximo de 199.918,66 euros
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la impermeabilización del vaso del embalse de Campos del Paraíso para abastecimiento del sistema "Llanura Manchega", por un importe máximo de 1.750.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de mantenimiento de la calidad del agua embalsada y aporte de recursos de agua subterránea a los abastecimientos dependientes de la presa de Los Molinos para mantener el suministro, por un importe máximo de 6.800.000 euros.
• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de un servicio con cuatro aviones anfibios de capacidad media, tres helicópteros bombarderos pesados, cuatro helicópteros medios de transporte de brigadas y lanzamiento de agua y dos helicópteros bombarderos semipesados para la campaña de verano de 2023, por un importe máximo de 9.075.100,10 euros.
• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C12, I3). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de criterios de reparto y distribución territorial para la ejecución de créditos presupuestarios relativos al Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y al PIMA Economía Circular en 2023, por un importe total de 50.409.408,60 euros, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

• ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para sustituir una de las dos enfriadoras del sistema de climatización de la Embajada de España en París, por un importe de 297.660,53 Euros (IVA incluido).
• ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un crédito a la República Dominicana, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por un importe máximo de 20.000.000 de dólares estadounidenses.
• ACUERDO por el que se autoriza el pago de hasta 300.000 dólares estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo, cofinanciado con el crédito de hasta 20.000.000 de dólares estadounidenses concedido por dicho Fondo a la República Dominicana.
• ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácitos para jefes de misión extranjera.
• ACUERDO por el que se autoriza una contribución voluntaria plurianual de España al Fondo Pandemias por un importe de 15.000.000 de euros.

Defensa

• REAL DECRETO por el que se promueve al empleo superior, con carácter honorífico y a título póstumo, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.
• REAL DECRETO por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada "Estación Naval de Puntales", ubicada en el término municipal de Cádiz, en la provincia de Cádiz.
• ACUERDO por el que se autoriza la modificación del Acuerdo Marco para el sostenimiento inicial global del Sistema Integrado de Entrenamiento (ITS) del Ejército del Aire, por un importe de 6.927.076,50 euros.

Hacienda y Función Pública

• ACUERDO por el que se autoriza a la Entidad Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda la contratación, mediante Acuerdo Marco, del suministro de cospeles para la acuñación de monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro, por importe de 40.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato centralizado de servicios de limpieza integral de inmuebles del sector público estatal ubicados en la Comunidad de Madrid, con un valor estimado máximo de 408.740.707,20 euros.
• ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Organismo Autónomo Servicio Público de Empleo Estatal la realización de diversos gastos plurianuales y de tramitación anticipada, imputables al Capítulo 2.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la licitación del servicio de prevención ajeno para la realización de actividades de la especialidad de medicina del trabajo.
• ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la adquisición de dos buques de acción marítima.
• ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para atender las ayudas recogidas en el Real Decreto 447/23, de 13 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años, por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

• REAL DECRETO por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del VOR, DME y centro de emisores y receptores de Monte de la Reina (Málaga), VOR y DME de Campillos, y enlaces hertzianos entre el VOR de Monte de la Reina (Málaga) y la torre de control del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y se establecen las correspondientes al enlace hertziano entre el VOR de Monte de la Reina (Málaga) y el VOR de Campillos (Málaga).
• REAL DECRETO por el que se aprueban las servidumbres aeronáuticas acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción del aeropuerto de Fuerteventura.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector SO-01. Soria. Valor estimado del contrato: 30.091.138,56 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector TO-01. Toledo. Valor estimado del contrato: 35.712.125,87 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector ZA-03. Zamora. Valor estimado del contrato: 21.862.088,82 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector O-04. Oviedo. Valor estimado del contrato: 26.592.789,05 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector SE-02. Sevilla. Valor estimado del contrato: 20.806.000,95 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector BA-01. Badajoz. Valor estimado del contrato: 16.062.469,86 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras en el sector CR-03. Ciudad Real. Valor estimado del contrato: 19.612.013,84 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector M-05. Madrid. Valor estimado del contrato: 42.266.757,78 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras y obras menores relacionadas con esos servicios en el sector S-01. Santander. Valor estimado del contrato: 29.473.839,39 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras en el sector AL-02. Almería. Valor estimado del contrato: 28.049.037,49 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la conservación y explotación de las carreteras en el sector CU-03. Cuenca. Valor estimado del contrato: 22.383.918,26 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de la Adenda 4 al Convenio de gestión directa entre la Administración General del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., S.A., para la promoción y construcción de determinadas infraestructuras de carreteras de titularidad estatal.

Educación y Formación Profesional

• REAL DECRETO por el que se establecen, actualizan y suprimen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas; Agraria; Hostelería y Turismo; Imagen Personal; Instalación y Mantenimiento; y Seguridad y Medio Ambiente, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• REAL DECRETO por el que se actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Comercio y Marketing; Fabricación Mecánica; Hostelería y Turismo; e Imagen Personal, y se modifican parcialmente dos cualificaciones profesionales de las familias profesionales Imagen Personal, y Fabricación Mecánica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• REAL DECRETO por el que se actualizan y se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Informática y Comunicaciones; Seguridad y Medio Ambiente; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• REAL DECRETO por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Actividades Físicas y Deportivas; Agraria; Artes y Artesanía; Comercio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Energía y Agua; Fabricación Mecánica; Hostelería y Turismo; Informática y Comunicaciones; Instalación y Mantenimiento; Química; Seguridad y Medioambiente; y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se suprimen determinadas cualificaciones profesionales establecidas por determinados reales decretos.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

• REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
• ACUERDO por el que se aprueba la declaración institucional con motivo del 28 de junio, Día Nacional del Orgullo LGTBI.
• ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes.
• ACUERDO por el que se aprueba el Informe de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado correspondiente al año 2022 y se dispone su remisión a las Cortes Generales.
• ACUERDO por el que se aprueban diversas campañas de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado para su inclusión en el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional 2024.

Cultura y Deporte

• Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C19, I3). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito de la cultura, en el marco del componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• ACUERDO por el que se autoriza al Consejo Superior de Deportes, O.A., la convocatoria correspondiente al año 2023 de ayudas para la protección social de las personas deportistas de alto nivel y el apoyo a las personas deportistas que participen en competiciones internacionales representando a España, por un importe de 19.000.000 de euros.

Ciencia e Innovación

• ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria del año 2023 del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D en líneas estratégicas en colaboración entre organismos de investigación y difusión de conocimientos, en el marco de la iniciativa TransMisiones 2023, en el ámbito del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, por importe de 70.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E., la convocatoria, correspondiente al año 2023, de ayudas destinadas a proyectos de I+D Misiones Ciencia e Innovación, en el marco de la iniciativa TransMisiones 2023, en el ámbito del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, por un importe total máximo de 70.000.000 de euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación el pago de la contribución voluntaria al Consorcio Europeo para la Perforación Científica Oceánica en el Programa Internacional para el Descubrimiento del Océano, correspondiente al ejercicio 2020, por un importe de 150.000 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el pago de la contribución voluntaria al Consejo Internacional de Museos, correspondiente al ejercicio 2023, por importe de 835 euros.
• ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Ciencia e Innovación el pago de la contribución voluntaria española para la participación en el Foro Mundial de la Ciencia (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE), correspondiente al ejercicio 2023, por importe de 19.450,62 euros.
  

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL FONDO PANDEMIAS

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza una contribución voluntaria de España al Fondo Pandemias por un importe de 15.000.000 de euros.

El Fondo Pandemias busca proporcionar fondos específicos y adicionales para fortalecer las capacidades de Prevención, Preparación y Respuesta ante las pandemias de los países de bajos y medianos ingresos por medio de inversiones y asistencia técnica a todos los niveles: nacional, regional y global. Para ello, cuenta con la experiencia y capacidad de las instituciones involucradas, especialmente el Banco Mundial y la OMS.

Mediante este acuerdo se traslada al Banco Mundial la intención de España de realizar una aportación al Fondo Pandemias en los siguientes términos: una primera contribución de 5 millones de euros en 2023, importe ya autorizado por acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de marzo de 2023; una segunda contribución de 5 millones de euros autorizada por el presente acuerdo, también para 2023, y una tercera y una cuarta contribuciones, por un importe de 5 millones de euros cada una, que se desembolsarán en 2024 y 2025, sujetas a disponibilidad presupuestaria.

Constituido el fondo el pasado mes de septiembre de 2022, el Reglamento de Gobernanza del Fondo Banco Mundial requiere un compromiso de 10 millones de dólares para poder participar formar parte de su directorio. El acuerdo incrementa por tanto la aportación de España al Fondo de Pandemias con el objetivo de asegurar la presencia y participación activa de nuestro país en su gobernanza.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza el pago de hasta 300.000 dólares estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo, con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo, por la preparación y supervisión del "Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo", cofinanciado con el crédito de hasta 20.000.000 de dólares estadounidenses concedido por dicho Fondo a la República Dominicana.

