Referencia del Consejo de Ministros

Se crea la Oficina de la Cooperación Española (OCE) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Misión Diplomática Permanente de España en la República de Túnez.

• Como resultado de la concentración geográfica que establecía el IV Plan Director 2013-2016, en noviembre 2013 se cerró la OCE de Túnez, transformándose en Antena de la OCE de Egipto a nivel administrativo, pero no programático. Posteriormente, el V Plan Director 2018-2021, incluyó a Túnez entre los "Países de Cooperación Avanzada". La transformación en Antena ha limitado la capacidad de maniobra de la Cooperación Española en el país ya que la falta de una estructura estable y de una coordinación en terreno genera dificultades de interlocución y de representación en Túnez.

• Los principales argumentos de la propuesta son permitir el adecuado desarrollo de un programa de cooperación en Túnez orientado a la excelencia, tanto bilateral como regional, así como la adecuada participación como socio de la UE en proyectos de cooperación delegada donde la cooperación española tenga un valor añadido que aportar, eliminando el riesgo de daño a la imagen de la cooperación que se daría ante un previsible aumento de fondos, manteniendo el actual sistema de gestión.

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

LÍNEA DE PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS EN ALQUILER ASEQUIBLE

El Consejo de Ministros ha encomendado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Instituto Oficial de Crédito (ICO) el desarrollo de una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda social, en el marco de la adenda al Plan de Recuperación. El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.

Así, MITMA distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos del Plan de Recuperación en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.

Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación.

El desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, en función del tipo de actuación y sus condicionantes, con opción a prórroga:

• Cuatro años más una posible prórroga de dos años, como norma general.
• Ocho años más cuatro años de prórroga si, por ejemplo, los terrenos a adquirir están en proceso de ordenación urbanística.

El ICO ejercerá el papel de intermediario financiero y canalizará los fondos europeos hacia los promotores directamente o a través de entidades financieras. MITMA e ICO firmarán un convenio en el que se fije el tipo y condiciones de los préstamos y se asegure el cumplimiento de los requisitos de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la definición de los detalles (potenciales beneficiarios, control y auditoría de los préstamos, entre otros).

Se trata de un nuevo instrumento para avanzar en el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, y facilitar el acceso a las personas y hogares de menores recursos económicos, así como a los jóvenes y colectivos que tienen mayores dificultades de acceso en el mercado.

La línea de créditos se enmarca en el Componente 2 del Plan de Recuperación que incluye 1.000 millones de euros en ayudas para construir viviendas sobre suelo público antes de que finalice 2026, y se articula sobre el principio de cooperación territorial con las comunidades autónomas y respetando sus competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.

AVALES PARA COMPRA DE LA PRIMERA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de avales del 20% de la hipoteca para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes y familias con menores a su cargo. Así, el Gobierno ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y al Instituto Oficial de Crédito (ICO) a articular una línea de avales, con cargo al presupuesto del Ministerio, para facilitar el acceso a la financiación necesaria para la adquisición de la primera vivienda dentro del territorio nacional a colectivos que, siendo solventes, no disponen de ahorro previo. El objetivo es facilitar la compra de aproximadamente 50.000 viviendas.

Los avales están dirigidos a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad con ingresos individuales de hasta 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el IPREM). En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se elevará al doble. Es decir, los ingresos de los dos adquirientes no podrán superar en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno.

En este punto, la medida cuenta con factores de mejora en función del número de hijos y de si familia es monoparental. Así, dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de familia monoparental el límite se podrá incrementar en un 70% adicional.

Detalles de la línea

MITMA e ICO firmarán un convenio para implementar y gestionar la línea de avales a la que se podrán adherir las financieras que operan en las Líneas de Mediación del ICO. Los potenciales beneficiarios podrán solicitar el aval a través de dichas entidades, en el marco de la Línea MITMA-ICO. El periodo para formalizar las hipotecas que se acojan a esta línea de avales finalizará el 31 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga de dos años en función de la demanda y las circunstancias económicas.