El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se regula por la Ley 36/2010, de 22 octubre, y por el Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.

Las operaciones propuestas por estos acuerdos se enmarcan en lo establecido en el artículo 54 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (LPGE), y en los artículos 2.3.e) y 2.4 de la citada Ley 36/2010.

1.- En el primero de estos acuerdos, se propone la concesión de un crédito por importe de hasta 20 millones de dólares estadounidenses a la República Dominicana, para la cofinanciación del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo", junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con las siguientes condiciones:

• Tipo de operación: crédito a Estado, contemplado entre las operaciones financiables del artículo 2.3.e) de la Ley 36/2010, de 22 de octubre.
• Importe del crédito: 20.000.000 de dólares estadounidenses.
• Garantía: soberana.
• Plazo de amortización: 25 años.
• Periodo de carencia: 5,5 años (incluido en los 25).
• Tipo de amortización: cuotas iguales semestrales.
• Pago de intereses: semestral.

El objetivo general del programa es contribuir a la mejora de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la República Dominicana, con especial enfoque en el Gran Santo Domingo. Las actuaciones se concretan en:

• mitigar los impactos negativos ambientales y sociales de los nueve vertederos a cielo abierto en la zona de influencia del Programa,
• cierre del vertedero de la Duquesa, que afecta especialmente a los barrios de Los Casabes y Duquesa.

El impacto del programa espera beneficiar aproximadamente a 3,7 millones de personas en el área del Gran Santo Domingo principalmente, con acceso a una mejor gestión integral de residuos sólidos urbanos incluyendo a: población vulnerable y recicladores migrantes con un enfoque de resiliencia ambiental y climática.

Según el V Plan Director de la Cooperación Española, la República Dominicana es un país de Asociación de Renta Media; además se encuentra en una de las áreas con mayor exposición del Fondo, América Latina y el Caribe (ALC), región estratégicamente crítica para el V Plan Director y principal receptor de la Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral emitida por España.

Esta operación estaría alineada con los objetivos de la Cooperación Española, contribuyendo directamente a la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), ODS 6: Agua limpia y saneamiento, mediante la mejora de la calidad de agua por el tratamiento de lixiviados, el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura, mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras y el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, reduciendo los residuos en el área circundante al vertedero.

El programa será cofinanciado por el BID, que aportará 44,2 millones de dólares estadounidenses, y por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que aportará 45 millones de dólares USA, a los que se sumará el crédito de FONPRODE de 20 millones de dólares USA.

2.- En el segundo de estos acuerdos, se autoriza el pago de hasta 300.000 dólares estadounidenses al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con cargo al FONPRODE, por la preparación y supervisión del "Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo", cofinanciado con el crédito de hasta 20.000.000 de dólares estadounidenses concedido por dicho Fondo a la República Dominicana.

De conformidad con el "Acuerdo Marco de Financiamiento Conjunto" para la cofinanciación de operaciones con garantía soberana que España y el BID firmaron en 2017, el FONPRODE abonará al BID hasta un máximo de 300.000 dólares estadounidenses por la preparación y la supervisión del Programa de Gestión Integral y Sostenible de Residuos Sólidos en el Gran Santo Domingo" de la República Dominicana.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

SUSTITUCIÓN DE ENFRIADORAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN PARÍS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para sustituir una de las dos enfriadoras del sistema de climatización de la Embajada de España en París, por un importe de 297.660,53 Euros. (IVA incluido).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se da cuenta al Consejo de Ministros del acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras para sustituir una de las dos enfriadoras del sistema de climatización de la Cancillería de la Embajada de España en París.

Las enfriadoras están fuera de servicio por avería general de los equipos y su reparación se contempla como una opción prácticamente inviable, no solo por la no disponibilidad de repuestos, sino también por la prohibición de la utilización del gas R-22, por ser considerado dañino para la capa de ozono.

La aplicación del procedimiento de emergencia se justifica por la avería general del sistema de climatización y por la urgencia de realizar la reparación a la mayor brevedad posible antes de la llegada del verano.

Defensa

ZONA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL

El Consejo de Ministros ha declarado zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad estatal denominada "Estación Naval de Puntales", ubicada en el término municipal de Cádiz, en la provincia de Cádiz". En esta zona se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

La propiedad comprende una superficie de 47,97234 hectáreas, comprendiendo tanto los límites de la propiedad dentro de las coordenadas que se detallan en el anexo a este real decreto, como el espacio aéreo situado sobre la misma.

La declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye las limitaciones y condicionantes que se han considerado oportunos al objeto de que la propiedad sirva mejor a la finalidad de su utilización por unidades militares y preservarla frente a perturbaciones externas. Entre dichas limitaciones y condicionantes se encuentra, entre otras, la de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la extensión de terreno de que se trata.

La zona de interés para la Defensa Nacional que se declara queda bajo la responsabilidad de la Armada.

Defensa

SISTEMA INTEGRADO DE ENTRENAMIENTO (ITS) DEL EJÉRCITO DEL AIRE

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del acuerdo marco cuyo objeto es el sostenimiento inicial global del sistema integrado de entrenamiento (ITS) del Ejército del Aire y del Espacio.

Esta modificación deriva de la necesidad de dar de baja antes de lo previsto la flota de aviones de formación E-26 "Tamiz", por la falta de repuestos en el mercado. En consecuencia es preciso incrementar las horas de vuelo de entrenamiento de las aeronaves Pilatus PC-21 (E-27) sobre las inicialmente planeadas, lo que conlleva un mayor gasto en el sostenimiento del sistema ITS.

El importe de la modificación del acuerdo marco es de 6.927.076,50 euros.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A LA FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE PARA EL SUMINISTRO DE COSPELES

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Entidad Pública Empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) la contratación, mediante acuerdo marco, del suministro de cospeles (discos de metal sobre los que se acuña una moneda) para la acuñación de monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro, con un importe estimado de 40 millones de euros.

Este acuerdo marco es similar al aprobado el pasado mes de mayo en Consejo de Ministros relativo a la acuñación de monedas de un euro.

En ese sentido, la acuñación de monedas de valor facial de 10, 20 y 50 céntimos, como ha pasado con las monedas de un euro, ha aumentado notablemente en los dos últimos ejercicios.

De esta forma, se ha aumentado la fabricación por parte de la FNMT-RCM en los últimos años. Las expectativas de demanda prevén que este aumento continúe, según previsiones de la Secretaría General del Tesoro y los estudios del Banco Central Europeo.

El efectivo sigue siendo el método de pago principal para muchos consumidores en España y en el mundo, como apuntan una serie de estudios como una encuesta del Banco Central Europeo, un estudio del Banco de España o las encuestas elaboradas para la Plataforma Denaria.

El Banco de España ha publicado las conclusiones de su estudio sobre el uso de efectivo en 2022, de donde se desprende que el dinero en efectivo es el medio de pago que la ciudadanía usa con mayor frecuencia, seguido por la tarjeta y los dispositivos móviles (teléfono y reloj).

Estas conclusiones y las proyecciones de continua mejora económica y de aumento de la actividad turística hacen necesario asegurar las materias primas básicas para la acuñación de monedas de 10, 20 y 50 céntimos.

Con el acuerdo marco autorizado por el Consejo de Ministros se garantizará la producción por parte de la FNMT de monedas por las citadas cantidades para nuestro país, adelantándonos a las previsiones de demanda, asegurando el suministro con una pluralidad de adjudicatarias, favoreciendo una mayor estabilidad de precios y agilizando los procesos legales de contratación.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA EL ACCESO A LAS SALAS DE CINE DE LOS MAYORES DE 65 AÑOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para atender las ayudas recogidas en el Real Decreto 447/23, de 13 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años.

Esas ayudas son gestionadas y desarrolladas por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

El Real Decreto 447/2023, de 13 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para fomentar el acceso al cine de las personas de 65 o más años, estableció el otorgamiento de una subvención de concesión directa a las salas de exhibición cinematográfica de toda España para sufragar parte del precio de las entradas que sean adquiridas por las personas de 65 o más años.

De esta manera, pueden acceder al visionado de cualquiera de las películas programadas en las sesiones ordinarias de la sala beneficiaria por el precio de 2 euros, un día a la semana, a establecer por la sala de exhibición, durante el periodo comprendido desde la publicación de la resolución de concesión hasta, como máximo, el 31 de diciembre de 2023.

En el presupuesto inicial del ICAA para 2023 no existe crédito inicial destinado a tal fin. No obstante, se ha aprobado un expediente de modificación presupuestaria por el que se dota la señalada aplicación por importe de 10 millones de euros.

Una vez concedida la subvención, el pago se realizará con carácter bimestral, sin que sea necesaria la constitución de garantía, previa justificación de la realización de la actividad subvencionable por las beneficiarias en los términos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 447/2023.

Los fondos se abonarán a las beneficiarias por la entidad colaboradora previa presentación de la mencionada justificación de la realización de la actividad subvencionable, que se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

• a) Antes del 30 de septiembre de 2023, por la cantidad correspondiente a las entradas vendidas entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2023. El importe total previsto será por 3.333.000 euros.
• b) Antes día 30 de noviembre de 2023, por la cantidad correspondiente a las entradas vendidas entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2023. El importe total previsto será por 3.333.000 euros.
• c) Antes del 31 de enero de 2024, por la cantidad correspondiente a las entradas vendidas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023. El importe total previsto será por 3.334.000 euros.
  

En consecuencia, para permitir el pago correspondiente a 2024, es necesario autorizar al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, O.A., a adquirir compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 'Ayudas a salas de cine: mayores de 65 años', con cargo a los presupuestos del ejercicio 2024 por importe de 3.334.000 euros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS BUQUES DE ACCIÓN MARÍTIMA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la adquisición de dos Buques de Acción Marítima (BAM III).

La antigüedad de los patrulleros de la clase 'Infanta Elena' haría necesaria una elevada inversión para mantenerlos en servicio; además, con esa inversión no se podrían recuperar sus capacidades por la obsolescencia de la plataforma y de los sistemas de a bordo.

Por ello ha sido necesario adelantar la baja del buque 'Infanta Elena' al primer trimestre de 2023 y la del 'Infanta Cristina' al segundo semestre de 2023.

Para resolver esta situación y recuperar el número de doce patrulleros de altura requeridos por la Armada, es necesaria la adquisición de dos Buques de Acción Marítima (BAM III). El presupuesto total del programa, desglosado por anualidades, es el siguiente:

Por ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, el Consejo de Ministros ha autorizado este acuerdo.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de once contratos de conservación y explotación en carreteras del Estado en Asturias, Cantabria, Madrid y las provincias de Soria, Zamora, Sevilla, Almería, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Badajoz, que incluyen novedades en los pliegos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

El valor estimado global de estos contratos alcanza los 292,87 millones de euros (IVA no incluido) e incluyen un total de 2.017 kilómetros de carreteras, de los que 693 son de autovía.

Novedades en los pliegos

Así, dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha incluido objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera. Asimismo, se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono. Este plan también se incluirá dentro de los criterios de valoración.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Once contratos aprobados

Los once contratos de conservación y explotación de carreteras del Estado aprobados tienen una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años más una prórroga adicional de 9 meses. Se incluyen a su vez en el programa de conservación y explotación de carreteras de MITMA, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

Las actuaciones a realizar consisten en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinados contratos específicos de rehabilitación y mejora de firmes y señalización y obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en determinadas carreteras.

Los contratos se ejecutarán en:

1. Castilla-La Mancha, donde se invertirán más de 77 millones de euros en el mantenimiento y explotación de 803 km, de los que 197 son de autovía, en las provincias de:

• Toledo: Con un contrato de 35,71 millones para 260,4 km de vías (110,9 km de autovía), en varios tramos de las carreteras A-4, A-40, N-301, TO-23, N-400, N-4A y enlaces entre la A-40 y la A-3.
• Ciudad Real: Con un contrato de 19,61 millones para 212 km de carreteras, en varios tramos de la N-401, N-430, N-430a, N-430c, N-502 y N-502a.
• Cuenca: Con un contrato de 22,4 millones para 330,5 km de vías (86,43 km de autovías), en varios tramos de las carreteras A-40, N-320, N-400, N-400A, N-420 y N-420A.

2. Castilla y León, con cerca de 52 millones de inversión en 401 km de carreteras, de los que 41,8 son de autovía, en las provincias de:

• Soria: Con un contrato de 30, 1 millones para 184,78 km de vías (9,3 km de autovía), en varios tramos de las carreteras A-15, SO-20, N-111, N-111A, N-113, N-122 y N-234.
• Zamora: con 21,86 millones de inversión en 216,5 km de carreteras, de los que 32,52 son de autovía, en varios tramos de la A-66, N-631, N-610, N-6, N-6I, N-630 y N-630A.

3. Andalucía, con cerca de 49 millones de inversión en 298,8 km de carreteras, de los que 188,2 son de autovía, en las provincias de:

• Sevilla: con 20,8 millones de inversión en 116,8 km de carreteras, de los que 90 km son de autovía, en varios tramos de la A-4 y en vías de servicio de esta misma autovía y N-4A.
• Almería: con 28 millones de inversión en 182 km de carreteras, de los que 98,2 km son de autovía, en varios tramos de la A-7, la N-340A y la N-341.

4. Provincia de Badajoz, con un contrato de algo más de 16 millones de euros para 188 km de vías, en varios tramos de las carreteras N-430, N-502 y N-430A.

5. Asturias, con un contrato de 26,59 millones para 178,29 km de vías (85,9 km de autovía), en varios tramos de las carreteras A-8, N-632, N-632A, N-634, N-640 y N-640A.

6. Madrid, con un contrato de 42,26 millones de euros para 71,79 km de autovías, en varios tramos de la A-42 y A-5.

7. Cantabria, con un contrato de 29,47 millones para 147,67 km de vías (108,22 km de autovía), en varios tramos de las carreteras A-8, N-629, N-629A y N-634.

Características del modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

El pasado año se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

En cuanto a los criterios relativos a la mitigación y compensación de la huella de carbono introducidos ahora en los pliegos, el objetivo es que las empresas adjudicatarias alcancen el balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato. La compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, o bien mediante otras opciones.

Educación y Formación Profesional

NUEVAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 30 nuevas cualificaciones vinculadas a diversas familias profesionales como Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica o Transporte y Mantenimiento de vehículos, entre otras. Además, el Gobierno ha dado luz verde a la actualización de otras 28 y ha suprimido seis. Todas ellas están vinculadas a sectores productivos identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional.

La renovación del Catálogo Nacional de las Cualificaciones responde a la apuesta del Ejecutivo por ofrecer a la ciudadanía una oferta formativa de Formación Profesional moderna y conectada con el empleo.

Para llevar a cabo este proceso de modernización, se ha contado con la colaboración de empresas referentes en cada sector productivo y atiende a las técnicas más punteras del mercado utilizadas en el desarrollo de la actividad laboral que recogen.

El CNCP es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que facilita el carácter integrado y la adecuación entre la FP y el mercado laboral. Está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo, que son la base para la elaboración de la oferta formativa de Formación Profesional.

En los últimos cinco años se han creado 149 nuevas cualificaciones, hasta alcanzar un total de 775 en el catálogo. Además, el MEFP ha diseñado 32 nuevos títulos, cursos de especialización y certificados profesionales.

También se han puesto en marcha las microformaciones, de menor duración, acreditables y acumulables del sistema de Formación Profesional. Existen ya en torno a 300 cursos de este tipo. Una vez terminado, el catálogo pondrá a disposición de los ciudadanos y ciudadanas cerca de 9.000 cursos de este tipo.

Igualmente, se ha financiado la creación de más de 250.000 nuevas plazas de Formación Profesional, con la previsión de llegar a 330.000 nuevas plazas.

Nuevas cualificaciones profesionales

1. Atención a viajeros en transporte ferroviario
2. Micropigmentación
3. Tatuaje y perforación corporal (piercing)
4. Montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios
5. Servicios para el control de organismos nocivos (aves)
6. Iniciación deportiva al bádminton
7. Instrucción en el método pilates
8. Producción de insectos convencional y/o ecológica
9. Tasación de alhajas y gemas
10. Servicios de consignación de buques
11. Operaciones de montaje y mantenimiento de vías en infraestructuras ferroviarias
12. Operaciones con maquinaria para cimentaciones especiales y perforación en construcción
13. Desarrollo de equipos y sistemas electrónicos
14. Implantación y mantenimiento de sistemas domóticos, inmóticos y de control de accesos, presencia y videovigilancia
15. Desarrollo de proyectos y gestión de sistemas de robótica colaborativa
16. Operación y mantenimiento de centrales eléctricas
17. Gestión de la operación en centrales solares termoeléctricas
18. Montaje y mantenimiento de instalaciones eólicas
19. Fabricación de centrales y mazos eléctricos aeronáuticos
20. Corte y cata de jamón y paleta curados
21. Programación de la interacción en entornos 2D y 3D: realidad virtual, aumentada y videojuegos
22. Administración de recursos y servicios en la nube
23. Operaciones auxiliares con tecnologías digitales
24. Despliegue de productos software en contenedores
25. Operaciones con tecnologías habilitadoras digitales
26. Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas
27. Supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas
28. Pirotecnia
29. Instrucción en defensa personal
30. Mantenimiento de ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuadriciclos
    

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REAL DECRETO-LEY DE APOYO AL IMPACTO DE LA GUERRA Y OTRAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Este séptimo paquete de medidas anticrisis moviliza 3.800 millones de euros adicionales. Entre bajadas de impuestos, ayudas directas y bonificaciones, el monto global alcanza los 8.900 millones de euros en la segunda parte del año. En total, se están movilizando más de 47.000 millones de euros en respuesta al impacto de la guerra.