El préstamo a avalar con la Línea podrá ser de hasta el 100% del menor valor entre el de tasación y el precio de compra de la vivienda y el coste del aval otorgado por Mitma será asumido por la entidad de crédito. En este punto, se abre la puerta a establecerse un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podría fijarse en función del ámbito territorial.

El Ministerio compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. Si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D o superior, Mitma podrá avalar hasta el 25% del principal del préstamo.

El plazo del aval otorgado por MITMA será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia

El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito, de acuerdo con lo regulado en el Convenio a formalizar entre ICO y MITMA.

DESCUENTOS EN LOS BILLETES DE AUTOBÚS Y TREN A JÓVENES DURANTE EL VERANO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para facilitar a los jóvenes de entre 18 y 30 años, ambos inclusive, viajar en transporte público este verano, tanto por España como por Europa. Para ello, el Gobierno insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a establecer las bases generales y la preparación y puesta en marcha de las actuaciones necesarias para bonificar un 90% los billetes de los trenes y autobuses que dependen del Estado y un 50% los de los trenes de Alta Velocidad y los pases Interrail.

El descuento se aplicará, así, sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta que tengan fecha para viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2013.
Los beneficiarios serán los jóvenes con nacionalidad española o jóvenes con nacionalidad de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España, nacidos entre 1993 y 2005. Los potenciales beneficiarios deberán registrarse en la web de MITMA antes de realizar la primera compra para comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad. De esta forma, los descuentos a aplicar en España serán:

• Para servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico: descuento del 90% del precio de billetes sencillos y de ida y vuelta.
• Para servicios Avant: descuento del 50% en billetes sencillos y billetes de ida y vuelta.
• Para servicios comerciales o alta velocidad de los operadores ferroviarios que prestan este tipo de servicio: descuento del 50% del precio del billete, con un máximo de 30 euros por billete.
• Para servicios de autobús regular de competencia estatal: descuento del 90% del precio del billete sencillo y el de ida y vuelta.

También se incluirá un descuento del 50% del Pase Interrail, cuando el mismo se comercialice a través de Renfe.

Un transporte accesible para los jóvenes

En la actual situación derivada de la invasión de Ucrania por Rusia, marcada por las tensiones inflacionistas que afectan, entre otros, al sector del transporte de viajeros, es necesario adoptar una política pública que facilite a los jóvenes el uso del transporte público en sus desplazamientos, tanto por España como por Europa, durante la época estival de 2023.

Con ello se persigue facilitar los viajes de ocio durante el verano mediante la utilización de un medio de transporte más seguro, fiable, cómodo, económico y sostenible que el vehículo particular. Asimismo, se busca contribuir a potenciar su aprendizaje e independencia y a fortalecer las relaciones personales y el sentimiento europeo.

Al mismo tiempo, es objetivo del Gobierno de España ayudar a la recuperación del sector turístico y del sector cultural en su consolidación tras la pandemia, potenciando los destinos nacionales y colaborando con el desarrollo de la España rural. De esta forma, se promociona el patrimonio histórico y cultural.

España es el segundo país más visitado del mundo, pero cuenta con una gran riqueza cultural poco conocida para muchos españoles, de ahí que una de las finalidades de esta medida sea fomentar el conocimiento del país por nuestros jóvenes, facilitando durante este verano los viajes de ocio.