Medidas contra la inflación de los alimentos

Para mitigar el incremento de los precios, se mantienen las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad (pan, huevos, frutas y verduras) y del 10% al 5% en otros productos básicos, como la pasta y los aceites. Estas rebajas tributarias permanecerán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. Si cae por debajo de esa tasa en el mes de septiembre, cuyo dato se conocerá en el mes de octubre, se recuperaría el tipo impositivo habitual de IVA en los alimentos antes referidos en los dos últimos meses previstos para la aplicación de la medida. Es decir, desde el 1 de noviembre.

Apoyo a la industria electrointensiva

Los precios del gas se han moderado con relación a los niveles alcanzados hace un año, pero aún están por encima de su media histórica, contagiando a los precios de la electricidad y afectando especialmente a la actividad de la industria electrointensiva. Además, la incertidumbre internacional se mantiene, limitando la visibilidad de las empresas sobre su actividad durante los meses venideros.

Por esta razón, el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician este tipo de empresas desde el 1 de enero de 2022. La medida se acompaña de una disposición por la que se habilita al traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022, lo que permitirá su financiación sin que conlleve coste presupuestario ni incremente la factura de los consumidores.

Nuevo plazo en la tramitación de plantas renovables

La confianza de los inversores y los excelentes recursos naturales españoles han propiciado que haya un gran volumen de proyectos de renovables en tramitación, en línea con las directrices europeas para reducir cuanto antes las importaciones energéticas desde Rusia y reforzar la autonomía estratégica de los 27, pero siempre garantizando un elevado nivel de protección del medio ambiente.

En la actualidad, en todo el territorio nacional hay proyectos renovables que suman 43 GW de potencia -el 80% fotovoltaica y el 20% eólica- que deben obtener la autorización de construcción antes del próximo 25 de julio o decaer y volver a iniciar toda la tramitación administrativa tras obtener nuevamente los permisos de acceso y conexión a la red, de acuerdo con el calendario de hitos establecido por el RDL 23/20.

Al aplicar el régimen de protección ambiental español, entre los más restrictivos de la UE, muchos de estos proyectos han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en la necesidad de acometer nuevas consultas públicas. Además, la elevada concentración de proyectos en poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica.

Por consiguiente, se extiende seis meses el plazo para que esos proyectos obtengan la autorización de construcción, facilitando la participación pública en su nueva configuración y aumentando las opciones de contratación con la cadena de valor industrial española y europea. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde.

Mejora retributiva para la cogeneración

La retribución específica percibida por determinadas instalaciones de renovables, cogeneración y residuos se revisa periódicamente para otorgarles rentabilidad durante toda su vida útil regulatoria. Atendiendo a la volatilidad en los precios energéticos provocada por el conflicto en Ucrania y a la introducción de medidas extraordinarias para paliarla, como la solución ibérica, la CNMC propuso una adaptación excepcional de la metodología para calcular dichos parámetros de las tecnologías cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio de los combustibles, como las plantas de cogeneración.

En respuesta a la consideración de la CNMC, incluida en su informe sobre la propuesta de Orden ministerial de actualización de los parámetros retributivos de estas instalaciones para el período 2023-2025, el Real Decreto-ley que hoy aprueba el Ejecutivo modifica las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, introduciendo unos valores más acordes a la situación actual de los mercados que reflejan de una manera más fiel los ingresos y costes de estas instalaciones.

Esta medida también dará visibilidad al sector de la cogeneración y tratamiento de residuos en relación con los ingresos que percibirán en el segundo semestre del año, lo que les permitirá tomar las decisiones de operación a partir del 1 de julio reduciendo la incertidumbre sobre sus ingresos y costes.

La modificación será, en general, positiva para las instalaciones, pero la norma también prevé que la Orden ministerial que establezca los parámetros retributivos concretos para cada instalación introducirá mecanismos para no reducir su retribución. Esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de las instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre de 2023.

Precio del butano y facilidades para la recarga eléctrica

Habida cuenta de que las cotizaciones internacionales de los Gases Licuados de Petróleo tienen un carácter estacional muy acentuado, encareciéndose en los meses de invierno, se prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente; en la actualidad, gracias a la relajación de las cotizaciones internaciones, está situado en 15,96 euros.

Igualmente, la norma impulsa la movilidad sostenible, al facilitar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, muy relevantes en las vías principales, porque permiten recargar rápidamente los automóviles y contrarrestar la denominada "ansiedad de autonomía" de los conductores. Concretamente, declara de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 MW, eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia. Se trata de una medida de simplificación administrativa que fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE).

Mejora del derecho a la conciliación

Cabe resaltar que la norma incluye la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

En este sentido, el texto recoge un nuevo permiso parental para el cuidado de hijo o menor acogido por tiempo superior a un año, que podrá disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años. Este permiso, de duración no superior a 8 semanas, continuas o discontinuas, es intransferible y podrá disfrutarse de manera flexible.

Se amplía el derecho a la adaptación de la jornada de las personas con dependientes a cargo para aquellas personas que acrediten deberes de cuidado respecto de los hijos mayores de 12 años, el cónyuge o pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador, así como de otras personas dependientes cuando, estas últimas, convivan en el mismo domicilio, y que no puedan valerse por sí mismas.

En caso de negativa de la empresa, deberá justificar esta oposición o, en su caso, una eventual solución alternativa.

Además, se establece el permiso para ausentarse del puesto de trabajo con derecho a remuneración. Se contemplan:

• 5 días (frente a los 2 de la regulación vigente) por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario. Podrán beneficiarse de este permiso las personas que convivan con el trabajador o trabajadora que requiere el cuidado en el mismo domicilio y también las parejas de hecho en el ámbito del permiso, así como a familiares consanguíneos de la pareja de hecho.
• 4 días retribuidos para el nuevo derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes e imprevisibles, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata. En el caso de permiso por fallecimiento del cónyuge (2 días), se tienen en cuenta las parejas de hecho.
• Reducción de jornada: este derecho llega a quienes precisen encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad del cónyuge o pareja de hecho, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, siempre que no existieran familiares por consanguineidad directa hasta el segundo grado.
• Se amplía el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de hijos o personas a cargo con discapacidad que sean menores de 26 años y que tengan cáncer u otra enfermedad grave, cuando el grado de discapacidad supere el 65%, siempre que esta condición se acredite antes de cumplir los 23 años.
• 15 días naturales en caso de registro de pareja de hecho.

El trato desfavorable dispensado a mujeres u hombres por el ejercicio de sus derechos de conciliación o corresponsabilidad de la vida familiar y laboral será constitutivo de discriminación por razón de sexo.

En el caso de las familias monoparentales, el progenitor único podrá disfrutar de las ampliaciones completas de suspensión del contrato para el caso de familias con dos personas progenitoras en el supuesto de discapacidad del hijo o hija o en nacimientos múltiples.

El nuevo texto también establece garantías para que las personas trabajadoras no puedan sufrir perjuicios como consecuencia del ejercicio de estos nuevos derechos de conciliación.

Prórroga a la prohibición del despido

Asimismo, el Real Decreto-ley prorroga las medidas laborales vinculadas con el disfrute de ayudas públicas. De esta manera, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.

Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

Los ERTE de La Palma

En el ámbito laboral, se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 las medidas de apoyo para la reparación de los daños y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

Avales para la compra de primera vivienda

El real decreto-ley incluye la aprobación de una línea de avales del 20% dirigida a jóvenes y a familias con menores a su cargo para la cobertura parcial por parte del Estado de los préstamos hipotecarios, por un importe máximo de hasta 2.500 millones de euros.

Así, el Gobierno ha establecido el marco legal necesario para facultar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a fijar las condiciones y crear la línea para facilitar el acceso a la financiación para la compra de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. El objetivo es posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.

Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley aprobado, se establecerán las condiciones aplicables, los criterios y los requisitos de la línea de avales, que deberán ser aprobados en Consejo de Ministros como paso previo a la firma del convenio entre MITMA e ICO, para su plena implementación y gestión. Las entidades financieras que operan en las Líneas de Mediación del ICO se podrán adherir a dicha línea y los potenciales beneficiarios podrán solicitar el aval a través de éstas.

Los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.

La medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

El préstamo avalable con la Línea podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda. El coste del aval otorgado por MITMA será asumido por la entidad de crédito. En este punto, se abre la puerta a establecer un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podría fijarse en función del ámbito territorial.

El Ministerio compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, MITMA podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.

El plazo del aval otorgado por MITMA será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de un periodo de carencia

El periodo para formalizar las hipotecas que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.

Prórroga de la suspensión de los desahucios

El Gobierno ha extendido hasta final de año la suspensión de los desahucios para reforzar el derecho a la vivienda y proteger a los hogares vulnerables en el marco de la extensión de la vigencia del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado ampliar hasta el 31 de diciembre de 2023 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias vulnerables.

Esta medida tiene un carácter urgente y es necesaria para responder a la situación de los hogares vulnerables en un contexto marcado por las consecuencias derivadas de la invasión de Ucrania. Entre otras cuestiones, esta medida contempla:

• La ampliación hasta el 31 de diciembre de 2023 de las medidas de protección que se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, incluidos aquellos hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.
  En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes con objeto de que puedan valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar para dar respuesta a dicha situación. En estos casos, siempre se tendrán en cuenta los casos que ya se regularon en los que la suspensión nunca podrá dictarse y son:

1. Cuando la vivienda sea la residencia habitual o segunda residencia del propietario.
2. Cuando se haya producido en un inmueble de propiedad de una persona física o jurídica que lo tenga cedido por cualquier título válido en derecho a una persona física que tuviere en él su domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada.
3. Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas.
4. Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.
5. Cuando se trate de inmuebles destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante.
6. Que la entrada en el inmueble se haya producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020.
   En caso de que no se ofrezca una solución habitacional en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, los propietarios del inmueble tendrán derecho a solicitar una compensación siempre que se acredite el perjuicio económico ocasionado.

• Se extiende de nuevo el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
  Dicho plazo era de un mes desde la finalización de la vigencia de las medidas. Así, con la ampliación prevista para estas medidas, el nuevo plazo en el que se podrá presentar dicha solicitud queda fijado hasta el 31 de enero de 2024.

Ley de Vivienda

A la prórroga aprobada en el real decreto-ley, se suman a las medidas de carácter estructural que se están llevando a cabo en este ámbito, encaminadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna adecuada, como la aprobación y entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

En este sentido, cabe destacar que la nueva legislación establece un incremento máximo anual del 3% del alquiler en los contratos vigentes desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre e introduce un mandato al Instituto Nacional de Estadística (INE) para que defina antes del 31 de diciembre de 2024 un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda para evitar incrementos desproporcionados en la renta. Asimismo, la limitación del 2% de la actualización anual de la renta aprobada a finales de 2022 continúa vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

La Ley de Vivienda también recoge mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.

En este sentido, se asegura que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad, de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona física, y de 3 a 4 cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.

Así, aunque estas medidas ya están en vigor, la medida prorrogada hoy mantiene en suspenso los procedimientos de lanzamientos y desahucios.

Prórroga de los descuentos en el transporte público

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del paquete de ayudas directas para promover una rebaja de al menos el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano durante el segundo semestre de 2023. Así, el Gobierno ha decidido subvencionar durante seis meses más la rebaja del 30% del transporte a las comunidades autónomas y las entidades locales que se comprometan a implantar y complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de los servicios de transporte terrestre de su competencia para los viajeros habituales.

El Estado destinará un máximo de 380 millones de euros más para cubrir el coste de la reducción de un 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de forma que las administraciones autonómicas y locales deberán financiar, con cargo a sus propios presupuestos, la cuantía restante para compensar a las empresas y operadores de transporte terrestre. Es decir, deberán financiar una rebaja de al menos el 20% entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023.

En este sentido, la regulación recoge mecanismos de flexibilidad como la posibilidad de que, si la implantación efectiva se produce después del 1 de julio, pero antes del 1 de agosto, se pueda habilitar un procedimiento para devolver o compensar las cantidades correspondientes por la compra de títulos multiviaje, excluido el ida y vuelta, que no hubieran podido beneficiarse de la reducción.

La iniciativa, incluida en el real decreto-ley para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobado en Consejo de Ministros, se enmarca en las medidas encaminadas a aliviar el bolsillo de la ciudadanía ante el elevado precio de la energía y los combustibles, que afecta especialmente a la movilidad cotidiana, a la vez que se incentiva el uso del transporte público colectivo en la movilidad obligada, un modo más seguro, económico y sostenible que el coche particular.

El nuevo paquete de ayudas da así continuidad a las subvenciones directas aprobadas para el primer semestre del año, que se han traducido en la concesión de más de 325 millones a todas las comunidades y ciudades autónomas y a 138 entidades locales, salvo Canarias y Baleares que tienen un mecanismo particular de ayudas. En concreto, se han destinado ya unos 209 millones a CCAA y 117 millones a ciudades autónomas y entidades locales para cofinanciar las rebajas del 50% del transporte público a viajeros habituales.

Estas ayudas no se aplican en Canarias y Baleares, donde el transporte público terrestre colectivo es gratuito para los viajeros habituales en 2023.

Prórroga del descuento en gasóleo para el transporte profesional por carretera

El real decreto-ley incluye la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de la bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera. La medida ha sido recogida en el real decreto para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea,

La medida se articula en dos fases: la primera contempla la prórroga del descuento de 10 céntimos por litro de combustible consumido hasta el 30 de septiembre de 2023, y la segunda una bonificación de 5 céntimos de euros entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2023.

Para las flotas movidas por gas se prevé una compensación de 13 céntimos hasta septiembre y de 7 céntimos de euros durante el último trimestre del año, dadas las especiales circunstancias a las que se enfrenta el precio del gas en esta etapa.

El objetivo de las ayudas, promovidas por MITMA, es mitigar el impacto del incremento del precio de los carburantes provocado por la invasión rusa a Ucrania y contribuir a garantizar la sostenibilidad económica del transporte profesional de pasajeros y mercancías, un sector fundamental para la economía, que se ve especialmente impactado por su dependencia de estas fuentes de energía. No hay que olvidar que el precio del gasóleo ha alcanzado máximo históricos a raíz del conflicto.

Así, MITMA realizará un seguimiento continuo de la evolución de los precios del combustible y del impacto de las ayudas para verificar su efectividad e idoneidad.

La prórroga de esta medida confirma el compromiso del Gobierno con un sector esencial, con el que se trabaja estrechamente para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes en el mismo, mejorando su posición y competitividad, y unas condiciones laborales adecuadas y de protección social para los conductores, adoptando medidas estructurales y aprobando ayudas coyunturales.

El texto recoge dos mecanismos para calcular y abonar las ayudas de 10 y 5 céntimos de euros por litro a los transportistas en función de si tienen derecho o no a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos.

En el caso de las empresas que se benefician de la devolución del gasóleo profesional, la ayuda se abonará al finalizar cada mes de aplicación de la medida, junto a la devolución parcial del impuesto de hidrocarburos, y se calculará en función de los litros consumidos y pagados con las tarjetas de gasóleo profesional.

Por otro lado, se establece un sistema de ayudas directas para las empresas y trabajadores autónomos que no se benefician de la devolución del gasóleo profesional. Los beneficiarios deberán solicitar la ayuda a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, que, una vez aprobada, se abonará en un único pago.

La bonificación se calcula estimando el consumo, por tipo de vehículo, en un periodo de seis meses: del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Así, teniendo en cuenta las diferentes cuantías fijadas para cada trimestre, las ayudas por vehículo para todo el periodo son las siguientes:

Ayudas al transporte marítimo

El real decreto-ley aprobado prorroga por seis meses las ayudas a los servicios de transporte marítimo de pasaje o de pasaje y carga rodada en navegaciones de línea regular de cabotaje declaradas de interés público de competencia estatal y sobre aquellas líneas marítima interinsulares de régimen análogo de competencia autonómica establecidas por el artículo 33 del Real Decreto-ley 230/2022, de 27 de diciembre.

La cuantía de la ayuda será de 0,0687633 céntimos de euro por cada milla navegada por tonelada de arqueo bruto (GT) durante los tres primeros meses y de 0,03438165 céntimos de euro durante los tres meses siguientes.

El objetivo de esta ayuda no es otro que el permitir la continuidad en precio, cantidad, calidad y continuidad de los servicios marítimos de interés público, autonómicos o estatales, que para estos territorios tienen una consideración similar a la de los servicios de transporte público en territorio peninsular.

Avales a la flota de armadores

Asimismo, el Gobierno aprueba una línea de avales del Estado para financiar las operaciones de crédito destinadas a la renovación de la flota controlada por armadores españoles para mejorar su rendimiento medioambiental, comprendiendo la construcción de nuevos buques, la adquisición de buques con un límite de antigüedad de cinco años o la transformación de buques existentes cuya antigüedad no supere los quince años.