Interrail

Ya en el marco europeo, Interrail es un pase personal e intransferible, que puede ser adquirido y utilizado por personas residentes legalmente en Europa y que permite viajar en tren por 33 países europeos o en barco (entre Italia y Grecia). Con más de 50 años de existencia, ha sido utilizado por millones de jóvenes como forma de viajar por Europa. En este sentido, en España se vendieron 17.600 pases Interrail en 2022, tanto a través de Renfe como de la web Interrail.eu

Las instituciones europeas han reconocido el papel del Pase Interrail como instrumento para favorecer el conocimiento del resto de países de la Unión Europea para los jóvenes y, por tanto, para "crear Europa". En este sentido, desde 2018 se dispone del programa DiscoverEU, una acción del programa Erasmus+ que ofrece la oportunidad de descubrir Europa a través de un sorteo de miles de pases de Interrail entre los jóvenes que lo soliciten. Hasta diciembre de 2022 más de 200.000 jóvenes europeos han disfrutado de un pase Interrail gratuito gracias a este programa.

Desde España, el Gobierno comparte el objetivo de la Unión Europea y se quiere facilitar que los jóvenes de nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España puedan acceder a este tipo de viajes durante el periodo estival de 2023, en el que aún persiste la crisis derivada de la invasión de Ucrania por Rusia.

CONSTRUCCIÓN DEL VIAL DE JOVE EN GIJÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de las obras del Vial de Jove, por un valor estimado de 236,11 millones de euros (IVA no incluido), una carretera destinada a mejorar el acceso al Puerto de El Musel, en Gijón (Asturias).

Actualmente, el acceso al puerto se realiza a través de la carretera N-641, que atraviesa zonas industriales y residenciales. Con la construcción del Vial de Jove se busca optimizar la conexión entre la autovía GJ-10 (Circunvalación de Gijón) y el puerto, facilitando un acceso rápido y seguro para los vehículos que se dirijan a esta importante infraestructura.

El diseño del nuevo vial contempla un trazado mayoritariamente fuera de la zona urbana, reduciendo así la congestión y el impacto en las áreas residenciales. Además, aproximadamente 2 km de su recorrido se realizarán en un túnel artificial, minimizando aún más los efectos del tráfico sobre las zonas colindantes. Dicho túnel contará con una sección de calzada única y una anchura total de 14 metros, que incluye dos carriles de 3,5 m, arcenes de 2,5 m y aceras de 0,75 m para el servicio y la evacuación en caso de emergencia. El Vial de Jove también incluye la reposición del viario interceptado y la construcción de cinco estructuras para salvar ramales y líneas ferroviarias en el entorno del enlace de la Peñona. Todo ello con el objetivo de ofrecer una solución integral a los desafíos de movilidad y sostenibilidad en la zona.

Además, se trabaja en un proyecto de humanización del acceso actual, favoreciendo así un desarrollo urbano sostenible en Gijón. Sigue un croquis ilustrativo de la actuación:

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

ACTUACIONES Y MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar suelos del Ministerio de Defensa en desuso a potenciar el desarrollo urbanístico y la promoción de vivienda asequible. En concreto, ha dado luz verde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a adquirir, a través de la Entidad Pública de Suelos (SEPES), hasta 8,25 millones de m2 de terrenos públicos propiedad de Defensa para levantar, de forma estimada, alrededor de 20.000 viviendas asequibles en 34 municipios de 14 comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla. El presupuesto estimado de la operación ronda los 620 millones de euros.

Así, el Gobierno ha encomendado a MITMA, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al Ministerio de Defensa a tramitar los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo la operación de compraventa de los suelos entre el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) y SEPES, para su posterior desarrollo para usos residenciales a través de 50 actuaciones.

La iniciativa, enmarcada en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA), permitirá disponer de suelo público repartido por la geografía española para el desarrollo de vivienda de protección pública y así contribuir a garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada y que esta disponibilidad sea equilibrada en todo el territorio. Tras la adquisición por parte de SEPES, la entidad preparará los suelos para que sean urbanizables y facilitar la edificación residencial a través de fórmulas público-privadas que impliquen la cesión del suelo.