El objetivo que se pretende con la dotación de avales del Estado es el de incentivar la renovación de la flota mercante española con vistas al cumplimiento de las normas medioambientales, especialmente ante la aprobación de las distintas normas de la Unión Europea que integran el denominado paquete "Fit for 55".

Criterios para la convivencia entre el taxi y las VTC

El real decreto-ley introduce en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) nuevos criterios medioambientales y de gestión del transporte y el tráfico para el otorgamiento y explotación de las licencias VTC y, así, consolidar la convivencia con el taxi. En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del régimen de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC) de competencia estatal para contribuir a la protección del medio ambiente, la mejora de la calidad del aire y la adecuada gestión del transporte, el tráfico y el espacio público.

La nueva regulación está, así, alineada con el marco de la Unión Europea y, por lo tanto, centrada en la proporcionalidad, la competencia leal, la lucha contra las malas prácticas y la protección del interés general, aportando seguridad jurídica al mercado.

Los nuevos criterios se han aprobado en el marco del real decreto-ley por el que se adoptan nuevas medidas y se prorrogan otras ya aprobadas en 2022 para proteger a la ciudadanía y a las empresas de las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Este texto también incluye unas disposiciones transitorias que, entre otras cuestiones, señalan que en todos los procedimientos sobre autorizaciones VTC pendientes de otorgamiento a la entrada en vigor de este real decreto-ley se aplicarán los criterios de mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones de CO2, de la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público previstos con la modificación de la LOTT.

Si, por aplicación de estos criterios no se otorgara la autorización, se suspenderá el procedimiento, que podrá reanudarse en cualquier momento, previa solicitud del interesado que acredite el cumplimiento de dichos criterios, en el plazo de tres años desde la notificación inicial del incumplimiento.

Nuevos criterios para VTC estatales

La nueva regulación afecta únicamente a las autorizaciones de VTC estatales que habilitan para la realización de transporte interurbano con recorridos que deben iniciarse en la comunidad autónoma donde estén domiciliadas. Corresponde a las comunidades autónomas y entidades locales regular las autorizaciones para la realización del transporte urbano en vehículos de turismo.

La norma establece que la autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, se supera el valor límite anual de NO₂ o PM2,5 o el valor objetivo o valor objetivo a largo plazo del O₃, regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio de la autorización, de conformidad con el último informe publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer, para las autorizaciones que se domicilien en su territorio, otros criterios de mejora de la calidad del aire en el marco de lo previsto en el Derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

Asimismo, la autorización podrá ser denegada por aplicación de criterios objetivos relativos a la reducción de emisiones CO₂, gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, establecidos para su ámbito territorial por las comunidades autónomas competentes.

En relación con la gestión del tráfico, deberá utilizarse un criterio objetivo de congestión viaria que podrá estar basado en un indicador que refleje la diferencia entre la velocidad media en condiciones de flujo libre y la velocidad registrada en distintos momentos del día u otros criterios que se puedan establecer por la comunidad autónoma.

Por su parte, las entidades locales podrán establecer, en su caso, de conformidad con la legislación autonómica, la solicitud de una autorización adicional a la autonómica para realizar transporte urbano en su ámbito territorial, que deberá estar justificada por razones de interés público, y resultar proporcionadas garantizando, en todo caso, la sostenibilidad, calidad y seguridad de los servicios de interés público involucrados.

Otras medidas de transportes

Además, se incorporan medidas para garantizar el cumplimiento del requisito de disposición del vehículo y evitar malas prácticas, exigiendo que las VTC dispongan en todo momento de un vehículo matriculado en España adscrito a la autorización en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento a largo plazo de conformidad con lo dispuesto en la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor. En los supuestos de sustitución provisional del vehículo por avería se podrá utilizar un vehículo en arrendamiento ordinario.

Asimismo, la norma declara el carácter de servicio de interés público del transporte de viajeros en taxi, dada la naturaleza de la actividad, que ha de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio.

La norma respeta en todo momento el marco comunitario y los criterios establecidos en las resoluciones judiciales recaídas en diferentes instancias, que han perfilado los límites que condicionan la intervención de las administraciones en la ordenación del mercado de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor. En especial, la regulación cumple los principios de proporcionalidad y no discriminación en relación con el transporte en vehículos de turismo.

Deducción por compra de vehículo eléctrico

Este real-decreto-ley incluye una deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para la compra de un vehículo eléctrico nuevo. Esta desgravación que ahora entra en vigor se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. La medida será susceptible de ampliarse a diciembre de 2025 cuando se dé el visto bueno a la adenda del Plan de Recuperación que el Consejo de Ministros aprobó a principios de este mes.

Además del pago completo, se admiten otras opciones para acceder a la desgravación. Una de ellas es el abono al vendedor de una cantidad a cuenta para la adquisición del vehículo de al menos el 25%. En este caso, la deducción se llevará a cabo en el periodo en el que se abone esa cantidad de anticipo. La base máxima de la deducción será de 20.000 euros, cifra constituida por la adquisición, gastos y tributos inherentes a una compra de ese tipo.

Como complemento a estas ventajas para la compra del vehículo eléctrico, se fomenta con medidas similares la instalación de puntos de recarga para estos coches. Los particulares podrán acceder a una deducción del 15% en el IRPF si instalan esos puntos enchufables para recargar la batería en un inmueble de su propiedad. El requisito es hacerlo antes del 31 de diciembre de 2024 y que ese sistema no esté vinculado a una actividad económica.

Derecho al olvido oncológico

El real decreto-ley modifica el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias de 2015, y la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con la finalidad de hacer efectivo el "derecho al olvido oncológico", dando así cumplimiento a la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2022, sobre el refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y coordinada.

Así, se establece:

La nulidad de las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes por haber padecido cáncer.

La prohibición de hacer diferenciaciones en la contratación de un seguro a una persona por haber sufrido una patología oncológica, una vez transcurridos, en ambos casos, cinco años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior.

Además, para suscribir un seguro de vida tampoco habrá obligación de declarar si se ha padecido cáncer una vez cumplido el mencionado plazo, ni se podrán tomar en consideración dichos antecedentes oncológicos, a estos efectos.

Se habilita al Gobierno para modificar estos plazos en función de la evolución de la evidencia científica.

Modificaciones estructurales de sociedades mercantiles

La norma también transpone la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.

Esta transposición sitúa a España al nivel de los países de su entorno, insertando en el derecho español las previsiones necesarias para que contribuya a la mejor y más eficiente aplicación del corpus normativo que la UE viene diseñando en materia del derecho de sociedades.

Entre los objetivos del real decreto-ley está establecer un marco jurídico armonizado con los socios de la UE para mejorar la transparencia en este tipo de operaciones; consolidar los derechos de socios, acreedores y trabajadores de las empresas involucradas; y obliga a publicitar este tipo de procedimientos; así como a proteger y a dar seguridad a acreedores y trabajadores antes de que se inicie el procedimiento.

La nueva norma también facilita y simplifica el trabajo jurídico a la hora de analizar las operaciones de modificación estructural de sociedades mercantiles en operaciones internas europeas y extraeuropeas; fomenta el diálogo social; y contempla los intereses de todas las partes interesadas. También está alineada con la libertad de establecimiento para la sociedades y empresas; y constituye uno de los principios fundamentales del Derecho europeos recogido en los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Además, comprende tanto la creación como la administración de las sociedades en las condiciones fijadas por la legislación del correspondiente Estado miembro, así como su movilidad intraeuropea. Según contempla la nueva norma, esta movilidad dentro de la UE ha de ser promovida con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, en el marco creciente de internacionalización de los operadores económicos.

Para abordar la transposición, se ha integrado todo el régimen de modificaciones estructurales, internas y transfronterizas, en un marco normativo único, extendiendo el régimen de las operaciones intraeuropeas, en la medida de lo posible, a las operaciones internas para evitar asimetrías y diferencias, que en su caso pudieran favorecer un riesgo de búsqueda de una jurisdicción de conveniencia en un ámbito interno y transfronterizo.

Sector primario

Por último, se mantienen las ayudas extraordinarias y temporales para la compra de gasóleo agrario y pesquero hasta el próximo mes de diciembre y se amplían los potenciales beneficiarios de las medidas de acceso al crédito, así como su crédito mediante la línea ICO-MAPA-SAECA a cooperativas, entre otros.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

El Consejo de Ministros acordó en 2018 declarar el 28 de junio Día Nacional del Orgullo LGTBI.

Con este gesto de gran importancia simbólica se decidió que la conmemoración de la revuelta de Stonewall, que se produjo ese mismo día del año 1969, es una cuestión que nos concierne de manera fundamental como sociedad y como país. Porque esa revuelta neoyorkina es el hito que se referencia como el inicio de la lucha moderna por los derechos del colectivo LGTBI y el comienzo del fin de una historia de estigma, de opresión, de invisibilización y de violencias físicas, psicológicas e institucionales. Es el comienzo de un camino hacia unas sociedades más libres e igualitarias.