Los terrenos de Defensa incluidos en esta iniciativa se reparten en municipios de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Canarias, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Más actuaciones de SEPES

SEPES, dependiente de MITMA, tiene actualmente quince actuaciones residenciales firmadas que permitirán el desarrollo de 15.957 viviendas sobre suelo público, lo que sumadas a los nuevos acuerdos con Defensa dan un total de 65 actuaciones repartidas por toda la geografía para levantar unas 35.900 viviendas asequibles.

Y es que, la entidad ya está ejecutando un programa de compra de suelo público, como por ejemplo los terrenos en desuso de los cuarteles de Campamento (Madrid), Son Busquets (Palma de Mallorca) o de Ingenieros y de Artillería (Valencia), o terrenos en Basauri (San Sebastián) para promover la construcción de vivienda asequible.

Actuaciones ya movilizadas:

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

INVERSIONES EN EDUCACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de más de 566 millones de euros para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo de nuestro país.

Un primer acuerdo prevé destinar, a través de las comunidades autónomas, 298,4 millones de euros al Programa Código Escuela 4.0 para formar en robótica, programación y nuevas tecnologías a los 5,5 millones de alumnos y alumnas de secundo ciclo de Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria matriculados en centros públicos y concertados.

De esta cantidad, 199 millones servirán para el equipamiento de programación y robótica de más de 17.000 centros escolares. Otros 99,4 millones serán para el acompañamiento y el apoyo del profesorado: consistirá en la contratación de asistentes de perfiles tecnológicos y pedagógicos para dar apoyo a los maestros en enseñar estos contenidos de manera transitoria hasta que estén formados ellos. El curso pasado ya se destinaron unos 30 millones de euros para la formación del profesorado en este ámbito. En 2024, se distribuirán otros 65 millones para el acompañamiento de los docentes.

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 173 millones de euros para ayudar a las familias y al alumnado con dificultades: 118 millones de euros corresponden al programa PROA+ y 55 millones de euros al de Unidades de Acompañamiento.

El programa de refuerzo y apoyo educativo PROA+ beneficiará al alumnado de más de 3.000 centros escolares de especial complejidad educativa. Con esos fondos, los centros se comprometen a desarrollar un plan de apoyo que incluye actuaciones como el refuerzo en horario lectivo y no lectivo, la codocencia, las tutorías, la formación a familias u otras actividades que buscan evitar el abandono escolar temprano. En total, entre 2021 y 2023, incluyendo la partida aprobada, se habrán destinado 360 millones de euros al programa PROA+.

En cuanto a las Unidades de Acompañamiento, el objetivo es trabajar de manera directa y personalizada con estudiantes en riesgo de abandono temprano, para apoyarles en su trayectoria educativa desde Primaria y hasta la finalización de Secundaria o Bachillerato. Entre 2021 y 2023, se habrán invertido más de 124 millones de euros para la puesta en marcha de 1.148 unidades de este tipo.

Además, se ha aprobado una partida de 58,5 millones de euros para ayudar a las familias a afrontar el gasto que suponen los libros de texto y material escolar, incluido los materiales digitales, del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.

Por último, se destinarán 36 millones de euros al programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva, que se suman a los 38 millones distribuidos en 2022, para mejorar la atención a la diversidad del alumnado y de sus necesidades específicas de apoyo educativo. El fin es ofrecer recursos adicionales de personal y más formación para los centros, así como el apoyo y colaboración entre centros de educación especial y ordinarios y también las propias familias.

El plazo para solicitar las ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2023-24, se abrió el pasado lunes. Este año, la convocatoria, abierta hasta el próximo 20 de septiembre, incluye por primera vez una ayuda complementaria de 400 euros para sufragar los gastos adicionales de las familias.

La distribución de los fondos por programa y comunidad autónoma es la siguiente:

POLÍTICA TERRITORIAL

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE CREACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL APOYO A LAS PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo, con el dictamen favorable del Consejo de Estado, por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional segunda de la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, con invocación del artículo 161.2 de la Constitución para su suspensión.

La citada disposición adicional, "en favor del derecho reconocido de la vida de las personas con discapacidad", recoge que "cuando se pretenda llevar a cabo cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de la persona con discapacidad a la que se haya provisto de un apoyo de carácter representativo para el ejercicio de la capacidad jurídica o se determine de manera expresa en la resolución que estableció el apoyo, se tramitará un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial".

Fundamentos jurídicos

Los fundamentos jurídicos giran en torno a la exigencia prevista en la norma madrileña de tramitación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para solicitud de autorización judicial para la realización de cualquier actuación que afecte al derecho a la vida de una persona con discapacidad sobre la cual ostente una medida de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica con funciones representativas la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Tal exigencia implica diferentes vulneraciones constitucionales que pueden sistematizarse en cuatro grupos diferenciados:

1. La regulación de la norma autonómica incide en dos materias de competencia estatal: la legislación procesal y la legislación civil. La ley madrileña entra a regular los supuestos en que debe recabarse autorización judicial por parte de quien ostente la función representativa de la persona con discapacidad, lo que produce la vulneración del artículo 149.1.6ª de la Constitución, así como una injerencia en la normativa procesal que lo desarrolla. Las comunidades autónomas no pueden delimitar las funciones de los jueces, por ser esta competencia exclusiva estatal (sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010). La conculcación del artículo 117 de la Constitución se produce por la alteración de la distribución de asuntos entre los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, al resultar impugnable el expediente de jurisdicción voluntaria exigido ante la jurisdicción civil y la resolución administrativa -que autoriza para ejercer el derecho de prestación de la ayuda a morir- ante el contencioso-administrativo, pudiendo producirse resoluciones. Por último, la vulneración del art. 149.1.8ª de la Constitución se produce como consecuencia de la regulación de la jurisdicción voluntaria a través de una norma autonómica, así como por establecer reglas de curatela distintas de las previstas en el Código Civil español.
2. Invasión y menoscabo de la regulación estatal básica en materia de regulación de derechos y bases y coordinación general de la sanidad: art. 149.1.1ª y 16ª de la Constitución. El artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia (en adelante, LORE) establece los requisitos exigibles para poder solicitar la prestación de ayuda a la muerte, siendo esta una regulación de los artículos 149.1.1ª y 16ª de la Constitución. La norma autonómica prevé un nuevo requisito: la tramitación de un procedimiento de jurisdicción voluntaria para la solicitud de autorización judicial; requisito no previsto en la LORE.
3. Ruptura de la reserva de ley orgánica. La mayoría de los preceptos de la LORE ostentan carácter orgánico, siendo especialmente relevante el encaje orgánico del artículo 5, que establece los requisitos para acceder a la prestación de la ayuda a morir, esto es, el contenido esencial de derechos fundamentales tales como la vida (art. 15 de la Constitución). De ahí que la introducción de requisitos adicionales para acceder a tal prestación ejercitar el derecho, por parte de la disposición adicional de la ley madrileña, suponga también una quiebra de la reserva de ley orgánica.
4. Quiebra del principio de seguridad jurídica. La disposición adicional segunda de la norma autonómica implica también una infracción directa del principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, en tanto que, de admitirse la vigencia del precepto que se propone impugnar, las comunidades autónomas parecerían habilitadas a establecer requisitos adicionales a través de una mera ley ordinaria autonómica al ejercicio de derechos cuya regulación corresponde en exclusiva al Estado por incidir en el contenido esencial de derechos fundamentales como el derecho a la vida (art. 15 de la Constitución) o respecto de principios como la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 del texto constitucional). Además, implicaría admitir que las comunidades autónomas pueden alterar el reparto de asuntos entre jurisdicciones, estableciendo una confusión al efecto que derivaría en un conflicto entre diferentes órdenes jurisdiccionales (en el presente caso, entre el civil y el contencioso administrativo) y, por tanto, en sentencias contradictorias sin solución en el sistema de recursos.