Con este motivo el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:

"El Gobierno de España renueva su compromiso con los principios de libertad, de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad de toda la ciudadanía, incluidas, como no puede ser menos, las personas LGTBI. Porque, como dijo el entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se aprobó la modificación del Código Civil que reconoció el derecho al matrimonio para toda la ciudadanía, una sociedad es más decente cuando no humilla a ninguno de sus miembros.

Este compromiso no lo es solo con el derecho a amar y con el derecho de cada persona a definirse como es, sino con la necesidad de dar todos los pasos necesarios para que esos derechos no figuren solo en las leyes, sino que sean efectivos en cada día, en cada minuto de la vida de todas las personas. Y esos derechos reales y efectivos implican la erradicación definitiva de cualquier discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género o características sexuales.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarias e intersexuales reciben hoy el apoyo del Gobierno de España, que comparte su orgullo por una diversidad que nos enriquece, que nos da fuerza y nos define.

Defendemos formalmente que el Orgullo LGTBI es el orgullo de toda España y al mismo tiempo manifestamos nuestro orgullo por ser una sociedad inclusiva, respetuosa y que valora las diferencias como una riqueza que no debe implicar, nunca más, una desigualdad de trato.

Mucho han avanzado numerosos países desde que un puñado de personas LGTBI decidieron decir basta a la opresión, el acoso y la vida en los armarios. A la cabeza de esos avances se sitúa nuestro país, que en unas pocas décadas ha recorrido un largo camino de igualdad y derechos. Pero ese orgullo de país no nos debe hacer olvidar que sigue quedando camino por recorrer, que las personas LGTBI siguen sufriendo intolerables niveles de violencia (física, psíquica, sexual,…), de delitos de odio, de acoso en los centros educativos, de discriminación en el acceso al empleo y en los puestos de trabajo, de invisibilidad y de falta de referentes en muchos espacios.

Por eso, la conmemoración de la revuelta de Stonewall nos sirve para celebrar la diversidad sexual, de género y familiar y también nos sirve para recordar que debemos vivir en una revuelta permanente contra la discriminación y la injusticia, contra la intolerancia y contra los privilegios de quienes quieren construir un mundo que excluye a quienes no encajen en su visión del mismo.

El Gobierno sigue comprometido con el desarrollo de estas políticas públicas que nos hacen una sociedad mejor, más justa y equitativa. En esta legislatura se ha aprobado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, o la Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, que iguala a todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar en el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Todos ellos instrumentos normativos que protegen los derechos de las personas LGTBI, y a los que cabe añadir el ambicioso II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2022-2024.

Además, ahora España cuenta con dos nuevas normas que establecen un sólido marco de igualdad y de mandatos tanto a las administraciones públicas como a la sociedad civil para acabar con cualquier tipo de discriminación, sea esta legal o de hecho.

Por un lado, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que establece un mínimo común normativo que contiene las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, alberga sus garantías básicas.

Por otro, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha marcado un nuevo hito para desarrollar y garantizar sus derechos, erradicando las situaciones de discriminación, para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad.

Por último, cabe recordar que la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos. En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI en diferentes foros multilaterales, como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, el LGBT Core Group de Naciones Unidas, la Coalición por la Igualdad de Derechos, el Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad, o la Red Europea de Puntos Focales LGTBI en el marco del Consejo de Europa. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGTBI se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países. Porque no es posible cejar en el empeño hasta que todas las personas LGTBI de cualquier país del mundo puedan gozar de plenos niveles de libertad y de igualdad.

Este 28 de junio, pues, el Gobierno de España, en cumplimiento de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que mandata a los poderes públicos a fomentar el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, se reafirma en la celebración del Orgullo LGTBI como una herramienta imprescindible de toda la sociedad para alcanzar la igualdad real y efectiva e invita a toda la ciudadanía a los actos que en cada rincón de España se van a organizar con motivo de esta celebración de la libertad y la diversidad que no excluye a nadie."

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

METODOLOGÍA BIM EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Incorporación de la metodología BIM en los contratos públicos de construcción, incluyendo explotación y conservación, de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes (sector público estatal).

El Plan, que ha sido elaborado por la Comisión Interministerial BIM -órgano presidido por el subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- producirá efectos desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El uso de BIM en la contratación pública persigue un objetivo doble: mejorar la eficiencia del gasto público y servir de palanca para la transformación digital del sector de la construcción. Este Plan instruye a los órganos de contratación sobre el uso de BIM en diversos contratos del sector público relacionados con la construcción.

Teniendo en cuenta el acceso de la PYME a la contratación pública, el Plan establece un calendario progresivo de uso de BIM por los órganos de contratación, comenzando en abril de 2024 por contratos de alto valor estimado y, en niveles de uso de BIM crecientes, cumpliendo con los requisitos de seguridad e interoperabilidad exigibles. El periodo de implantación debe concluir en 2030. Para facilitar su proceso de implantación coordinado y progresivo, se definen cinco niveles con la descripción de los requisitos para ir progresando de uno a otro.

El Plan BIM se alinea con la Estrategia Nacional de Contratación Pública y, al elaborarlo por la Comisión Interministerial, cuenta con el apoyo de un comité técnico de expertos en la implantación de esta metodología en el sector público y privado. Conforme a lo previsto en él, la Comisión Interministerial BIM tiene un papel facilitador del proceso para su implantación.

Desde 2017, se ha promovido la formación de profesionales en el sector privado, a través de subvenciones a los colegios profesionales, y, en 2022, se inició un programa formativo en BIM para empleados públicos, actualmente en ejecución.

Está previsto que la Comisión Interministerial BIM lleve a cabo acciones de comunicación, divulgación, elaboración de nuevo material guía y promoción de formación específica sobre BIM en los ámbitos público y privado.

Metodología BIM

BIM, (por sus siglas en inglés, Building Information Modeling) es una forma de trabajo colaborativa basada en la digitalización y en la colaboración entre agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura, que busca una mayor eficiencia económica y medioambiental en la inversión, lo que permite también la reducción de riesgos e incertidumbres y el incremento de la calidad.

Consiste en el uso de una representación digital compartida de un activo para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones.

Se puede acceder a la página de la Comisión Interministerial BIM a través del siguiente link: https://cibim.mitma.es

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

INFORME DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe de Publicidad y Comunicación Institucional 2022 en el que se detalla la inversión en publicidad institucional por la Administración General del Estado (AGE). El Informe será remitido a las Cortes Generales y se pondrá a disposición de las asociaciones del sector y de los ciudadanos en www.lamoncloa.gob.es de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional.

La Administración General del Estado invirtió 102.565.669 euros en publicidad institucional en el año 2022.

El Informe recoge información de cada una de las 134 campañas institucionales desarrolladas en 2022 por los ministerios, organismos y entidades integrantes del sector público estatal con especificación de costes, herramientas de comunicación utilizadas y adjudicatarios de los contratos.

Con respecto al total de campañas, destacan Transición Ecológica y el Reto Demográfico con 37 campañas, Sanidad con 16 campañas y los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Cultura y Deporte con 12 campañas cada uno.

Los objetivos principales de estas campañas han sido comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia en interés social (un 36,67% de la inversión total efectuada con 49 campañas), y anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza (un 22,87% de la inversión total realizada con 51 campañas).

El departamento con mayor peso inversor en publicidad institucional ha sido Asuntos Económicos y Transformación Digital con un 15,97% del total de inversión, seguido de Agricultura, Pesca y Alimentación con un 15,08%, Igualdad con un 14,56% y Sanidad con un 10,31%.

La campaña de mayor presupuesto ha sido "Difusión de servicios públicos y concienciación en Ciberseguridad" del Instituto de Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE). Esta campaña incluye la difusión en medios de la campaña "Programa Kit Digital" de Red.es, ambos organismos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La herramienta utilizada por un mayor número de campañas de publicidad institucional ha sido Internet y también ocupa el primer puesto respecto a la inversión efectuada con un 30,02%, seguida de Televisión con un 26,12%

El Informe además ofrece información sobre las 40 campañas comerciales realizadas en 2022, a pesar de que no entran dentro del ámbito de la Ley 29/2005. La inversión de estas campañas ha supuesto una inversión de 116,45 millones de euros.

Cultura y Deporte

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA CULTURA EN CAPACIDADES DIGITALES

El Consejo de Ministros ha acordado la aprobación del Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención de 5.519.225,00 euros a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para la formación en capacidades digitales a profesionales del ámbito de la cultura.

La finalidad del proyecto es la formación de, al menos, 2.000 personas en capacidades digitales, según lo establecido en el Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Los cursos irán destinados a los profesionales de la cultura, con especial incidencia en la reducción de la brecha género.

La universidad pública beneficiaria, con medio siglo de experiencia en formación, instrumentalizará el proyecto a través de su Programa Formativo Permanente. Para ello, ofrecerá una modalidad de educación a distancia semipresencial basada en las nuevas tecnologías, para la puesta en marcha del proyecto 'Competencias digitales para profesionales del mundo cultural y creativo'.

El programa ofrece dos titulaciones de experto profesional: 'Gestión digital de la producción cultural y creativa' y 'Creación digital de contenidos culturales y creativos'. De cada uno de los cursos, conducentes a la obtención de 15 créditos ECTS, se convocarán cuatro ediciones, con plazas para 500 alumnos en cada caso.

El objetivo CID 292 del PRTR tiene como meta final que 450.000 personas hayan participado en cursos de formación sobre competencias digitales con un mínimo de 15 ECTS en el año 2025. De ese número total, el Ministerio de Cultura y Deporte tiene asignada la formación de 53.730, por lo que la puesta en marcha de este proyecto contribuirá de forma significativa a la consecución de dicho objetivo.

Cultura y Deporte

PROTECCIÓN SOCIAL PARA DEPORTISTAS

El Consejo de Ministros ha acordado autorizar al Consejo Superior de Deportes (CSD) a convocar en el año 2023 las ayudas para la protección social de los y las deportistas de alto nivel y el apoyo a deportistas que participen en competiciones internacionales representando a España, por un importe de 19 millones de euros.

Del total del importe, 3 millones de euros irán destinados a sufragar las cotizaciones a la Seguridad Social que abonen en 2023 los deportistas de alto nivel (DAN) reconocidos por el CSD.

12 millones de euros son para becas a deportistas y sus entrenadores, de acuerdo con el programa de 'Becas CSD Team España', con el que el CSD asume las anteriormente conocidas como becas ADO. Además, el CSD distribuye 4 millones de euros en ayudas por los resultados deportivos obtenidos en el año 2022 en competiciones internacionales.

En ambos casos, las federaciones deportivas españolas serán las que canalicen esta inversión, procedente de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones masculinas de fútbol profesional.

Impulso histórico a la preparación olímpica y paralímpica

La aprobación de estas nuevas ayudas se suma a las de la semana pasada, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la convocatoria correspondiente al año 2023 de las ayudas destinadas a las Federaciones para los programas 'Team España', por un importe de 17 millones de euros. Se trata de programas destinados a intensificar la preparación deportiva olímpica y paralímpica de cara a París 2024, así como otras modalidades y especialidades deportivas estratégicas en la proyección de la imagen de España. En total, el CSD destinará 48 millones de euros durante el ciclo olímpico y paralímpico para los programas deportivos 'Team España'.

Asimismo, la semana pasada también se firmó el convenio de colaboración entre el CSD, el Comité Olímpico Español (COE) y RTVE para desarrollar el Programa ADO y revitalizar este plan de apoyo a la preparación olímpica basado en la colaboración público-privada. En 2023, el CSD asumirá las anteriormente conocidas como becas ADO a través de las 'Becas CSD Team España', por valor de 12 millones de euros.

A todo ello se suman importantes iniciativas impulsadas por el Gobierno durante esta legislatura, como la aprobación de un presupuesto plurianual para las Federaciones por valor de 187 millones de euros para 2022, 2023 y 2024, con el fin de garantizar su estabilidad económica y la continuidad de los programas deportivos a lo largo del ciclo olímpico y paralímpico. Y la modernización de instalaciones deportivas a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye la renovación de los Centros de Alto Rendimiento del CSD.

Ciencia e Innovación

AYUDAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN A PROYECTOS DE I+D

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) la convocatoria, correspondiente al año 2023, del procedimiento de concesión de ayudas a proyectos de I+D en líneas estratégicas en colaboración entre organismos de investigación y difusión de conocimientos, en el marco de la iniciativa TransMisiones 2023.

Esta convocatoria, en el ámbito del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, tiene un importe total máximo de 60.000.000 de euros. Esta cuantía podrá incrementarse con una dotación adicional de hasta 10.000.000 de euros. Su objetivo es financiar proyectos de ciencia e innovación orientados a misiones y coordinar las capacidades científicas de nuestro país con las capacidades empresariales para hacer frente a retos prioritarios.

La iniciativa TransMisiones 2023 es una acción que se ejecuta en colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la AEI por la que se coordina la financiación a agrupaciones de empresas y a agrupaciones de organismos de investigación y de difusión de conocimiento que colaboran para el desarrollo conjunto de una actuación coordinada de I+D.

Dentro de esa actuación coordinada de I+D, el proyecto ejecutado por la agrupación de organismos de investigación y difusión de conocimientos será financiado por la AEI y el proyecto ejecutado por la agrupación de empresas será financiado por el CDTI.

Mediante esta iniciativa se abordan seis prioridades temáticas ambiciosas y relevantes que definen retos de calado para la sociedad y economía españolas:

1. Contribuir al desarrollo de una industria avanzada y competitiva explotando las posibilidades de tres tecnologías profundas: Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML), nuevos materiales y biotecnología industrial.
2. Impulsar la seguridad de la información y la ciberseguridad en la industria y la economía española.
3. Contribuir a la transición energética en España y al desarrollo de las energías del siglo XXI.
4. Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario y ganadero avanzado, sostenible y preparado ante el cambio climático y que realiza un uso relevante de herramientas biotecnológicas.
5. Impulsar una gestión avanzada de los Recursos Hídricos.
6. Impulsar nuevos sistemas para la prevención y lucha contra incendios forestales basados en el uso de tecnologías avanzadas.

Estas prioridades pueden dividirse en dos grandes áreas: las prioridades de carácter transversal que afectan al conjunto de la economía, especialmente la relacionada con la transición a la revolución digital, y las prioridades temáticas centradas en la transición verde, incluyendo la transición energética, y la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.

La presente convocatoria, gestionada por la AEI, forma parte de esta iniciativa y financiará los proyectos desarrollados por la agrupación de organismos de investigación y difusión de conocimientos.

El desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y de innovación en estos ámbitos van a permitir que la sociedad y economía españolas avancen hacia modelo más sostenible, seguro y resiliente.

Ciencia e Innovación

AYUDAS DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A PROYECTOS DE I+D

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) la convocatoria, correspondiente al año 2023, de ayudas destinadas a proyectos de I+D Misiones Ciencia e Innovación, en el marco de la iniciativa TransMisiones 2023.

Esta convocatoria, en el ámbito del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, tiene un importe total máximo de 70.000.000 de euros. Su objetivo es financiar proyectos de ciencia e innovación orientados a misiones y coordinar las capacidades científicas de nuestro país con las capacidades empresariales para hacer frente a retos prioritarios.

La iniciativa TransMisiones 2023 es una actuación del Ministerio de Ciencia e Innovación que se ejecuta en colaboración entre el CDTI y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por la que se coordina la financiación a agrupaciones de organismos de investigación y de difusión de conocimiento y agrupaciones de empresas que colaboran para el desarrollo conjunto de una actuación coordinada de I+D.

Dentro de esa actuación coordinada de I+D, el proyecto ejecutado por la agrupación de organismos de investigación y difusión de conocimientos será financiado por la AEI y el proyecto ejecutado por la agrupación de empresas será financiado por el CDTI.

Mediante esta iniciativa se abordan seis prioridades temáticas ambiciosas y relevantes que definen retos de calado para la sociedad y economía españolas:

1. Contribuir al desarrollo de una industria avanzada y competitiva explotando las posibilidades de tres tecnologías profundas: Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML), nuevos materiales y biotecnología industrial.
2. Impulsar la seguridad de la información y la ciberseguridad en la industria y la economía española.
3. Contribuir a la transición energética en España y al desarrollo de las energías del siglo XXI.
4. Impulsar el desarrollo de un sector agroalimentario y ganadero avanzado, sostenible y preparado ante el cambio climático y que realiza un uso relevante de herramientas biotecnológicas.
5. Impulsar una gestión avanzada de los Recursos Hídricos.
6. Impulsar nuevos sistemas para la prevención y lucha contra incendios forestales basados en el uso de tecnologías avanzadas.

Estas prioridades pueden dividirse en dos grandes áreas: las prioridades de carácter transversal que afectan al conjunto de la economía, especialmente la relacionada con la transición a la revolución digital, y las prioridades temáticas centradas en la transición verde, incluyendo la transición energética, y la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias.

La presente convocatoria, gestionada por el CDTI, forma parte de esta iniciativa y financiará los proyectos desarrollados por agrupaciones de empresas. El desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y de innovación en estos ámbitos van a permitir que la sociedad y economía españolas avancen hacia modelo más sostenible, seguro y resiliente.